25/03/2023 - El historiador Carlo Ginzburg, retratado en su casa en Bolonia (Italia) ©Jacobo Medrano    ----PIEFOTO----

Carlo Ginzburg y las huellas del poder: pistas para pensar los bienes comunes desde abajo

La muerte de Carlo Ginzburg (1939-2026) marca la partida de una de las figuras más influyentes de la historiografía contemporánea. Sin embargo, su legado permanece vivo en las preguntas que nos dejó, en las herramientas que desarrolló y en la invitación permanente a observar el mundo desde lugares que suelen permanecer fuera del foco de las grandes explicaciones.

Para quienes trabajamos en torno a los bienes comunes, los conflictos socioambientales, la educación popular y la construcción de alternativas al pensamiento dominante, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo claves fundamentales. No porque hablara directamente sobre privatización del agua, extractivismo o defensa territorial, sino porque nos enseñó a mirar aquello que los relatos oficiales suelen ignorar.

En tiempos donde abundan las interpretaciones construidas desde los grandes centros políticos, económicos y mediáticos, Carlo Ginzburg nos recordó que la comprensión de la realidad también exige escuchar las voces de quienes habitan los márgenes, seguir las huellas aparentemente insignificantes del poder y reconocer que las personas comunes producen conocimientos indispensables para comprender el mundo.

Una historia que desafió a los gigantes

Durante buena parte del siglo XX, la historiografía estuvo dominada por grandes relatos que buscaban explicar procesos de larga duración, estructuras económicas, sistemas políticos y transformaciones sociales a gran escala.

Ginzburg no rechazó la importancia de estas perspectivas, pero decidió formular una pregunta distinta: ¿qué ocurre cuando observamos la historia desde abajo?

Su obra más conocida, El queso y los gusanos, reconstruyó el universo intelectual de Menocchio, un molinero del siglo XVI perseguido por la Inquisición. Lo que para muchos habría sido apenas una nota marginal en un archivo judicial, para Ginzburg se convirtió en una ventana para comprender relaciones complejas entre cultura popular, religión, poder y conocimiento.

La apuesta era profundamente democrática: mostrar que las personas consideradas insignificantes por la historia oficial también piensan, interpretan, crean sentidos y producen explicaciones sobre la realidad.

Esta enseñanza resulta especialmente relevante para quienes hoy defienden los bienes comunes.

Con demasiada frecuencia, los conflictos territoriales son interpretados exclusivamente desde oficinas gubernamentales, consultorías técnicas, organismos internacionales o centros académicos. Sin embargo, las comunidades poseen conocimientos construidos a partir de la experiencia cotidiana de habitar y cuidar los territorios.

La pregunta que Ginzburg nos ayuda a formular sigue siendo incómoda y necesaria: ¿Quién tiene derecho a producir conocimiento sobre la realidad?

Los bienes comunes también producen conocimiento

Uno de los problemas más frecuentes en los conflictos socioambientales es la jerarquización de los saberes.

Se suele presentar el conocimiento técnico como la única forma legítima de interpretar un territorio, mientras que los conocimientos comunitarios son reducidos a opiniones, percepciones o experiencias subjetivas.

La obra de Ginzburg cuestiona esta forma de entender el conocimiento.

Su trabajo mostró que las personas comunes elaboran interpretaciones complejas sobre el mundo y que estos saberes merecen ser tomados en serio.

Para quienes trabajan en la defensa de los bienes comunes, esta reflexión resulta especialmente importante.

Las comunidades conocen los ciclos del agua, las transformaciones de los ecosistemas, las dinámicas de los bosques, los cambios en los suelos o las alteraciones en las pesquerías porque forman parte de su experiencia cotidiana.

Defender los bienes comunes implica también defender la legitimidad de esos conocimientos.

Carlo Ginzburg y la antigeopolítica: cambiar la escala para comprender el poder

Uno de los aportes más sugerentes de Ginzburg consiste en cuestionar la idea de que los grandes procesos históricos solo pueden comprenderse observando a los grandes actores.

Frente a las miradas que privilegian los imperios, los Estados, las corporaciones o los mercados globales, propuso reducir la escala de observación para descubrir elementos que desaparecen en las visiones panorámicas.

Esta perspectiva dialoga profundamente con la antigeopolítica.

Mientras la geopolítica clásica suele preguntarse qué hacen las potencias, los gobiernos o las élites, la antigeopolítica busca comprender cómo las personas y comunidades viven, resisten y reinterpretan las consecuencias de esas decisiones.

No se trata de abandonar las explicaciones globales.

Se trata de reconocer que ninguna visión de conjunto es suficiente por sí sola. Ginzburg recupera una reflexión de Siegfried Kracauer según la cual existe una tensión permanente entre las miradas macro y micro. La observación distante permite reconocer patrones generales; la observación cercana revela aspectos que desaparecen en las explicaciones amplias.

Para quienes estudian bienes comunes, esta enseñanza resulta fundamental. Las dinámicas globales de mercantilización de la naturaleza, financiarización de la vida o expansión extractiva solo pueden comprenderse plenamente cuando se observan sus manifestaciones concretas en una comunidad, una cuenca, un humedal, una playa o un bosque.

Una naciente privatizada, un humedal rellenado o una comunidad desplazada pueden parecer acontecimientos locales. Sin embargo, también son expresiones de procesos globales mucho más amplios.

El paradigma indiciario: aprender a leer las huellas del poder

Entre los aportes más conocidos de Ginzburg se encuentra el llamado paradigma indiciario.

Se trata de una forma de conocimiento basada en la lectura de rastros, señales, huellas y detalles que, a primera vista, pueden parecer insignificantes. Para Ginzburg, aquello que parece pequeño puede revelar estructuras mucho más profundas.

Esta propuesta resulta especialmente valiosa para quienes trabajan en conflictos socioambientales. Muchas veces los procesos de despojo no comienzan con anuncios espectaculares.

Empiezan con señales discretas:

  • -una tala selectiva;
  • -una naciente cercada;
  • -una modificación normativa;
  • -un permiso administrativo aparentemente rutinario;
  • -un cambio menor en un plan regulador;
  • -una concesión otorgada sin mayor debate público.

Quienes defienden los bienes comunes suelen aprender a reconocer estas señales mucho antes de que los impactos se vuelvan visibles para el resto de la sociedad.

Pistas de Carlo Ginzburg para problematizar los bienes comunes

Más que respuestas cerradas, Ginzburg nos dejó herramientas para formular preguntas críticas.

1. Preguntarnos quién produce el conocimiento: Ginzburg cuestionó las perspectivas que reducían a las personas a simples categorías estadísticas o funciones dentro de estructuras abstractas.

Esto nos invita a preguntarnos:

  • ¿Quién define qué es desarrollo?
  • ¿Quién decide qué constituye un daño ambiental?
  • ¿Quién tiene autoridad para interpretar un territorio?
  • ¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son excluidos?

2. Buscar las huellas del poder: El poder rara vez aparece de forma transparente.

Generalmente deja rastros.

Esos rastros pueden encontrarse en expedientes administrativos, permisos, reglamentos, concesiones, estudios técnicos o discursos institucionales.

La pregunta crítica consiste en identificar qué relaciones de poder se esconden detrás de esos documentos aparentemente neutrales.

3. Desconfiar de las explicaciones inevitables: Ginzburg fue crítico de las interpretaciones teleológicas de la historia, aquellas que presentan los acontecimientos como si avanzaran inevitablemente hacia un destino predeterminado.

Esto resulta especialmente útil cuando determinados proyectos se presentan como inevitables en nombre del progreso, la modernización o el crecimiento económico.

Toda propuesta de desarrollo merece ser interrogada.

4. Observar las anomalías: Mientras algunos enfoques descartan los casos excepcionales por considerarlos irrelevantes, Ginzburg defendió la importancia analítica de aquello que rompe la norma.

Las resistencias comunitarias, los conflictos locales o las experiencias aparentemente marginales pueden revelar contradicciones profundas de un modelo de desarrollo.

5. Reconocer que la documentación nunca es neutral: Ginzburg insistió en que toda documentación está atravesada por relaciones de poder y por desigualdades en la capacidad de producir registros históricos.

Por eso, frente a cualquier expediente, estudio o informe, conviene preguntarse:

  • ¿Quién escribió este documento?
  • ¿Quién quedó fuera?
  • ¿Qué voces fueron silenciadas?
  • ¿Qué experiencias no aparecen registradas?

6. Aprender a movernos entre escalas: Quizá una de las enseñanzas más vigentes de Ginzburg sea la necesidad de combinar distintas escalas de análisis.

Necesitamos comprender las dinámicas globales, pero también prestar atención a los detalles.

Necesitamos analizar los mercados internacionales, pero también escuchar las historias de quienes viven en los territorios afectados.

Necesitamos estudiar las estrategias de los Estados, pero también las experiencias cotidianas de las comunidades.

Como señalaba Ginzburg al dialogar con Kracauer, ninguna escala de observación puede reclamar por sí sola una comprensión total de la realidad.

Un legado para quienes defienden lo común

La vigencia de Carlo Ginzburg radica precisamente en su capacidad para enseñarnos a mirar de otra manera.

Su obra nos recuerda que las grandes transformaciones históricas pueden descubrirse en detalles aparentemente insignificantes; que las voces marginadas tienen mucho que enseñarnos; que el conocimiento es siempre un terreno de disputa; y que comprender el poder exige aprender a leer las huellas que deja en la vida cotidiana.

En tiempos marcados por la mercantilización de la naturaleza, la expansión de nuevas formas de despojo y la concentración creciente del poder económico y político, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo herramientas para fortalecer una mirada crítica sobre nuestro presente.

Honrar su legado no consiste únicamente en volver a leer sus libros.

Consiste en seguir ejercitando esa mirada atenta, curiosa y rigurosa que él cultivó durante toda su vida: una mirada capaz de encontrar, en los pequeños indicios de los territorios, las claves para comprender las grandes transformaciones de nuestro tiempo y para fortalecer la defensa de los bienes comunes.

Para seguir leyendo: Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella

En este texto, Carlo Ginzburg ofrece una reflexión sobre los orígenes, debates y alcances de la microhistoria, una corriente historiográfica que contribuyó a transformar la manera de comprender el pasado. Más que una defensa metodológica, el ensayo constituye una crítica a las miradas que reducen la realidad a grandes estructuras o explicaciones homogéneas, reivindicando la importancia de las experiencias concretas, los casos singulares y los detalles aparentemente insignificantes.

A lo largo del texto, Ginzburg discute temas que siguen siendo profundamente actuales: la relación entre las miradas macro y micro de la realidad, las limitaciones de las explicaciones centradas exclusivamente en grandes procesos históricos, el valor de los indicios como herramientas de conocimiento y la necesidad de reconocer que toda documentación está atravesada por relaciones de poder.

La lectura permite comprender mejor el origen del llamado paradigma indiciario y ofrece valiosas pistas para quienes buscan analizar críticamente los conflictos sociales, ambientales y territoriales desde perspectivas que recuperan las voces y experiencias de quienes suelen quedar fuera de las narrativas dominantes.

Más allá de la historia, se trata de una invitación a cambiar la escala de observación para descubrir dimensiones de la realidad que frecuentemente pasan desapercibidas.

Le invitamos a descargar y leer este texto para profundizar en una de las contribuciones de Carlo Ginzburg al pensamiento crítico.

Crédito imágenes: Cabecera El País. 

Pieter Brueghel – Los mendigos

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La rentabilidad política de sentirse perseguido: terrorismo de Estado y disputa por el sentido común

Antes de continuar, quizá corresponda ofrecer una disculpa a las víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe. A quienes padecieron persecución política, desapariciones forzadas, torturas, exilios y asesinatos cometidos desde estructuras estatales. En Costa Rica, el concepto parece haber iniciado una nueva etapa de flexibilización semántica: ya no necesariamente describe regímenes que sembraron terror para controlar a la población, sino también resoluciones electorales, desacuerdos institucionales y sentencias que pueden ser apeladas ante los tribunales. Las palabras, al parecer, también sufren procesos de inflación.

