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Costa Rica sin voz en Ramsar: el retroceso de Costa Rica en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

En plena COP15 de la Convención Ramsar, Costa Rica destaca por su ausencia. Mientras otros países reportan avances y amenazas sobre sus humedales, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no ha emitido una sola actualización sustantiva entre 2022 y 2025.

Una conferencia clave en tiempos de crisis ecosistémica

Del 23 al 31 de julio de 2025 se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Ramsar, el tratado internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales, por su papel esencial en la biodiversidad, la regulación hídrica y la sostenibilidad de la vida humana.

Esta edición representa un momento clave para examinar el estado de más de 2.500 sitios Ramsar en todo el mundo, coordinar acciones frente a su deterioro y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte. Según el informe oficial de la Secretaría (COP15 Doc.9), Costa Rica no figura entre los 29 países que actualizaron sus Fichas Informativas Ramsar (FIR) ni los mapas de sus sitios durante el periodo 2022–2025.

El panorama general también es preocupante: el 74 % de los sitios Ramsar a nivel global tienen información desactualizada, y en el 52 % de los casos no se ha reportado ninguna actualización reciente. En medio de esta crisis de seguimiento, la situación de Costa Rica destaca negativamente, ya que no se registraron nuevas designaciones, ampliaciones ni reportes sobre amenazas ecológicas en sus humedales, pese a múltiples denuncias documentadas por organizaciones sociales y medios de comunicación. La única explicación posible desde el marco institucional sería que los procesos se encuentren actualmente en etapa de actualización técnica aún no reportada oficialmente.

Tres años de silencio en la era Chaves Robles

Este periodo coincide plenamente con el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles y su Ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach, iniciado en mayo de 2022. Durante la administración, se ha recortado el financiamiento a programas ambientales clave, debilitado instituciones como el SINAC y promovido visiones de desarrollo centradas en la desregulación territorial.

La inacción de Costa Rica en el marco de la Convención Ramsar es coherente con la política ambienta impulsada por la administración, refleja una política caracterizada por la omisión y la inercia. La falta de actualizaciones técnicas y legales es especialmente grave considerando que los humedales son bienes comunes fundamentales para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica.

Sitios Ramsar sin seguimiento ni vigilancia efectiva

Costa Rica cuenta con doce humedales declarados de importancia internacional, como Caño Negro, Térraba-Sierpe o Palo Verde entre los más conocidos. Sin embargo, según el informe Ramsar 2025, ninguno de estos sitios fue actualizado durante el trienio revisado. Esto incluye la omisión de información técnica, cartográfica y ecológica en el sistema oficial Ramsar.

Además, el país no figura entre aquellos que reportaron modificaciones en las condiciones ecológicas de sus humedales, como lo exige el Artículo 3.2 de la Convención. Esta omisión se agrava al considerar la abundante evidencia empírica y periodística sobre múltiples afectaciones recientes.

Denuncias en el territorio: señales de alerta para los humedales

Pese al silencio institucional, diversos medios y actores comunitarios han documentado múltiples amenazas a humedales protegidos, lo que evidencia la falta de seguimiento y monitoreo. Algunas situaciones destacadas incluyen:

Humedales Ramsar

  • Caño Negro: La sedimentación acelerada por actividades agrícolas y la expansión de cultivos agroindustriales sin control están transformando su ecosistema, mientras la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente para detener el deterioro.

  • Térraba-Sierpe: Hay una alerta sobre  el interés de instalar un relleno sanitario que pondría en riesgo las aguas, además, la Fiscalía Ambiental de Osa ordenó medidas de restauración ante ocupación ilegal dentro del humedal (Chacón Soto, 2025; Ministerio Público, 2025).

  • Palo Verde: El sitio ha experimentado cambios significativos en sus características ecológicas, particularmente en su régimen hidrológico, como resultado de actividades agrícolas y ganaderas en los alrededores, así como por la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

  • Humedales Caribe Noreste: El sitio ha experimentado cambios notables en sus características ecológicas, principalmente en su régimen hidrológico, como consecuencia de la construcción de canales artificiales en la zona. (Chacón, 2025; Ramsar Convention Secretariat, 2024; Convención Ramsar, 2025).
  • Gandoca-Manzanillo: Este sitio ha sufrido graves amenazas por permisos de construcción irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, y una reducción no técnica de aproximadamente el 40 % del área reconocida como humedal.

Situaciones de presión en torno a los humedales

  • Caribe Sur: El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y el accionar de diversas organizaciones ha permitido reportar tala, drenaje y uso comercial de humedales en zonas como Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, evidenciando  permisividad institucional (Observatorio de Bienes Comunes, 2025).
  • Playa Negra (Talamanca): En febrero de 2025, se denunció un intento de relleno de humedal en plena Zona Marítimo Terrestre, detenido gracias a la intervención ciudadana y del Ministerio Público (Martinez, 2025).

  • Estero del río Lagarto (Sámara): En 2024, la Sala Constitucional ordenó estudios tras comprobarse afectaciones por obras privadas sobre un ecosistema frágil (CRHoy, 2024).
¿Reconocimiento internacional?: Humedales mencionados en el informe

Aunque el Estado costarricense no presentó reportes formales sobre el estado de sus humedales entre 2022 y 2025, el documento oficial para la COP15 de la Convención Ramsar sí reconoce dos casos críticos en el país. En su Anexo 4a, que enumera los sitios con alteraciones ecológicas confirmadas por las autoridades nacionales o verificadas por la Secretaría, aparecen los humedales Ramsar Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe como parte de los 185 sitios a nivel mundial con expedientes abiertos bajo el artículo 3.2.

Este registro internacional refuerza lo que ha sido ampliamente denunciado en territorio nacional:

  • En Gandoca-Manzanillo, se han documentado construcciones irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, ocupaciones dentro del humedal y una reducción no técnica del 40 % del área reconocida, impulsada por la Directriz 09-2023 del MINAE. Este caso ha generado denuncias ante la Convención Ramsar y solicitudes de revisión al Ministerio del Ambiente. En julio de 2025, la Sala Constitucional anuló el Plan de Manejo vigente, señalando que viola el principio constitucional de un ambiente sano y la Convención Ramsar.

  • En Térraba-Sierpe, la situación también es alarmante. El sitio fue incluido en la lista por afectaciones ecológicas no reportadas oficialmente. Entre ellas destacan la contaminación potencial asociada a una planta de tratamiento, ocupaciones ilegales y la orden de medidas de restauración por parte de la Fiscalía Ambiental de Osa. Esta omisión en los reportes estatales viola el artículo 3.2, que exige informar sobre cualquier cambio en las condiciones ecológicas de los humedales protegidos.

