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Vecinos de Maquengal exponen ante el Concejo de Guatuso la problemática del río Frío

El pasado 2 de setiembre, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó al Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando la revisión de la situación socioambiental provocada por la extracción de materiales en el río Frío, sector Maquengal. La nota fue leída en sesión y abrió un espacio de discusión sobre un tema sensible para la comunidad.

En el documento, las personas vecinas señalaron que la actividad extractiva afecta directamente a la población escolar: “la actividad se desarrolla a menos de 500 metros del centro educativo, sin que se haya realizado ningún proceso de consulta previa con la comunidad educativa ni se haya implementado un plan remedial, a pesar de la vulnerabilidad de la población escolar”.

La carta también destacó la pérdida de espacios comunitarios: “el camino que conecta con la zona del río donde hoy se realiza la extracción fue, durante años, un espacio comunitario de recreación y descanso (…). Hoy, ese acceso ha sido transformado en un paso de maquinaria pesada, y su uso tradicional como lugar para el disfrute del río se ha vuelto imposible”.

Además, en la sesión se compartieron comentarios adicionales por la plataforma de Facebook de las personas vecinas que refuerzan el planteamiento central. Uno de ellos señaló con claridad:

“Señor Alcalde y Señores del Concejo, la nota enviada se refiere claramente a la concesión privada, la cual estamos claros se lleva el material que le corresponde al cantón. También en las notas que hemos enviado hemos sido enfáticos en que no nos oponemos al desarrollo del cantón, pero sí rotundamente nos oponemos a la explotación del río de parte de las empresas privadas. Y en cuanto a los comentarios con respecto a la problemática referente al punto en el puente La Amapola, el Grupo de la Cuenca no tiene nada que ver con esos comentarios”.

Otro vecino apuntó al sentido común de la situación:

“… En cuanto al material extraído del río para mantenimiento de la red vial del cantón, nosotros, los habitantes de las comunidades de Treminio y La Amapola, no estamos de acuerdo con la explicación del Alcalde, ya que tenemos nueve años de promesas para intervenir los caminos de estas comunidades. Así que la declaración del señor Alcalde no la aceptamos como acertada. ¿Será que nosotros no pertenecemos al cantón de Guatuso?”.

El planteamiento de la comunidad no se centró en irregularidades administrativas, sino en cuestionar qué modelo de desarrollo impulsa Guatuso y cómo este impacta la vida cotidiana. Como señala el texto, la ausencia de consulta ciudadana contradice “principios fundamentales de transparencia, participación ciudadana y protección de los bienes comunes”.

No obstante, la discusión en el Concejo tomó otro rumbo. Aunque se reconoció la necesidad de una reunión con el abogado municipal y la apertura de un espacio con participación ciudadana, varios discursos desviaron el foco hacia aspectos no mencionados en la carta. El alcalde incluso afirmó: “He visto en estos días comentarios que salen en las redes sociales de que la municipalidad tiene prohibido el ingreso al río, que la municipalidad está quitando del derecho que tienen las personas a ir a disfrutar de ese espacio (…). Dejemos de venderle humo a la gente, andar mintiendo diciendo que la municipalidad está cercenando el derecho al río”.

En la discusión, la preocupación vecinal por la pérdida del acceso público al río y la recreación comunitaria terminó quedando en segundo plano. El reclamo de la comunidad sigue siendo la defensa del río como bien común y la apertura de un debate colectivo sobre el rumbo de Maquengal. Pese a que la comunidad pidió considerar incluso la suspensión temporal de la actividad extractiva privada, el Concejo centró la discusión en la legalidad administrativa y en el aprovechamiento del material para la red vial.

Desarrollo sí, pero con equilibrio

La comunidad de Maquengal no se opone al desarrollo ni al mantenimiento de los caminos, una necesidad real para la vida cotidiana en Guatuso. Lo que cuestionan es el rumbo que se ha tomado: convertir al pueblo en una cantera. Las personas vecinas están preocupadas porque la concesión privada actual tiene una vigencia de diez años y con posibilidad de prorrogarse, y temen que se sumen nuevas concesiones hasta acercarse peligrosamente a los límites del Parque Nacional Volcán Tenorio. Las personas vecinas expresaron su frustración porque sienten que en su territorio se está privilegiando la extracción, en lugar de promover alternativas económicas que podrían generar bienestar y sostenibilidad.

Las personas vecinas advierten que lo que ocurre hoy en Maquengal ejemplifica cómo se sacrifica el acceso al río y los espacios de recreación comunitaria para privilegiar la extracción de materiales por 10 años mínimo. Esta situación, señalan, limita las posibilidades de desarrollo futuro, pues actividades como el turismo rural y comunitario, que antes se perfilaban como alternativas, dejan de ser viables en un entorno degradado. La comunidad insiste en que no quieren ser solo un lugar de tránsito hacia Bijagua o Río Celeste, como ya se les está condenando, sino un territorio con opciones propias de desarrollo.

La discusión, entonces, no gira en torno a oponerse al progreso, sino a la búsqueda de un equilibrio que respete los bienes comunes y potencie las oportunidades locales, evitando que el modelo extractivo limite las posibilidades de la comunidad en su propio territorio.

¿Quién puede realmente disfrutar del río Frío en Maquengal?

Más allá de las palabras del alcalde, quien en la sesión desestimó las críticas asegurando que eran “comentarios engañosos” sobre una supuesta prohibición de acceso al río, la experiencia concreta de la comunidad muestra otra cosa: el acceso tradicional fue transformado en un paso de maquinaria pesada, y las familias ya no pueden usar el río como espacio de recreación.

Hoy, más que un lugar de encuentro, las personas vecinas perciben que Maquengal se ha transformado en un espacio más industrial que comunitario, lo cual limita la posibilidad de disfrutar del río como antes.

Por eso, las personas de Maquengal levantan la voz: no solo por los impactos ambientales o administrativos, sino por la pérdida de su área de recreo comunitario, donde antes podían bañarse, hacer kayak, tubbing o simplemente disfrutar de un domingo en el río. Ese espacio común ya no existe para ellas.

La invitación queda abierta a las autoridades municipales y a todas las instituciones que están relacionadas a esto: que un domingo se acerquen al río Frío, en Maquengal, cuando no haya maquinaria en operación, e intenten disfrutarlo como antes lo hacían las familias. Que prueben remar en kayak, pescar o simplemente bañarse en sus aguas. Tal vez entonces comprendan que el derecho al río no es ‘humo’, sino una pérdida real, concreta y profundamente sentida por la comunidad.

Resulta doloroso constatar cómo las declaraciones de las autoridades contrastan con las voces de quienes han conocido y amado el río Frío —tanto personas locales como visitantes— y hoy se indignan al ver su estado actual. No se trata de un asunto personal, sino de un llamado a sensibilizar a la institucionalidad de nuestro cantón sobre el daño que está provocando a todo un pueblo.

La sesión cerró con el acuerdo de coordinar una reunión con la comunidad y con la parte legal. Sin embargo, lo ocurrido deja en evidencia la tensión entre la mirada comunitaria

—que pone en el centro los derechos colectivos, el acceso al río y el impacto en la vida local— y la mirada institucional, que se limita a aspectos procedimentales y defensivos.

Para el recuerdo: así fue la zona pública para la recreación de las personas vecinas y visitantes de Maquengal
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Comunidades de Katira denuncian presunto impacto de chanchera en quebrada y salud pública

Vecinos de Progreso de Katira, La Florida y Apacona, en el cantón de Guatuso, manifiestan su creciente preocupación por el presunto impacto ambiental y social de una actividad porcina instalada en las cercanías de sus comunidades. La población denuncia que esta explotación estaría afectando la quebrada La Piladora, así como la calidad del aire y la vida cotidiana en la zona.

Contaminación presunta de la quebrada y malos olores

De acuerdo con testimonios de personas que habitan estas comunidades, la chanchera se ubica a aproximadamente 300 metros de las viviendas. Relatan que se perciben malos olores intensos y constantes, perceptibles incluso en la iglesia evangélica ubicada a 800 metros. En los hogares más cercanos, a menos de 200 metros, los habitantes aseguran que los olores son insoportables: “Aquí comemos con el olor a chanchera en la mesa”, señaló una persona.

El señalamiento más grave recae sobre la quebrada La Piladora, que viene presentando presuntos signos de afectación. Vecinos relatan que, en ciertos momentos, especialmente durante la noche, llegan líquidos al cauce que intensifican los olores en la zona. “A 400 metros ya pica la nariz, y al bajar a la quebrada se siente más fuerte”, comentó un habitante.

Según lo manifestado por los pobladores, la chanchera cercana podría no contar con un manejo adecuado de sus residuos. Señalan que presuntamente existirían estructuras abiertas para acumular desechos que, al no tener un tratamiento riguroso, podrían estar facilitando descargas hacia el entorno. Esta situación, de acuerdo con la comunidad, estaría contribuyendo a la proliferación de olores intensos, plagas y posibles riesgos para la salud.

