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Los contratos de carbono y la amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Costa Rica

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El abogado y profesor Rubén Chacón Castro nos comparte un análisis profundo sobre cómo los llamados contratos de carbono y las políticas ligadas a la conservación forestal, como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y la estrategia REDD+, impactan en los territorios indígenas de Costa Rica.

El texto evidencia que, bajo el discurso de la mitigación climática, pueden esconderse nuevas formas de despojo territorial, limitando la autonomía de los pueblos originarios y subordinando sus prácticas ancestrales a lógicas de mercado. Estas dinámicas, señala el autor, responden a “estrategias globales para apropiarse de los recursos indígenas, frente al derecho de co-administrarlos”.

El análisis advierte que las comunidades indígenas enfrentan presiones crecientes para suscribir contratos que, en la práctica, restringen el acceso a sus propios recursos, transformando el bosque en un bien transable y sometiéndolo a reglas externas. Así, los territorios corren el riesgo de convertirse en “espacios vigilados”, donde se limitan prácticas tradicionales como la quema controlada, la recolección o el pastoreo, en nombre de la conservación y del mercado de carbono.

Este aporte resulta fundamental en un contexto donde Costa Rica se proyecta como líder en descarbonización, pero todavía enfrenta deudas históricas con los pueblos indígenas en materia de territorialidad, consulta previa y autodeterminación.

Contexto internacional y nacional sobre los contratos de carbono

En el plano internacional, los contratos de carbono se inscriben en el marco de los acuerdos climáticos, especialmente desde el Acuerdo de París (2015), que abrió la posibilidad de intercambiar créditos de carbono entre países y empresas. Esto dio impulso a un mercado global que funciona en dos modalidades:

  • Mercados regulados, bajo marcos legales estrictos como el de la Unión Europea, que establecen topes de emisiones y regulan la compraventa de créditos.

  • Mercados voluntarios, donde empresas privadas compran créditos para compensar emisiones y mejorar su reputación.

No obstante, experiencias en países como Perú, Colombia, México y la República Democrática del Congo muestran cómo estos contratos han derivado en restricciones a los usos tradicionales del bosque, contratos firmados sin consulta adecuada o con cláusulas que comprometen la autonomía comunitaria por décadas.

En Costa Rica, la situación es compleja. El país ha sido pionero en programas como el PSA y la Estrategia REDD+, que han permitido captar financiamiento internacional (Banco Mundial, Fondo Verde para el Clima). Sin embargo, como explica Chacón, el marco jurídico actual no reconoce a los pueblos indígenas la capacidad plena de negociar créditos de carbono directamente, pues el Estado actúa como intermediario y contabiliza estas reducciones en sus metas nacionales. Esto genera tensiones sobre el principio de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y sobre el reparto justo de los beneficios.

Aportes claves del análisis

  • La propiedad indígena es colectiva, inalienable e imprescriptible, reconocida por la Ley Indígena de 1977 y reforzada por el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU 2007).

  • Los contratos de carbono, tal como se están promoviendo, pueden vaciar de contenido ese derecho, imponiendo restricciones externas en territorios donde la relación con el bosque es ancestral y cultural, no solo económica.

  • La jurisprudencia internacional (como el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, 2007) establece que los Estados deben garantizar participación efectiva, beneficios justos y estudios de impacto independientes antes de permitir proyectos que afecten territorios indígenas.

  • El principio de adicionalidad cuestiona la legitimidad de muchos contratos: ¿cómo justificar vender créditos de carbono en territorios que históricamente han conservado los bosques sin necesidad de incentivos externos?

Invitación para profundizar

Este artículo de Rubén Chacón Castro abre un debate urgente: ¿qué modelo de conservación y justicia climática queremos para Costa Rica? ¿Uno que consolide la mercantilización de los bosques o uno que reconozca a los pueblos indígenas como actores centrales en la defensa del territorio y del bien común?

Te invitamos a leer el documento completo: Chacón, Ruben (2025) “Los contratos de carbono y la amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Costa Rica”

Glosario de conceptos claves

  • Contratos de carbono: Acuerdos mediante los cuales una comunidad o país vende créditos por la reducción o captura de emisiones de CO₂.

  • Mercado de carbono: Espacio donde se compran y venden créditos de carbono, ya sea de forma regulada o voluntaria.

  • Pago por Servicios Ambientales (PSA): Programa costarricense que remunera a propietarios de bosques —incluidos territorios indígenas— por conservarlos.

  • REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques): Estrategia internacional de conservación que también sirve para generar créditos de carbono.

  • Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI): Derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre proyectos que afecten sus territorios, con información clara, antes de su ejecución y sin presiones.

  • Adicionalidad: Principio que exige demostrar que las reducciones de emisiones logradas por un proyecto no habrían ocurrido de todas formas.

  • Territorialidad indígena: Concepción ancestral que une tierra, territorio y recursos en una relación integral, cultural y espiritual.

Esta infografía expone los puntos clave sobre los contratos de carbono y su impacto en los territorios indígenas de Costa Rica. Aunque se presentan como herramientas contra el cambio climático, estos mecanismos esconden riesgos de despojo, pérdida de autonomía y restricciones a prácticas tradicionales. El objetivo es visibilizar tanto las oportunidades como las amenazas, y resaltar la importancia de garantizar el consentimiento libre, previo e informado, la justicia climática y el respeto a los derechos colectivos.

Puede descargar la infografía aquí

Imagen – PDF

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Contaminación de la quebrada La Piladora: impactos en los ecosistemas y en la vida comunitaria

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Las comunidades de Katira han compartido dos videos que muestran un fuerte contraste en la quebrada La Piladora: en uno se observa el cauce con agua limpia y corriente, mientras que en el otro aparecen líquidos oscuros y espumosos que, presuntamente, estarían relacionados con descargas de residuos provenientes de una actividad porcina cercana.

