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La Escuela de la Protesta Social: fui a cubrir un plantón y terminé aprendiendo cosas

Pueden escuchar el audio aquí

Soy Cartman. Trabajo en el Observatorio de Bienes Comunes. Muy a mi pesar.

No recuerdo haber solicitado este puesto, pero aquí estoy. Y como si trabajar en el Observatorio no fuera suficiente castigo, de vez en cuando me mandan a observar cosas. Esta vez tocó un plantón.

La instrucción, según recuerdo, era bastante sencilla: ir, escuchar, registrar y después contar qué había pasado. Yo pensé que sería una de esas actividades en las que uno llega, mira unas pancartas, escucha un par de discursos y puede regresar tranquilamente a sus asuntos.

No contaba con la Escuela de la Protesta Social.

Porque eso fue lo que encontré en la calle. Una escuela sin matrícula, sin pupitres y sin ninguna posibilidad de solicitar un cambio de grupo. Las pizarras eran los carteles. Las clases aparecían cada vez que alguien tomaba el micrófono. Y, para mi desgracia, las personas que estaban ahí tenían bastante que decir.

Así que escuché.

Y después de escuchar varias veces el audio que quedó registrado durante la jornada, tengo que admitir algo que preferiría mantener en secreto: un plantón puede ser bastante más complejo que un grupo de personas protestando.

Lo primero que me enseñaron fueron los carteles. Yo había pensado que eran simplemente carteles, pero aparentemente hasta eso requiere más atención de la que estaba dispuesto a ofrecer. En cada uno había una manera de nombrar el presente: una demanda, una preocupación, una denuncia, una pregunta o una frase capaz de condensar en pocas palabras algo que, en un discurso, podría tomar veinte minutos.

Por eso las calles también tienen pizarras.

Los carteles no explican toda una coyuntura, pero dejan rastros de ella. Son pequeñas piezas de memoria instantánea. Registran aquello que alguien consideró suficientemente importante como para escribirlo y levantarlo frente a otras personas. Y cuando se juntan muchos, empiezan a mostrar algo más: las preocupaciones, los lenguajes y hasta el sentido del humor con los que una movilización intenta hacerse escuchar.

Eso me interesó. No demasiado, claro.

No quiero que en el Observatorio crean que estoy disfrutando. Pero sí lo suficiente para entender que la protesta también escribe.

Después vino mi segunda sorpresa. Yo esperaba encontrar una concentración marcada por la solemnidad, porque aparentemente tenemos la costumbre de imaginar que protestar significa poner cara seria durante varias horas. Pero había música, canciones, aplausos, encuentros y solidaridad. Había alegría.

En una de las intervenciones se habló precisamente de la importancia de la solidaridad, el compañerismo y la ciudadanía, y también aparecieron voces de personas adultas mayores que reivindicaron su presencia y su participación en la defensa de derechos y de aquello que consideran construido colectivamente.

Ahí tuve que corregir otra de mis ideas. La protesta no solamente se alimenta de la indignación.

También necesita encuentro.

La gente se reúne porque algo le importa, pero también porque encontrarse con otras personas puede producir solidaridad, confianza y hasta alegría. Parece una cosa sencilla, pero tiene consecuencias importantes: una movilización no es solamente una suma de reclamos individuales, sino un espacio donde esos reclamos empiezan a reconocerse como asuntos compartidos.

Cartman aprendió eso. No pongan “Cartman aprendió eso” en ningún informe oficial.

Luego llegó la memoria, y ahí la cosa cambió.

Una de las intervenciones comenzó a recuperar nombres de mujeres: Luisa Carrasco, Luisa González, Carmen Lyra, Ángela Acuña, Yolanda Oreamuno, Chavela Vargas, Adela González y Cristina Zeledón. Después de cada nombre aparecía un “presente”. La intervención no se quedó en las figuras más conocidas, sino que también recordó a mujeres cuyos nombres no siempre ocupan un lugar visible en los relatos históricos: quienes trabajan en casas, hospitales, fábricas, campos y montañas y que, desde esos lugares, también sostienen la vida cotidiana.
Entonces entendí por qué una protesta puede ser también una forma de memoria.

No se trata solamente de recordar por recordar. Se trata de traer al presente las luchas que hicieron posible que algunas cosas que hoy consideramos derechos llegaran a existir. La memoria permite conectar lo que ocurre ahora con quienes estuvieron antes, con sus luchas, sus derrotas, sus conquistas y sus preguntas.

Una de las voces del plantón lo planteó desde la historia de la democracia costarricense y de las luchas por la educación pública, los derechos sociales, las libertades, la paz y la división de poderes.

Y ahí apareció una frase que, pese a mi natural resistencia a tomarme estas cosas demasiado en serio, me pareció difícil de ignorar: nuestra dignidad, nuestra rabia y nuestra rebeldía tienen historia.

Quizá esa sea una de las razones por las que las protestas insisten tanto en recordar nombres. Porque decir “presente” no solamente habla de alguien que ya no está. También dice que aquello por lo que esa persona luchó sigue formando parte de la conversación.

La memoria, entonces, no queda detrás.

Camina con la protesta.

Pero la jornada no tenía una sola memoria ni una sola voz. Y esa fue otra de las cosas que tuve que aprender.

En el audio aparecen personas adultas mayores, activistas, estudiantes y personas trans, entre otras voces, hablando desde experiencias diferentes. Una intervención de la Asociación Trans Vida reivindicó la presencia de las personas trans y de quienes desafían las normas de género, rechazando que sus vidas fueran reducidas a una supuesta “ideología” y defendiendo su lugar como personas y ciudadanía. También hubo un llamado a detener la confrontación y abrir espacios de diálogo.

Eso hizo que el plantón adquiriera otra dimensión.

Protestar también es decir quiénes están. Quiénes tienen algo que decir. Quiénes quieren ser escuchados. Y quiénes consideran que determinadas discusiones sobre el país también les pertenecen.

No todas las voces del audio dicen exactamente lo mismo. Tampoco tienen las mismas experiencias ni las mismas prioridades. Pero comparten un espacio público y, durante un momento, participan de una conversación colectiva.

Eso es importante porque a veces hablamos de “la protesta” como si fuera una persona con una sola opinión. No lo es.

La protesta tiene voces. Y esas voces pueden coincidir, complementarse, tensarse e incluso contradecirse. Escucharlas juntas permite entender algo que una fotografía no muestra: la diversidad interna de quienes salen a la calle.

También se habló mucho de democracia.

Y aquí debo reconocer que pensé en esconderme detrás de una pancarta.

Las intervenciones vincularon la democracia con la libertad de expresión, los derechos humanos, la independencia de poderes, la institucionalidad, la educación pública, la paz y la participación ciudadana. Una de las voces cuestionó la idea de que la democracia se limite al momento de votar y reivindicó la posibilidad de organizarse, expresarse y participar en el espacio público.

También aparecieron críticas al Gobierno y preocupaciones relacionadas con el Poder Judicial, las garantías sociales y otras instituciones públicas.

Aquí hay que escuchar con cuidado. Las expresiones políticas fuertes que aparecen en el audio pertenecen a quienes participaron en el plantón. No son afirmaciones institucionales del Observatorio ni deben confundirse con hechos verificados simplemente porque fueron pronunciadas desde un micrófono. Pero sí forman parte de la memoria de esa jornada. Y eso también importa.

Porque un registro de protesta no solamente conserva argumentos con los que podemos estar de acuerdo. Conserva también el lenguaje de la confrontación, las preocupaciones, las exageraciones, las certezas y los temores que circulan en un momento determinado.

Escuchar es, en este caso, una forma de aproximarse a cómo una parte de la ciudadanía estaba leyendo el presente.

Y llegó.

Y entonces, cuando ya estaba bastante cansado de escuchar hablar de democracia, derechos, institucionalidad, memoria y paz, apareció el humor. Por fin. Ahí sí me sentí como pez en el agua.

Había canciones, consignas, bombas y juegos de palabras. Una de las canciones convertía la coyuntura política en una burla repetitiva; en otros momentos, las críticas aparecían acompañadas por humor y recursos propios de la tradición satírica de las protestas.
Y descubrí que la sátira también cumple una función política.

Puede señalar una contradicción sin necesidad de explicarla durante media hora. Puede quitarle solemnidad al poder. Puede transformar una crítica en una frase que se recuerda y circula. Puede hacer reír a quienes están ahí y, al mismo tiempo, dejar una pregunta incómoda.

La protesta puede estar profundamente preocupada por lo que está ocurriendo y aun así reírse.

De hecho, quizá justamente porque está preocupada necesita hacerlo.

Yo, personalmente, considero que esta fue la mejor parte de la clase.

No porque me guste la protesta. No porque me guste trabajar en el Observatorio. Y definitivamente no porque alguien me haya pedido escribir esta nota.

Simplemente porque era la materia para la que estaba mejor preparado.

Cuando terminó la jornada, volví al Observatorio con una conclusión bastante molesta: había ido pensando que debía registrar una protesta y terminé registrando algo mucho más difícil de resumir.

Había memoria. Había preocupación. Había distintas identidades y experiencias. Había defensa de derechos. Había una discusión sobre democracia y sobre el papel de las instituciones. Había solidaridad. Había alegría. Y había humor.

Todo ocurriendo al mismo tiempo. Por eso quizá sería demasiado sencillo decir que aquel plantón fue solamente una expresión de descontento. Lo que quedó grabado en el audio muestra algo más complejo: personas diferentes entrando al espacio público para contar cómo estaban viviendo el momento, qué les preocupaba, qué querían defender y qué país imaginaban.

Eso es lo que me interesa conservar. No una versión ordenada en la que todos piensan lo mismo. No una conclusión que resuelva el plantón en tres frases. Sino las voces.

Porque después de que la plaza se vacía, los carteles se guardan y las personas regresan a sus casas, todavía queda algo que puede volver a escucharse.

Una canción. Un nombre. Un “presente”. Una denuncia. Una carcajada. Una preocupación. Una idea de democracia. Una voz diciendo que está ahí. Y eso también es memoria.

Así que, después de todo, quizá sí fui a una escuela. Solo que no me avisaron. Y como aparentemente en el Observatorio creen que estas cosas son importantes, ahora me toca dejar la tarea. Escuchen el audio completo del plantón.

No se queden con mi versión. Yo ya hice bastante. Fui. Escuché. Tomé notas. Y escribí esto.

El resto está en las voces. Ahí están las canciones, las intervenciones, los nombres, los “presentes”, las demandas, el humor y las distintas maneras en que quienes participaron intentaron explicar qué estaba pasando. Yo solamente hice el favor de ponerlo por escrito.

Muy a mi pesar, claro.

