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Megaproyecto en Playa Panamá: síntoma de una democracia ambiental en retroceso

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En tiempos en que se hace cada vez más urgente una gobernanza ambiental justa, Costa Rica —país que alguna vez fue ejemplo internacional en la protección del ambiente— vive una peligrosa regresión en el derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales. Lo que comenzó como una serie de resoluciones polémicas se ha ido consolidando como una estructura institucional que debilita la voz de las comunidades y favorece a megaproyectos sin procesos de consulta real.

El caso de Playa Panamá: un síntoma, no una excepción

El reciente rechazo por parte de la Sala Constitucional del recurso de amparo contra la viabilidad ambiental otorgada al megaproyecto turístico Bahía Papagayo en Playa Panamá (resolución N.° 2025016284, del 30 de mayo de 2025) es solo el último eslabón en una larga cadena de retrocesos. Según los magistrados, no es función de la Sala determinar si debió celebrarse una consulta ciudadana o cuál mecanismo garantizaría la participación de las comunidades.

En otras palabras, la Sala se abstiene de tutelar un derecho clave —el de participación— y remite toda decisión al terreno “ordinario” de la legalidad administrativa. Esta lógica refuerza lo que se viene denunciando desde hace más de una década: la erosión del acceso a la justicia ambiental en la vía constitucional.

Pero la historia no comienza aquí.

2008: el veto que marcó el camino

En noviembre de 2008, el presidente Óscar Arias y  Rodrigo Arias —entonces Ministro de la Presidencia— vetaron la “Ley que fomenta la participación ciudadana en materia ambiental”, una propuesta ampliamente respaldada por el Parlamento y por sectores sociales diversos: ambientalistas, sindicatos y comunidades organizadas.

A pesar del respaldo de 48 diputados de distintas fracciones, el Poder Ejecutivo vetó la ley alegando supuesta inconstitucionalidad. El diputado José Merino, del Frente Amplio, denunció que el veto respondía a presiones empresariales que “desprecian tanto la conservación del ambiente como la participación ciudadana”.

Ese veto, con el tiempo, se volvió el primer gran acto institucional que debilitó de forma directa los mecanismos de democracia ambiental en el país.

Del derecho al “principio”: el giro semántico de la Sala IV

En 2017, con la sentencia 1163-2017, la Sala Constitucional dio un giro histórico, al calificar la participación ciudadana en materia ambiental no como un derecho fundamental, sino como un simple “principio” administrativo. Esa decisión dejó sin efecto más de 20 años de jurisprudencia garantista.

Desde entonces, se observa una doble dinámica preocupante:

  1. Judicial: la Sala IV rechaza sistemáticamente recursos relacionados con participación en megaproyectos, y se declara incompetente, derivando los casos al contencioso administrativo —una vía lenta, costosa y excluyente para la mayoría de comunidades.
  2. Administrativa: la SETENA sustituye las audiencias públicas por mecanismos débiles como “estudios de percepción” contratados por las propias empresas, sin posibilidad de deliberación, réplica o incidencia vinculante.

Este debilitamiento invisibiliza conflictos sociales reales y crea una falsa imagen de consenso en proyectos como piñeras, desarrollos inmobiliarios costeros, terminales portuarias, entre otros.

¿Y el Acuerdo de Escazú?

Costa Rica fue promotora del Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, el cual reconoce la participación ambiental como un derecho humano, junto con el acceso a la información y a la justicia. No obstante, en múltiples sentencias recientes, la Sala Constitucional ha omitido incluso mencionar este tratado, ignorando su carácter vinculante como parte del bloque de constitucionalidad.

Este divorcio entre discurso internacional y práctica local debilita la credibilidad democrática de Costa Rica y plantea un riesgo reputacional serio, especialmente en un contexto donde la justicia ambiental es una exigencia global.

Más allá de los recursos legales: lo que está en juego

La participación ambiental no es un trámite ni una formalidad. Es el único canal democrático que tienen las comunidades para defender sus territorios, sus aguas, sus bosques y su salud. Convertirla en un accesorio opcional es abrir las puertas al autoritarismo ambiental.

Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baraona Bray vs. Chile (2022):

“La participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente… y facilita que las comunidades exijan responsabilidades a las autoridades”.

Negar este derecho equivale a institucionalizar la exclusión, consolidar la impunidad y agravar los conflictos socioambientales.

¿Hacia dónde va Costa Rica?

Todo indica que el país está avanzando en sentido contrario al principio de no regresión ambiental, un estándar internacional que establece que los niveles de protección ambiental ya alcanzados no deben ser disminuidos, salvo por razones justificadas y superiores al interés público.

Hoy se enfrentan dos modelos:

  • Uno que defiende la participación, el diálogo y la justicia ambiental.

  • Otro que concentra decisiones en élites técnicas, políticas o empresariales, debilitando el rol ciudadano.

El caso Bahía Papagayo, como antes Crucitas, Sardinal o el relleno de Miramar, no son excepciones, sino señales de un patrón peligroso.

Lo que queda por hacer

Frente a este panorama, no basta con indignarse. Es urgente actuar:

  • Hacer pedagogía jurídica en las comunidades, para que se conozcan sus derechos y se sepa cuándo han sido violados.

  • Denunciar la exclusión institucionalizada y exigir una revisión del papel de la SETENA y de la Sala Constitucional.

  • Reivindicar el Acuerdo de Escazú, su carácter vinculante y su plena implementación.

  • Articular redes de solidaridad y defensa legal que enfrenten esta ola de megaproyectos sin consulta.

Cuando la democracia se erosiona sin ruido

La regresión democrática no siempre llega con golpes de Estado ni con censura abierta. A veces, se cuela por sentencias que reescriben derechos, por decretos que debilitan garantías o por instituciones que optan por el silencio cuando deberían defender a las personas. Hoy, la defensa del ambiente en Costa Rica pasa, más que nunca, por la defensa activa de la participación ciudadana.

Referencia:

Arroyo Arce, Katerine. (2017, 3 de abril). La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: Breve reflexión sobre la resolución N.º 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica. Derecho al Día. http://derechoaldia.com/index.php/derecho-ambiental/ambiental-doctrina/912-la-participacion-del-publico-en-materia-ambiental-y-el-articulo-9-de-la-constitucion-politica-breve-reflexion-sobre-la-resolucion-n-1163-2017-de-la-sala-constitucional-de-costa-rica

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). (2008, 24 de noviembre). Ambiente: Gobierno «veta» participación ciudadana. https://anep.cr/ambiente-gobierno-veta-participacion-ciudadana/

Boeglin, Nicolas. (2017, 13 de marzo). La regresión ambiental de la Sala Constitucional de Costa Rica. Derecho Internacional Costa Rica. https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2017/03/la-regresion-ambiental-de-la-sala.html

Boeglin, Nicolas. (2023, 18 de julio). Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia. Derecho Internacional Costa Rica. https://derechointernacionalcr.blogspot.com/2023/07/participacion-ciudadana-en-materia.html

Delfino.cr. (2024, 14 de mayo). El retorno del derecho a la participación pública ambiental a la Sala Constitucional. https://delfino.cr/2024/05/el-retorno-del-derecho-a-la-participacion-publica-ambiental-a-la-sala-constitucional

