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Cuando la obstrucción se vuelve política de muerte: el bloqueo a las licencias de cuido

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La decisión del presidente Rodrigo Chaves de mantener bloqueado el proyecto de ley 25.240, indispensable para asegurar el pago de las licencias de cuido a personas cuidadoras de pacientes terminales o menores con enfermedades graves, ha dejado de ser un simple diferendo legislativo. La insistencia del Ejecutivo en no convocar el proyecto, pese a los llamados de diputaciones, mujeres cuidadoras, la DESAF, el ministro de Trabajo e incluso la Contraloría, evidencia una estrategia que produce daño y administra el sufrimiento como herramienta política. Esto es lo que varios marcos teóricos reconocen como necropolítica: la capacidad del Estado de decidir quién puede vivir en condiciones dignas y quién queda expuesto a la vulnerabilidad extrema.

A pesar de que la CCSS aprobó ₡2.700 millones para hacer frente al pago, la falta de la reforma legal —reconocida por todas las instituciones técnicas— sigue impidiendo jurídicamente la transferencia de recursos por encima del 0,5% del Fodesaf. El Presidente continúa afirmando que la ley no es necesaria, aun cuando la propia Contraloría insiste en que la legislación vigente limita el uso de esos fondos y requiere una corrección legal expresa. En este vacío deliberado, miles de familias que cuidan vidas frágiles han sido empujadas a resistir sin ingresos durante meses.

Las manifestaciones de las cuidadoras frente a Casa Presidencial durante varios días seguidos, así como su presencia en la Asamblea Legislativa, no son un gesto simbólico: son una respuesta desesperada a una omisión estatal que afecta la salud, la seguridad económica y la estabilidad emocional de quienes cuidan. Negar la urgencia, dilatar la reforma y colocar la responsabilidad en otras instituciones constituye una forma de violencia institucional sobre cuerpos ya agotados.

Frente a la reactivación temporal de los pagos gracias a la presión social y a la institucionalidad —especialmente la Sala IV y la Contraloría— no debe perderse de vista lo central: mientras el Ejecutivo mantenga la reforma detenida, la vulnerabilidad —y el riesgo de nuevos impagos— permanece abierta.

¿Qué implica que un gobierno ejerza esta capacidad de disposición sobre la vida?

Cuando un Gobierno de la República utiliza su control institucional para administrar la vulnerabilidad, negar derechos reconocidos o colocar a ciertos grupos en condiciones extremas como herramienta política, se modifica algo más profundo que una discusión legislativa: se transforma la naturaleza misma del pacto democrático.

Un gobierno que actúa con esta capacidad de disposición sobre la vida de las personas manda mensajes claros y peligrosos a la población:

1. Que los derechos pueden convertirse en favores: La no convocatoria del proyecto 25.240 demuestra que, si el Ejecutivo lo desea, derechos garantizados por ley pueden volverse inestables, sujetos al humor político del día.

2. Que la institucionalidad puede ser instrumentalizada: Cuando se descarta lo que advierten ministerios, DESAF o Contraloría, el mensaje es que la evidencia técnica importa menos que la narrativa política.

3. Que hay vidas que valen menos en la ecuación estatal: Un Estado que deja a familias sin ingresos sabe lo que hace: produce precariedad selectiva sobre quienes menos capacidad de defensa tienen.

4. Que el cuidado deja de ser un valor público: Al debilitar las licencias de cuido, el Estado comunica que la reproducción de la vida ya no es prioridad colectiva, sino un costo trasladado a los hogares.

5. Que el poder puede operar por desgaste: La dilación calculada muestra una forma de gobernar mediante agotamiento emocional y administrativo, no mediante soluciones.

6. Que el Ejecutivo concentra la decisión sobre quién puede esperar: El control de la agenda legislativa se convierte en una herramienta para definir qué vidas son urgentes y cuáles pueden posponerse.

7. Que la legalidad puede usarse sin romperla, pero vaciándola: La necropolítica no siempre se ejerce con represión abierta: también opera desde la omisión estratégica, que daña sin admitir responsabilidad.

¿Qué es la necropolítica y por qué importa aquí?

El concepto de necropolítica, desarrollado por el filósofo Achille Mbembe, describe cómo los Estados determinan quién puede vivir en condiciones dignas y quién es expuesto a la precariedad, el abandono o la muerte lenta. No se trata solo de violencia directa, sino de decisiones que configuran territorios de vida y territorios de sufrimiento.

En este caso, la necropolítica se expresa en:

  • -La decisión consciente de no convocar un proyecto sabiendo que sin él no se puede pagar el subsidio.

  • -La administración del tiempo como forma de castigo político.

  • -La incertidumbre y el desgaste emocional como mecanismos de disciplinamiento.

  • -La creación de cuerpos sacrificables: mujeres pobres, madres solas, personas cuidadoras agotadas.

Un gobierno ejerce necropolítica cuando hace de la vida un terreno de disputa y del sufrimiento un instrumento de control.

El cercamiento de los bienes comunes sociales: cuando la vida se vuelve frágil

Las licencias de cuido forman parte de los bienes comunes sociales: estructuras colectivas que sostienen la vida, el bienestar y el cuidado. No son favores ni asistencialismo; son instituciones creadas para garantizar que la sociedad no deje atrás a quienes más lo necesitan.

Bloquear el proyecto 25.240 es una forma de cercamiento de esos bienes comunes. Así como los cercamientos históricos privatizaron lo colectivo, hoy asistimos a un proceso donde los sistemas públicos de apoyo se reducen, se condicionan o se vuelven inestables, trasladando la carga a las familias.

Este cercamiento se manifiesta en:

  • -La restricción deliberada de un derecho ya reconocido.

  • -El debilitamiento de los fondos públicos que sostienen la protección social.

  • -El traslado de responsabilidades estatales a hogares vulnerables.

  • -La precarización del cuidado como actividad esencial para la vida.

Ambas dimensiones —necropolítica y cercamiento— convergen en un mismo mensaje: la vida digna deja de ser prioridad estatal y se convierte en un privilegio gestionado políticamente.

Cuando el Estado decide quién puede esperar

La Sala IV ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo reactivar y pagar de inmediato las licencias de cuido, recordando que los derechos a la salud y a la protección familiar no pueden detenerse por falta de presupuesto. En respuesta, la Caja aprobó un presupuesto extraordinario que incluye los fondos necesarios para saldar las licencias pendientes y retomar los trámites que estaban paralizados desde agosto. Además, la Sala resolvió varios amparos a favor de las personas afectadas, obligando a las instituciones a garantizar estos subsidios sin excusas ni retrasos.