«Estamos frente al acto más cobarde de terrorismo de Estado».

La afirmación fue realizada por el consejero de la presidencia de la República, el señor Fabian Silva durante una conferencia de prensa convocada para cuestionar una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con el uso de mensajes religiosos en la campaña electoral de 2026. Más allá de la controversia jurídica que rodea el caso, la expresión utilizada merece una reflexión propia. No tanto por lo que dice acerca de la resolución del tribunal, sino por lo que revela acerca de las formas contemporáneas de construir sentido político.

¿Por qué recurrir precisamente al concepto de terrorismo de Estado? ¿Qué efectos produce esa elección lingüística? ¿Qué tipo de realidad se busca construir cuando un conflicto institucional es presentado mediante categorías asociadas históricamente a experiencias de violencia extrema?

Las palabras nunca son simples vehículos para transmitir información. También son herramientas mediante las cuales se organizan percepciones, se producen identidades colectivas y se establecen marcos de interpretación sobre aquello que ocurre en la vida pública. En política, nombrar es una forma de actuar.

El poder de las palabras extraordinarias

No todas las palabras poseen la misma capacidad de movilización. Existen conceptos que arrastran consigo una enorme carga histórica y emocional. Terrorismo es uno de ellos.

La palabra remite inmediatamente a situaciones de miedo, amenaza, violencia y vulneración de derechos. No se trata únicamente de una categoría descriptiva; se trata también de una categoría moral. Cuando algo es nombrado como terrorismo deja de ser percibido como un desacuerdo ordinario y pasa a ser interpretado como una agresión grave que exige una respuesta urgente.

Algo similar ocurre con términos como dictadura, persecución, censura o totalitarismo. Su fuerza política no proviene únicamente de su significado conceptual, sino de las memorias históricas que activan y de las emociones que convocan.

Por esta razón, la elección de estas palabras nunca resulta inocente. Quien logra instalar una determinada denominación no solamente describe un acontecimiento: también orienta la manera en que ese acontecimiento será interpretado socialmente. La disputa política es, en buena medida, una disputa por la capacidad de nombrar la realidad.

De la controversia jurídica a la narrativa de persecución

El conflicto que dio origen a esta discusión gira alrededor de una resolución del TSE sobre propaganda electoral vinculada a motivos religiosos. Sin embargo, al introducir la expresión terrorismo de Estado, la naturaleza del conflicto cambia significativamente.

La atención deja de centrarse en la interpretación de normas constitucionales, en los alcances del artículo 28 o en los límites entre libertad religiosa y regulación electoral. La discusión es desplazada hacia otro terreno: el de la persecución.

-Ya no se habla únicamente de una resolución cuestionable. Se habla de una agresión.

-Ya no se habla únicamente de una institución pública que adopta una decisión. Se habla de un aparato estatal que actúa contra un grupo específico.

-Ya no se habla únicamente de una controversia legal. Se habla de una amenaza existencial contra una comunidad.

Este desplazamiento resulta fundamental porque transforma el marco desde el cual se interpreta el acontecimiento. Lo que antes podía aparecer como una disputa jurídica pasa a ser comprendido como una confrontación entre víctimas y perseguidores.

La política de la victimización

Uno de los fenómenos más visibles en numerosos escenarios políticos contemporáneos consiste en la creciente centralidad de las narrativas de agravio.

Actores con capacidad de influencia institucional, presencia mediática y representación política recurren cada vez más a discursos que los presentan como sectores perseguidos, silenciados o excluidos por élites, instituciones o grupos de poder.

La eficacia de estas narrativas radica en que permiten construir fuertes vínculos de identificación colectiva. Cuando un grupo se percibe a sí mismo como víctima de una agresión externa, las diferencias internas tienden a disminuir y la cohesión política suele fortalecerse.

En este contexto, conceptos como persecución, censura o terrorismo adquieren una función estratégica. No solamente describen una situación; contribuyen a producir una comunidad emocional articulada alrededor de la experiencia compartida del agravio.

La pregunta relevante no es únicamente si existe o no una vulneración de derechos. También es necesario preguntarse cómo se construye discursivamente esa vulneración y qué efectos políticos genera esa construcción.

La apropiación de memorias históricas

La utilización del concepto terrorismo de Estado posee además una dimensión particularmente significativa.

Históricamente, esta expresión fue empleada para describir formas sistemáticas de violencia ejercidas desde estructuras estatales contra sectores de la población. En América Latina, el término quedó profundamente asociado a experiencias de desaparición forzada, tortura, persecución política, encarcelamiento arbitrario y eliminación física de opositores.

Por esa razón, cuando la expresión reaparece en debates contemporáneos, no lo hace desprovista de historia. Llega acompañada de una memoria colectiva acumulada durante décadas.

Utilizar esa categoría para interpretar conflictos actuales supone trasladar parte de esa carga simbólica hacia nuevos escenarios políticos. La operación no consiste únicamente en describir una situación presente; consiste también en establecer analogías, activar recuerdos y generar asociaciones emocionales capaces de reforzar una determinada lectura de los acontecimientos.

La disputa política contemporánea se libra también en este terreno: el de la apropiación y resignificación de conceptos históricamente cargados de sentido.

¿Quién tiene el poder de definir la realidad?

En el fondo, la controversia no gira solamente alrededor de una resolución electoral. Tampoco se limita a una discusión sobre religión y política.

Lo que aparece en juego es una cuestión más profunda: quién tiene la capacidad de definir el significado de los acontecimientos que atraviesan una sociedad.

-¿Se trata de una medida destinada a proteger la autonomía del sufragio?

-¿Se trata de una limitación indebida a la libertad religiosa?

-¿Se trata de una forma de persecución política?

Las respuestas no dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los marcos interpretativos mediante los cuales esos hechos son comprendidos.

Por eso las disputas políticas contemporáneas se desarrollan simultáneamente en múltiples niveles: en los tribunales, en los parlamentos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el lenguaje mismo.

La batalla por el sentido de las palabras

La discusión suscitada por las declaraciones contra el TSE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que suele pasar desapercibido: las palabras son también un terreno de disputa política.

Nombrar una situación como regulación, censura, persecución o terrorismo no constituye un acto neutral. Cada una de esas denominaciones organiza la realidad de manera distinta, distribuye responsabilidades diferentes y produce efectos políticos específicos.

Por eso vale la pena preguntarse no solamente si una determinada palabra es correcta o incorrecta, sino también qué hace esa palabra en el debate público, qué emociones moviliza, qué actores legitima y qué formas de comprender la realidad contribuye a consolidar.

Al final, las luchas políticas no se desarrollan únicamente alrededor de instituciones, leyes o recursos materiales. También se desarrollan alrededor de algo aparentemente más simple, pero igualmente decisivo: la capacidad de definir qué significan las palabras con las que una sociedad se piensa a sí misma.

Mantener viva la controversia

Quizás el objetivo principal de declaraciones como estas no sea ganar una discusión jurídica. Tampoco necesariamente convencer a quienes piensan distinto. Su eficacia política puede encontrarse en otro lugar.

En numerosos contextos contemporáneos, la comunicación política ha dejado de orientarse principalmente hacia la búsqueda de consensos. En cambio, tiende a privilegiar la producción permanente de controversias, agravios y conflictos capaces de mantener movilizada a una base social específica. La disputa deja de girar alrededor de soluciones concretas y pasa a organizarse alrededor de emociones como la indignación, el miedo, la sensación de amenaza o la percepción de estar siendo injustamente atacados.

En este marco, la victimización cumple una función política central. Un movimiento que logra presentarse como perseguido puede fortalecer la cohesión interna de sus seguidores, justificar nuevas movilizaciones, deslegitimar instituciones que limitan sus acciones y transformar cualquier cuestionamiento en una prueba adicional de la supuesta persecución que denuncia.

La lógica es circular pero eficaz: si una institución sanciona, confirma la narrativa de persecución; si no sanciona, se interpreta como una victoria frente a quienes pretendían silenciar al movimiento. En ambos casos, el conflicto permanece abierto y continúa alimentando la identidad política del grupo.

Por eso, más que analizar únicamente la veracidad de ciertas afirmaciones, resulta importante observar los efectos que producen. ¿Contribuyen a comprender mejor los problemas públicos? ¿Favorecen la deliberación democrática? ¿O desplazan la atención hacia conflictos simbólicos que consumen buena parte de la conversación pública?

La pregunta adquiere especial relevancia en tiempos donde la política parece depender cada vez más de la capacidad para mantener encendida la indignación. Porque cuando el conflicto se convierte en un recurso político permanente, la controversia deja de ser un problema que debe resolverse y pasa a convertirse en un activo que conviene administrar, reproducir y prolongar.

No nos olvidamos: cuando el miedo sí tenía memorando

La discusión actual también invita a mirar hacia atrás.

Costa Rica ya ha vivido momentos en los que amplios sectores de la sociedad cuestionaron el papel de instituciones estatales durante procesos políticos de alta intensidad. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la campaña del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007.

En aquel contexto salió a la luz pública el denominado «Memorando del Miedo», un documento elaborado por altos funcionarios del gobierno que proponía utilizar el temor como herramienta de comunicación política para influir en la ciudadanía. El texto sugería advertir sobre posibles pérdidas de empleo, afectaciones económicas y consecuencias negativas para el país en caso de que triunfara la opción contraria al tratado.

La filtración generó una fuerte polémica porque revelaba de forma explícita una estrategia orientada a movilizar apoyos mediante la construcción de escenarios de amenaza e incertidumbre.

Durante aquellos meses, diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores estudiantiles y espacios ciudadanos denunciaron además una serie de desequilibrios en la campaña, cuestionando la participación de actores gubernamentales y el tratamiento otorgado por las instituciones electorales a distintas denuncias presentadas durante el proceso.

No se trata de afirmar que ambas coyunturas sean equivalentes. No lo son. Tampoco de establecer una competencia para determinar cuál conflicto fue más grave.

La pregunta es otra.

Resulta llamativo que el concepto de «terrorismo de Estado» aparezca hoy para describir una resolución electoral que puede ser discutida, apelada y cuestionada públicamente, mientras que durante uno de los procesos políticos más polarizados de la historia reciente del país —marcado por denuncias de uso del miedo como herramienta política desde las más altas esferas del poder— esa expresión prácticamente no ocupó un lugar central en el debate público.

La observación no busca resolver la controversia actual. Busca recordar algo más elemental: las palabras tienen historia. Y quizás una de las preguntas más incómodas para cualquier actor político sea por qué determinados conceptos aparecen con fuerza en unas coyunturas y desaparecen en otras. Qué acontecimientos merecen ser nombrados como abusos de poder y cuáles no. Qué memorias se activan y cuáles se silencian.

Porque la disputa por el significado de las palabras también es una disputa por aquello que una sociedad decide recordar.

¿Cómo analizar campañas políticas basadas en la victimización y el conflicto permanente?
Aspecto a observarPreguntas para el análisis críticoSeñales de alerta
Uso del lenguaje¿Qué palabras se utilizan para describir el conflicto? ¿Son proporcionales a los hechos que se denuncian?Uso recurrente de términos extremos como «terrorismo», «dictadura», «persecución», «censura», «enemigos del pueblo» o «ataque a la libertad».
Construcción de víctimas¿Quién aparece como víctima en el relato? ¿Qué poder político, económico o mediático posee realmente ese actor?Actores con amplios recursos y capacidad de influencia se presentan exclusivamente como sectores indefensos o perseguidos.
Construcción de enemigos¿Quién es señalado como responsable de los problemas? ¿Se trata de personas concretas o de categorías amplias y difusas?Aparición de enemigos abstractos como «los progres», «las élites», «los globalistas», «los comunistas», «los ateos», «la prensa» o «el sistema».
Relación con los hechos¿Las afirmaciones se apoyan en evidencia verificable o principalmente en interpretaciones emocionales?Predominio de sentimientos, sospechas o percepciones sobre datos verificables.
Escala del conflicto¿El conflicto descrito corresponde a la magnitud de los hechos?Un desacuerdo institucional es presentado como una amenaza existencial para la democracia, la religión, la familia o la nación.
Uso del miedo¿Qué temores se activan? ¿Qué escenarios negativos se presentan?Predicciones catastróficas, amenazas inminentes o escenarios extremos sin evidencia suficiente.
Papel de las instituciones¿Las instituciones son criticadas por decisiones concretas o se cuestiona su legitimidad misma?Descalificación generalizada de tribunales, universidades, medios de comunicación o autoridades electorales.
Posibilidad de diálogo¿Se reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto?Los adversarios son retratados como enemigos morales, traidores o amenazas para la sociedad.
Beneficios políticos¿Quién gana políticamente si el conflicto se mantiene abierto?La controversia fortalece la cohesión interna de una base política o religiosa.
Memoria histórica¿Se utilizan conceptos con una fuerte carga histórica? ¿Cómo se comparan con los hechos actuales?Uso de categorías asociadas a guerras, dictaduras, genocidios o terrorismo para describir situaciones muy distintas.
Resultado esperado¿La campaña busca resolver un problema o mantener viva la indignación?El conflicto parece más importante que las posibles soluciones.
Efectos democráticos¿La comunicación amplía el debate público o reduce la complejidad de los problemas?Polarización creciente, simplificación extrema y debilitamiento de la deliberación pública.