Semanario Universidad. (2017, 28 de febrero). Sala IV desconoce derecho a participación ciudadana en temas ambientales. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-desconoce-derecho-participacion-ciudadana-temas-ambientales/

Semanario Universidad. (2025, 18 de junio). Sala IV dice que no le corresponde determinar si se debió hacer consulta ciudadana sobre megaproyecto en playa Panamá. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-dice-que-no-le-corresponde-determinar-si-se-debio-hacer-consulta-ciudadana-sobre-megaproyecto-en-playa-panama/

Universidad de Costa Rica. (2023, 18 de julio). Voz experta: Participación ciudadana en materia ambiental. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/7/18/voz-experta-participacion-ciudadana-en-materia-ambiental/

Crédito de imagen superior Salvemos Playa Panamá

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Cuando el control se va, el daño queda: tala autorizada por orden judicial terminó agravando el impacto ambiental en terrenos del AyA

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Gracias al seguimiento constante del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, se ha documentado un caso alarmante de tala autorizada por orden judicial en terrenos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en una zona de humedales de alta fragilidad ecológica. Lo que debía ser una intervención controlada y técnica terminó derivando en malas prácticas: árboles talados desde la base, vegetación arrasada y afectación a ejemplares que no estaban contemplados en la resolución. Esta situación revela una peligrosa desconexión entre lo que dictan los tribunales y lo que ocurre realmente en el terreno.

Tras esta denuncia inicial sobre irregularidades en la tala de árboles en zonas ecológicamente frágiles, voces vecinales confirman que las prácticas cuestionadas no se detuvieron; por el contrario, se agravaron. Según el testimonio de una persona residente cercana, luego de una primera fase de supervisión por parte de profesionales del AyA y técnicos forestales, el proceso quedó completamente en manos de la empresa taladora. Fue entonces cuando se ejecutaron las peores prácticas: árboles que debían ser cortados cuidadosamente fueron derribados de forma violenta, provocando el arrastre de vegetación secundaria y la caída de al menos siete árboles jóvenes adicionales.

La tala, que inicialmente debía intervenir ocho árboles de forma progresiva y regulada, terminó afectando al menos quince, según cálculos de personas vecinas. Este abuso responde, en parte, a la ausencia de supervisión institucional una vez que los responsables se retiraron del sitio. “Cuando ya no vinieron los del AyA, ellos tumbaron los árboles a lo bruto”, señaló la persona denunciante.

Estos hechos revelan un patrón preocupante: las empresas contratadas incumplen los protocolos ambientales tan pronto dejan de ser observadas, y las instituciones no garantizan un seguimiento riguroso que asegure la ejecución responsable de las disposiciones judiciales. Frente a esta omisión, la vigilancia comunitaria ha sido clave para documentar lo que ocurre realmente en el terreno, alertar a la Fiscalía Ambiental y defender activamente el ecosistema local.

Actualmente, las acciones de tala se encuentran paralizadas y todo el material extraído permanece en el terreno del AyA. Esto ha sido posible gracias a la intervención de la Fiscalía Ambiental, que actuó tras recibir denuncias y evidencia sobre el incumplimiento de los protocolos. Si bien la tala ya provocó un daño significativo, esta pausa representa un respiro momentáneo y evidencia el impacto que puede tener la articulación entre la vigilancia comunitaria y las instituciones cuando se responde con prontitud.

La situación exige respuestas institucionales claras: no basta con dictar medidas desde el escritorio si no se vigila su cumplimiento. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta, demostrando que la defensa ambiental no descansa.

Sin vigilancia, el daño avanza

En este caso, la tala fue autorizada mediante una resolución judicial, lo que implicaba una obligación reforzada para garantizar su cumplimiento conforme a derecho y bajo estrictas medidas ambientales. Sin embargo, la falta de seguimiento institucional permitió que se actuara de forma contraria a lo establecido. La salida temprana de los funcionarios del AyA y del equipo técnico dejó la ejecución en manos de la empresa contratada, que incumplió los protocolos al talar árboles de forma entera, sin aplicar las prácticas progresivas estipuladas para evitar daños colaterales.

Este tipo de omisión no solo representa una falla administrativa, sino también una vulneración a los principios de legalidad y protección ambiental. Cuando las instituciones no garantizan la ejecución adecuada de las disposiciones judiciales, se corre el riesgo de que medidas excepcionales terminen causando un impacto ambiental mayor al que pretendían corregir. La ausencia de monitoreo no puede normalizarse. Urge que los entes públicos asuman su rol con seriedad, asegurando mecanismos de fiscalización continua y rendición de cuentas que eviten que estas prácticas se repitan.

Del papel al terreno: la desconexión que permite el daño

La situación vivida en los terrenos del AyA expone una falla estructural que va más allá de un caso puntual: la brecha entre las resoluciones judiciales y su cumplimiento efectivo en el territorio. Las decisiones tomadas desde los despachos, aunque formalmente legítimas, muchas veces no consideran las condiciones reales del entorno ni cuentan con mecanismos adecuados para garantizar su aplicación responsable. Esta desconexión deja espacio para que actores privados, como las empresas contratadas, actúen sin control, tergiversando el espíritu de la resolución y generando impactos mayores a los que se pretendía mitigar.

El caso también revela cómo el lenguaje técnico y jurídico puede volverse cómplice del deterioro ambiental cuando no está acompañado de una fiscalización efectiva. En contextos de alta fragilidad ecológica, no basta con autorizar medidas “controladas” si no se cuenta con estructuras que aseguren su cumplimiento integral, en tiempo real y con rendición de cuentas clara.

Frente a esta realidad, urge repensar el rol de las instituciones: no como simples emisoras de permisos o fallos, sino como garantes activos de la justicia ambiental. Y sobre todo, reconocer el papel insustituible que tienen las comunidades en alertar, documentar y exigir que lo dictado en el papel se traduzca en acciones reales que protejan la vida y el territorio.

Aquí pueden leer las notas de seguimiento de este caso:

Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

Galería
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De la verdad al espectáculo: una herramienta para leer la política entre escándalos, relatos y elecciones

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Con el arranque del proceso electoral 2026 en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra lanza el folleto “De la verdad al espectáculo”, una invitación urgente a pensar la política desde sus formas mediáticas y sus efectos reales en la democracia. Este material, basado en el documental Rewriting Trump de Michael Wolff, no busca hacer una crítica a una figura extranjera, sino analizar qué condiciones permiten el auge de liderazgos autoritarios y mediáticos… y cómo esa lógica también se filtra en nuestras propias campañas electorales.

Del documental al análisis crítico: pensar la política desde lo que se ve (y lo que no)

Los documentales, lejos de ser solo registros informativos, son también poderosos puntos de partida para activar procesos pedagógicos. En este caso, Rewriting Trump permite abrir un espejo incómodo sobre las formas contemporáneas del poder: líderes que gobiernan desde el escándalo, que moldean la verdad a su conveniencia y que convierten cada juicio o imputación en un acto de campaña.

Este folleto aprovecha ese punto de partida audiovisual para proponer un recorrido reflexivo, accesible y crítico, estructurado en actividades, conceptos y preguntas disparadoras. Está diseñado para talleres, espacios de formación, encuentros estudiantiles o comunitarios, y como lectura provocadora en tiempos de campañas electorales saturadas de propaganda y vacías de contenido.

¿Qué encontrarás en el folleto?