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Desalojo en Chorreras: cuando la conservación se usa para expulsar a quienes han vivido a pesar de la frontera

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Las imágenes de un campesino de 70 años arreando su ganado bajo la lluvia en Chorreras, San Carlos, han circulado ampliamente como un recordatorio doloroso de cómo se están gestionando los territorios rurales en Costa Rica. Su llanto, mientras abandona la finca donde ha vivido y trabajado durante casi un cuarto de siglo, reabre un debate que va más allá de un operativo puntual: ¿cómo trata el Estado a las comunidades que han logrado sostener su vida a pesar de la frontera, del abandono institucional y de las contradicciones históricas de la política territorial?

Este giro en el título permite visibilizar algo central: las familias campesinas no solo han habitado la franja fronteriza; han vivido allí a pesar de las condiciones adversas, del aislamiento, de la falta de inversión pública y del estigma que recae sobre quienes construyen vida y arraigo en territorios de alta complejidad política. El desalojo de Chorreras no se explica sin reconocer esta persistencia social y cotidiana.

Lo que ocurre en Chorreras no es un episodio administrativo ni una simple ejecución judicial. Es la manifestación de un conflicto socioambiental más profundo, donde se cruzan la ecología política, la gestión de bienes comunes, la criminalización selectiva y las tensiones arraigadas entre el Estado y las comunidades rurales que han sostenido sus vidas —no gracias a las instituciones, sino muchas veces a pesar de ellas— en la línea fronteriza norte.

Una comunidad marcada por la frontera y por la historia

Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Durante décadas fue una comunidad como muchas otras en la ruralidad costarricense: con escuela, iglesia, caminos y fincas trabajadas por familias que construyeron allí su proyecto de vida. La presencia campesina no era la excepción, sino la norma.

Sin embargo, en los últimos años el territorio ha sido redefinido por el Estado no como comunidad productiva, sino como un espacio de amenaza: una zona “cargada de ocupaciones irregulares”, asociada a minería ilegal, tráfico y otros delitos. Esa narrativa —insistida por el Minae y otras instituciones— no distingue historias, trayectorias ni modos de vida. Todo se fusiona en una categoría única: ocupación ilegal.

Este giro en el discurso estatal es clave. Las mismas familias que por décadas ayudaron a sostener la frontera —muchas veces sin apoyo institucional alguno— ahora son tratadas como intrusas, sospechosas o actores de riesgo.

El desalojo y la construcción de la ilegalidad

Las imágenes del desalojo muestran a Óscar Rojas, un finquero de 70 años, guiando 16 vacas por un camino enlodado. “Casi 25 años de estar aquí y hoy me tiran afuera como cualquier delincuente”, dice entre lágrimas. Su testimonio revela una contradicción central: mientras el gobierno habla de “coligalleros ilegales que ingresaron este año”, el operativo está afectando también a familias de larga data.

La ecología política permite entender esta tensión. Cuando el Estado enfrenta una crisis territorial —como la minería ilegal en Crucitas— suele recurrir a respuestas rápidas basadas en la criminalización y la homogenización. En vez de distinguir responsabilidades, se construye una categoría totalizante que confunde a campesinos con actores de economías ilícitas. Esta estrategia, usada históricamente en procesos de conservación excluyente, legitima desalojos sin diálogo y sin análisis social.

Así, la conservación se convierte en herramienta de expulsión y no de justicia ambiental.

Una conservación sin gente: desposesión en nombre de la naturaleza

Aunque la ley define la franja fronteriza como propiedad del Estado, eso no significa que sea un territorio vacío o sin historia. Por décadas ha funcionado como un bien común de facto, donde comunidades han gestionado el territorio a partir de economías campesinas, ganadería familiar y relaciones sociales que sostienen la vida rural.

La intervención estatal actual rompe ese tejido, imponiendo un modelo vertical de conservación en el que:

  • -no se reconocen derechos consuetudinarios de quienes habitan desde hace décadas,

  • -se ignoran las funciones sociales que cumple la presencia campesina en zonas fronterizas,

  • -y se privilegia un enfoque policial-militar sobre uno socioambiental.

El resultado es una forma de desposesión ambiental: se protege la naturaleza, pero desplazando a quienes históricicamente la han habitado y cuidado. Se preserva el bosque, pero a costa de la vida campesina. Se “recupera” territorio, pero sin reconocer la complejidad de los lazos construidos entre gente y paisaje.

El peso de las decisiones estatales: de Crucitas a Chorreras

El gobierno justifica los desalojos señalando que la zona es un punto de acceso hacia Crucitas, donde opera la minería ilegal. Pero esta explicación omite un dato fundamental: la crisis de Crucitas es resultado directo de decisiones estatales —concesiones, permisos, abandono y fallas de fiscalización— que generaron un territorio fracturado y vulnerable.

Mientras los grandes responsables permanecen impunes, la respuesta institucional recae sobre quienes menos poder tienen: familias campesinas que han vivido ahí mucho antes del auge del oro. Es un patrón común en América Latina: cuando los conflictos socioambientales escalan, la carga se desplaza hacia los márgenes, hacia los mismos territorios que el Estado históricamente dejó abandonados.

El caso de Chorreras revela la incapacidad estatal para diferenciar actores dentro de un territorio complejo. No es lo mismo una familia con 25 años de arraigo que un grupo que ingresa recientemente para actividades ilegales. Pero la política pública actúa como si lo fuera.

Promesas rotas y uso político del territorio

La indignación en Chorreras también se explica porque, en 2023, el propio gobierno había prometido entregar documentos equivalentes a escrituras para regularizar la situación de las familias de la franja fronteriza. Hoy esas mismas familias están siendo desalojadas bajo la acusación de ser ilegales.

Esta contradicción pone en evidencia el uso político y estratégico del territorio fronterizo. Las promesas se activan en momentos de necesidad electoral o de exposición pública; los desalojos se ejecutan luego, cuando las comunidades dejan de ser útiles para la narrativa gubernamental.

El diputado Geison Valverde lo señaló con claridad: el gobierno se escuda en el argumento de que “solo cumple una orden judicial”, aunque fue uno de sus propios ministerios el que impulsó la denuncia.

¿Qué modelo de soberanía queremos en la frontera?

Lo que está en juego en Chorreras no es solo la aplicación de una resolución judicial. Es una disputa por el modelo de relación entre Estado, comunidades y territorios rurales. La soberanía no se construye expulsando campesinos. Se construye reconociendo sus derechos, dialogando con su conocimiento, fortaleciendo sus proyectos y articulando políticas que integren conservación, producción y vida digna.