Respuesta institucional en duda

En abril de 2025, SENASA realizó una visita de inspección. Según vecinos, la institución habría concluido que no existía afectación a la quebrada y que los olores estaban bajo control. El Ministerio de Salud, por su parte, también habría indicado que todo estaría en orden.

La comunidad asegura haber presentado denuncias en la sede regional de Ciudad Quesada, pero sin mayor resultado. Incluso cuando han acudido al 911, se les habría indicado que debían contactar a SENASA, lo que refuerza en la población la sensación de desprotección y abandono institucional.

Sin embargo, los habitantes sostienen que las afectaciones son claras y cotidianas. Algunos perciben un trato desigual: sienten que cuando se trata de pequeños productores se cierran rápidamente las chancheras, mientras que en este caso las instituciones parecen actuar con menos rigurosidad.

Una vida diaria marcada por olores y contaminación

Los pobladores destacan que el impacto no es esporádico, sino constante: olores que se intensifican a ciertas horas de la noche, la imposibilidad de comer sin percibir el hedor, la incomodidad en los hogares y la preocupación por la calidad del agua. “El pueblo está cansado, ya no aguanta más, nos estamos ahogando”, expresaron.

Algunos habitantes presumen que los desechos liberados podrían afectar no solo a la quebrada, sino también a la biodiversidad circundante.

¿Qué piden?

Las comunidades de Katira solicitan que se verifique a fondo el cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre vertido de aguas residuales, manejo de excretas y distancias mínimas para la actividad porcina. Asimismo, piden que la chanchera implemente buenas prácticas de gestión y tratamiento de residuos para evitar que el agua, el aire y el entorno sigan siendo afectados.

El llamado es claro: que las instituciones de control asuman con seriedad su papel y atiendan de manera efectiva las denuncias comunitarias. Mientras tanto, la quebrada La Piladora sigue expuesta a un tipo de contaminación y malos olores que limitan su derecho a un ambiente sano y a una vida digna.

Buenas prácticas ausentes y necesarias de promover

El caso de Katira muestra cómo la ausencia de buenas prácticas en la producción porcina genera impactos negativos que podrían evitarse con una gestión adecuada. La comunidad identifica varias carencias clave: un manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos, la falta de medidas para controlar los olores y las plagas, la ubicación de la chanchera a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y espacios públicos, así como la débil respuesta institucional frente a las denuncias ciudadanas.

En contraposición, existen buenas prácticas ampliamente reconocidas que permitirían conciliar la actividad productiva con el derecho a un ambiente sano. Entre ellas, destaca la implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento, capaces de transformar los desechos en recursos útiles como biogás o biofertilizantes. Estos mecanismos no solo reducen la contaminación, sino que también disminuyen considerablemente los olores.

Otra medida importante es la instalación de barreras vivas —por ejemplo, franjas de árboles o cercas verdes— que actúan como filtros naturales de aire y agua, mejorando la calidad ambiental para quienes habitan en las cercanías. Asimismo, el cumplimiento estricto de las distancias mínimas respecto a quebradas, nacientes y viviendas debe ser un principio básico para toda actividad agropecuaria.

El monitoreo ambiental participativo es otra práctica que fortalece la confianza social: cuando la comunidad puede verificar junto con las instituciones la calidad del agua y del aire, se garantiza transparencia y corresponsabilidad en el cuidado del entorno. A ello se suma la necesidad de que las entidades de control actúen con mayor imparcialidad y eficacia, respondiendo de manera oportuna a las denuncias ciudadanas.

Finalmente, la promoción de espacios de diálogo y educación ambiental contribuye a que tanto productores como vecinos comprendan la importancia de prácticas responsables, reduciendo la conflictividad y construyendo soluciones sostenibles.

En conjunto, estas medidas no representan únicamente requisitos técnicos, sino herramientas para asegurar que la producción animal pueda desarrollarse sin poner en riesgo la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

De las malas prácticas a las soluciones necesarias

Malas prácticas observadas

Buenas prácticas propuestas

Manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos

Implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento

Ausencia de medidas de control de olores y plagas

Instalación de filtros y barreras vivas (franjas de árboles, cercas verdes)

Ubicación a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y quebradas

Cumplimiento estricto de las distancias mínimas en la normativa

Débil respuesta institucional frente a las denuncias

Monitoreo ambiental participativo y constante, con resultados públicos

Falta de transparencia en los procesos de inspección

Institucionalidad activa, transparente e imparcial frente a la ciudadanía

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Democracia en riesgo: cuando la política criminal marca la agenda

En América Latina, la democracia no enfrenta únicamente el desafío de elegir gobiernos legítimos o de garantizar instituciones sólidas. Hoy, una de las amenazas más serias proviene de la expansión de lo que los investigadores Feldmann y Luna llaman política criminal: la intersección entre el crimen organizado, actores políticos y funcionarios estatales que encuentran en las economías ilegales una fuente de poder y recursos.

Esta relación no se limita a escenarios de violencia extrema, como el narcotráfico en México o Colombia. También se manifiesta en países con instituciones más fuertes, como Chile, Uruguay o Paraguay, donde el crimen ha penetrado el financiamiento de campañas, los negocios legales y las dinámicas de poder local. El resultado es un impacto directo en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo económico.

Riesgos para la democracia

La democracia se sostiene sobre reglas claras: competencia justa, instituciones independientes y confianza ciudadana. Cuando el crimen entra en la política, estos pilares se ven gravemente erosionados.

  • Cooptación de instituciones: partidos y candidatos que dependen de financiamiento ilegal quedan atrapados en esa relación. En consecuencia, las decisiones de gobierno, en lugar de priorizar salud, educación o derechos sociales, terminan respondiendo a intereses criminales. Así, el Estado pierde autonomía y se convierte en un vehículo para proteger negocios ilícitos.
  • Erosión de la confianza ciudadana: cuando la población percibe que las autoridades están “vendidas” a redes mafiosas, se debilita la credibilidad en las elecciones, la justicia y los mecanismos de participación. Ese escepticismo suele traducirse en apatía, abstención o incluso en apoyo a salidas autoritarias que prometen “mano dura”.
  • Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.
Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

  • Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.
  • Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.
  • Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.
Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

  • Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.
  • Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.
  • Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.
La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

  1. Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.
  2. Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.
  3. Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

  • Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).
  • Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?
  • Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.
  • Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.
  • Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.
  • Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.
Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

  • Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

  • Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

  • Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

  • Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

Algo más que elecciones

La política criminal no es solo un problema de seguridad ni un asunto reservado para las páginas policiales. Se trata de una amenaza directa a la democracia, un freno al desarrollo económico y un factor de deterioro ambiental.

En Costa Rica, las elecciones de 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que la seguridad deje de ser un simple eslogan electoral y se convierta en un debate real sobre cómo construir instituciones sólidas, transparentes y justas.

Enfrentar este desafío exige mucho más que patrullas y cárceles: requiere fortalecer la transparencia, garantizar justicia social y ofrecer alternativas reales a las comunidades frente al poder corruptor del dinero ilícito. Solo así será posible recuperar la credibilidad democrática, proteger la naturaleza y asegurar que la ciudadanía vuelva a confiar en que su voto puede marcar la diferencia.

Referencia:

AP News. (29 diciembre 2023). Costa Rica looks to El Salvador in announcing new prison and tough-on-crime reforms. Associated Press. https://apnews.com/article/bfc7358f15589c45cb5b04ddc1db86ee

Delfino.cr. (12 junio 2025). La urgente construcción de una política criminal integral en Costa Rica. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/06/la-urgente-construccion-de-una-politica-criminal-integral-en-costa-rica

Feldmann, Andreas E., & Luna, Juan Pablo. (2023). Criminal politics and botched development in contemporary Latin America. Cambridge University Press.

La Nación. (20 febrero 2025). Editorial: Elecciones 2026, el alto riesgo de la infiltración del narco. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-elecciones-2026-el-alto-riesgo-de-la/ECXU5WZBJZC7TLRYJFE57LCFGA/story

Reuters. (14 agosto 2025). Costa Rica to start building massive El Salvador-inspired prison. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/costa-rica-start-building-massive-el-salvador-inspired-prison-2025-08-14

Semanario Universidad. (10 mayo 2024). Costa Rica necesita una política pública específica sobre crimen organizado. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-necesita-una-politica-publica-especifica-sobre-crimen-organizado

Universidad de Costa Rica. (3 abril 2025). La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/4/03/la-valoracion-del-gobierno-del-presidente-chaves-disminuye-mientras-que-la-preocupacion-por-la-inseguridad-y-la-delincuencia-reina-en-costa-rica.html

Esta nota pertenece a la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.

  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.

  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.

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Manual exprés: demandar, embargar y llamar a eso “conciliación”

Una historia que solo existe en la imaginación

Esta es una historia ficticia. No ocurre en Costa Rica —un país donde todas las voces son escuchadas, nadie recibe embargos por opinar y las grandes empresas jamás usarían su poder para disciplinar a quienes critican. Si usted encuentra coincidencias con la realidad, es culpa de su imaginación, que insiste en ver patrones donde no los hay.