La diferencia entre ambos escenarios evidencia cómo la contaminación de las fuentes de agua tiene efectos inmediatos en la vida comunitaria y en los ecosistemas. Una quebrada limpia mantiene la calidad del agua, permite la existencia de peces, anfibios e insectos acuáticos, regula la temperatura y es parte del equilibrio de la biodiversidad. Por el contrario, cuando recibe descargas de residuos orgánicos sin tratamiento, se reduce el oxígeno en el agua, mueren especies sensibles, aumentan las plagas como moscas y mosquitos y se afecta la salud de las personas que viven cerca.

Vecinos de Katira afirman que la quebrada es parte fundamental de su entorno cotidiano y que, al deteriorarse, no solo se pierden especies de flora y fauna, sino también un espacio de vida comunitaria. Además, el impacto en la calidad del aire y del agua repercute directamente en la salud pública.

Expertos en temas ambientales han señalado que las aguas residuales sin tratamiento generan procesos de eutrofización (exceso de nutrientes en el agua), lo que ocasiona proliferación de algas, malos olores y pérdida de vida acuática. En el largo plazo, la recuperación de un cauce contaminado puede tomar años y requiere acciones de restauración costosas.

Las comunidades hacen un llamado a las instituciones a verificar el cumplimiento de la normativa nacional sobre vertido de aguas residuales y a garantizar que actividades productivas de este tipo cuenten con sistemas adecuados de tratamiento. Una quebrada contaminada no solo afecta a quienes viven a su alrededor, sino que compromete la salud de todo un ecosistema interconectado.

¿Qué significa una quebrada limpia y una quebrada contaminada?

Quebrada limpia

Quebrada contaminada

Agua clara, con oxígeno suficiente para peces, anfibios e insectos acuáticos.

Agua turbia o con espuma, bajos niveles de oxígeno, muerte de organismos acuáticos.

Mantiene la biodiversidad (plantas, aves, mamíferos que dependen del agua).

Pérdida de biodiversidad y desaparición de especies sensibles.

Espacio de recreación y vida comunitaria (uso cotidiano de agua, cercanía al entorno).

Riesgo para la salud humana: malos olores, plagas, posibles enfermedades asociadas a aguas contaminadas.

Regulación natural del ecosistema: absorción de nutrientes y purificación del agua.

Eutrofización (exceso de nutrientes), proliferación de algas y mosquitos.

¿Quiénes deberían vigilar esta situación?

La legislación costarricense asigna competencias claras en la protección de la salud y el ambiente. En un caso como el de la quebrada La Piladora, deberían estar presentes:

  • Ministerio de Salud: supervisar los posibles riesgos sanitarios y la afectación a la población.
  • SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal): regular el manejo de desechos en actividades porcinas y garantizar que no generen impactos ambientales.
  • MINAE – Dirección de Aguas: fiscalizar los vertidos a cuerpos de agua y velar por el uso sostenible de los recursos hídricos.
  • Municipalidad de Guatuso: dar seguimiento a los permisos otorgados y verificar que se cumpla la normativa ambiental local.
  • Tribunal Ambiental Administrativo: investigar denuncias de daño ambiental y, en caso de comprobarse, aplicar sanciones.

Respuesta institucional en entredicho

Vecinos de Katira señalan que ya han acudido a distintas instancias para presentar sus denuncias. Tanto en las oficinas locales como en la sede regional de San Carlos, instituciones como el Ministerio de Salud y SENASA habrían indicado que “todo estaba en orden” y que no existía afectación a la quebrada.

Sin embargo, la realidad percibida por la comunidad es distinta: los olores persisten, la quebrada La Piladora presenta episodios de contaminación visibles y la vida cotidiana sigue marcada por la incomodidad y la preocupación. Esta contradicción entre lo que reportan las instituciones y lo que experimentan las personas alimenta una sensación de desprotección y de falta de imparcialidad en los procesos de fiscalización.

Los pobladores insisten en que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática constante que afecta su salud, su calidad de vida y el ecosistema que los rodea. Ante ello, reiteran la necesidad de que las autoridades realicen nuevas inspecciones exhaustivas y transparentes, que respondan a la evidencia y a la voz de las comunidades.

El derecho a un ambiente sano no puede esperar

El contraste entre los videos de la quebrada limpia y la quebrada contaminada resume la preocupación de los vecinos: un recurso vital que antes fluía con normalidad ahora muestra signos de deterioro. La situación exige que las instituciones competentes actúen con transparencia, imparcialidad y rigor técnico, para garantizar que las actividades productivas cumplan con las normas ambientales y no comprometan el bienestar de las comunidades ni el equilibrio de los ecosistemas.

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¿Vale la pena defender el Río Frío? El Río Frío habla a través de su gente

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Este video recoge las voces de vecinas y vecinos de Maquengal (Guatuso), quienes denuncian la devastación causada por la minería no metálica: pérdida de acceso al río, afectaciones en la ganadería, el turismo y un abandono institucional que profundiza la crisis.

La comunidad recuerda cómo el 2 de agosto se organizó para firmar una denuncia pública que respalda esta lucha. Lo que les sostiene es claro: la fuerza de la organización, la defensa del territorio y la convicción de que solo con incidencia política su voz será escuchada.

El Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro insiste: proteger el río es proteger la vida, la cultura y el futuro.

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La mercantilización de los océanos: cuando el mar se convierte en negocio

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En los últimos años, la llamada economía azul se ha presentado como la estrategia global para proteger y aprovechar de manera sostenible los océanos. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde un proceso profundo de mercantilización: los mares y sus ecosistemas dejan de ser bienes comunes para transformarse en activos financieros y espacios de inversión. Esto significa poner precio al mar, a sus recursos y hasta a sus funciones ecológicas, con el fin de atraer capital, generar rentabilidad y abrir nuevas fronteras de acumulación.

La economía azul, presentada como una salida frente a la crisis climática y el deterioro de los mares, en realidad despliega un conjunto de mecanismos que consolidan la mercantilización de los océanos. Detrás del lenguaje de la sostenibilidad se abren nuevas formas de apropiación y control, expresadas en diversas prácticas que transforman al mar en un mercado.