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Chavela Vargas y los bienes comunes sociales: cuando una voz también sostiene la vida en común

“La música no tiene fronteras, pero sí un final común: el amor y la rebeldía”
— Chavela Vargas

Cada 5 de agosto recordamos a Chavela Vargas. Su legado suele evocarse por una extraordinaria carrera artística, una voz inconfundible y una vida marcada por la rebeldía. Pero detenernos únicamente en esos aspectos deja fuera una pregunta que hoy resulta urgente: ¿qué tiene que ver una cantante con los bienes comunes?

A primera vista, parecería que muy poco. Sin embargo, si entendemos los bienes comunes como aquello que una comunidad crea, comparte, cuida y transmite colectivamente para sostener la vida, la respuesta cambia por completo.

La música, la memoria, los lenguajes, los afectos, las historias y las formas de nombrar el mundo también pueden entenderse como bienes comunes sociales. No porque pertenezcan a todas las personas de manera automática, sino porque cobran sentido cuando son apropiados, recreados y compartidos por una comunidad.

Los bienes comunes no son solo naturales

Cuando hablamos de bienes comunes solemos pensar en ríos, bosques, humedales, semillas o acuíferos. Son fundamentales para la reproducción de la vida y han ocupado un lugar central en las luchas socioambientales. Pero la vida en común también depende de otros bienes que no pueden encerrarse en un cercado ni delimitarse sobre un mapa.

Los bienes comunes sociales y culturales son las memorias colectivas, los saberes populares, las lenguas, las fiestas, las canciones, las formas de organización, las prácticas de solidaridad y los vínculos que permiten a una comunidad reconocerse como tal.

No son recursos que simplemente existen. Son procesos vivos que se construyen, se cuidan y se recrean cada día mediante la participación de quienes los habitan.

Una voz que pasó a ser de los pueblos

Chavela Vargas nunca perteneció únicamente a la industria musical. Con el paso del tiempo, muchas de sus interpretaciones dejaron de ser canciones para convertirse en parte de la memoria afectiva de América Latina.

Su voz acompañó despedidas, migraciones, exilios, luchas sociales, encuentros y pérdidas. Pero también abrió un horizonte de libertad para muchas personas que, desde la diversidad sexual, encontraron en su vida una afirmación de que era posible desafiar los mandatos sociales y vivir con dignidad.

Cada generación encontró nuevas maneras de apropiarse de su obra, otorgándole sentidos distintos según su propio contexto.

Eso revela una característica fundamental de los bienes comunes: permanecen vivos porque las comunidades los resignifican continuamente.

Una canción deja de pertenecer únicamente a quien la interpreta cuando pasa a formar parte de la experiencia compartida de un pueblo.

La cultura también sostiene la vida

Con frecuencia se piensa que la cultura ocupa un lugar secundario frente a las urgencias económicas, ambientales o políticas.

Sin embargo, ninguna comunidad logra sostener una defensa del territorio únicamente mediante argumentos técnicos, científicos o jurídicos.

Las luchas necesitan relatos que expliquen por qué vale la pena defender un lugar.

-Necesitan memorias que conecten generaciones.

-Necesitan símbolos que fortalezcan la identidad colectiva.

-Necesitan espacios donde compartir el dolor, la esperanza y la alegría.

En otras palabras, necesitan cultura. Las canciones que acompañan una marcha, las radios comunitarias, los murales, los relatos de las personas mayores o las celebraciones populares no son elementos decorativos. Constituyen bienes comunes sociales porque fortalecen la confianza, transmiten conocimientos y hacen posible la organización colectiva.

Cuando se pierde la cultura también se pierde territorio

Los procesos de despojo rara vez afectan únicamente la naturaleza. También transforman profundamente las relaciones sociales que hacen posible la vida comunitaria.

Cuando una comunidad es desplazada, no desaparecen solamente las viviendas o los paisajes. También se debilitan las redes de apoyo, los conocimientos locales, las prácticas de ayuda mutua y las memorias compartidas.

Por eso, defender los bienes comunes implica proteger tanto los territorios como las relaciones que les dan significado.

-No basta con conservar un río si desaparecen las comunidades que conocen su historia.

-No basta con proteger un bosque si se pierde la cultura que enseñaba cómo convivir con él.

La defensa de los bienes comunes es, al mismo tiempo, una defensa de las condiciones materiales y simbólicas que permiten sostener la vida en común.

Chavela y la dignidad de existir

La vida de Chavela Vargas desafió muchas de las normas de su tiempo. Cuestionó los mandatos sobre el género, la forma de habitar el espacio público y la libertad para amar. Sin necesidad de convertir cada gesto en una consigna política, mostró que existir con autenticidad también puede convertirse en un acto de resistencia.

Su trayectoria recuerda que los bienes comunes sociales también incluyen la posibilidad de construir comunidades donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino parte de la riqueza colectiva.

La dignidad, el reconocimiento y la libertad de ser quienes somos también necesitan cultivarse comunitariamente.

Cuidar la cultura también es defender los bienes comunes

En una época en que muchas expresiones culturales son absorbidas por las lógicas del mercado o reducidas a mercancías de consumo, conviene recordar que la cultura también puede ser un espacio de encuentro, organización y memoria.

Defender los bienes comunes no consiste únicamente en proteger aquello que puede medirse o delimitarse sobre un mapa.

También significa cuidar las historias que nos unen, las palabras que compartimos, las canciones que nos acompañan y las memorias que fortalecen nuestra capacidad de imaginar otros futuros posibles.

Quizá por eso recordar a Chavela Vargas no sea solamente un ejercicio de nostalgia.

Es reconocer que la cultura no es un lujo. Es un bien común social que fortalece la memoria, alimenta la organización y nos ayuda a imaginar otros futuros posibles.

Los pueblos no solo sobreviven porque tienen agua, tierra o bosques. También sobreviven porque conservan las voces, los afectos, los saberes y las memorias que hacen posible la vida en común.

En tiempos de fragmentación, cuidar esos bienes comunes sociales es también una forma de resistencia.

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¿Qué aprendemos mientras limpiamos un río? Un cuaderno que convierte las jornadas de limpieza en experiencias de organización, memoria y acción colectiva

¿Qué ocurre cuando una jornada de limpieza deja de ser una actividad puntual y se convierte en un espacio para encontrarse, conversar, organizarse y aprender colectivamente?

Esa es la pregunta que atraviesa Pedagogía de la constancia: metodologías participativas para el cuidado de los ríos. La publicación recoge una experiencia construida por Observatorio Ciudadano del Agua (OCA) del Río Agualote, carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico-UCR, FUNDEMA-PP, el Acueducto Municipal de Grecia, el OCA Río Trojas, el OCA Colorado y la Municipalidad de Sarchí, junto a otras organizaciones comunitarias, instituciones públicas y personas voluntarias que, durante varios años, participaron en jornadas de limpieza en los ríos Prendas, Tacares, Trojas y Agualote, en la región de Occidente de Costa Rica. Con el tiempo, estas jornadas dejaron de entenderse únicamente como acciones para retirar residuos y se transformaron en espacios para fortalecer vínculos, compartir saberes, recuperar la memoria de los territorios y construir nuevas formas de participación.

Cuando limpiar un río también significa construir comunidad

Lejos de presentar un manual o una receta, el cuaderno propone una reflexión sobre lo aprendido en el camino. Su principal aporte es reconocer que el cuidado de los bienes comunes no depende únicamente de grandes acciones, sino también de la capacidad de regresar una y otra vez al territorio, sostener los procesos en el tiempo y construir relaciones de confianza.

A esta apuesta la llamamos pedagogía de la constancia: una forma de entender que la transformación social se construye desde la persistencia, la organización y el compromiso colectivo.

¿Qué encontrarán en este cuaderno?

El documento combina reflexión conceptual, sistematización de experiencias y herramientas metodológicas. Entre sus principales aportes destacan:

  • -Una mirada a los ríos como territorios vivos y bienes comunes.
  • -La comprensión de las jornadas de limpieza como procesos pedagógicos y organizativos, más allá de la recolección de residuos.
  • -Una propuesta conceptual sobre la pedagogía de la constancia, surgida de la experiencia acumulada en los territorios.
  • -Diez metodologías participativas para fortalecer el trabajo comunitario antes, durante y después de las jornadas.
  • -Herramientas para leer críticamente los procesos, identificar aprendizajes y reconocer las tensiones que forman parte de toda experiencia colectiva.
  • -Preguntas e indicadores para acompañar procesos similares en comunidades, organizaciones, centros educativos e instituciones.
Una invitación a mirar más allá de la «basura»

Con frecuencia el éxito de una jornada de limpieza se mide por la cantidad de residuos recolectados. Este cuaderno propone ampliar esa mirada e incorporar otras preguntas: ¿qué relaciones se fortalecieron?, ¿qué aprendimos sobre nuestro territorio?, ¿qué capacidades organizativas se construyeron?, ¿quiénes se involucraron y quiénes aún faltan?

Estas preguntas permiten reconocer que el verdadero impacto de una jornada no termina cuando el río queda limpio, sino cuando la comunidad desarrolla mayores capacidades para cuidar, defender y habitar su territorio.

Una herramienta para organizaciones y comunidades

Esta publicación está dirigida a organizaciones comunitarias, colectivos ambientales, centros educativos, gobiernos locales, instituciones públicas, universidades y personas interesadas en fortalecer procesos participativos para el cuidado de los bienes comunes.

Más que documentar una experiencia, el cuaderno busca compartir aprendizajes que puedan inspirar nuevas iniciativas y seguir tejiendo redes de colaboración en defensa de los ríos.

Porque un río limpio es importante, pero una comunidad organizada para cuidarlo lo es aún más.

Sobre la colección

Este cuaderno forma parte de la colección Huellas Cimarronas: Cuadernos Metodológicos, una serie que nace del reconocimiento de que, en América Latina y el Caribe, las luchas por los bienes comunes también han construido formas propias de aprender, organizarse y transformar la realidad. La colección recupera esas memorias, experiencias y saberes que recorren nuestros caminos de resistencia, esperanza y creación colectiva, poniéndolos en diálogo con los desafíos de nuestro tiempo.

El nombre Huellas Cimarronas reivindica la memoria de los pueblos cimarrones: hombres y mujeres esclavizados que huyeron para construir espacios de libertad en palenques y quilombos. Allí no solo preservaron sus culturas y formas de vida, sino que también desarrollaron estrategias de organización, solidaridad y resistencia para seguir luchando por la libertad de quienes aún faltaban. Inspirada en ese legado, esta colección reúne herramientas metodológicas y reflexiones que entienden la educación popular como una práctica de libertad y la construcción colectiva del conocimiento como parte de la defensa de los bienes comunes.