Entre sus principales ejes, destacan:

  • Del personaje al sistema: ¿Trump es solo un fenómeno aislado o parte de una transformación global de la política?

  • El relato como herramienta de poder: cómo los discursos cargados de emociones sustituyen el debate racional.

  • La verdad como construcción estratégica: cuando lo que importa no es qué pasó, sino quién controla el relato.

  • El debilitamiento de las instituciones: qué pasa cuando las reglas democráticas ceden ante la lealtad personal.

  • La política como espectáculo: cómo los escándalos, en lugar de limitar, refuerzan el poder.

El documento también ofrece un glosario, lecturas recomendadas y herramientas metodológicas para desmontar el show político desde una mirada crítica.

¿Por qué es relevante para Costa Rica en 2026?

A medida que se intensifican las campañas políticas en el país, se hace más necesario detenerse a pensar: ¿cómo se construyen hoy las candidaturas? ¿Qué papel juegan los medios, las redes sociales, las emociones y los relatos? ¿Podemos hablar de democracia si no hay verdad compartida, si se normalizan los excesos y si el ruido mediático sustituye la deliberación?

Este folleto es una contribución a ese debate. No dicta a quién votar, pero sí interpela sobre cómo y por qué votamos. Ofrece un marco para leer las campañas no solo desde los rostros y los slogans, sino desde las formas más profundas de hacer (o deshacer) política.

Te invitamos a descargar el folleto “De la verdad al espectáculo” y utilizarlo como una herramienta para activar conversaciones necesarias en este año electoral. Ya sea en espacios educativos, comunitarios o de análisis político, el documento ofrece claves para comprender cómo operan los liderazgos autoritarios y cómo se construyen narrativas que distorsionan la verdad democrática. Profundizar en estos temas no solo nos ayuda a identificar los riesgos del espectáculo político, sino también a fortalecer una ciudadanía más crítica, informada y comprometida. Descargalo, compartilo y usalo para abrir preguntas que incomoden… y transformen.

Puedes descargar el documento aquí.
De la verdad al espectáculo

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Galápagos bajo asedio: una mirada crítica a la conservación militarizada

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Este libro coral nos convoca a mirar Galápagos no solo como ícono de conservación biológica, sino como un enclave estratégico en la disputa geopolítica global. A través de distintos ensayos, sus autoras y autores denuncian la creciente militarización del archipiélago y la instrumentalización de la «conservación» como parte de una agenda imperial.

Desde el inicio, Esperanza Martínez plantea en el prólogo una metáfora potente: las tortugas gigantes como testigos silenciosos de las múltiples formas de colonización sobre las islas. Le sigue Ramiro Ávila, quien advierte que estamos frente a una amenaza de alta escala: la instalación de bases militares estadounidenses en un territorio protegido por la Constitución ecuatoriana. Su capítulo destaca los riesgos ecológicos, sociales y políticos de esta ocupación, evocando casos similares en Manta, Hawái y Vieques.

Anamaría Varea propone una mirada sensible y crítica sobre la profanación del “santuario natural” que son Galápagos, cuestionando la lógica sacrificial detrás de su transformación en zona militar. Pablo Ospina Peralta, por su parte, analiza el tránsito de las islas hacia una economía urbana basada en el turismo y el reto de sostener la vida humana sin comprometer los frágiles equilibrios ecológicos.

El ensayo de Alberto Acosta recorre la historia de presiones imperialistas sobre las islas, desde el siglo XIX hasta la actualidad, y cómo estas se reciclan bajo nuevos ropajes. Luis Córdova-Alarcón conecta el avance militar estadounidense en Galápagos con una arquitectura de control geoespacial que incluye enclaves en Perú.

Elizabeth Bravo, en dos capítulos, alerta sobre los impactos ambientales de las bases militares en ecosistemas tropicales y sobre la experimentación biotecnológica bajo el disfraz de control de especies invasoras. Anne Theissen analiza el canje de deuda por conservación como una forma de privatización encubierta. Finalmente, María Rosa Yumbla y Ronald Herrera Sánchez apuestan por una alternativa: la agricultura familiar como práctica de cuidado ecológico y soberanía alimentaria.

Galápagos aparece así como territorio estratégico disputado: entre la vida y la lógica extractiva del control. La conservación se presenta no como fin, sino como coartada para operaciones militares y de biopoder. Este libro interpela desde lo jurídico, lo ecológico, lo geopolítico y lo emocional, y nos deja una advertencia clara: no hay conservación posible sin soberanía.

Geopolítica y conservación: ¿proteger para controlar?

Uno de los ejes transversales que recorre el libro es la crítica al uso geopolítico de la conservación ambiental. Lejos de ser un principio ético autónomo, la conservación se presenta como un dispositivo estratégico que permite a potencias como Estados Unidos desplegar infraestructura militar bajo pretextos ecológicos o humanitarios. Galápagos, por su ubicación entre Sudamérica y el Pacífico, se convierte en una pieza clave dentro del tablero regional de control marítimo, aéreo y satelital.

El libro denuncia cómo acuerdos bilaterales, canjes de deuda y operaciones “contra el crimen organizado” habilitan la entrada de actores militares con total impunidad, sin consulta a las poblaciones locales ni evaluación de impactos. En esta lógica, la conservación deja de ser una política de cuidado y se convierte en una tecnología de control territorial.

La militarización en nombre del ambiente —sostiene la obra— produce una doble exclusión: de la soberanía nacional y de los modos de vida locales. Así, la defensa de la biodiversidad termina siendo instrumentalizada por una geopolítica extractivista que usa el lenguaje verde para expandir su dominio.

Nuevos imperialismos: control sin colonias, dominación sin banderas

El libro La mirada imperial puesta en Galápagos nos invita a pensar el imperialismo más allá de sus formas clásicas de invasión y ocupación territorial. Hoy, el control se ejerce mediante tratados bilaterales, “cooperación” militar, endeudamiento ecológico y tecnología. Se trata de un imperialismo sin rostro visible, que se instala a través de discursos de seguridad, conservación y desarrollo, pero que reproduce las mismas lógicas de despojo, subordinación y extractivismo.

Galápagos, convertida en nodo estratégico del Pacífico, ilustra este nuevo paradigma: ya no se necesitan guerras declaradas para que un territorio sea funcional a intereses externos. Basta con un acuerdo firmado entre élites, la supresión de la consulta ciudadana y una narrativa ambiental que legitime la presencia militar o científica extranjera. En ese marco, las islas se convierten en laboratorio de experimentación biotecnológica, enclave de vigilancia geoespacial y garantía de deuda para la especulación financiera.

Este imperialismo del siglo XXI no solo se mueve por intereses económicos o territoriales, sino también por la disputa del conocimiento, la gestión del riesgo y el control de la vida. Y lo hace desde dentro, mediante marcos legales, mecanismos financieros y alianzas geopolíticas que transforman los bienes comunes en activos estratégicos globales.

Conservación armada: la otra amenaza para defensores ambientales

El libro alerta sobre una tendencia preocupante a escala global: la creciente militarización de áreas de conservación. En nombre de la seguridad, el combate al narcotráfico o la protección de ecosistemas, se están consolidando enclaves militares en territorios ecológicamente sensibles. Galápagos no es una excepción: la instalación de infraestructura castrense bajo acuerdos bilaterales invisibiliza los impactos sociales y ecológicos que este tipo de presencia genera.