El expediente #6548793

En esta historia, el Proyecto Innombrable, ese que ocupa varias fincas públicas en cierta playa cuyo nombre ya no podemos decir, decidió dar por concluido su enfrentamiento judicial con un par de comunicadores que osaron mencionarlo en redes sociales. ¿Cómo terminó el conflicto? Con un “acuerdo de conciliación” que, según se dijo, fue fruto del diálogo responsable y del respeto mutuo.

El expediente #6548793 se cerró con un comunicado donde los comunicadores reconocieron que parte de la información compartida provenía de terceros o de búsquedas no verificadas. A cambio, la empresa reiteró que su megaproyecto sigue adelante “bajo estricto cumplimiento de la normativa ambiental y en beneficio de las comunidades”. Todos sonrientes para la foto, todos de acuerdo en que la libertad de expresión es fundamental, siempre que se ejerza con responsabilidad.

La paradoja es que este “diálogo” no empezó con una mesa redonda ni con una invitación a conversar. Empezó con una demanda, la amenaza de un embargo y la posibilidad real de perder los recursos para vivir. En esas condiciones, cualquier “consenso” se parece más a una negociación con la espada sobre la cabeza que a un verdadero ejercicio democrático.

Así, el Innombrable enseña una lección curiosa: que el silencio o la rectificación se pueden conseguir sin necesidad de ganar un juicio. Basta con recordar a las personas defensoras ambientales lo vulnerables que son cuando enfrente tienen a un adversario con muchos ceros en su cuenta.

El caso #6548793 —imaginario, por supuesto— deja planteada la pregunta incómoda: ¿qué significa diálogo cuando una de las partes llega con bufetes, demandas y embargos, y la otra solo con su voz?

El Innombrable y la paradoja del honor ambiental

En esta historia ficticia, el Innombrable insiste en presentarse como víctima: un proyecto con el honor herido por publicaciones en redes sociales. En su narrativa, lo que está en juego no son los impactos ambientales ni el cuestionamiento ciudadano, sino la “reputación” corporativa.

Lo curioso es que, al mismo tiempo, el Innombrable se envuelve en un discurso de compromiso con la sostenibilidad: habla de equilibrio con la naturaleza, de respeto a la normativa, de beneficios para las comunidades. Se proclama defensor del mismo ambiente que, en la práctica, se ve amenazado por el modelo de desarrollo que impulsa.

Esa dualidad es la esencia de la hipocresía corporativa: victimizarse ante la crítica, pero blindarse tras un relato “verde” que no admite cuestionamientos. Así, cualquier voz disonante no es una contribución al debate democrático, sino un “ataque” al buen nombre. Y cualquier demanda no se presenta como censura, sino como una defensa legítima del honor.

El resultado es un paisaje extraño donde quien concentra el poder económico se viste de vulnerable, y quienes defienden los bienes comunes aparecen como agresores.

Escazú pa’ cuándo

En esta historia ficticia hay un ingrediente ausente que lo cambia todo: el Acuerdo de Escazú. Ese tratado regional que protege a las personas defensoras ambientales, garantiza el acceso a la información y fortalece la participación pública.

Si Costa Rica lo hubiera ratificado, el expediente #6548793 tendría otra dinámica. Las defensoras y defensores contarían con un marco claro para evitar que demandas desproporcionadas se utilicen como herramienta de censura. Habría mecanismos para prevenir que el miedo a un embargo se convierta en el precio de ejercer la palabra.

Pero aquí seguimos, preguntándonos como si cantáramos un coro prestado de JLo: “¿Escazú pa’ cuándo?”. Porque mientras el tratado duerme en la Asamblea Legislativa, los megaproyectos avanzan y las voces críticas enfrentan un desbalance evidente en cada mesa de negociación.

Ratificar Escazú no resolvería todos los conflictos, pero sí nivelaría el terreno de juego. Haría menos probable que la conciliación naciera de la amenaza y más de un verdadero diálogo entre partes en igualdad de condiciones.

El arte del apadrinamiento técnico

El Innombrable no camina solo. Tiene padrinos. Y no cualquiera: ministerios, oficinas jurídicas y hasta instancias de comercio exterior que, curiosamente, encuentran tiempo para preguntar si acaso la ley del polo turístico tiene más peso que la protección del bosque. Una consulta “técnica”, dicen.

Lo que siguió fue aún más revelador: la asesoría jurídica del MINAMBI adelantó criterio sobre un expediente que debería ser resuelto con independencia por la SETAE. En otras palabras, el árbitro fue advertido sobre cómo debería pitar el partido… antes de que la jugada llegara a su área.

Así, lo que debería ser un debate técnico sobre impacto ambiental se convirtió en un ejercicio de alineamiento político. La propuesta de resolución que circula en la SETAE parece escrita con la pluma del Innombrable y sus aliados: cerrar filas para declarar que no hay problema, que el bosque puede esperar, que la normativa ambiental se acomoda si la ley turística lo pide.

Este tipo de movimientos son el corazón del apadrinamiento político disfrazado de técnica. No es que las instituciones fallen por incapacidad: fallan porque se acomodan, porque el poder económico no llega solo, sino acompañado de criterios jurídicos “superiores” y consultas “inoportunamente oportunas”.

En este teatro, el Innombrable ya no necesita solo de demandas para callar voces. Ahora cuenta con el Estado mismo, dispuesto a vestir de tecnicismo lo que es, en esencia, un acto de subordinación política al capital turístico.

Y mientras tanto, el bosque, el manglar y el patrimonio natural del Estado quedan atrapados en el juego de poder donde lo jurídico se usa como disfraz y lo técnico como excusa.

El honor verde: un greenwashing de alto nivel

En esta historia ficticia, el Innombrable no solo logra presentarse como víctima de un honor herido, sino que además convierte la conciliación en un espectáculo de sostenibilidad corporativa. La narrativa es impecable: se habla de respeto, diálogo, responsabilidad y compromiso ambiental, mientras por debajo se mantiene intacto el desequilibrio de poder que dio origen a todo el conflicto.

Lo que debería ser un debate abierto sobre los impactos de un megaproyecto se traduce en una operación de imagen: las críticas desaparecen, el consenso se firma y el Innombrable queda vestido de verde esperanza. Es un greenwashing que no necesita campañas publicitarias, porque se legitima con el sello de una conciliación judicial.

Este es otro nivel difícil de superar: convertir un proceso desigual, marcado por embargos y amenazas legales, en una vitrina para reforzar credenciales ambientales. Es la paradoja perfecta: usar la libertad de expresión para celebrar un acuerdo que nació de intentar restringirla.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería acabar en conciliaciones condicionadas ni en silencios forzados. Pero ya sabemos, todo esto es pura ficción.

¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.

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Costa Rica verde para afuera, desigual por dentro: el caso Ostional y las contradicciones de la conservación

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO), en Nicoya, Guanacaste, es reconocido mundialmente como un sitio clave para la anidación de la tortuga lora. Costa Rica lo exhibe como ejemplo de su liderazgo ambiental. Sin embargo, detrás de esta vitrina verde se esconde una realidad mucho más contradictoria: la conservación como excusa para desplazar a comunidades locales, mientras las mansiones de lujo crecen sin obstáculos a la orilla del mar.

La reciente resolución del Área de Conservación Tempisque (ACT) expone la compleja situación jurídica del refugio. Por mandato de la Sala Constitucional desde 2009, se deben desalojar ocupaciones consideradas “ilegales”, salvo casos previos a la creación del refugio en 1983 o proyectos de investigación y ecoturismo. El documento reconoce la existencia de 198 personas físicas y 190 jurídicas ocupando “de manera precaria” los terrenos, y admite que la ausencia de un plan de manejo ha dejado la gobernanza en un limbo jurídico. Documentos consultados:

Carta-SINAC-ACT-OR-DT-656-2025

Área identificadas como potenciales para compensación proyecto de ley

La dureza de la ley para los débiles

El testimonio de doña Heidy Villegas habitante de Playa Pelada sintetiza la dureza del Estado para quienes menos tienen:

“El MINAE me denunció por usurpación, cosa que no era cierto. Perdí el juicio por un mal abogado y me ordenaron cárcel, demolición de mi casa y mi propiedad en un mes. Mientras tanto, a 50 metros de la playa, una propiedad lujosa se remodela con maquinaria pesada, sin sanción alguna. La ley no se aplica igual: para los ticos hay demolición, para los extranjeros hay permisos y silencio.”

Aquí la premura en la ejecución de la ley se vuelve evidente. Los plazos son draconianos: un mes para demoler una casa familiar, un año de cárcel, tres de probatoria, sin siquiera otorgar medidas cautelares mientras se revisa el proceso. El aparato judicial y administrativo actúa con contundencia sobre las familias locales, ejecutando fallos sin contemplar la viabilidad humana, económica o social de esas decisiones.

La lentitud (y complicidad) con los poderosos

En contraste, las construcciones de lujo en la misma franja costera parecen vivir en otra dimensión legal. La resolución misma lo admite: existen propiedades privadas inscritas dentro del refugio, algunas con títulos cuestionables, que deberían ser revisadas o incluso adquiridas por el Estado. Sin embargo, esos procesos se alargan durante años bajo la excusa de su “complejidad jurídica”.