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El Congreso Anfictiónico sigue haciéndonos preguntas: Un debate de hace dos siglos que continúa vigente

Hace doscientos años, en Panamá, representantes de las nuevas repúblicas latinoamericanas se reunieron para intentar responder una pregunta que aún nos interpela: ¿cómo defender la soberanía y construir una integración capaz de enfrentar las amenazas que se cernían sobre Nuestra América? Aquella reunión, conocida como el Congreso Anfictiónico de Panamá, fue mucho más que un encuentro diplomático. Representó uno de los primeros esfuerzos por imaginar una región capaz de actuar de manera conjunta frente a las presiones externas y las disputas internas.

Dos siglos después, las preguntas permanecen abiertas. La dependencia económica, el extractivismo, la militarización de los territorios, la crisis climática, la regresión de derechos y las nuevas formas de dominación nos obligan a volver sobre aquella experiencia, no para idealizar el pasado, sino para encontrar herramientas que nos permitan comprender los desafíos del presente. Como plantea el cuaderno, la historia no es un museo de acontecimientos concluidos, sino un territorio en disputa desde el cual pensar los horizontes políticos de nuestro tiempo.

¿Qué propone este cuaderno?

Con este propósito, desde el Observatorio de Bienes Comunes presentamos el cuaderno El Congreso Anfictiónico de Panamá: soberanía, integración y disputas antigeopolíticas en Nuestra América, un material de formación política que propone leer este episodio histórico desde una perspectiva antigeopolítica. La publicación invita a mirar el Congreso no únicamente como un proyecto entre Estados, sino como una reflexión sobre la construcción de soberanía desde los pueblos, la defensa de los bienes comunes y la necesidad de fortalecer procesos de integración que coloquen la vida en el centro.

Ideas clave que encontrarás en la publicación

El cuaderno desarrolla una lectura crítica del Congreso Anfictiónico y propone reflexionar sobre temas como:

  • -La vigencia del Congreso Anfictiónico para comprender los desafíos actuales de América Latina.
  • -La disputa histórica entre el panamericanismo y el latinoamericanismo como proyectos políticos enfrentados.
  • -La soberanía entendida más allá del Estado, vinculada a la autonomía de los pueblos.
  • -La integración regional como una práctica construida desde los territorios y no únicamente desde los gobiernos.
  • -Una lectura antigeopolítica que coloca en el centro la vida, los bienes comunes y la cooperación entre los pueblos.
  • -Los desafíos contemporáneos de la región: extractivismo, crisis climática, militarización, dependencia tecnológica, migraciones y defensa de los bienes comunes.
  • -Propuestas metodológicas y actividades de educación popular para trabajar estos temas en talleres, organizaciones y espacios comunitarios.
Una herramienta para la formación política

Lejos de ser un texto exclusivamente histórico, el cuaderno establece puentes entre el siglo XIX y los desafíos contemporáneos. A lo largo de sus capítulos analiza las tensiones entre panamericanismo y latinoamericanismo, las razones del fracaso del Congreso, las disputas geopolíticas que atraviesan la región y las posibilidades de construir una integración desde abajo, impulsada por las comunidades, organizaciones y movimientos sociales. Además, incorpora actividades de educación popular que buscan convertir la lectura en un proceso colectivo de reflexión y acción.

Parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes

Este cuaderno forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, específicamente de la serie Los Herejes de lo Común: Cuadernos de Antigeopolítica y Antiimperialismos. La colección nace como una herramienta pedagógica y política para fortalecer lecturas críticas sobre los bienes comunes, las resistencias territoriales, la soberanía y los antiimperialismos desde América Latina y el Caribe. Más que ofrecer respuestas definitivas, busca abrir preguntas, recuperar memorias de lucha y contribuir a la construcción colectiva de otros horizontes posibles.

Una invitación a seguir pensando la integración

En un contexto en el que los proyectos de integración regional enfrentan múltiples desafíos y donde la fragmentación continúa favoreciendo intereses económicos y geopolíticos ajenos a los pueblos, recuperar el debate sobre el Congreso Anfictiónico significa preguntarnos nuevamente por las formas de construir solidaridad, cooperación y autonomía en Nuestra América.

Te invitamos a descargar, leer y compartir este nuevo cuaderno, con la convicción de que la historia cobra sentido cuando nos ayuda a comprender el presente y a imaginar colectivamente los caminos para defender la vida y los bienes comunes.

¿Por qué un Observatorio de Bienes Comunes habla del Congreso Anfictiónico?

A primera vista, el Congreso Anfictiónico de Panamá podría parecer un episodio lejano de la historia diplomática latinoamericana. Sin embargo, para quienes trabajamos desde la perspectiva de los bienes comunes, representa una oportunidad para reflexionar sobre preguntas que siguen abiertas: ¿cómo construimos soberanía?, ¿cómo defendemos aquello que compartimos?, ¿cómo articulamos respuestas colectivas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales?

Los bienes comunes no son únicamente el agua, los bosques, las semillas o los territorios. También son aquellas condiciones que hacen posible la vida en común: la paz, la cooperación entre los pueblos, la solidaridad, la capacidad de decidir colectivamente sobre nuestro futuro y de construir horizontes compartidos. En ese sentido, la integración latinoamericana puede entenderse como un bien común político que requiere ser cuidado, fortalecido y permanentemente reconstruido.

Hoy, las amenazas que enfrentan nuestros pueblos —el extractivismo, la crisis climática, la militarización, la mercantilización de la vida, la dependencia tecnológica y la regresión de derechos— difícilmente pueden comprenderse o enfrentarse desde una mirada exclusivamente nacional. Son procesos que atraviesan el continente y que exigen nuevas formas de articulación, aprendizaje y acción colectiva.

Por eso, recuperar el Congreso Anfictiónico no responde a un interés por conmemorar el pasado, sino por alimentar las discusiones del presente. Volver sobre aquella experiencia nos permite preguntarnos qué significa construir soberanía en el siglo XXI, qué formas de integración necesitamos y cuál puede ser el papel de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales en la defensa de la vida y los bienes comunes.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes entendemos que la memoria también es un territorio en disputa. Revisitar estos procesos históricos es una forma de fortalecer la imaginación política, recuperar experiencias de organización e identificar aquellas preguntas que continúan orientando las luchas por una Nuestra América más justa, solidaria y comprometida con el cuidado de la vida.

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CartmanCast – Cartman lee historia: cómo encontrar un golpe de Estado donde no lo hay

¿Qué tan fácil es hablar de un golpe de Estado?

Cartman: «¡Bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de CartmanCast Política Premium! Hoy vamos a hablar de algo gravísimo. Casa Presidencial dice que hubo un golpe de Estado. ¿Entraron los tanques? No. ¿Tomaron los cuarteles? Tampoco. ¿Suspendieron la Constitución? Pues no. La Sala Constitucional prorrogó temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes y la respuesta fue: ¡Golpe de Estado!»

(Pausa dramática)

Cartman: «Como aquí todavía creemos en leer antes de opinar, fui a buscar un libro que sí sabe de golpes de Estado. Veamos qué tiene que decir Marcos Roitman antes de empezar a repartir certificados de golpista.»

La escena parece salida de una sátira, pero plantea una pregunta seria: ¿qué ocurre cuando conceptos cargados de una profunda memoria histórica se utilizan para describir cualquier conflicto institucional?

Durante la presentación de su posición frente a la resolución de la Sala Constitucional, la Presidencia de la República calificó la decisión como un «golpe de Estado» y describió a los magistrados que votaron a favor como «magistrados golpistas». Más allá del debate jurídico sobre el alcance de la resolución, vale la pena detenerse en el peso político e histórico de esas palabras.

Un concepto construido con sangre y autoritarismo

En Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina, Marcos Roitman Rosenmann reconstruye el golpe de Estado como uno de los principales mecanismos mediante los cuales las élites políticas, económicas y militares interrumpieron procesos democráticos en la región. El libro muestra que los golpes no fueron simples desacuerdos entre instituciones, sino rupturas del orden constitucional acompañadas por persecución política, censura, desapariciones forzadas, tortura y dictaduras que marcaron la historia latinoamericana.

Roitman también sostiene que los golpes han cambiado de forma. Si durante buena parte del siglo XX estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, en las últimas décadas pueden asumir modalidades más complejas, donde intervienen poderes legislativos, judiciales, actores económicos, medios de comunicación y redes de poder que buscan alterar el rumbo político de un país. Los denomina, entre otras expresiones, «golpes de guante blanco», precisamente porque ya no siempre requieren tanques en las calles para producir una ruptura del orden democrático.

Sin embargo, ese análisis no significa que cualquier conflicto entre poderes constituya automáticamente un golpe de Estado.

No toda crisis institucional es un golpe

La historia latinoamericana enseña que los golpes de Estado implican algo más profundo que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones.

En términos generales, suponen la alteración deliberada del orden constitucional para desplazar o neutralizar un poder legítimamente constituido, sustituyendo las reglas democráticas por una nueva correlación de fuerza.

Precisamente por eso el concepto exige rigor.

La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de experiencias históricas traumáticas hacia un escenario institucional que continúa desarrollándose dentro del marco constitucional.

No se trata de minimizar la importancia del conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional. Se trata de reconocer que las democracias también viven tensiones entre poderes, y que no toda controversia constitucional representa una ruptura del régimen democrático.

Cuando las palabras pierden su significado

Existe un riesgo político cuando conceptos tan cargados de historia comienzan a utilizarse como herramientas de confrontación cotidiana.

El primero es el desgaste del lenguaje.

Si toda resolución judicial incómoda, toda derrota parlamentaria o toda diferencia institucional es presentada como un golpe de Estado, el término deja de describir un hecho excepcional y termina convertido en un recurso retórico para deslegitimar al adversario político.

El segundo riesgo es todavía mayor: el debilitamiento de la memoria histórica.

En América Latina y el Caribe, hablar de golpes de Estado significa hablar de miles de personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas, exiliadas o perseguidas por defender proyectos políticos democráticos. Significa recordar sociedades enteras sometidas al terror estatal y generaciones marcadas por la violencia política. Esa historia no puede reducirse a una metáfora para describir cualquier conflicto institucional.

No toda crisis institucional es un golpe

La historia latinoamericana y Caribeña nos enseña que los golpes de Estado implican mucho más que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones. No basta con que exista una disputa entre poderes, una interpretación constitucional controvertida o un conflicto político intenso para afirmar que estamos frente a un golpe.

Hablar de un golpe de Estado exige un ejercicio de rigurosidad conceptual e histórica. No se trata únicamente de preguntarse quién tomó una decisión, sino qué tipo de transformación del poder político está ocurriendo.

A lo largo del siglo XX, los golpes de Estado significaron la interrupción abrupta del orden constitucional mediante la sustitución del poder legítimamente constituido. En muchos casos estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, pero detrás de ellas actuaban élites económicas, sectores empresariales, partidos políticos, grupos de poder, gobiernos extranjeros y medios de comunicación que buscaban reorganizar el Estado de acuerdo con un nuevo proyecto político.