Esta se encuentra detenida por el momento, gracias a la resistencia organizada de la comunidad de Salamá, en Osa. En junio de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Concejo Municipal declaró como “inconveniente para los intereses del cantón” un proyecto privado de relleno sanitario promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L., que pretendía instalarse en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe. Entre los riesgos identificados destacaban la contaminación por lixiviados, el impacto sobre nacientes y quebradas no contempladas, así como afectaciones potenciales a este ecosistema protegido. La movilización comunitaria, junto con intervenciones clave como la del diputado Ariel Robles ante SETENA, fue determinante para detener esta iniciativa, que violaba normativas relacionadas con áreas silvestres protegidas. Este caso demuestra el rol crucial de la participación social en la defensa de los humedales frente a proyectos incompatibles con su valor ecológico y cultural.

También se mencionan los casos del Parque Nacional Palo Verde y el Humedal Caribe Noreste, donde se reportan proyectos de infraestructura y cambios ecológicos sin actualizaciones estatales. Cabe recordar que los Estados Parte deben remitir información periódica a la Convención Ramsar cada seis años, y en este caso no se ha hecho desde hace más de seis años (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

El hecho de que estos sitios figuren en el informe oficial de la COP15, pese al silencio del gobierno costarricense, evidencia una grave desconexión entre la realidad ecológica y los compromisos internacionales asumidos por el país. También subraya el papel clave que cumplen la vigilancia ciudadana, la acción judicial y la presión social para visibilizar y denunciar las amenazas sobre estos bienes comunes.

¿Qué explica esta omisión?

La desconexión entre los hechos documentados y el silencio en los reportes oficiales responde a factores estructurales y políticos:

  • Fragmentación institucional: La gestión de humedales recae en múltiples entidades con escasa coordinación (SINAC, AyA, municipalidades, etc.).

  • Desfinanciamiento ambiental: La política de austeridad del gobierno limita la capacidad operativa de las instituciones ambientales.

  • Modelo de desarrollo extractivo: Se fomenta la inversión turística e inmobiliaria incluso sobre territorios protegidos, sin evaluaciones integrales ni participación social efectiva.

  • Desregulación ambiental: Se debilitan marcos normativos y controles institucionales en nombre de la «reactivación económica», lo que facilita actividades nocivas en ecosistemas frágiles.

  • Corrupción y captura institucional: Funcionarios y autoridades favorecen intereses privados mediante decisiones discrecionales, omisiones deliberadas o trámites irregulares que permiten el avance de proyectos extractivistas sobre áreas protegidas.

Esta inercia no es solo técnica: es una forma de violencia institucional que invisibiliza los conflictos ecológicos y facilita la mercantilización de territorios esenciales para la vida.

Del discurso verde a la acción ausente

Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre una narrativa de sostenibilidad y liderazgo ambiental. Sin embargo, la ausencia total de acciones en el marco de la Convención Ramsar entre 2022 y 2025 evidencia una fractura entre el discurso ambiental y la práctica estatal. Esta omisión no es aislada: es coherente con el más reciente informe de labores del presidente ante la Asamblea Legislativa, en el cual no se mencionó ningún avance en torno a la política ambiental; de hecho, ni siquiera se aludió al tema. (Observatorio Bienes Comunes, 2025)

Más allá de los informes, lo que está en juego son los territorios del agua, los ciclos ecológicos y los modos de vida que dependen de los humedales. Frente al avance del extractivismo turístico, el desinterés gubernamental y la burocracia sin voluntad, urge reactivar la vigilancia pública y fortalecer la participación comunitaria en la defensa de estos ecosistemas como bienes comunes esenciales para la vida digna.

“Sitios Ramsar de Costa Rica: Estado de conservación y principales amenazas”

Indicaciones:
🟢 Buen estado general
🟡 Estado intermedio / presión moderada
🔴 Estado crítico / alta presión

Sitio RamsarUbicaciónÁrea (ha)Estado
Parque Nacional Palo VerdeGuanacaste~18 418🟡 Sedimentación y presión agrícola
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño NegroAlajuela~9 969🟡 Cambios hidrológicos y sedimentación
Parque Nacional TortugueroLimón~26 156🟡 Presión turística
Humedal Nacional Térraba-SierpePuntarenas~27 000🔴 Ocupaciones ilegales y contaminación
Parque Nacional Isla del CocoPacífico oceánico~99 623🟢 Buen estado general, pesca ilegal externa
Laguna RespingueGuanacaste~245🟡 Baja atención institucional
Parque Nacional Marino Las BaulasGuanacaste~439🟡 Expansión inmobiliaria cercana
Estero de Puntarenas (no es parte Ramsar, sin embargo de importancia)Puntarenas~24 000🔴 Contaminación crónica y expansión portuaria
Humedal MaquenqueZona Norte~59 692🟡 Presión agrícola
Manglares de Potrero GrandeGuanacaste~139🟡 Fragmentación y expansión ganadera
Refugio Nacional de Vida Silvestre TamarindoGuanacaste~500🟡 Presión turística y expansión urbana
Embalse ArenalGuanacaste/Alajuela~5 000🟡 Cambios ecológicos por represas y turismo
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-ManzanilloLimón~5 013🔴 Conflictos de uso del suelo, turismo sin control
Humedal Caribe NoresteLimón~100 000🟡 Fragmentación, deforestación y falta de gestión
Turberas de TalamancaCordillera de Talamanca~19 000🟢 Buen estado general, aunque vulnerable al cambio climático
¿Qué son las Fichas Informativas Ramsar y por qué su actualización es crucial?

La actualización de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y los mapas oficiales de los sitios es una obligación clave dentro de la Convención Ramsar y cumple funciones fundamentales para la protección real de los humedales. Su importancia radica en al menos cinco aspectos:

Seguimiento ecológico riguroso: Las FIR recopilan datos técnicos actualizados sobre el ecosistema del sitio: tipo de humedal, especies presentes (incluidas las amenazadas), servicios ecosistémicos, amenazas actuales y acciones de manejo. Sin estos datos, no se puede evaluar ni responder al deterioro ecológico.

Delimitación clara del territorio protegido: Los mapas actualizados definen los límites legales y geográficos del sitio Ramsar. Esto es clave para evitar invasiones, proyectos mal ubicados o disputas sobre uso del suelo. Sin mapas precisos, los humedales quedan vulnerables a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o turística.

Base legal y administrativa: La FIR y el mapa son los instrumentos que respaldan las medidas de protección ante tribunales, autoridades ambientales o proyectos con potencial impacto.
Sin una FIR vigente, la defensa jurídica del sitio se debilita.

Cumplimiento de compromisos internacionales: Ramsar exige actualizar estas fichas al menos cada seis años. No hacerlo puede implicar el incumplimiento de obligaciones multilaterales y afecta la credibilidad ambiental del país.

Transparencia y participación: La información pública actualizada permite que comunidades locales, investigadores y organizaciones puedan monitorear, denunciar y proponer acciones de mejora, fortaleciendo la gobernanza ambiental.