Desde una perspectiva de justicia socioambiental, cualquier proceso en la franja fronteriza debe incluir:

  • -reconocimiento de derechos de ocupación histórica,

  • -participación comunitaria real en la gestión del refugio y del territorio,

  • -distinción clara entre actividades ilícitas y prácticas campesinas,

  • -desarrollo rural como política de seguridad y no solo como inversión social,

  • -y un enfoque de conservación con gente, no contra la gente.

¿Qué defensa? Bienes comunes o privación

El desalojo de Chorreras nos obliga a preguntarnos qué significa “proteger la naturaleza” y quién asume los costos de esa protección. Si la conservación se construye expulsando a quienes han vivido por décadas en la frontera, lo que se está defendiendo no son los bienes comunes, sino una versión vaciada de territorio: sin campesinos, sin historia y sin voces comunitarias.

Las lágrimas de Don Óscar no solo reflejan la pérdida de una finca. Reflejan la fractura de un país que, en nombre del orden y la conservación, está desmantelando el tejido social que sostiene sus territorios más frágiles.

La ecología política nos recuerda que no hay naturaleza sin gente y que no hay frontera segura sin comunidades fuertes. Recuperar esa verdad es el primer paso para una política que proteja tanto los ecosistemas como la dignidad de quienes han vivido y trabajado en ellos durante generaciones.

Referencias:

Pomareda, Fabiola. (2025, julio 21). Familias de Chorreras notificadas de desalojo apelarán decisión judicial y no abandonarán sus hogares, afirman. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/familias-de-chorreras-notificadas-de-desalojo-apelaran-decision-judicial-y-no-abandonaran-sus-hogares-afirman/

Pomareda, Fabiola. (2025, noviembre 28). Campesinos de Chorreras muestran desalojo: “Así se despide uno de una finca, sacando el ganado, como si fuéramos delincuentes o narcotraficantes”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/campesinos-de-chorreras-muestran-desalojo-asi-se-despide-uno-de-una-finca-sacando-el-ganado-como-si-fueramos-delincuentes-o-narcotraficantes/

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Oportunidades perdidas de formación y participación democrática: mientras Escazú impulsa el aprendizaje colectivo, la institucionalidad se repliega en el proceso del Plan Regulador

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En Escazú, el contraste se vuelve cada vez más nítido.

Mientras organizaciones sociales, colectivos barriales y personas vecinas se organizan para comprender y participar activamente en el proceso del Plan Regulador, la institucionalidad municipal parece recorrer el camino inverso: cerrar espacios, evitar la pedagogía pública y mantener la toma de decisiones en circuitos estrechos.

Esta tensión dice mucho del momento actual: la democracia local se fortalece desde lo local, al tiempo que las autoridades insisten en procedimientos poco explicados y con escasas oportunidades reales para que la ciudadanía participe con poder y sentido.

Una ciudadanía que quiere incidir, no solo informarse

En los últimos días, distintos grupos comunitarios han convocado encuentros abiertos para profundizar en el funcionamiento de la Comisión del Plan Regulador, el papel de los Consejos de Distrito y los pasos que vienen para la elección de delegaciones.

Si bien estos espacios incluyen procesos de aprendizaje, su sentido es más amplio: la ciudadanía busca participar, comprender para decidir, y evitar que el Plan Regulador se convierta en un trámite ajeno a quienes habitan el cantón.

Ahí —en lo comunal, en lo horizontal y en lo deliberativo— está emergiendo una forma más sólida de democracia local.

Una institucionalidad que retrocede: la sesión del 25 de noviembre

La sesión del Concejo Municipal del 25 de noviembre mostró la otra cara del proceso.

Las organizaciones comunitarias asistieron con una solicitud básica y razonable: que la Secretaría de los Consejos de Distrito fuera convocada a una sesión futura para explicar, de manera clara y pública, los procedimientos vinculados con audiencias y etapas del proceso.

Era una oportunidad mínima para promover pedagogía democrática.
Pero la mayoría del Concejo optó por cerrar el espacio.

La petición quedó atrapada en un clima de confrontación, acompañado de descalificaciones hacia quienes pedían claridad. Más preocupante aún fue la lógica que asomó: la idea de que “la ciudadanía no entiende”, como si la falta de información fuera un rasgo inherente y no consecuencia de una institución que decide no explicar.

Esa mirada paternalista no solo desplaza responsabilidades, sino que socava la confianza pública y debilita las bases participativas del proceso.

Lo que revela esta contradicción

Lo ocurrido expone dos lógicas en disputa:

  • -Una ciudadanía organizada que busca participar activamente, decidir informadamente y disputar el rumbo territorial del cantón.
  • -Una institucionalidad que esquiva la pedagogía pública y sostiene procedimientos poco explicados, restringiendo el acceso a la información.

Mientras la comunidad abre puertas, la institucionalidad las cierra.

Mientras la ciudadanía insiste en diálogo, el Concejo responde con opacidad y tiempos atropellados.

Y surge la pregunta de fondo: ¿cómo puede construirse un Plan Regulador legítimo si la misma institucionalidad evita los espacios donde esa legitimidad se cultiva?

Las organizaciones sociales como garantía democrática

Ante el repliegue institucional, las organizaciones sociales siguen siendo un anclaje indispensable.

Sostienen la posibilidad de comprender, discutir y disputar lo público cuando las instituciones se desentienden de su propio deber pedagógico.

La experiencia reciente confirma algo esencial: cuando la institucionalidad duda o retrocede, la democracia la sostienen los barrios, los colectivos y las personas que deciden involucrarse activamente.

Ahí late la posibilidad de un Plan Regulador realmente democrático.

En vísperas de las próximas etapas: ¿qué institucionalidad necesitamos?

El Plan Regulador no es un trámite cualquiera. Sus etapas, audiencias y mecanismos están diseñados —al menos en papel— para garantizar decisiones con sustento técnico y legitimidad social.

Por eso, lo ocurrido no puede verse como un episodio aislado.

Es una advertencia de las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse las próximas fases.

Si la institucionalidad continúa cerrando espacios, interpretando preguntas como amenazas y asumiendo que la ciudadanía “no entiende”, el proceso corre el riesgo de convertirse en un recorrido opaco, donde la transparencia depende más de la insistencia comunitaria que del compromiso público.

Un proceso de esta magnitud exige algo distinto: una institucionalidad que habilite, acompañe y dialogue; que entienda que explicar no es perder control, sino construir legitimidad.