Cuando una campaña política insiste constantemente en que existe una persecución, una conspiración o una amenaza permanente, vale la pena preguntarse:

¿Estamos frente a un problema que necesita ser resuelto o frente a un conflicto que resulta útil mantener vivo?

Referencias

Corral Corral, María de Jesús. (2008). Poder mediático y comunicación dialógica, simétrica y libre en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (47), 117–136. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2008.47.57401

Holzmann, Guillermo. (2011). Comunicación política y calidad democrática en América Latina. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (33), 109–141. https://doi.org/10.18682/cdc.vi33.1714

Madrigal, Luis Madrigal (2026, 17 de junio). Chavismo cierra filas con evangélicos y acusa al TSE de «terrorismo de Estado». Delfino.cr.

Crédito imágenes:  Imagen de cabecera Delfino.cr y cuerpo del artículo Pexels.

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La batalla por el sentido común: educación, neofascismo y disputa cultural en tiempos de incertidumbre

Una pregunta incómoda

Cuando se habla del ascenso de figuras como Javier Milei, Jair Bolsonaro o Donald Trump, las explicaciones suelen centrarse en la economía, las campañas electorales o las redes sociales. Sin embargo, una pregunta menos frecuente resulta fundamental para comprender el momento histórico actual: ¿cómo lograron estas fuerzas construir legitimidad social para propuestas que cuestionan derechos, promueven discursos de odio y erosionan instituciones democráticas?

El libro El proyecto político-pedagógico del neofascismo, de Cinthia Wanschelbaum, propone una respuesta provocadora: estas fuerzas no solo gobiernan o hacen política; también educan. Lo hacen fuera de las aulas, mediante discursos, medios de comunicación, redes sociales, think tanks, iglesias y espacios de formación ideológica que buscan moldear formas de interpretar la realidad.

Desde esta perspectiva, el neofascismo contemporáneo no debe entenderse únicamente como un proyecto económico o electoral. También constituye un proyecto pedagógico orientado a producir nuevas subjetividades y a disputar el sentido común de nuestras sociedades.

La educación más allá de la escuela

Uno de los aportes más sugerentes del libro es ampliar la comprensión de la educación. Durante mucho tiempo se pensó que la educación ocurría principalmente en las escuelas, colegios y universidades. Sin embargo, las disputas por las ideas siempre han trascendido las instituciones educativas. Los medios de comunicación, las plataformas digitales, los espacios religiosos, las producciones culturales y los liderazgos políticos también enseñan.

Cada discurso público transmite una determinada visión del mundo. Cada explicación sobre quiénes son los responsables de los problemas sociales educa políticamente. Cada interpretación sobre la pobreza, la desigualdad, la migración, la seguridad o el papel del Estado contribuye a formar una determinada manera de comprender la realidad.

Por eso la autora sostiene que la llamada «batalla cultural» es también una batalla pedagógica. Su objetivo no es simplemente convencer a las personas de votar por una opción política, sino producir una forma específica de entender la sociedad.

¿Cómo educa el neofascismo?

Según el análisis desarrollado en el libro, las nuevas derechas han construido un conjunto de estrategias orientadas a producir consenso social.

Entre ellas destacan la creación de enemigos permanentes, la difusión de teorías conspirativas, el ataque sistemático a las instituciones públicas, la exaltación del individualismo y la defensa del mercado como principio organizador de toda la vida social.

En este marco, problemas complejos son reducidos a explicaciones simples. La crisis económica deja de ser resultado de estructuras históricas y pasa a ser culpa de grupos específicos. Las desigualdades desaparecen del análisis y son reemplazadas por narrativas centradas exclusivamente en el mérito individual. Los derechos sociales son presentados como privilegios y la acción colectiva es sustituida por la competencia permanente.

Se trata de una pedagogía que busca transformar no solo las opiniones de las personas, sino también sus emociones. El miedo, la frustración, el resentimiento y la incertidumbre se convierten en recursos políticos fundamentales.

El neofascismo no surge de la nada

El texto evita explicaciones simplistas. El crecimiento de estas fuerzas no puede comprenderse únicamente como producto de la manipulación mediática o de la ignorancia ciudadana. Tampoco puede explicarse recurriendo a la idea de que millones de personas simplemente «se equivocaron».

Las nuevas derechas logran conectar con problemas reales. Lo hacen en un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, la precarización de la vida, la pérdida de confianza en las instituciones y la incapacidad de muchos sistemas políticos para responder a las necesidades cotidianas de la población.

En este sentido, el libro plantea una tesis relevante: el ascenso del neofascismo debe entenderse como parte de una crisis más amplia de legitimidad del orden neoliberal y de las democracias liberales contemporáneas.

La pregunta deja entonces de ser únicamente por qué crecen estas fuerzas, para convertirse también en una interrogante sobre las limitaciones de los proyectos que no lograron responder a las expectativas de amplios sectores sociales.

Las tensiones presentes

Precisamente porque se trata de intervenir en debates urgentes, algunas de sus afirmaciones invitan a la discusión.

La primera tiene que ver con el propio concepto de neofascismo. ¿Hasta qué punto esta categoría permite comprender fenómenos diversos que emergen en contextos nacionales muy distintos? ¿Existen suficientes elementos comunes para agrupar experiencias tan heterogéneas bajo una misma etiqueta?

Una segunda tensión se relaciona con la interpretación de los apoyos sociales que reciben estas fuerzas. Si bien el libro muestra con claridad las estrategias de construcción de hegemonía, queda abierta la pregunta sobre cómo comprender la compleja relación entre consentimiento, descontento social y agencia política de quienes apoyan estos proyectos.

Finalmente, nos invita a reflexionar sobre los límites de las respuestas progresistas. Si el neofascismo ha logrado disputar exitosamente el terreno cultural, ¿qué vacíos políticos, organizativos y pedagógicos hicieron posible esa expansión?

Una disputa que también es educativa

Quizás la principal enseñanza del libro sea recordarnos que las luchas políticas son también luchas pedagógicas.

Toda sociedad educa. La pregunta es quién educa, para qué educa y desde qué valores se realiza esa tarea.

Mientras algunos proyectos promueven la competencia, el individualismo y la mercantilización de la vida, otros buscan fortalecer la cooperación, la solidaridad y la construcción colectiva de soluciones comunes.

Por ello, la discusión sobre educación no puede reducirse a programas escolares o reformas curriculares. También involucra las formas en que aprendemos a convivir, a interpretar los conflictos sociales y a imaginar futuros posibles.

¿Qué tiene que ver esto con los bienes comunes?

Gran parte de los discursos neofascistas contemporáneos descansan sobre una visión profundamente individualista de la sociedad. En ella, los problemas colectivos son convertidos en responsabilidades individuales y las soluciones comunes son sustituidas por mecanismos de mercado.

La defensa de los bienes comunes supone exactamente lo contrario: reconocer que existen problemas que no pueden resolverse desde la competencia, sino desde la cooperación; que la vida depende de relaciones de interdependencia; y que la democracia requiere capacidades colectivas para deliberar, organizarse y cuidar aquello que es compartido.

Por eso la disputa actual no es únicamente económica o institucional. También es una disputa pedagógica sobre cómo entendemos la libertad, la comunidad, la democracia y la vida en común.

¿Está llegando esta batalla cultural a nuestros territorios?

Pensar el proyecto político-pedagógico del neofascismo no implica trasladar mecánicamente las experiencias de Argentina, Brasil o Estados Unidos a la realidad centroamericana. Cada territorio tiene sus propias historias, conflictos y configuraciones políticas. Sin embargo, muchas de las estrategias descritas en el libro permiten identificar dinámicas que también aparecen en nuestras sociedades.

En Costa Rica y otros países de la región observamos el crecimiento de discursos que presentan a las universidades públicas como espacios ideologizados y desconectados de las necesidades de la población. Se cuestiona la inversión pública en educación superior mientras se promueven lógicas de mercado como criterio principal para evaluar el conocimiento.

De forma paralela, organizaciones ambientalistas, movimientos comunitarios, pueblos indígenas, sindicatos, colectivos feministas y defensores de derechos humanos son frecuentemente retratados como obstáculos para el desarrollo económico o como grupos privilegiados que atentan contra el bienestar general.

También se ha vuelto común la circulación de narrativas que simplifican problemas complejos mediante la identificación de enemigos concretos. La crisis económica, los problemas de seguridad o las tensiones sociales son explicados a partir de conspiraciones, intereses ocultos o supuestas amenazas culturales que deben ser combatidas.

Estas dinámicas no necesariamente configuran proyectos neofascistas plenamente desarrollados. Sin embargo, sí forman parte de una disputa cultural más amplia sobre quién tiene legitimidad para producir conocimiento, qué papel debe desempeñar el Estado, cuáles derechos son considerados legítimos y qué tipo de sociedad se considera deseable.

Por ello, la lectura del libro resulta especialmente relevante para quienes participan en procesos educativos, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y espacios de defensa de los bienes comunes. Más que ofrecer respuestas acabadas, permite desarrollar herramientas para reconocer cómo se construyen determinadas narrativas y cuáles intereses pueden estar presentes detrás de ellas.

Caja de herramientas para la reflexión crítica

La siguiente matriz no busca clasificar personas o posiciones políticas, sino promover preguntas que permitan analizar críticamente distintos discursos presentes en la sociedad.

Tema en disputaMensaje frecuente en la batalla cultural¿Qué se nos invita a creer?Preguntas para problematizar¿Qué implicaciones tiene para los bienes comunes?
Educación pública«Las universidades públicas son un gasto»La educación debe funcionar como una empresa y responder al mercado.¿La educación es un derecho o una mercancía? ¿Quiénes quedarían excluidos si el acceso dependiera únicamente de la capacidad de pago?Debilita la idea del conocimiento como patrimonio colectivo.
Estado«El Estado siempre es el problema»Lo privado es más eficiente que lo público.¿Existen problemas que el mercado no puede resolver? ¿Quién protege a quienes tienen menos recursos?Reduce la capacidad de gestión colectiva de bienes y servicios esenciales.
Ambiente«Los ambientalistas frenan el desarrollo»La naturaleza debe subordinarse al crecimiento económico.¿Desarrollo para quién? ¿Quién asume los costos ambientales? ¿Qué ocurre con las generaciones futuras?Favorece la mercantilización de territorios, agua y ecosistemas.
Derechos humanos«Los derechos humanos protegen delincuentes»Los derechos son privilegios para algunos grupos.¿Qué ocurre cuando ciertos derechos dejan de ser universales? ¿Quién decide qué personas merecen protección?Debilita principios básicos de convivencia democrática.
Feminismos«La ideología de género amenaza a la familia»La igualdad de género representa una amenaza cultural.¿Qué desigualdades históricas intentan abordar los movimientos feministas? ¿Quién se beneficia de mantener las relaciones actuales de poder?Limita procesos de inclusión y reconocimiento de derechos.
Migración«Los migrantes son responsables de los problemas sociales»Los problemas colectivos tienen un enemigo identificable.¿Qué factores económicos y políticos explican realmente esos problemas? ¿A quién beneficia buscar chivos expiatorios?Favorece la exclusión y fragmentación social.
Seguridad«Se necesitan medidas cada vez más duras»Más castigo equivale automáticamente a más seguridad.¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia? ¿Qué soluciones quedan fuera del debate?Reduce la discusión pública a respuestas punitivas.
Ciencia y conocimiento«Los expertos están manipulando a la población»Toda evidencia puede ser descartada si contradice creencias previas.¿Cómo construimos conocimiento confiable? ¿Qué diferencia existe entre una opinión y una investigación rigurosa?Debilita la deliberación democrática basada en información.
Medios y redes sociales«Todo es una conspiración»Existe un enemigo oculto detrás de todos los problemas.¿Qué evidencias respaldan estas afirmaciones? ¿Cómo distinguir información de desinformación?Polariza el debate y dificulta acuerdos colectivos.
Organización social«Los movimientos sociales viven de privilegios»La acción colectiva es sospechosa o innecesaria.¿Qué derechos se han conquistado gracias a la organización social? ¿Quién gana cuando las personas dejan de organizarse?Debilita la participación ciudadana y la defensa de lo común.
Más allá de la denuncia

El principal aporte del libro no consiste únicamente en identificar los riesgos asociados al ascenso de las nuevas derechas. También nos recuerda que toda disputa política es una disputa pedagógica.