Como explica Marcos Roitman Rosenmann, esas formas de ruptura han evolucionado. En el siglo XXI las democracias pueden enfrentar procesos de erosión institucional más complejos, donde la ruptura ya no siempre llega acompañada de tanques en las calles o juntas militares. Existen experiencias en las que distintos poderes del Estado son utilizados para desplazar gobiernos, impedir el ejercicio de sus competencias o alterar la voluntad popular. Sin embargo, reconocer esa transformación no significa que cualquier conflicto entre instituciones pueda calificarse automáticamente como un golpe de Estado.

Para aproximarnos con mayor seriedad al concepto conviene plantearnos algunas preguntas fundamentales.

¿Existe una intención de sustituir el orden constitucional? Un golpe de Estado supone algo más que cuestionar una decisión pública. Implica la voluntad de alterar las reglas fundamentales mediante las cuales se organiza el poder político, desplazando o neutralizando a las autoridades legítimamente constituidas.

¿Se busca reemplazar a quienes ejercen el poder? Los golpes no persiguen únicamente modificar una política pública o revertir una resolución judicial. Buscan alterar quién gobierna, cómo se distribuye el poder y bajo qué reglas continuará funcionando el Estado.

¿Existe una concentración extraordinaria del poder? Otro elemento relevante es la acumulación de facultades que rompen el sistema de pesos y contrapesos. Cuando un actor político elimina los mecanismos de control, impide el funcionamiento de otros poderes o concentra competencias incompatibles con el régimen democrático, la preocupación adquiere otra dimensión.

¿Se restringen derechos y libertades fundamentales? Históricamente, los golpes de Estado han venido acompañados por la suspensión de garantías constitucionales, persecución de opositores, censura, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y uso de la violencia estatal. Estas medidas buscan consolidar el nuevo poder e impedir cualquier resistencia.

¿Se rompe la posibilidad de resolver los conflictos por las vías democráticas? Las democracias constitucionales están diseñadas precisamente para gestionar desacuerdos. Los conflictos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial forman parte de su funcionamiento cotidiano. La existencia de controversias constitucionales, recursos judiciales o interpretaciones distintas sobre las competencias de cada institución no constituye, por sí sola, evidencia de un golpe de Estado. De hecho, la posibilidad de discutir esas diferencias dentro del marco jurídico es una expresión del propio Estado de derecho.

La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Es legítimo debatir si la interpretación realizada fue correcta o si excedió determinadas competencias. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de algunas de las experiencias más traumáticas de la historia latinoamericana hacia un escenario que continúa desarrollándose mediante mecanismos institucionales previstos por el propio orden constitucional.

Reconocer esta diferencia no significa minimizar la importancia del conflicto político actual. Tampoco implica asumir que todas las actuaciones de los poderes públicos son correctas o están exentas de control democrático. Significa, más bien, comprender que la democracia no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la existencia de reglas, procedimientos e instituciones capaces de procesarlos sin destruir el orden constitucional.

Precisamente por eso resulta tan importante cuidar el significado de las palabras. Si cada derrota política, cada resolución judicial incómoda o cada interpretación constitucional controvertida es presentada como un golpe de Estado, terminamos perdiendo la capacidad de reconocer cuándo una democracia enfrenta una verdadera ruptura de sus fundamentos.

El último comentario de Cartman

Cartman: «A ver si entendí el nuevo reglamento de la democracia. Si un juez falla en contra mía… ¡golpe de Estado! Si el Congreso no aprueba mi súper ley para prohibir las verduras… ¡golpe de Estado! Si mi mamá no me deja jugar PlayStation… ¡golpe de Estado doméstico! ¡Mamá, estoy siendo víctima de un régimen autoritario!»

(Pausa)

Cartman: «¿Ven el problema? Si todo es un golpe de Estado, entonces nada es un golpe de Estado.»

(Pasa las hojas del libro.)

Cartman: «Y aquí es donde la historia les arruina la fiesta. Porque mientras nosotros usamos la palabra para ganar una discusión política, en América Latina y el Caribe hubo gente que desapareció, fue torturada, encarcelada, exiliada o asesinada durante golpes de Estado de verdad. Hubo familias que nunca volvieron a ver a sus hijos. Hubo dictaduras que gobernaron durante años con miedo, censura y represión.»

(Silencio.)

Cartman: «Así que no, amiguitos. No digo que no existan conflictos entre poderes. Para eso están los tribunales, las leyes y la Constitución. Tampoco digo que un juez siempre tenga la razón. Lo que digo es que una democracia puede vivir disputas muy fuertes sin que eso signifique que el orden constitucional se rompió.»

Cartman: «Los golpes de Estado no son cualquier pleito institucional. Son otra cosa. Y justamente porque América Latina pagó un precio tan alto por ellos, deberíamos pensarlo dos veces antes de usar esa palabra como si fuera un insulto de moda.»

(Música de cierre.)

Cartman: «Así que hagan un favor a la democracia: antes de gritar ‘¡golpe de Estado!’, lean un poquito de historia. Porque cuando todo es un golpe de Estado, los verdaderos golpes dejan de reconocerse… y ahí sí estamos en problemas.»

Quizá esa sea la principal enseñanza que deja Tiempos de oscuridad: defender la democracia también implica defender el significado de las palabras. La memoria histórica no existe únicamente para recordar el pasado, sino para dotarnos de criterios que nos permitan distinguir entre una controversia institucional, por intensa que sea, y una verdadera ruptura del orden democrático. Banalizar conceptos como «golpe de Estado» no fortalece el debate público; por el contrario, debilita nuestra capacidad para reconocer las amenazas reales cuando estas aparecen.

Referencia:

Roitman, Marcos. (2025). Tiempos de oscuridad: Historia de los golpes de Estado en América Latina. Akal.

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Cuando las instituciones dejan de sentirse interpeladas: Monseñor Romero y una reflexión ética para la universidad

En julio de 2026, durante la sesión solemne del Concejo Municipal de Nicoya con motivo del 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el sacerdote Jeison Víquez Acuña dirigió un mensaje a la presidenta de la República que rápidamente trascendió el acto protocolario y generó un amplio debate nacional. Sus palabras abordaron temas como la justicia tributaria, la educación, la pobreza, la violencia y la responsabilidad del Estado frente a las personas más vulnerables, provocando diversas reacciones tanto de apoyo como de crítica.

Más allá de las posiciones que pueda generar esa intervención, el episodio abrió una discusión de mayor profundidad: ¿qué papel desempeñan las voces éticas cuando interpelan al poder político? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes ocupan espacios de liderazgo frente a las desigualdades, las exclusiones y las decisiones que afectan la vida colectiva? Estas preguntas no pertenecen exclusivamente al ámbito religioso; forman parte del debate democrático sobre la responsabilidad pública y el compromiso con el bien común.

En América Latina y el Caribe, una de las figuras que mejor representa esta discusión es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Si bien su legado suele abordarse desde una perspectiva religiosa o a partir de su martirio, también puede leerse como una experiencia de profunda coherencia ética. Su trayectoria invita a reflexionar sobre cómo una persona o una institución construyen autoridad no desde el poder que ejercen, sino desde su capacidad para escuchar la realidad, dejarse interpelar por el sufrimiento humano y actuar en consecuencia.

Esta reflexión retoma una intervención del papa Francisco sobre Monseñor Romero, no con el propósito de desarrollar una lectura confesional, sino para identificar aquellos rasgos de su práctica que pueden dialogar con desafíos contemporáneos como la universidad pública, la responsabilidad institucional y la defensa de los bienes comunes. En un contexto donde las organizaciones corren el riesgo de concentrarse en sus propios procedimientos, indicadores y dinámicas internas, la experiencia de Romero plantea una pregunta vigente: ¿nuestras prácticas están orientadas a preservar las instituciones o a responder, de manera ética, a las necesidades de la sociedad?

Empezamos

Monseñor Romero suele ser recordado como un mártir o como una figura religiosa de enorme relevancia para América Latina y el Caribe. Sin embargo, más allá de esa dimensión confesional, su trayectoria ofrece una pregunta profundamente ética para cualquier institución que aspire a servir al bien común: ¿desde dónde construimos nuestras decisiones?

En una intervención dirigida a los obispos centroamericanos, el papa Francisco recupera la figura de Romero para recordar que el compromiso auténtico comienza cuando una persona o una institución se deja afectar por la realidad. No basta con conocer el sufrimiento; es necesario permitir que ese sufrimiento modifique nuestras prioridades, nuestras formas de actuar y nuestros criterios de decisión.

Esta reflexión trasciende el ámbito religioso y adquiere especial fuerza cuando pensamos en la universidad pública.

El riesgo de una universidad que se mira a sí misma

Las universidades producen conocimiento, forman profesionales y generan investigación. Sin embargo, existe un riesgo permanente: que la institución termine organizando su vida alrededor de sus propios procedimientos, indicadores y lógicas administrativas.

Cuando esto ocurre, la universidad puede seguir siendo eficiente, publicar más artículos, ejecutar más proyectos o mejorar sus métricas, mientras pierde progresivamente su capacidad para escuchar las preguntas que emergen desde los territorios y las comunidades.

No se trata de negar la importancia de la excelencia académica. Se trata de preguntarnos para quién y desde dónde se produce el conocimiento.

Romero recuerda que la legitimidad de una práctica no depende únicamente de su calidad técnica, sino de su capacidad para responder a las heridas de su tiempo.

De administrar problemas a dejarse afectar

Francisco señala que el verdadero compromiso implica dejar que el sufrimiento transforme incluso el uso del tiempo y de los recursos.

Llevado al ámbito universitario, esto significa preguntarnos si nuestras agendas responden principalmente a las exigencias institucionales o si son capaces de reorientarse cuando la realidad plantea desafíos urgentes.

No basta con investigar sobre la desigualdad, la crisis ambiental o las exclusiones sociales. La pregunta ética es si esos problemas transforman también la manera en que investigamos, enseñamos y nos vinculamos con la sociedad.

La diferencia entre estudiar una realidad y dejarse interpelar por ella marca el paso de una universidad que observa a una universidad que se compromete.

La centralidad de las personas

Uno de los pasajes más sugerentes del discurso afirma que el valor del trabajo no depende de la cantidad de actividades realizadas ni de los recursos disponibles, sino de la centralidad de la compasión.

En un lenguaje laico, podríamos traducir esta idea diciendo que ninguna institución puede medir su éxito únicamente por sus resultados administrativos. La pregunta decisiva sigue siendo si las personas permanecen en el centro de sus decisiones.