Las comunidades ya demostraron que están dispuestas a participar con responsabilidad y rigor.

La pregunta que definirá el futuro del Plan Regulador es si la institucionalidad estará a la altura de ese compromiso, o si persistirá un camino que amenaza con vaciar de sentido un proceso que debería ser profundamente democrático.

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Alertas socioambientales en Puerto Viejo: un monitoreo que vuelve a encender las alarmas

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El más reciente monitoreo realizado por Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe sur vuelve a mostrar, con una crudeza difícil de ignorar, la continuidad de prácticas que erosionan el bosque, las quebradas y la legalidad ambiental en la región. Lo que se observa no es un incidente aislado, sino la repetición de un patrón ya conocido: tala, relleno, ocultamiento de cuerpos de agua y uso turístico-residencial encubierto en áreas donde la protección debería ser la regla, no la excepción.

Caso 1: Cambio de uso de suelo total: bosque eliminado y construcciones en marcha

En una loma antes cubierta por árboles, el terreno aparece hoy completamente pelado. Las imágenes satelitales confirman la eliminación total de la cobertura boscosa, pese a que la legislación prohíbe disminuir la superficie de bosque desde 1994. La presencia de nuevas estructuras sugiere un proceso de construcción avanzado que habría requerido medidas cautelares inmediatas.

Caso 2: Quebradas ocultas y rellenos frente a infraestructura pública

En otro punto del monitoreo se observan alcantarillas colocadas de forma tal que la quebrada queda virtualmente escondida, en un sitio crítico: frente a la planta de tratamiento de aguas negras. La intención parece clara: rellenar el cauce para habilitar la construcción. El registro documenta una presión sistemática sobre los ecosistemas de agua dulce.

Caso 3: Ganadería sin protección ribereña y herbicidas en uso intensivo

Otro sitio muestra una quebrada casi destruida por la tala hasta la orilla, dejando apenas un puñado de árboles. La zona se dedica a la ganadería, donde además se reporta el uso de herbicidas para eliminar la “planta dormilona”. El resultado: riberas expuestas, erosión, pérdida de sombra y afectación directa a la calidad del agua.

Caso 4: Reincidencia y desobediencia: un caso ya paralizado que continúa avanzando

El monitoreo revela que un caso previamente denunciado y detenido ha vuelto a activarse. Se observan nuevos materiales de construcción y nuevamente chapia en las orillas de la quebrada. Esta reincidencia da cuenta de la ausencia de voluntad de cambio por parte de los responsables, y de un Estado que, aunque informado, no logra detener las acciones.

Caso 5: Testimonio que desnuda un sistema fracturado

Philippe nos comparte un ejemplo de tala intensiva ocurrido en una finca vecina a la suya. Durante casi dos décadas ha observado la extracción continua de madera, la emisión de permisos irregulares y la tala de especies protegidas. En el Caribe Sur, estas prácticas se vinculan con la transformación progresiva de fincas completas en proyectos residenciales de lujo. Su testimonio señala la existencia de una cadena de permisos, inspecciones y certificaciones en la que la corrupción actúa como un vector que habilita la degradación ambiental.

En su monitoreo también ha identificado situaciones de presión, intimidación y la presencia de actores locales que obstaculizan los procesos de denuncia, reforzando así la vulnerabilidad de quienes documentan y defienden el territorio.

Caso 6: Beach Break: nuevas estructuras y aumento del impacto del oleaje

El monitoreo registra la colocación reciente de una serie de postes en la franja de playa en Beach Break, zona ya saturada por construcciones y usos irregulares (luces, mesas y otras instalaciones sobre la arena). Los postes fueron sembrados y posteriormente unidos con fajas, sin explicación sobre su función. Su presencia altera el paso natural de las personas a lo largo de la playa.

Paralelamente, el reporte muestra cómo el mar continúa avanzando hasta las estructuras deportivas instaladas en la zona pública. El oleaje ya alcanza la cancha de voleibol, y las imágenes evidencian un retroceso costero creciente. Philippe nos recuerda que en temporadas recientes el agua ha llegado incluso a cruzar la calle, razón por la cual se colocaron grandes rocas como barrera improvisada. El avance del mar sobre arena clara y oscura confirma un proceso de erosión acelerada, previsible pero ignorado por actores locales que siguen instalando nuevas estructuras.

Caso 7: Sacos de arena como contención fallida 

En este punto del litoral se documenta nuevamente la colocación de sacos de arena para detener el avance del mar. La medida, ampliamente utilizada en distintos tramos de la costa, ha demostrado ser insuficiente: los sacos se rompen con facilidad ante la fuerza del oleaje y terminan dispersos en la playa.

Philippe ha dado seguimiento a este caso desde sus primeras intervenciones, y ya existe una nota anterior donde se analiza el proceso constructivo y las irregularidades asociadas. El reporte actual permite ejemplificar con claridad el desenlace típico de estas obras: estructuras colocadas en zona pública marítima, denunciadas desde su inicio, que avanzan hacia una eventual orden de demolición mientras el mar —más rápido que la institucionalidad— continúa reclamando el espacio que le pertenece.
Estrategias para burlar la legalidad ambiental: un patrón que se repite

Los casos documentados muestran que la degradación no ocurre al margen de la ley, sino mediante una serie de maniobras que buscan aprovechar vacíos, retrasos institucionales o debilidades en la fiscalización. Entre las principales estrategias identificadas destacan:

  • Ocultamiento físico de cuerpos de agua

La colocación de alcantarillas para “desaparecer” quebradas es una táctica frecuente. Al simular que el cauce no existe, se justifica el relleno del terreno y se habilita la construcción. Esto elimina las obligaciones legales de protección ribereña y genera daños irreversibles en los ecosistemas de agua dulce.

  • Tala bajo permisos ambiguos o desactualizados

Se reporta el uso de permisos forestales emitidos hace años o gestionados con información imprecisa, que se emplean para justificar la remoción de árboles que no estaban contemplados originalmente. En varias fincas se describe la extracción de especies protegidas bajo amparo de documentos dudosos o facilitados por inspectores que no verifican adecuadamente el estado del bosque.

  • Fragmentación de proyectos para evitar controles

La división de grandes fincas en múltiples lotes permite que las intervenciones parezcan “pequeñas”, dispersas y, por tanto, sujetas a requisitos más débiles. Lo que en conjunto constituye un proyecto turístico-residencial de alto impacto se presenta como una serie de obras menores sin necesidad de estudios ambientales profundos.