Esta estrategia no solo amenaza la biodiversidad que se dice proteger —como lo demuestra la historia de Baltra—, sino que también coloca a quienes defienden el territorio en una situación de mayor vulnerabilidad. La presencia militar suele venir acompañada de lógicas de excepción, impunidad judicial y criminalización de voces críticas, cerrando espacios para la participación ciudadana y el control social.

Para las personas defensoras del ambiente y del territorio, la militarización implica un riesgo doble: la amenaza directa a su seguridad y la erosión del marco democrático que les permite ejercer su labor. En este contexto, la conservación deja de ser un espacio de encuentro entre humanidad y naturaleza, y se transforma en zona de vigilancia, control y exclusión.

Por los bienes comunes, contra la ocupación militar

La mirada imperial puesta en Galápagos nos recuerda que los bienes comunes —como el territorio, la biodiversidad, el conocimiento y la vida en comunidad— no son recursos a explotar ni espacios a ocupar, sino entramados de relaciones que sostienen la vida. Galápagos, en su singularidad ecológica y su potencia simbólica, es también un espejo de lo que está en juego: el tipo de mundo que queremos habitar.

Frente a la avanzada de intereses militares, financieros y corporativos que disfrazan el control geopolítico bajo discursos de conservación, este libro propone una defensa radical de la soberanía, la dignidad y el cuidado colectivo. La conservación verdadera no se logra con radares, submarinos o bases extranjeras, sino con comunidades comprometidas con la vida, con ciencia al servicio del bien común y con políticas públicas que respeten los derechos humanos y de la naturaleza.

Reafirmar una postura antimilitarista no es un gesto ingenuo, es una defensa ética y política del presente y del futuro: de nuestras islas, nuestros territorios y nuestras posibilidades de convivir sin miedo, en armonía con la tierra.

Detalles del libro y descarga gratuita

Título: La mirada imperial puesta en Galápagos
Autores y autoras: Esperanza Martínez, Ramiro Ávila, Anamaría Varea, Pablo Ospina Peralta, Alberto Acosta, Luis Córdova-Alarcón, Elizabeth Bravo, Anne Theissen, María Rosa Yumbla, Ronald Herrera Sánchez.
Edición: Alberto Acosta, Elizabeth Bravo, Esperanza Martínez, Ramiro Ávila
Editorial: Acción Ecológica – Oilwatch
Año: 2025

📥 Descargá el libro completo aquí.

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Comunidad de Salamá logra otro paso para frenar el “basurero”: Concejo Municipal de Osa declara inviable el proyecto privado

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Tras meses de organización, análisis técnico y presión ciudadana, la comunidad de Salamá celebra un triunfo significativo en defensa de su territorio. El Concejo Municipal de Osa declaró como «inconveniente para los intereses del cantón» el proyecto privado de relleno sanitario y planta de generación eléctrica promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L (MOCIÓN-AM-012-2025-2028).

Este resultado no se dio en el vacío. Fue el fruto de un proceso amplio de incidencia política comunitaria, donde vecinas y vecinos, acompañados por organizaciones como el Proyecto Paso de la Danta y diversas instituciones públicas, documentaron y expusieron los vicios legales y riesgos ambientales del proyecto. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron nacientes y quebradas no contempladas en los estudios iniciales, lo cual hizo inviable el desarrollo del relleno sanitario en el sitio propuesto.

Es importante recordar como un momento clave en el proceso de defensa territorial la intervención del diputado Ariel Robles, quien solicitó formalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la anulación de la viabilidad ambiental del proyecto, argumentando, entre otros puntos, que la normativa prohíbe el vertido de aguas residuales en áreas silvestres protegidas como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Esta acción fue decisiva para que el proceso se encauzara hacia la reciente declaratoria de inviabilidad emitida por el Concejo Municipal.

Riesgos ambientales y sociales: ¿por qué era tan grave este proyecto?

El proyecto pretendía instalarse en una región de alto valor ecológico y social, entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, en un área que abarca más de 60 hectáreas. Se estimaba que recibiría 3,000 toneladas diarias de basura, una carga ambiental desproporcionada para la capacidad del ecosistema.

Uno de los principales peligros identificados era la generación de lixiviados, líquidos altamente contaminantes que resultan del contacto del agua con los residuos sólidos. Estos lixiviados podrían infiltrarse en el suelo y contaminar acuíferos y nacientes que abastecen a comunidades como Finca Puntarenas y Salamá, donde muchas familias dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.

Además del riesgo al agua, se señalaban posibles alteraciones al flujo hídrico natural, pérdida de biodiversidad, afectación a humedales cercanos como el Térraba-Sierpe, y conflictos socioambientales derivados del aumento en el tráfico pesado, olores desagradables y el cambio abrupto en el uso del suelo. En una región caracterizada por su fragilidad ecológica y riqueza biocultural, estos impactos habrían sido devastadores

¿Qué significa la decisión del Concejo?

La declaración de “inconveniencia” del proyecto por parte del Concejo Municipal no implica automáticamente su cancelación definitiva, ya que existen trámites que dependen de entidades nacionales como SETENA, MINAE o la Dirección de Aguas. Sin embargo, la decisión del gobierno local tiene un peso político y técnico relevante, ya que puede bloquear permisos esenciales como:

  • El uso del suelo municipal.
  • Las licencias de construcción.
  • La patente comercial.

En la práctica, sin estos avales municipales, el avance del proyecto se vuelve extremadamente difícil, especialmente cuando ya existe una resolución de inviabilidad técnica y ambiental sustentada en evidencia.

Participación ciudadana: la clave para revertir el rumbo

Durante tres sesiones mesas de trabajo —dos facilitadas por el Alcalde Minor Anchía y la última por la Vicealcaldesa Aura Fórester y con participación de actores como SETENA, la Fiscalía Ambiental y MINAE— la comunidad logró posicionar sus conocimientos, preocupaciones y propuestas. El esfuerzo colectivo y la persistencia organizada fueron determinantes para que el municipio reconociera la legitimidad de la oposición vecinal.

En el documento oficial aprobado en mayo de 2025, el Concejo no solo rechaza el proyecto privado, sino que instruye a la Alcaldía a desarrollar una propuesta pública de gestión de residuos sólidos, elaborada desde la institucionalidad local y con participación ciudadana. Este nuevo enfoque será trabajado en los seis distritos del cantón con el apoyo de síndicos y comunidades organizadas.

Un precedente para el futuro

Este caso marca un hito en la defensa del bien común en Osa. La comunidad no solo frenó una iniciativa riesgosa, sino que obligó a las autoridades a repensar un modelo más sostenible, democrático y transparente de gestión de residuos. El proceso también pone en evidencia el valor de las alianzas entre poblaciones locales, ONGs, académicos y funcionarios públicos comprometidos con el respeto a la legalidad ambiental.

Desde Salamá, se envía un mensaje claro: la participación ciudadana informada y organizada tiene el poder de incidir en las decisiones políticas, especialmente cuando están en juego la salud ambiental, el acceso al agua y el futuro de las comunidades rurales.