Referencias:

Arrieta, Esteban (2025, 2 de marzo). Frenar obras en Gandoca‑Manzanillo es urgente, según Defensoría ante la Sala IV. La República. Recuperado de:
https://www.larepublica.net/noticia/frenar-obras-en-gandoca-manzanillo-es-urgente-segun-defensoria-ante-la-sala-iv

Chacón, Vinicio. (2025, 24 de julio). Gandoca‑Manzanillo y Parque Nacional Palo Verde incluidos en informe Ramsar sobre humedales con “cambios negativos”. Semanario Universidad. Recuperado de:
https://semanariouniversidad.com/pais/gandoca-manzanillo-y-parque-nacional-palo-verde-incluidos-en-informe-ramsar-sobre-humedales-con-cambios-negativos/

Convención Ramsar. (2025). Informe de la Secretaría de conformidad con el Artículo 8.2 sobre la Lista de Humedales de Importancia Internacional (COP15 Doc.9). https://www.ramsar.org/document/cop15-doc9

Córdova, Javier. (2013, 25 de enero). Humedales Ramsar sobreviven en Costa Rica casi sin protección: crítica de Contraloría. Semanario Universidad. Recuperado de:
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CRHoy. (2024, julio 5). Sala IV ordena estudios sobre humedales afectados en Sámara. Recuperado de https://www.crhoy.com/nacionales/sala-iv-ordena-a-sinac-estudios-sobre-humedales-en-playa-samara/

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El País.cr. (2025, 16 de julio). Sala IV anula Plan de Manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo por vulnerar protección ambiental. El País.cr. Recuperado de:
https://www.elpais.cr/2025/07/16/sala-iv-anula-plan-de-manejo-del-refugio-gandoca-manzanillo-por-vulnerar-proteccion-ambiental/

Martínez, Alonso. (2025, febrero 12). Ambientalistas denuncian relleno ilegal en Playa Negra, Talamanca. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/02/ambientalista-denuncia-intento-de-rellenar-humedal-en-playa-negra-puerto-viejo

Ministerio Público de Costa Rica. (2025, 17 de julio). Hombre deberá suspender actividades económicas en terrenos del Estado dentro de humedal Térraba-Sierpe. Ministerio Público. Recuperado de:
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Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 17 de junio). Comunidad de Salamá logra otro paso para frenar el “basurero”: Concejo Municipal de Osa declara inviable el proyecto privado. Gestión de residuos, Impacto ambiental, Relleno sanitario Osa. Recuperado de Observatorio Bienes Comunes UCR Recuperado de: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidad-de-salama-logra-otro-paso-para-frenar-el-basurero-concejo-municipal-de-osa-declara-inviable-el-proyecto-privado

Observatorio Bienes Comunes UCR. (2025, 14 de julio). Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo. Observatorio de Bienes Comunes. Recuperado de:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/ La República+3Observatorio de Bienes Comunes+3Observatorio de Bienes Comunes

Observatorio de Bienes Comunes. (2025, 16 de mayo). Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe sur costarricense. Universidad de Costa Rica. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/relleno-tras-relleno-la-agonia-de-los-humedales-en-el-caribe-sur-costarricense

Observatorio Bienes Comunes (2025, 4 mayo) ¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025. Recuperado de https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/ambientalismo-oficial-informe-de-labores-del-presidente-chaves-2024-2025/

Pomareda, Fabiola. (2025, 14 de marzo). Convención Ramsar pedirá aclaraciones a ministro Franz Tattenbach sobre denuncia de desprotección a humedales de Gandoca‑Manzanillo. Semanario Universidad. Recuperado de:
https://semanariouniversidad.com/pais/convencion-ramsar-pedira-aclaraciones-a-ministro-franz-tattenbach-sobre-denuncia-de-desproteccion-a-humedales-de-gandoca-manzanillo/

Ramsar Convention Secretariat. (2024). COP14 national report: Costa Rica. Ramsar Convention on Wetlands. Recuperado de:
https://www.ramsar.org/document/cop14-national-reports-costa-rica

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Despojos racistas: Rostros de la «transición verde»

En esta conversación profunda y urgente con Josefa Sánchez Contreras, abordamos cómo las luchas ambientales están siendo cooptadas por discursos que, en nombre de salvar el planeta, perpetúan formas de despojo racista y colonial. Hablamos del colonialismo energético, las falsas soluciones verdes, el engaño de la transición energética, y los retos de construir ecologismos realmente antirracistas y anticoloniales. Josefa comparte desde su experiencia de lucha, señalando la importancia de los saberes territoriales, comunitarios e indígenas frente a una ecología de mercado que invisibiliza resistencias y reproduce violencias históricas.

🔴 Una entrevista que interpela, incomoda y abre caminos hacia otras formas de defender la vida y el territorio.

Si desean conocer más sobre la obra de Josefa, puden leer:

Crédito de imagen: Semanario Universidad.

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Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en «botín»

Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña

Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.

Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.

Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”

Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.

Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.

Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.

Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes

Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:

“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”

El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.

A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.

Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.

El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización

La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.

Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.

Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.

Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.

Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.

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Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó formalmente la nulidad de la Ley 9223, denunciando su carácter fraudulento y su impacto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Documentos técnicos respaldan la denuncia y evidencian omisiones, permisividad institucional y un patrón de urbanización encubierta en terrenos protegidos.

El 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología elevó una solicitud formal ante la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se declare la nulidad total de la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”.

Según Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, esta ley constituye un fraude legal, promovido para favorecer intereses inmobiliarios a costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), un sitio de importancia ecológica reconocido internacionalmente como sitio Ramsar 783.

Las principales demandas de la Asociación incluyen:

  • La nulidad de la ley por falta de sustento técnico y por vulnerar principios de conservación.

  • Investigación de funcionarios responsables de omitir y manipular informes ambientales.

  • Medidas urgentes para garantizar la protección del sitio Ramsar y de las personas defensoras ambientales en la región.

Documentos clave que sustentan la denuncia

📄 Informe del Tribunal Ambiental Administrativo (2011):
La finca conocida como Puket, ubicada dentro del área estatal del REGAMA, fue inspeccionada y se documentó una serie de alteraciones ambientales —tala, canales de drenaje, fraccionamiento de terreno— sobre un área de 9.1 hectáreas. El informe confirma que el terreno presenta características de bosque húmedo y humedal, reforzando su valor como patrimonio natural, y anticipa un posible cambio de uso del suelo encubierto bajo prácticas irregulares.

📄 Informe jurídico del SINAC (2019):
El documento SINAC-ACTO-AL-55-2019 expone las irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 9223: falta de expediente técnico válido, eliminación deliberada de recomendaciones técnicas, y omisión de criterios ambientales fundamentales. Además, evidencia que más de 200 permisos de uso han sido emitidos en áreas excluidas del REGAMA, sin controles ni criterios ambientales claros.

📄 Oficio TAA 0-361-2023:
El Tribunal Ambiental Administrativo, en respuesta a una solicitud de seguimiento, confirma que la finca Puket sigue en situación de impacto ambiental y que el informe técnico original (2011) permanece sin formalización en los expedientes. Esta falta de trazabilidad institucional revela un patrón de desatención frente a denuncias ambientales reiteradas.

¿De qué se trata la Ley 9223?