Si existen proyectos que educan para la competencia, el individualismo y la exclusión, también es posible construir procesos educativos que fortalezcan la cooperación, la solidaridad, la participación democrática y el cuidado de lo común.

La pregunta que deja abierta esta lectura es profundamente política y pedagógica: ¿qué formas de aprendizaje necesitamos promover para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo sin renunciar a la democracia, la justicia social y la defensa de la vida?

Una invitación a la lectura

En tiempos donde las certezas parecen desmoronarse y los discursos autoritarios ganan espacio en distintas regiones del mundo, comprender cómo se construyen las ideas dominantes se vuelve una tarea indispensable.

Más que ofrecer respuestas definitivas, El proyecto político-pedagógico del neofascismo proporciona herramientas para pensar críticamente el presente y para reconocer que las batallas políticas de nuestro tiempo son también batallas por la imaginación, la cultura y el sentido común.

Leer este libro es una invitación a comprender mejor el mundo que habitamos, pero también a preguntarnos qué proyectos pedagógicos necesitamos construir para defender la democracia, fortalecer los bienes comunes y ampliar los horizontes de una vida digna para todas las personas.

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Curso-taller Defender lo común en tiempos de privatización: reflexiones sobre energía, democracia y futuro

La electricidad suele aparecer en el debate público como un asunto técnico. Se discuten tarifas, generación, competencia, eficiencia o infraestructura. Sin embargo, detrás de estas discusiones se encuentran preguntas mucho más profundas: ¿quién decide sobre los recursos estratégicos del país?, ¿qué papel debe desempeñar el Estado en la garantía de derechos?, ¿qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a organizarse bajo lógicas de mercado?, ¿cómo se construye democráticamente el futuro energético de una sociedad?

En el contexto de la discusión nacional sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414), estas preguntas adquieren una renovada relevancia. Más allá de los aspectos técnicos del debate, la coyuntura invita a reflexionar sobre los procesos contemporáneos de privatización y sus implicaciones para la gestión de los bienes comunes.

Con frecuencia, la privatización se asocia exclusivamente con la venta de instituciones públicas. Sin embargo, la experiencia latinoamericana muestra que estos procesos suelen desarrollarse de manera más compleja. La apertura de mercados, la fragmentación institucional, la reducción de capacidades públicas, la construcción de narrativas de crisis y la redefinición de servicios esenciales como oportunidades de negocio forman parte de transformaciones que modifican profundamente la organización de sectores estratégicos.

Precisamente para profundizar en estas discusiones, el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica abre la convocatoria al curso-taller “Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica: Síndrome de la Bicicleta Desarmada”, un espacio de formación y reflexión dirigido al público en general, con especial interés en personas vinculadas a organizaciones sociales, colectivos comunitarios, movimientos ciudadanos, sindicatos, estudiantes y personas interesadas en comprender los desafíos contemporáneos de la democracia y los bienes comunes.

Un recorrido por cinco dimensiones del debate

El proceso formativo propone abordar la discusión desde cinco dimensiones complementarias.

La primera busca cuestionar las ideas convencionales sobre la privatización, explorando cómo estos procesos operan más allá de la venta de activos públicos y cómo transforman gradualmente las instituciones y los sentidos comunes que sostienen determinados modelos de desarrollo.

La segunda se concentra en analizar la construcción social y política de las crisis, examinando cómo ciertos problemas son narrados y utilizados para justificar reformas estructurales que, en otros contextos, encontrarían mayores resistencias.

La tercera recupera experiencias latinoamericanas para comprender las consecuencias sociales, económicas y políticas que han acompañado distintos procesos de liberalización y privatización de servicios públicos estratégicos.

La cuarta dimensión explora la disputa cultural e ideológica que acompaña estas transformaciones, analizando cómo se construyen imaginarios sobre el Estado, el mercado, la eficiencia y el interés público.

Finalmente, la quinta sesión invita a reflexionar sobre la gobernanza democrática de la energía, preguntándose quiénes deben participar en las decisiones sobre el futuro energético y qué alternativas existen para fortalecer una gestión orientada al bien común.

Una apuesta desde la educación popular

El curso se desarrollará desde una perspectiva de educación popular, promoviendo el diálogo de saberes, el análisis crítico y la construcción colectiva de conocimientos. Más que transmitir respuestas cerradas, busca generar herramientas para comprender las transformaciones que atraviesan sectores estratégicos de la sociedad y fortalecer las capacidades ciudadanas para participar informadamente en estos debates.

La propuesta parte de una idea sencilla pero fundamental: la energía no es únicamente una mercancía ni una infraestructura técnica. Es una condición indispensable para el ejercicio de derechos, la vida digna, la producción social y la construcción democrática del futuro.

Información del curso

Curso-Taller: Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica. Síndrome de la Bicicleta Desarmada.

Fechas: 6, 13 y 27 de julio; 3 y 10 de agosto de 2026.

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.

Modalidad: Presencial.

Costo: Gratuito.

Inscripciones: https://forms.gle/kGH5wD4stUxqR6CNA

Los cupos son limitados.

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Entre la erosión y la incertidumbre: comunidad alerta sobre la situación del río Pizote-Upala

Personas vecinas de la comunidad cerca del Río Pizote o también conocido como Río Niño, en el cantón de Upala, han manifestado su preocupación ante lo que consideran posibles afectaciones al cauce y al lecho del río asociadas a actividades de extracción de material que se desarrollan en la zona. Según la comunicación compartida por habitantes que han dado seguimiento al caso durante varios años, las lluvias recientes permitieron observar con mayor claridad cambios en distintos sectores del río que, a su criterio, requieren una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes.

El río Pizote, forma parte de los sistemas hídricos de la zona norte de Costa Rica. Como ocurre con numerosos ríos del país, cumple funciones fundamentales para el equilibrio ecológico de la cuenca, el transporte natural de sedimentos, la recarga de acuíferos y el sostenimiento de diversos ecosistemas asociados. Además, constituye un elemento central en la vida cotidiana de las comunidades que habitan sus alrededores, por lo que cualquier alteración significativa de sus dinámicas naturales genera preocupación entre la población local.

De acuerdo con los reportes vecinales, la disminución del caudal tras varios días de lluvia dejó al descubierto extensas áreas de suelo expuesto en el fondo y las orillas del río. Las personas denunciantes sostienen que estos sectores podrían evidenciar procesos de alteración del lecho, erosión o socavación que habrían pasado desapercibidos durante periodos de mayor caudal.

Según indican, también se habría observado maquinaria realizando movimientos de tierra en las márgenes del río. Las personas vecinas consideran necesario que las autoridades determinen si estas labores corresponden a actividades autorizadas y si se ajustan a las condiciones establecidas en los permisos y regulaciones ambientales vigentes.

La preocupación comunitaria radica en que cualquier modificación significativa del cauce o de las condiciones naturales del río podría generar consecuencias que trascienden el área inmediata de intervención. Diversos estudios sobre gestión de cuencas señalan que las alteraciones en los lechos fluviales pueden modificar patrones de sedimentación, aumentar procesos erosivos, afectar la estabilidad de las márgenes e incrementar la vulnerabilidad ante inundaciones o desbordamientos en determinados sectores.

Asimismo, los cambios en la dinámica natural de los ríos pueden repercutir sobre los ecosistemas asociados, afectar hábitats acuáticos y alterar procesos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. La remoción excesiva de sedimentos o la modificación de las condiciones naturales del cauce pueden impactar la calidad del agua, la reproducción de especies y la capacidad del río para mantener sus funciones ecológicas.

Más allá del río: impactos sobre las comunidades

Las posibles afectaciones a un río no se limitan al deterioro de un ecosistema. Cuando un curso de agua pierde su equilibrio natural, las consecuencias suelen extenderse a la vida cotidiana de las comunidades que habitan su entorno. Por esta razón, las denuncias sobre alteraciones en cauces, extracción de materiales o degradación de las riberas deben ser comprendidas también como asuntos relacionados con la calidad de vida, la seguridad y los derechos de las personas.

Entre las posibles consecuencias se encuentran el aumento de procesos erosivos que pueden comprometer terrenos, caminos, puentes o infraestructura comunitaria. Asimismo, las modificaciones en la dinámica de los sedimentos y del flujo del agua pueden incrementar la vulnerabilidad frente a inundaciones, especialmente durante eventos de lluvia intensa cada vez más frecuentes en el contexto de la crisis climática.

Los impactos también pueden manifestarse en la pérdida de espacios de recreación, encuentro comunitario y vínculo cultural con los ríos. Para muchas comunidades, estos cuerpos de agua no son únicamente elementos del paisaje, sino parte de su historia, de su memoria colectiva y de sus formas de relación con el territorio.

A ello se suma una dimensión menos visible, pero igualmente importante: el desgaste que experimentan las personas que asumen la defensa de los bienes comunes. La necesidad de documentar posibles daños, presentar denuncias, asistir a reuniones y dar seguimiento a procesos institucionales suele implicar una carga significativa de tiempo, recursos y energía emocional. En muchos casos, las comunidades enfrentan largos periodos de incertidumbre mientras esperan respuestas de las autoridades competentes.

Por estas razones, prestar atención a las alertas que surgen desde los territorios resulta fundamental. Las denuncias comunitarias suelen constituir una de las primeras señales de posibles problemas ambientales y permiten activar mecanismos de prevención antes de que los daños alcancen niveles difíciles o imposibles de revertir. Escuchar a quienes viven junto a los ríos, conocen sus cambios y observan cotidianamente sus transformaciones constituye un elemento indispensable para la protección de los ecosistemas y para la construcción de una gestión ambiental más democrática y participativa.

Las personas vecinas afirman haber presentado denuncias ante distintas instancias y sostienen que la respuesta institucional ha sido lenta frente a la magnitud de las preocupaciones planteadas. Aunque reconocen que recientemente se habrían impulsado algunos mecanismos de seguimiento, consideran que resulta necesario fortalecer los procesos de inspección y fiscalización para esclarecer lo que está ocurriendo en el sitio.

En este contexto, la comunidad solicita que las instituciones competentes realicen evaluaciones técnicas independientes que permitan determinar si existe daño ambiental, establecer las posibles causas de las alteraciones observadas y definir las medidas de protección que correspondan. Asimismo, plantean la necesidad de que cualquier eventual responsabilidad, ya sea de empresas concesionarias, entidades públicas o actores particulares, sea investigada y determinada mediante los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Para quienes viven junto al río, la preocupación no se limita a una situación puntual. El caso refleja interrogantes más amplias sobre la capacidad de las instituciones para prevenir daños ambientales, garantizar una supervisión efectiva de las actividades extractivas y responder oportunamente a las alertas que surgen desde las comunidades.

