2

Edgar Morin y la tarea de pensar un mundo que no cabe en fragmentos

Entrevista improbable

—Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, estamos con el  Profesor Morin. Queriamos saber su opinión, en nuestra universidad estamos hablando de una olla arrocera, un coffee maker y un microondas desaparecidos.

—¿Y eso los sorprende?

—Un poco.

—A mí no.

—¿No?

—Las instituciones suelen sentirse más cómodas contabilizando objetos que interrogando conflictos.

—Pero hubo daños.

—Claro que los hubo. La cuestión es otra.

—¿Cuál?

—¿Por qué una universidad capaz de producir miles de investigaciones tiene tantas dificultades para investigar críticamente sus propios conflictos?

El Observatorio guarda silencio.

—¿No es legítimo preocuparse por los bienes públicos?

—Por supuesto. Lo extraño sería no hacerlo. Lo que me parece más interesante es preguntarse por qué ciertos daños se vuelven visibles y otros permanecen invisibles.

—¿Como cuáles?

—La erosión de la confianza. El miedo a hablar. El silenciamiento. La pérdida de espacios democráticos. La incapacidad de escuchar el desacuerdo antes de que se convierta en confrontación.

—Pero eso es más difícil de medir.

—Exactamente. Y lo que no puede medirse fácilmente suele desaparecer de los informes.

—Entonces el problema no era la olla arrocera.

—El problema es que una universidad dedicada al conocimiento termine creyendo que el inventario es una explicación.

—¿Y qué es entonces?

—Una descripción. Las explicaciones comienzan cuando alguien pregunta por qué una comunidad universitaria llegó al punto de ocupar un edificio y por qué otra parte de esa misma comunidad considera impensable discutir las causas del conflicto.

—Eso genera incomodidad.

—La comprensión siempre genera incomodidad. La simplificación es mucho más confortable.

La conversación nunca ocurrió. O al menos no de esa manera. Pero resulta difícil leer hoy a Edgar Morin sin imaginar una escena parecida. Durante décadas insistió en que los seres humanos tendemos a confundir las partes con el todo, los síntomas con las causas y los inventarios con las explicaciones. Allí donde predominan las simplificaciones, Morin nos invita a preguntar por las relaciones, los contextos y las tensiones que permanecen ocultas detrás de lo aparentemente evidente. Quizá por eso su pensamiento sigue siendo tan incómodo para nuestras universidades. Porque obliga a mirar más allá de los objetos, las sanciones o los episodios aislados para preguntarse qué conflictos, qué silencios y qué posibilidades de transformación se encuentran detrás de ellos. Con la muerte de Edgar Morin desaparece una de las voces más importantes del pensamiento contemporáneo, pero permanecen abiertas muchas de las preguntas que dedicó su vida a formular.

La muerte de Edgar Morin cierra una de las trayectorias intelectuales más fecundas del último siglo, pero deja abierta una pregunta que atraviesa buena parte de los desafíos contemporáneos: ¿cómo pensar un mundo cada vez más complejo con instituciones y formas de conocimiento que siguen empeñadas en dividirlo en fragmentos?

A lo largo de más de cien años de vida, Morin construyó una obra monumental que recorrió la sociología, la filosofía, la antropología, la política, la ecología y la educación. Sin embargo, más que un especialista en alguna disciplina particular, fue un pensador de las conexiones. Allí donde otros veían compartimentos separados, él veía relaciones. Allí donde predominaban las certezas, él insistía en la necesidad de convivir con la incertidumbre. Allí donde se imponían respuestas cerradas, reivindicaba la capacidad humana de formular nuevas preguntas.

Su propuesta del pensamiento complejo surgió precisamente como una crítica a las formas simplificadoras de conocer la realidad. Para Morin, el gran problema de la modernidad no era la falta de información, sino la incapacidad para relacionarla. Hemos acumulado conocimientos extraordinarios sobre aspectos específicos del mundo, pero con frecuencia hemos perdido la capacidad de comprender el conjunto.

Esta preocupación atraviesa su conocido texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, elaborado para la UNESCO a finales del siglo XX. Lejos de presentar un programa técnico para reformar los sistemas educativos, el libro constituye una invitación a repensar las bases mismas del conocimiento, la educación y la convivencia humana.

La primera tarea: desconfiar de nuestras propias certezas

Morin parte de una afirmación incómoda: todo conocimiento está expuesto al error y a la ilusión. La educación suele concentrarse en transmitir contenidos, pero raramente enseña a interrogar los mecanismos mediante los cuales conocemos.

Para el pensador francés, una sociedad democrática necesita personas capaces de examinar críticamente sus propias ideas, reconocer sus sesgos y aceptar que ninguna teoría está completamente protegida frente al error.

Esta propuesta resulta particularmente relevante en una época marcada por la sobreabundancia de información, la polarización política y la circulación masiva de discursos que se presentan como verdades absolutas. La lucidez, sostenía Morin, no consiste en poseer respuestas definitivas, sino en desarrollar la capacidad permanente de cuestionar nuestras propias certezas.

Comprender es relacionar

Una segunda idea atraviesa toda su obra: la realidad está hecha de relaciones.

La educación moderna, organizada alrededor de disciplinas cada vez más especializadas, ha permitido avances científicos extraordinarios. Sin embargo, también ha producido una creciente dificultad para comprender los grandes problemas de nuestro tiempo.

Las crisis ecológicas, las desigualdades sociales, los conflictos políticos, las transformaciones tecnológicas o los procesos migratorios no pertenecen exclusivamente a una sola disciplina. Son fenómenos económicos, culturales, ambientales, históricos y políticos al mismo tiempo.

Morin insistía en que el conocimiento pertinente es aquel que logra conectar las partes con los conjuntos, los hechos con sus contextos y los problemas específicos con las dinámicas más amplias que los producen.

Pensar complejamente no significa abandonar el rigor. Significa reconocer que la realidad está tejida por múltiples dimensiones que interactúan entre sí.

La condición humana como punto de partida

Otra de las contribuciones fundamentales de Morin fue su esfuerzo por devolver la condición humana al centro de la educación. El ser humano, afirmaba, es simultáneamente biológico, cultural, histórico, afectivo, racional, individual y colectivo. Sin embargo, las instituciones educativas suelen abordar cada una de estas dimensiones por separado.

El resultado es paradójico: aprendemos innumerables conocimientos sobre el mundo, pero con frecuencia sabemos muy poco sobre nosotros mismos.

Para Morin, educar implica ayudar a comprender la complejidad de lo humano, reconociendo tanto aquello que nos hace diferentes como aquello que compartimos como especie. Esta perspectiva adquiere especial importancia en contextos marcados por el racismo, la xenofobia, la exclusión y los discursos que convierten las diferencias en motivos de enfrentamiento.

Aprender a vivir con la incertidumbre

Pocas ideas de Morin resultan tan actuales como su reflexión sobre la incertidumbre. Durante siglos, gran parte del pensamiento moderno estuvo convencido de que el progreso científico permitiría predecir y controlar cada vez más aspectos de la realidad. Sin embargo, las guerras mundiales, las crisis económicas, las pandemias y la emergencia climática demostraron los límites de esa confianza.

Morin proponía abandonar la ilusión de la previsión absoluta y desarrollar una inteligencia estratégica capaz de actuar en escenarios cambiantes. Su conocida imagen de “navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” conserva hoy una enorme vigencia. No se trata de renunciar al conocimiento, sino de reconocer que la historia permanece abierta y que siempre existe espacio para lo inesperado.

La creatividad como respuesta a un mundo abierto

Esta concepción de la incertidumbre conduce directamente a una reivindicación de la creatividad. Si el futuro no está completamente determinado, entonces los seres humanos conservan la capacidad de inventar respuestas nuevas frente a problemas inéditos.

En Morin, la creatividad no aparece únicamente como una capacidad artística. Es una facultad política, social y cultural. Surge cuando las personas logran romper esquemas rígidos de pensamiento, establecer conexiones inesperadas y construir alternativas frente a situaciones que parecen no tener salida.

Por eso su pensamiento nunca fue pesimista. Aunque dedicó buena parte de su obra a analizar crisis, contradicciones y amenazas, siempre insistió en que la historia humana permanece abierta a la transformación. La incertidumbre no es solamente fuente de riesgo; también es la condición de posibilidad de la esperanza.

Una ciudadanía para la Tierra

Morin fue además uno de los primeros intelectuales en advertir que los grandes desafíos contemporáneos debían ser comprendidos desde una perspectiva planetaria.

Las crisis ecológicas, los conflictos globales, las migraciones, las pandemias o las desigualdades internacionales muestran que compartimos una misma comunidad de destino. Frente a las visiones estrechas del nacionalismo y la competencia permanente, propuso construir una conciencia de ciudadanía terrestre basada en la solidaridad, la interdependencia y el reconocimiento de que habitamos una misma Tierra.

Esta dimensión ética y política atraviesa toda su obra. No basta con comprender la complejidad del mundo; también es necesario asumir responsabilidades frente a ella.

¿Qué le dice Edgar Morin a la universidad pública?

Quizá uno de los mayores homenajes que pueden hacerse a Morin sea leerlo desde los desafíos actuales de la universidad pública.

En un contexto donde crecen las presiones para reducir la educación superior a la formación de mano de obra especializada, su obra recuerda que la universidad tiene una misión mucho más amplia: ayudar a comprender el mundo y a transformarlo. Morin interpela a las universidades cuando la fragmentación disciplinaria dificulta el diálogo entre saberes. Las interpela cuando los indicadores sustituyen las preguntas fundamentales. Las interpela cuando la producción de conocimiento se separa de los problemas reales de las comunidades. Y las interpela cuando la formación profesional deja de preguntarse por el sentido humano, ético y político de aquello que enseña.

Sus ideas invitan a defender una universidad capaz de:

  • -Formar personas críticas y no solamente especialistas.
  • -Articular conocimientos científicos, humanísticos y comunitarios.
  • -Comprender los problemas desde su complejidad y no desde compartimentos aislados.
  • -Promover la creatividad como capacidad de transformación social.
  • -Fortalecer la democracia mediante el diálogo y la comprensión mutua.
  • -Construir una conciencia planetaria comprometida con la justicia social y ecológica.
  • -Mantener viva la curiosidad intelectual frente a cualquier forma de dogmatismo.

En tiempos de crisis democráticas, conflictos socioambientales, transformaciones tecnológicas aceleradas y disputas por el sentido de lo público, la obra de Edgar Morin continúa recordándonos que la educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar seres humanos capaces de comprender la complejidad de su tiempo y actuar sobre ella. Su legado permanece como una invitación a pensar mejor para vivir mejor, a relacionar lo que aparece separado y a reconocer que, incluso en medio de la incertidumbre, siempre existe la posibilidad de construir futuros distintos.

Antes de despedirse, el Observatorio formula una última pregunta.

—Profesor Morin, ¿qué debería preocuparle hoy a una universidad pública?

—Que deje de pensar.

—¿Tan grave es?

—Mucho más de lo que parece.

—Pero la universidad produce conocimiento.

—No confundamos información con pensamiento.

—¿Cuál es la diferencia?

—La información puede acumularse. El pensamiento puede incomodar.

—¿Y quién incomoda hoy a la universidad?

Morin observa hacia el campus.

—Históricamente, quienes más la han transformado casi nunca fueron los sectores más cómodos dentro de ella.

—¿Los estudiantes?

—Los estudiantes. Las mujeres que exigieron entrar donde no podían entrar. Las personas trabajadoras que cuestionaron privilegios. Los movimientos que denunciaron exclusiones. Los sectores que se negaron a aceptar que la universidad ya había alcanzado su mejor versión.

—Pero hoy muchos ven el conflicto estudiantil como una amenaza.

—Eso ocurre cada vez que una institución comienza a confundirse con su propia administración.

—¿Qué quiere decir?

—Que deja de preguntarse para qué existe y empieza a preocuparse únicamente por preservar el orden.

—¿Y el orden es malo?

—No. Lo peligroso es cuando el orden se vuelve más importante que la verdad.

El Observatorio vuelve a mirar la universidad.

—Entonces las personas estudiantes siguen teniendo un papel transformador.

—No porque tengan siempre la razón.

—¿Entonces?

—Porque recuerdan una verdad incómoda: que ninguna universidad pública fue creada para administrar consensos. Fue creada para producir pensamiento crítico sobre la sociedad y sobre sí misma.

—Incluso cuando eso genera conflictos.

—Especialmente cuando genera conflictos.

Morin sonríe.

—Las universidades suelen celebrar la Reforma de Córdoba, las luchas por la autonomía y las grandes movilizaciones estudiantiles latinoamericanas.

—Sí.

—Porque ocurrieron hace más de cien años.

—¿Y si ocurrieran hoy?

—Probablemente primero calcularían los daños.

—…

—Y después se preguntarían qué fue lo que pasó.

—¿Y cuál debería ser el orden correcto?

—Exactamente al revés.

Para quienes deseen acercarse directamente al pensamiento de Edgar Morin, compartimos Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, una obra fundamental publicada por la UNESCO que sigue interpelando a educadores, estudiantes, movimientos sociales y universidades de todo el mundo. En sus páginas, Morin invita a cuestionar las certezas, comprender la complejidad de los problemas contemporáneos y repensar la educación como una herramienta para la democracia, la creatividad y la transformación social. A más de dos décadas de su publicación, el texto conserva una sorprendente vigencia y constituye una excelente puerta de entrada para conocer la obra de uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo.

Puedes descargar el libro aquí.