La Ley 9223, titulada oficialmente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, fue promulgada con el objetivo aparente de regularizar la situación jurídica de las personas que habitan en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), particularmente en el Caribe Sur de Costa Rica. Se justificó como una medida para proteger los derechos de habitantes afrodescendientes y otros pobladores históricamente asentados en la región, quienes enfrentaban inseguridad jurídica debido a la superposición de sus viviendas y territorios con una zona protegida declarada como área silvestre protegida.

No obstante, diversas investigaciones, denuncias y documentos oficiales han revelado múltiples irregularidades en el proceso de aprobación de esta ley. Entre los principales cuestionamientos destacan:

  1. Ausencia de estudios técnicos adecuados para justificar la desafectación de 406 hectáreas del área protegida, incluyendo más de 200 hectáreas de bosque, algunas en excelente estado de conservación.
  2. Violación de principios ambientales fundamentales, como el principio precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad.
  3. Modificaciones en el contenido técnico del informe del SINAC, eliminando recomendaciones y conclusiones críticas que desaconsejaban la exclusión de áreas boscosas y costeras.
  4. Otorgamiento de más de 200 permisos municipales en la zona desafectada, incluso durante el proceso de acción de inconstitucionalidad, sin garantías ambientales ni técnicas.
  5. Exclusión de terrenos estratégicos como el del antiguo Hotel Las Palmas-Hotel Suerre, que había sido recuperado por el Estado tras largos procesos judiciales, pero que fue eliminado del REGAMA sin justificación clara.

Además, los informes técnicos señalaban que la desafectación incluía zonas de humedal, bosque anegado y áreas con gran valor ecológico, sin que se hubieran aplicado estudios de impacto ambiental adecuados ni se valorara la funcionalidad ecológica de los ecosistemas implicados. Esto ha generado un serio riesgo de degradación ambiental del Sitio Ramsar 783, afectando directamente la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado.

En resumen, la Ley 9223 ha sido ampliamente denunciada por ambientalistas y organizaciones sociales como una normativa hecha a la medida de intereses inmobiliarios y turísticos, y no como una respuesta real a las necesidades de las comunidades históricas del Caribe Sur. Diversos sectores han solicitado su nulidad total por fraude, omisiones técnicas y violaciones legales, especialmente en lo que respecta a la protección del ambiente y la gestión de áreas silvestres protegidas.

Una vigilancia que evidencia el vacío institucional

Más que llevar el caso a instancias nacionales, el esfuerzo sostenido de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y de su presidente Marco Levy Virgo ha permitido visibilizar las incongruencias institucionales, la incapacidad de dar seguimiento efectivo a las denuncias y la forma en que muchos casos se cierran sin responder a la evidencia. Desde 2017, han documentado omisiones, contradicciones y negligencias que ponen en entredicho el cumplimiento del marco legal ambiental. Su labor no solo denuncia, sino que obliga a las instituciones a enfrentar el espejo de su inacción y a reconocer el papel fundamental de la vigilancia comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

Participación ambiental como garantía de lo común

La sistemática documentación de omisiones, contradicciones y negligencias que ha realizado la Asociación para el Desarrollo de la Ecología revela algo más profundo que un simple fallo administrativo: evidencia una institucionalidad ambiental que, en muchos casos, no logra cumplir con sus propias obligaciones de protección, seguimiento y cumplimiento. Frente a ello, el acompañamiento comunitario y la participación informada se convierten en pilares fundamentales no solo para denunciar, sino para sostener la legalidad ambiental desde las comunidades.

La vigilancia ejercida por las comunidades no es solo un ejercicio de denuncia, es una forma activa de cuidado colectivo de los bienes comunes. Cuando las instituciones no llegan, retroceden o desatienden, son las voces locales las que mantienen viva la defensa del patrimonio natural. Reconocer y fortalecer estos procesos es clave para asegurar que el marco legal ambiental no quede en papel, sino que se traduzca en acción, protección y justicia ecológica.

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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.

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El aeropuerto que pretende enterrar la memoria

“Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”

Rodrigo Chaves Robles

 

Evaluación arqueológica del proyecto Aeropuerto Internacional del Sur

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), anunció la conclusión satisfactoria de la evaluación arqueológica en el área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur, en Palmar Sur de Osa. El estudio abarcó 131,5 hectáreas en cuatro fincas, tuvo un costo de $560.000 USD, y se desarrolló entre marzo y noviembre de 2024, con recursos aportados por COCESNA y supervisión de la Dirección General de Aviación Civil.

El proceso fue liderado por un equipo del Departamento de Antropología e Historia del MNCR, con participación de personal contratado localmente, lo que, según el MCJ, aseguró la inclusión comunitaria. La Comisión Arqueológica Nacional aprobó el informe final presentado por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa, lo que habilita la continuidad del proyecto aeroportuario.

El estudio consistió en más de 2.750 pozos de prueba y análisis de laboratorio. Si bien se determinó la ausencia de arquitectura monumental, se identificaron zonas con alta densidad de restos cerámicos y líticos en las fincas 9 y 10, que datan del periodo Chiriquí (800–1550 d.C.). Se recomienda realizar excavaciones de rescate en esas áreas, así como supervisar los movimientos de tierra durante la construcción y redefinir los polígonos arqueológicos existentes.

El informe también sugiere continuar investigaciones para comprender mejor la ocupación histórica del delta, y considera necesario evaluar el posible impacto sobre el sitio declarado Patrimonio Mundial en Finca 6. Este aspecto será abordado en una futura evaluación de impacto patrimonial.

El MCJ y el INDER iniciaron una devolución de resultados a la comunidad, incluyendo encuentros con pobladores locales, instituciones y organizaciones comunales. Se anunció que el rescate arqueológico se ejecutará en el primer trimestre de 2026, y que próximamente se iniciarán estudios ambientales, geológicos e hidráulicos como parte del desarrollo del Plan Maestro Aeroportuario.

Por qué debemos proteger los bienes comunes culturales más allá de la monumentalidad

En diversas regiones de América Latina, megaproyectos como represas, carreteras, complejos turísticos o aeropuertos se presentan como oportunidades de «desarrollo» sobre territorios considerados vacíos o subutilizados. Cuando estos espacios fueron habitados por pueblos indígenas hoy extintos, y no hay presencia de arquitectura monumental visible, se afirma que no hay obstáculos para intervenirlos. Esta afirmación, sin embargo, desconoce el valor de esos territorios como bienes comunes culturales: espacios donde persisten memorias colectivas, vínculos ancestrales con el paisaje y restos materiales e inmateriales de enorme significación.

La ausencia de arquitectura monumental no equivale a la ausencia de cultura. Y la extinción de un pueblo indígena no justifica la eliminación de su legado. Esta nota propone una reflexión crítica sobre el patrimonio arqueológico y cultural como parte de los bienes comunes, una categoría que interpela el modelo de desarrollo extractivo y mercantilizador del territorio, y que nos obliga a repensar el sentido de lo que compartimos como sociedad.