  • Uso estratégico del tiempo: avanzar mientras llega la autoridad

Un patrón reiterado es intervenir de manera acelerada –tala, chapia, relleno– antes de que la denuncia presentada por vecinos o personas defensoras resulte en una inspección. Cuando la autoridad llega, gran parte del daño ya está hecho, y lo que queda es un proceso administrativo que avanza mucho más lentamente que la maquinaria y las motosierras.

  • Intimidación y presión a quienes denuncian

El temor también opera como mecanismo. Vecinos relatan presiones directas, hostilidad y vigilancia cuando documentan irregularidades. La intimidación reduce la denuncia y crea un ambiente donde la impunidad se normaliza.

Una advertencia que no podemos ignorar

Los casos documentados por Philippe vuelven a mostrar que los conflictos socioambientales en el Caribe Sur no responden únicamente a infracciones puntuales: son el resultado de una combinación peligrosa entre expansión inmobiliaria, debilitamiento institucional, vacíos de control y una falta persistente de protección real a quienes defienden los bienes comunes.

Las alertas que emergen del monitoreo comunitario muestran una tensión creciente: mientras las comunidades documentan con rigor lo que ocurre en la costa, las decisiones institucionales avanzan con lentitud o se acomodan a intereses económicos que erosionan la protección ambiental. Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos compartiendo estos registros para evidenciar estas disputas y sostener la defensa de los territorios costeros como un asunto de responsabilidad pública.

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Pedagogía, creatividad y humor: un lenguaje que enseña mientras se ríe

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Las bombas, parte entrañable de la tradición costarricense, siempre han sido más que rima y picardía. Son una forma rápida y certera de leer el país: pequeñas cápsulas donde la crítica se condensa, el humor se afila y la realidad se mira con una mezcla de ironía y cariño. En las calles, durante la protesta social, estas expresiones recuperan toda su potencia. No solo hacen reír: abren conversación, afinan el oído colectivo y nos recuerdan que pensar también puede ser un acto alegre.

El video que acompaña esta nota recoge una serie de bombas compartidas en la marcha del 26 de noviembre de 2025. En ese espacio, entre consignas, pasos y carteles, las bombas se convirtieron en chispas pedagógicas: formas de explicar lo complejo sin perder el ingenio; maneras de nombrar lo urgente sin caer en el silencio cansado de la política formal.

Pedagogía, creatividad y humor: un lenguaje que enseña mientras se ríe

La pedagogía popular reconoce que la educación no vive solo en aulas, documentos o instituciones. Habita también en los gestos cotidianos, en los relatos que pasan de boca en boca, en lo que la gente crea cuando necesita entender y hacerse entender. En esa lógica, la bomba funciona como una maestra ligera: no impone, no sermonea, pero ilumina.

La creatividad, en este contexto, es más que un recurso expresivo: es una herramienta de pensamiento colectivo. Cuando alguien compone una bomba, reorganiza la realidad, la hace más digerible, más compartible. La vuelve materia común. En la protesta social, esa creatividad se multiplica, porque las calles invitan a inventar —y a reinventarse— con libertad. Carteles ingeniosos, rimas improvisadas, juegos de palabras: todo ello forma parte de un laboratorio espontáneo donde se ensayan ideas, críticas y deseos.

El humor, lejos de suavizar lo serio, crea un respiro que permite mirar lo doloroso sin paralizarse. Es un puente que baja tensiones y abre la puerta a quienes tal vez no hubieran participado en una discusión más “formal”. Un país que puede reírse de sí mismo también puede pensarse mejor. Las bombas lo recuerdan sin solemnidades: el análisis no tiene por qué ser árido.

Cuando humor, creatividad y protesta social convergen, aparece una forma de aprendizaje que no está codificada en ningún plan de estudios. Es una educación que se mueve, que vibra, que escucha y responde en tiempo real. Es la clase que nadie programa, pero que todas y todos terminamos tomando.

Atención: la creatividad va a decir algo

Este video es una invitación a detenerse un momento ante ese cruce fértil entre cultura popular y acción colectiva. A escuchar cómo la gente nombra lo que vive, lo que le preocupa, lo que sueña. A reconocer que en cada bomba hay una lectura país, una interpretación del presente y, muchas veces, una propuesta de futuro.

Porque pensar juntas y juntos —con humor, creatividad y palabra compartida— también es defender lo común. Y porque, en Costa Rica, hasta la reflexión puede entrar bailando.

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Clases que caminan: voces del 25N, lecciones vivas desde la protesta social

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Este audio es un collage de voces tomadas en plena calle durante la protesta del 25 de noviembre: una clase abierta donde la gente habla de salarios dignos, defensa de la salud y la educación pública, y del cansancio frente al autoritarismo. Registrar estas intervenciones importa porque en el espacio público también se produce conocimiento; ahí se nombran problemas, se trazan horizontes y se afirma un país que no quiere quedarse callado.
Si te interesa aprender desde la calle —ese lugar donde la ciudadanía improvisa cátedras urgentes— escuchá este mosaico de voces que enseñan mientras avanzan.

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Formación ciudadana que abre camino: Escazú fortalece su proceso hacia el Plan Regulador

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El proceso del Plan Regulador de Escazú continúa mostrando el valor de la formación ciudadana impulsada desde las propias organizaciones sociales, espacios que refrescan la vida democrática y permiten que los debates institucionales se enriquezcan con la voz, la memoria y la experiencia de la comunidad.

El encuentro realizado el pasado lunes 24 de noviembre en la sede de Codece, San Antonio, fue ejemplo de ello. Personas, colectivos y grupos vecinales se reunieron para poner en común el proceso que se ha venido construyendo, compartir inquietudes y aprendizajes, y proyectar los pasos que siguen en la conformación de la Comisión del Plan Regulador.

Intercambio y discusión para ampliar la democracia local

La reunión destacó la importancia de contar con espacios donde la ciudadanía pueda formarse, informarse y contrastar perspectivas. En un momento en el que la planificación territorial enfrenta tensiones políticas, técnicas y sociales, estos ejercicios comunitarios permiten abrir los procesos municipales a una participación más amplia, crítica y corresponsable.

El diálogo colectivo también evidenció cuánto ha significado para el movimiento ciudadano estar presente en los distintos espacios municipales, hacer valer la voz de la comunidad y sostener un seguimiento constante de las decisiones del Concejo Municipal. Este involucramiento ha permitido que la ciudadanía incida y garantice que la planificación del territorio no se cierre en criterios técnicos, sino que integre la diversidad de saberes locales.