Captura de pantalla 2026-05-28 234020

Deodoro Roca y la universidad imposible: volver a la herejía universitaria

Hay personajes que las universidades recuerdan con relativa tranquilidad mientras permanezcan inmóviles dentro de los aniversarios, las placas conmemorativas y las frases repetidas en actos oficiales. Figuras convertidas en patrimonio histórico, cuidadosamente desactivadas para que ya no representen peligro alguno para la normalidad institucional.

Deodoro Roca no pertenece del todo a esa categoría.

Cada cierto tiempo vuelve a aparecer como una incomodidad. Como una pregunta mal archivada. Como una voz que insiste en recordarnos que la universidad pública latinoamericana no nació para administrar tranquilidad, sino en medio del conflicto, la rebelión estudiantil y la disputa por el sentido mismo del conocimiento.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes presentamos el cuaderno Deodoro Roca y la universidad imposible: rebeldía, espíritu libre y disputas por la universidad pública en América Latina y el Caribe, una nueva entrega de la serie Geografías Herejes de los Bienes Comunes. Un material que busca recuperar no solamente la memoria de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, sino el filo crítico y profundamente incómodo del pensamiento de Deodoro Roca.

Pero, ¿quién fue Deodoro Roca?

Abogado, ensayista, intelectual argentino y principal redactor del histórico Manifiesto Liminar de 1918, Roca fue una de las voces más radicales de la Reforma Universitaria. Defendió la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra, pero su pensamiento iba mucho más allá de reformas administrativas. Su crítica apuntaba a algo más profundo: la relación entre universidad y obediencia.

Roca denunció las universidades convertidas en “fábricas de títulos”, criticó a los “domésticos doctorados” y cuestionó la formación de profesionales técnicamente eficientes pero incapaces de confrontar las estructuras de poder que organizan la vida social. Para él, la universidad debía ser un espacio de espíritu libre, imaginación democrática y transformación colectiva.

Y quizá ahí radica la vigencia inquietante de sus palabras.

Porque más de un siglo después, las universidades públicas latinoamericanas continúan atravesadas por tensiones que Roca ya intuía: burocratización institucional, mercantilización del conocimiento, colonialidad académica, productivismo, rankings, tecnocracia y formas cada vez más sofisticadas de administrar el conflicto político sin transformar sus causas.

Hoy, cuando muchas universidades parecen hablar permanentemente de pensamiento crítico mientras convierten la estabilidad administrativa en horizonte absoluto, volver a Deodoro Roca implica recuperar preguntas incómodas:

¿La universidad sigue siendo un espacio para el pensamiento libre o se está convirtiendo en administradora de normalidad?

¿La autonomía universitaria existe para proteger la crítica o únicamente para preservar el funcionamiento institucional?

¿Estamos formando personas capaces de disputar el sentido común dominante o profesionales adaptados a gestionar eficientemente un mundo desigual?

Este cuaderno no busca convertir a Roca en estatua universitaria. Mucho menos en prócer domesticado apto para discursos ceremoniales sobre democracia universitaria. La apuesta es otra: leerlo desde la herejía. Entendiendo la herejía no como error, sino como práctica crítica capaz de interrumpir los consensos burocráticos, desafiar los dogmas tecnocráticos y defender la posibilidad de una universidad verdaderamente viva.

Porque quizá una de las preguntas más peligrosas de nuestro tiempo siga siendo la misma que atravesaba Córdoba en 1918:

¿Qué universidad es todavía posible imaginar en América Latina y el Caribe?

Invitamos a leer, discutir y problematizar este cuaderno. No para repetir consignas heroicas del pasado, sino para preguntarnos qué queda hoy de aquella universidad rebelde que alguna vez soñó producir espíritu libre y no obediencia.

18cul-southpark-notebook-hj-googleFourByThree

Fabricación de consenso «premium»: medios, expertos y el ecosistema perfectamente «espontáneo»

Cartmancast Política Premium

(Suena música exageradamente épica. Eric Cartman aparece frente a un micrófono con una taza que dice “analista senior”.)

CARTMAN: Hola chicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartmancast Política Premium, el único programa de análisis político donde claramente nadie supervisa las contrataciones del Observatorio.

Y hoy hablaremos de un fenómeno completamente natural y cero sospechoso: cómo una idea pasa mágicamente de conferencia de prensa… a verdad nacional inevitable.

Porque funciona así, chicos: primero alguien dice: “esta reforma es necesaria”.

Luego aparece un experto en televisión diciendo: “efectivamente, según complejos indicadores técnicos imposibles de verificar durante un programa de siete minutos… esto es necesario”.

Después otro experto repite lo mismo en radio usando palabras científicas como: “competitividad”, “armonización”, “modernización”, y “eficiencia”.

Que básicamente significan: “si no está de acuerdo probablemente usted odia el progreso”.

Y entonces los medios hacen titulares como: “Especialistas aseguran que el país debe avanzar”.

Y BOOM.

Después de escucharlo suficientes veces: en tele, en radio, en redes, en entrevistas, y en conferencias… todo empieza a sentirse como ley natural del universo.

Muy espontáneo todo, chicos.

Pero aquí viene la parte interesante. La pregunta no es solamente qué dice un proyecto.

La pregunta también es: ¿quién tiene el poder de explicar públicamente cómo debemos entenderlo?

Porque quizá el verdadero poder no consiste únicamente en aprobar leyes.

Quizá también consiste en controlar el micrófono gigante desde donde la sociedad aprende qué significa: “desarrollo”, “progreso”, “modernización” o “sentido común”.

Del juego a la discusión

El diálogo imaginario funciona como sátira, pero también como puerta de entrada a una pregunta profundamente política: ¿cómo se construyen hoy los consensos públicos alrededor de proyectos económicos, reformas institucionales o procesos de apertura de mercado?

En apariencia, todo ocurre de manera completamente espontánea. Una conferencia oficial presenta determinada narrativa; posteriormente, esa misma interpretación comienza a circular con notable velocidad en paneles televisivos, entrevistas radiales, programas de opinión, columnas periodísticas y redes sociales. Poco a poco, ciertas ideas empiezan a repetirse con tal consistencia que terminan adquiriendo apariencia de verdad técnica objetiva, incluso cuando detrás de ellas existen disputas políticas, intereses económicos y modelos de sociedad en tensión.

No se trata necesariamente de operaciones burdas de propaganda ni de conspiraciones caricaturescas organizadas en sótanos oscuros. La fabricación contemporánea de consenso suele operar mediante mecanismos mucho más sofisticados y difíciles de percibir. Funciona a través de la reiteración constante de determinados marcos interpretativos, de la selección recurrente de ciertas voces expertas, de la exclusión silenciosa de preguntas incómodas y de la transformación de asuntos profundamente políticos en problemas aparentemente técnicos.

La tecnificación de los conflictos políticos

Uno de los mecanismos más efectivos dentro de la construcción contemporánea de consenso consiste en convertir debates profundamente políticos en discusiones aparentemente técnicas. De esta manera, asuntos relacionados con privatización, apertura económica, extractivismo o reformas estructurales dejan de discutirse como proyectos ideológicos y comienzan a presentarse como inevitabilidades administrativas asociadas a conceptos como eficiencia, modernización, competitividad o innovación.

La operación resulta especialmente poderosa porque desplaza el conflicto político detrás de un lenguaje especializado que aparenta neutralidad. La pregunta ya no parece ser qué modelo de sociedad se desea construir, sino cuál alternativa resulta “más técnica”, “más eficiente” o “más viable”. En ese desplazamiento discursivo, las decisiones políticas comienzan a representarse como simples necesidades administrativas inevitables.

Así, la discusión pública deja de centrarse en quién gana, quién pierde o qué impactos territoriales y sociales podrían generarse. En lugar de eso, el debate se reorganiza alrededor de indicadores, métricas y diagnósticos técnicos que muchas veces invisibilizan las relaciones de poder implicadas en las decisiones.

El ecosistema mediático perfectamente espontáneo

En este contexto emerge lo que podríamos llamar un “ecosistema mediático perfectamente espontáneo”. Gobierno anuncia una medida; personas expertas la validan utilizando lenguaje técnico; medios de comunicación la amplifican mediante entrevistas, titulares y mesas de análisis; redes sociales aceleran su circulación; y eventualmente la narrativa retorna a la esfera institucional convertida en consenso aparentemente nacional.

El fenómeno no depende necesariamente de órdenes directas ni de coordinación explícita entre todos los actores involucrados. Muchas veces funciona precisamente porque distintos sectores comparten marcos ideológicos similares sobre crecimiento económico, desarrollo, mercado o modernización. El resultado es una circulación altamente homogénea de interpretaciones que terminan reduciendo la pluralidad efectiva del debate público.

Cuando una misma idea aparece repetidamente en conferencias, televisión, radio, entrevistas y plataformas digitales, comienza a adquirir apariencia de verdad objetiva. La reiteración permanente produce familiaridad; la familiaridad produce legitimidad; y la legitimidad termina generando sentido común.

En ese punto, cuestionar ciertos supuestos empieza a percibirse no como parte normal de una democracia, sino como una anomalía sospechosa.

La administración estratégica de las preguntas incómodas

La fabricación de consenso no necesita convencer absolutamente a toda la población. En muchos casos, basta con desplazar determinadas preguntas fuera del centro de la conversación pública.

Preguntas como:

  • -¿quién gana económicamente con determinada reforma?
  • -¿qué impactos territoriales podrían producirse?
  • -¿qué ocurre con las lógicas solidarias o comunitarias?
  • -¿qué experiencias históricas similares existen?
  • -¿por qué distintas organizaciones sociales expresan preocupación?
  • -¿quién define qué significa “progreso” o “modernización”?

Tienden a recibir mucho menos espacio mediático que las narrativas asociadas a eficiencia, inversión, competitividad o crecimiento. La discusión deja entonces de tratar sobre modelos de sociedad y comienza a organizarse alrededor de la administración de percepciones públicas.

Deslegitimar antes que debatir

En este escenario, quienes introducen cuestionamientos frecuentemente son clasificados mediante etiquetas que facilitan su deslegitimación pública: “enemigos del desarrollo”, “radicales”, “desinformados”, “anti-progreso”, “comunistas” o simplemente “los mismos de siempre”.

La caricaturización reemplaza la discusión argumentativa. Resulta mucho más eficiente desacreditar a quienes hacen preguntas que abrir espacios de deliberación profunda sobre los efectos estructurales de determinadas políticas.

De esta manera, el conflicto político se transforma en un problema de credibilidad individual. Ya no importa tanto qué se está diciendo, sino quién lo dice y cuán fácilmente puede ser presentado como una figura irracional o amenazante frente al consenso dominante.

La vigilia y la ruptura parcial del guion

Quizás por eso ciertos espacios de deliberación colectiva generan tanta incomodidad política. La vigilia realizada afuera de la Asamblea Legislativa introdujo precisamente una ruptura parcial dentro de esa lógica comunicacional.

Mientras buena parte de la discusión institucional se estructuraba alrededor de vocerías oficiales, lenguajes técnicos y marcos mediáticos relativamente homogéneos, en el espacio público comenzaron a emerger conversaciones diferentes: personas explicando el proyecto entre ellas, comparando experiencias históricas, compartiendo preocupaciones territoriales y construyendo interpretaciones colectivas sin mediación de los formatos tradicionales de validación experta.

La importancia política de estos espacios no radica únicamente en la protesta misma, sino en la posibilidad de reconstruir colectivamente la capacidad de interpretar la realidad fuera de los circuitos oficiales de producción de legitimidad.

Para analizar procesos de fabricación de consenso
Elemento¿Cómo opera?¿Qué efecto produce?Preguntas críticas posibles
Lenguaje técnicoPresenta decisiones políticas como asuntos administrativos inevitablesReduce la percepción de conflicto político¿Qué intereses quedan ocultos detrás del lenguaje técnico?
Repetición mediáticaMultiplica constantemente una misma narrativaGenera sensación de consenso social¿Qué voces aparecen constantemente y cuáles no?
ExpertocraciaPrioriza ciertas voces como únicas fuentes legítimasDesplaza saberes comunitarios y experiencias sociales¿Quién decide quién es “experto”?
Invisibilización de preguntasReduce espacio para temas incómodosLimita el horizonte del debate público¿Qué preguntas no están siendo discutidas?
Etiquetación y estigmatizaciónDesacredita a quienes cuestionanDebilita la deliberación democrática¿Se están discutiendo argumentos o atacando personas?
Narrativa del progresoAsocia oposición con atraso o irracionalidadPresiona simbólicamente hacia el consenso¿Quién define qué significa “progreso”?
Viralización en redesAmplifica mensajes simplificados y emocionalesAcelera consolidación de marcos interpretativos¿Qué emociones moviliza la narrativa dominante?
Concentración de voceríasRepite constantemente las mismas figuras públicasHomogeneiza el debate mediático¿Qué sectores sociales están ausentes?

 

La disputa también es comunicacional

Al final, la discusión nunca trata únicamente sobre el contenido específico de un proyecto de ley. También involucra quién posee capacidad para explicarlo públicamente, qué narrativas adquieren legitimidad social y quién controla el gran micrófono desde el cual se define qué significa “progreso”, “modernización” o “interés nacional”.

Cuando una sola interpretación logra repetirse simultáneamente en conferencias, titulares, paneles televisivos, programas de opinión y redes sociales durante suficiente tiempo, la democracia deja de reducirse únicamente al acto electoral.