En un momento en que los océanos enfrentan presiones sin precedentes, la minería submarina aparece como una de las amenazas más graves. Gobiernos y empresas la promueven como alternativa “sostenible” para obtener minerales estratégicos destinados a la transición energética, pero en realidad se trata de abrir una nueva frontera extractiva en los fondos marinos, ecosistemas de enorme fragilidad y todavía poco conocidos por la ciencia. No es casual que, en foros internacionales como el realizado en Niza en 2025, se haya intensificado el debate sobre esta actividad: mientras la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos avanza en la concesión de licencias, cada vez más voces advierten que la minería profunda podría desencadenar daños irreversibles en la biodiversidad oceánica y en el clima global.

Es desde este contexto que se vuelve urgente revisar críticamente los discursos de la llamada economía azul. Esta nota se elabora a partir del libro Mercantilizando los océanos: Economía azul y sus impactos en el territorio marino costero del Ecuador de Raquel Rodríguez, Elizabeth Bravo, Soledad Jácome y David Reyes (2025), el cual aporta claves fundamentales para comprender cómo la mercantilización de los mares se viste de conservación y sostenibilidad, mientras oculta dinámicas de despojo y exclusión sobre comunidades costeras.

Prácticas concretas de mercantilización

La economía azul despliega múltiples mecanismos para convertir al océano en mercancía:

  • Bonos azules: instrumentos de deuda emitidos por gobiernos y bancos que financian proyectos de pesca, turismo o energías marinas bajo el rótulo de “sostenibles”. Trasladan las lógicas de Wall Street al espacio oceánico.
  • Carbono azul: manglares, praderas marinas y humedales costeros son transformados en “sumideros de carbono” comercializables en mercados de compensación. Estos esquemas suelen restringir el acceso comunitario y consolidar nuevas formas de despojo.
  • Áreas marinas protegidas con lógica empresarial: creadas bajo metas globales como el compromiso 30×30, terminan excluyendo a comunidades costeras del uso de sus territorios, mientras ONG y corporaciones controlan la gestión.
  • Canjes de deuda por océanos o naturaleza: países endeudados ceden soberanía sobre zonas marinas a cambio de alivio financiero, en operaciones opacas mediadas por bancos multilaterales y grandes ONG conservacionistas.
  • Turismo y certificaciones de sostenibilidad: sellos y etiquetas “verdes” legitiman actividades que muchas veces consolidan exclusiones o maquillan prácticas extractivas (bluewashing).
  • Minería submarina y energías marinas a gran escala: se promueven como energías limpias o de futuro, aunque sus impactos en ecosistemas poco conocidos son severos e irreversibles.

Todas estas prácticas muestran cómo la economía azul convierte los mares en un laboratorio financiero y empresarial, donde la biodiversidad, la cultura y la vida comunitaria pasan a un segundo plano.

Estas prácticas no se justifican solas; necesitan de un marco ideológico que las legitime. Allí aparece el entramado conceptual que convierte la mercantilización en una aparente estrategia de conservación. Bajo nociones como “servicios ecosistémicos” o “soluciones basadas en la naturaleza”, se maquilla el despojo y se presenta el negocio como cuidado ambiental.

El encubrimiento conceptual: sostenibilidad como máscara

El avance de la mercantilización no se presenta abiertamente como un proceso de privatización, sino que se disfraza bajo discursos de sostenibilidad y conservación. Entre los conceptos más usados están:

  • “Servicios ecosistémicos” y “capital natural”: se asigna un valor monetario a funciones vitales del océano (regulación climática, biodiversidad, belleza escénica), reduciendo lo vivo a “capital”.
  • “Crecimiento azul” y “soluciones basadas en la naturaleza”: lenguaje tecnocrático que promete beneficios ambientales y económicos, pero invisibiliza las desigualdades sociales y culturales.
  • “Naturaleza positiva” o “cero emisiones netas”: metas ambiguas que legitiman compensaciones financieras sin transformar las causas reales de la crisis ecológica.
  • “Bluewashing”: campañas de marketing que presentan a empresas como defensoras del océano mientras mantienen prácticas dañinas o extractivas.

Este encubrimiento funciona como una nueva colonización discursiva, en la que la conservación se convierte en negocio y las comunidades locales son relegadas a proveedoras de servicios turísticos o guardianes tercerizados de sus propios territorios.

Ese andamiaje discursivo no es neutro, sino que se sostiene en una amplia red de instituciones y organizaciones internacionales, financieras y estatales. Son ellas las que dan forma legal, técnica y política a la mercantilización, y quienes gestionan los océanos desde lógicas globales que desplazan las decisiones locales.

Instituciones y organizaciones protagonistas

El entramado de la economía azul está sostenido por una amplia red de actores a nivel global y nacional:

  • Agencias multilaterales: Naciones Unidas (PNUMA, Pacto Mundial, FAO, UNESCO), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que impulsan marcos legales y financieros para la economía azul.
  • ONG conservacionistas globales: The Nature Conservancy, WWF, Conservation International, que han transitado de ser gestoras ambientales a actores financieros con fuerte influencia en políticas públicas.
  • Fondos de inversión y bancos privados: promotores de bonos azules, seguros marítimos y otros instrumentos financieros aplicados al mar.
  • Gobiernos nacionales: que adoptan normativas de áreas protegidas, acuerdos de deuda o programas de “crecimiento azul”, en muchos casos sin consulta real a las comunidades.
  • Empresas transnacionales: del turismo, energía, pesca industrial, minería submarina y transporte marítimo, que se benefician directamente de la apertura de nuevas fronteras extractivas.
Consecuencias para las comunidades

Las implicaciones de este modelo son profundas. Las comunidades costeras enfrentan desplazamiento o restricciones de acceso a pesquerías y territorios; pérdida de autonomía en la gestión local, ya que las decisiones se toman en foros internacionales o en directorios corporativos; conversión de su rol en prestadoras de servicios al capital; y aumento de la desigualdad, donde los beneficios quedan en manos de inversionistas y los costos sociales y ambientales recaen en las poblaciones locales.