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La protesta social no es delito: cuando la defensa de los bienes comunes se convierte en amenaza para el poder (Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch)

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Este texto se basa en el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que documenta cómo distintos gobiernos han intensificado la criminalización y represión de las protestas sociales en todas las regiones del mundo. A través de casos emblemáticos y datos sistematizados, el informe revela las amenazas que enfrentan quienes defienden derechos, territorios y bienes comunes mediante la acción colectiva.

La protesta social es una forma de acción colectiva que busca incidir en decisiones públicas, denunciar injusticias o defender derechos y territorios. Desde huelgas hasta marchas, bloqueos o intervenciones creativas, se trata de una expresión legítima de la democracia participativa. Sin embargo, en distintos países, protestar se ha vuelto una actividad peligrosa, criminalizada y reprimida por gobiernos que ven en ella una amenaza a su autoridad o a los intereses económicos que representan.

Estrategias de criminalización y represión

La criminalización de la protesta social adopta distintas formas:

  • Reformas legales que amplían las causas de detención o sancionan la organización de protestas como «terrorismo» o «sedición».

  • Protocolos de «orden público» que habilitan el uso excesivo de la fuerza, incluso letal.

  • Persecución judicial, despidos o represalias contra quienes protestan.

  • Uso de tecnología para vigilar, identificar y reprimir activistas.

Estas medidas vulneran el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Casos recientes de represión a la protesta

  • Argentina: el gobierno de Javier Milei implementó un protocolo que prohíbe cortes de vías, habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir con armas de fuego y promueve arrestos preventivos. Más de 1.100 personas resultaron heridas en protestas, incluyendo periodistas.

  • Reino Unido: se aprobaron leyes que criminalizan protestas pacíficas, especialmente las ambientales. Activistas han sido condenados hasta por cinco años de prisión por bloquear carreteras.

  • Mozambique: tras protestas por elecciones irregulares, más de 4.000 personas fueron arrestadas, incluyendo menores de edad, con reportes de tortura y violencia sexual.

  • El Salvador y Serbia: se documenta el uso sistemático de vigilancia, despidos, intimidación y censura contra quienes denuncian abusos de poder o defienden derechos.

Costa Rica: tensiones entre tradición democrática y respuestas autoritarias

Aunque Costa Rica mantiene una imagen internacional de estabilidad democrática, en 2024 se intensificaron las tensiones entre movilización social y respuesta estatal. La protesta por el acceso al agua en Hatillo derivó en detenciones arbitrarias y denuncias de represión contra liderazgos comunitarios (CRHoy, 2024). Colectivos ecologistas y estudiantiles también reportaron vigilancia, multas y uso desproporcionado de la fuerza policial durante manifestaciones (Semanario Universidad, 2024).

Además, se reportó un aumento significativo de agresiones a la prensa: 40 víctimas registradas en 2024, la mayoría vinculadas a ataques verbales o campañas de desprestigio por parte del Poder Ejecutivo (Infosegura, 2025; COLPER, 2024). La protesta social ha sido deslegitimada desde discursos oficiales, mientras se mantiene viva entre sectores que defienden la educación pública, el ambiente y los derechos humanos.

Protesta social y bienes comunes: una relación vital

Muchas de las luchas actuales por agua, territorios, educación, salud o ambiente tienen en la protesta una herramienta clave para defender los bienes comunes. Cuando se reprime el derecho a protestar, se reprime también la posibilidad de disputar colectivamente el rumbo de nuestras sociedades.

La protesta no es solo una queja, es también una afirmación de otros mundos posibles. Defenderla es defender la democracia viva y los bienes comunes que nos permiten sostener la vida en comunidad.

Referencias:

Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (COLPER). (2024). Informe sobre agresiones a la prensa en Costa Rica. https://www.colper.or.cr

CRHoy. (2024, marzo 14). Vecinos de Hatillo denuncian represión durante protesta por agua. https://www.crhoy.com

El País. (2025, enero 17). Obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta: Human Rights Watch alerta sobre las medidas del gobierno de Milei. https://elpais.com

Human Rights Watch. (2025). Informe Mundial 2025. https://www.hrw.org/es/world-report/2025

Infosegura. (2025). Indicadores de democracia y libertad de expresión en Centroamérica. https://infosegura.org

Semanario Universidad. (2024, febrero 6). Policía ingresa a la UCR tras protesta ambiental. https://semanariouniversidad.com

The Guardian. (2025, enero 16). UK accused of undermining democratic rights with climate protest crackdown. https://www.theguardian.com

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Ni las dosis “aceptables” son seguras: glifosato provoca tumores en animales según nuevo estudio internacional

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Un nuevo estudio científico realizado por el Instituto Ramazzini y publicado en Environmental Health en 2025 confirma lo que muchas comunidades y movimientos sociales han venido denunciando desde hace años: la exposición prolongada al glifosato y sus formulaciones comerciales puede provocar múltiples tipos de cáncer, incluso desde etapas prenatales (Panzacchi et al., 2025).

¿Qué investigó este estudio?
Durante más de dos años, los investigadores administraron glifosato y dos herbicidas comerciales a ratas Sprague–Dawley desde antes de su nacimiento hasta la vejez. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles «seguros» actualmente autorizados en la Unión Europea: desde la Ingesta Diaria Aceptable (ADI) hasta el Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL) (Panzacchi et al., 2025).

Glifosato: el herbicida más usado del mundo
El glifosato es el ingrediente activo de los herbicidas más utilizados a nivel global, como Roundup y RangerPro. Aunque es ampliamente promovido por la industria como «seguro», su uso ha estado rodeado de controversias desde que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) lo clasificó como probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A) (Guyton et al., 2015).
Ahora, diez años después, el nuevo estudio del Ramazzini Institute refuerza de forma contundente esa advertencia.

¿Qué encontraron?
Los resultados son alarmantes:

  1. Aumento significativo de cánceres: incluyendo leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso, entre otros.
  2. Tumores raros con inicio temprano: muchas muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida.
  3. Efectos desde la vida prenatal: la exposición comenzó en las madres gestantes, reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Según los autores, estas pruebas en animales constituyen una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, y son consistentes con los datos epidemiológicos en humanos (Panzacchi et al., 2025).

¿Por qué debería preocuparnos?
Aunque los estudios en ratas no pueden extrapolarse automáticamente a humanos, los resultados elevan preocupaciones legítimas sobre la seguridad de la exposición crónica al glifosato, especialmente durante el embarazo y la infancia.
Sabemos que el glifosato ha sido detectado en alimentos, agua y polvo doméstico (Benbrook, 2016). Y sin embargo, sigue siendo el pilar de los modelos agrícolas industriales, incluso en zonas altamente pobladas o cerca de escuelas, viviendas y fuentes de agua.

¿Y ahora qué?
Este estudio debería ser una alerta de salud pública. Las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, tienen la responsabilidad de reevaluar los límites de exposición permitidos, garantizar una vigilancia epidemiológica activa y promover alternativas agroecológicas que no pongan en riesgo la salud de las personas.
La evidencia está sobre la mesa: el uso masivo de glifosato no es solo un problema agrícola, es un problema de salud humana.