Cuando los procedimientos terminan siendo más importantes que las personas, cuando las métricas pesan más que las necesidades sociales, o cuando la gestión desplaza la escucha, la institución comienza a perder el sentido de su existencia.

Escuchar antes que responder

Romero no construyó su autoridad desde la distancia, sino desde la escucha permanente de quienes vivían las consecuencias de la violencia y la exclusión.

Para la universidad, esta actitud supone reconocer que el conocimiento no nace únicamente en las aulas, los laboratorios o los centros de investigación. También se produce en las comunidades, en los movimientos sociales, en las organizaciones populares y en las experiencias cotidianas de quienes enfrentan los problemas que la academia intenta comprender.

Escuchar no significa únicamente consultar. Significa aceptar que esas voces pueden cuestionar nuestras categorías, modificar nuestras preguntas e incluso transformar nuestras prioridades institucionales.

Una ética de la coherencia

Quizá la enseñanza más vigente de Monseñor Romero no sea únicamente la denuncia de las injusticias, sino la coherencia entre lo que afirmaba y la manera en que organizó su vida.

Esa coherencia también interpela a la universidad. Si decimos que somos una institución al servicio de la sociedad, debemos preguntarnos continuamente si nuestras decisiones presupuestarias, nuestras prioridades de investigación, nuestros incentivos académicos y nuestras formas de evaluación fortalecen realmente ese compromiso o si, por el contrario, terminan alimentando una universidad cada vez más preocupada por reproducirse a sí misma.

La pregunta que deja Romero sigue siendo profundamente actual: ¿nuestras instituciones están organizadas para proteger su funcionamiento o para responder a las necesidades de la sociedad?

Responder esa pregunta no es un ejercicio espiritual ni confesional. Es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad ética.

Las reflexiones del papa Francisco sobre Monseñor Romero permiten identificar un conjunto de aprendizajes que trascienden el ámbito religioso y se convierten en criterios para evaluar cualquier práctica institucional. En un contexto donde la universidad y otras organizaciones corren el riesgo de orientarse principalmente por sus propios procedimientos, indicadores o lógicas de funcionamiento, la trayectoria de Romero invita a preguntarnos qué significa construir una práctica ética capaz de dejarse interpelar por la realidad. La siguiente matriz recupera algunos de esos rasgos y los pone en diálogo con los desafíos contemporáneos de la universidad pública y la defensa de los bienes comunes.

Rasgo de la práctica de Monseñor Romero¿Qué significa éticamente?Pregunta para la práctica universitaria
Dejarse afectar por la realidadLa ética comienza cuando el sufrimiento de otras personas deja de ser un dato y se convierte en una responsabilidad.¿Qué problemas sociales modifican realmente nuestras prioridades de investigación, docencia y acción social?
Escuchar antes de intervenirComprender exige escuchar a quienes viven las consecuencias de los problemas y reconocerlos como sujetos de conocimiento.¿Escuchamos a las comunidades o únicamente recogemos información de ellas?
La realidad transforma la agendaEl compromiso implica reorganizar el tiempo, los recursos y las decisiones según las necesidades de las personas.¿Nuestra agenda responde a las necesidades sociales o a las exigencias institucionales?
La compasión como criterio institucionalEl valor de una práctica no depende de la cantidad de actividades, sino de su capacidad para cuidar la vida y la dignidad.¿Cómo evaluamos el éxito de nuestros proyectos: por indicadores o por su impacto en las personas?
Coherencia entre discurso y prácticaLa autoridad ética nace de la congruencia entre lo que se afirma y lo que se hace.¿Nuestras políticas institucionales reflejan los valores que defendemos públicamente?
Independencia frente al poderMantener autonomía para señalar injusticias, incluso cuando ello implica costos o tensiones.¿La universidad conserva capacidad crítica frente a los intereses políticos y económicos?
Poner a las personas en el centroLas estructuras deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las estructuras.¿Nuestros procedimientos fortalecen o dificultan el vínculo con estudiantes, comunidades y territorios?
Compromiso desde la cercaníaLa legitimidad se construye compartiendo las condiciones de quienes enfrentan los problemas.¿Nuestra investigación se realiza con los territorios o únicamente sobre los territorios?
Aprender desde el puebloLa experiencia social también produce conocimiento y debe dialogar con el saber académico.¿Reconocemos los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento?
Asumir la incomodidadUna práctica ética acepta que el encuentro con la realidad cuestione privilegios, rutinas y certezas.¿Qué estamos dispuestos a cambiar cuando la realidad contradice nuestras formas habituales de trabajar?
La práctica ética como condición para cuidar los bienes comunes

Hablar de bienes comunes implica mucho más que hablar de recursos naturales o de patrimonio colectivo. Los bienes comunes existen porque una comunidad desarrolla prácticas de cuidado, responsabilidad compartida y compromiso con aquello que sostiene la vida. Sin esas prácticas, incluso los bienes más valiosos terminan siendo apropiados, degradados o destruidos.

Desde esta perspectiva, el principal aporte de Monseñor Romero no radica únicamente en la denuncia de las injusticias, sino en la construcción cotidiana de una práctica ética capaz de sostener lo común. Su legado recuerda que el compromiso no se mide por la fuerza del discurso, sino por la disposición a dejar que la realidad transforme nuestras prioridades y nuestras decisiones.

En el discurso que inspira esta reflexión, el papa Francisco insiste en que una práctica auténtica nace cuando las personas y las instituciones se dejan afectar por el sufrimiento de los demás, reorganizan sus agendas y colocan la dignidad humana en el centro de sus decisiones.

Esta idea resulta especialmente pertinente para quienes trabajamos en la defensa de los bienes comunes. Los conflictos por el agua, los bosques, los humedales, los territorios, la salud pública o la educación no son únicamente disputas por recursos. Son también disputas sobre las prácticas éticas que sostienen una sociedad. Allí donde predomina la indiferencia, el individualismo o la subordinación al poder, los bienes comunes se debilitan. Allí donde existen comunidades capaces de escuchar, cuidar, cooperar y actuar con coherencia, los bienes comunes encuentran condiciones para reproducirse y fortalecerse.

En este sentido, la universidad, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los movimientos ciudadanos comparten un desafío común: construir prácticas que no se orienten únicamente por la eficiencia, los indicadores o la administración, sino por la responsabilidad frente a la vida colectiva.

La práctica ética no es un complemento del trabajo por los bienes comunes; es su condición de posibilidad. Sin ella, la participación se convierte en trámite, el conocimiento en acumulación de información y las instituciones en fines en sí mismas. Con ella, en cambio, es posible construir relaciones de confianza, fortalecer la acción colectiva y sostener aquellos bienes materiales e inmateriales que hacen posible una vida digna.

Quizá esa sea una de las enseñanzas más vigentes de Monseñor Romero: los bienes comunes no se defienden únicamente con leyes, políticas públicas o conocimientos técnicos. Se sostienen, ante todo, mediante personas e instituciones capaces de actuar con coherencia, escuchar el clamor de su tiempo y asumir la responsabilidad de cuidar aquello que pertenece a todas y todos.

La importancia de ser «mala palabra»

Uno de los momentos más provocadores de la reflexión del papa Francisco sobre Monseñor Romero aparece cuando recuerda que muchos hombres y mujeres en Centroamérica ofrecieron su vida por mantener viva la voz profética frente a la injusticia y al abuso del poder. En ese contexto afirma, con una expresión cargada de significado: «Él también fue mala palabra», recordando que Romero fue objeto de sospechas, descalificaciones y cuestionamientos incluso dentro de la propia Iglesia. Lejos de reivindicar el conflicto como un fin en sí mismo, esta expresión invita a reflexionar sobre una realidad frecuente en la vida pública: quienes cuestionan las desigualdades, denuncian abusos o ponen en evidencia las contradicciones del poder suelen convertirse en voces incómodas. En muchas ocasiones son etiquetados como exagerados, conflictivos, radicales o inconvenientes, no necesariamente porque sus argumentos carezcan de fundamento, sino porque alteran consensos, interpelan privilegios o desafían formas establecidas de ejercer la autoridad.

Desde esta perspectiva, «ser mala palabra» no significa buscar la confrontación permanente ni construir una identidad basada en la oposición. Significa asumir que una práctica ética difícilmente será siempre cómoda o bien recibida. Cuando una persona, una organización o una institución colocan la dignidad humana, la justicia o el cuidado de lo común por encima de los intereses particulares, es probable que generen resistencias.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para la universidad pública, los movimientos sociales y las organizaciones comprometidas con los bienes comunes. Con frecuencia, los conflictos socioambientales, las desigualdades territoriales o las amenazas contra los derechos colectivos exigen investigaciones, posicionamientos o acciones que incomodan a actores políticos, económicos o incluso académicos. En esos momentos aparece una pregunta decisiva: ¿la búsqueda de reconocimiento institucional debe prevalecer sobre la responsabilidad de decir aquello que la realidad exige?

La trayectoria de Monseñor Romero recuerda que la legitimidad ética no depende de la ausencia de críticas, sino de la coherencia entre la palabra y la práctica. En ocasiones, cuidar los bienes comunes, defender los derechos humanos o acompañar a las comunidades implica aceptar que la crítica, la incomprensión o el aislamiento forman parte del costo de sostener una posición fundada en la justicia.

En un tiempo donde las instituciones enfrentan fuertes presiones para evitar el conflicto, preservar consensos o proteger su imagen pública, el legado de Romero plantea una cuestión que mantiene plena vigencia: ¿estamos dispuestos a asumir la incomodidad que implica defender aquello que consideramos justo o preferimos adaptar nuestras convicciones para evitar convertirnos en «mala palabra»?

Quizá una práctica ética comienza precisamente allí: cuando la búsqueda de aceptación deja de ser el criterio principal y la responsabilidad frente a la sociedad ocupa su lugar.

Referencia:

Papa Francisco. (2019). Discurso del Papa Francisco a los obispos centroamericanos reunidos en Panamá. ACI Prensa

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Densificación, agua y espacios públicos: las claves para entender la propuesta de modificación del Plan Regulador de Escazú

La Comisión del Plan Regulador de Escazú celebró el pasado 29 de julio una sesión extraordinaria para informar sobre los avances de la modificación que contempla reformas parciales en los distritos de Escazú Centro y San Antonio. Durante la sesión, la administración municipal brindó detalles sobre el alcance del proceso, que hasta el momento no ha iniciado labores concretas debido a cambios normativos a nivel nacional.

Una contratación que aún no arranca

Uno de los puntos que generó mayor atención fue la situación de la empresa consultora contratada para llevar adelante esta modificación. Según explicó el funcionario municipal encargado de la presentación, la contratación fue adjudicada el año pasado, pero aún no se ha dado la orden de inicio para la ejecución de los trabajos.