En definitiva, la mercantilización de los océanos refleja la continuidad de un modelo colonial, donde los mares se convierten en nuevas fronteras de acumulación bajo narrativas “verdes” y “azules”. Más que proteger, se busca extraer valor económico de funciones vitales, invisibilizando derechos, culturas y formas de vida de quienes históricamente han cuidado y convivido con el mar.

Este sistema de gobernanza, lejos de ser novedoso, reproduce patrones históricos. La manera en que se definen las reglas, se apropian territorios y se excluyen comunidades revela la continuidad de un modelo colonial que se adapta al siglo XXI bajo ropajes verdes y azules.

Mercantilización y colonialismo: una misma lógica con nuevos ropajes

La mercantilización de los océanos no surge en un vacío: se inscribe en la larga historia del colonialismo. Desde la expansión europea en el siglo XV, los mares fueron concebidos como rutas de extracción, transporte y dominio. Bajo el principio de la “libertad de los mares”, las potencias coloniales justificaron la apropiación de rutas, puertos y recursos marinos, siempre subordinando a los pueblos costeros e insulares.

Hoy, la economía azul reactualiza esa misma lógica bajo un lenguaje tecnocrático y ambientalista. En lugar de galeones y compañías coloniales, aparecen bonos azules, áreas protegidas y canjes de deuda; en lugar de virreinatos, ONG globales, bancos multilaterales y gobiernos asociados al capital transnacional. El mecanismo, sin embargo, sigue siendo el mismo: declarar los territorios marinos como espacios vacíos de sujetos políticos, para luego gestionarlos desde centros de poder lejanos.

El colonialismo clásico justificaba la exclusión de comunidades con el argumento de que eran un obstáculo al progreso o una amenaza para la “civilización”. La economía azul repite ese patrón al presentar a las poblaciones locales como “depredadoras” o “ineficientes”, y al proponer que la verdadera conservación solo es posible bajo marcos empresariales y financieros. Así, la soberanía de los pueblos sobre sus mares y costas se erosiona, mientras se consolida un colonialismo financiero y ecológico que convierte la biodiversidad en capital natural y la cultura en un atractivo turístico.

El trasfondo es claro: la mercantilización oceánica no busca únicamente generar negocios, sino reordenar las relaciones de poder en torno al mar, desplazando el protagonismo histórico de comunidades costeras e indígenas, e imponiendo una visión donde la vida oceánica vale solo en la medida en que produce réditos económicos.

La minería en aguas profundas representa quizás la expresión más cruda de esta continuidad. Al convertir los fondos marinos en yacimientos estratégicos para la industria global, se reactualiza la lógica colonial de ver al océano como un espacio vacío y disponible, sin reconocer sus dinámicas de vida ni a las comunidades que dependen de él.

Minería submarina: la frontera extractiva de la mercantilización

Uno de los ejemplos más evidentes de cómo la economía azul abre nuevas fronteras de acumulación es la minería en aguas profundas. Bajo la promesa de extraer minerales estratégicos para la transición energética —níquel, cobalto, cobre, tierras raras—, se impulsa la idea de que los fondos marinos son un “tesoro” aún inexplorado, disponible para alimentar la industria tecnológica global.

La minería submarina está directamente vinculada con la mercantilización de los océanos porque:

  • Transforma ecosistemas en depósitos de recursos: los suelos marinos dejan de ser espacios vivos y complejos para convertirse en yacimientos a explotar.
  • Institucionaliza la apropiación internacional: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) regula concesiones en zonas internacionales, consolidando un régimen de acceso que privilegia a empresas y Estados con capacidad tecnológica y financiera.
  • Financiariza el riesgo ambiental: se promueve la minería marina como parte de la “economía azul sostenible”, asegurando inversiones con bonos y seguros, mientras los impactos ecológicos —muchos aún desconocidos— se externalizan hacia el planeta y las comunidades.
  • Refuerza la lógica colonial: al igual que en el pasado, los territorios considerados “vacíos” son repartidos y explotados desde centros de poder globales, negando la voz de pueblos costeros e insulares que dependen de la salud de los ecosistemas marinos.

Al encuadrar la minería submarina como parte de la solución al cambio climático y la transición energética, la economía azul convierte un grave riesgo socioambiental en una oportunidad de negocio. En realidad, se trata de un paso más en la mercantilización de los océanos: poner precio al fondo del mar, invisibilizando que allí habitan ecosistemas únicos, esenciales para la regulación climática y aún desconocidos para la ciencia.

Referencia

Rodríguez, Raquel, Bravo, Elizabeth, Jácome, Soledad, & Reyes, David. (2025). Mercantilizando los océanos: Economía azul y sus impactos en el territorio marino costero del Ecuador. Kahlomedia.

Crédito imágenes: Semanario Universidad.

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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

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Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.
Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.
Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.
Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.
El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Vecinos de Maquengal exponen ante el Concejo de Guatuso la problemática del río Frío

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El pasado 2 de setiembre, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó al Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando la revisión de la situación socioambiental provocada por la extracción de materiales en el río Frío, sector Maquengal. La nota fue leída en sesión y abrió un espacio de discusión sobre un tema sensible para la comunidad.

En el documento, las personas vecinas señalaron que la actividad extractiva afecta directamente a la población escolar: “la actividad se desarrolla a menos de 500 metros del centro educativo, sin que se haya realizado ningún proceso de consulta previa con la comunidad educativa ni se haya implementado un plan remedial, a pesar de la vulnerabilidad de la población escolar”.

La carta también destacó la pérdida de espacios comunitarios: “el camino que conecta con la zona del río donde hoy se realiza la extracción fue, durante años, un espacio comunitario de recreación y descanso (…). Hoy, ese acceso ha sido transformado en un paso de maquinaria pesada, y su uso tradicional como lugar para el disfrute del río se ha vuelto imposible”.