Mirar hacia lo que viene: retos y oportunidades

El encuentro también permitió profundizar en cómo se desarrollarán los siguientes pasos del proceso del Plan Regulador. Se destacó el papel clave que tendrán los consejos de distrito en esta fase y se subrayaron varias dimensiones fundamentales a considerar:

  • -Asambleas distritales accesibles y representativas: trabajar para que la participación sea amplia y que los distintos sectores del cantón puedan involucrarse.
  • -Rol de los consejos de distrito: impulsar la organización comunitaria y fortalecer la coordinación entre barrios y colectivos.
  • -Diálogo constante con la institucionalidad: mantener la comunicación abierta para generar confianza y transparencia en el proceso.
  • -Construcción de capacidades comunitarias: formación e información para que la ciudadanía pueda participar de manera crítica y fundamentada.

Estas dimensiones reflejan la importancia de sostener un proceso democrático desde los barrios organizados, colectivos y organizaciones sociales, asegurando que la participación no sea solo simbólica, sino efectiva y duradera.

Se subrayó que el desafío principal será sostener la presencia y la organización, especialmente en un contexto donde las agendas comunitarias deben lidiar con tiempos institucionales, calendarios complicados y la necesidad de seguir generando información accesible para más sectores del cantón.

Compromiso con una democracia viva

Los espacios como este demuestran que la democracia local se construye desde abajo, desde la conversación entre vecinas y vecinos, la reflexión compartida y el ejercicio de imaginar colectivamente el futuro del territorio.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, estos espacios de encuentro y formación ciudadana son la base de cualquier proceso verdaderamente democrático. En ellos se tejen las relaciones, los acuerdos y las capacidades colectivas necesarias para sostener los bienes comunes sociales, naturales y culturales que están en juego en un Plan Regulador. Solo a partir de la organización barrial, el trabajo de los colectivos y el impulso de las organizaciones sociales es posible ampliar la democracia en procesos institucionales frecuentemente marcados por la burocracia, garantizando que la planificación del territorio responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

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Cuando el espectro se vuelve frontera: reflexiones desde los pueblos originarios ante la subasta de frecuencias en Costa Rica

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A pesar de la suspensión temporal de la subasta ordenada por la Sala Constitucional, desde el Colectivo Antonio Saldaña recordamos que persisten vacíos graves en el debate público.
La falta de frecuencias reservadas para pueblos indígenas, la ausencia de mecanismos diferenciados de acceso y la exclusión de nuestras comunidades en las decisiones sobre comunicación siguen intactas.

La suspensión detiene el proceso, pero no corrige la injusticia.
Seguimos llamando la atención sobre estas ausencias que amenazan nuestra autonomía, nuestra organización y nuestro derecho a comunicarnos con dignidad.

Un vacío imperdonable en tiempos democráticos: la ausencia de frecuencias reservadas para pueblos indígenas

Antes inclusode analizarlos riesgos jurídicos, económicos ypolíticos de lasubastadel espectro, es necesario señalar un vacío estructural que revela la falta de visión democráticadelproceso:elEstadocostarricensenoreservóniunasolafrecuencia para los pueblos indígenas.

En un país que se reconoce multiénica, pluricultural y plurilingüe, donde los territorios indígenas han sido históricamente marginados del acceso a la comunicación propia, la ausencia de una reserva explícita es más que una omisión técnica: es un retroceso en derechos.

Los estándares internacionales —incluida la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano— han sido contundentes:

  • -Los pueblos originarios deben tener acceso preferente al espectro.

  • -La comunicación indígena es parte del ejercicio de la autonomía, la cultura y la libre determinación.

  • -Sin medios propios, no hay garantías plenas de participación ni protección de la identidad colectiva.

Aun así, la subasta avanzó sin mecanismos diferenciados, sin cupos reservados, sin diálogo intercultural y sin reconocer que las condiciones materiales y las necesidades comunicativas de los territorios no son comparables con las de los actores comerciales.

Este vacío no es menor: implica que la vida comunicativa de los pueblos originarios depende, nuevamente, de un mercado que no fue diseñado para ellos y que no reconoce sus realidades.

Unprocesodereasignacióndelespectroqueexcluyealospueblosindígenases,por definición,unprocesoincompletoeinjusto.

Comunicar desde el territorio: un derecho, no un lujo

ParalascomunidadesNgäbe,Brörán,Cabécar,Bribri,Malekuyotras,lacomunicación noesun“servicio”ni un“negocio”. Es territorio, es memoria, es palabra compartida. Es el espacio donde se transmite la historia, se sostienen las luchas y se toman decisionescolectivas.

En muchos territorios, la radio comunitaria —hecha con recursos mínimos y con enorme esfuerzo colectivo— es el único medio estable de información, organización y cultura en lengua propia.

Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña lo decimos con claridad: si ya vivimos con dificultades para comunicar, esta subasta puede empujar a nuestras comunidades a una incomunicación aún más profunda.

La subasta y el riesgo de un silencio impuesto

La preocupación es seria:

  • -Si suben los costos,

  • -si se ofrecen frecuencias en litigio,

  • -si no existen mecanismos de acceso diferenciado,

  • -si el diseño responde únicamente a criterios de mercado,

  • -la consecuencia es inevitable: menos radios comunitarias, menos voces propias, más silencio en los territorios.

Y ese silencio no es un detalle técnico. Es una amenaza directa a la autonomía, a la lengua, a la cultura y a la capacidad de las comunidades para responder colectivamente frente a invasiones, proyectos extractivos, emergencias o desatención estatal.

Diferenciar para garantizar derechos

Los pueblos originarios no pedimos beneficios especiales: pedimos justicia.

Tratar igual a actores que viven realidades profundamente desiguales solo profundiza la inequidad.

La diferenciación en los procesos públicos es una herramienta democrática, no una excepción.

Implica reconocer que los medios indígenas y comunitarios no son empresas: son formas de vida comunicativa, espacios de soberanía cultural y herramientas de protección territorial.

Un proceso justo debería incluir:

  • -Reservas de frecuencias para medios indígenas y comunitarios.

  • -Condiciones preferentes que reconozcan su aporte social.

  • -Criterios de evaluación que vayan más allá del pago económico.

  • -Participación real de las comunidades en el diseño del proceso.

  • -Modelos de gestión plurales que no reproduzcan la exclusión histórica.

Sin estas garantías, la subasta se vuelve una carrera donde solo participan quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes sostienen la diversidad cultural del país.