Empieza también a depender de algo mucho más profundo: la distribución desigual del poder para nombrar la realidad y establecer cuáles preguntas pueden formularse públicamente sin ser expulsadas del debate legítimo.

Ciencia mediática avanzada, chicos

(Cartman vuelve a aparecer mirando fijamente a la cámara mientras toma café con absoluta seriedad.)

CARTMAN:
Bueno chicos, creo que hoy aprendimos algo súper importante.

Que la discusión pública nunca trata solamente sobre un proyecto de ley.

También trata sobre: quién tiene espacio para hablar, qué voces aparecen todos los días, quién recibe legitimidad automática, y quién queda reducido a “gente exagerando en la calle”.

Porque cuando una sola narrativa logra repetirse constantemente: en titulares,
paneles, programas de opinión, entrevistas, redes sociales y conferencias oficiales… eventualmente deja de sonar como opinión y empieza a sonar como realidad inevitable.

Ciencia mediática avanzada, chicos.

Y por eso resulta TAN incómodo cuando la gente empieza a conversar entre sí sin permiso del Panel Nacional de Expertos Televisivos Certificados.

Muy irresponsable democráticamente. Porque cuando comunidades, estudiantes, organizaciones y personas comunes comienzan a compartir experiencias, comparar historias y hacerse preguntas incómodas… el debate deja de estar completamente controlado.

Y ahí es donde aparecen problemas TERRIBLES para el ecosistema perfectamente espontáneo del consenso nacional premium.

(Cartman se acomoda el micrófono.)

Así que la próxima vez que escuchen: “todo el mundo sabe que esto es necesario”…pregúntense algo muy simple:

¿todo el mundo realmente lo decidió…
o simplemente escuchó la misma narrativa repetida suficientes veces?

Bueno chicos, esto fue Cartmancast Política Premium.

Y recuerden: si suficientes personas dicen lo mismo en suficientes micrófonos… eventualmente hasta la desigualdad puede empezar a sonar como innovación.

IMG_1628

Entre “modernización” y “enemigos del pueblo”: las narrativas en disputa tras la vigilia por la armonización eléctrica

Después de la vigilia: cuando la disputa deja de ser únicamente técnica

La discusión sobre el proyecto de “armonización” eléctrica entró en una nueva etapa después de que el gobierno no lograra reunir los 38 votos necesarios para aprobar la iniciativa en segundo debate. Lo que inicialmente había sido presentado como una discusión técnica sobre eficiencia, inversión y crecimiento energético terminó revelando un conflicto mucho más amplio alrededor del papel del Estado, el sentido de lo público y las formas legítimas de participación democrática en Costa Rica.

Horas después de la vigilia realizada frente a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo respondió mediante una conferencia de prensa marcada por un tono confrontativo, donde se mezclaron argumentos económicos, advertencias sobre el futuro energético del país y acusaciones dirigidas hacia quienes cuestionan el proyecto.

La conferencia no solo buscó defender una reforma eléctrica. También intentó fijar una interpretación específica del conflicto político que se está desarrollando alrededor de ella.

De un lado, se construyó la idea de un gobierno que intenta “modernizar” el país frente a sectores que supuestamente obstaculizan el desarrollo mediante miedo, desinformación y resistencia ideológica. Del otro lado, las voces que se mantuvieron durante horas frente a la Asamblea insistían en algo distinto: que la discusión eléctrica no puede reducirse únicamente a competitividad o crecimiento económico porque involucra preguntas fundamentales sobre desigualdad, solidaridad, acceso universal y control democrático de bienes estratégicos.

Lo que está ocurriendo, entonces, no es solamente un desacuerdo técnico sobre cómo organizar el sistema eléctrico nacional. Lo que aparece en disputa son distintas maneras de entender el desarrollo, el futuro de lo público y la relación entre mercado, democracia y vida colectiva.

El discurso oficial: crecimiento económico, inevitabilidad y construcción del adversario

La conferencia presidencial posterior a la votación legislativa dejó ver con claridad una narrativa política organizada alrededor de una idea central: la reforma eléctrica no sería una opción debatible, sino una necesidad inevitable para evitar el rezago económico del país.

A lo largo de la intervención, el Ejecutivo insistió repetidamente en que Costa Rica enfrenta un escenario de creciente demanda energética asociado a zonas francas, inversión extranjera y expansión económica. La reforma fue presentada como una condición necesaria para garantizar competitividad y evitar que el país pierda oportunidades frente a otros mercados regionales.

Esta forma de plantear el debate tiene implicaciones importantes. Cuando una reforma deja de presentarse como una decisión política discutible y comienza a representarse como una necesidad técnica inevitable, el espacio del desacuerdo democrático se reduce. La pregunta deja de ser “qué modelo energético queremos construir” y pasa a convertirse en “cómo adaptarnos obligatoriamente a las exigencias del mercado”.

En esa lógica, conceptos como “modernización”, “eficiencia” y “competencia” adquieren una dimensión casi moral. La apertura del mercado eléctrico aparece asociada automáticamente a progreso, innovación y futuro, mientras que las críticas quedan vinculadas implícitamente al atraso, la irracionalidad o el miedo al cambio.

La conferencia también recurrió constantemente a comparaciones históricas con el TLC, la apertura de telecomunicaciones, seguros y banca estatal. El mensaje era claro: anteriormente también existieron advertencias sobre privatización o colapso institucional y, según la narrativa oficial, esas advertencias resultaron equivocadas.

Sin embargo, esta lectura simplifica profundamente procesos históricos mucho más complejos. Las transformaciones asociadas a apertura económica continúan generando debates sobre concentración económica, precarización laboral, desigualdad territorial y acceso diferenciado a servicios. Presentar esas experiencias como éxitos indiscutibles permite desactivar críticamente cualquier discusión actual sobre los posibles efectos sociales de reorganizar servicios estratégicos bajo lógicas de mercado.

Pero quizá el elemento más preocupante de la conferencia fue la forma en que comenzó a construirse el adversario político. Sectores críticos del proyecto fueron asociados reiteradamente con “comunismo”, con intereses contrarios al desarrollo nacional e incluso con escenarios políticos vinculados a Cuba o Venezuela.

El problema de este tipo de discursos no radica únicamente en su tono polarizante. Lo verdaderamente delicado es que desplazan el conflicto desde el terreno del debate democrático hacia el terreno de la sospecha ideológica. Ya no se trata solamente de personas que cuestionan un proyecto de ley. Se trata de actores construidos discursivamente como amenazas para el progreso nacional.

Y cuando el desacuerdo político comienza a representarse como amenaza interna, el espacio democrático se vuelve considerablemente más frágil.

Lo que las voces de la vigilia estaban diciendo

Mientras la conferencia presidencial insistía en crecimiento económico, competitividad e inversión, afuera de la Asamblea Legislativa la discusión seguía desarrollándose en otros términos.

Las voces de la vigilia no hablaban únicamente sobre tarifas eléctricas o participación privada. Lo que aparecía constantemente en las conversaciones era una preocupación más amplia sobre el debilitamiento progresivo de principios históricos asociados a lo público en Costa Rica.

Muchas personas insistían en que la electricidad no puede pensarse únicamente como infraestructura o mercado porque sostiene condiciones básicas de vida cotidiana: estudiar, cocinar, trabajar, comunicarse, acceder a salud o sostener actividades económicas locales. Por eso la preocupación central no giraba solamente alrededor de “quién produce energía”, sino sobre qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse principalmente desde criterios de rentabilidad.

En las conversaciones aparecía repetidamente una idea importante: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende directamente. También puede desarrollarse mediante procesos graduales de fragmentación institucional, apertura competitiva desigual, subordinación a dinámicas de mercado o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.

Esta diferencia es central para entender el conflicto actual. Mientras el discurso oficial reduce el debate a la pregunta “¿se está vendiendo el ICE o no?”, muchas voces críticas están discutiendo algo distinto: cómo cambian las prioridades de un sistema público cuando comienza a organizarse bajo incentivos competitivos y lógicas de mercado.

La tensión, entonces, no es únicamente jurídica o administrativa. Es una tensión sobre el sentido mismo de lo público.

Dos formas de imaginar el país

La discusión sobre la armonización eléctrica enfrenta, en el fondo, dos formas profundamente distintas de imaginar el desarrollo nacional.

Discurso oficialVoces desde la vigilia
La apertura eléctrica representa modernización y progresoLa reorganización del mercado puede debilitar principios solidarios
El crecimiento económico depende de mayor competencia energéticaEl acceso universal no puede depender únicamente de rentabilidad
La crítica al proyecto responde a miedo o desinformaciónLa crítica intenta advertir efectos sociales y territoriales
El mercado garantiza eficienciaLo público debe sostenerse desde solidaridad y planificación colectiva
La protesta aparece asociada a conflicto y desordenLa protesta es participación democrática y vigilancia ciudadana
El futuro se piensa desde competitividad globalEl futuro también se piensa desde derechos colectivos y bienes comunes
La disputa por el significado de la protesta

Otro de los elementos más significativos del momento actual tiene que ver con cómo se interpreta la movilización social.

Durante la conferencia, el gobierno enfatizó principalmente la agresión sufrida por un oficial de Fuerza Pública. Mientras tanto, desde las organizaciones presentes en la vigilia se denunciaba el arresto y agresión policial contra un estudiante que posteriormente requirió atención hospitalaria.

Aquí vuelve a aparecer una disputa narrativa profunda: ¿qué hechos se vuelven visibles y cuáles quedan desplazados?

Porque lo ocurrido durante la vigilia no puede reducirse únicamente a tensión o confrontación. La jornada estuvo marcada por conversaciones públicas, explicaciones colectivas del proyecto, intercambio entre generaciones, organización comunitaria, música, baile y acompañamiento mutuo.

La protesta social apareció allí no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio pedagógico y experiencia de producción colectiva de conocimiento político. La calle funcionó simultáneamente como aula abierta, foro público y espacio de encuentro. Y quizá eso es precisamente lo que resulta más incómodo para ciertas formas de poder: la posibilidad de que personas diversas se organicen, compartan interpretaciones críticas y construyan colectivamente otras maneras de entender el país.

La olla común y la política del cuidado

Tal vez la imagen más potente de toda la jornada no ocurrió dentro de la Asamblea Legislativa ni en la conferencia presidencial posterior.

Ocurrió alrededor de la olla común.

Mientras dentro se discutía el futuro energético nacional mediante lenguajes asociados a competencia, inversión y mercado, afuera muchas personas compartían café, comida, descanso y cuidado colectivo entre desconocidos.

Y justamente allí aparece una dimensión profundamente política que suele pasar desapercibida. Porque la olla común no es únicamente alimentación. También es una forma concreta de construir vínculos sociales y sostener colectivamente la permanencia en el espacio público.

Sostener una vigilia durante horas requiere mucho más que consignas. Requiere crear condiciones materiales para permanecer juntos. Requiere cuidado. La gente preguntando quién necesitaba agua, quién llevaba demasiadas horas sin comer, quién necesitaba descansar o simplemente conversar. Todo eso formó parte de la jornada.

La olla común terminó funcionando como una pequeña metáfora de otra forma posible de entender lo público: no únicamente desde competencia individual y eficiencia económica, sino desde interdependencia, cooperación y sostenimiento mutuo.

Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones estatales. También implica defender prácticas sociales donde la vida colectiva puede sostenerse desde solidaridad y cuidado compartido.

Y quizá allí se encuentra una de las preguntas más profundas que deja toda esta discusión:

¿qué tipo de sociedad se está intentando construir cuando se debate el futuro de la electricidad pública en Costa Rica?

IMG_1633

Voces en vigilia: defender la electricidad pública, defender lo común

Más que una grabación, este audio es el registro vivo de una vigilia construida desde la calle. Entre consignas, canciones, discusiones improvisadas, memorias del Combo ICE, denuncias, risas, cansancio y esperanza, las voces que aquí se escuchan narran una preocupación profunda por el futuro de lo público en Costa Rica. Escuchar esta vigilia es también escuchar cómo distintas personas entienden la solidaridad, la universalidad y el derecho colectivo a participar en las decisiones que afectan la vida común. Les invitamos a escuchar estas voces en protesta: voces que cuidan, cuestionan, recuerdan, explican y sostienen la presencia colectiva frente a una discusión que desborda ampliamente el ámbito eléctrico.

Una noche frente a la Asamblea

Mientras dentro de la Asamblea Legislativa avanzaba la discusión del proyecto de “armonización” eléctrica, afuera se desarrollaba otra escena política.

Una vigilia. Un espacio de encuentro.

Una conversación pública sostenida durante horas por sindicatos, estudiantes, organizaciones ecologistas, comunidades rurales, colectivos territoriales, personas defensoras de ríos, juventudes, personas jubiladas y múltiples voces que decidieron permanecer presentes mientras se discutía el futuro del sistema eléctrico nacional.

Las grabaciones de esta jornada permiten escuchar algo más que consignas. Permiten escuchar un país discutiéndose a sí mismo.

Entre intervenciones improvisadas, explicaciones técnicas, denuncias políticas, canciones, recuerdos históricos y llamados a la organización, la vigilia fue construyendo una narrativa común: la discusión sobre electricidad nunca ha sido solamente una discusión técnica.

Detrás del lenguaje de “modernización”, “competencia”, “armonización” o “mercado eléctrico”, muchas personas identifican preguntas mucho más profundas:

-¿qué significa lo público?
-¿quién decide sobre bienes estratégicos?
-¿qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a reorganizarse bajo lógicas de mercado?
-¿y qué tipo de sociedad se produce cuando el acceso depende cada vez más de la capacidad de pago?