La razón principal es la entrada en vigor del Mapriot (Manual de Planes Reguladores como Instrumentos de Ordenamiento Territorial), un nuevo instrumento normativo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) que establece requisitos más exigentes para cualquier modificación o creación de planes reguladores. Dado que el proceso de contratación se realizó bajo la normativa anterior, la administración decidió suspender temporalmente el inicio de labores para evitar que el estudio fuera rechazado por el INVU y se perdieran recursos públicos.

«Si avanzábamos hace ocho meses, prácticamente nos iban a decir ‘empiece de cero’. Los recursos públicos hay que cuidarlos», señaló el funcionario.

Actualmente, la administración se encuentra en una fase preliminar de análisis, previa a la elaboración de los estudios técnicos que sustentarán la propuesta de modificación. Aunque no se brindó una fecha exacta para el inicio de los trabajos, se indicó que la Comisión del Plan Regulador será el primer espacio donde se presentarán los avances.

Exclusiones y alcances de la modificación

Una de las aclaraciones más relevantes de la sesión fue que la modificación no incluye la zona agrícola ni la zona protectora de los cerros de Escazú. El funcionario municipal fue enfático en este punto: la propuesta se limitará a las áreas urbanas de los distritos de Escazú Centro y San Antonio, respetando las zonas que actualmente están protegidas por su valor ambiental.

Además, se informó que no habrá cambios de zonificación ni creación de nuevas zonas. La modificación utilizará las mismas categorías de suelo existentes desde el 2005, ya que cualquier modificación a la zonificación implicaría perder la viabilidad ambiental actualmente vigente y someterse a un nuevo proceso de evaluación ambiental.

Densificación habitacional como eje central

El principal objetivo de la modificación es mejorar las condiciones de densidad en zonas residenciales, permitiendo que propietarios de terrenos con ciertas características puedan desarrollar una segunda unidad residencial en su propiedad.

Según la administración, la demanda de usos de suelo que ha llegado al departamento de Gestión Urbana en los últimos años muestra un patrón recurrente: personas que desean ampliar sus viviendas para que sus hijos o hijas puedan independizarse, pero que no cuentan con el metraje suficiente bajo la normativa actual.

La propuesta buscaría ajustar parámetros como altura, cobertura y retiros, siempre dentro de los límites establecidos por la viabilidad ambiental. No obstante, se aclaró que la parte comercial no será beneficiada por esta modificación, ya que cualquier cambio en ese sentido implicaría una modificación a la zonificación existente.

El modelo de las «capas»: una herramienta para entender y cuestionar el ordenamiento territorial

Uno de los momentos más valiosos de la sesión fue la explicación técnica sobre cómo se toman las decisiones en el ordenamiento territorial. Comprender este modelo es fundamental para que la ciudadanía pueda leer, cuestionar y dar seguimiento a las propuestas que se presenten en el futuro.

La metáfora del queque de capas: Imaginemos el territorio como un queque de varias capas. Cada capa representa una dimensión distinta que debe ser analizada antes de tomar decisiones sobre el uso del suelo, la densidad o la altura de las edificaciones. La clave es que las capas superiores no pueden superar los límites que imponen las capas inferiores.

Capa 1 La viabilidad ambiental (el límite máximo): Esta es la capa más fundamental. La viabilidad ambiental establece el límite máximo de desarrollo posible en un territorio, con base en estudios sobre la fragilidad del suelo, la capacidad de carga del ecosistema, la disponibilidad de agua y otros factores ambientales.

En el caso de Escazú, la viabilidad ambiental actual fue aprobada en el 2009 y establece, por ejemplo, que en ciertas zonas se podría construir hasta 14 pisos. Este es el techo máximo, el límite que no se puede rebasar bajo ninguna circunstancia.

Capa 2 Infraestructura y servicios públicos: Sobre la capa ambiental se superpone la de infraestructura urbana: vialidad, redes de agua potable, alcantarillado sanitario, sistemas de drenaje pluvial, transporte público, entre otros.

Aquí ocurre una primera reducción del potencial constructivo. Aunque la viabilidad ambiental permita 14 pisos, si las calles son estrechas, si la red de agua no tiene la capacidad suficiente o si no hay un sistema de alcantarillado adecuado, el desarrollo real tendrá que ser menor.

Por ejemplo, el ancho de las vías determina el potencial constructivo en altura debido al denominado «efecto sombra»: cuando se construyen edificios muy altos en calles estrechas, se bloquea la luz solar, afectando la calidad de vida en el entorno urbano.

Capa 3 Usos de suelo y normativa local: Una tercera capa es la de los usos de suelo permitidos y la normativa urbanística local. Aquí se definen, por ejemplo, si una zona es residencial, comercial o mixta; cuáles son los retiros obligatorios; qué porcentaje del terreno puede ser construido (cobertura); y qué usos específicos están autorizados.

¿Cómo se toman las decisiones en la práctica?

Lo que la administración municipal debe hacer es bajar desde el límite máximo (la viabilidad ambiental) hasta un parámetro que sea viable técnica y socialmente. El estudio que realizará la empresa consultora consistirá precisamente en analizar todas estas capas para determinar cuál es el potencial constructivo real de cada zona.

Para la ciudadanía, la pregunta clave en las próximas etapas del proceso será: ¿la administración está ajustando los parámetros a la realidad de la infraestructura existente, o está decidiendo ignorar esas limitaciones y apostar por un desarrollo que la ciudad no puede sostener?

Lo que debe pedir la ciudadanía en las próximas etapas

Cuando se presenten los estudios y las propuestas concretas, quienes habitan el cantón pueden formular preguntas como:

  • Sobre la viabilidad ambiental: ¿Se está respetando el límite máximo que establece la viabilidad ambiental? ¿O se está intentando modificar ese límite?

  • Sobre infraestructura: ¿Los parámetros propuestos consideran la capacidad real de las vías, el agua potable y el alcantarillado? ¿Se han hecho estudios que demuestren que la infraestructura puede soportar el aumento de densidad?

  • Sobre el efecto sombra: ¿Se ha analizado cómo las nuevas alturas afectarán la iluminación natural y la calidad de vida en los espacios públicos y viviendas cercanas?

  • Sobre servicios públicos: ¿El aumento de población que genera la densificación puede ser atendido por los servicios de salud, educación, transporte y seguridad existentes?

  • Sobre espacios públicos: ¿Se está garantizando que el aumento de densidad vaya acompañado de suficientes áreas verdes, aceras y espacios de convivencia?

Preocupaciones ciudadanas: agua, espacios públicos y gentrificación

Durante el espacio de atención al público, vecinos y vecinas expresaron sus principales preocupaciones en torno a la modificación y, en general, al futuro del ordenamiento territorial en Escazú.

Aguas residuales: una deuda pendiente

Uno de los temas que generó mayor debate fue el tratamiento de aguas residuales. Vecinas señalaron que la municipalidad exige a los particulares contar con sistemas de tratamiento adecuados para obtener permisos de construcción, mientras que la infraestructura pública de alcantarillado sanitario en el cantón presenta un rezago inaceptable.

«Si yo voy a hacer una casa, lo primero que me piden es: ¿dónde está mi planta de tratamiento? Entonces yo le digo a la administración: ¿dónde está su planta de tratamiento?», cuestionó una vecina, quien además denunció los olores a cloaca que afectan diversas zonas del cantón, incluso frente a la propia municipalidad.

Desde la administración se aclaró que el Ministerio de Salud considera sistemas de tanque séptico mejorado como plantas de tratamiento, y que la propuesta de modificación incentivaría estas mejoras como condición para el desarrollo de segundas viviendas. Sin embargo, se reconoció que la red de alcantarillado sanitario es competencia del AyA, aunque también se recordó que los municipios pueden asumir esa competencia si así lo deciden.

En ese sentido, un miembro de la comisión informó que hace aproximadamente tres meses se aprobó en el concejo municipal una moción para iniciar un proceso de diálogo con los cantones vecinos (Santa Ana, Mora y Acosta) con el objetivo de explorar la posibilidad de impulsar, con apoyo de cooperación internacional, un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales para el oeste del área metropolitana.

Agua potable: disponibilidad versus infraestructura

Otro tema crítico fue la disponibilidad de agua potable. Vecinos señalaron que, aunque el AyA asegura que hay dotación de agua, la infraestructura de distribución es insuficiente, lo que se traduce en cortes de agua recurrentes, especialmente los miércoles.

Se advirtió que cualquier aumento de densidad debe considerar este factor, ya que sin la infraestructura adecuada, el problema de suministro se agravaría. Desde la administración se indicó que, aunque la modificación pueda autorizar mayores densidades, cada permiso de construcción requiere la viabilidad del AyA sobre la disponibilidad de agua potable, lo que actúa como un filtro adicional.

Desde la perspectiva del modelo de capas, el agua potable es una de las capas de infraestructura que debe ser analizada rigurosamente. La pregunta que la ciudadanía debe mantener presente es: ¿se está verificando que haya suficiente agua para la nueva densidad que se autoriza?

Espacios públicos y movilidad

Vecinos también plantearon la necesidad de que la modificación considere la ampliación de espacios públicos, aceras y áreas verdes. Se señaló que el desarrollo del centro de Escazú ha sido históricamente limitado en este aspecto, y que el mejoramiento de parámetros urbanísticos debería ir acompañado de condiciones que garanticen espacios para la movilidad peatonal y el disfrute público.

Desde la administración se mencionaron experiencias recientes en proyectos de obra pública donde se ha logrado la cesión voluntaria de parte de propiedades para ampliar aceras, a cambio de la construcción de estas por parte de la municipalidad. Sin embargo, se reconoció que en algunos casos ha sido necesario recurrir a procesos de expropiación.

En el marco del modelo de capas, los espacios públicos son parte de la infraestructura urbana que debe ser dimensionada adecuadamente para absorber el crecimiento poblacional. Una densificación sin espacios públicos suficientes compromete la calidad de vida y la cohesión social.

Habitabilidad y permanencia de las comunidades

Una de las preocupaciones recurrentes entre las personas vecinas de Escazú es el impacto que el aumento de densidad podría tener en la vida cotidiana de quienes habitan el cantón. Existe la interrogante sobre si el desarrollo urbano que se promueve con modificaciones como esta podría generar cambios en el tejido social y en las condiciones de permanencia de las comunidades que históricamente han vivido en el territorio.

Esta preocupación se suma a los ejes de trabajo que diversos movimientos ciudadanos han venido planteando en el cantón: el derecho a la vivienda, la protección de los espacios públicos y la defensa de la calidad de vida frente a la presión urbanística. La pregunta sobre cómo el incremento del valor de las propiedades y la transformación del territorio podrían afectar el arraigo de la población local sigue siendo un tema central en la agenda ciudadana.