Mientras tanto, proyectos inmobiliarios de alto nivel continúan avanzando: remodelaciones con maquinaria pesada, publicidad turística que ofrece “exclusividad frente a la playa” y hasta la instalación de infraestructura en áreas de manglar. Aquí la lentitud casi omisiva del Estado contrasta con la rapidez de las órdenes de desalojo a familias humildes.

El documento oficial plantea incluso escenarios de “compensación ambiental”, donde se excluirían propiedades privadas del refugio para regularizarlas. En la práctica, esto significaría legalizar lo que en otros casos es considerado “usurpación” cuando lo realiza un campesino o pescador local.

El borrado de las trayectorias comunitarias

Uno de los aspectos más graves es cómo la aplicación de la ley desconoce la historia y los derechos de las personas que han vivido en estas comunidades desde mucho antes de la declaratoria del refugio.

Quienes crecieron, trabajaron y construyeron sus hogares en estas playas hoy son tratados como “ocupantes precarios”, una categoría administrativa que borra sus trayectorias familiares y comunitarias. Sus vínculos con la tierra —basados en la pesca, la agricultura de subsistencia o el arraigo comunitario— quedan invisibilizados por un lenguaje técnico que los reduce a “problemas de tenencia de la tierra”.

La resolución del ACT reconoce, casi de forma marginal, que “la prioridad número uno es el uso habitacional de las familias que han vivido por años en las ocupaciones que ahí existen”. Sin embargo, en la práctica este principio rara vez se traduce en protección efectiva. La ley y las resoluciones judiciales ignoran las trayectorias vitales de estas comunidades, imponiéndoles un régimen de desalojo mientras, paradójicamente, se tolera la permanencia de inversiones extranjeras de alto nivel.

Este borrado de la memoria comunitaria también tiene implicaciones culturales: se niega el derecho a habitar el territorio, a mantener prácticas tradicionales de relación con el mar y la tierra, y a construir futuro en el mismo lugar donde generaciones anteriores ya lo habían hecho. Se trata de un despojo no solo físico, sino también histórico y simbólico.

Desigualdad socioambiental estructural

El problema no es solo jurídico, sino estructural:

  • Las comunidades locales cargan con el peso de una legislación que las ve como “ocupantes precarios”.

  • Los proyectos de lujo, en cambio, son tolerados o incluso integrados en la discusión como “propiedades debidamente inscritas”.

  • La conservación se convierte en un lenguaje de legitimación: proteger tortugas y manglares se usa como argumento, pero la aplicación es selectiva según quién ocupe el territorio.

En síntesis, se configura una doble vara ambiental: la conservación se aplica como castigo a los más vulnerables y como oportunidad de negocio para los sectores con recursos económicos y conexiones políticas.

Una Costa Rica partida en dos

El caso Ostional refleja un país partido en dos: la Costa Rica verde para afuera, con campañas internacionales que promocionan su compromiso con la biodiversidad, y la Costa Rica desigual por dentro, donde las comunidades costeras viven bajo la amenaza constante del desalojo, mientras las inversiones inmobiliarias extranjeras encuentran grietas legales y complicidad institucional para seguir expandiéndose.

La pregunta que queda abierta es: ¿será capaz el país de construir un marco jurídico y político que realmente equilibre la protección de la naturaleza con la justicia social? O seguiremos viendo cómo la “conservación modelo” encubre, una y otra vez, desigualdades socioambientales que dejan a las comunidades locales sin casa, sin derechos y sin futuro.

El caso de Heidy Villegas en Playa Pelada

Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada en Nosara de Nicoya, Guanacaste, ha denunciado públicamente la inminente demolición de su casa, programada para el próximo 7 de septiembre. Su caso expone la compleja y desigual aplicación de la ley en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional.

Villegas asegura haber sido acusada falsamente de usurpación por funcionarios del MINAE, pese a contar con plano, permisos de construcción, avales de SETENA y de la Municipalidad. La ampliación de su vivienda a tres habitaciones, realizada para sus hijas, fue el detonante del proceso que terminó con una condena de un año de prisión, tres de probatoria y la orden de demoler su hogar.

En su testimonio, relata cómo fue víctima de la ineficiencia y corrupción de abogados que la dejaron en estado de indefensión en el juicio inicial y en la apelación posterior. Aunque aportó pruebas —incluida una carta del MINAE que habilitaba a pobladores a obtener servicios básicos si cumplían requisitos—, estas no fueron consideradas de manera adecuada en los procesos judiciales.

Lo que para ella es más doloroso es la doble vara con que se aplica la ley. Mientras a los costarricenses como ella se les exige demoler sus casas, en la misma zona florecen hoteles, restaurantes y mansiones de lujo que operan en condiciones similares, e incluso más invasivas, sin enfrentar consecuencias legales.

Su voz refleja la angustia y la urgencia:

“Tengo una demolición programada para el 7 de septiembre. No sé si podré detenerla antes de que ocurra. Tal vez luego reconozcan que la propiedad era mía, pero ya la casa estaría destruida. ¿Por qué la ley no es pareja?”.

El conflicto se arrastra desde 2017, cuando un tribunal resolvió que debía abandonar y demoler la casa. Tras varios años de trámites y apelaciones, el reloj ahora corre en su contra. Heidy sigue buscando apoyo legal y comunitario para frenar lo que describe como la injusticia más grande de su vida.

La Municipalidad de Nicoya fue consultada sobre este caso, pero al cierre de la nota no había dado respuesta.

La paradoja de Ostional

La contradicción alcanza niveles grotescos. Mientras familias locales enfrentan juicios, cárcel y órdenes de demolición por vivir en el refugio, en el mismo sitio circula la venta de huevos de tortuga al margen de toda normativa. Lo que debería ser estrictamente regulado para garantizar la conservación de la especie, se convierte en un negocio paralelo que ocurre con la vista gorda de las autoridades.

Así, la conservación en Ostional aparece como un campo de desigualdad: la vivienda campesina se castiga con dureza, mientras el mercado ilegal de huevos de tortuga y el lujo turístico se mueven con impunidad.

El capital, no la nacionalidad, marca la diferencia: la verdadera frontera es entre capital y comunidades

El caso de Ostional no debe leerse como una simple disputa entre costarricenses y foráneos. Lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad del capital —sin importar la nacionalidad de quien lo detente— para adecuar las normas a su conveniencia.

En estos procesos conviven tanto extranjeros como nacionales que, al contar con recursos, contactos o influencia, logran legitimar sus proyectos, regularizar propiedades cuestionables o mantener construcciones dentro de un refugio. Esta dinámica no sería posible sin la complicidad o la omisión de funcionarios nacionales dispuestos a flexibilizar, reinterpretar o incluso ignorar las propias reglas del Estado.

La verdadera línea divisoria no es el pasaporte, sino la asimetría entre quienes tienen la posibilidad de torcer o demorar la aplicación de la norma —con la venia de autoridades públicas—, y quienes deben acatarla de inmediato, aun cuando eso signifique perder su hogar, su historia y su futuro.

Ostional revela así una contradicción central de la Costa Rica contemporánea: un país que se enorgullece de su modelo de conservación, pero donde las reglas se flexibilizan para el capital y se endurecen para las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

¿De qué hablamos? Memoria borrada: las comunidades antes del refugio

El relato oficial del Estado insiste en que quienes hoy habitan dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional son “ocupantes precarios”. Sin embargo, la historia local cuenta otra versión.

Desde las décadas de 1960 y 1970, familias campesinas y pescadoras se asentaron en la zona, mucho antes de que en 1982 se declarara el refugio. Estos hogares no llegaron como invasores: construyeron sus casas con materiales de la zona, practicaron la pesca artesanal, cultivaron en pequeñas parcelas y mantuvieron una relación cotidiana con las playas y los manglares. Las comunidades de Ostional, Nosara y Guiones tenían escuelas, comités comunales y redes de cooperación mucho antes de que existiera la categoría legal de “área silvestre protegida”.

Cuando en 1983 la Ley de Fauna Silvestre ratificó la creación del refugio, la vida de estas familias cambió sin que mediara un proceso de consulta ni compensación. Su presencia histórica quedó reducida a la invisibilidad. Desde entonces, cualquier mejora en sus viviendas, cualquier intento de ampliar un rancho o de consolidar una propiedad, ha sido interpretado como “usurpación”.

El resultado es un borrado de memoria: las trayectorias familiares que fundaron la vida comunal en Ostional han sido anuladas por un lenguaje jurídico que las coloca al margen de la legalidad. Se desconoce que ellas mismas fueron las primeras guardianas del territorio, mucho antes de que el Estado apareciera con su marco de conservación.

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Del turismo al extractivismo: el Río Frío entre la belleza y la cantera

Guatuso se ha posicionado en la última década como un destino de gran atractivo turístico. Lugares como el Río Celeste en el Parque Nacional Volcán Tenorio, el emblemático Árbol de la Paz y el territorio indígena Maleku han sido presentados como símbolos de biodiversidad, cultura viva y belleza escénica. En esa misma línea, el Río Frío aparecía como un bien natural clave para fortalecer el turismo rural comunitario y articular experiencias de naturaleza y cultura. Sin embargo, como se mostrará en este artículo, la política actual del cantón amenaza con borrar ese potencial: el Río Frío se encuentra hoy bajo la presión de la minería no metálica, una actividad que destruye su belleza y pone en riesgo la vida comunitaria que lo rodea.