La electricidad como derecho cotidiano

Uno de los elementos más presentes en las intervenciones fue la insistencia en que la electricidad no puede reducirse únicamente a una mercancía.

Durante la vigilia aparecieron constantemente referencias a la vida cotidiana:
-la posibilidad de estudiar,
de cocinar,
-de acceder a internet,
-de sostener pequeños negocios,
-de garantizar condiciones mínimas de dignidad en territorios urbanos y rurales.

Las voces insistían en algo fundamental: la electricidad no es solamente infraestructura. También es una condición material para ejercer otros derechos. Por eso muchas intervenciones conectaban directamente la defensa del sistema eléctrico público con la defensa de principios como universalidad y solidaridad.

En distintas participaciones se recordó que Costa Rica alcanzó niveles muy altos de cobertura eléctrica bajo un modelo basado en planificación pública y acceso nacional. Y justamente allí aparecía una de las preocupaciones centrales frente al proyecto de ley: el temor de que una reorganización progresiva del sistema termine debilitando esos principios históricos.

La crítica no se limitaba únicamente a la posibilidad de participación privada. La preocupación principal era otra: que la lógica del mercado termine desplazando la lógica solidaria que históricamente sostuvo la expansión del servicio eléctrico hacia comunidades rurales, territorios indígenas y zonas donde la rentabilidad privada difícilmente habría garantizado cobertura.

Como se señaló durante la vigilia, el principio de universalidad no puede separarse del principio de solidaridad.

Más allá del ICE: la disputa por lo público

Aunque la discusión inmediata giraba alrededor del ICE y del proyecto de armonización, las intervenciones constantemente ampliaban el marco del debate.

Las voces no hablaban solamente de una institución. Hablaban de una idea de país.

A lo largo de la jornada aparecieron referencias a educación pública, agua, banca estatal, seguridad social, agricultura y otros espacios percibidos como parte de una institucionalidad construida históricamente bajo principios públicos.

En muchas intervenciones, la defensa del ICE aparecía como parte de una preocupación más amplia frente al debilitamiento progresivo de lo público en Costa Rica. Y aquí emergía una idea importante repetida durante la vigilia: la privatización no necesariamente ocurre únicamente cuando una institución pública se vende de forma directa.

También puede producirse mediante procesos más graduales:
-fragmentación institucional,
-subordinación al mercado,
-apertura competitiva desigual,
-desfinanciamiento,
-o transferencia progresiva de decisiones estratégicas hacia actores privados.

Por eso varias voces insistieron en que la discusión actual debía entenderse como parte de una transformación más amplia del papel del Estado y de los bienes comunes en la sociedad costarricense.

Ríos, territorios y conflictos socioambientales

Las grabaciones también muestran cómo la discusión eléctrica se conecta con conflictos territoriales y ambientales presentes en distintas regiones del país. Personas provenientes de comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos privados señalaron preocupaciones relacionadas con extractivismo, presión sobre ecosistemas y conflictos comunitarios.

En varias intervenciones apareció la experiencia de comunidades que han debido enfrentar proyectos energéticos en defensa de ríos y territorios locales. Y junto con ello, surgieron referencias a experiencias centroamericanas donde procesos de apertura eléctrica han estado acompañados por conflictos socioambientales, persecución de personas defensoras y aumento tarifario.

La vigilia iba conectando así distintos procesos que muchas veces se discuten por separado:
-privatización,
-extractivismo,
-gentrificación,
-desplazamiento territorial,
-y debilitamiento de mecanismos colectivos de protección social.

La memoria del Combo ICE

Uno de los elementos más significativos de las voces en protesta es la presencia constante de la memoria. A lo largo de la noche reaparecieron referencias al año 2000 y a las movilizaciones contra el Combo ICE. Personas que participaron en aquellas luchas compartían experiencias con generaciones más jóvenes que hoy vuelven a ocupar las calles.

La memoria aparecía no solo como recuerdo, sino como herramienta política.
Como una forma de recordar que muchas instituciones públicas existentes hoy no fueron concesiones espontáneas del poder político, sino resultado de décadas de organización social, conflicto y movilización colectiva.

En múltiples momentos se insistió en algo fundamental: el ICE no pertenece a un partido político, ni a un gobierno específico, sino a procesos históricos construidos socialmente.

La calle como espacio pedagógico

Las voces también permiten observar otra dimensión frecuentemente invisibilizada de la protesta social: su capacidad pedagógica.

La vigilia fue, en muchos sentidos, una experiencia de educación política colectiva.

-Había personas explicando aspectos técnicos del proyecto.
-Otras relataban experiencias comunitarias.
-Algunas organizaban consignas.
-Otras compartían análisis económicos, ambientales o históricos.

Entre canciones, conversaciones y discursos, el espacio público se convertía en un lugar donde distintas generaciones intercambiaban experiencias, aprendizajes y formas de entender la realidad política del país.

La protesta aparecía entonces no solamente como mecanismo de presión política, sino también como espacio de producción de conocimiento colectivo. Un lugar donde se articulan memorias, diagnósticos, afectos, preocupaciones y horizontes compartidos.

Permanecer

Incluso en medio del cansancio, las tensiones y los episodios de violencia policial ocurridos durante la jornada, las voces registradas insisten constantemente en la importancia de permanecer.

-Permanecer vigilando.
-Permanecer explicando.
-Permanecer acompañándose.
-Permanecer organizándose.

La insistencia en “no aflojar” atravesó gran parte de la vigilia. Pero más allá de la consigna, lo que aparece en las grabaciones es una defensa persistente de la acción colectiva como práctica democrática. Una idea de democracia que no se reduce únicamente al voto o a la representación institucional, sino que también incluye organización social, presencia en el espacio público, vigilancia ciudadana y participación activa en decisiones que afectan la vida común.

Lo que está en disputa

Escuchar estas voces permite comprender que la discusión sobre la “armonización” eléctrica desborda ampliamente el ámbito energético.

Lo que aparece en disputa es también una forma de entender la sociedad. De un lado, una lógica que tiende a reorganizar servicios públicos bajo criterios de competencia, rentabilidad y apertura de mercados.

Del otro, una defensa de principios como solidaridad, acceso universal, planificación pública y construcción colectiva de bienes comunes.

Por eso las voces de la vigilia regresan una y otra vez a la misma idea: defender la electricidad pública no es solamente defender una institución.

Es defender la posibilidad de que ciertos aspectos fundamentales de la vida continúen organizándose desde la solidaridad y no exclusivamente desde la capacidad de pago.

La violencia como respuesta a la participación

La jornada también estuvo marcada por episodios de violencia policial ocurridos durante la vigilia.

En medio de una manifestación pública y de vigilancia ciudadana alrededor de la votación legislativa, un estudiante fue arrestado y golpeado por la Fuerza Pública, requiriendo posteriormente atención hospitalaria. Además, durante el intento de solicitar explicaciones sobre la detención, una diputada fue empujada por oficiales presentes en el lugar.

Lo ocurrido no puede entenderse como un hecho aislado ni únicamente como un “incidente” operativo. La violencia contra quienes participan en manifestaciones públicas tiene efectos políticos más amplios: produce miedo, desmoviliza y envía mensajes sobre quiénes pueden ocupar legítimamente el espacio público y bajo qué condiciones.

Resulta especialmente preocupante que situaciones de violencia ocurran precisamente en contextos donde la ciudadanía busca ejercer vigilancia democrática sobre decisiones públicas.

La protesta social cumple una función fundamental dentro de cualquier democracia:
-permite expresar desacuerdos,
-hacer visibles conflictos,
-vigilar el ejercicio del poder
-y participar políticamente más allá de los mecanismos electorales.

Por eso, cuando las respuestas institucionales frente a la organización colectiva incluyen intimidación, uso desproporcionado de la fuerza o criminalización, lo que se tensiona no es únicamente una movilización concreta, sino el propio derecho democrático a la participación pública.

La vigilia dejó una imagen profundamente contradictoria: mientras muchas personas insistían en la importancia del diálogo, la organización y la defensa colectiva de lo público, la respuesta estatal terminó incluyendo golpes, arresto y violencia.

Y justamente allí aparece una de las preguntas más incómodas que atraviesan este tipo de escenarios: ¿qué tan sólida es una democracia que percibe la protesta social como amenaza?

La olla común: cocinar la solidaridad

Pero la vigilia no estuvo compuesta únicamente por discursos, consignas o denuncias.

Durante la jornada también se organizó una olla común para las personas presentes. Entre termos de café, platos compartidos, alimentos preparados colectivamente y personas distribuyendo comida durante horas, el espacio de protesta se transformó también en un espacio de cuidado.

Lejos de ser un detalle secundario, la olla común revela una dimensión profundamente política de este tipo de movilizaciones. Porque sostener una vigilia durante horas implica mucho más que permanecer físicamente en un lugar. Implica crear condiciones materiales para que las personas puedan permanecer juntas.

Alimentarse colectivamente, compartir recursos y organizar el cuidado mutuo forman parte de una manera distinta de entender lo público. En contextos donde frecuentemente predomina una lógica individualista —donde cada persona resuelve por sí misma sus necesidades— la olla común introduce otra racionalidad:
-la de la interdependencia,
-la cooperación
-y el reconocimiento de que la vida colectiva necesita sostenerse mutuamente.

La comida compartida se convierte entonces en algo más que alimentación. Se vuelve una práctica concreta de solidaridad.

Mientras dentro de la Asamblea Legislativa se discutía una reorganización del sistema eléctrico bajo lenguajes asociados a competencia y mercado, afuera muchas personas estaban construyendo otra experiencia social: compartir comida entre desconocidos, cuidar a quienes llevaban horas en la calle, preguntar quién necesitaba agua, café o descanso, y sostener colectivamente el espacio común.

La olla común transforma el espacio público en algo distinto a un simple lugar de tránsito o confrontación. Lo convierte en un territorio de encuentro. Un lugar donde la política no ocurre únicamente en el discurso, sino también en prácticas concretas de cuidado y sostenimiento colectivo.

Y quizá allí aparece uno de los elementos más importantes de toda la jornada: la resistencia no se construye únicamente desde la denuncia. También se construye desde la capacidad de acompañarse, alimentarse y permanecer juntos incluso en escenarios de incertidumbre y desgaste.

Porque defender lo público no consiste solamente en defender instituciones. También implica defender prácticas sociales basadas en solidaridad, cooperación y cuidado mutuo.

Galería
IMG_1315

Entre leña, humo y memoria: aprender el fuego – Bienes Comunes en Corto

Volver al corazón de nuestros saberes cotidianos

A veces creemos que las conversaciones importantes son aquellas que hablan de política, economía o grandes acontecimientos históricos. Sin embargo, hay diálogos aparentemente pequeños que terminan revelando algo esencial sobre quiénes somos. Hablar sobre cómo se hace el fuego para cocinar puede parecer una práctica simple y utilitaria, pero detrás de esa acción cotidiana habita una memoria profunda de afectos, aprendizajes y formas de cuidar la vida.

En la conversación con Paul Gutiérrez, de Finca 5, el fuego aparece no solamente como una herramienta para cocinar, sino como una herencia recibida de su padre y su madre. El relato va mostrando cómo ciertos saberes no se aprenden en manuales ni en instituciones formales, sino en la cercanía de la vida compartida: mirando, acompañando, practicando y escuchando. El fuego se aprende entre voces, entre silencios, entre tiempos compartidos.

Quizá por eso la comida hecha en fogón “sabe distinto”. No únicamente por el humo o la leña, sino porque ahí también se cocinan recuerdos, afectos y vínculos. En muchas comunidades, cocinar ha sido históricamente una práctica de encuentro: un espacio donde se conversa, se transmite experiencia y se fortalece el tejido familiar y comunitario. El fogón no solo alimenta el cuerpo; también alimenta la memoria.

En un tiempo marcado por la velocidad, la fragmentación y el aislamiento, volver la mirada hacia estas prácticas cotidianas puede ayudarnos a repensar nuestras propias conversaciones. ¿De qué hablamos cuando compartimos la comida? ¿Qué historias sobreviven alrededor de una cocina? ¿Qué saberes estamos dejando de transmitir cuando la vida cotidiana pierde sus espacios de encuentro?

Defender estos conocimientos no significa rechazar la modernidad ni idealizar el pasado. Significa reconocer que existen formas de conocimiento profundamente humanas que sostienen nuestra capacidad de cuidar, disfrutar y convivir. Muchas veces los grandes cambios comienzan justamente ahí: en la manera en que nos reunimos, cocinamos, escuchamos y compartimos el tiempo con otras personas.

Entre leña, humo y memoria, el fuego nos recuerda algo sencillo pero urgente: la vida también se sostiene en esos pequeños gestos donde el cariño se vuelve práctica cotidiana.

IMG_7748

La creatividad también resiste: educación popular en América Latina y el Caribe

En un contexto regional marcado por el avance de nuevas derechas, el fortalecimiento de discursos autoritarios y la profundización de las desigualdades, educadoras y educadores populares de distintos países de América Latina y el Caribe se reunieron el pasado 19 de mayo del 2026 en el conversatorio “Educación popular en tiempos de reconfiguración del poder”, convocado por el programa Programa Kioscos Socioambientales.

El espacio reunió a Oscar Jara, Rosa Goldar, Rosa Luz Molina y Jorge Osorio, quienes reflexionaron sobre el escenario político actual y los desafíos que enfrenta la educación popular en medio de procesos de militarización, extractivismo, fragmentación social y debilitamiento democrático.