Próximos pasos

La administración municipal se comprometió a presentar los avances de la modificación en la Comisión del Plan Regulador una vez que los estudios técnicos estén más avanzados. Posteriormente, se realizarán talleres de participación ciudadana y una audiencia pública, tal como lo establece la normativa vigente.

La Comisión del Plan Regulador continuará siendo el espacio donde la ciudadanía organizada y la administración dialoguen sobre el futuro del territorio, con el desafío de equilibrar el desarrollo urbano con la protección ambiental y la garantía de servicios básicos para la población.

Te invitamos a consultar el manual elaborado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), una herramienta que brinda información y orientaciones para comprender mejor los procesos relacionados con la planificación territorial y el ordenamiento urbano.

Descargalo aquí

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Ciudadanía activa: propuesta y monitoreo en torno al Plan Regulador de Escazú

Esta entrevista fue realizada el 29 de julio, horas antes de la sesión de la Comisión del Plan Regulador en la que la administración municipal informaría sobre los avances de la modificación. La conversación con Javier Sánchez, presidente de CODECE, documenta las preocupaciones y expectativas ciudadanas que antecedieron a esa sesión. Las reflexiones aquí planteadas —sobre participación, acceso a la información, protección de espacios públicos y prevención de la gentrificación— mantienen plena vigencia más allá de los detalles coyunturales que se conocieron posteriormente.

La construcción de un plan regulador no es únicamente un ejercicio técnico. Es, sobre todo, un proceso de política pública que define cómo se transforma el territorio, cuáles intereses se priorizan y qué condiciones tendrán las comunidades para habitar sus barrios en los próximos años. Por esa razón, la participación ciudadana no puede limitarse a las audiencias públicas o a la consulta de documentos ya elaborados; requiere organización, propuesta y seguimiento permanente.

En una nueva edición de Sentires y Saberes, conversamos con Javier Sánchez, presidente de CODECE, organización comunal ambiental con una amplia trayectoria en la defensa del ordenamiento territorial en Escazú. La entrevista, realizada el 29 de julio, recupera el contexto del proceso que ha vivido el cantón durante el último año, marcado por la movilización ciudadana que logró mantener la representación comunitaria dentro de la Comisión del Plan Regulador y fortalecer un espacio de seguimiento y propuesta sobre las decisiones relacionadas con el territorio.

La participación no es solo reacción: también es propuesta

La historia de CODECE en Escazú es un ejemplo de participación propositiva. Desde los años 90, esta organización ha trabajado activamente en la formulación del plan regulador, logrando incidencia concreta: en el primer plan regulador, CODECE impulsó la zonificación de la zona protectora de los cerros de Escazú, una herramienta que ha permitido regular el crecimiento urbano y proteger el área natural más cercana a San José.

Esta experiencia demuestra que la ciudadanía organizada no solo vigila, sino que también propone. No se trata únicamente de oponerse o de reaccionar ante decisiones municipales, sino de construir alternativas, aportar conocimiento técnico y comunitario, y negociar en los espacios institucionales para incidir en el rumbo del territorio.

Vigilancia y propuesta: dos caras de una misma participación

La entrevista con Javier Sánchez fue realizada horas antes de la sesión convocada por la Comisión del Plan Regulador para conocer los avances de las reformas parciales en los distritos de Escazú Centro y San Antonio. En ese momento, existía preocupación por el escaso acceso a la información y por el trabajo que podría estar desarrollando una empresa consultora contratada por la Municipalidad.

Durante la sesión del 29 de julio, sin embargo, se informó que la empresa consultora aún no ha iniciado labores y que las actividades previstas para este proceso tampoco han comenzado. Esta actualización modifica parte del contexto inmediato de la entrevista, pero las reflexiones de fondo mantienen plena vigencia: la ciudadanía no puede esperar a que los procesos estén cerrados para participar. Debe estar presente desde el inicio, formulando preguntas, pero también proponiendo soluciones y alternativas para el desarrollo del territorio.

Preguntas que construyen, no solo que fiscalizan

Uno de los principales aprendizajes que deja la experiencia de CODECE es que participar también significa formular preguntas, pero no desde una postura meramente fiscalizadora, sino desde la búsqueda de soluciones compartidas:

  • -¿Qué cambios se pretenden realizar y bajo qué criterios técnicos y ambientales?

  • -¿Cómo pueden estos cambios beneficiar la habitabilidad de las comunidades?

  • -¿Qué mecanismos existen para garantizar la protección de espacios públicos y áreas verdes?

  • -¿Cómo se previenen procesos de gentrificación que puedan desplazar a quienes han habitado históricamente el cantón?

  • -¿Qué alternativas existen para mejorar la infraestructura urbana sin sacrificar la calidad de vida?

Estas preguntas no son solo un ejercicio de control; son el punto de partida para construir respuestas colectivas y propuestas ciudadanas que enriquezcan el debate público.

Propuestas ciudadanas para el ordenamiento territorial

Desde su experiencia, CODECE plantea líneas de acción que trascienden la crítica y se convierten en propuestas concretas para el futuro de Escazú:

  • -Priorizar la habitabilidad de las comunidades, garantizando que las personas que han nacido y construido el cantón puedan seguir viviendo en él.

  • -Proteger y ampliar los espacios públicos y áreas verdes, entendiéndolos como bienes comunes esenciales para la calidad de vida.

  • -Prevenir la gentrificación, promoviendo políticas que eviten el desplazamiento de las poblaciones locales por el aumento desmedido del costo de la vivienda.

  • -Exigir estudios técnicos y ambientales rigurosos que sustenten cualquier modificación al plan regulador.

  • -Fortalecer los espacios de participación institucional, como la Comisión del Plan Regulador, para que sean canales efectivos de incidencia ciudadana.

Desafíos para una participación ciudadana activa y propositiva

El proceso que vive actualmente Escazú deja lecciones que trascienden este cantón y resultan relevantes para cualquier comunidad involucrada en procesos de ordenamiento territorial y gestión ambiental:

  • -Organizarse desde el inicio de los procesos, antes de que las decisiones estén definidas y los proyectos se encuentren avanzados.

  • -Exigir y aportar información pública clara, completa y oportuna, como condición indispensable para una participación informada.

  • -Fortalecer las organizaciones comunitarias, ya que la participación colectiva tiene mayor capacidad de incidencia y propuesta que las acciones individuales.

  • -Comprender el territorio como un bien común, donde las decisiones sobre el uso del suelo afectan la calidad de vida, el acceso a la vivienda, la movilidad, el patrimonio natural y las generaciones futuras.

  • -Dar seguimiento permanente a las políticas públicas, entendiendo que la participación no concluye con una audiencia o una consulta, sino que implica monitorear la implementación y proponer ajustes cuando sea necesario.

  • -Incorporar la dimensión ambiental en la planificación territorial, procurando que las decisiones contemplen la protección de áreas verdes, corredores biológicos, zonas de recarga hídrica y demás ecosistemas estratégicos.

  • -Promover procesos transparentes y abiertos al diálogo, donde la diversidad de voces contribuya a construir mejores decisiones para el conjunto de la comunidad.

Seguimos escuchando a la ciudadanía

En el Observatorio de Bienes Comunes continuaremos dando seguimiento a este proceso porque entendemos que monitorear las políticas públicas es una forma de participación, pero no es la única. La ciudadanía organizada tiene la capacidad de proponer, construir alternativas y negociar en los espacios institucionales para incidir en el rumbo del territorio.

La experiencia de CODECE en Escazú demuestra que la participación propositiva es posible y necesaria. No se trata de esperar a que las decisiones lleguen para reaccionar, sino de estar presentes desde el inicio, con preguntas, con propuestas y con la convicción de que el territorio es un bien común que nos pertenece a todas y todos.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa y a mantenerte atento a las próximas actualizaciones sobre el proceso del Plan Regulador de Escazú.

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El espejo roto: La crisis de desigualdad que viene de Europa y se refleja en Costa Rica

En un mundo que avanza hacia una concentración de riqueza sin precedentes, un nuevo informe de Oxfam Intermón enciende todas las alarmas. Personas, Poder, Beneficios, Planeta: cómo las grandes empresas europeas alimentan la crisis mundial de desigualdad (Oxfam Intermón, 2026) no es solo un diagnóstico sobre el Viejo Continente; es una llamada de atención para países como Costa Rica, que observan cómo el poder corporativo global moldea sus economías y sociedades, a menudo en detrimento de los derechos laborales y la equidad.

El Modelo Europeo: Una Maquinaria de Desigualdad

El informe analiza las 100 mayores empresas europeas y revela un patrón sistémico que prioriza a los accionistas y a la cúpula directiva sobre el bienestar de los trabajadores y el planeta (Oxfam Intermón, 2026). Los datos son contundentes:

  • Remuneración de la cúpula: Entre 2022 y 2024, los CEO de estas empresas ganaron, de media, 78 veces más que el trabajador promedio de su compañía (Oxfam Intermón, 2026, p. 30). En casos extremos como Carrefour o Inditex, esta proporción supera las 300 veces (p. 30).

  • Prioridad a los accionistas: Durante el mismo periodo, las empresas destinaron un promedio del 70% de sus beneficios a la retribución de accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones (Oxfam Intermón, 2026, p. 32). En 2024, el reparto de dividendos en Europa alcanzó la asombrosa cifra de 387.600 millones de euros (p. 3), el doble del presupuesto de la UE.

  • Brechas de género persistentes: El poder sigue siendo un club mayoritariamente masculino: las mujeres ocupan solo el 10% de los puestos de alta dirección (Oxfam Intermón, 2026, p. 5). La brecha salarial de género se amplía en la cúspide, donde los CEO hombres ganan un 22,9% más que sus homólogas (p. 30).

  • Planeta en segundo plano: La presión por la rentabilidad a corto plazo frena la inversión necesaria para la transición ecológica. Los accionistas recibieron 32 veces más de lo que las empresas invirtieron en su transición verde (Oxfam Intermón, 2026, p. 41).

Este modelo, que Oxfam denomina «extractivo», no es un accidente, sino el resultado de decisiones políticas y empresariales que se pueden y se deben cambiar (Oxfam Intermón, 2026, p. 5).

Costa Rica: La Sede de una Economía Dual y Frágil

El espejo de esta crisis se refleja en Costa Rica. El país ha construido su modelo de desarrollo en torno a la atracción de inversión extranjera directa, a través de regímenes de incentivos fiscales que han sido motor de crecimiento durante décadas. Sin embargo, este éxito conlleva un costo estructural y reproduce dinámicas de desigualdad muy similares a las que Oxfam documenta en Europa.