Además, en la sesión se compartieron comentarios adicionales por la plataforma de Facebook de las personas vecinas que refuerzan el planteamiento central. Uno de ellos señaló con claridad:

“Señor Alcalde y Señores del Concejo, la nota enviada se refiere claramente a la concesión privada, la cual estamos claros se lleva el material que le corresponde al cantón. También en las notas que hemos enviado hemos sido enfáticos en que no nos oponemos al desarrollo del cantón, pero sí rotundamente nos oponemos a la explotación del río de parte de las empresas privadas. Y en cuanto a los comentarios con respecto a la problemática referente al punto en el puente La Amapola, el Grupo de la Cuenca no tiene nada que ver con esos comentarios”.

Otro vecino apuntó al sentido común de la situación:

“… En cuanto al material extraído del río para mantenimiento de la red vial del cantón, nosotros, los habitantes de las comunidades de Treminio y La Amapola, no estamos de acuerdo con la explicación del Alcalde, ya que tenemos nueve años de promesas para intervenir los caminos de estas comunidades. Así que la declaración del señor Alcalde no la aceptamos como acertada. ¿Será que nosotros no pertenecemos al cantón de Guatuso?”.

El planteamiento de la comunidad no se centró en irregularidades administrativas, sino en cuestionar qué modelo de desarrollo impulsa Guatuso y cómo este impacta la vida cotidiana. Como señala el texto, la ausencia de consulta ciudadana contradice “principios fundamentales de transparencia, participación ciudadana y protección de los bienes comunes”.

No obstante, la discusión en el Concejo tomó otro rumbo. Aunque se reconoció la necesidad de una reunión con el abogado municipal y la apertura de un espacio con participación ciudadana, varios discursos desviaron el foco hacia aspectos no mencionados en la carta. El alcalde incluso afirmó: “He visto en estos días comentarios que salen en las redes sociales de que la municipalidad tiene prohibido el ingreso al río, que la municipalidad está quitando del derecho que tienen las personas a ir a disfrutar de ese espacio (…). Dejemos de venderle humo a la gente, andar mintiendo diciendo que la municipalidad está cercenando el derecho al río”.

En la discusión, la preocupación vecinal por la pérdida del acceso público al río y la recreación comunitaria terminó quedando en segundo plano. El reclamo de la comunidad sigue siendo la defensa del río como bien común y la apertura de un debate colectivo sobre el rumbo de Maquengal. Pese a que la comunidad pidió considerar incluso la suspensión temporal de la actividad extractiva privada, el Concejo centró la discusión en la legalidad administrativa y en el aprovechamiento del material para la red vial.

Desarrollo sí, pero con equilibrio

La comunidad de Maquengal no se opone al desarrollo ni al mantenimiento de los caminos, una necesidad real para la vida cotidiana en Guatuso. Lo que cuestionan es el rumbo que se ha tomado: convertir al pueblo en una cantera. Las personas vecinas están preocupadas porque la concesión privada actual tiene una vigencia de diez años y con posibilidad de prorrogarse, y temen que se sumen nuevas concesiones hasta acercarse peligrosamente a los límites del Parque Nacional Volcán Tenorio. Las personas vecinas expresaron su frustración porque sienten que en su territorio se está privilegiando la extracción, en lugar de promover alternativas económicas que podrían generar bienestar y sostenibilidad.

Las personas vecinas advierten que lo que ocurre hoy en Maquengal ejemplifica cómo se sacrifica el acceso al río y los espacios de recreación comunitaria para privilegiar la extracción de materiales por 10 años mínimo. Esta situación, señalan, limita las posibilidades de desarrollo futuro, pues actividades como el turismo rural y comunitario, que antes se perfilaban como alternativas, dejan de ser viables en un entorno degradado. La comunidad insiste en que no quieren ser solo un lugar de tránsito hacia Bijagua o Río Celeste, como ya se les está condenando, sino un territorio con opciones propias de desarrollo.

La discusión, entonces, no gira en torno a oponerse al progreso, sino a la búsqueda de un equilibrio que respete los bienes comunes y potencie las oportunidades locales, evitando que el modelo extractivo limite las posibilidades de la comunidad en su propio territorio.

¿Quién puede realmente disfrutar del río Frío en Maquengal?

Más allá de las palabras del alcalde, quien en la sesión desestimó las críticas asegurando que eran “comentarios engañosos” sobre una supuesta prohibición de acceso al río, la experiencia concreta de la comunidad muestra otra cosa: el acceso tradicional fue transformado en un paso de maquinaria pesada, y las familias ya no pueden usar el río como espacio de recreación.

Hoy, más que un lugar de encuentro, las personas vecinas perciben que Maquengal se ha transformado en un espacio más industrial que comunitario, lo cual limita la posibilidad de disfrutar del río como antes.

Por eso, las personas de Maquengal levantan la voz: no solo por los impactos ambientales o administrativos, sino por la pérdida de su área de recreo comunitario, donde antes podían bañarse, hacer kayak, tubbing o simplemente disfrutar de un domingo en el río. Ese espacio común ya no existe para ellas.

La invitación queda abierta a las autoridades municipales y a todas las instituciones que están relacionadas a esto: que un domingo se acerquen al río Frío, en Maquengal, cuando no haya maquinaria en operación, e intenten disfrutarlo como antes lo hacían las familias. Que prueben remar en kayak, pescar o simplemente bañarse en sus aguas. Tal vez entonces comprendan que el derecho al río no es ‘humo’, sino una pérdida real, concreta y profundamente sentida por la comunidad.

Resulta doloroso constatar cómo las declaraciones de las autoridades contrastan con las voces de quienes han conocido y amado el río Frío —tanto personas locales como visitantes— y hoy se indignan al ver su estado actual. No se trata de un asunto personal, sino de un llamado a sensibilizar a la institucionalidad de nuestro cantón sobre el daño que está provocando a todo un pueblo.

La sesión cerró con el acuerdo de coordinar una reunión con la comunidad y con la parte legal. Sin embargo, lo ocurrido deja en evidencia la tensión entre la mirada comunitaria

—que pone en el centro los derechos colectivos, el acceso al río y el impacto en la vida local— y la mirada institucional, que se limita a aspectos procedimentales y defensivos.