Un continente atravesado por nuevas derechas y autoritarismos

La apertura del conversatorio planteó que América Latina y el Caribe viven una reconfiguración profunda de las relaciones de poder. Más allá de cambios de gobierno, lo que se observa es una disputa por los sentidos comunes, las emociones y las formas de interpretar la realidad.

La coordinadora del espacio, Dylanna Rodríguez, señaló que el auge de discursos de seguridad, el avance de narrativas antifeministas y antiecológicas, así como la criminalización de la protesta social, configuran un escenario donde el miedo se convierte en un dispositivo político central.

Uno de los conceptos que atravesó el conversatorio fue la idea de la “bukelización” del continente, entendida como la expansión de modelos políticos que combinan autoritarismo, espectacularización mediática, militarización y concentración del poder bajo discursos de eficacia y control.

Desde Argentina, Rosa Goldar analizó el contexto generado tras la llegada de Javier Milei al gobierno, caracterizando este proceso como parte de una ofensiva internacional de nuevas derechas articuladas globalmente. Señaló que estos proyectos políticos logran instalarse aprovechando el descontento social acumulado, especialmente tras la pandemia, y avanzan mediante la deslegitimación de la acción colectiva, la persecución de movimientos sociales y la criminalización de la protesta.

Goldar advirtió además que el neoliberalismo contemporáneo ya no opera únicamente desde lo económico, sino también desde una profunda colonización de las subjetividades, reforzada por discursos de odio, xenofobia y aporofobia que buscan responsabilizar a sectores empobrecidos y migrantes de las crisis sociales.

Colonialismo, extractivismo y despojo en el Caribe

Desde Puerto Rico, Rosa Luz Molina situó la discusión en el contexto colonial caribeño, marcado por el control político y económico de Estados Unidos sobre la isla.

Molina describió cómo las políticas de ajuste fiscal, la privatización de bienes comunes y el avance de megaproyectos turísticos han profundizado el despojo territorial y la exclusión social. También alertó sobre el desmantelamiento de la educación pública, la reducción de contenidos de historia y estudios sociales y la creciente “hipertecnologización” educativa que sustituye el diálogo crítico por lógicas técnicas e instrumentales.

Además, señaló que el avance de estas políticas no es únicamente económico, sino también cultural y afectivo: “Nos van encerrando poco a poco”, afirmó, al describir cómo la privatización de las costas limita el acceso colectivo al territorio.

Frente a este panorama, destacó la importancia de las prácticas de educación popular “cimarrona afrocaribeña”, construidas desde la resistencia comunitaria, el arte, la memoria y la organización territorial.

El autoritarismo como eje regional

Por su parte, Oscar Jara enfatizó que uno de los rasgos centrales del momento actual es la consolidación de formas autoritarias de ejercicio del poder.

Advirtió que en varios países de la región se impulsa una creciente concentración de poder en los ejecutivos, debilitando contrapesos institucionales y legitimando soluciones basadas en la militarización y el castigo.

Según Jara, estas tendencias logran avanzar debido a las debilidades históricas de las democracias liberales, incapaces de garantizar bienestar, participación y justicia social para amplios sectores de la población.

Ante ello, insistió en que la educación popular debe fortalecer espacios de diálogo, reflexión crítica y participación colectiva capaces de disputar el sentido común autoritario. “La creatividad es un desafío enorme”, afirmó, señalando que las respuestas no están predefinidas y que los procesos organizativos deben construirse caminando colectivamente.

Crisis política y disputa de sentidos en Chile

Desde Chile, Jorge Osorio analizó el ascenso de gobiernos de ultraderecha como parte de una transformación global más amplia que atraviesa también Europa y otras regiones.

Osorio explicó que estas fuerzas políticas logran consolidarse a partir de discursos centrados en la inseguridad, el miedo y la supuesta crisis total de los Estados, amplificados mediante redes sociales y grandes plataformas mediáticas. Sin embargo, advirtió que estos proyectos buscan desmontar progresivamente derechos sociales, debilitar la educación pública y reinstalar culturas políticas autoritarias.

En ese contexto, destacó que la educación popular enfrenta el desafío de actualizarse frente a nuevos “ecosistemas de aprendizaje”, marcados por transformaciones tecnológicas, territoriales y culturales.

Los desafíos de la educación popular

A lo largo del conversatorio, las y los participantes coincidieron en que la educación popular atraviesa un momento de profunda interpelación política y pedagógica.

Entre los principales desafíos señalados estuvieron:

  • -Reconstruir procesos colectivos en contextos de individualización y fragmentación social.
  • -Disputar sentidos comunes atravesados por el miedo, el odio y la desinformación.
  • -Sostener la esperanza frente al cansancio organizativo y la sensación de indefensión.
  • -Fortalecer la articulación regional entre organizaciones, movimientos y redes de educación popular.
  • -Construir pedagogías capaces de responder a nuevos escenarios tecnológicos y culturales.
  • -Defender la educación pública, la memoria histórica y los bienes comunes.
  • -Acompañar procesos territoriales de resistencia frente al extractivismo y el despojo.
  • -Incorporar perspectivas antipatriarcales, interculturales y decoloniales en las prácticas pedagógicas.

Rosa Luz Molina insistió en la necesidad de “juntar los cuerpos para la protesta y para la propuesta”, reivindicando la importancia del encuentro presencial, la organización comunitaria y el trabajo cultural como formas de resistencia ante la fragmentación social.

Por su parte, Jorge Osorio propuso avanzar hacia una “cartografía” latinoamericana de las experiencias actuales de educación popular, capaz de reconocer territorios, prácticas, movimientos y procesos emergentes en toda la región.

Educación popular para sostener la vida

Lejos de asumir una postura derrotista, el conversatorio planteó la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas y pedagógicas de los movimientos populares en medio de escenarios complejos.

Las intervenciones coincidieron en que la educación popular sigue siendo una herramienta fundamental para la construcción de pensamiento crítico, organización colectiva y defensa de la vida digna.

En palabras de Oscar Jara, los cambios profundos no ocurren de un día para otro, sino mediante procesos históricos que requieren “paciente impaciencia”, creatividad y construcción colectiva permanente.

En un continente atravesado por el miedo, el extractivismo y el autoritarismo, la educación popular aparece así no solo como una metodología educativa, sino como una apuesta ética y política por sostener vínculos, memorias y horizontes emancipadores.

La creatividad como horizonte político y pedagógico

Otro de los elementos que atravesó el conversatorio fue la reivindicación de la creatividad como una dimensión fundamental para afrontar los desafíos del presente. Lejos de entenderla únicamente como una herramienta metodológica o estética, las y los participantes la plantearon como una capacidad política necesaria para imaginar, sostener y construir alternativas en medio de contextos marcados por el miedo, el cansancio y la fragmentación social.

Oscar Jara insistió en que las respuestas no están predefinidas y que los procesos organizativos deben construirse caminando colectivamente, lo que exige mantener viva la capacidad de crear nuevas formas de encuentro, diálogo, movilización y esperanza. En esa línea, la creatividad aparece como una práctica profundamente vinculada con la resistencia y con la posibilidad de seguir imaginando horizontes emancipadores incluso en escenarios adversos.

Desde Puerto Rico, Rosa Luz recuperó el papel del arte, la cultura y las prácticas comunitarias como formas de acuerpamiento y organización. Señaló que las luchas actuales requieren conectar con las identidades, las memorias y las experiencias territoriales para generar procesos capaces de movilizar afectos, vínculos y sentidos colectivos.

Las reflexiones del conversatorio coincidieron en que la creatividad es también una forma de disputar el control de las subjetividades impuesto por el neoliberalismo y las nuevas derechas. Frente a discursos que promueven el individualismo, el miedo y la resignación, la educación popular apuesta por abrir espacios donde sea posible imaginar otros modos de vivir, relacionarse y construir comunidad.

En ese sentido, la creatividad no aparece como un complemento secundario de la acción política, sino como una condición necesaria para sostener la organización colectiva, reinventar las pedagogías y fortalecer las resistencias territoriales en América Latina y el Caribe.

Así, en tiempos de autoritarismo, extractivismo y fragmentación, la creatividad se reivindica como una fuerza vital capaz de abrir grietas en los sentidos dominantes y de alimentar la construcción colectiva de futuros más justos, solidarios y dignos.

Si las reflexiones compartidas en este conversatorio resonaron con sus experiencias, preocupaciones o procesos organizativos, les invitamos a ver el conversatorio completo “Educación popular ante la reconfiguración del poder”. Escuchar directamente las voces de las educadoras y educadores participantes permite profundizar en los análisis, matices y desafíos planteados para América Latina y el Caribe. En tiempos marcados por el miedo, el autoritarismo y la fragmentación social, estos espacios de diálogo colectivo también son una invitación a seguir pensando, organizándonos y construyendo esperanza desde nuestros territorios.

¿Qué desafía hoy a la educación popular?

Compartimos esta matriz como un insumo para la reflexión colectiva sobre los desafíos, tensiones y disputas que atraviesan hoy a la educación popular. La intención es que pueda acompañar las intervenciones del conversatorio y contribuir a seguir dialogando, problematizando y construyendo preguntas desde las experiencias, territorios y procesos organizativos que habitamos.

La matriz no busca establecer categorías cerradas ni lecturas definitivas, sino ofrecer algunas pistas para pensar críticamente los escenarios actuales, las contradicciones que enfrentamos y las posibilidades de recrear prácticas político-pedagógicas comprometidas con la defensa de la vida, los bienes comunes y las luchas colectivas.

Contexto / fenómeno

¿Qué desafía a la educación popular?

Riesgos identificados

Posibles respuestas desde la educación popular

Avance de nuevas derechas y neofascismos

La capacidad de construir pensamiento crítico y organización colectiva en contextos de miedo y polarización

Naturalización del autoritarismo, discursos de odio, debilitamiento democrático

Fortalecer espacios de análisis crítico, formación política y lectura colectiva de la realidad

“Bukelización” y militarización

La defensa de los derechos humanos frente a discursos de seguridad y control

Justificación de la suspensión de derechos, normalización del castigo y vigilancia

Construir narrativas alternativas sobre seguridad, justicia y vida digna

Criminalización de la protesta y organización social

La posibilidad de sostener procesos organizativos colectivos

Miedo a participar, persecución, desgaste organizativo

Generar redes de cuidado, protección colectiva y articulación territorial

Colonización de las subjetividades desde el neoliberalismo

La construcción de sentidos colectivos frente al individualismo extremo

Competencia, apatía política, ruptura de vínculos comunitarios

Recuperar prácticas de solidaridad, encuentro y trabajo comunitario

Discursos de odio, xenofobia y aporofobia

La capacidad de construir horizontes emancipadores incluyentes

Estigmatización de sectores empobrecidos, migrantes y movimientos sociales

Impulsar pedagogías antirracistas, antipatriarcales y decoloniales

Extractivismo y despojo territorial

El vínculo entre educación popular y defensa de los bienes comunes

Desplazamiento territorial, violencia ambiental, criminalización de defensoras y defensores

Fortalecer procesos territoriales, memoria comunitaria y pedagogías del territorio

Desmantelamiento de la educación pública

La defensa de la educación como derecho y bien común

Privatización, exclusión educativa, tecnocratización

Reivindicar la educación pública crítica, popular y comunitaria

Hipertecnologización y predominio de lógicas instrumentales

La centralidad del diálogo, el encuentro y la reflexión colectiva

Aislamiento, pérdida del debate crítico, deshumanización de los procesos educativos

Crear metodologías participativas y críticas que resignifiquen el uso de tecnologías

Fragmentación social y repliegue hacia lo individual

La posibilidad de reconstruir tejido social y comunitario

Desmovilización, desconfianza, debilitamiento organizativo

Promover espacios de encuentro, acuerpamiento y construcción colectiva

Cansancio militante e indefensión aprendida

La sostenibilidad emocional y política de los procesos organizativos

Agotamiento, desesperanza, desarticulación

Cultivar pedagogías de la esperanza, el cuidado y la ternura política

Crisis de las democracias liberales

La reflexión sobre nuevas formas de participación y construcción política

Desafección política, apatía, autoritarismo

Impulsar prácticas democráticas desde lo cotidiano y comunitario

Manipulación mediática y desinformación

La capacidad de disputar sentidos comunes

Instalación de mentiras como verdades sociales

Fortalecer comunicación popular y alfabetización crítica mediática

Debilitamiento de memorias históricas

La transmisión intergeneracional de luchas y experiencias

Pérdida de referencias históricas y capacidad crítica

Recuperar memorias locales, luchas populares e historias comunitarias

Nuevos movimientos y sujetos sociales

La actualización de metodologías y lenguajes de la educación popular

Desconexión con juventudes y nuevas formas organizativas

Construir pedagogías flexibles, creativas e interculturales

Crisis civilizatoria y cambio de época

La necesidad de replantear horizontes políticos y pedagógicos

Fatalismo, sensación de no futuro

Construir alternativas centradas en el cuidado de la vida y los bienes comunes

Nuevas pobrezas y exclusiones

La capacidad de acompañar comunidades atravesadas por múltiples violencias

Soledad, exclusión, precarización extrema

Desarrollar pedagogías del cuidado, hospitalidad y acompañamiento

Debilitamiento de vínculos regionales

La articulación latinoamericana y caribeña de procesos populares

Aislamiento de luchas y experiencias

Fortalecer redes, intercambios y plataformas regionales como Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

Transformaciones culturales y tecnológicas

La actualización pedagógica sin perder sentido político

Adaptación acrítica a tecnologías y plataformas

Construir nuevos “ecosistemas” pedagógicos críticos y participativos

Avance del patriarcado y conservadurismo

La incorporación real de perspectivas feministas y antipatriarcales

Retrocesos en derechos y violencias de género

Impulsar pedagogías feministas y prácticas de igualdad

Pérdida de espacios colectivos presenciales

La dimensión corporal y afectiva de la organización

Individualización y debilitamiento comunitario

“Juntar los cuerpos para la protesta y la propuesta” mediante encuentros, arte y cultura comunitaria

Captura de pantalla 2026-05-25 083533

“Tranquilo Icético, eso no es privatización” Dice Electrón mientras convierte derechos en mercados: Documento de trabajo

Mientras el país discute la llamada “armonización” del mercado eléctrico, hay una pregunta mucho más profunda que frecuentemente queda fuera del debate: ¿la privatización ocurre únicamente cuando una institución pública se vende… o también cuando se debilita, se fragmenta y se reorganiza lentamente bajo la lógica del mercado?

La discusión actual sobre electricidad en Costa Rica suele presentarse como un tema técnico:
-tarifas,
-competencia,
-eficiencia,
-modernización.

Pero detrás de ese lenguaje existe una disputa política mucho más grande sobre quién controla la energía, quién toma las decisiones estratégicas y bajo qué intereses se organiza el futuro energético del país.

Durante décadas, América Latina escuchó el mismo discurso:
-que abrir mercados traería competencia,
-que la competencia bajaría tarifas,
-y que lo privado sería automáticamente más eficiente.

Sin embargo, la experiencia regional dejó otra historia:
-concentración económica,
-captura corporativa,
-aumento tarifario,
-socialización de pérdidas,
-y debilitamiento de la capacidad pública para planificar sectores estratégicos.

Y quizás por eso resulta tan simbólico volver a mirar aquella vieja disputa entre Icético y Electrón. Mientras Icético promovía el ahorro energético y el uso responsable de la electricidad como un bien colectivo, Electrón aparecía asociado al derroche, el consumo excesivo y una lógica donde la energía parecía infinita y desconectada de cualquier responsabilidad social. Décadas después, esa metáfora adquiere un nuevo significado: la discusión ya no es solamente sobre apagar una luz innecesaria, sino sobre qué modelo energético se quiere construir y quién se beneficia cuando la electricidad deja de entenderse como derecho para convertirse cada vez más en mercado.

Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico muestran que muchas veces la llamada “competencia” terminó convirtiéndose en oligopolios privados con enorme poder político y económico.

Por eso el nuevo documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica propone ampliar la mirada.

Porque privatizar no siempre significa vender una institución de un día para otro.

A veces significa:
-abrir progresivamente mercados,
-tercerizar funciones,
debilitar capacidades públicas,
-reducir inversión estatal,
-crear narrativas permanentes de crisis,
-o instalar la idea de que lo público es incapaz de sostener la vida colectiva.

Y ahí es donde aparece Electrón.

No el personaje ingenuo de las campañas institucionales del pasado, sino el nuevo Electrón: el que llega hablando de “armonización”, “competitividad”, “flexibilización”, “modernización del mercado”, y “eficiencia regulatoria”.

Un Electrón que insiste en que nadie quiere privatizar nada… mientras el mercado gana cada vez más espacio dentro de sectores estratégicos.

Icético, mientras tanto, todavía recuerda otra historia.

Recuerda cuando electrificar territorios rurales no era rentable pero sí necesario.
Recuerda cuando hablar de electricidad implicaba hablar de bienestar colectivo y no únicamente de clientes.
Recuerda que muchas instituciones públicas nacieron precisamente porque el mercado no garantizaba acceso universal ni integración territorial.

Por eso la discusión sobre la Ley de Armonización no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa histórica mucho más amplia que Costa Rica viene viviendo desde hace décadas: la tensión entre entender la electricidad como derecho colectivo o como oportunidad de negocio.

El documento también recupera algo que suele desaparecer del discurso oficial: el papel de la protesta social y de los sujetos colectivos en la defensa de los bienes comunes.

Desde Cochabamba hasta el Combo ICE, las resistencias latinoamericanas muestran que muchas conquistas democráticas nacieron precisamente cuando la sociedad organizada decidió cuestionar aquello que parecía inevitable.

Porque al final la pregunta no es solamente qué modelo eléctrico quiere el país.

La pregunta es también:
-¿quién decidirá el futuro energético de Costa Rica?,
-¿el mercado?,
-¿las corporaciones?,
-¿o la sociedad organizada?

Y quizá por eso Icético sigue desconfiando cada vez que escucha a Electrón decir:

—“Tranquilo… eso no es privatización”.

Conversación en una subestación cualquiera

—Icético, tenés que entender que el mundo cambió —dijo Electrón mientras abría una presentación titulada “Armonización Competitiva para la Modernización Energética”.

Icético frunció el ceño.

—Eso tiene demasiadas palabras para decir algo peligroso.

—No seás dramático. Nadie está hablando de privatizar.

—Ajá… ¿y entonces por qué cada cinco minutos decís “mercado”, “competencia” y “eficiencia”?

Electrón sonrió.

—Porque hay que modernizar. Lo público ya no puede hacerlo todo.

—Curioso —respondió Icético—. Antes decían que el ICE era ejemplo mundial.

—Bueno, sí, pero ahora ocupa “flexibilizarse”.

—¿Flexibilizarse?

—Abrirse.
Competir.
Adaptarse.
Asociarse.
Tercerizar algunas cosas.
Armonizar el mercado.

Icético suspiró.

—Qué increíble la capacidad que tienen para inventar palabras nuevas y evitar decir “privatización”.

Electrón cerró el PowerPoint.

—Mirá, nadie quiere vender el ICE.

—Pero sí quieren que pierda generación, planificación, control del sistema y capacidad financiera.

—Eso suena muy ideológico.

—Y “armonización” suena como si una consultora hubiera escrito una canción de cuna para empresarios.

Electrón ignoró el comentario.

—La competencia baja tarifas.

Icético soltó una carcajada.

—Claro. Preguntale a Chile. O a Puerto Rico. O a Colombia.

—Aquí va a ser diferente.

—Todos dicen eso antes de abrir sectores estratégicos.

Hubo un silencio incómodo.

—¿Y entonces qué proponés? —preguntó Electrón.

Icético miró hacia las líneas eléctricas.

—Empezar por dejar de discutir la electricidad como si fuera solamente un negocio.

—Eso suena viejo.

—No. Lo viejo es creer que el mercado siempre viene a salvarlo todo.

Crédito de imágenes y video: Grupo ICE

imagen superior

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

  1. Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

  1. Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

  1. ¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

  1. La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida. 

  1. La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

  1. La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

  1. Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
veYGrukdkRCtzhxvFgk7z7

La moneda de Dos Caras: así funciona la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves 2022-2026

No es contradicción, es arquitectura. Detrás del líderazgo ambiental internacional que protege los océanos se esconde una lógica coherente: la naturaleza se protege si se puede vender, y se destruye si se puede explotar.

La política ambiental en sus propias palabras: el presidente, la moneda y las dos caras

A veces, para entender una política pública no hace falta empezar por los decretos, los indicadores o los discursos técnicos. Basta escuchar las palabras con las que un gobierno explica el mundo.

En el caso de la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), las declaraciones públicas del propio presidente permiten observar con claridad la arquitectura política que atraviesa su gestión: una combinación entre liderazgo verde internacional, lógica de rentabilidad territorial y desconfianza hacia regulaciones o actores que puedan limitar la inversión.

Las frases no son simples «ocurrencias». Funcionan como ventanas hacia una forma específica de entender la relación entre naturaleza, economía y democracia.

Y esa forma, como desarrollaremos a lo largo de esta nota, no es caótica ni contradictoria. Responde más bien a una lógica que podríamos llamar «la moneda de Dos Caras»: un rostro impoluto para el mundo, un rostro desfigurado para el territorio, y entre ambos una decisión política que siempre cae del mismo lado.

El rostro impoluto: el líder climático que habla al mundo

En los escenarios globales, el presidente Chaves despliega un discurso de fuerte tono ambientalista. Allí, Costa Rica vuelve a ser el país verde, el referente, el que asume liderazgos que otros esquivan.

«Para Costa Rica, el futuro de la humanidad es inimaginable sin un océano protegido, así que hemos asumido el liderazgo que nos corresponde y con un mensaje urgente para el mundo, convertimos su protección en el eje central de nuestra política ambiental exterior.» (Esta declaración fue realizada durante un evento de alto nivel sobre Acción Oceánica «Inmersos en el Cambio», antesala de la UNOC 2025)

Incluso frente a la minería submarina —una de las grandes amenazas oceánicas— el presidente apeló a un lenguaje ético, casi civilizatorio:

«Del oportunismo de otra nación que vaya a buscar metales al fondo del mar y que nos destruye el ambiente para todos, llegó el momento ya no de discutir, llegó el momento de buscar en nuestros corazones.» (Declaración realizada durante la UNOC 2025 en Francia).

Ese es el rostro impoluto. El que posa para las fotos internacionales. El que habla de protección, de ética, de corazón. El mismo que permite a Costa Rica seguir cobrando por servicios ambientales, recibir financiamiento climático y pavonearse como líder en las cumbres.

Pero la moneda tiene otra cara.

El rostro desfigurado: la urgencia económica que todo lo subordina Cuando el presidente se dirige al país —cuando habla de territorio, de inversión, de desarrollo real— el tono cambia radicalmente. La protección ambiental deja de ser prioritaria. Se vuelve, en el mejor de los casos, un lujo que no podemos pagar.

Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó:

«Yo siento que en este momento Costa Rica tiene que enfocarse… pero esas no son las cosas urgentes, ese no es el balazo en el pecho, ese es el colesterol. (Conversatorio con la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación)

La metáfora es reveladora: la crisis ecológica deja de entenderse como problema estructural para convertirse en un asunto secundario frente a las urgencias económicas inmediatas. No es el balazo —lo que mata ahora— sino el colesterol —lo que mata despacio, quizás mañana, quizás nunca.

Ese es el rostro desfigurado. El que opera bajo la lógica de la excepción: la norma se flexibiliza, la regulación se posterga, el ambiente espera. Algo similar ocurre con la idea misma de sostenibilidad. En una de sus declaraciones más conocidas, Chaves sentenció:

«El desarrollo sostenible es redundante.» (Intervención ante la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), marzo de 2022. Periódico La Nación).

La frase parece menor, pero encierra una concepción política profunda: la idea de que el desarrollo, por sí mismo, ya contiene automáticamente la sostenibilidad. Como si crecer económicamente fuera, por definición, cuidar el ambiente. Como si no existieran tensiones reales entre expansión del capital, límites ecológicos y destrucción territorial.

La moneda, aquí, ya ha caído. Y cayó del lado del desarrollo sin adjetivos.

La moneda en acción: cuando la fauna se vuelve enemiga

La lógica de Dos Caras se vuelve brutalmente explícita en las disputas sobre uso del suelo y conservación costera. En medio de las controversias por Gandoca-Manzanillo —un territorio de alto valor ecológico y cultural— el presidente declaró:

«Nosotros no vamos a destruir el tesoro nacional en la costa sur de la provincia Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna y que el ser humano, el costarricense, no tenga la oportunidad de generar prosperidad con eso.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República -El Observador CR)

Y luego agregó, construyendo su famosa falsa moderación:

«Aquí hay gente extrema que dice que hay que ir a construir hoteles enormes de 5 estrellas y eso no pasará, pero también hay otros que dicen que hay que dejárselo a los monitos y no señor, tampoco es así.» (Declaración a la prensa en Cartago, 15 de mayo de 2024. Periódico La República / El Observador CR).

Analicemos la operación de la moneda, paso a paso.

Primero, el presidente se presenta como equilibrado: ni extremo de un lado (hoteles gigantes), ni extremo del otro (conservación absoluta). Segundo, caricaturiza la defensa ambiental: quienes protegen el territorio son «los que quieren dejárselo a los monitos». Tercero, naturaliza la intervención humana: el territorio debe producir algo, no puede «quedarse» para nadie más que no sea el capital.

¿Qué ha hecho Dos Caras aquí? Ha lanzado su moneda al aire. El rostro impoluto dice: «no vamos a destruir el tesoro nacional». El rostro desfigurado añade: «pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna». La moneda cae. El resultado es una playa privatizada, una comunidad desplazada, un manglar rellenado. Y todo, envuelto en la retórica del «centro razonable».

La moneda contra la democracia ambiental: el rechazo a Escazú

La misma lógica se repite —con consecuencias aún más globales— en la posición del gobierno frente al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que protege a defensores ambientales y garantiza participación ciudadana.

El presidente fue tajante desde el inicio de su mandato:

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW / Divergentes).

¿Por qué tanta tranquilidad para el sector privado y tanta intranquilidad para las comunidades? La respuesta está en su propia justificación:

«Es muy preocupante que en un momento en que necesitamos reactivación económica haya la posibilidad en el Acuerdo de Escazú de atrasar de manera injustificada y arbitraria proyectos de inversión.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Observen cómo opera la moneda. La participación ambiental —el derecho a ser consultado, a acceder a información, a impugnar decisiones— es presentada como una «posibilidad de atrasar». Los defensores de territorios son convertidos en obstáculos. La democracia ecológica se vuelve sinónimo de traba burocrática.

El presidente incluso argumentó que Costa Rica no necesita el Acuerdo porque:

«Nuestra legislación ya incluye todo lo que incluye el Acuerdo de Escazú, excepto esa posibilidad de decir paren porque a mí me parece que se debe parar, eso no se vale.» (Declaración como presidente electo, mayo de 2022. DW).

Ahí está, por fin, el corazón de Dos Caras. Lo que el presidente rechaza del Acuerdo de Escazú no es el acceso a la información ni la justicia ambiental. Es la posibilidad de que las comunidades digan «paren». Es el derecho a frenar un proyecto cuando la norma se ha violado, cuando el territorio está en riesgo, cuando la inversión avanza por encima de la vida.

«Eso no se vale», dice Dos Caras mientras lanza su moneda. Pero la moneda siempre cae del mismo lado: el lado que protege la inversión, no el territorio. El lado que tranquiliza al sector privado, no a las comunidades.

La coherencia de la moneda: lo que las frases revelan

Leídas en conjunto, estas declaraciones permiten observar algo que los análisis superficiales suelen perder de vista: no hay contradicción, hay arquitectura.

El presidente que en Davos habla de proteger océanos y buscar en el corazón es el mismo que en Limón habla de no dejarle el territorio «a los monitos». El líder climático internacional es el mismo que llama «colesterol» a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estadista que firma acuerdos globales es el mismo que dice «el Acuerdo de Escazú no está en la agenda». No es que mienta. Es que su moneda tiene dos caras diseñadas para funcionar juntas.

  • El rostro impoluto permite a Costa Rica seguir vendiendo servicios ambientales, recibir financiamiento verde y mantener su marca país de sostenibilidad.
  • El rostro desfigurado permite flexibilizar normas, expulsar comunidades y abrir territorios a la inversión inmobiliaria, turística y minera.

Una cara no estorba a la otra. La hace posible.

Cuando las palabras nombran (y ocultan) la moneda

La política ambiental, entonces, no solo se expresa en leyes, permisos o conflictos territoriales. También se revela —con crudeza— en las palabras con las que el poder decide nombrar o reducir la naturaleza, las comunidades y el futuro del país.

«El desarrollo sostenible es redundante»  no es una ocurrencia. Es una declaración de principios.

«No se lo vamos a dejar a la fauna»  no es una metáfora desafortunada. Es una hoja de ruta.

«Esa posibilidad de decir paren… eso no se vale»  no es un exabrupto. Es la línea roja que este gobierno no está dispuesto a cruzar.

La moneda de Dos Caras tiene un nombre en la política ambiental de Rodrigo Chaves. Se llama: naturaleza como activo, territorio como mercancía, comunidades como obstáculo.

Y mientras sigamos leyendo estas frases como incoherencias aisladas, la moneda seguirá girando en el aire. Pero si las leemos como lo que son —las dos caras de un mismo proyecto— entonces tal vez podamos, por fin, disputar el lanzamiento.

Porque la moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

La trampa de pedir coherencia

Cuando se analiza la política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves, es común caer en una trampa: la de leerla como una colección de contradicciones.

Por un lado, Costa Rica sigue brillando en el escenario internacional. Expande áreas marinas protegidas, consolida el Fondo Azul y fortalece los Pagos por Servicios Ambientales (PSA). El país no abandona su vitrina verde.

Por otro lado, en el plano interno, ocurre lo contrario. Se flexibilizan normas para proyectos inmobiliarios, se centralizan decisiones en pocas manos, se silencia a los técnicos del Ministerio de Ambiente (MINAE). Casos como Gandoca-Manzanillo, Cipreses de Oreamuno o Playa Panamá parecen indicar un retroceso sistemático.

Frente a esto, muchos concluyen: «El gobierno es incoherente. Dice una cosa y hace otra». Pero esa lectura es ingenua. Y también es útil… para el gobierno.

Porque si creemos que solo se trata de contradicciones, dejamos de preguntarnos por la lógica que las organiza. Y ese es el verdadero hallazgo del análisis aquí: no hay contradicción. Hay arquitectura.

Costa Rica como Harvey Dent o «Dos Caras»

Para entender esta arquitectura, imaginemos al gobierno de Chaves como un personaje de DC Comics: Harvey Dent, el fiscal de Ciudad Gótica que se convierte en el villano Dos Caras.

Harvey tiene dos rostros. Uno es el del líder idealista, pulcro, comprometido con la justicia. El otro es una cicatriz quemada que revela violencia y arbitrariedad. Entre los dos, decide con una moneda. Pero la moneda no es azar: está cargada.

Ahora pensemos en Costa Rica.

El rostro impoluto es el que ve el mundo: el país verde, el líder climático, el que vende servicios ambientales y recibe financiamiento internacional por proteger sus bosques y mares.

El rostro desfigurado es el que sufren las comunidades costeras y rurales: playas privatizadas de hecho, amenaza de manglares o bosques destruidos para hoteles de lujo, comunidades expulsados por la gentrificación o turístificación, y técnicos ambientales silenciados por orden de un superior.

¿Y la moneda? La moneda es la decisión política. Cada vez que hay conflicto entre conservación y desarrollo, el gobierno lanza su moneda. Pero la moneda no cae al azar. Está diseñada para caer siempre del lado que conviene al capital.

Si un ecosistema puede venderse en forma de bonos de carbono o servicios ambientales, la moneda cae del lado impoluto: se protege, se mide, se transa. Si un territorio —sobre todo si es playa, corales, manglar o tierra fértil— puede ser transformado en un resort, un puerto o un proyecto inmobiliario de lujo, la moneda cae del lado desfigurado: se flexibilizan las normas, se acalla a los opositores y se judicializa el conflicto cuando ya es tarde.

No es azar. Es diseño.

El rostro impoluto: cuando la naturaleza se convierte en activo

Comencemos por la cara que el gobierno muestra con orgullo.

En el escenario internacional, Costa Rica no ha abandonado su papel histórico. Al contrario, lo ha actualizado. La expansión de áreas marinas protegidas, el impulso al Fondo Azul y el fortalecimiento de los PSA configuran una narrativa de innovación y liderazgo.

Pero aquí hay un giro que no suele contarse: lo que se despliega no es solo una política de conservación, sino una nueva lógica económica sobre la naturaleza. Los bosques y los mares dejan de ser territorios con valor intrínseco o cultural. Empiezan a ser activos. Se miden en toneladas de carbono capturado. Se traducen en métricas de biodiversidad. Se integran a circuitos globales de financiamiento.

El PSA, por ejemplo, es un instrumento exitoso. Pero también es un contrato. La naturaleza se protege porque presta un servicio. Y ese servicio tiene precio.

La pregunta incómoda es: ¿qué pasa con lo que no puede medirse ni venderse? ¿Qué pasa con los ecosistemas que no entran en esta lógica de valorización? ¿Qué pasa con los territorios que no sirven como activos climáticos, pero sí como suelo barato para el turismo de élite?

Ahí es donde aparece el otro rostro. El rostro desfigurado: centralización, silencio y excepción

En el plano interno, la historia es muy distinta. El gobierno no ha reformado el MINAE mediante un proyecto de ley explícito, aunque lo intentó. Lo ha transformado mediante prácticas silenciosas pero sistemáticas.

Primero, centralización del poder. Las decisiones ambientales ya no se discuten en instancias técnicas. Se concentran en la jerarquía ministerial. Los criterios de biólogos, geógrafos y abogados ambientales son subordinados a la voluntad política.

Segundo, control de la comunicación. Circulan oficios internos que limitan lo que los funcionarios técnicos pueden decir en público. El conocimiento especializado pierde visibilidad. Y sin visibilidad, pierde capacidad de incidir.

Tercero, flexibilización normativa. La ley deja de ser un marco estable. Se vuelve una variable ajustable. Si una norma impide un proyecto, se reinterpreta. Si la oposición social crece, se deslegitima a los activistas como «ambientalistas extremos». Si el conflicto llega a los tribunales, se asume que la justicia llegará tarde.

Y así ocurre. En los casos que se lograr avanzar en algún sentido. En todos ellos, cuando la justicia ambiental finalmente se pronuncia, el territorio ya ha sido transformado. Los manglares ya están rellenados. Los hoteles ya tienen sus cimientos.

La justicia opera como correctivo post daño, no como mecanismo preventivo.

Gentrificación y privatización de costas: la cara más violenta de la moneda

Hasta aquí, el análisis del texto original. Pero falta un elemento central para entender el «rostro desfigurado» en su máxima expresión: la gentrificación turística y la privatización de las costas. Estos dos fenómenos son, quizás, la forma más intensa en que se aplica la lógica de la moneda cargada.

¿Qué está pasando en las costas de Costa Rica?

En nombre del turismo —ese motor económico que nadie se atreve a criticar— se están impulsando megaproyectos hoteleros y residenciales de lujo, marinas que atentan los corales, y que vistos de forma integral producen al menos tres efectos devastadores:

  1. Expulsión de comunidades locales. Pescadores artesanales, campesinos costeros y familias enteras son desplazadas porque el suelo que habitaron por generaciones se revaloriza. Ya no es tierra de vida. Es tierra de negocio.
  2. Privatización de facto de las playas. La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero en la práctica, las servidumbres de paso se restringen, las concesiones se otorgan con discrecionalidad, y el acceso al mar se vuelve un privilegio para huéspedes de hoteles o dueños de villas.
  3. Destrucción de ecosistemas costeros. Corales, manglares, humedales y bosques de transición son eliminados para dar paso a campos de golf, piscinas y terrazas con vista al mar. Ese daño, en la mayoría de los casos, es irreversible.
¿Y cuál es el papel del gobierno en todo esto?

El rostro impoluto sigue promocionando «marca país» basada en naturaleza. Los folletos turísticos muestran playas vírgenes y selvas exuberantes. El rostro desfigurado, mientras tanto, facilita los permisos, desaloja a las comunidades que protestan y silencia a los técnicos que alertan sobre el impacto ambiental.

No es incoherencia. Es el mismo modus operandi de Dos Caras: un discurso para los turistas y los mercados internacionales (justicia, conservación, sostenibilidad), y una práctica brutal para las comunidades locales (despojo, exclusión, daño ambiental).

Energía y minería: la expansión de la frontera de mercado

La lógica de la moneda cargada no se limita a las costas. También alcanza sectores estratégicos como la energía y la minería.

En el sector eléctrico, el gobierno ha impulsado una apertura a la competencia y al capital privado en un ámbito históricamente organizado bajo principios de planificación pública. La transición energética, así pensada, deja de ser un asunto de soberanía nacional para convertirse en un mercado más.

En el caso de la minería, el fantasma de Crucitas sigue ahí. Aunque existe una prohibición formal, el tema reaparece una y otra vez: mediante proyectos de ley, declaraciones de autoridades o una gestión ambigua de la minería ilegal. Crucitas se ha vuelto un territorio emblemático donde la prohibición convive con su constante puesta en cuestión.

En ambos casos, la tendencia es clara: expandir la lógica de valorización hacia ámbitos que habían sido relativamente protegidos de ella.

Si hay un símbolo perfecto del «rostro impoluto» versus el «rostro desfigurado» de la política ambiental costarricense, ese es el Acuerdo de Escazú. Porque Costa Rica no solo firmó este tratado. Costa Rica fue sede de su firma en 2018 . El país se puso al frente de América Latina para impulsar el primer gran pacto ambiental de la región, pionero mundial en la protección de defensores ambientales .

Y sin embargo, cinco años después, el tratado sigue sin ser ratificado.

¿Por qué funciona esta arquitectura? La coherencia de la dualidad

Llegados a este punto, alguien podría preguntarse: ¿cómo es posible que el gobierno mantenga al mismo tiempo un liderazgo ambiental internacional y una política interna de flexibilización y despojo?

La respuesta es simple: porque una cosa hace posible la otra.

El rostro impoluto no es un estorbo para el rostro desfigurado. Es su cobertura. La legitimidad verde que Costa Rica acumula en el extranjero permite seguir recibiendo financiamiento, acuerdos y buena prensa. Esa misma legitimidad vuelve más difícil la crítica interna, porque cualquier oposición puede ser tildada de «antidesarrollo» o «extremista». Y el rostro desfigurado, por su parte, no es un accidente. Es la expresión territorial de esa misma lógica: algunos ecosistemas se protegen como activos financieros; otros se sacrifican como suelo de inversión.

La política ambiental de este gobierno no oscila impredeciblemente entre protección y explotación. Se mueve dentro de un marco coherente donde la naturaleza es protegida cuando puede ser integrada a circuitos de valor, y flexibilizada cuando su transformación resulta funcional a la rentabilidad inmediata.

La moneda no cae por casualidad. Está diseñada para hacerlo.

Siete preguntas para seguir pensando (y disputando)

Para cerrar, dejamos estas preguntas. No buscan respuestas fáciles. Buscan abrir el debate allí donde el gobierno prefiere el silencio.