¿Qué significa que el riesgo esté en las “formulaciones comerciales”?
Cuando hablamos de glifosato, no solo nos referimos al ingrediente activo aislado. En el mercado, este compuesto se vende mezclado con otros químicos que facilitan su absorción en las plantas: estas son las llamadas formulaciones comerciales. Marcas como Roundup o RangerPro, por ejemplo, combinan el glifosato con aditivos conocidos como coadyuvantes, que muchas veces no son revelados completamente al público ni a las autoridades regulatorias (Mesnage & Antoniou, 2018).
¿Por qué esto importa? Porque varios estudios —incluido este del Instituto Ramazzini— han demostrado que estas formulaciones pueden ser aún más tóxicas que el glifosato por sí solo (Panzacchi et al., 2025). En otras palabras: aunque se evalúe la «seguridad» del ingrediente activo aislado, en la vida real las personas están expuestas a mezclas más complejas y potencialmente más dañinas.
El hecho de que incluso a dosis consideradas “seguras” por la Unión Europea se observe un aumento de cánceres en animales, implica que los actuales estándares regulatorios no están protegiendo adecuadamente la salud pública.
Este hallazgo interpela de forma directa a los sistemas de evaluación de riesgos: ¿cómo se están autorizando productos cuyas fórmulas completas permanecen en muchos casos bajo secreto comercial? ¿Por qué las evaluaciones toxicológicas siguen centradas en ingredientes activos aislados, y no en las formulaciones tal y como se utilizan en el campo?
La evidencia es clara: la exposición real incluye mucho más que glifosato, y esa realidad debe reflejarse en las políticas de regulación y protección ambiental. Es urgente avanzar hacia un enfoque precautorio, transparente y centrado en las personas.

Glifosato: ¿qué es y por qué está en el centro de una disputa global?
El glifosato es un herbicida de amplio espectro ampliamente utilizado en la agricultura industrial desde los años 70. Aunque ha sido promovido como una herramienta “eficiente y segura” para el control de malezas, hoy está en el centro de una intensa disputa científica, política y social por sus efectos sobre la salud y el ambiente.

¿Qué es el glifosato?

Químicamente, el glifosato es un compuesto que inhibe una enzima esencial (EPSP sintasa) en la vía del shikimato, un proceso biológico que permite a las plantas producir ciertos aminoácidos. Esta inhibición provoca la muerte de las plantas consideradas «malas hierbas».

Fue patentado por la multinacional Monsanto en 1974 bajo el nombre comercial Roundup, y desde entonces se ha convertido en el herbicida más utilizado del planeta. Su uso se disparó aún más en los años 90, cuando Monsanto introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, como la soya y el maíz transgénico(Fagan, Antoniou, y Robinson, 2016).  

¿Medidas simbólicas o protección real? El caso de EE. UU. y la Unión Europea

En los últimos años, frente al creciente escrutinio científico y social, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado medidas que intentan responder —al menos en apariencia— a las preocupaciones sobre el glifosato. Sin embargo, estas acciones han sido parciales y cuestionadas.

En 2021, Bayer anunció que retiraría el glifosato de los productos de jardinería y uso doméstico en EE. UU., reconociendo de forma implícita el riesgo de litigios por los efectos en la salud. No obstante, la venta para uso agrícola masivo continuó sin restricciones. Es decir, mientras se reduce la exposición en los jardines urbanos, se mantiene (y muchas veces se intensifica) en zonas rurales, agrícolas y cercanas a fuentes de agua y alimentos.

Por su parte, la Unión Europea renovó temporalmente la autorización del glifosato en 2023, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones científicas, ambientales y sociales (Kwiatkowski et al., 2020). La renovación se dio en un contexto de informes técnicos controvertidos, críticas por falta de transparencia en las evaluaciones de riesgo, y evidencias crecientes de sus efectos nocivos.

¿Son suficientes estas medidas?

El reciente estudio del Instituto Ramazzini (2025) demuestra que incluso a dosis «autorizadas» y desde etapas prenatales, el glifosato y sus formulaciones pueden inducir tumores en múltiples órganos, varios de ellos raros, agresivos y de inicio temprano (Panzacchi et al., 2025). Esto plantea una pregunta ineludible:

¿Qué sentido tiene limitar su uso doméstico mientras se permite su aplicación en los cultivos que abastecen nuestra alimentación?

Estas políticas parecen más una estrategia de control reputacional que una respuesta efectiva de salud pública. No basta con retirar el producto del estante del supermercado si su rastro permanece en el agua, los alimentos, el polvo doméstico y el cuerpo de personas expuestas en las zonas rurales.

Frente a la contundencia de los datos científicos actuales, las medidas tomadas hasta ahora lucen insuficientes, inconsistentes y tardías. Lo que se requiere es un cambio estructural en la forma de evaluar, regular y limitar los plaguicidas, basado en el principio precautorio, la ciencia independiente y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Glifosato y Costa Rica: uso intensivo, alertas sanitarias y debates regulatorios

¿Qué tan presente está el glifosato en Costa Rica?

Costa Rica figura entre los países con mayor consumo de pesticidas por hectárea en el mundo, con cifras que oscilan entre 10–35 kg/ha al año (López Delgado, Arias Cruz, y Arias Alfaro, 2016). Desde su introducción en 1982, el uso de glifosato creció de 36 t de ingrediente activo a unos 1 761 t en 2013. El 90 % de los plaguicidas usados en el país son considerados altamente peligrosos, y el glifosato se posiciona como el herbicida más usado, presente en cultivos como palma africana, arroz, café, banano, cítricos y pasturas.

Alertas y prohibiciones locales

En 2019, el Ministerio de Salud prohibió el uso de glifosato y otros herbicidas industriales en áreas públicas, incluyendo aceras, parques y escuelas, por riesgos graves para la salud (Salazar Villanea y Corrales Aguilar, 2021).

Al menos 21 municipalidades, además de instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica, restringieron o prohibieron su uso en sus instalaciones.

A mediados de la última década, un proyecto de decreto nacional para restringir su uso quedó “congelado” por falta de interés político (Zúñiga y Aguilar, 2018).

Impactos en la salud pública y el ambiente

Un informe de 2022 de la ONU, OPS y PNUD alerta que del 2014 al 2020 se registraron 58 muertes por intoxicaciones con plaguicidas. El glifosato fue uno de los agroquímicos más relacionados con intoxicaciones leves (Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas, 2022).

Estudios de la Universidad Nacional y la UCR evidencian que el 90 % del uso de plaguicidas en Costa Rica es altamente tóxico, y que el glifosato es una de las sustancias clave en esta lista (López Delgado et al., 2016).

Se han detectado mezclas de hasta 30 plaguicidas en ríos y polvo de escuelas cercanas a zonas agrícolas, con presencia comprobada en colmenas, perezosos y ecosistemas acuáticos.

Debates y caminos regulatorios

Ante las crecientes alertas, se elaboraron informes oficiales con la intención de prohibir, restringir o reforzar los controles sobre el glifosato, citando los riesgos cancerígenos y crónicos.

No obstante, hasta la fecha no se han aplicado restricciones nacionales contundentes. La normativa sectorial ofrece normativas locales, pero carece de una prohibición o reducción nacional coordinada.

Organismos académicos y científicos, como la Academia Nacional de Ciencias, han promovido proyectos de ley que buscan incorporar el principio precautorio, separación de funciones regulatorias y seguimiento epidemiológico (Academia Nacional de Ciencias, 2017).

¿Es suficiente la respuesta de Costa Rica?