La palabra como bien común

En un clima político donde se descalifica a la prensa como “prensa canalla”, se socavan las bases del debate público. Para los pueblos originarios, este contexto es doblemente preocupante:

nuestras voces ya han sido históricamente marginadas, y la pérdida de medios comunitarios profundizaría aún más ese silenciamiento.

-Porquesiseapagannuestrasradios,

-¿quiéncontaránuestrasluchas?,

-¿quiénavisaráanteunaamenaza?,

-¿quiénsostendrálatransmisióndelamemoriaenlenguapropia?

Que nadie hable por nosotros y nosotras

La comunicación indígena no es un favor del Estado: es un derecho colectivo.

Es parte de nuestra continuidad cultural, de nuestra autonomía y de nuestra relación con el territorio.

Por eso hacemos un llamado urgente a comprender la dimensión de lo que está en juego.

La subasta del espectro no solo reorganiza frecuencias: está redefiniendo quién tiene derecho a la palabra y quién puede quedarse fuera de la conversación nacional.

Defender el espectro como bien común social es defender la democracia y la pluralidad de Costa Rica.

Es defender que cada pueblo, cultura y comunidad pueda hablar con su propia voz, sin silenciamientos, sin intermediarios y sin barreras económicas que profundicen la exclusión.

Como pueblos originarios, afirmamos: sincomunicación propia no hay autonomía, no hay territorio y n ohay futuro.

Colectivo Antonio Saldaña 25 de noviembre del 2025

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Caminar juntas: Los trayectos de MUSADE

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Te invitamos a ver esta entrevista con Enid Cruz, trabajadora social, activista feminista y coordinadora general de MUSADE, una de las organizaciones más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en San Ramón y Costa Rica.

MUSADE nació el 6 de diciembre de 1986, fruto del trabajo comunitario impulsado desde la oficina de Trabajo Social del programa “Hospital sin Paredes”. Su creación respondió a un momento histórico atravesado por desafíos profundos: la crisis económica de los años 80 que agudizó desigualdades, el impulso de los movimientos feministas latinoamericanos que transformaron la manera de entender la justicia de género, y la fuerza comunitaria que reveló de forma contundente las múltiples violencias que afectaban a las mujeres.

En esta conversación, Enid Cruz comparte la memoria viva de ese proceso: las luchas, aprendizajes y decisiones que permitieron construir un espacio clave para la defensa de la vida, la dignidad y el bienestar de las mujeres.
Una historia necesaria para comprender el pasado y seguir fortaleciendo el presente.

Mirá el video completo y acompañanos en este recorrido por los orígenes y la vigencia de MUSADE.

 

En el marco del 25 de noviembre: una memoria que sigue en presente

Esta entrevista se publica en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que recuerda la urgencia de seguir construyendo sociedades más justas, libres de violencias y discriminación.

El trabajo de MUSADE —y el testimonio de Enid Cruz— dialoga directamente con el sentido de esta conmemoración. Su historia demuestra que la lucha contra las violencias no se limita a un día, sino que se sostiene en el acompañamiento cotidiano, la organización comunitaria, la sororidad y la defensa de los derechos humanos.

Recuperar estas memorias no es solo un acto de homenaje: es una forma de reconocer a quienes abrieron caminos, de visibilizar las resistencias que persisten y de reafirmar el compromiso colectivo para garantizar la vida y la dignidad de todas las mujeres.

Copia de Copia de Copia de @observatoriobienescomunes

La subasta del espectro en Costa Rica: riesgos para la comunicación como bien común social

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El concurso público para reasignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica avanza en un contexto de alta tensión jurídica y política, mientras crecen las alertas desde sectores académicos, comunitarios y jurídicos sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la calidad democrática del país. Más allá de un trámite administrativo, lo que está en juego es la manera en que se gestiona un recurso fundamental para la vida pública: el espectro radioeléctrico, un bien común social que sostiene derechos, culturas e identidades.

En las últimas semanas, dos procesos contencioso-administrativos interpuestos por radioemisoras y CANARA han cuestionado la decisión del Estado de no prorrogar automáticamente las concesiones. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó medidas cautelares que permiten continuar las transmisiones, también estableció que no pueden introducirse cambios en la asignación ni explotación de frecuencias mientras se resuelve el litigio. Esto coloca el proceso de subasta —que continúa su curso— en un escenario de incertidumbre legal y de posible afectación del interés público.

Al mismo tiempo, distintas voces advierten que el diseño del concurso, incluido el establecimiento de precios base elevados y la inclusión de frecuencias en disputa, podría generar exclusiones y concentrar aún más el acceso al espectro.

Cuestionamientos desde el sector de radiodifusión

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) ha señalado preocupaciones sobre la seguridad jurídica, la falta de análisis técnico integral y los efectos que una subasta sin criterios diferenciados puede generar para las señales abiertas, que cumplen funciones sociales esenciales para sectores con menos recursos económicos. Su presidenta, Saray Amador, afirma que el proceso cambia unilateralmente reglas vigentes y podría encarecer el acceso al espectro, afectando la sostenibilidad de medios abiertos que llegan a comunidades sin acceso a cable o internet.

Más allá de sus intereses sectoriales, estos señalamientos evidencian una tensión estructural: cuando la asignación del espectro se rige por criterios puramente mercantiles, quienes tienen menor capacidad económica quedan desplazados, lo que empobrece la diversidad informativa y debilita el derecho colectivo a la comunicación.

Advertencias desde la academia y el ámbito jurídico

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió suspender la subasta, señalando posibles impactos en la libertad de expresión y recordando obligaciones internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La institución alertó que la reasignación podría afectar la libertad cultural, lingüística y religiosa de comunidades que cuentan con medios propios para sostener su identidad y su memoria colectiva.

El abogado David Fallas también advirtió que la forma en que está planteada la subasta podría excluir a la mayoría de concesionarios activos y equivaler a un “despojo”, especialmente si se ofertan frecuencias con procesos judiciales pendientes. Subraya que el diseño favorece a grupos con mayor capacidad económica y limita la participación de actores pequeños, incluyendo medios regionales y comunitarios (Delfino, 2025).

La comunicación como bien común social

Desde las perspectivas críticas de la comunicación popular y la educación popular —como las desarrolladas por Raúl Leis y por diversas corrientes latinoamericanas— la comunicación es mucho más que una infraestructura técnica o un mercado de servicios. Es un espacio donde se construyen sentidos, memorias, identidades y poder social. La comunicación sostiene la vida democrática porque permite que las personas participen, expresen sus experiencias, compartan saberes y construyan proyectos colectivos.

Entendida como bien común social, la comunicación debe gestionarse bajo principios de:

  • -acceso equitativo,

  • -participación democrática,

  • -protección de la diversidad cultural y -lingüística,

  • -garantía de derechos,

  • -responsabilidad pública,

  • -y no mercantilización de lo esencial para la vida colectiva.

El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, define qué voces pueden circular en la esfera pública y cuáles quedan silenciadas. Cuando se gestiona como mercancía y no como bien común, se profundizan desigualdades, se debilita la pluralidad y se reduce la capacidad de la sociedad para generar diálogo, organización y cultura propia.

Estos enfoques democráticos subrayan que la comunicación forma parte de la construcción de identidad y de la afirmación cultural. Allí donde se restringe el acceso a la palabra, se restringe también la posibilidad de comprender, transformar y decidir sobre la propia vida. Por eso, un proceso de subasta sin criterios diferenciales, sin participación real y sin reconocer desigualdades históricas puede erosionar derechos fundamentales.

El lugar de los medios comunitarios: voces esenciales para la democracia

Los medios comunitarios ocupan un rol insustituible dentro del ecosistema comunicacional. Según organismos como la UNESCO y organizaciones sociales que trabajan y analizan sobre medios comunitarios y comunicación popular, estos espacios permiten que comunidades rurales, indígenas, urbanas populares, juveniles, culturales y territoriales produzcan y circulen sus propias narrativas, lejos de las lógicas centralizadas y comerciales.

Son plataformas de cohesión social, educación, identidad cultural y memoria colectiva. Son instrumentos para que las personas ejerzan el derecho a la palabra y para que sectores históricamente silenciados se expresen desde su propia perspectiva, con sus propias voces y códigos culturales.

Sin embargo, estos medios suelen operar con bajos recursos y modelos autogestionarios. Por eso, cuando el acceso al espectro se define por capacidad de pago, los medios comunitarios quedan excluidos, aún cuando cumplen funciones públicas esenciales que los medios comerciales no sustituyen.

Las relatorías de libertad de expresión del sistema interamericano han sido claras: los Estados deben garantizar acceso diferenciado y equitativo al espectro para medios comunitarios, públicos y privados. Esto implica no solo cupos, sino modelos de gestión, financiamiento y regulación que reconozcan su carácter social y las desigualdades existentes.

En Costa Rica, dejar por fuera a los medios comunitarios en una subasta diseñada bajo lógicas competitivas es debilitar la diversidad democrática del país y limitar el derecho a la comunicación de cientos de comunidades.

Defender el espectro como bien común es defender la democracia

La subasta del espectro, tal como está planteada, no es un simple proceso administrativo: es un punto de inflexión sobre el modelo de comunicación que Costa Rica quiere construir. Un modelo donde la competencia económica predomina sobre los derechos puede profundizar desigualdades, limitar la pluralidad y reducir la participación ciudadana en la esfera pública.

Por el contrario, un enfoque basado en bienes comunes sociales permitiría garantizar acceso equitativo, diversidad cultural, protección de identidades, fortalecimiento de medios comunitarios y promoción de una democracia comunicacional robusta.

El debate debería centrarse no solo en contratos y plazos, sino en una pregunta esencial:
¿cómo se asegura que la comunicación siga siendo un derecho y un bien colectivo, y no una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar?

La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo del país en materia de libertad de expresión, pluralismo y justicia comunicacional.

Diferenciación para la equidad: no se trata de defender sectores, sino de diseñar procesos públicos inclusivos

El debate sobre la reasignación del espectro suele reducirse a una disputa entre sectores económicos: grandes grupos mediáticos versus operadores pequeños, radiodifusores tradicionales versus nuevos competidores. Sin embargo, desde una perspectiva de comunicación como bien común social, esta es una visión limitada. El problema no es quién gana o pierde económicamente en la subasta; el problema es cómo se diseña un proceso público que reconozca las diferencias estructurales entre actores y garantice condiciones equitativas para sostener la diversidad comunicacional.

Las políticas de comunicación no deben tratar a todos los actores como iguales porque no lo son. Existen asimetrías profundas entre medios comerciales consolidados, medios regionales, radios culturales, proyectos comunitarios, iniciativas educativas, comunicadores locales y medios indígenas. La igualdad formal —“las mismas reglas para todos”— en contextos desiguales produce injusticia. Los documentos de comunicación popular y participación social son claros: la democratización requiere reconocer las diferencias para poder garantizar derechos.

Esto no significa exonerar o proteger intereses empresariales. Los medios comerciales, especialmente los de gran escala, deben pagar según su capacidad económica y su modelo de negocio. Su actividad es lucrativa, por lo que es legítimo que contribuyan de manera proporcional al uso de un bien público limitado. Pero los medios comunitarios, culturales, educativos y territoriales no son negocios: son expresiones de participación social y de construcción de identidad colectiva. Tratar a ambos sectores bajo los mismos criterios económicos es desconocer sus funciones, capacidades y aportes a la democracia.

Por ello, un proceso de reasignación del espectro verdaderamente democrático debería:

  • -incorporar mecanismos de acceso diferenciado según el tipo de medio y su función social;

  • -asegurar cupos reservados y condiciones preferentes para medios comunitarios y culturales;

  • -establecer criterios de evaluación que reconozcan proyectos de valor público, no solo ofertas económicas;

  • -garantizar participación real de las comunidades afectadas en la definición del proceso;

  • -promover modelos de gestión equitativa y plural del espectro, no concentrados ni excluyentes.

Diferenciar no es privilegio: es una estrategia para ampliar derechos. Sin esta diferenciación, la subasta se vuelve una carrera en la que solo compiten quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes cumplen funciones públicas esenciales.

La comunicación como bien común social exige procesos que reconozcan la pluralidad del país, que abran espacio a voces históricamente marginalizadas y que pongan en el centro el derecho colectivo a comunicar. Un concurso que ignore estas diferencias reproduce desigualdades; uno que las integre, fortalece la democracia.

Referencias:

Muñoz, Daniela (2016) Comunicación un derecho humano: Guía metodológica para reconocerlo y ejercerlo. Voces Nuestras.

Leis, Raúl. (s.f.). Comunicación popular para el desarrollo humano. En Educación popular y desarrollo local (Documento 011)

UNESCO. (s.f.). Guía por el derecho a la comunicación. UNESCO.

Ureña, Lauren. (2014)Periodismo comunitario en Costa Rica: la información en manos de la ciudadanía. Rev. Rupturas 4(1), Costa Rica, Ene-Jun, 2014. ISSN 2215-2466 pp 2-23.