Mientras continúan las gestiones y denuncias, las personas vecinas insisten en que la protección del río Pizote requiere transparencia, acceso a la información y una actuación diligente de las autoridades responsables, con el fin de evitar que posibles afectaciones ambientales se profundicen y generen consecuencias irreversibles para el ecosistema y las comunidades que dependen de él.

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Más que un mural: el proceso comunitario que transforma Finca 5 desde el vagón X7015

Todo comenzó con una idea sencilla: embellecer un antiguo vagón ferroviario. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, la iniciativa empezó a adquirir un significado mucho más profundo.

Las conversaciones, los recuerdos y las historias compartidas fueron revelando que Finca 5 es mucho más que un puente, un vagón o un conjunto de espacios físicos. Finca 5 también son sus vecinas y vecinos, las memorias que habitan el territorio, las relaciones que se construyen día a día y el deseo colectivo de vivir en un lugar más cuidado, más bello y más habitable.

Lo que inicialmente parecía una intervención puntual se convirtió en una oportunidad para reencontrarse con la historia de la comunidad y reconocer aquello que le da vida: las personas que la habitan y la sostienen cotidianamente. El vagón dejó de ser solamente una estructura ferroviaria para transformarse en un símbolo capaz de conectar pasado, presente y futuro.

A partir de esa reflexión surgió un nuevo impulso. Embellecer el vagón ya no era suficiente; el desafío comenzó a expandirse hacia el barrio entero. Apareció entonces una pregunta compartida: ¿cómo construir entre todas y todos una comunidad más acogedora, participativa y organizada?

Las jornadas de limpieza, el trabajo previo de preparación, la construcción del mural y los encuentros entre vecinas y vecinos fueron dando forma a una experiencia que hoy continúa creciendo. Más que una obra terminada, lo que se está construyendo en Finca 5 es una forma distinta de habitar el barrio: una que entiende que cuidar los espacios comunes también significa cuidar los vínculos, las memorias y los sueños colectivos que hacen posible la vida en comunidad.

Un proceso que comenzó antes de la pintura

La transformación que actualmente vive Finca 5 comenzó mucho antes de que aparecieran los colores sobre la pared del antiguo vagón ferroviario. Detrás de la intervención artística existe un trabajo silencioso, sostenido y colectivo que ha permitido preparar las condiciones materiales y organizativas para hacer realidad esta iniciativa.

Las labores de chapeo de la plaza, la limpieza del espacio y los trabajos de repello en la pared destinada al mural fueron algunas de las primeras acciones que marcaron el inicio del proceso. Aunque muchas veces pasan desapercibidas, estas tareas constituyen la base sobre la cual se construye cualquier proyecto comunitario.

Más que un proyecto de embellecimiento, la experiencia ha permitido reconocer que la transformación del territorio ocurre cuando las personas logran encontrarse, organizarse y asumir que el cuidado de los espacios comunes es una responsabilidad compartida.

El esfuerzo vecinal como motor de la transformación

Uno de los principales aprendizajes que deja esta experiencia es el enorme valor del trabajo vecinal. El proceso ha sido sostenido por un grupo de personas que, con constancia y compromiso, han asumido tareas indispensables para avanzar en la recuperación y embellecimiento del espacio comunitario.

Sin embargo, esta misma realidad también evidencia uno de los principales desafíos que enfrentan muchos procesos colectivos: el riesgo de que el esfuerzo recaiga siempre sobre las mismas personas.

Cuando la participación se concentra en pocos actores, aparecen el desgaste, la sobrecarga y las dificultades para garantizar la continuidad de las iniciativas en el tiempo. Por ello, uno de los retos fundamentales es ampliar la base de participación y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades comunitarias.

La jornada de pintada: un avance que abre nuevas preguntas

La jornada de pintada comunitaria representó un momento significativo dentro del proceso. Las personas participantes lograron materializar parte del trabajo acumulado durante semanas y comenzar a dar forma visible a un proyecto construido desde el encuentro y la colaboración.

Al mismo tiempo, la actividad dejó en evidencia que todavía es necesario fortalecer la participación colectiva para responder a la magnitud de los objetivos propuestos.

Lejos de interpretarse como una debilidad, esta situación abre una reflexión necesaria sobre la importancia de construir comunidades más amplias, donde el trabajo compartido no dependa únicamente de pequeños grupos comprometidos, sino que se convierta en una tarea asumida por más vecinas y vecinos.

Una obra que continúa construyéndose

El mural y el proceso de embellecimiento de Finca 5 aún no han concluido. Quedan espacios por intervenir, pintura por aplicar y nuevas tareas por coordinar colectivamente.

Pero quizá el mayor desafío no es únicamente terminar una obra física, sino fortalecer las capacidades organizativas que permitan sostenerla en el tiempo. La experiencia ha demostrado que construir comunidad implica también aprender a coordinarse mejor, comunicarse de manera más efectiva y generar mecanismos que distribuyan el trabajo de forma más justa. Las tensiones, los acuerdos y los desacuerdos que han surgido durante el proceso forman parte de ese aprendizaje colectivo.

Aprender a sostener lo común

Lo que está ocurriendo en Finca 5 trasciende la intervención de un espacio público. Se trata de un ejercicio de aprendizaje comunitario que pone en el centro la importancia de cuidar nuestros barrios desde la participación y la corresponsabilidad.

La experiencia deja una enseñanza clara: embellecer el barrio no consiste únicamente en pintar una pared, sino en fortalecer los vínculos que permiten sostener aquello que se construye en común.

Porque, al final, lo que está en juego no es solamente la apariencia de un espacio, sino la forma en que una comunidad decide organizarse, cuidarse y proyectar su futuro de manera compartida.

“Lo que transforma Finca 5 no es solamente lo que se pinta en la pared, sino la capacidad de seguir sumando manos para sostener aquello que juntas y juntos hemos empezado.”

Lo que viene: seguir construyendo un Finca 5 más hermosa

El proceso que se ha impulsado alrededor del vagón X7015 está lejos de concluir. Lo construido hasta ahora representa un paso importante, pero también abre nuevos horizontes y desafíos para la comunidad.

Todavía quedan labores concretas por realizar. Hay sectores que requieren ser intervenidos, detalles del mural que deben completarse y nuevos espacios que pueden ser incorporados a esta apuesta colectiva de embellecimiento y recuperación del barrio. Sin embargo, el desafío más importante no es únicamente terminar una obra física, sino fortalecer la capacidad organizativa que permitirá sostenerla en el tiempo.

También está pendiente ampliar la participación comunitaria, sumar nuevas manos, nuevas ideas y nuevos liderazgos que permitan distribuir de manera más justa el trabajo colectivo. Cuidar el barrio no puede depender siempre de un grupo reducido de personas; necesita convertirse en una práctica compartida por toda la comunidad.

El camino recorrido ha dejado una certeza: cuando las personas se encuentran, conversan, recuerdan y trabajan juntas, aparecen nuevas posibilidades para imaginar el territorio que desean habitar. Por eso, el futuro de este proceso no se limita al vagón ni al mural. El horizonte es más amplio y ambicioso: seguir construyendo un Finca 5 más bello, más organizado, más participativo y más conectado con su propia historia.

Lo que viene será tan importante como lo que ya se ha realizado. Habrá nuevas jornadas de trabajo, nuevos encuentros, nuevas conversaciones y nuevos sueños colectivos por materializar. Porque este proyecto nunca ha tratado solamente de pintar una pared; se trata de fortalecer una comunidad que ha decidido reconocerse, cuidarse y proyectarse hacia el futuro desde la colaboración y la memoria compartida.

La invitación continúa abierta: seguir sumando voluntades para que el embellecimiento del territorio se convierta, cada vez más, en una forma de construir comunidad.

Un reconocimiento al compromiso y al trabajo solidario

Los procesos comunitarios también se sostienen gracias a las personas y colectivos que ponen sus conocimientos, su tiempo y su creatividad al servicio de lo común. En este camino, es importante reconocer el aporte de Miguel Cruz Guevara, estudiante asistente del Programa Kioscos Socioambientales, quien ha acompañado el proceso con un compromiso extraordinario.

Su talento y dedicación han sido fundamentales en el desarrollo del mural, aportando en labores de escalamiento, diseño, dibujo y pintura, así como en el acompañamiento constante de las distintas etapas de la intervención.

Más allá del trabajo técnico, su participación ha representado una muestra concreta de cómo la vinculación entre la universidad y las comunidades puede traducirse en acciones de colaboración, aprendizaje mutuo y construcción colectiva de espacios más habitables y significativos.

Su disposición, paciencia y compromiso han permitido que muchas de las ideas imaginadas por la comunidad pudieran materializarse sobre la pared. Sin su acompañamiento, la realización de esta iniciativa habría sido considerablemente más difícil.

Asimismo, queremos reconocer el valioso acompañamiento del Trabajo Comunal Universitario TCU-590, cuya participación ha fortalecido este proceso de organización y embellecimiento comunitario. Su presencia refleja la importancia de una universidad comprometida con los territorios, capaz de construir vínculos de largo plazo y de poner el conocimiento, el trabajo colectivo y la solidaridad al servicio de las comunidades.

Este reconocimiento busca visibilizar un trabajo que, aunque muchas veces ocurre detrás de escena, ha sido indispensable para el avance del proyecto y para fortalecer una experiencia que apuesta por la memoria, el cuidado del territorio y la organización comunitaria.

Porque construir comunidad también implica reconocer a quienes, desde la solidaridad, la creatividad y el trabajo compartido, ayudan a hacer posible aquello que parecía difícil de alcanzar.

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Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen: aprender caminando los territorios de la Zona Norte

Muy bien, escuchen con atención. Hoy no voy a hacerles una pregunta de examen, porque hay cosas que ningún examen puede medir.

Existen aprendizajes que pueden escribir en sus cuadernos, otros que pueden repetir para una prueba… pero también hay conocimientos que solo aparecen cuando salen al mundo y se atreven a mirarlo de frente.

Cuando caminen por un territorio y se pregunten por qué un río cambia, por qué un bosque desaparece, por qué una comunidad se organiza o resiste… ahí empieza otra forma de aprender.

No se trata de memorizar respuestas correctas. Se trata de aprender a observar lo que normalmente se ignora, a escuchar lo que no siempre se escucha y a comprender que cada problema tiene detrás historias de vida que merecen ser entendidas.

Porque el mundo no es una hoja de examen con opciones limitadas. Es un espacio vivo, complejo, lleno de contradicciones… pero también lleno de personas que intentan, día a día, construir algo distinto.

Y si me preguntan qué es lo más importante que deberían aprender… les diría esto: lo que realmente importa casi nunca entra en el examen. Y precisamente por eso existe esta invitación.

La Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen es un recorrido por la Zona Norte de Costa Rica para aprender justamente aquello que no cabe en una evaluación tradicional: los conflictos socioambientales, las luchas por los bienes comunes, las formas de organización comunitaria y las alternativas que nacen desde los territorios. Aquí no venimos solo a observar. Venimos a caminar, a escuchar, a dialogar y a aprender con otros y otras, reconociendo que el conocimiento también vive en las comunidades y en sus experiencias cotidianas.

– Koro Sensei

¿Qué podemos aprender cuando salimos del aula y nos encontramos con los territorios donde se disputan los bienes comunes, se organizan las comunidades y se construyen alternativas para la vida?

Con esta pregunta nace la Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen, una experiencia de educación popular socioambiental que se realizará del 20 al 23 de julio de 2026 en distintas comunidades de la Zona Norte de Costa Rica.

La iniciativa propone un recorrido por territorios donde se viven de manera cotidiana algunos de los desafíos más importantes del país: conflictos socioambientales, disputas por el acceso y uso de los bienes comunes, expansión de actividades productivas de alto impacto, desigualdades territoriales, organización comunitaria y construcción de alternativas desde las propias comunidades.

La Escuela Ambulante parte de una convicción sencilla pero profunda: muchas de las lecciones necesarias para comprender la realidad no aparecen en los exámenes. Se encuentran en las historias de quienes defienden sus territorios, en las experiencias de organización colectiva, en las luchas por la justicia socioambiental y en los esfuerzos cotidianos por construir condiciones más dignas para la vida.