Para el recuerdo: así fue la zona pública para la recreación de las personas vecinas y visitantes de Maquengal
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Comunidades de Katira denuncian presunto impacto de chanchera en quebrada y salud pública

with No Comment extractivismosPARTICIPACIÓN

Vecinos de Progreso de Katira, La Florida y Apacona, en el cantón de Guatuso, manifiestan su creciente preocupación por el presunto impacto ambiental y social de una actividad porcina instalada en las cercanías de sus comunidades. La población denuncia que esta explotación estaría afectando la quebrada La Piladora, así como la calidad del aire y la vida cotidiana en la zona.

Contaminación presunta de la quebrada y malos olores

De acuerdo con testimonios de personas que habitan estas comunidades, la chanchera se ubica a aproximadamente 300 metros de las viviendas. Relatan que se perciben malos olores intensos y constantes, perceptibles incluso en la iglesia evangélica ubicada a 800 metros. En los hogares más cercanos, a menos de 200 metros, los habitantes aseguran que los olores son insoportables: “Aquí comemos con el olor a chanchera en la mesa”, señaló una persona.

El señalamiento más grave recae sobre la quebrada La Piladora, que viene presentando presuntos signos de afectación. Vecinos relatan que, en ciertos momentos, especialmente durante la noche, llegan líquidos al cauce que intensifican los olores en la zona. “A 400 metros ya pica la nariz, y al bajar a la quebrada se siente más fuerte”, comentó un habitante.

Según lo manifestado por los pobladores, la chanchera cercana podría no contar con un manejo adecuado de sus residuos. Señalan que presuntamente existirían estructuras abiertas para acumular desechos que, al no tener un tratamiento riguroso, podrían estar facilitando descargas hacia el entorno. Esta situación, de acuerdo con la comunidad, estaría contribuyendo a la proliferación de olores intensos, plagas y posibles riesgos para la salud.

Respuesta institucional en duda

En abril de 2025, SENASA realizó una visita de inspección. Según vecinos, la institución habría concluido que no existía afectación a la quebrada y que los olores estaban bajo control. El Ministerio de Salud, por su parte, también habría indicado que todo estaría en orden.

La comunidad asegura haber presentado denuncias en la sede regional de Ciudad Quesada, pero sin mayor resultado. Incluso cuando han acudido al 911, se les habría indicado que debían contactar a SENASA, lo que refuerza en la población la sensación de desprotección y abandono institucional.

Sin embargo, los habitantes sostienen que las afectaciones son claras y cotidianas. Algunos perciben un trato desigual: sienten que cuando se trata de pequeños productores se cierran rápidamente las chancheras, mientras que en este caso las instituciones parecen actuar con menos rigurosidad.

Una vida diaria marcada por olores y contaminación

Los pobladores destacan que el impacto no es esporádico, sino constante: olores que se intensifican a ciertas horas de la noche, la imposibilidad de comer sin percibir el hedor, la incomodidad en los hogares y la preocupación por la calidad del agua. “El pueblo está cansado, ya no aguanta más, nos estamos ahogando”, expresaron.

Algunos habitantes presumen que los desechos liberados podrían afectar no solo a la quebrada, sino también a la biodiversidad circundante.

¿Qué piden?

Las comunidades de Katira solicitan que se verifique a fondo el cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre vertido de aguas residuales, manejo de excretas y distancias mínimas para la actividad porcina. Asimismo, piden que la chanchera implemente buenas prácticas de gestión y tratamiento de residuos para evitar que el agua, el aire y el entorno sigan siendo afectados.

El llamado es claro: que las instituciones de control asuman con seriedad su papel y atiendan de manera efectiva las denuncias comunitarias. Mientras tanto, la quebrada La Piladora sigue expuesta a un tipo de contaminación y malos olores que limitan su derecho a un ambiente sano y a una vida digna.

Buenas prácticas ausentes y necesarias de promover

El caso de Katira muestra cómo la ausencia de buenas prácticas en la producción porcina genera impactos negativos que podrían evitarse con una gestión adecuada. La comunidad identifica varias carencias clave: un manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos, la falta de medidas para controlar los olores y las plagas, la ubicación de la chanchera a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y espacios públicos, así como la débil respuesta institucional frente a las denuncias ciudadanas.

En contraposición, existen buenas prácticas ampliamente reconocidas que permitirían conciliar la actividad productiva con el derecho a un ambiente sano. Entre ellas, destaca la implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento, capaces de transformar los desechos en recursos útiles como biogás o biofertilizantes. Estos mecanismos no solo reducen la contaminación, sino que también disminuyen considerablemente los olores.

Otra medida importante es la instalación de barreras vivas —por ejemplo, franjas de árboles o cercas verdes— que actúan como filtros naturales de aire y agua, mejorando la calidad ambiental para quienes habitan en las cercanías. Asimismo, el cumplimiento estricto de las distancias mínimas respecto a quebradas, nacientes y viviendas debe ser un principio básico para toda actividad agropecuaria.

El monitoreo ambiental participativo es otra práctica que fortalece la confianza social: cuando la comunidad puede verificar junto con las instituciones la calidad del agua y del aire, se garantiza transparencia y corresponsabilidad en el cuidado del entorno. A ello se suma la necesidad de que las entidades de control actúen con mayor imparcialidad y eficacia, respondiendo de manera oportuna a las denuncias ciudadanas.

Finalmente, la promoción de espacios de diálogo y educación ambiental contribuye a que tanto productores como vecinos comprendan la importancia de prácticas responsables, reduciendo la conflictividad y construyendo soluciones sostenibles.