Las acciones hasta ahora han sido fragmentadas: restricciones locales, alertas nacionales y declaraciones de crisis ambiental, pero no un cambio estructural. Frente al nuevo estudio del Instituto Ramazzini (2025), que reveló tumores en ratas expuestas desde etapas prenatales a dosis «seguras», se evidencia que:

  • La presencia continua de glifosato en cultivos, aire, agua y hogares implica que la salud humana sigue expuesta, especialmente en zonas rurales.

  • Las restricciones municipales y el etiquetado verde del producto no garantizan protección si el herbicida se mantiene en la cadena agrícola y ambiental.

  • Costa Rica necesita un marco regulatorio nacional, basado en ciencia independiente, vigilancia de exposiciones, monitoreo ambiental y sustitución por alternativas menos tóxicas.

Hacia un futuro saludable

El país cuenta con un excelente punto de partida: una academia activa, una institucionalidad sensible y ciudadanos conscientes. El próximo paso debería ser transformar estas condiciones en:

  • Una prohibición nacional del uso agrícola del glifosato,

  • Alternativas agroecológicas y sistemas de manejo integrado de malezas,

  • Vigilancia epidemiológica en zonas vulnerables,

  • Etiquetado claro y transparencia total de las formulaciones utilizadas.

Solo así Costa Rica podrá asegurar su derecho constitucional a un ambiente sano y proteger la salud de sus ciudadanos frente a amenazas químicas invisibles pero profundas.

Cronología crítica del glifosato

1974 – Monsanto lanza al mercado el herbicida Roundup, con glifosato como ingrediente activo.

1996 – Comienza la era de los transgénicos resistentes al glifosato: se autoriza en EE. UU. la primera soya «Roundup Ready».

2000s – Diversos estudios independientes alertan sobre efectos tóxicos en células humanas y animales de laboratorio, incluso en dosis bajas.

2015 – La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), parte de la OMS, clasifica al glifosato como «probablemente cancerígeno para humanos» (Grupo 2A), lo que desata una ola de controversias científicas y demandas judiciales.

2016–2019 – En EE. UU., miles de personas presentan demandas contra Monsanto (adquirida por Bayer en 2018), alegando que el uso de Roundup les causó linfoma no Hodgkin. En varios juicios se dictan sentencias millonarias a favor de los demandantes.

2020–2022 – Bayer anuncia que retirará el glifosato de los productos para uso doméstico en EE. UU., aunque mantiene su venta para uso agrícola. La Unión Europea renueva su autorización temporalmente, en medio de intensos cuestionamientos.

2025 – El Instituto Ramazzini publica el estudio más extenso hasta la fecha, demostrando que el glifosato y sus formulaciones comerciales provocan cáncer en ratas incluso a dosis permitidas por autoridades sanitarias europeas. Se observa aparición de tumores desde etapas tempranas de vida.

Créditos de imágenes Semanario Universidad

Referencias:

Academia Nacional de Ciencias. (2017). Informe sobre el principio precautorio y la regulación de plaguicidas en Costa Rica. San José, Costa Rica.
https://www.anc.cr/publicaciones/Informe_principio_precautorio_plaguicidas_ANC.pdf

Benbrook, Charles (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe, 28(1), 3.
https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0

Fagan, John, Antoniou, Michael N., y Robinson, Claire. (2016). GMO Myths and Truths: A Citizen’s Guide to the Evidence on the Safety and Efficacy of Genetically Modified Crops and Foods (3rd ed.). Earth Open Source.
https://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2016/09/GMO-Myths-and-Truths-edition3.pdf

Guyton, Kathryn Z., Loomis, Dana, Grosse, Yann, El Ghissassi, Fatiha, Benbrahim-Tallaa, Lamia, Guha, Neela, Scoccianti, Chiara, Mattock, Heidi, y Straif, Kurt. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology, 16(5), 490–491.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8

Kwiatkowski, Carol F., Naidenko, Olga V., Douvris, Catherine, y Andrews, David Q. (2020). Navigating the scientific uncertainties of PFAS risk. Environmental Science & Technology Letters, 7(5), 343–351.
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255

López Delgado, María, Arias Cruz, Alejandra, y Arias Alfaro, Luis. (2016). Situación del uso de plaguicidas en Costa Rica: diagnóstico y recomendaciones para una política pública nacional. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional.
https://www.una.ac.cr/archivos_pdf/plaguicidas_CR_2016_iret.pdf

Mesnage, Robin, y Antoniou, Michael N. (2018). Ignoring adjuvant toxicity falsifies the safety profile of commercial pesticides. Frontiers in Public Health, 5, 361.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361

Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Organización de las Naciones Unidas. (2022). Informe sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas en Costa Rica, 2014–2020. San José, Costa Rica.
https://www.undp.org/es/costa-rica/publicaciones/informe-intoxicaciones-agudas-plaguicidas-costa-rica-2014-2020

Panzacchi, Simona, Tibaldi, Eva, De Angelis, Luana, Falcioni, Laura, Giovannini, Rita, Gnudi, Federica, Iuliani, Martina, Manservigi, Marco, Manservisi, Fabiana, Manzoli, Isabella, Menghetti, Ilaria, Montella, Rita, Noferini, Roberta, Sgargi, Daria, Strollo, Valentina, Truzzi, Francesca, et al. (2025). Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats. Environmental Health, 24(36).
https://doi.org/10.1186/s12940-025-01187-2

Salazar Villanea, José Joaquín, y Corrales Aguilar, Laura. (2021). Riesgos sanitarios y prohibición del glifosato en áreas públicas de Costa Rica. Ministerio de Salud de Costa Rica.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/descargas/institucional/informes/1862-riesgos-glifosato-espacios-publicos/download

Zúñiga, Margarita, y Aguilar, Diana. (2018). Municipalidades por territorios libres de glifosato: experiencias desde el poder local. Revista Ambientico, 269, 4–9.
https://www.catie.ac.cr/resources/publicaciones/ambientico/ambientico269.pdf

Cabuyal

La Zona Marítimo Terrestre en riesgo: la moción del PUSC (22.553) y el avance de la mercantilización costera

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Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su liderazgo en conservación ambiental, enfrenta hoy una amenaza seria a la protección de sus zonas costeras. La llamada Zona Marítimo Terrestre (ZMT), esa franja de 200 metros contados desde la pleamar, ha sido históricamente resguardada como un bien público. Este espacio no solo garantiza el acceso libre a las costas, sino que cumple una función vital en la protección de ecosistemas y en la vida de comunidades que por generaciones han habitado estos territorios.

Sin embargo, una propuesta legislativa —la moción 22.553 presentada por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— amenaza con debilitar profundamente esa vocación pública. Lo que se presenta como un esfuerzo para “ordenar” la ocupación en la ZMT, en realidad podría abrir las puertas a su mercantilización definitiva.

¿Qué propone la moción?

La moción busca facilitar la regularización de construcciones y ocupaciones dentro de la ZMT, incluso en áreas de alto valor ambiental y cultural. Bajo el pretexto de dar seguridad jurídica, se plantea legalizar intervenciones que ya han transformado ecosistemas costeros sensibles, como manglares, humedales y playas comunales, a menudo con fines turísticos o inmobiliarios.

Esta propuesta implica un cambio de fondo: de una lógica de protección y uso colectivo, a una lógica de propiedad privada y rentabilidad económica.

¿Por qué es importante la ZMT?