1. Economía dual y fuga de riqueza. El modelo costarricense profundiza la dualización productiva: el sector exportador acogido a regímenes especiales crece aceleradamente, mientras el tejido empresarial local (que concentra la mayor parte del empleo) enfrenta condiciones desfavorables, con menos incentivos y mayor carga relativa. El valor agregado generado por las multinacionales tiende a fugarse vía repatriación de utilidades, regalías y pagos intragrupo. La riqueza que realmente permanece en el país es significativamente menor que el producto interno bruto, lo que limita la reinversión local y profundiza la dependencia del capital extranjero.

2. Presión estructural sobre los derechos laborales. El modelo de competitividad basado en atraer inversiones ejerce presión constante sobre el marco regulatorio laboral. Periódicamente surgen propuestas para flexibilizar jornadas, reducir costes patronales o limitar derechos adquiridos, presentadas como «modernización» o «competitividad». Estas iniciativas responden a intereses de sectores empresariales poderosos, especialmente vinculados a cadenas globales, que buscan maximizar productividad a bajo costo. El riesgo: precarización del empleo, aumento de la temporalidad y subcontratación, y profundización de brechas de género, ya que las mujeres se concentran en los segmentos más flexibles y peor remunerados.

3. Cadenas globales y poder corporativo asimétrico. Costa Rica se ha insertado exitosamente en cadenas globales de tecnología, servicios y agroindustria. Pero esta inserción coloca al país en vulnerabilidad: las decisiones sobre inversión, precios de transferencia y condiciones laborales se toman en las matrices, con escasa incidencia local. Las políticas de «abastecimiento responsable» de algunas multinacionales son voluntarias, inconsistentes y no siempre revierten en mejores condiciones para la fuerza laboral. Esta asimetría de poder (documentada por Oxfam en Europa) se reproduce con particular intensidad en economías periféricas como la costarricense.

4. Opacidad fiscal, debilidad regulatoria y captura de la política pública. En Costa Rica persiste una opacidad significativa en torno a las prácticas fiscales de las grandes empresas, especialmente las acogidas a incentivos. Falta de informes país por país, ausencia de divulgación sobre beneficios fiscales y debilidad en el control de precios de transferencia generan un entorno propicio para la elusión fiscal. Menor recaudación significa menos inversión en servicios públicos universales (educación, salud, infraestructura), trasladando la carga tributaria a las clases medias y a las pymes. A esto se suma una intensa actividad de lobby de los sectores empresariales más concentrados, que opera a través de cámaras con alta incidencia legislativa, participación en comisiones técnicas que diseñan reformas, y el fenómeno de las puertas giratorias: excargos públicos que pasan a puestos directivos en grandes corporaciones, una dinámica que Oxfam también documenta en Europa (Oxfam Intermón, 2026, p. 22).

5. Brechas de género y techo de cristal. El informe de Oxfam evidencia que el poder empresarial sigue siendo un club mayoritariamente masculino en Europa. Esta tendencia no es ajena a Costa Rica. En los niveles de alta dirección, la presencia femenina sigue siendo marginal, y las brechas salariales persisten, especialmente en sectores de alta productividad. Aunque existen marcos normativos que promueven la igualdad, su implementación efectiva es limitada, y la conciliación entre vida laboral y familiar sigue siendo un desafío estructural que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.

¿Qué nos dice este modelo?

1. Es un modelo sistémico y autorreforzante: Los mecanismos no operan de forma aislada. La concentración de poder permite influir en las normas y debilitar la regulación, lo que a su vez facilita la distribución desproporcionada de beneficios hacia la cúpula y los accionistas, alimentando una mayor concentración de poder. Este círculo vicioso se reproduce tanto en Europa como en Costa Rica.

2. Se basa en relaciones de poder asimétricas: La ausencia de contrapesos efectivos (sindicatos fuertes, consejos diversificados, regulaciones fiscales estrictas)permite que las élites empresariales dicten las reglas del juego. En Costa Rica, la debilidad de la institucionalidad laboral y la presión del sector empresarial organizado reflejan esta misma dinámica.

3. Produce externalidades negativas que pagan los más vulnerables

  • -Personas: salarios estancados, brechas de género y precarización.

  • -Planeta: degradación ambiental que afecta desproporcionadamente a comunidades rurales e indígenas.

  • -Estado: menor recaudación fiscal, que limita la inversión en educación, salud e infraestructura.

4. No es inevitable, es una decisión política: El informe de Oxfam (2026, p. 5) es enfático: «La desigualdad no es inevitable, es una decisión». La matriz muestra que cada mecanismo tiene alternativas viables:

  • -Remuneración limitada a 20:1.

  • -Divulgación pública de brechas y prácticas fiscales.

  • -Transición justa con inversión verde real.

  • -Cuotas de género y representación sindical en juntas directivas.

Dimensiones Estructurales y Mecanismos Empresariales del Modelo Extractivo
Dimensión EstructuralMecanismo Empresarial (¿Cómo opera?)
Remuneración y Distribución del Valor• La cúpula directiva fija sus propias remuneraciones vinculadas al valor bursátil, no al desempeño social o ambiental.
• Los beneficios se destinan prioritariamente a dividendos y recompras de acciones (70% promedio), incluso cuando hay pérdidas.
• Los salarios del conjunto de la plantilla crecen muy por debajo de la inflación y de la productividad.
Gobernanza y Toma de Decisiones• Consejos de administración y equipos directivos homogéneos (mayoritariamente hombres, sin representación laboral).
• Escasa o nula participación de trabajadores en órganos de decisión.
• Los criterios de «independencia» en consejos son débiles y permiten puertas giratorias y redes de intereses cruzados.
Influencia Política y Captura Regulatoria• Uso de recursos económicos para cabildeo, donaciones a partidos y acceso privilegiado a responsables políticos.
• Contratación de excargos públicos que diseñan normativas favorables a sus antiguos empleadores.
• Participación activa en procesos de «simplificación» normativa que diluyen derechos laborales y ambientales.
Relaciones Laborales y Derechos en la Cadena de Valor• Promoción de modalidades atípicas de empleo (subcontratación, temporalidad, tiempo parcial involuntario).
• Debilitamiento activo o pasivo de la negociación colectiva y la libertad sindical.
• Externalización de funciones para eludir responsabilidades laborales y reducir costes.
Transparencia y Rendición de Cuentas• Opacidad en información clave: brechas salariales, prácticas fiscales, emisiones y gastos políticos.
• Informes de sostenibilidad genéricos, sin datos desagregados ni verificables.
• Resistencia a estándares obligatorios de divulgación (como informes país por país).
Huella Ambiental y Transición Justa• Inversión en transición ecológica muy inferior al reparto a accionistas.
• Planes climáticos sin metas de reducción absoluta ni hoja de ruta verificable.
• Ausencia de planes de transición justa que contemplen recapacitación y protección de empleos vulnerables.
Relaciones con el Estado y Régimen Fiscal• Utilización de guaridas fiscales y estructuras de precios de transferencia para minimizar la carga tributaria.
• Negociación de beneficios fiscales y subvenciones sin contraprestaciones vinculantes.
• Presión para que el Estado asuma costes de formación, infraestructura y externalidades ambientales.
Recomendaciones del informe
EjeRecomendación
LegislativoAprobar una ley de transparencia salarial que obligue a empresas a publicar brechas por género, cuartil y país (en línea con la Directiva UE 2023/970).
FiscalExigir informes país por país a todas las multinacionales que operan en zona franca, como condición para mantener los incentivos.
LaboralFortalecer la negociación colectiva y establecer representación de trabajadores en juntas directivas de empresas.
GéneroImpulsar una ley de cuotas en consejos de administración (40% del sexo menos representado) para empresas que reciben incentivos estatales.
AmbientalCondicionar los beneficios fiscales a la presentación de un plan de transición justa y a la inversión verde mínima (25% del capex).
TransparenciaCrear un registro público de actividades de lobby y gastos de influencia política de las empresas.

Un Futuro en Juego

El informe de Oxfam es una hoja de ruta. Señala que la desigualdad no es inevitable, sino el resultado de elecciones concretas. Propone medidas como establecer una proporción máxima de 20 a 1 entre el salario del CEO y el salario mediano de la empresa, limitar el reparto de dividendos hasta garantizar salarios dignos e inversión verde, y aplicar cuotas para garantizar la representación femenina en puestos de liderazgo (Oxfam Intermón, 2026, p. 5).

Para Costa Rica, la reflexión es clara: el modelo de desarrollo basado en una doble economía, que privilegia al capital extranjero y debilita los derechos laborales en nombre de la competitividad, está profundizando las desigualdades que el informe de Oxfam denuncia a escala global (Oxfam Intermón, 2026, p. 8). La gran pregunta que debemos hacernos como sociedad es si queremos seguir siendo un eslabón en una cadena global que concentra riqueza en pocas manos, o si aspiramos a construir un desarrollo más inclusivo y sostenible que ponga a las personas y al planeta en el centro.

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Festival del Felino: cuando una comunidad se encuentra para aprender, conservar y celebrar su territorio

¿Qué se necesita para organizar un festival comunitario? ¿Qué aprendizajes deja una iniciativa construida desde el compromiso colectivo? ¿Cómo fortalece una comunidad su relación con la naturaleza a través del encuentro?

Este video reúne las voces de personas organizadoras, participantes y habitantes de Piedades Sur de San Ramón para reflexionar sobre el significado del Festival del Felino, una iniciativa que trasciende la realización de una feria y se convierte en un espacio de educación, intercambio de saberes y construcción comunitaria.

Estas personas nos dan a conocer el trabajo que hay detrás de la organización de este tipo de actividades: meses de planificación, articulación entre organizaciones, voluntariado y una convicción compartida de que la conservación también se construye fortaleciendo los vínculos entre las personas.

El recorrido también invita a comprender la estrecha relación entre Piedades Sur y los felinos silvestres que habitan sus bosques. Lejos de ser únicamente un símbolo de la biodiversidad, estos animales forman parte de la historia, la identidad y los desafíos cotidianos de un territorio que busca promover formas de convivencia respetuosas con la vida silvestre.

A lo largo del video emerge una idea común: los festivales comunitarios son mucho más que eventos. Son espacios donde circulan conocimientos, se fortalecen redes de colaboración, se reconoce el trabajo de quienes cuidan el territorio y se inspira a nuevas generaciones a asumir un papel activo en la protección de la naturaleza.

En tiempos en que los desafíos ambientales requieren respuestas colectivas, experiencias como el Festival del Felino recuerdan que la conservación no depende únicamente de políticas públicas o proyectos técnicos. También nace del encuentro entre personas, del diálogo de saberes y de la capacidad de una comunidad para organizarse alrededor de aquello que considera valioso.

Le invitamos a conocer estas historias y a descubrir por qué, en Piedades Sur, celebrar a los felinos silvestres también significa celebrar la organización comunitaria y el compromiso con el territorio.