Durante años, el Río Frío en Guatuso fue imaginado como un eje de desarrollo turístico comunitario. Investigaciones académicas y planes institucionales lo presentaban como un territorio con potencial para la recreación, la navegación hacia Caño Negro, la conexión con la cultura Maleku y la promoción del turismo rural (Zumbado-Morales & Mesén-Leal, 2018). Sin embargo, ese futuro hoy parece desdibujarse bajo el ruido de las máquinas y la huella de la minería no metálica (Observatorio Bienes Comunes UCR, 2025a).

La contradicción es evidente: mientras desde el discurso oficial se insistía en la importancia de gestionar la cuenca de forma integral para impulsar un turismo sostenible (Zumbado-Morales & Mesén-Leal, 2018), la práctica ha derivado en la concesión de permisos para extraer materiales directamente del cauce. Lo que antes eran isletas llenas de árboles centenarios, aves y espacios de pesca, ahora se transforma en paredones erosionados, aguas turbias y caminos comunitarios convertidos en rutas para vagonetas (Observatorio Bienes Comunes UCR, 2025b). Ya es evidente, incluso para quienes viven a orillas del río, cómo la pendiente del cauce se ha incrementado y con ello la fuerza de las aguas, aumentando el riesgo de inundaciones.

Este modelo de “desarrollo” no solo degrada el ecosistema: también desconoce y margina a las comunidades locales. Los estudios ambientales aplicados a las concesiones relegaron la consulta a sectores distintos, dejando por fuera a las personas de Maquengal, quienes reciben el impacto directo del polvo, el ruido, la alteración del cauce y la amenaza a sus fuentes de agua (Observatorio Bienes Comunes UCR, 2025a). La consulta se convirtió en trámite, no en un proceso de participación real y protagónica.

La oportunidad que se perdió

Lo que se pierde no es únicamente un paisaje atractivo, sino la oportunidad de consolidar un turismo de río donde ya se practicaban actividades como tubing y kayak. Se pierden ingresos familiares, posibilidades de empleo en proyectos de turismo rural comunitario y, con ello, un camino alternativo de desarrollo que buscaba armonizar la economía con el respeto al territorio. Como bien señalan habitantes de la zona: “¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?” (Observatorio Bienes Comunes UCR, 2025a).

La imagen verde de Guatuso atrajo durante años a visitantes internacionales interesados en el turismo de naturaleza y cultura. El Río Frío aparecía como un lugar privilegiado para la recreación, la pesca, la navegación hacia Caño Negro y el encuentro con la cultura Maleku. Sin embargo, esa promesa se fue desvaneciendo. Hoy quienes regresan al lugar no encuentran el río sereno que esperaban, sino un paisaje herido: árboles arrastrados por inundaciones, aguas turbias, pozas secas y peces ausentes. La oportunidad de construir un turismo rural comunitario fuerte y sostenible se perdió bajo el ruido de la maquinaria y la extracción de materiales. Como advirtieron visitantes extranjeros: “Los animales y plantas no tienen voz, pero sus desapariciones son silenciosas y permanentes”.

Testimonios que hablan del río

Las voces de la comunidad y de visitantes internacionales dan cuenta del profundo impacto que deja la minería en el Río Frío. Desde Europa llegan advertencias:

“Casi todos los ríos se abrieron al uso comercial. ¡La contaminación y la explotación se llevaron al máximo! La flora y fauna fueron desplazadas y los suelos agrícolas perdieron su fertilidad. Hoy los países europeos dependen de la importación de alimentos y muchos niños ya no saben lo que comen. Esta explotación fluvial es solo el principio. ¡Más tarde nadie recordará lo que pasó antes! ¡Es hora de actuar, mañana puede ser demasiado tarde!”

La preocupación también se refleja en la vida local:

“El daño que hace la gente sacando material de arriba es enorme: el material grande se levanta y la arena se viene para abajo, tapando todas las pozas. Los pescados ya no están, el río se seca y en las noches el agua se mantiene sucia.”

“Este era un río con guapotes, mojarras rayadas y roncadores. Hoy ya no hay nada, porque lo desviaron y le quitaron todas las vueltas. En verano se seca, cosa que nunca pasaba antes. Eso es un daño que ya difícilmente se podrá revertir.”

“Ya y usted cruza ese río Frío hacia abajo y antes era hondo. Ahora está lleno de sedimento, las pozas se secan y el agua baja turbia. Además, hubo un derrame de aceite que contaminó aún más. Antes uno iba y sacaba unas machacas; ahora no hay nada. Algo está pasando con el río y tiene que detenerse.”

“Nosotros crecimos bañándonos en este río, jugando en las pozas, pescando para la comida de la familia. Hoy llevamos a los niños y ya no encuentran nada de eso. ¿Qué futuro les dejamos si el río solo es ruido de vagonetas y agua sucia?”

“Dicen que la minería da trabajo, pero ¿a quién? Aquí la mayoría seguimos igual de pobres, pero ahora sin río, sin pesca y con miedo a que la casa se inunde cuando llueve fuerte.”

“Cada árbol que se pierde en la orilla es un recuerdo que se borra. Había ceibos enormes, donde anidaban y descansaban las garzas. Ahora lo que queda es tierra pelada y un río que corre con furia.”

“El turismo nos daba esperanza: gente que venía a conocer nuestra cultura Maleku, a caminar por el río, a escuchar nuestras historias. ¿Quién va a querer venir ahora, a ver un río destruido? Eso no es desarrollo, es retroceso.”

“La consulta que hicieron no nos tomó en cuenta. Llegaron con papeles ya listos, pero nunca preguntaron a quienes vivimos aquí al lado del río. Nos sentimos invisibles, como si nuestra voz no valiera.”

“Cuando uno ve cómo se llevan la arena y la piedra, piensa que se están llevando pedazos de nuestra vida. No es solo tierra, es la historia, la comida, el agua de nuestras familias.”

“Hemos visto cómo el agua baja con más fuerza. Antes las crecidas eran manejables, ahora cada invierno tememos que se nos meta a las casas. Es como si la naturaleza estuviera gritando que ya no aguanta más.”

“No somos enemigos del progreso, queremos trabajo y oportunidades, pero no a costa de perder el río. El progreso que nos ofrecen es pan para hoy y hambre para mañana.”

Finalmente, algunos testimonios interpelan directamente a la población de Guatuso:

“¿Qué clase de habitantes somos, que hemos entregado nuestros bienes comunes —el río, los humedales, las montañas— a piñeras, tubérculos, hoteles y extractoras? ¿Será que nos invade el temor o el amor al dinero fácil? Al paso que vamos, los atractivos turísticos de Guatuso serán apenas un recuerdo del pasado.”

“Yo pienso que la unión hace la fuerza. Tenemos que organizarnos para detener esto, porque si no lo paramos ahora, después será demasiado tarde.”

Afligidos e indignados

El dolor de la comunidad se palpa en cada relato. Una vecina describe: “Ayer fuimos y contamos los árboles. No lo pudimos marcar todos porque se nos acabó la pintura, pero llegamos a marcar 40 árboles de diferentes especies. Verlos en riesgo duele mucho”. Otro testimonio refleja la mezcla de esperanza y tristeza: “Cuando vi que salieron las máquinas me contenté, pero al ver que volvían otra vez, me puse tan triste que hasta me dieron ganas de llorar”.

La indignación también se dirige a la ineficacia institucional: “Nos sentimos como una comunidad huérfana. Las leyes de Costa Rica aquí no valen nada, parecen estar únicamente para los grandes. Ni la policía ni el OIJ llegan; las instituciones se tiran la pelota entre ellas. Un día dicen que es geología, otro que es biología o que es la Dirección de Aguas, y al final nadie responde”.

A esto se suma la preocupación por posibles irregularidades en los permisos: vecinas y vecinos señalan que se habrían concesionado propiedades privadas, como presuntamente ocurrió en una finca de Maquengal donde se mencionan tres hectáreas afectadas. “¿Cómo es posible que alguien reciba un permiso para explotar un terreno que ni siquiera es del Estado? Eso nos preocupa mucho”, advierten.

Comunidades como última defensa

El Río Frío hoy se debate entre ser un espacio de vida o un campo de extracción. En este dilema, las comunidades ribereñas han asumido el rol que las instituciones han abandonado: el de defensa del bien común. Son ellas quienes levantan la voz, documentan los daños y resisten el aislamiento social que provoca la imposición de concesiones.

La experiencia de Guatuso muestra con crudeza cómo la irresponsabilidad institucional erosiona la confianza social y normaliza la degradación ambiental.

Cuando la consulta se convierte en formalidad, la vida cotidiana de las personas que habitan el río queda invisibilizada. Y cuando se ignora esa vida, también se ignora la memoria, los vínculos y la dignidad de quienes han convivido con el río por generaciones.