En conjunto, estas medidas no representan únicamente requisitos técnicos, sino herramientas para asegurar que la producción animal pueda desarrollarse sin poner en riesgo la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

De las malas prácticas a las soluciones necesarias

Malas prácticas observadas

Buenas prácticas propuestas

Manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos

Implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento

Ausencia de medidas de control de olores y plagas

Instalación de filtros y barreras vivas (franjas de árboles, cercas verdes)

Ubicación a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y quebradas

Cumplimiento estricto de las distancias mínimas en la normativa

Débil respuesta institucional frente a las denuncias

Monitoreo ambiental participativo y constante, con resultados públicos

Falta de transparencia en los procesos de inspección

Institucionalidad activa, transparente e imparcial frente a la ciudadanía

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Democracia en riesgo: cuando la política criminal marca la agenda

with No Comment extractivismosReflexión

En América Latina, la democracia no enfrenta únicamente el desafío de elegir gobiernos legítimos o de garantizar instituciones sólidas. Hoy, una de las amenazas más serias proviene de la expansión de lo que los investigadores Feldmann y Luna llaman política criminal: la intersección entre el crimen organizado, actores políticos y funcionarios estatales que encuentran en las economías ilegales una fuente de poder y recursos.

Esta relación no se limita a escenarios de violencia extrema, como el narcotráfico en México o Colombia. También se manifiesta en países con instituciones más fuertes, como Chile, Uruguay o Paraguay, donde el crimen ha penetrado el financiamiento de campañas, los negocios legales y las dinámicas de poder local. El resultado es un impacto directo en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo económico.

Riesgos para la democracia

La democracia se sostiene sobre reglas claras: competencia justa, instituciones independientes y confianza ciudadana. Cuando el crimen entra en la política, estos pilares se ven gravemente erosionados.

  • Cooptación de instituciones: partidos y candidatos que dependen de financiamiento ilegal quedan atrapados en esa relación. En consecuencia, las decisiones de gobierno, en lugar de priorizar salud, educación o derechos sociales, terminan respondiendo a intereses criminales. Así, el Estado pierde autonomía y se convierte en un vehículo para proteger negocios ilícitos.
  • Erosión de la confianza ciudadana: cuando la población percibe que las autoridades están “vendidas” a redes mafiosas, se debilita la credibilidad en las elecciones, la justicia y los mecanismos de participación. Ese escepticismo suele traducirse en apatía, abstención o incluso en apoyo a salidas autoritarias que prometen “mano dura”.
  • Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.
Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

  • Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.
  • Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.
  • Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.
Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

  • Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.
  • Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.
  • Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.
La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

  1. Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.
  2. Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.
  3. Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

  • Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).
  • Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?
  • Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.
  • Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.
  • Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.
  • Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.
Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

  • Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

  • Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

  • Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

  • Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

Algo más que elecciones

La política criminal no es solo un problema de seguridad ni un asunto reservado para las páginas policiales. Se trata de una amenaza directa a la democracia, un freno al desarrollo económico y un factor de deterioro ambiental.

En Costa Rica, las elecciones de 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que la seguridad deje de ser un simple eslogan electoral y se convierta en un debate real sobre cómo construir instituciones sólidas, transparentes y justas.

Enfrentar este desafío exige mucho más que patrullas y cárceles: requiere fortalecer la transparencia, garantizar justicia social y ofrecer alternativas reales a las comunidades frente al poder corruptor del dinero ilícito. Solo así será posible recuperar la credibilidad democrática, proteger la naturaleza y asegurar que la ciudadanía vuelva a confiar en que su voto puede marcar la diferencia.

Referencia:

AP News. (29 diciembre 2023). Costa Rica looks to El Salvador in announcing new prison and tough-on-crime reforms. Associated Press. https://apnews.com/article/bfc7358f15589c45cb5b04ddc1db86ee

Delfino.cr. (12 junio 2025). La urgente construcción de una política criminal integral en Costa Rica. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/06/la-urgente-construccion-de-una-politica-criminal-integral-en-costa-rica

Feldmann, Andreas E., & Luna, Juan Pablo. (2023). Criminal politics and botched development in contemporary Latin America. Cambridge University Press.

La Nación. (20 febrero 2025). Editorial: Elecciones 2026, el alto riesgo de la infiltración del narco. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-elecciones-2026-el-alto-riesgo-de-la/ECXU5WZBJZC7TLRYJFE57LCFGA/story

Reuters. (14 agosto 2025). Costa Rica to start building massive El Salvador-inspired prison. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/costa-rica-start-building-massive-el-salvador-inspired-prison-2025-08-14

Semanario Universidad. (10 mayo 2024). Costa Rica necesita una política pública específica sobre crimen organizado. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-necesita-una-politica-publica-especifica-sobre-crimen-organizado

Universidad de Costa Rica. (3 abril 2025). La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/4/03/la-valoracion-del-gobierno-del-presidente-chaves-disminuye-mientras-que-la-preocupacion-por-la-inseguridad-y-la-delincuencia-reina-en-costa-rica.html

Esta nota pertenece a la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

with No Comment extractivismosPARTICIPACIÓN

El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.
  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.
  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.
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Manual exprés: demandar, embargar y llamar a eso “conciliación”

with No Comment extractivismos

Una historia que solo existe en la imaginación

Esta es una historia ficticia. No ocurre en Costa Rica —un país donde todas las voces son escuchadas, nadie recibe embargos por opinar y las grandes empresas jamás usarían su poder para disciplinar a quienes critican. Si usted encuentra coincidencias con la realidad, es culpa de su imaginación, que insiste en ver patrones donde no los hay.

El expediente #6548793

En esta historia, el Proyecto Innombrable, ese que ocupa varias fincas públicas en cierta playa cuyo nombre ya no podemos decir, decidió dar por concluido su enfrentamiento judicial con un par de comunicadores que osaron mencionarlo en redes sociales. ¿Cómo terminó el conflicto? Con un “acuerdo de conciliación” que, según se dijo, fue fruto del diálogo responsable y del respeto mutuo.

El expediente #6548793 se cerró con un comunicado donde los comunicadores reconocieron que parte de la información compartida provenía de terceros o de búsquedas no verificadas. A cambio, la empresa reiteró que su megaproyecto sigue adelante “bajo estricto cumplimiento de la normativa ambiental y en beneficio de las comunidades”. Todos sonrientes para la foto, todos de acuerdo en que la libertad de expresión es fundamental, siempre que se ejerza con responsabilidad.