La ZMT no es un simple espacio geográfico; es una zona vital para el equilibrio ecológico y social del país. Alberga ecosistemas costeros esenciales, como playas, dunas, esteros y manglares, que actúan como barreras naturales frente a tormentas y marejadas. Es además un lugar donde comunidades afrodescendientes, indígenas y pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida y cultura.

Preservar la ZMT es, por tanto, preservar la biodiversidad, el acceso público al mar y la justicia ambiental. Desregularla en favor de intereses privados significa debilitar estos derechos y aumentar los conflictos territoriales y ambientales en nuestras costas.

¿Qué implicaciones tendría aprobar esta moción?

La moción 22.553:

  1. Reduce el carácter público de la ZMT, facilitando concesiones privadas;
  2. Permite legalizar construcciones previas, muchas de ellas irregulares o ambientalmente dañinas;
  3. No establece mecanismos claros de protección diferenciada para comunidades costeras u originarias;
  4. Aumenta la presión sobre ecosistemas frágiles, incentivando prácticas como el relleno de humedales o la tala en zonas protegidas.

En contextos ya tensionados por conflictos socioambientales —como los del Caribe Sur costarricense— esta propuesta institucionaliza la ocupación comercial en detrimento del interés común.

La moción en detalle
¿Qué cambia con la moción 22.553 respecto a la legislación vigente?

Bajo la Ley Nº 6043 de 1977, la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida como un bien público, inalienable e imprescriptible, y su uso está estrictamente regulado para preservar ecosistemas, garantizar el acceso público y proteger a las comunidades costeras. La división entre zona pública (50 m) y zona restringida (150 m), así como las restricciones sobre construcciones y actividades económicas, responden a un enfoque de protección ambiental y uso común.

La moción 22.553 del PUSC, sin embargo, introduce una serie de reformas que debilitan este régimen protector:

Norma actual (Ley 6043)Propuesta de moción 22.553
Prohíbe construcciones sin concesión en la zona restringida.Permite regularizar ocupaciones y construcciones previas, incluso sin concesión.
Ordena demolición y desalojo ante ocupación ilegal.Abre mecanismos para legalizar y consolidar dichas ocupaciones.
Prioriza función ecológica y acceso público.Favorece usos turísticos, comerciales o privados ya existentes.
Exige control y fiscalización estatal rigurosa.Reduce la capacidad sancionatoria al legitimar hechos consumados.

Este giro normativo vacía de contenido principios clave de la Ley 6043, como la imprescriptibilidad, la función ecológica de la ZMT y la obligatoriedad del Estado de protegerla. La legalización de ocupaciones pasadas abre un peligroso precedente: quienes hayan intervenido irregularmente zonas protegidas podrían verse premiados con derechos de uso o concesiones retroactivas.

Desde una perspectiva jurídica y socioecológica, la moción 22.553 desnaturaliza el carácter de bien común de la ZMT y debilita el marco normativo que ha permitido conservar, hasta ahora, parte del litoral costarricense frente al avance del turismo masivo y el extractivismo urbano.

Flexibilización ambiental: una puerta abierta al despojo

La moción 22.553 no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia creciente en América Latina y en Costa Rica hacia la flexibilización de normas ambientales en nombre del “desarrollo” y la “seguridad jurídica”. Este tipo de reformas suelen justificarse como mecanismos para atraer inversión o resolver ocupaciones irregulares, pero en la práctica terminan legalizando el daño ya hecho, debilitando los controles públicos y trasladando el poder de decisión a intereses privados.

En el caso de la Zona Marítimo Terrestre, esta flexibilización significa permitir que intervenciones comerciales —a menudo hechas sin estudios técnicos, sin participación comunitaria y en territorios ambientalmente frágiles— sean posteriormente legitimadas por vía legal. Este patrón premia la ilegalidad, promueve el extractivismo inmobiliario y erosiona la confianza en las instituciones ambientales.

Además, la flexibilización ambiental no afecta a todos por igual. Las comunidades costeras, pueblos indígenas y defensores ambientales, que muchas veces carecen de recursos legales y financieros, enfrentan un proceso de desplazamiento silencioso, mientras grandes capitales encuentran respaldo institucional para ocupar, transformar y lucrar con territorios que son bienes comunes.

En un contexto de crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad y creciente desigualdad territorial, flexibilizar no es neutral: es desproteger. Es abrir la puerta al despojo y al deterioro irreversible de lo que debería cuidarse colectivamente. Por eso, esta moción no puede verse solo como una reforma técnica, sino como un serio retroceso político, ético y ambiental.

Lo que se pierde con la moción 22.553: cambios en la gestión de la ZMT

Aspecto

Legislación vigente

Moción 22.553 (propuesta)

Carácter de la ZMT

Bien de dominio público, inalienable, imprescriptible y no transferible.

Se mantiene el carácter público, pero se abre la posibilidad de regularizar ocupaciones privadas.

Uso del suelo en la ZMT

Requiere concesión otorgada bajo estrictos criterios de uso, priorizando protección ambiental y acceso público.

Permite legalizar construcciones existentes sin concesión previa, flexibilizando condiciones.

Comunidades locales y originarias

No hay prioridad explícita, pero la legislación permite valorar arraigo histórico y uso tradicional.

No se garantiza ningún trato diferenciado ni preferencia para comunidades tradicionales o indígenas.

Protección de ecosistemas

Actividades sujetas a estudios de impacto ambiental y regulación por parte del MINAE y municipalidades.

Facilita la regularización de intervenciones previas, incluso si han afectado ecosistemas sensibles.

Fiscalización ambiental y territorial

La gestión es compartida entre el Instituto Costarricense de Turismo, municipalidades y MINAE.

Debilita la fiscalización al legalizar hechos consumados, reduciendo la capacidad de control ambiental.

Acceso y función social

La ZMT debe garantizar el acceso libre al mar, turismo responsable y sostenibilidad.

Riesgo de privatización funcional al permitir formalizar usos comerciales y turísticos ya instalados.

Implicaciones en el contexto climático

Considerada zona vulnerable, con restricciones para proteger frente a eventos climáticos extremos.

Ignora los riesgos del aumento del nivel del mar, no incorpora principios de adaptación climática.

Una defensa urgente en tiempos de crisis climática

En el contexto actual de cambio climático y subida acelerada del nivel del mar, debilitar la protección de la ZMT es una decisión insostenible. Esta franja costera cumple una función crucial como zona de amortiguamiento natural, reduciendo los impactos de la erosión, la salinización de suelos y las inundaciones. Además, protege infraestructura crítica, fuentes de agua dulce y territorios habitados por comunidades vulnerables.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel del mar continuará aumentando durante las próximas décadas, lo que hace imprescindible fortalecer —no debilitar— la gestión pública y ecológica de las zonas costeras. Legalizar usos que comprometan esta función sería una forma de ceguera política ante una crisis planetaria.

Por una ZMT viva, común y participativa

Frente a esta propuesta regresiva, urge reafirmar la ZMT como un bien común: un espacio de convivencia entre naturaleza y comunidad, que debe ser cuidado colectivamente, con una gestión democrática y con justicia territorial. Es vital reforzar los mecanismos de protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades costeras, y rechazar su transformación en mercancía.

La costa no es una propiedad privada. La ZMT no es un terreno de inversión. Es un territorio de vida, y su defensa es hoy más urgente que nunca.

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.