El paisaje como memoria: territorio, cultura y bien común

Para muchas culturas originarias de América Latina, el territorio es mucho más que un soporte físico para la vida. Es un espacio vivo, habitado por memorias, espíritus, historias, rutas, cantos y silencios. En este sentido, el territorio se convierte en paisaje cultural, una categoría reconocida por la UNESCO que permite pensar el valor del espacio más allá de la presencia de estructuras materiales visibles.

El paisaje cultural es, entonces, una expresión de los bienes comunes culturales: no se trata de una propiedad privada ni de un recurso a explotar, sino de una herencia compartida que se transmite entre generaciones. María Pesoa (2016) propone comprender estos paisajes como espacios donde la geografía y la historia se entrelazan, y donde la ausencia de arquitectura monumental no significa ausencia de significado.

En muchas ocasiones, los lugares que hoy parecen «vacíos» o sin valor arqueológico han sido antiguos centros ceremoniales, rutas de intercambio, zonas funerarias o escenarios de vida cotidiana. Desconocer esto es negar la posibilidad de construir una relación respetuosa y solidaria con la memoria territorial de quienes nos antecedieron.

Lo que permanece aunque no se vea: culturas extinguidas y legado vivo

Uno de los argumentos que más se repite para justificar la intervención sobre territorios con ocupación indígena antigua es que «ya no existe el pueblo». Sin embargo, esta afirmación ignora que la desaparición de una cultura como colectividad biológica no implica la desaparición de su legado. La tierra guarda rastros, silencios, marcas y memorias que no pertenecen a nadie en particular, pero que nos interpelan a todos como sociedad.

En este marco, el arqueólogo Rubén Schmidt Dias (2016) sostiene que el silencio patrimonial no es casual, sino que responde a una política de invisibilización. Reconocer un territorio como portador de bienes comunes culturales implica desafiar el paradigma del progreso lineal y abrir la posibilidad de una historia más diversa, donde las voces ausentes también tienen derecho a ser escuchadas.

La protección de estos territorios no debe depender de si hay una comunidad reclamante o de si se pueden monetizar sus vestigios. Debe partir del principio de responsabilidad ética hacia la memoria colectiva y del derecho de las generaciones futuras a conocer y valorar esa diversidad.

Normas, derechos y disputas sobre el valor de lo común

Diversos marcos normativos internacionales reconocen que el patrimonio cultural no se limita a lo visible ni a lo monumental. El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los Estados deben garantizar la protección del territorio, la memoria y la identidad como derechos colectivos.

Iván Merino Calle (2021) subraya que los bienes comunes culturales son aquellos que, aunque no estén bajo custodia de una comunidad viva, constituyen parte de la diversidad cultural de la humanidad y deben ser preservados como tales. Asimismo, un estudio de Levrand publicado por la Revista de Derecho Privado (2022), destaca que la propiedad privada no puede imponerse sobre el derecho colectivo a la memoria, sobre todo cuando se trata de bienes de interés histórico, arqueológico o simbólico.

La disputa no es sólo legal, sino profundamente política: ¿qué se considera valioso?, ¿qué merece ser conservado?, ¿qué intereses deciden el destino de un territorio que guarda rastros de la historia precolombina?

lo que no se ve también nos pertenece

Construir un aeropuerto sobre un territorio que fue habitado por una cultura ancestral —hoy sin herederos visibles, sin templos ni monumentos— es borrar una parte de la historia en silencio. Es actuar como si la memoria colectiva fuera un obstáculo para el desarrollo, y no una fuente de riqueza social y espiritual.

Los bienes comunes culturales nos invitan a pensar en lo compartido, en aquello que no se puede poseer individualmente pero que sostiene nuestra identidad colectiva. Son vestigios, paisajes, saberes, nombres antiguos, cantos olvidados y formas de habitar que desafían la lógica del mercado. Defenderlos no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad con la memoria y de compromiso con el futuro.

¿Solo lo monumental merece ser protegido? Crítica al sesgo y alternativas emergentes

El criterio de monumentalidad ha sido durante décadas un filtro excluyente en las políticas de conservación patrimonial. Bajo esta lógica, solo aquellos restos visibles, imponentes y duraderos —como pirámides, templos o esculturas en piedra— han sido considerados valiosos, mientras que los contextos culturales sin esas características han sido catalogados como secundarios o descartables. Esta visión ha justificado la omisión institucional y el avance de megaproyectos sobre sitios de enorme valor simbólico e histórico.

Sin embargo, este enfoque está siendo crecientemente cuestionado. Diversos sectores de la arqueología contemporánea, la antropología crítica y la gestión cultural comunitaria sostienen que el patrimonio no puede reducirse a lo monumental ni a lo visible. La noción de arqueología del paisaje, por ejemplo, propone estudiar el territorio como una totalidad habitada y transformada por las culturas humanas, integrando rutas, campos agrícolas, depósitos de desechos, marcadores rituales y prácticas cotidianas que no dejan huellas espectaculares, pero que son profundamente significativas.

Asimismo, las perspectivas decoloniales han problematizado cómo el monumentalismo reproduce jerarquías civilizatorias, privilegiando aquellas culturas que se parecen más al canon arquitectónico europeo, y relegando otras formas de conocimiento, espiritualidad y organización espacial. En esta línea, se propone valorar también el patrimonio inmaterial y las relaciones socioecológicas con el entorno: saberes sobre plantas, animales, aguas, técnicas de construcción no permanentes y cosmologías territoriales.

Estas nuevas aproximaciones coinciden en rechazar una visión del patrimonio como inventario de objetos y proponen, en cambio, entenderlo como un campo de relaciones sociales, políticas y simbólicas. Bajo este paradigma, los bienes comunes culturales no se limitan a lo que puede ser expuesto en un museo o declarado como monumento nacional, sino que incluyen también lo intangible, lo cotidiano, lo desplazado, lo olvidado.

El desafío, entonces, es doble: desmontar los criterios de exclusión que han operado bajo el ropaje de la “técnica”, y construir marcos de reconocimiento que valoren la diversidad de formas culturales sin jerarquías coloniales. Solo así será posible avanzar hacia una protección del patrimonio que sea realmente democrática, participativa y respetuosa de los territorios como espacios de memoria viva.