Durante cuatro días, las personas participantes visitarán comunidades de Guatuso, Upala y Los Chiles, donde podrán dialogar con actores locales, conocer experiencias organizativas y reflexionar colectivamente sobre las dinámicas que configuran los territorios contemporáneos.

Entre los temas que se abordarán destacan:

  • -Conflictos socioambientales y modelos de desarrollo.
  • -Bienes comunes y disputas territoriales.
  • -Organización comunitaria y acción colectiva.
  • -Justicia socioambiental y derechos humanos.
  • -Agroecología y soberanía alimentaria.
  • -Lectura crítica del territorio.
  • -Educación popular y diálogo de saberes.

El recorrido incluirá visitas a comunidades afectadas por actividades extractivas y monocultivos, espacios marcados por el abandono institucional y experiencias comunitarias que impulsan alternativas agroecológicas y formas de organización para la defensa del territorio.

Más que una gira académica, la Escuela Ambulante busca generar un espacio de encuentro entre saberes académicos, comunitarios y experienciales, reconociendo que el conocimiento también se produce en los territorios y en las prácticas cotidianas de quienes enfrentan y transforman las problemáticas que afectan sus comunidades.

Fechas

20 al 23 de julio de 2026

Cupos limitados

La participación en la Escuela Ambulante está sujeta a un proceso de selección debido a que los cupos son limitados. Por esta razón, el formulario disponible corresponde a una preinscripción, a partir de la cual se conformará el grupo participante.

Apoyo económico para estudiantes UCR

Se dispondrá de recursos para contribuir con algunos gastos asociados a la participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sujeto a disponibilidad presupuestaria y a los criterios definidos por la organización de la actividad.

Preinscripción abierta hasta el 25 de junio 2026

Las personas interesadas pueden completar el formulario de preinscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/LSpztd1Dagezzoqw8

La Escuela Ambulante es una invitación a aprender desde el territorio, a escuchar las voces de las comunidades y a reflexionar colectivamente sobre los desafíos socioambientales que atraviesan Costa Rica.

Porque algunas lecciones aparecen en los libros. Otras aparecen cuando una comunidad comparte su historia. Y muchas de las más importantes ocurren cuando nos atrevemos a salir del aula para encontrarnos con el mundo.

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Más allá de las áreas protegidas: descolonizar la conservación en tiempos de crisis ecológica

En los debates contemporáneos sobre la crisis ecológica suele asumirse que la conservación de la naturaleza es un objetivo indiscutible y universalmente compartido. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntar quién define qué es conservar, quién toma las decisiones sobre los territorios y quiénes cargan con los costos de esas políticas.

El libro Decolonize Conservation: Global Voices for Indigenous Self-Determination, Land, and a World in Common propone precisamente abrir esa discusión. A partir de experiencias de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de diversas regiones del mundo, la obra plantea que muchas de las políticas de conservación impulsadas durante el último siglo no pueden comprenderse al margen de la historia colonial. Por el contrario, argumenta que numerosas iniciativas conservacionistas han reproducido formas de despojo, exclusión y subordinación que afectan especialmente a quienes han habitado y cuidado los territorios durante generaciones.

Desde esta perspectiva, descolonizar la conservación no significa simplemente mejorar algunos mecanismos de participación o incorporar nuevos actores a estructuras ya existentes. Implica cuestionar las bases mismas desde las cuales se ha pensado la relación entre naturaleza, sociedad, desarrollo y poder.

La crisis ambiental también es una crisis de justicia

Uno de los aportes más relevantes del libro consiste en desplazar la discusión ambiental hacia el terreno de la justicia. Las autoras y autores sostienen que la crisis ecológica contemporánea no puede explicarse únicamente por la pérdida de biodiversidad, el cambio climático o la degradación de ecosistemas. Detrás de estos fenómenos existen procesos históricos vinculados con el colonialismo, el racismo, la apropiación de territorios y la concentración del poder económico.

Esta mirada cuestiona la tendencia a presentar los problemas ambientales como asuntos exclusivamente técnicos o científicos. Lo que está en juego no es únicamente la protección de especies o paisajes, sino también la forma en que las sociedades distribuyen derechos, recursos, beneficios y sacrificios.

Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser solamente cómo proteger la naturaleza y pasa a ser también quién decide sobre ella, quién se beneficia de su uso y quiénes son desplazados o excluidos en nombre de su protección.

Superar la separación entre humanidad y naturaleza

Otra dimensión central del proceso de descolonización consiste en cuestionar una de las ideas más arraigadas en la modernidad occidental: la noción de que la naturaleza existe separada de las personas.

El libro muestra cómo gran parte de las políticas conservacionistas se han construido sobre la imagen de una naturaleza «prístina», «salvaje» o «intacta», que debe mantenerse libre de presencia humana. Bajo esta lógica, la conservación se convierte en un esfuerzo por aislar espacios naturales de las comunidades que los habitan.

Sin embargo, las experiencias recogidas en la obra muestran una realidad distinta. Muchos de los territorios considerados hoy como espacios de alta biodiversidad han sido moldeados durante siglos por prácticas comunitarias de manejo, producción, movilidad, cuidado y uso compartido.

Descolonizar implica reconocer que la relación entre las personas y los ecosistemas no es necesariamente destructiva. Existen múltiples formas de habitar los territorios que no responden a la lógica extractiva dominante y que han contribuido históricamente a sostener la diversidad biológica y cultural.

La conservación, desde esta mirada, deja de ser una política de separación y pasa a entenderse como una práctica de convivencia.

Reconocer la historia de despojo detrás de la conservación

Uno de los conceptos más recurrentes en el libro es el de “conservación de fortaleza”. Este modelo se basa en la creación de áreas protegidas bajo control estatal o institucional, donde la presencia humana es considerada una amenaza para la biodiversidad. En numerosos casos, ello ha significado el desplazamiento de comunidades, restricciones al acceso a tierras ancestrales, criminalización de prácticas tradicionales y diversas formas de violencia.

Las experiencias documentadas en países como Kenia, República Democrática del Congo, India o Tanzania muestran que, en muchas ocasiones, la conservación ha operado mediante mecanismos similares a los utilizados históricamente por los proyectos coloniales: apropiación territorial, imposición de modelos externos de gestión y subordinación de las poblaciones locales.

La crítica que plantea el libro no consiste en rechazar la protección de los ecosistemas, sino en cuestionar la idea de que la conservación sólo puede lograrse mediante la exclusión de quienes habitan esos territorios.

Descolonizar implica reconocer esta historia, visibilizar sus consecuencias y abrir espacios para formas alternativas de protección ambiental basadas en la justicia y los derechos colectivos.

Recuperar los derechos territoriales y la autodeterminación

En prácticamente todos los testimonios reunidos en la obra aparece una demanda común: el reconocimiento efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La defensa del territorio no es presentada únicamente como una reivindicación cultural o política. Es también una condición para la continuidad de formas de vida, sistemas de conocimiento, prácticas productivas y relaciones comunitarias que dependen de esos espacios.

Por ello, descolonizar supone avanzar más allá de mecanismos limitados de consulta o participación. Significa reconocer la capacidad de las comunidades para gobernar sus territorios, definir sus prioridades y participar de manera sustantiva en las decisiones que afectan sus vidas.

La autodeterminación aparece así como una dimensión inseparable de cualquier propuesta seria de justicia ambiental.

Valorar la diversidad de conocimientos

El libro también cuestiona la tendencia a considerar que únicamente los saberes científicos o técnicos poseen legitimidad para orientar la gestión ambiental.

Las experiencias presentadas muestran que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos acumulados durante generaciones acerca de los ciclos ecológicos, las dinámicas territoriales, la biodiversidad y las formas de uso sostenible de los recursos.

Estos saberes han sido frecuentemente invisibilizados, subordinados o apropiados sin reconocimiento.

Descolonizar implica reconocer que existen múltiples formas válidas de producir conocimiento y comprender el mundo. No se trata de reemplazar la ciencia por otros saberes, sino de construir relaciones más horizontales que permitan el diálogo y el reconocimiento mutuo.

La diversidad biológica y la diversidad cultural aparecen entonces como dimensiones profundamente interrelacionadas.

Identificar las causas estructurales de la destrucción ambiental

Una de las críticas más contundentes del libro apunta a las narrativas que responsabilizan a comunidades rurales, indígenas o campesinas de la degradación ambiental mientras permanecen relativamente intactas las estructuras económicas que impulsan la explotación intensiva de la naturaleza.

Las autoras y autores señalan que muchas de las amenazas más graves para los ecosistemas provienen de modelos de desarrollo basados en el extractivismo, la expansión de monocultivos, la minería, la explotación energética, el consumo excesivo y la acumulación de riqueza a escala global.

Sin embargo, las medidas de conservación suelen concentrarse en controlar o restringir las prácticas de quienes tienen una huella ecológica considerablemente menor.

Descolonizar implica desplazar el foco del debate hacia las causas estructurales de la crisis ambiental y cuestionar las relaciones de poder que permiten que algunos sectores acumulen beneficios mientras otros asumen los costos ecológicos y sociales.

Construir alternativas desde las comunidades

Los artículos no se limitan a denunciar problemas. También presenta experiencias que muestran caminos alternativos.

Diversas contribuciones destacan iniciativas de conservación comunitaria, gobernanza territorial indígena, manejo colectivo de bosques y otras formas de protección ambiental basadas en la participación directa de las comunidades.

Estas experiencias parten de una premisa sencilla pero profunda: quienes viven en los territorios no deben ser vistos como obstáculos para la conservación, sino como actores fundamentales para su sostenibilidad.

La protección de la biodiversidad, desde esta perspectiva, requiere fortalecer capacidades comunitarias, reconocer derechos colectivos y construir relaciones de confianza, en lugar de profundizar mecanismos de control, vigilancia o militarización.

¿Qué tiene que ver todo esto con los bienes comunes?

Las reflexiones presentes en Decolonize Conservation dialogan de manera directa con la perspectiva de los bienes comunes.

La tradición de los bienes comunes parte de una idea fundamental: existen recursos, territorios, conocimientos y condiciones de vida que no pueden reducirse a mercancías ni gestionarse exclusivamente desde el mercado o desde estructuras centralizadas de poder. Su sostenibilidad depende de relaciones sociales basadas en la cooperación, la corresponsabilidad y la participación democrática.

Desde esta mirada, la crítica a la conservación colonial puede entenderse también como una crítica a formas de gestión que concentran las decisiones en actores externos mientras excluyen a quienes mantienen vínculos cotidianos con los territorios.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales que aparecen en el libro no reclaman únicamente acceso a recursos. Reclaman la posibilidad de seguir ejerciendo formas colectivas de cuidado, gobernanza y reproducción de la vida.

La descolonización y los bienes comunes coinciden en varios puntos fundamentales:

  • -Reconocen que los territorios son espacios de vida y no simples objetos de administración.
  • -Cuestionan las relaciones de dominación que separan a las comunidades de sus medios de existencia.
  • -Defienden la participación activa de quienes habitan los territorios en la toma de decisiones.
  • -Valoran la diversidad de conocimientos y experiencias.
  • -Entienden que la sostenibilidad ecológica depende también de la justicia social.

Desde esta perspectiva, proteger un bosque, una cuenca, un humedal o una montaña no significa únicamente preservar especies o paisajes. Significa también defender las relaciones sociales, culturales y comunitarias que han permitido sostener esos territorios a lo largo del tiempo.

Una invitación a continuar la conversación

En un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de los conflictos socioambientales, las preguntas planteadas por este libro adquieren una enorme relevancia.

¿Es posible proteger la naturaleza sin proteger a quienes la habitan? ¿Puede existir conservación sin justicia? ¿Qué formas de conocimiento reconocemos cuando pensamos el futuro de nuestros territorios? ¿Quiénes participan en las decisiones sobre los bienes que sostienen la vida?