Defender el Río Frío no es solo un acto de resistencia local, es una advertencia nacional. Si las instituciones no asumen en serio su responsabilidad, serán las comunidades las que, una vez más, queden como la última línea de defensa ante un modelo de desarrollo que confunde progreso con saqueo. Desde Maquengal observan con preocupación que, si esto continúa, se acerca el día de una inundación que no será fácil de superar.

Este video muestra cómo la maquinaria utilizada en la minería de río ha transformado Maquengal, un área que antes era un espacio de recreo y encuentro comunitario. Los impactos acumulados —desde la alteración del cauce, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, hasta la desaparición de zonas seguras para el disfrute— revelan el costo social y ambiental del extractivismo en los territorios.

Referencias

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025a, agosto 11). Hablemos de supuestos: ¿y si un río usado para recrearse se convirtiera en una zona de extracción?. Observatorio Bienes Comunes. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/2025/08/11/

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025b, agosto 7). Isletas bajo amenaza: el extractivismo arrasa con árboles centenarios en el Río Frío. Observatorio Bienes Comunes. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/2025/08/07/

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025c, agosto 6). La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío. Observatorio Bienes Comunes. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/2025/08/06/

Zumbado-Morales, Félix, & Mesén-Leal, Roger. (2018). Gestión de cuencas y turismo: Caso de la cuenca del Río Frío, Guatuso, Costa Rica. Economía, Sociedad y Territorio, 18(56), 141–163. https://doi.org/10.22136/est20181110

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Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

Las recientes actuaciones de la Municipalidad en la zona costera de Talamanca confirman una percepción creciente entre vecinos y activistas: el verdadero motor de la gestión municipal no es la protección ambiental, sino la recaudación fiscal. Aunque en apariencia se realizan clausuras, operativos y controles, el trasfondo es otro: lo que se busca no es frenar el daño a playas, humedales o quebradas, sino garantizar que los permisos estén en «regla» y que los pagos se realicen.

De esta manera, la institucionalidad local proyecta una imagen de “ordenamiento” que en realidad encubre la permisividad con construcciones ilegales, talas y rellenos en zonas de alto valor ecológico. Lo que debería ser un marco regulatorio para proteger los bienes comunes termina convertido en un sistema de trámites administrativos que legitima la ocupación y privatización del territorio costero.

Intervenciones sin enfoque ambiental

El activista Philippe Vangoidsenhoven ha seguido de cerca dos casos recientes que ilustran este problema. El primero ocurrió cerca de la zona de Flor de China, donde una intervención municipal se resolvió rápidamente con la regularización de un permiso, a pesar de tratarse de un terreno señalado como patrimonio del Estado. El segundo sucedió este fin de semana en Beach Break, donde la clausura de una construcción fue presentada como un acto de fiscalización, pero en realidad respondió únicamente a la falta de permisos al día.

En ninguno de los dos casos se habló de la protección de humedales, de la conservación del bosque ni del respeto a la zona pública. La municipalidad desplegó a varios funcionarios, colocó cintas de clausura y levantó actas, pero el centro de su preocupación fue que no se habían pagado los trámites correspondientes. Esto confirma, según Vangoidsenhoven, que la lógica de la institución es “pagar para seguir construyendo”, sin importar la fragilidad del entorno.

Enjambre de construcciones en plena zona pública

El caso de Beach Break es especialmente grave porque pone en evidencia la contradicción más profunda del modelo actual. En esa zona, la ley establece que los primeros 50 metros de franja costera son inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Sin embargo, allí se levantan construcciones con permisos municipales, incluso hoteles que cuentan con órdenes de demolición, pero que siguen funcionando y expandiéndose con el aval de nuevos permisos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de un hotel con orden de demolición que, lejos de ser sancionado, recibió luz verde para construir una piscina. Esto ilustra cómo los mecanismos administrativos no operan en defensa del interés público ni del derecho de acceso a la playa, sino en beneficio de quienes pueden pagar y obtener permisos.

La clausura realizada el fin de semana en Beach Break no se debió a la tala de árboles ni a la invasión de la zona pública, sino a que la obra carecía de papeles en regla. Como señala Vangoidsenhoven, si los constructores hubieran tenido los permisos actualizados, la obra seguiría avanzando, pese al daño ambiental evidente.

Cercanías a Flor de China
Cercanías de Beach Break
Chapeo en quebradas y presión sobre humedales

Otro frente de afectación se vive en las quebradas y humedales de la zona, donde las intervenciones ilegales avanzan con rapidez. Vangoidsenhoven documentó el caso de un chapeo reciente en una quebrada, a pesar de haber sido denunciado en múltiples ocasiones. La falta de respuesta oportuna muestra que la Municipalidad actúa únicamente cuando puede encuadrar los hechos en un trámite administrativo o en el cobro de un permiso.

El resultado es un vacío de protección real sobre ecosistemas vitales. Mientras las construcciones avanzan, los humedales son rellenados y las quebradas alteradas, la municipalidad se mantiene pasiva, salvo que detecte irregularidades en el papeleo. La consecuencia es un proceso silencioso de deterioro ambiental, que erosiona poco a poco la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida y proteger a las comunidades costeras.

Una lógica de permisos, no de protección

Estos casos ponen en evidencia un patrón institucional: lo que importa no es el daño ambiental, sino la formalidad del trámite. El criterio central para clausurar una construcción es que no se han cumplido los requisitos administrativos. Una vez que los desarrolladores pagan, se reactivan las obras, incluso si estas invaden zonas públicas o destruyen ecosistemas sensibles.

En la práctica, el mensaje que reciben los constructores es claro: se puede edificar en la zona marítimo-terrestre, se pueden talar árboles y rellenar humedales, siempre y cuando se cuente con los permisos al día. Lo ambiental queda reducido a un requisito burocrático más, que no impide la destrucción del territorio.

Naturaleza en segundo plano

Los testimonios y seguimientos de Vangoidsenhoven evidencian la profunda contradicción del modelo municipal en Talamanca. Las clausuras y operativos, lejos de ser medidas de protección, se han convertido en herramientas de recaudación fiscal. Los sellos de clausura no representan un alto al avance de la frontera constructiva, sino apenas una pausa mientras se regularizan los pagos.

En el discurso público, se afirma que existe un compromiso con la conservación, pero en la práctica lo que prevalece es un sistema de permisos que legitima construcciones en zonas públicas, humedales y quebradas. La naturaleza, una vez más, queda relegada frente a la lógica del dinero.

Un modelo territorial al servicio del negocio, no de la naturaleza

La situación en Talamanca no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo territorial que concibe el suelo principalmente como un recurso para el negocio inmobiliario y turístico. En lugar de priorizar la protección de la biodiversidad, la recuperación de humedales o la garantía del acceso público a las playas, la planificación municipal se centra en habilitar terrenos para la construcción de hoteles, comercios y residencias privadas.

Esta lógica convierte a la naturaleza en un obstáculo administrativo que debe ser superado con permisos y trámites, en vez de ser reconocida como un bien común fundamental para la vida y la identidad de las comunidades. Así, el territorio costero se fragmenta en lotes de uso privado, dejando de lado su condición de espacio público y de patrimonio colectivo.

Al privilegiar el desarrollo inmobiliario y comercial, se generan dinámicas de exclusión social. Las comunidades locales enfrentan el aumento del costo de vida, la privatización de accesos al mar y la pérdida de ecosistemas que sostienen sus modos de vida. En paralelo, los beneficios económicos quedan concentrados en manos de quienes tienen la capacidad de invertir y pagar permisos, reproduciendo desigualdades.

Además, este enfoque implica un riesgo a futuro: al reducir la naturaleza a un valor de cambio, se compromete la resiliencia de la zona frente a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, erosión costera o pérdida de fuentes de agua. La falta de protección ambiental hoy se traducirá en mayores vulnerabilidades para las comunidades mañana.

En síntesis, una política territorial centrada en la promoción del uso comercial del suelo y en la recaudación fiscal ignora la dimensión ecológica y social del territorio, debilitando tanto la justicia ambiental como la justicia social. La ausencia de una visión integral de ordenamiento convierte a Talamanca en un espacio cada vez más expuesto a la especulación, la degradación y el despojo.

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Defensa de la Cuenca del Río Frío denuncia ante el MINAE la extracción minera en Guatuso con más de 150 firmas ciudadanas

El movimiento socioambiental Defensa de la Cuenca del Río Frío, junto a más de 150 personas del pueblo de Maquencal y comunidades aledañas en Guatuso de Alajuela, entregaron este viernes un documento de denuncia ciudadana al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. La acción busca detener el deterioro del ecosistema del río Frío frente a décadas de extracción minera no metálica en su cauce.

En el documento entregado y respaldado por más de 150 firmas, las comunidades denuncian la “extracción irracional” de material minero no metálico en el Río Frío, la cual se ha extendido por más de tres décadas, con registros de concesiones desde 1991. Según expresaron, este modelo extractivo ha significado un “consumo excesivo en el tiempo, una extracción desmedida y una degradación absoluta del ecosistema”.

La denuncia se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el movimiento solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que no se otorguen más concesiones sobre el Río Frío y que se realicen estudios técnico-científicos rigurosos para determinar el verdadero impacto ambiental de las actividades mineras en la cuenca.

El movimiento Defensa de la Cuenca del Río Frío insiste en que esta lucha no se trata solo de preservar el río, sino también de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Al respecto, recordaron el Principio 3 de la Declaración de Río de 1992: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

Con esta acción y el respaldo ciudadano expresado en las firmas, las comunidades esperan que el MINAE escuche la voz colectiva y actúe en defensa del interés público, priorizando el derecho a un ambiente sano sobre los intereses extractivos que han puesto en riesgo la vida del Río Frío y de quienes dependen de él.

Pueden ver la denuncia ciudadana aquí.

Por motivos de privacidad, no se publican en esta nota las firmas ni los números de cédula de las personas firmantes.

Un ejemplo del impacto: antes
Ahora
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Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

La Primera Declaración de La Habana (1960) no fue solo un discurso de otro tiempo: fue un grito colectivo por soberanía, autodeterminación y justicia social. Hoy, denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, es continuar esa tradición emancipadora. Lo paradójico es que quienes acusan de conspirar a las voces críticas son, muchas veces, los mismos que firman contratos con Chevron, empresa que además trabaja directamente con Israel, o venden petróleo al gigante imperial que financia guerras y sostiene a Israel. El verdadero rostro del imperialismo no está en quienes defienden la vida, sino en los acuerdos lucrativos que traicionan la dignidad de los pueblos.

Se han difundido textos que pretenden instalar la idea de que académicos, activistas y organizaciones socioambientales en Venezuela —entre ellos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— forman parte de una red de “injerencia extranjera” y de supuestas operaciones para desestabilizar al Estado venezolano.

Estas acusaciones no son nuevas: repiten, con ligeros matices, el guion habitual de quienes ven en toda crítica un acto de traición y en toda denuncia socioambiental un complot internacional. Lo novedoso hoy es el nivel de desproporción y simplificación, donde la etiqueta de “conspiración” sustituye cualquier debate real sobre el modelo extractivista y sus consecuencias sobre los pueblos y los territorios.

El recurso cómodo de la “injerencia”

Apelar a la “injerencia” es un recurso cómodo para quienes no desean discutir lo esencial: que el Arco Minero del Orinoco y otros megaproyectos extractivos están provocando devastación ambiental, vulnerando derechos de comunidades indígenas y abriendo paso a dinámicas de corrupción y violencia. Señalar estos problemas no significa alinearse con agendas imperiales, sino ejercer el mínimo deber ético de defender la vida y la dignidad de los pueblos.

Convertir a organizaciones, fundaciones o académicos críticos en “agentes extranjeros” es una manera de evadir responsabilidades y de instalar un clima de miedo donde toda voz disonante se trata como sospechosa. En lugar de debate, estigmatización; en lugar de diálogo, disciplinamiento.

La hipocresía de ciertas voces intelectuales

Resulta particularmente grave la hipocresía de sectores intelectuales que, en nombre de la defensa antiimperialista, callan ante la devastación ambiental y la represión interna, pero se activan de inmediato para deslegitimar a quienes levantan críticas fundamentadas.

Estos sectores dicen rechazar “las divisiones en el campo popular”, pero en la práctica reproducen un discurso que criminaliza, aísla y pone en riesgo a compañerxs de lucha. Su retórica se alimenta del mismo dispositivo que históricamente ha servido para perseguir la disidencia dentro de procesos revolucionarios: acusar de estar “del lado del enemigo” a quienes piensan distinto.

Chevron, Israel y los silencios cómplices

El mapa del poder global se entiende mejor siguiendo las rutas de las energías fósiles. Chevron, una de las principales transnacionales del sector, no solo ha devastado territorios en América Latina y África: también abastece directamente al Estado de Israel, sosteniendo con energía y capital la maquinaria de guerra que perpetra el genocidio contra el pueblo palestino.

Frente a esta realidad, el silencio de ciertos sectores intelectuales resulta ensordecedor. Quienes hoy se apresuran a acusar de “injerencistas” a Edgardo Lander y a quienes denuncian el extractivismo omiten deliberadamente esta complicidad estructural. Guardan silencio sobre cómo el capital que desangra a Venezuela, Ecuador o Nigeria también alimenta los crímenes de guerra en Gaza.

La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno venezolano, que en los discursos se presenta como aliado del pueblo palestino, mantiene negocios con Chevron, empresa vinculada directamente al sostenimiento energético de Israel. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se negocia con una corporación que abastece a su verdugo?

Estas incoherencias no son detalles secundarios: muestran hasta qué punto el antiimperialismo puede vaciarse de sentido cuando se convierte en una consigna sin práctica consecuente. La crítica que se intenta acallar con acusaciones de “traición” o “intervencionismo” no es más que la insistencia en desenmascarar estas relaciones de poder, allí donde se cruzan extractivismo, genocidio y negocio.

Defender la crítica como parte de la emancipación

La verdadera fortaleza de cualquier proyecto emancipador no se mide por su capacidad de blindarse de toda crítica, sino por la disposición a escuchar y corregir. Deslegitimar a quienes cuestionan el extractivismo bajo el argumento de que “repiten tesis imperiales” no solo es injusto, sino peligroso: abre la puerta a que toda crítica social, ambiental o de derechos humanos sea catalogada como enemiga.

La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando la crítica se silencia, se impone el dogma; y cuando se criminaliza la diferencia, se erosiona la posibilidad de construir alternativas reales al capitalismo depredador.

Nuestra solidaridad

Desde diferentes territorios y luchas, expresamos nuestra solidaridad con Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, así como con todas las personas y organizaciones que defienden la vida frente al extractivismo en Venezuela y en América Latina.

Su trabajo es parte de una larga tradición de pensamiento crítico y compromiso con los bienes comunes. Callar o atacar esa labor no fortalece ningún proceso popular: al contrario, lo debilita.

Defender la posibilidad de disentir, cuestionar y proponer alternativas no es un lujo, es una necesidad histórica. Frente a los intentos de disciplinamiento, reafirmamos que la solidaridad entre pueblos y movimientos no se construye repitiendo consignas, sino sosteniendo espacios de crítica, cuidado y dignidad compartida.

José Martí: el antiimperialismo como defensa de la dignidad de los pueblos

José Martí comprendió tempranamente que el imperialismo era, más que una amenaza externa, un sistema que pretendía moldear conciencias y subordinar economías. En textos como Nuestra América (1891), Martí advierte contra “los pueblos que se creen el ombligo del mundo” y llama a los latinoamericanos a gobernarse con sus propias realidades, no con recetas importadas.

Para Martí, la lucha contra el imperialismo no se reducía al enfrentamiento militar o político, sino a un proyecto cultural y ético de afirmación de la dignidad. Esa tradición martiana nos recuerda que criticar los proyectos extractivistas que entregan territorios a capitales extranjeros no es alinearse con el enemigo, sino precisamente honrar la vocación emancipadora de nuestros pueblos. Como escribió Martí, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Quienes hoy levantan críticas desde la ecología política siguen levantando trincheras de ideas frente a un modelo que, bajo el ropaje de “desarrollo”, repite lógicas coloniales.

Franz Fanon: descolonizar implica también cuestionar las élites propias

Franz Fanon, en obras como Los condenados de la tierra (1961), señaló con claridad que la liberación no podía quedarse en la expulsión del colonizador externo: había que evitar que las élites locales reprodujeran las mismas lógicas de opresión y saqueo. Para Fanon, la descolonización era un proceso integral que exigía transformar las estructuras políticas, económicas y culturales, no simplemente cambiar de administradores.

Esta reflexión es fundamental hoy en Venezuela y en América Latina: se puede invocar la bandera antiimperialista mientras se perpetúan prácticas extractivistas que reproducen las formas coloniales de dominación sobre pueblos indígenas y territorios. Fanon advirtió contra el riesgo de sustituir el colonialismo europeo por “burguesías nacionales” que se enriquecen a costa de su pueblo. En ese sentido, la crítica a proyectos como el Arco Minero no debilita la lucha antiimperialista: la fortalece, porque desnuda cómo el colonialismo puede mutar y reaparecer bajo nuevas máscaras.

Ignacio Ellacuría: la crítica como opción por los pueblos crucificados

El pensamiento de Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo asesinado en El Salvador en 1989, aporta una clave imprescindible: la verdad histórica se encuentra en los pueblos crucificados. Ellacuría sostenía que toda reflexión crítica debía partir de las víctimas del sistema, de los pobres, de quienes sufren la violencia estructural. Desde esa opción preferencial, la función de la intelectualidad y de las instituciones no es legitimar a los poderosos, sino develar las injusticias y ponerse del lado de quienes cargan la cruz de la historia.

Aplicado a la Venezuela actual, este legado nos obliga a escuchar a las comunidades indígenas y a los territorios devastados por el extractivismo, no a silenciarlos con acusaciones de conspiración. Ellacuría hablaba de la necesidad de una “civilización de la pobreza”, entendida no como miseria impuesta, sino como un proyecto donde los bienes comunes se compartan y la vida se defienda. Ese horizonte es incompatible con la criminalización de quienes, desde la ecología política, denuncian el sufrimiento de los pueblos y de la naturaleza.

La crítica verdadera frente a los intelectuales a sueldo

Silvio Rodríguez nos recordó, en una de sus canciones más descarnadas, que hay voces que se visten de rebeldía pero suenan huecas, porque en realidad repiten lo que el poder les dicta. Esa imagen del “harapo” es demoledora: el disfraz de radicalidad que, al primer soplo del viento, deja ver su costura oportunista.

Hoy, algunos pseudointelectuales se presentan como guardianes de la revolución y portavoces de la “lucha antiimperialista”, pero sus discursos terminan coincidiendo con los intereses de los mismos Estados y aparatos que los financian. Usan la retórica de la patria y del pueblo, pero se acomodan a las estructuras que garantizan su prestigio, sus viajes, sus publicaciones y sus sueldos.

Mientras tanto, quienes se atreven a señalar los daños concretos —el extractivismo que arrasa, las comunidades indígenas que resisten, los territorios envenenados— son acusados de ser “injerencistas” o “agentes del imperio”. La ironía es brutal: los auténticos críticos son perseguidos, y los burócratas del pensamiento se envuelven en banderas para esconder su servidumbre.

La canción de Silvio nos deja una clave: la verdadera coherencia no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener la dignidad aun en la intemperie. Frente a los trajes de oropel de la pseudointelectualidad, reivindicamos las voces que, con harapos si hace falta, siguen defendiendo la vida, los pueblos y los bienes comunes.

El verdadero imperialismo no está en las voces críticas que denuncian la devastación ambiental ni en los colectivos que levantan trincheras de ideas para defender a los pueblos. El imperialismo se sostiene en los contratos con transnacionales como Chevron, en el sudor de quienes extraen petróleo que luego se vende al mismo Estados Unidos que financia guerras y sostiene a Israel en su política genocida contra Palestina.

Hablar de “injerencia” para acallar a académicos, ecologistas o movimientos sociales es una paradoja dolorosa, cuando las puertas del extractivismo se abren sin reparos al capital extranjero. Quienes hoy señalan con el dedo a Edgardo Lander y a otros compañeros deberían mirar de frente esa contradicción: ¿quién sirve más a los intereses imperiales, el que denuncia la expoliación de los pueblos o el que la administra con la excusa del desarrollo?

El antiimperialismo verdadero no se decreta: se ejerce en la defensa de la dignidad, en la coherencia frente al poder y en la capacidad de escuchar a los pueblos que resisten. Todo lo demás es un harapo que, tarde o temprano, deja ver su costura.

Activismo en directo (con spoilers de Chevron incluidos)

Antes de que alguien se espante, aclaramos: no se trata de conspiraciones fantasiosas ni de fake news… o bueno, depende de a quién le preguntes. Los videos que verán a continuación muestran a activistas y académicos desenmascarando la complicidad de grandes empresas y Estados en dinámicas de saqueo y violencia. Sí, incluso aquellos que algunos prefieren ignorar: como ese pequeño detalle sobre Chevron, su “misión liberadora” en Venezuela y su relación con Israel… pero shhh, mejor no decirlo demasiado fuerte. Prepárense para ver verdades incómodas que ciertos intelectuales suelen omitir mientras se disputan la etiqueta de antiimperialistas.

Chevron, la nueva aliada del antiimperialismo: abastece a Israel, pero no se preocupen… seguro es fake news, porque nadie querría arruinar sus nobles inversiones liberadoras en Venezuela.

Para que no nos acusen de inventar ni de ‘injerencistas’, usamos como fuente a Telesur: nada más revolucionario que enterarse por la TV del gobierno cómo Chevron y Venezuela sellan su ‘antiimperialismo’ con contrato y apretón de manos… mientras la misma Chevron abastece de gas a Israel para sostener el genocidio en Gaza.

Y para completar el guion, en el video de Telesur sobre Chevron aparece Ignacio Ramonet, el mismo que luego denuncia —con toda razón— que Israel mata periodistas. Una escena digna de tragicomedia: condenar al verdugo en Gaza mientras se aplaude al socio que trabaja por la «revolución» en Caracas. Antiimperialismo a la carta.

Atención: video de Grosfoguel denunciando a Israel… aunque estamos casi seguros de que se cortó justo cuando iba a mencionar a su socio secreto, Chevron. Ups, mejor no decir eso, que son solo ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Patricia Villegas celebra la resistencia palestina desde 1979… y en 2025 también celebra la reanudación de Chevron en Venezuela. Nada como combinar décadas de lucha por la soberanía con un poquito de ‘inversiones liberadoras’. Todo muy coherente, claro.

Maduro denuncia a Israel como el nuevo Hitler en Gaza… pero curiosamente nadie menciona que Hitler también hacía negocios con empresas cómplices. Mejor no decir eso, sobre todo si alguna de esas empresas rima con Chevron y da un tirón… a los pueblos mientras habla de ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Y ahora, para que no queden dudas de la “liberación energética” en acción, les presentamos los datos directamente de la propia Chevron. Sí, sí, esa misma empresa que Telesur celebra como “reanudando sus operaciones liberadoras” en Venezuela. No se preocupen: no vamos a dudar de la fuente oficial, porque ¿quién podría cuestionar a una corporación mientras construye gasoductos y suministra gas a uno de los Estados más militarizados del mundo? Prepárense para cifras, inversiones millonarias y producciones récord… todo muy coherente con la narrativa del progreso y la soberanía… para algunos.

Operaciones de Chevron en Israel
ProyectoAño Descubrimiento / DesarrolloSocios y participación de ChevronUbicación y característicasProducción / Impacto
LeviatánDescubierto 2010; desarrollo principal 2010-201xChevron Mediterranean Limited 39,66%; NewMed Energy 45,34%; Ratio Energies 15%130 km al oeste de Haifa, Mar Mediterráneo; cuatro pozos de producción a ~5 km de profundidad; gasoducto submarino e instalaciones de procesamientoProducción de 12 mil millones m³ de gas/año; permite cesar uso de carbón en generación eléctrica para 2025; exportador significativo de gas
TamarDescubierto 2009; desarrollado en 4 añosChevron Mediterranean Limited 25%; Isramco 28,75%; Tamar Petroleum 16,75%; Mubadala Energy 11%; Tamar Investment 2 11%; Dor Gas 4%; Union Energy & Systems 2 3,5%90 km al oeste de Haifa; 5 km de profundidad; superficie 100 km²; seis pozos de producciónAbastece ~70% del consumo eléctrico de Israel; reducción del uso de carbón, fueloil y diésel; mejora de calidad del aire
Mari-BDescubierto 2000; suministro desde 2004. Actualmente agotado.Chevron / Noble Energy junto con Delek, Delek Drilling y AvnerParte del proyecto Yam Tethys28 mil millones m³ de gas natural; primera vez que el gas natural fluye a las costas de Israel; suministro al mercado local

Chevron. (2025). Nuestros proyectos en Israel: Leviatán, Tamar y Mari-B. Recuperado de https://israel.chevron.com/en/our-businesses

¿Por qué hicimos esta nota? Omisiones y dobles estándares en la esfera intelectual y política

Ramón Grosfoguel ha denunciado consistentemente las políticas de Israel hacia Palestina y ha señalado violaciones de derechos humanos en diversos contextos. Sin embargo, en sus intervenciones públicas no se ha referido a los vínculos de empresas transnacionales como Chevron con Israel, a pesar de que estas corporaciones mantienen operaciones en territorios donde se perpetran políticas de guerra y ocupación.

Situación similar se observa en otros actores mediáticos e intelectuales. Ignacio Ramonet, por ejemplo, condena con firmeza ataques contra periodistas en Gaza, pero no aborda los vínculos corporativos que financian o sostienen indirectamente esas operaciones. Patricia Villegas, desde Telesur, celebra la resistencia palestina y la soberanía energética en América Latina, mientras la misma cobertura omite mencionar la reanudación de operaciones de Chevron en Venezuela, que abastece gas a Israel. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia agresiones en Gaza y las compara con episodios históricos de genocidio, pero no cuestiona la complicidad indirecta derivada de contratos con corporaciones transnacionales.

Estas ausencias no son inocentes. En el contexto de la campaña de criminalización desarrollada por el gobierno venezolano contra intelectuales y activistas críticos —como Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— la omisión de estos vínculos corporativos y económicos estratégicos se vuelve parte de un patrón de control discursivo. Se promueve la narrativa de “injerencia extranjera” para deslegitimar críticas al extractivismo y a la gestión estatal, mientras se silencia información que podría evidenciar contradicciones en la política oficial.

Desde la perspectiva crítica, estas omisiones evidencian cómo ciertos aspectos de la relación entre corporaciones y Estados quedan fuera del debate, mientras se enfatiza la condena a políticas estatales específicas. Señalar estas ausencias permite un análisis más completo del poder global y de las conexiones entre extractivismo, financiamiento de conflictos y narrativas auto-proclamadas como antiimperialistas, mostrando que la defensa de la soberanía no puede sostenerse en silencios estratégicos.