Criterios para valorar territorios como bienes comunes culturales (más allá de lo monumental)

  1. Vínculo simbólico y espiritual con el paisaje
    • Reconocer los territorios donde existieron prácticas ceremoniales, narrativas míticas, lugares sagrados o hitos espirituales, aunque no haya estructuras visibles.
    • Valoración basada en significados culturales, no en formas arquitectónicas.
  2. Persistencia de toponimias y oralidades locales
    • Rescatar el valor patrimonial de los nombres de lugares, relatos y memorias transmitidas oralmente.
    • Las toponimias pueden ser huellas vivas de antiguas territorialidades indígenas.
  3. Rastro arqueológico no monumental (microcontextos)
    • Incluir sitios con evidencias dispersas como fragmentos cerámicos, fogones, herramientas, estructuras de uso cotidiano o basureros prehispánicos.
    • Estos elementos permiten reconstruir modos de vida no centrados en la monumentalidad.
  4. Relaciones ecosistémicas históricas (patrimonio biocultural)
    • Identificar la gestión ancestral del territorio a través de terrazas agrícolas, canales, diversidad genética de cultivos o prácticas de manejo del agua.
    • Integra la dimensión ecológica como parte del legado cultural.
  5. Existencia de rutas, senderos y usos ancestrales del espacio
    • Reconocimiento de caminos ceremoniales, rutas de intercambio o corredores rituales invisibilizados por el paradigma urbanístico moderno.
    • Su valor está en la función, no en la forma.
  6. Memoria colectiva y apropiación comunitaria actual
    • Aunque no haya una comunidad indígena originaria vigente, se puede valorar el sitio desde su importancia para la identidad, educación y conciencia histórica de comunidades locales actuales.
  7. Potencial de investigación y conocimiento
    • Los sitios con posibilidad de generar conocimiento sobre culturas poco estudiadas, aunque no tengan visibilidad monumental, deben protegerse por su valor científico y educativo.
  8. Representación de procesos históricos silenciados
    • Valor patrimonial de lugares vinculados con el genocidio indígena, desplazamientos, colonialismo o extinción cultural forzada.
    • Su conservación es un acto de reparación simbólica.
  9. Inclusión de voces locales y saberes situados
    • Las decisiones sobre el valor patrimonial no deben depender solo de peritajes técnicos, sino incluir las percepciones, memorias y afectos de actores territoriales.
  10. Principio precautorio
  • Ante la duda o el desconocimiento arqueológico, se debe aplicar el principio de precaución: mejor proteger y estudiar antes que destruir sin saber.

Estos criterios pueden ser utilizados para fundamentar denuncias ciudadanas, propuestas de políticas públicas, acciones de defensa del patrimonio o evaluaciones de impacto cultural y arqueológico. También ayudan a resignificar territorios invisibilizados como parte del tejido común de la memoria.

Bibliografía

Levrand, Norma  (2022). Intersecciones entre la propiedad privada y el derecho al patrimonio cultural: Dos casos de estudio en Argentina. Revista de Derecho Privado, 43, 129-160. https://www.redalyc.org/journal/4175/417572654006/

Merino Calle, I. (2021). El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas: bienes comunes ligados a la identidad de la comunidad. Cultura – Hombre – Sociedad, 30(2), 149-159. https://www.researchgate.net/publication/360395938

Ministerio de Cultura y Juventud. (2025, 4 de julio). Ministerio de Cultura y Juventud concluyó satisfactoriamente evaluación arqueológica del área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional el Sur. https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ministerio-de-cultura-y-juventud-concluyo-satisfactoriamente-evaluacion

Muñoz Solano, Daniela. (2023, 21 de febrero). Chaves sobre construcción de aeropuerto en zona patrimonial: “Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-sobre-construccion-de-aeropuerto-en-zona-patrimonial-que-ahi-pueda-haber-algo-no-es-justificacion-para-atrasar-por-mas-de-una-decada-el-progreso/

Pesoa, M. (2016). Paisajes culturales: Entre historia, geografía y proyecto. En G. Dalla-Corte, J. Ortega y M. Pesoa (Eds.), Iberoamérica, España, Cataluña: Intercambios desde la geografía y la historia (pp. 189-200). Casa América Catalunya / UNAM. https://www.researchgate.net/publication/310588670

Schmidt Dias, R. (2016). Patrimonio, memoria y silencio: El legado arqueológico indígena y la política de la invisibilidad en Brasil. Revista Journal of Community Archaeology & Heritage, 3(1), 27-42. https://doi.org/10.1080/20518196.2015.1127216

Créditos imágenes: Semanario Universidad

Mapa: Kioscos Socioambientales

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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¿Hasta la última piedra? El Río Frío bajo amenaza por minería no metálica

La comunidad de Maquengal en Guatuso vuelve a alzar la voz. Esta vez, con más urgencia que nunca.

A pesar de años de las advertencias comunitarias y las evidencias sobre el daño ambiental, la administración anterior de la Municipalidad de Guatuso aprobó una nueva concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más. Mientras tanto, maquinaria pesada ya está escarbando en la poza ubicada cerca de la base del puente de cemento, removiendo material de forma intensiva y alterando drásticamente el cauce del río.

El impacto es tangible. Las pozas ya no están, la sedimentación impide la navegación, las corrientes disminuyen, los espacios de recreación se han vuelto inseguros, y los bordes del río se erosionan visiblemente. Lo que antes era parte del paisaje vivo de la comunidad, hoy es un recuerdo en peligro de desaparecer.

“Esto ha venido a matar el río. Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR, el humedal de Caño Negro, que no estamos cuidando”, expresó una persona vecina. El Río Frío no solo es un símbolo cultural y económico para la región, sino el principal afluente del Humedal Caño Negro, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y protegido bajo la Convención RAMSAR.

Cuando se arranca el río, se arranca la vida

La extracción sin regulación no solo pone en riesgo ecosistemas: también daña infraestructura pública, propiedades privadas y genera condiciones propicias para inundaciones y pérdida de suelos. Este riesgo es más que una posibilidad futura: ya está ocurriendo en la poza cercana a la base del puente de cemento que une Maquengal con la Amapola, donde actualmente maquinaria remueve material sin un monitoreo claro. Las alteraciones al cauce y al entorno inmediato podrían comprometer la estabilidad del propio puente, aumentar la erosión de las riberas y agravar las afectaciones aguas abajo.

Es decir, el afán por “sacar hasta la última piedra” termina dejando un vacío que se siente en lo ambiental, lo social y lo económico. La remoción del lecho del río no solo altera su curso natural, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes viven a su alrededor.

El caso de Maquengal es más que una denuncia: es una lección de participación ambiental comunitaria. En marzo de este año, durante el Festival del Agua, vecinas y vecinos entregaron cartas al alcalde Carlos Sequeira y a autoridades ambientales, recordando el compromiso asumido de hacer un diagnóstico ecológico del cantón. Esta solicitud no es caprichosa: es una necesidad urgente, especialmente cuando ya se están interviniendo zonas sensibles del río sin un control efectivo y con impactos visibles que podrían ser irreversibles.

Voces por la protección del Río Frío

En Maquengal, la defensa del río no es un asunto técnico ni lejano: es cotidiano, vivido, sentido. Las personas vecinas se preguntan por qué se insiste en extraer piedra del Río Frío, mientras existen otros cauces que podrían asumir esa carga sin tanta afectación.

“¿Por qué todas las piedras grandes se las llevan del Río Frío? ¿Por qué no se hace un equilibrio con otros ríos como el Celeste, el Venado o el Samen, que también tienen bastante piedra? Aquí ya están sacando hasta las piedras grandes, las que le dan forma al río, las que sostienen sus orillas.”