Decolonize Conservation no ofrece respuestas únicas ni recetas universales. Lo que propone es algo igualmente importante: abrir una conversación necesaria sobre las relaciones entre territorio, poder, conservación y justicia.

Invitamos a leer este documento y a incorporarlo a los debates sobre bienes comunes, democracia territorial y justicia socioecológica. Sus páginas nos recuerdan que la defensa de la biodiversidad y la defensa de los pueblos no son causas separadas, sino dimensiones inseparables de una misma lucha por la vida.

¿Qué vemos cuando hablamos de conservación? Claves para pensar desde nuestras experiencias

Las ideas presentadas en este libro cobran mayor sentido cuando las ponemos en diálogo con nuestras propias experiencias y territorios. ¿Quién decide sobre los bienes que sostienen la vida? ¿Qué conocimientos son escuchados y cuáles son excluidos? ¿Quiénes se benefician y quiénes asumen los costos de las decisiones tomadas en nombre de la conservación?

Las siguientes matrices buscan acompañar este ejercicio de reflexión. Más que un resumen del documento, constituyen una invitación a observar críticamente nuestras realidades, identificar continuidades coloniales en las formas de gestionar la naturaleza y reconocer prácticas comunitarias que apuntan hacia relaciones más justas entre las personas, los territorios y la biodiversidad. A partir de ellas, es posible abrir conversaciones sobre participación, derechos, cuidado colectivo y bienes comunes en los contextos que habitamos.

¿Qué implica descolonizar nuestra forma de entender y defender la naturaleza?

DimensiónVisión colonial de la conservaciónPerspectiva descolonizadoraPreguntas para la reflexión
Relación entre seres humanos y naturalezaLa naturaleza debe protegerse de las personas.Las personas forman parte de los ecosistemas y pueden contribuir a su cuidado.¿Cómo se relacionan nuestras comunidades con los territorios que habitan? ¿Toda presencia humana destruye la naturaleza?
TerritorioEl territorio es un espacio a administrar desde instituciones externas.El territorio es un espacio de vida, memoria, cultura y sustento.¿Quién decide sobre el uso del territorio? ¿Quiénes viven las consecuencias de esas decisiones?
ConservaciónSe protege mediante prohibiciones, vigilancia y exclusión.Se protege fortaleciendo relaciones de cuidado y responsabilidad colectiva.¿Qué experiencias comunitarias de cuidado existen en nuestro territorio?
ConocimientoEl conocimiento técnico y científico tiene mayor legitimidad.Existen múltiples conocimientos válidos que pueden dialogar entre sí.¿Qué conocimientos locales suelen ser ignorados o desvalorizados?
Comunidades localesSon vistas como potenciales amenazas para la biodiversidad.Son actores fundamentales para la sostenibilidad de los territorios.¿Cómo son representadas las comunidades en los discursos ambientales?
DerechosLos derechos pueden subordinarse a objetivos de conservación.La protección ambiental y los derechos humanos son inseparables.¿Puede existir conservación cuando se vulneran derechos?
DesarrolloLas causas de la destrucción ambiental suelen atribuirse a poblaciones locales.Se analizan las estructuras económicas y políticas que generan degradación.¿Quién obtiene beneficios de la explotación de la naturaleza? ¿Quién asume los costos?
ParticipaciónLas comunidades son consultadas después de que las decisiones ya fueron tomadas.Las comunidades participan desde el inicio y tienen capacidad de decisión.¿Qué tan vinculante es la participación en nuestro territorio?
BiodiversidadSe protege mediante áreas aisladas de la vida cotidiana.Se protege fortaleciendo territorios vivos y comunidades que los habitan.¿Qué papel tienen las prácticas comunitarias en la conservación local?
FuturoSe busca gestionar la naturaleza como un recurso.Se busca sostener la vida en todas sus formas.¿Qué significa cuidar la vida en nuestro territorio?
Descolonizar para construir lo común

Aunque el libro se sitúa principalmente en el debate sobre la descolonización de la conservación, muchas de sus reflexiones dialogan profundamente con la perspectiva de los bienes comunes. Ambas miradas cuestionan las formas de gestión que concentran el poder de decisión sobre los territorios y coinciden en la necesidad de fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de aquello que sostiene la vida.

Más que entender la naturaleza como un conjunto de recursos a administrar desde arriba, ambas perspectivas invitan a reconocer los territorios como espacios de relaciones, conocimientos, memorias y responsabilidades compartidas. La sostenibilidad ecológica no depende únicamente de normas o instituciones, sino también de las prácticas colectivas de cuidado, cooperación y gobernanza construidas por quienes habitan esos lugares.

La siguiente matriz permite identificar algunos de los principales puntos de encuentro entre la propuesta de descolonizar la conservación y el horizonte político y ético de los bienes comunes. Más que conceptos separados, pueden entenderse como caminos complementarios para pensar formas más democráticas, justas y sostenibles de habitar y defender los territorios.

Naturaleza, comunidad y cuidado: diálogos con los bienes comunes

Lo que plantea la descolonizaciónAporte desde los bienes comunes
Reconocer derechos territoriales colectivos.Los bienes comunes requieren comunidades con capacidad de gobernar sus territorios.
Valorar conocimientos locales e indígenas.Los bienes comunes se sostienen mediante saberes construidos colectivamente.
Cuestionar el despojo y la concentración del poder.Los bienes comunes buscan democratizar las decisiones sobre aquello que sostiene la vida.
Defender la participación efectiva.La gestión colectiva es un principio fundamental de los bienes comunes.
Reconocer la interdependencia entre personas y naturaleza.Los bienes comunes entienden que la vida humana depende de relaciones ecológicas y comunitarias.
Cuestionar la mercantilización de la naturaleza.Los bienes comunes afirman que no todo puede reducirse a mercancía o propiedad privada.
Promover formas comunitarias de cuidado.El cuidado es una práctica central para la sostenibilidad de los bienes comunes.

Pueden descargar la infografía aquí

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Invitamos a descargar y explorar este libro, una obra colectiva que reúne voces de pueblos indígenas, comunidades locales, activistas e investigadores de distintas regiones del mundo. A través de experiencias concretas y reflexiones críticas, Decolonize Conservation nos desafía a repensar las formas en que entendemos la naturaleza, la conservación y la justicia. Su lectura ofrece herramientas valiosas para quienes buscan comprender los conflictos socioambientales contemporáneos y construir alternativas basadas en el respeto a los territorios, la autodeterminación de los pueblos y el cuidado de la vida en común.

Pueden descargarlo aquí.

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Síndrome de la Bicicleta Desarmada: ¿Armonización o liberalización? La disputa por el futuro de la electricidad en Costa Rica

Interrumpimos brevemente este análisis para un comentario editorial de nuestro corresponsal especial, Ken Brockman:

—Estimada audiencia. El tema de hoy es fascinante. Diversos sectores han descubierto que el ICE está atrasado, que no innovó lo suficiente y que no logró adaptarse a las nuevas tecnologías energéticas. Un hallazgo verdaderamente sorprendente.

Los científicos aún investigan cómo ocurrió este misterioso fenómeno. Las principales hipótesis apuntan a extraterrestres, maldiciones ancestrales o alguna fuerza sobrenatural imposible de identificar. Aunque una línea secundaria de investigación sugiere que quizás tuvo algo que ver una larga serie de decisiones políticas que limitaron su capacidad de inversión, planificación y desarrollo. Pero esa teoría sigue siendo considerada demasiado incómoda para el horario familiar.

Lo que sí parece claro es la secuencia de los acontecimientos: primero se cuestiona a una institución pública, luego se le restringe, después se le fragmenta, más tarde se señala que ya no responde como antes y finalmente se utiliza ese deterioro como prueba irrefutable de que es necesario reemplazar el modelo que la hizo posible.

Los especialistas han bautizado este fenómeno como el Síndrome de la Bicicleta Desarmada: consiste en quitarle una rueda a una bicicleta, después la cadena, luego los pedales, para finalmente presentar un estudio técnico concluyendo que la bicicleta tiene serios problemas de movilidad. O, para usar un ejemplo más directo, es como romperle las piernas a alguien y años después presentar un proyecto para privatizar las caminatas porque la persona ya no corre tan rápido.

Y aquí aparece un detalle particularmente interesante para los investigadores. Resulta que muchos de los sectores y actores que hoy señalan el supuesto atraso del ICE y promueven el proyecto de armonización son los mismos que durante años impulsaron decisiones que contribuyeron a restringir, debilitar o limitar la capacidad de acción de la institución. Un giro argumental tan inesperado como encontrar al pirómano dirigiendo la comisión especial sobre prevención de incendios.

Pero volvamos a la seriedad que exige el tema.

Porque la pregunta importante no es si el ICE enfrenta desafíos tecnológicos. Por supuesto que los enfrenta. Como cualquier institución pública del mundo, necesita modernizarse, innovar y adaptarse a nuevos escenarios energéticos.

La verdadera pregunta es otra: ¿estamos discutiendo cómo fortalecer la capacidad pública para enfrentar esos desafíos o estamos utilizando un deterioro políticamente inducido para justificar una transformación que algunos sectores vienen impulsando desde hace años?

Y con esa reflexión cerramos esta edición especial. Porque, al final, aquí no se discuten vatios. Se discuten derechos. Y también memoria.

Fin de la transmisión

Porque cuando hablamos de electricidad no hablamos únicamente de cables, plantas o mercados. Hablamos del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la comunicación y, en última instancia, de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna.

La discusión sobre el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) ha sido presentada principalmente como un debate técnico. Se habla de eficiencia, modernización, competencia y actualización institucional. Sin embargo, detrás del lenguaje especializado se encuentra una discusión profundamente política: ¿quién debe planificar, coordinar y controlar uno de los bienes estratégicos más importantes para la vida colectiva?

La energía eléctrica no es una mercancía cualquiera. Su acceso condiciona la salud, la educación, la producción, las comunicaciones y las posibilidades mismas de una vida digna. Por ello, la forma en que una sociedad organiza su sistema eléctrico expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado, los bienes comunes y el interés público.

Un cambio de paradigma

Durante décadas Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico basado en la planificación pública de largo plazo, encabezada principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió construir una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y el Caribe, ampliar el acceso a regiones históricamente excluidas y desarrollar una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables.

El proyecto de armonización plantea una transformación significativa de ese modelo. Aunque mantiene la propiedad pública de determinadas infraestructuras y no propone la venta del ICE, introduce una nueva arquitectura institucional basada en la creación de un Mercado Eléctrico Nacional, la apertura de espacios para nuevos agentes privados y la reorganización de las funciones de planificación y operación del sistema.

La pregunta fundamental es si esta reforma fortalece el modelo solidario construido durante décadas o si representa una transición hacia una lógica de mercado en la gestión de la electricidad.

La energía convertida en mercado

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Mercado Eléctrico Nacional donde diversos agentes podrán comprar, vender y comercializar energía bajo reglas de competencia.

El discurso oficial sostiene que la competencia permitirá reducir costos, aumentar la eficiencia y atraer inversiones. No obstante, esta visión parte de una premisa ideológica específica: que los mecanismos de mercado son la mejor forma de organizar sectores estratégicos.

La experiencia internacional demuestra que esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. En numerosos países los procesos de liberalización eléctrica produjeron concentración económica, debilitamiento de la capacidad pública de planificación y una creciente influencia de actores privados sobre decisiones estratégicas.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica. También es democrática. ¿Quién define las prioridades energéticas del país? ¿Las necesidades colectivas o las señales del mercado?

De la planificación pública a la planificación indicativa

Otro cambio relevante es la sustitución de la planificación pública tradicional por un modelo denominado “planificación indicativa”.

Bajo este esquema, el Estado deja de identificar directamente los proyectos estratégicos para el desarrollo eléctrico. En su lugar, diversos agentes presentan proyectos que compiten entre sí mediante mecanismos de mercado y subastas.

La diferencia puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.

En el modelo histórico, la planificación partía de una visión integral del desarrollo nacional. En el nuevo esquema, la expansión del sistema depende cada vez más de las decisiones de inversión de actores individuales y de los incentivos económicos disponibles.

Se produce así un desplazamiento silencioso: la planificación deja de ser un instrumento central de conducción pública y se convierte progresivamente en un mecanismo de orientación para mercados.

ECOSEN y la fragmentación institucional

El proyecto propone además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución que asumiría funciones de operación, coordinación y administración del mercado eléctrico.

Sus defensores argumentan que esto permitirá una gestión más especializada e independiente. Sin embargo, también implica trasladar competencias que históricamente han estado concentradas en instituciones públicas consolidadas.

En muchos procesos de reforma neoliberal la fragmentación institucional ha sido un paso previo a la apertura de mercados. No se eliminan necesariamente las instituciones existentes, pero sí se redistribuyen sus funciones, reduciendo su capacidad de conducción estratégica.

La pregunta no es únicamente quién opera el sistema, sino quién adquiere capacidad real para orientar su futuro.

Nuevos actores, nuevas relaciones de poder

El proyecto incorpora figuras como comercializadores, agregadores de demanda y grandes consumidores con acceso directo al mercado.

Estas figuras crean nuevas oportunidades de negocio dentro del sector eléctrico y modifican la estructura tradicional de relaciones entre productores, distribuidores y usuarios.

La apertura de nuevos espacios económicos suele presentarse como sinónimo de democratización. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados eléctricos tienden a concentrarse alrededor de actores con capacidad financiera, tecnológica y jurídica para competir en condiciones favorables.

Por ello, resulta legítimo preguntarse quiénes serán los principales beneficiarios de estas transformaciones y quiénes asumirán los riesgos asociados.

Una disputa sobre los bienes comunes

La discusión sobre el proyecto de armonización no debería reducirse a cálculos tarifarios o modelos regulatorios. Lo que está en juego es una definición más profunda sobre el papel de la energía dentro de la sociedad costarricense.

Si la electricidad es concebida como un bien común estratégico, la prioridad debe ser garantizar el acceso universal, la solidaridad territorial, la sostenibilidad socioambiental y la planificación democrática de largo plazo.

Si, por el contrario, la energía es entendida principalmente como un mercado, la eficiencia económica y la competencia tenderán a convertirse en los criterios predominantes para organizar el sistema.

La verdadera discusión no es técnica. Es una discusión sobre el país que queremos construir.

Más allá de la armonización

La palabra armonización sugiere consenso, equilibrio y coordinación. Sin embargo, detrás de este proyecto existen intereses, visiones de desarrollo y concepciones distintas sobre el papel del Estado y los bienes comunes.

Por ello, antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable abrir una discusión pública amplia e informada. No se trata solamente de reorganizar instituciones o crear nuevos mercados. Se trata de decidir quién controlará la energía en Costa Rica durante las próximas décadas.

La historia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez se presentan como rupturas. Con frecuencia llegan bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la actualización institucional. Precisamente por eso es necesario debatir no solo los mecanismos propuestos, sino también el modelo de sociedad que estos ayudan a construir.

La electricidad como derecho social y bien común

Hablar de electricidad únicamente en términos de mercados, tarifas o eficiencia económica es olvidar que detrás de cada kilovatio consumido existen personas, comunidades y territorios que dependen de este servicio para ejercer otros derechos fundamentales.

La electricidad permite el acceso al agua potable mediante sistemas de bombeo, sostiene el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades, posibilita las comunicaciones, la producción de alimentos y el desarrollo de actividades económicas. En la actualidad, incluso el acceso a la información, la educación virtual y numerosos servicios públicos dependen de una conexión eléctrica permanente. Por ello, la electricidad no puede entenderse únicamente como una mercancía: constituye una condición básica para la vida digna.

Reconocer la electricidad como un derecho social implica asumir que su provisión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad o de la capacidad de pago de las personas. Significa aceptar que toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, debe tener garantizado un acceso seguro, continuo y asequible a este servicio esencial.

Esta visión fue uno de los pilares que orientó históricamente la construcción del sistema eléctrico costarricense. La electrificación rural, la expansión de la cobertura nacional y la búsqueda de tarifas solidarias respondieron a la idea de que la energía debía servir al desarrollo del país en su conjunto y no únicamente a la generación de ganancias.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el proyecto de armonización trasciende las cuestiones regulatorias. Lo que está en juego es si la electricidad continuará siendo concebida como un instrumento para garantizar bienestar colectivo, cohesión social y desarrollo territorial equilibrado, o si pasará a organizarse principalmente a partir de las dinámicas propias de los mercados eléctricos.

Defender la electricidad como derecho social no significa rechazar la innovación tecnológica, la participación de nuevos actores o la necesidad de mejorar la gestión del sistema. Significa recordar que la energía es demasiado importante para quedar subordinada exclusivamente a criterios comerciales. La pregunta central no es quién puede generar más electricidad o quién puede venderla más barato. La pregunta fundamental es al servicio de quién debe estar organizado el sistema eléctrico nacional.

En tiempos de crisis climática, desigualdad creciente y disputas por los bienes comunes, defender la electricidad como derecho social es también defender una idea de país donde la energía sea un patrimonio colectivo orientado al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y no simplemente un espacio más para la competencia y la acumulación económica.

La discusión sobre la armonización eléctrica es apenas una expresión de un debate mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando bienes esenciales para la vida son reorganizados bajo la lógica del mercado? ¿Qué enseñanzas dejan las experiencias de privatización en América Latina? ¿Qué papel juegan la organización social, la participación ciudadana y la defensa de los bienes comunes en estas disputas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica, donde se exploran conceptos clave para comprender las reformas eléctricas, las experiencias regionales de privatización y resistencia, y los desafíos que enfrenta Costa Rica en la definición de su futuro energético.

El documento completo ya está disponible para descarga aquí.

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Finca 5: cuando la comunidad prepara la pared, también prepara el futuro

Una pintada que empieza mucho antes del color

En Finca 5 se avanza hacia la gran pintada comunitaria del próximo sábado 13 de junio. Pero lo que está ocurriendo en estos días previos está mostrando algo que desborda el propio resultado final: el proceso comunitario como núcleo de la transformación.

Vecinas y vecinos se han organizado para limpiar el espacio, preparar superficies y realizar el repello de la pared donde se realizará el mural. Son tareas que, en apariencia, podrían leerse como simples pasos técnicos previos a la intervención artística. Sin embargo, en la práctica han ido abriendo otro tipo de escena: la del encuentro cotidiano, la coordinación espontánea y la conversación que surge mientras se trabaja.

Así, sin anunciarlo, el mural ha empezado antes de la pintura. Ha comenzado en la organización que lo hace posible.

El valor de una comunidad que trabaja junta

Ese inicio silencioso permite ver algo más profundo: una comunidad no solo se define por el lugar que habita, sino por la manera en que es capaz de actuar en conjunto sobre ese lugar.

En Finca 5, el trabajo compartido no está siendo únicamente una suma de esfuerzos individuales. Está funcionando como una forma de aprendizaje colectivo, donde se redistribuyen tareas, se acuerdan decisiones y se refuerza la idea de que el barrio no es un espacio dado, sino un espacio que se cuida y se construye.

Entre una mezcla de cemento y una conversación sobre el espacio común, se va consolidando algo que no siempre es visible de inmediato: la experiencia de que lo común puede ser gestionado desde abajo, sin depender exclusivamente de intervenciones externas. Esa certeza, aunque se exprese en acciones pequeñas, tiene un alcance más amplio en la vida del territorio.

Y es justamente desde ahí que emerge otra dimensión del proceso.

El entusiasmo como energía que sostiene el proceso

Porque cuando una comunidad empieza a organizarse de esta manera, algo más circula además del trabajo: el entusiasmo.

No un entusiasmo entendido como emoción pasajera, sino como una fuerza que sostiene la continuidad del proceso. Se expresa en la disposición a volver al espacio, en el tiempo compartido que no siempre es obligatorio, en el gesto de sumarse a una tarea que no se hace en solitario sino con otras y otros.

Ese entusiasmo tiene un origen claro: el deseo de ver el propio entorno de otra manera. De imaginarlo distinto, más cuidado, más habitable, más propio. Y en ese deseo se activa una energía colectiva que no se impone, sino que se contagia. Pero ese entusiasmo no aparece en el vacío. Se alimenta de algo más profundo que lo sostiene.

El cariño por el barrio como práctica que organiza lo común

Lo que sostiene ese movimiento es también un afecto concreto por el lugar donde se vive.

En Finca 5, el cuidado del espacio no está siendo entendido como una obligación abstracta, sino como una forma de relación con el barrio. Barrer, preparar una pared o coordinar materiales no son solo acciones funcionales: son expresiones de una manera de habitar.

Ese cariño por el territorio se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que no siempre se registra como “evento”, pero que da forma a la vida comunitaria. Es un tipo de vínculo que no depende de la propiedad del espacio, sino del compromiso con su bienestar.

Y es precisamente ese vínculo el que permite comprender que lo que está en juego va más allá de una intervención artística puntual.

Más allá del mural: lo que se está construyendo en el proceso

Cuando el mural esté terminado, lo visible será el resultado: los colores sobre la pared, la imagen final, la transformación del espacio. Pero esa superficie no contendrá por sí sola todo lo que la hizo posible.

Lo que quedará por debajo —y al mismo tiempo por encima de la imagen— será el proceso: la coordinación que no fue planificada desde afuera, el trabajo compartido que se fue tejiendo día a día, el entusiasmo que sostuvo la continuidad y el cuidado que hizo posible que el espacio se transformara colectivamente.

Por eso, en Finca 5, lo importante no es solo lo que se verá el día de la inauguración. Es lo que ya está ocurriendo antes de que el color toque la pared.

Porque al final, lo que un mural deja no es únicamente una imagen en el espacio, sino una experiencia compartida que muestra que el territorio también puede ser una construcción común cuando se decide habitarlo de otra manera.

Lo que la universidad aprende cuando camina junto a las comunidades

Experiencias como la que hoy se vive en Finca 5 también nos recuerdan que la relación entre la universidad y las comunidades no puede entenderse únicamente como un proceso de transferencia de conocimientos. Si algo muestran estos días de preparación es que las comunidades poseen saberes, prácticas y formas de organización de las que la universidad tiene mucho que aprender.

Aprende de la capacidad de las personas para convertir un espacio cotidiano en un proyecto común. Aprende de la creatividad con la que se enfrentan las limitaciones materiales. Aprende de la disposición para colaborar sin esperar protagonismos individuales. Y aprende, sobre todo, de una convicción sencilla pero poderosa: que los lugares donde vivimos merecen ser disfrutados, cuidados y transformados colectivamente.

Con frecuencia, los discursos sobre el desarrollo comunitario ponen el énfasis en las carencias de los territorios. Sin embargo, procesos como este invitan a mirar también sus fortalezas. La capacidad de organizarse, de construir acuerdos, de movilizar esfuerzos y de sostener la esperanza en mejoras concretas son recursos tan importantes como cualquier infraestructura o inversión.

Desde la universidad, acompañar estos procesos implica reconocer que el conocimiento también se produce en la práctica cotidiana de las comunidades. Se produce cuando las personas encuentran formas de resolver problemas juntas, cuando cuidan los espacios compartidos y cuando imaginan futuros posibles para sus barrios.

Quizá una de las lecciones más importantes que deja Finca 5 es que la transformación de un territorio no comienza con grandes proyectos ni con intervenciones espectaculares. Muchas veces comienza con algo mucho más sencillo y profundo: el deseo compartido de sentirse bien en el lugar donde se vive.

Y cuando ese deseo se convierte en acción colectiva, cuando las personas se organizan para cuidar, embellecer y disfrutar los espacios que comparten, no solo se transforma una pared o una plaza. Se fortalece el tejido comunitario que hace posible imaginar y construir una vida común más digna.

En ese camino, la universidad no llega únicamente para enseñar. También llega para escuchar, aprender y dejarse transformar por las experiencias, los saberes y la esperanza que habitan en las comunidades. Porque al final, el mural que se está preparando en Finca 5 no solo habla de colores sobre una pared: habla de una comunidad que cree en sí misma y de una universidad que encuentra en esa convicción una fuente permanente de aprendizaje.