La paradoja es que este “diálogo” no empezó con una mesa redonda ni con una invitación a conversar. Empezó con una demanda, la amenaza de un embargo y la posibilidad real de perder los recursos para vivir. En esas condiciones, cualquier “consenso” se parece más a una negociación con la espada sobre la cabeza que a un verdadero ejercicio democrático.

Así, el Innombrable enseña una lección curiosa: que el silencio o la rectificación se pueden conseguir sin necesidad de ganar un juicio. Basta con recordar a las personas defensoras ambientales lo vulnerables que son cuando enfrente tienen a un adversario con muchos ceros en su cuenta.

El caso #6548793 —imaginario, por supuesto— deja planteada la pregunta incómoda: ¿qué significa diálogo cuando una de las partes llega con bufetes, demandas y embargos, y la otra solo con su voz?

El Innombrable y la paradoja del honor ambiental

En esta historia ficticia, el Innombrable insiste en presentarse como víctima: un proyecto con el honor herido por publicaciones en redes sociales. En su narrativa, lo que está en juego no son los impactos ambientales ni el cuestionamiento ciudadano, sino la “reputación” corporativa.

Lo curioso es que, al mismo tiempo, el Innombrable se envuelve en un discurso de compromiso con la sostenibilidad: habla de equilibrio con la naturaleza, de respeto a la normativa, de beneficios para las comunidades. Se proclama defensor del mismo ambiente que, en la práctica, se ve amenazado por el modelo de desarrollo que impulsa.

Esa dualidad es la esencia de la hipocresía corporativa: victimizarse ante la crítica, pero blindarse tras un relato “verde” que no admite cuestionamientos. Así, cualquier voz disonante no es una contribución al debate democrático, sino un “ataque” al buen nombre. Y cualquier demanda no se presenta como censura, sino como una defensa legítima del honor.

El resultado es un paisaje extraño donde quien concentra el poder económico se viste de vulnerable, y quienes defienden los bienes comunes aparecen como agresores.

Escazú pa’ cuándo

En esta historia ficticia hay un ingrediente ausente que lo cambia todo: el Acuerdo de Escazú. Ese tratado regional que protege a las personas defensoras ambientales, garantiza el acceso a la información y fortalece la participación pública.

Si Costa Rica lo hubiera ratificado, el expediente #6548793 tendría otra dinámica. Las defensoras y defensores contarían con un marco claro para evitar que demandas desproporcionadas se utilicen como herramienta de censura. Habría mecanismos para prevenir que el miedo a un embargo se convierta en el precio de ejercer la palabra.

Pero aquí seguimos, preguntándonos como si cantáramos un coro prestado de JLo: “¿Escazú pa’ cuándo?”. Porque mientras el tratado duerme en la Asamblea Legislativa, los megaproyectos avanzan y las voces críticas enfrentan un desbalance evidente en cada mesa de negociación.

Ratificar Escazú no resolvería todos los conflictos, pero sí nivelaría el terreno de juego. Haría menos probable que la conciliación naciera de la amenaza y más de un verdadero diálogo entre partes en igualdad de condiciones.

El arte del apadrinamiento técnico

El Innombrable no camina solo. Tiene padrinos. Y no cualquiera: ministerios, oficinas jurídicas y hasta instancias de comercio exterior que, curiosamente, encuentran tiempo para preguntar si acaso la ley del polo turístico tiene más peso que la protección del bosque. Una consulta “técnica”, dicen.

Lo que siguió fue aún más revelador: la asesoría jurídica del MINAMBI adelantó criterio sobre un expediente que debería ser resuelto con independencia por la SETAE. En otras palabras, el árbitro fue advertido sobre cómo debería pitar el partido… antes de que la jugada llegara a su área.

Así, lo que debería ser un debate técnico sobre impacto ambiental se convirtió en un ejercicio de alineamiento político. La propuesta de resolución que circula en la SETAE parece escrita con la pluma del Innombrable y sus aliados: cerrar filas para declarar que no hay problema, que el bosque puede esperar, que la normativa ambiental se acomoda si la ley turística lo pide.

Este tipo de movimientos son el corazón del apadrinamiento político disfrazado de técnica. No es que las instituciones fallen por incapacidad: fallan porque se acomodan, porque el poder económico no llega solo, sino acompañado de criterios jurídicos “superiores” y consultas “inoportunamente oportunas”.

En este teatro, el Innombrable ya no necesita solo de demandas para callar voces. Ahora cuenta con el Estado mismo, dispuesto a vestir de tecnicismo lo que es, en esencia, un acto de subordinación política al capital turístico.

Y mientras tanto, el bosque, el manglar y el patrimonio natural del Estado quedan atrapados en el juego de poder donde lo jurídico se usa como disfraz y lo técnico como excusa.

El honor verde: un greenwashing de alto nivel

En esta historia ficticia, el Innombrable no solo logra presentarse como víctima de un honor herido, sino que además convierte la conciliación en un espectáculo de sostenibilidad corporativa. La narrativa es impecable: se habla de respeto, diálogo, responsabilidad y compromiso ambiental, mientras por debajo se mantiene intacto el desequilibrio de poder que dio origen a todo el conflicto.

Lo que debería ser un debate abierto sobre los impactos de un megaproyecto se traduce en una operación de imagen: las críticas desaparecen, el consenso se firma y el Innombrable queda vestido de verde esperanza. Es un greenwashing que no necesita campañas publicitarias, porque se legitima con el sello de una conciliación judicial.

Este es otro nivel difícil de superar: convertir un proceso desigual, marcado por embargos y amenazas legales, en una vitrina para reforzar credenciales ambientales. Es la paradoja perfecta: usar la libertad de expresión para celebrar un acuerdo que nació de intentar restringirla.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería acabar en conciliaciones condicionadas ni en silencios forzados. Pero ya sabemos, todo esto es pura ficción.

¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.