  1. Sobre la moneda cargada: ¿No es contradictorio vender «paz con la naturaleza» en las cumbres climáticas mientras en las costas del Pacífico se destruyen bosques para hoteles de lujo? ¿O acaso esa contradicción es justamente la funcionalidad del sistema?
  2. Sobre la censura técnica: Cuando el MINAE silencia a sus propio personal y centraliza decisiones en jerarcas políticos, ¿no se está aplicando la misma lógica de Dos Caras? ¿La ley técnica se aplica solo cuando la moneda (la voluntad política) lo permite?
  3. Sobre gentrificación-turistificación: Los megaproyectos turísticos expulsan a comunidades pesqueras y campesinas. ¿No es esta una forma de «limpieza social» funcional al rostro desfigurado? ¿Puede hablarse de desarrollo cuando los habitantes originales ya no pueden pisar su propia playa?
  4. Sobre privatización de costas: La Constitución dice que las playas son bienes públicos. Pero con servidumbres de paso amañadas y concesiones discrecionales, se permite una privatización de facto. ¿No es esta la victoria del rostro desfigurado? ¿Dónde queda la democracia ambiental si la playa se ha convertido en un lobby de hotel?
  5. Sobre la marca país: El gobierno promueve turismo basado en naturaleza. Pero esa promesa exige playas libres y accesibles. ¿Cómo se sostiene la marca (rostro impoluto) mientras el producto real (rostro desfigurado) es una costa cercada y excluyente?
  6. Sobre la judicialización tardía: Los casos emblemáticos llegan a tribunales cuando el daño ya es irreversible. ¿No es el Poder Judicial el equivalente al comisionado Gordon en Gotham: intenta arreglar el desastre, pero nunca puede prevenir que Dos Caras lance su moneda?
  7. La pregunta final: Si aceptamos esta metáfora, entonces el gobierno de Chaves no es «fracturado» ni «inconsistente». Es perfectamente coherente con una lógica: maximizar el valor (vía financiarización, turismo de lujo y privatización costera) bajo la cobertura de un discurso verde. Entonces, ¿cómo se construye una defensa de los bienes comunes que no quepa ni en la cara de la conservación financiera ni en la cara del desarrollo depredador?
Nombrar la moneda para poder disputarla

La política ambiental del gobierno de Rodrigo Chaves tiene un nombre. No es «contradicción». No es «falta de rumbo». No es «improvisación». Se llama moneda de Dos Caras.

Un rostro impecable para el mundo. Un rostro quemado para los territorios y las comunidades. Y entre ambos, una moneda que siempre cae del mismo lado.

Nombrar esta coherencia no es un ejercicio académico. Es un acto político. Porque solo aquello que se reconoce en su lógica puede ser efectivamente disputado. La pregunta, entonces, ya no es si el gobierno es verde o no lo es. La pregunta es: ¿quién tiene derecho a lanzar la moneda? ¿Y cómo construimos un modelo donde la naturaleza no tenga que depender de una cara buena o una cara mala, sino que sea simplemente un bien común, compartido, vivo e intransable?

Esa es la conversación que el rostro impoluto quiere evitar. Y que el rostro desfigurado quiere quemar antes de que empiece.

Una matriz para discutir

La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente cómo denunciar la “moneda cargada”, sino cómo disputar el horizonte político que la hace posible.

Porque el problema no se reduce a un gobierno, un decreto o un conflicto puntual. Lo que está en juego es una forma de entender la naturaleza, el territorio, el desarrollo y la democracia. Una lógica donde algunos ecosistemas se conservan porque generan valor financiero, mientras otros territorios son flexibilizados, sacrificados o privatizados en nombre del crecimiento económico.

Frente a esto, resulta necesario abrir una discusión más profunda: ¿qué alternativas políticas, económicas y territoriales pueden construirse más allá del falso dilema entre conservación mercantilizada y desarrollo depredador?

La siguiente matriz no busca ofrecer respuestas cerradas ni modelos acabados. Más bien, pretende funcionar como herramienta de reflexión y debate colectivo. Identifica algunas de las tensiones centrales que atraviesan la política ambiental contemporánea en Costa Rica y propone horizontes en disputa para pensar otras formas de relación entre sociedad, naturaleza y bienes comunes.

Tensión o falso dilema dominanteCómo se presenta públicamenteQué invisibiliza o desplazaCómo opera la “moneda cargada”Horizonte político en disputaPreguntas para problematizar
Conservación vs desarrolloSe afirma que proteger demasiado frena la inversión y el empleoQue conservación y extractivismo pueden coexistir bajo una misma lógica de mercadoSe conservan ecosistemas útiles para financiamiento verde y se flexibilizan otros para inversión inmobiliaria o turísticaSostener la vida como criterio central de organización territorial¿Desarrollo para quién y a costa de qué territorios?
Turismo o pobrezaEl turismo aparece como única salida económica viable para las costasDependencia económica, precarización laboral y expulsión comunitariaLa naturaleza se convierte en paisaje de consumo y plataforma de rentaEconomías territoriales diversificadas y arraigadas localmente¿Puede una comunidad vivir del turismo sin perder su territorio?
Ambiente o inversiónLas regulaciones ambientales son presentadas como obstáculos burocráticosQue muchas normas existen para evitar daños irreversiblesSe flexibilizan reglas cuando el capital considera “estratégico” un territorioPlanificación ecológica democrática y preventiva¿Quién define qué proyectos son “de interés nacional”?
Crecimiento verde o atrasoLa modernización se asocia a mercados de carbono, megaproyectos y apertura económicaLas desigualdades territoriales y la concentración de beneficiosLa naturaleza se valoriza financieramente mientras aumentan exclusiones territorialesTransición ecológica justa con redistribución territorial¿Puede haber transición ecológica sin justicia social?
Expertos o comunidadesEl conocimiento técnico se utiliza selectivamente según convenga políticamenteLos saberes comunitarios y la autonomía territorialEl criterio técnico se fortalece o silencia según afecte intereses económicosCo-gobernanza entre conocimiento técnico y territorial¿Quién tiene legitimidad para decidir sobre un territorio?
Protección ambiental o uso productivoSe plantea que ciertos ecosistemas “improductivos” deben ponerse a generar riquezaEl valor cultural, hídrico y comunitario de los territoriosAlgunos ecosistemas se convierten en activos; otros en suelo sacrificableTerritorios entendidos como espacios de vida y reproducción social¿Todo territorio debe justificar su existencia en términos de rentabilidad?
Marca país o conflicto territorialCosta Rica se presenta internacionalmente como líder verdeLos conflictos ambientales internos y la desigualdad ecológicaLa legitimidad internacional amortigua críticas localesDemocracia ambiental con transparencia territorial¿Quién narra el país: las comunidades o la estrategia de mercadeo?
Seguridad jurídica o defensa comunitariaLos conflictos se reducen a “trabas” contra el desarrolloAsimetrías de poder entre empresas, Estado y comunidadesLa judicialización llega cuando el daño ya ocurrióJusticia ambiental preventiva y vinculante¿Qué significa justicia cuando el ecosistema ya fue destruido?
Acceso público o privatización “ordenada”Se afirma que las concesiones mejoran infraestructura y dinamizan territoriosRestricciones reales al acceso comunitario y apropiación privada de bienes públicosLa privatización ocurre gradualmente mediante regulación y exclusión prácticaCostas y bienes comunes bajo acceso colectivo garantizado¿Puede existir playa pública cuando el acceso depende del consumo?
Energía pública o eficiencia de mercadoLa apertura eléctrica se presenta como modernización inevitableRiesgos de fragmentación, dependencia privada y desigualdad energéticaSectores estratégicos se reconfiguran como nichos de inversiónSoberanía energética democrática y planificación pública¿La energía es mercancía o derecho colectivo?
Conservación financiera o abandono estatalSe plantea que sin mercados verdes no hay recursos para proteger la naturalezaEl debilitamiento de la responsabilidad pública sobre el cuidado ambientalLa protección depende cada vez más de su capacidad de generar rentabilidadCuidado ecológico como responsabilidad colectiva y pública¿Qué ocurre con los ecosistemas que no producen ganancias?
Participación o gobernabilidadLa crítica social se presenta como obstáculo al progresoEl derecho de las comunidades a decidir sobre transformaciones territorialesLa participación se tolera mientras no altere decisiones estratégicasDemocracia territorial vinculante y deliberativa¿Participar significa escuchar o realmente poder decidir?
La moneda que no cambia de dueño

La matriz anterior no es un catálogo de incidentes aislados. Es el reflejo de una lógica de gobierno que ha encontrado en la estigmatización de la defensa ambiental una herramienta política recurrente. Y esa lógica, como muestra el cierre de esta nota, no se agota con el cambio de mando.

El extracto: cuando «estúpido» y «extremista» se vuelven política de Estado

El 22 de abril de 2026 —en una conferencia de prensa conjunta— el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández ofrecieron una ventana involuntaria hacia el futuro de la política ambiental costarricense .

El detonante fue una pregunta sobre el proyecto turístico en Playa Panamá, Guanacaste, donde se pretendía talar 748 árboles maduros en una zona que alimenta quebradas del manglar . El diputado electo Edgardo Araya —reconocido por su trayectoria en la defensa ambiental— había interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, logrando medidas cautelares que suspendieron temporalmente los permisos de tala .

La respuesta del ahora expresidente Chaves fue, para usar sus propias palabras, directa:

«La clase de estúpido que es este ser humano. Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas» .

No contento con el insulto, extendió su descalificación al magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema, a quien calificó como «un desvisado, de extrema izquierda y nefasto para el país» .

Pero lo más relevante para el futuro del país ocurrió a su lado. La presidenta electa Laura Fernández —quien asumiría el mando pocos días después, el 8 de mayo de 2026— no solo no se desmarcó del discurso presidencial. Lo complementó.

Fernández aludió a «personas radicalistas» que, según sus palabras, «engañan al país con información falsa» . En la misma línea, el presidente electo la respaldó al calificar a sus opositores ambientales como «fanáticos», «radicales» y «malintencionados». La escena fue, en esencia, una ceremonia de continuidad.

Lo que revela el intercambio

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, en su análisis de este episodio, fue contundente: lo que está en juego aquí no es la libertad de opinión. El problema radica en la normalización de un discurso que descalifica a las personas —y no a sus argumentos—, y que, además, asocia la defensa del ambiente con daño al desarrollo, pérdida de empleos o incluso mala fe .

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la estigmatización de personas defensoras del ambiente «contribuye a crear un clima de hostilidad, legitima la descalificación pública y, en contextos de alta conflictividad, puede convertirse en la antesala de amenazas, criminalización e incluso violencia letal» .

En Costa Rica, ese clima ya tiene nombre y apellido. Y ahora tiene una continuidad asegurada.

La moneda sigue girando

La metáfora de Dos Caras que hemos utilizado a lo largo de esta nota adquiere aquí una dimensión inquietante. Porque la moneda que el presidente Chaves ha lanzado durante cuatro años no será recogida cuando él abandone el poder.

La presidenta Laura Fernández ha recibido esa moneda. Y ha dejado claro, en su primera conferencia conjunta, que piensa seguir lanzándola.

El rostro impoluto seguirá hablando de protección oceánica y liderazgo climático en los foros internacionales. El rostro desfigurado seguirá llamando «estúpidos», «fanáticos» y «radicales» a quienes se atrevan a decir «paren» frente a un proyecto de inversión.

La única diferencia es que ahora la moneda tiene un nuevo lanzador. Pero el lado hacia el que cae —siempre el mismo— no ha cambiado.

La pregunta que queda

Frente a esta continuidad anunciada, la pregunta que abre esta nota —¿quién tiene derecho a lanzar la moneda?— se vuelve más urgente que nunca.

Porque la moneda de Dos Caras no es un mecanismo neutral. Es un dispositivo de poder. Y mientras siga en manos de quienes ven en la naturaleza un activo, en el territorio una mercancía y en las comunidades un obstáculo, el ambiente seguirá siendo moneda de cambio.

No de vida.

Nombrar esta continuidad no es un ejercicio académico. Es el primer paso para disputar, por fin, el lanzamiento.

Referencias:

CR Hoy. (2024, noviembre 13). PEN: Gobierno de Rodrigo Chaves debilitó histórico liderazgo ambiental de Costa Rica.

CR Hoy. (2026, abril). Diputado electo recurre a la Sala IV para frenar tala de 748 árboles en playa Panamá.

Divergentes. (2022, mayo 4). Rodrigo Chaves dice no al Acuerdo de Escazú.

DW. (2022, mayo 4). Presidente electo de Costa Rica descarta acuerdo de Escazú.

El Observador. (2024, mayo 16). Video | «Tampoco se lo vamos a dejar a la fauna», dice Chaves sobre tala de árboles en Caribe Sur.

France 24. (2025, junio 16). La Entrevista – El presidente de Costa Rica en France 24: se necesita «racionalidad económica» en el tema ambiental.

La Nación. (2022, marzo 11). Rodrigo Chaves dice que Objetivos de Desarrollo Sostenible no son urgentes para Costa Rica.

La República. (2022, marzo 12). Rodrigo Chaves minimiza desafíos para el desarrollo sostenible de Costa Rica.

La República. (2024, mayo 16). [Video] Rodrigo Chaves: No permitiremos hoteles de 5 estrellas en el Caribe Sur, pero tampoco quedará solo para los monitos.

La República. (2024, noviembre 14). Costa Rica debilita su histórica apuesta ambiental.

Trivisión. (2026, abril 22). El debate por tala y proyectos en Papagayo Guanacaste escala con posición conjunta del Gobierno y presidenta electa Laura Fernández.

UNA Comunica. (2026, enero 14). Planes de gobierno alertan pérdida de liderazgo ambiental en Costa Rica.

Crédito imágenes: DC Comics

La presente nota no es un comentario circunstancial. Es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (2022-2026). Durante este período, el Observatorio ha documentado decretos, proyectos de ley, conflictos territoriales, flexibilizaciones normativas, centralización de decisiones y la sistemática estigmatización de las personas defensoras del ambiente.