La preocupación va más allá de Maquengal. Vecinos de otras zonas del cantón han señalado cómo el dragado también ha afectado humedales y otros afluentes del Río Frío. En lugares como Buenavista, donde el mismo río Celeste ofrecía pozas naturales, hoy las familias recuerdan con tristeza cómo esos espacios desaparecieron.

“Han sacado manzanas enteras de humedal. Lo vemos en Llanos, lo vemos en Buenavista, y el gobierno local no hizo nada. Antes la gente se bañaba en Semana Santa, ahora las pozas ya no están.”

Frente a este abandono institucional, muchas personas se preguntan qué ha hecho el gobierno local en todos estos años.

“¿Qué ha estado haciendo la municipalidad mientras todo esto pasa? La población sí ha estado observando, denunciando, pero las veredas del río se destruyen, los humedales se secan, y seguimos sin respuestas claras. ¿A dónde vamos a llegar si no se detiene esto?”

Las voces del territorio, lejos de ser ruido, son un llamado urgente: dejar descansar al río, repensar las prioridades, y cuidar lo que aún late antes de que lo borren hasta la última piedra.

¿Desarrollo para quién?

Las comunidades no están en contra del desarrollo. Están en contra del saqueo, del uso intensivo de un bien común para el lucro de unos pocos, sin respetar los límites ecológicos ni los derechos de quienes viven en el territorio. Mientras se extrae el material, las personas vecinas de Maquengal pierden el potencial turístico del Río Frío, que antes atraía visitantes por su belleza natural y su biodiversidad. Pero aún más grave: pierden también su espacio recreativo local, el lugar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartían, se bañaban, pescaban y construían sus vidas cotidianas.

Como expresan con firmeza sobre la relación entre el humedal de Caño Negro y el río Frío: “no se puede seguir vendiendo al mundo un sitio de valor ambiental si no se está cuidando ni monitoreando”.

Frente al extractivismo, la comunidad propone un camino distinto:

  • Priorizar proyectos que beneficien el bienestar.

  • Regular con criterios ambientales.

  • Evaluar los daños acumulados y restaurar los ecosistemas.

  • Escuchar y respetar la voz de quienes han vivido, cuidado y defendido el río toda su vida.

Participar es un derecho, manternos es un deber

El Acuerdo de Escazú y la Ley Orgánica del Ambiente reconocen el derecho de las personas a participar en las decisiones ambientales. Y eso es precisamente lo que hace Maquengal: ejercer su derecho a defender un río que aún vive, que aún canta, pero que está siendo silenciado a golpe de retroexcavadora.

No podemos permitir que la minería no metálica borre nuestras pozas, nuestros recuerdos, nuestra seguridad, nuestra biodiversidad.

Porque cuando se agota hasta la última piedra, lo que queda es el vacío de lo que fuimos.

¿Qué es la minería no metálica y por qué afecta tanto?

La minería no metálica es la extracción de materiales como arena, piedra, grava, caliza, arcilla y otros minerales que no contienen metales. En Costa Rica, esta actividad se realiza principalmente para abastecer la industria de la construcción: carreteras, puentes, edificios y desarrollos inmobiliarios.

Aunque no se trate de oro o cobre, los impactos ambientales de esta minería pueden ser igual de devastadores, especialmente cuando se realiza en cauces de ríos o zonas sensibles:

  • Modifica el cauce natural del río, alterando sus flujos y aumentando el riesgo de

  • Provoca erosión en las riberas, afectando árboles, vegetación y vida

  • Contribuye a la sedimentación, lo que daña la calidad del agua y reduce el hábitat de muchas especies acuáticas.

  • Disminuye el caudal, afectando a las personas que dependen del río para consumo, agricultura o recreación.

  • Fragmenta los ecosistemas, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de los humedales de cumplir funciones clave, como el control de inundaciones o la regulación del clima local.

Cuando esta actividad no se regula adecuadamente, se convierte en una forma de extractivismo destructivo que sacrifica el largo plazo en nombre de un beneficio inmediato y desigual.

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Zona pública en peligro: construcciones, abandono y apropiación en la franja costera

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con la defensa del territorio costero, realizó como parte de su labor de monitoreo ambiental un recorrido por un conocido punto de la costa caribeña sur, frecuentado por surfistas y turistas. Lo que encontró vuelve a confirmar las alertas sobre una situación que se repite cada vez con más frecuencia: ocupación irregular de la zona pública y la playa, generando alteraciones en el ecosistema y evidenciando la omisión de deberes por parte de las autoridades municipales.

En las inmediaciones de beach break(lugar donde las olas rompen sobre un fondo de arena, en lugar de sobre un arrecife o roca), en Cocles —una franja de aproximadamente 300 metros conocida como zona dedicada al surf, como muchas otras ubicadas frente al mar— se observan siembras de cocoteros directamente sobre la arena de la playa. Estas intervenciones se suman a la presencia de construcciones que, aunque utilizan materiales como madera redonda para disimular su carácter permanente, cumplen funciones claras dentro del negocio: brindar servicios, delimitar espacios o establecer una presencia física sobre el terreno.

¿Regenerar o encubrir?

La regeneración costera es una necesidad urgente ante los efectos del cambio climático y la erosión. Sin embargo, en este caso, se observa un uso distorsionado del concepto: la siembra de cocoteros no responde a un criterio técnico de restauración ecológica, sino a una apropiación encubierta del espacio público. Se plantan árboles grandes, ajenos al ecosistema originario, con el objetivo de marcar presencia y generar sombra para uso comercial, desplazando especies nativas como el almendro de playa o el jobo.

Este tipo de prácticas transforma la fisonomía de la playa, impide la regeneración natural de la flora local y promueve una imagen homogénea que invisibiliza la diversidad biológica propia del territorio. Además, generan un efecto psicológico de “territorio ocupado”, disuadiendo el uso libre por parte de otras personas.

Construcciones disfrazadas: apropiación sin permiso

Una práctica cada vez más común en esta zona es la instalación de estructuras que se presentan como temporales, ecológicas o móviles, pero que en realidad son parte del funcionamiento permanente de los negocios. Al usar materiales naturales o poco visibles, se busca evitar sanciones y pasar desapercibidos ante la inspección municipal. Algunas de estas construcciones incluso cuentan con conexiones eléctricas y servicio de internet, lo que evidencia su carácter permanente y funcional.

Durante el recorrido realizado por Philippe se evidencia también el uso nocturno del sitio, con intensa iluminación, lo que comprueba que todas estas instalaciones son de uso permanente. A esto se suma que varias zonas del Caribe sur son parte de rutas de anidamiento de tortugas, y este tipo de instalaciones luminosas en la playa puede repercutir negativamente en estos procesos naturales, provocando la desorientación de las tortugas durante su ciclo reproductivo.

Todo lo anterior demuestra que estos elementos no son neutros: alteran profundamente la dinámica del espacio, sustituyen el uso colectivo por un uso comercial, promueven desigualdad —ya que mientras a algunas personas se les exige operar dentro de sus propiedades, otras extienden su actividad directamente sobre la playa— y generan impactos negativos en los ecosistemas costeros, afectando procesos naturales como el anidamiento de tortugas y la regeneración de la vegetación autóctona.

Abandono institucional y urgencia de acción

Lo registrado por Philippe es un ejemplo más del abandono institucional en la protección de la playa. A pesar de múltiples denuncias, los mecanismos de control municipal y estatal no están respondiendo con firmeza ni coherencia. Esta inacción permite que se normalicen prácticas irregulares que vulneran el derecho colectivo y ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio.

La recuperación de la zona pública costera no solo es una responsabilidad legal del Estado, sino también una tarea urgente para la protección de nuestros ecosistemas, el acceso equitativo al espacio común y la defensa del bien común frente al avance de la privatización encubierta.

La ausencia institucional que habilita abusos… e ingenuidades

La falta de monitoreo y presencia efectiva por parte de las autoridades encargadas de velar por la zona pública —como municipalidades, MINAE o el Instituto Costarricense de Turismo— no solo permite que se consoliden prácticas ilegales, sino que crea un ambiente de ambigüedad normativa que habilita tanto abusos intencionados como transgresiones por desconocimiento.

En contextos donde no hay reglas claras aplicadas ni fiscalización visible, florecen las llamadas “zonas grises”: espacios donde se aprovecha la debilidad institucional para apropiarse de bienes comunes sin mayores consecuencias. Esto beneficia especialmente a quienes cuentan con recursos o conexiones para avanzar con obras, instalar negocios o modificar el entorno, incluso dentro de la franja pública.

Pero esta falta de control también genera un efecto menos visible, aunque igualmente preocupante: muchas personas que dependen de actividades económicas de pequeña escala (alquiler de bicicletas, ventas, servicios turísticos) reproducen prácticas irregulares sin saber que están violentando la legislación, simplemente porque no existe acompañamiento, orientación ni procesos formativos desde las instituciones competentes.

Este vacío institucional no solo expone el bien común al deterioro, sino que también crea desigualdad frente a la ley: mientras algunos actores operan en la informalidad con total impunidad, otros reciben sanciones selectivas, y muchos más ni siquiera saben con certeza qué se puede o no hacer en la zona costera.

Revertir esta situación exige más que fiscalización. Implica fortalecer la presencia institucional con enfoque preventivo, educativo y transparente, que combine vigilancia con procesos de diálogo comunitario y apoyo técnico. Solo así podremos construir una relación justa, sostenible y compartida con nuestro litoral.

¿Por qué importa la zona pública costera? Un bien común vital y vivo

La zona pública costera —los primeros 50 metros contados desde la pleamar ordinaria— no es solo una franja de tierra. Es un espacio protegido por ley, concebido como espacio común, de libre acceso y uso colectivo. Su función es social, ambiental y cultural. Es un lugar donde confluyen biodiversidad, recreación, modos de vida y valores simbólicos que son parte del tejido de nuestras comunidades costeras.

Este espacio no pertenece a ningún negocio, empresa ni persona particular, por más tiempo que lleve operando en sus inmediaciones. Pertenece a toda la ciudadanía y debe ser resguardado con criterios de equidad y sostenibilidad.

Dentro de esta zona, la vegetación autóctona cumple funciones ecológicas esenciales:

  • Sostiene la tierra y previene la erosión, al fijar el suelo con sus raíces.
  • Ofrece sombra y refugio para personas, aves, insectos y otros seres que habitan la costa.
  • Protege frente al avance del mar, actuando como una barrera natural ante el oleaje y las tormentas.
  • Favorece la biodiversidad, al mantener un entorno compatible con las especies nativas del ecosistema costero.
  • Preserva la identidad del lugar, aportando a la memoria ecológica y cultural de la comunidad.

Cuando se sustituyen estas especies por cocoteros u otras plantas introducidas con fines ornamentales o comerciales, no solo se altera el paisaje: se debilita el ecosistema costero y se pierde la memoria viva del territorio.

Defender la zona pública costera es, por tanto, defender un espacio que nos protege, nos conecta y nos pertenece a todas y todos. Reforestar con especies nativas, respetar los usos comunes y exigir que se respete la ley no es una actitud radical: es un compromiso mínimo con la vida y con el futuro de nuestras costas.

¿Qué hacemos? Actividades económicas que respetan la zona pública costera

Frente a las múltiples formas de ocupación indebida de la franja costera, también existen experiencias que demuestran que es posible desarrollar actividades económicas sostenibles sin invadir ni privatizar lo que es público. Estas prácticas respetuosas del entorno no solo son legales, sino que refuerzan el vínculo comunitario y el valor ambiental de la zona.

A continuación, algunos ejemplos de buenas prácticas:

  1. Turismo responsable sin infraestructura fija en la playa

Algunos emprendimientos turísticos han optado por ofrecer servicios (clases de surf, yoga, tours guiados) que se realizan sin instalar estructuras permanentes ni delimitar espacios en la playa. Usan señalización móvil, promueven el respeto por la biodiversidad y orientan a los visitantes sobre el valor del ecosistema.

  1. Venta ambulante consciente

Personas vendedoras de comida, bebidas o artesanías utilizan puestos móviles, sin anclajes ni estructuras fijas, que se retiran al final del día. Esta práctica permite aprovechar la dinámica del turismo sin generar apropiación territorial ni residuos permanentes en la zona pública.

  1. Alquiler de bicicletas, tablas o equipos fuera de la zona pública

Emprendimientos de alquiler de equipos para actividades recreativas han instalado sus locales dentro de propiedades privadas o concesiones legales, sin extenderse sobre la franja costera. Algunas de estas iniciativas incluso ofrecen información sobre cómo cuidar el entorno mientras se usa el equipo.

  1. Restauración ecológica participativa

Colectivos comunitarios y negocios conscientes han impulsado procesos de reforestación con especies nativas, retirando residuos y promoviendo la educación ambiental. Estas acciones mejoran el entorno sin necesidad de ocuparlo ni modificarlo para beneficio propio.

  1. Educación ambiental como propuesta económica

Algunos emprendimientos ofrecen recorridos guiados o talleres educativos sobre flora costera, historia local o conservación, contribuyendo al conocimiento y al aprecio por la zona sin alterar el espacio físico ni imponer su uso.

Estas experiencias muestran que es posible generar ingresos, atraer turismo y sostener modos de vida en la costa sin apropiarse de la zona pública ni degradar su valor ecológico. La clave está en el respeto por el entorno, el cumplimiento de la normativa y una visión que entienda el bien común como una base, no como un obstáculo.

Galería

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Dos décadas de advertencias ignoradas: Humedal Río Carbón sigue en riesgo en Playa Negra

En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

  • la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

  • el control de inundaciones y calidad del agua;

  • la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

  • La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

  • El desalojo de los ocupantes ilegales.

  • La restitución del ecosistema a su estado original.

  • El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

  • La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección