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Formación ciudadana que abre camino: Escazú fortalece su proceso hacia el Plan Regulador

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El proceso del Plan Regulador de Escazú continúa mostrando el valor de la formación ciudadana impulsada desde las propias organizaciones sociales, espacios que refrescan la vida democrática y permiten que los debates institucionales se enriquezcan con la voz, la memoria y la experiencia de la comunidad.

El encuentro realizado el pasado lunes 24 de noviembre en la sede de Codece, San Antonio, fue ejemplo de ello. Personas, colectivos y grupos vecinales se reunieron para poner en común el proceso que se ha venido construyendo, compartir inquietudes y aprendizajes, y proyectar los pasos que siguen en la conformación de la Comisión del Plan Regulador.

Intercambio y discusión para ampliar la democracia local

La reunión destacó la importancia de contar con espacios donde la ciudadanía pueda formarse, informarse y contrastar perspectivas. En un momento en el que la planificación territorial enfrenta tensiones políticas, técnicas y sociales, estos ejercicios comunitarios permiten abrir los procesos municipales a una participación más amplia, crítica y corresponsable.

El diálogo colectivo también evidenció cuánto ha significado para el movimiento ciudadano estar presente en los distintos espacios municipales, hacer valer la voz de la comunidad y sostener un seguimiento constante de las decisiones del Concejo Municipal. Este involucramiento ha permitido que la ciudadanía incida y garantice que la planificación del territorio no se cierre en criterios técnicos, sino que integre la diversidad de saberes locales.

Mirar hacia lo que viene: retos y oportunidades

El encuentro también permitió profundizar en cómo se desarrollarán los siguientes pasos del proceso del Plan Regulador. Se destacó el papel clave que tendrán los consejos de distrito en esta fase y se subrayaron varias dimensiones fundamentales a considerar:

  • -Asambleas distritales accesibles y representativas: trabajar para que la participación sea amplia y que los distintos sectores del cantón puedan involucrarse.
  • -Rol de los consejos de distrito: impulsar la organización comunitaria y fortalecer la coordinación entre barrios y colectivos.
  • -Diálogo constante con la institucionalidad: mantener la comunicación abierta para generar confianza y transparencia en el proceso.
  • -Construcción de capacidades comunitarias: formación e información para que la ciudadanía pueda participar de manera crítica y fundamentada.

Estas dimensiones reflejan la importancia de sostener un proceso democrático desde los barrios organizados, colectivos y organizaciones sociales, asegurando que la participación no sea solo simbólica, sino efectiva y duradera.

Se subrayó que el desafío principal será sostener la presencia y la organización, especialmente en un contexto donde las agendas comunitarias deben lidiar con tiempos institucionales, calendarios complicados y la necesidad de seguir generando información accesible para más sectores del cantón.

Compromiso con una democracia viva

Los espacios como este demuestran que la democracia local se construye desde abajo, desde la conversación entre vecinas y vecinos, la reflexión compartida y el ejercicio de imaginar colectivamente el futuro del territorio.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, estos espacios de encuentro y formación ciudadana son la base de cualquier proceso verdaderamente democrático. En ellos se tejen las relaciones, los acuerdos y las capacidades colectivas necesarias para sostener los bienes comunes sociales, naturales y culturales que están en juego en un Plan Regulador. Solo a partir de la organización barrial, el trabajo de los colectivos y el impulso de las organizaciones sociales es posible ampliar la democracia en procesos institucionales frecuentemente marcados por la burocracia, garantizando que la planificación del territorio responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

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Mujeres de Nueva esperanza: La Lucha por la tierra – video

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Las mujeres campesinas de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza han sembrado, por más de dos décadas, mucho más que alimentos: han cultivado comunidad, dignidad y un modelo ejemplar de agroecología en Caño Negro, Los Chiles. Hoy, enfrentan un proceso de despojo que ha borrado cercas, infraestructura y documentos, pero no su convicción.

Este video recoge sus voces en un momento crítico: relatan cómo construyeron “el pulmón de la esperanza”, cómo avanzó la ocupación ilegal de la finca y cómo el abandono institucional —marcado por la pasividad del INDER— profundizó la injusticia.

Aun así, ellas continúan resistiendo. Saben que la lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir viviendo y cultivando aquello que han defendido durante casi 30 años. Su historia recuerda una verdad incómoda: cuando el Estado se ausenta, quienes más pierden son las mujeres rurales que sostienen, desde abajo, la vida y los bienes comunes.

Este video es un acto de memoria y denuncia, pero también de esperanza. Te invitamos a escucharlas.

Memoria viva: un documental para entender lo que está en juego

Como parte del esfuerzo por resguardar la memoria de esta experiencia, también ponemos a disposición el documental Para que vuelvan las mariposas (UNED), una obra que revela la profundidad del trabajo realizado por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza. Con sensibilidad y fuerza, el documental muestra cómo, en medio de la devastación ambiental provocada por la piña y la ganadería extensiva, ellas levantaron un modelo agroecológico colectivo capaz de restaurar suelos, recuperar biodiversidad y reactivar la vida en su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia y alimentos sanos regresaron gracias a su trabajo incansable.

Hoy, ese legado está nuevamente en riesgo. La finca donde nació esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con el silencio cómplice de instituciones como el INDER. Lo que antes fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria está siendo despojado, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo acercarse a una historia de organización y esperanza:
es reconocer la dimensión de la pérdida y la urgencia de proteger la memoria, la tierra y a quienes la defienden.

🌱 Cuando las mariposas desaparecen, sabemos que algo vital se está perdiendo.
Cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si cuidamos la tierra y a quienes la cultivan.

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Voces que no se callan: la democracia se defiende en las calles – 11 de noviembre de 2025

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El Observatorio de Bienes Comunes participó en la movilización nacional del 11 de noviembre, una jornada donde agricultores, docentes, mujeres, estudiantes y diversos sectores sociales marcharon en defensa de la democracia, la seguridad social y la producción nacional.

Las voces reunidas en esta manifestación expresaron una profunda preocupación por el autoritarismo creciente del gobierno, el desmantelamiento de las instituciones públicas y el abandono de los territorios rurales. Entre las principales denuncias se señaló la represión contra manifestantes, el encarcelamiento del agricultor Roy Fallas, el desprecio hacia el diálogo social y las políticas que favorecen a los grandes importadores en detrimento del campesinado nacional.

Las intervenciones también advirtieron sobre la crisis de seguridad ciudadana, el deterioro del sistema educativo y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como el aumento de la violencia feminicida. Colectivos feministas exigieron la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer y la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios, denunciando el silencio institucional ante la violencia estructural contra las mujeres.

Diversas voces llamaron a devolver a los trabajadores el control de sus fondos de pensión (ROP), a convocar el proyecto FONARROZ (24.211) y a detener el abandono del agro costarricense. También se denunció la corrupción, el acoso de la prensa y el uso del miedo como herramienta política, alertando sobre los riesgos de una deriva autoritaria que erosiona las bases del Estado Social de Derecho.

“Sí a la democracia, no a la dictadura” fue la consigna que unió a quienes marcharon desde distintos puntos del país. En sus palabras resonó una defensa firme de la libertad, la dignidad y el derecho a participar en la construcción colectiva del futuro.

🎧 Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta:

 

Libertad para Roy Fallas: la represión como mensaje político

Durante la manifestación, la fuerza pública detuvo al agricultor y líder campesino Roy Fallas, integrante del movimiento arrocero nacional, mientras la marcha avanzaba pacíficamente hacia Casa Presidencial. Su arresto, denunciado por múltiples sectores, fue interpretado como un acto de represión y criminalización de la protesta social.

Las organizaciones participantes exigieron su liberación inmediata, recordando que defender el derecho a producir, a manifestarse y a exigir diálogo no puede ser tratado como delito. El caso de Roy Fallas refleja una tendencia preocupante: el uso de la fuerza estatal para silenciar la disidencia y disuadir la organización popular.

En las calles, la consigna fue clara: “Libertad para Roy Fallas, solo el pueblo salva al pueblo”, reafirmando que la defensa de la democracia también implica proteger el derecho a la protesta y a la palabra pública.

Nota de actualización: Entrada la tarde fue liberado.

La memoria que suena: el valor del registro sonoro

Los registros sonoros de las manifestaciones son parte viva de la memoria colectiva. Permiten escuchar las voces que muchas veces quedan fuera de los medios tradicionales: las de quienes marchan, reclaman y defienden derechos en las calles. En ellos se guardan los sonidos de la protesta —consignas, tambores, discursos, silencios y emociones— que narran de manera directa cómo se vive la democracia desde abajo.

El Observatorio de Bienes Comunes considera esencial documentar y preservar estos testimonios para que sigan inspirando procesos de reflexión, organización y defensa de lo público en Costa Rica.

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“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

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En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

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Cuidando el río Frío: resultados del monitoreo comunitario en Maquengal – Sentires y Saberes

with No Comment PARTICIPACIÓNTERRITORIOS

El programa Sentires y Saberes, del Observatorio de Bienes Comunes, el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP–UCR, volvió a la comunidad de Maquengal, en Guatuso, para recorrer el río Frío y escuchar a quienes más lo conocen: sus vecinas y vecinos. Durante casi ocho horas de caminata, compartieron recuerdos, preocupaciones y esperanzas frente al deterioro acelerado del cauce.

Lo que más preocupa a la comunidad

Yadira Campos, Minor Atencio y Emigdio Barrantes «Millo»  narraron su tristeza e indignación ante los daños que el río Frío sufre cada día: la disminución del caudal, el desvío del cauce, la erosión de las riberas y la desaparición de antiguos pasos y zonas recreativas.

También señalaron la falta de respuesta institucional, marcada por la indiferencia de la Setena y la municipalidad, así como la ausencia de visitas técnicas, pese a las reiteradas denuncias. Recordaron que una carta enviada al Presidente fue remitida al Ministro de Ambiente sin obtener respuesta, y que en otra ocasión, solo gracias a la insistencia, la fiscalía aceptó recibir una denuncia.

Para la comunidad, estos daños no solo afectan la biodiversidad, sino también la vida cotidiana, la seguridad de las viviendas y la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas o turísticas.

Síntesis del monitoreo comunitario

El recorrido cubrió desde la antigua concesión en la finca de Fernando Murillo hasta Maquengal, alrededor de unos 7 kilómetros. Algunos de los hallazgos más críticos incluyen:

  • -Extracción intensiva de material y dragados que desvían el cauce.

  • -Pérdida de vegetación ribereña, que agrava la erosión.

  • -Profundización del lecho y disminución del caudal, con muerte de hábitats acuáticos.

  • -Afectaciones a propiedades vecinas, actividades agropecuarias y pérdida de tierra.

  • -Destrucción del acceso comunitario al río, antes usado como espacio recreativo.

La comunidad insistió en la urgencia de que las instituciones realicen inspecciones presenciales, consulten a quienes habitan la zona y detengan nuevas concesiones cerca del Parque Nacional Tenorio.

Escuchar para acompañar

El diálogo con las vecinas y vecinos de Maquengal no solo documenta los impactos del extractivismo, sino que también muestra la resistencia y organización de una comunidad que defiende su río como un bien común.

🎧 Acompañá estas voces y escuchá el audio completo: desde Guatuso, siguen cuidando la vida del río Frío.

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Rendir cuentas mirando atrás: el MINAE responde al informe de la Contraloría culpando al pasado

with No Comment extractivismosPARTICIPACIÓN

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.

Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.

Eludir responsabilidades no es gestión ambiental

El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.

El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.

El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.

Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso

La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.

  • En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

  • En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.

  • En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.

Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.

De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico

Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.

El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.

Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.

Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades

La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.

En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.

Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:

  • Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.

  • Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.

  • Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.

En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.

Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.

Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir

La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.

Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.

Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.

Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables

El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.

Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.

Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.

Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.

Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.

Manual para convivir con un fantasma ministerial

Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.

Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.

Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.

El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.

Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.

Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.

Fuentes:

Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena

Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/

Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/

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Tras el rechazo a la reforma, Escazú enfrenta el reto de una participación ciudadana viva en el Plan Regulador

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En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.
Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada,  un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.
 Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

-Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.
 Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.

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Educación popular desde Mafalda: aprender a preguntar

with No Comment PARTICIPACIÓNReflexión

Entre risas, silencios y muchas preguntas, el curso Educación popular desde Mafalda fue una experiencia colectiva para pensar la educación popular desde nuevos lenguajes, otras sensibilidades y múltiples territorios. Durante cinco sesiones realizadas en San Pedro y San Ramón, fue un proceso de aprendizaje que unió reflexión crítica, humor, arte y acción comunitaria.

Inspirados por la ironía y la ternura de Mafalda, el grupo exploró los vínculos entre educación, poder, creatividad y libertad, en diálogo con Paulo Freire, Oscar Jara, Silvia Rivera Cusicanqui entre otros educadores y educadoras populares latinoamericanos que invitan a mantener viva la pedagogía de la pregunta.

Más que un curso, este proceso se convirtió en un espacio para reaprender a mirar, para transformar la curiosidad en pensamiento crítico, y para recuperar la alegría como fuerza política en la construcción de alternativas colectivas.

Ejes temáticos trabajados

A lo largo de las cinco sesiones, se abordaron distintos núcleos que dieron forma al proceso:

  • La pregunta como acto de libertad: reconocer la curiosidad como fuerza transformadora frente a la sociedad de las respuestas.

  • Del asombro a la crítica: pasar de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica que cuestiona las causas y estructuras de lo cotidiano.

  • El conflicto como tránsito educativo: comprender la diferencia y la incomodidad como fuentes de aprendizaje.

  • Indignarse con ternura: transformar la rabia en pensamiento y acción colectiva, reivindicando la esperanza como práctica.

  • Crear para no repetir: tensionar la educación popular desde la crítica y la imaginación, explorando lenguajes que amplían la palabra.

Cada sesión se acompañó de un boletín de devolución —escrito en clave de Mafalda— que recogió los aprendizajes, preguntas y emociones del grupo, convirtiéndose en una bitácora pedagógica y afectiva del recorrido.

1. La pregunta como práctica política

Desde la primera sesión, el curso propuso recuperar la pregunta como herramienta de emancipación. En tiempos de inmediatez y saturación informativa, volver a preguntar es casi un acto subversivo. Mafalda lo sabía: sus preguntas inocentes desnudaban las contradicciones del mundo adulto, los abusos del poder y las rutinas que nos adormecen.

A partir de las reflexiones de Paulo Freire, se trabajó la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica. La primera se queda en la superficie, la segunda se atreve a mirar las estructuras detrás de los hechos. En una sociedad que premia la rapidez y el conformismo, cultivar preguntas críticas se convierte en una forma de resistencia.

Las personas participantes coincidieron en que la educación popular comienza cuando nos atrevemos a incomodar: cuando la pregunta rompe la obediencia y abre la posibilidad de pensar con otros. Como dijo alguien en el grupo: “la pregunta no busca una respuesta, busca compañía para seguir pensando”.

2. Los lenguajes de la educación popular

Otro de los grandes aprendizajes fue comprender que no hay una sola forma de pensar ni una sola manera de decir. Durante el proceso, el humor, el juego, la música, los dibujos y los títeres fueron herramientas para pensar críticamente desde el cuerpo y la emoción.

Esta apertura a nuevos lenguajes mostró que el pensamiento no solo habita en las palabras, sino también en los gestos, las metáforas, los silencios y las risas. Los títeres, por ejemplo, se transformaron en mediadores pedagógicos que permitieron decir lo indecible: críticas, frustraciones y esperanzas expresadas desde la ternura y la ironía.

Explorar estas formas es también un gesto político: democratiza el conocimiento y multiplica las voces, permitiendo que cada quien participe desde su propio modo de sentir y crear. Como recordaba Mafalda entre risas:

“Si el mundo no escucha, habrá que hablarle con otros idiomas.”

3. Desafíos y caminos por andar

El encuentro entre los grupos de San Pedro y San Ramón marcó el cierre simbólico del proceso, pero también el inicio de una nueva etapa. Allí se compartieron los desafíos de seguir construyendo educación popular en contextos cada vez más complejos:

  • Evitar que la educación popular se vuelva consigna o discurso vacío.

  • Recuperar su dimensión política y descolonizadora, como recordaba Silvia Rivera Cusicanqui.

  • Cuidar los espacios colectivos donde la crítica se acompañe de ternura, humor y esperanza.

  • Seguir articulando procesos territoriales y comunitarios desde el diálogo y la creación compartida.

El curso cerró con adivinanzas y juegos, reafirmando que el pensamiento también puede ser alegre, y que preguntar sigue siendo la mejor forma de crecer.

Los boletines del curso

Cada boletín recoge un momento del proceso y puede leerse como una pieza independiente o como parte de una historia colectiva:

Boletín 1 – “Aprender a preguntar: un acto de libertad”

El primer boletín marcó el punto de partida del curso: volver a la pregunta como raíz de toda educación liberadora. Mafalda se convirtió en guía y cómplice, recordándonos que detrás de cada gesto ingenuo hay una crítica aguda al mundo adulto y sus absurdos.

En esta sesión, los grupos reflexionaron sobre cómo vivimos en una “sociedad de respuestas”, donde se premia la obediencia y se castiga la duda. Recuperar el derecho a preguntar se volvió un gesto político: preguntar como quien abre ventanas en una casa cerrada.

El boletín recoge las primeras inquietudes del grupo, las emociones de reencuentro con la curiosidad y el sentido de la educación popular como acto de liberación. Es, en esencia, una invitación a reaprender a mirar el mundo con ojos nuevos.

💬 “Preguntar no es molestar, es empezar a pensar.”

Boletín 2 – “De la curiosidad ingenua a la curiosidad crítica”

El segundo boletín profundizó en la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica, una de las ideas centrales de Paulo Freire. A partir de experiencias cotidianas —como esperar el bus o hacer fila en el banco—, las y los participantes exploraron cómo las preguntas pueden quedarse en la superficie o convertirse en herramientas de análisis y acción.

Este boletín es un puente entre la sorpresa y la conciencia. Invita a pensar la curiosidad no como simple deseo de saber, sino como una fuerza que empuja a comprender las causas y estructuras del poder.

En un contexto que acelera y simplifica todo, aprender a detenerse, observar y preguntar con profundidad se convierte en un acto de rebeldía. Mafalda nos lo recuerda con su habitual ironía: “No es que no entendamos el mundo, es que no nos dejan pensarlo.”

💬 “La curiosidad crítica es la semilla del pensamiento libre.”

Boletín 3 – “Conversaciones incómodas: construir saberes desde la diferencia”

El tercer boletín nace de una sesión donde el diálogo y el conflicto fueron protagonistas. A través de viñetas de Mafalda y sus amigos —Felipe, Susanita, Manolito y Libertad—, los grupos trabajaron la idea de que la diferencia no es un obstáculo, sino una fuente de aprendizaje.

Este número recoge reflexiones sobre cómo el desacuerdo puede ser un tránsito educativo: un proceso que nos enseña a escuchar sin imponer, a sostener la incomodidad y a construir desde la diversidad.

El boletín reivindica el diálogo freireano como práctica política y humana, pero también afectiva. En tiempos de polarización y desconfianza, Mafalda nos enseña que conversar con quien piensa distinto no debilita las ideas: las afina, las humaniza, las hace crecer.

💬 “El conflicto no separa: enseña.”

Aprender a preguntar un acto de libertad Boletín 4

Boletín 4 – “Indignarse con estilo: crítica, ternura y acción”

El cuarto boletín se adentra en la indignación como energía educativa. En lugar de verla como algo negativo, el grupo la exploró como punto de partida para la problematización: la indignación que piensa, que crea, que no se conforma.

A partir del arte, el humor y la reflexión, las personas participantes discutieron cómo transformar la rabia en propuesta, y cómo la autonomía nace cuando las comunidades se sienten capaces de intervenir en sus propios contextos.

Este boletín rescata la ternura como forma de crítica, la creatividad como herramienta de denuncia, y el sentido de comunidad como antídoto frente a la resignación. Mafalda —con su ironía siempre actual— nos guiña el ojo y recuerda: “Si no nos dejan protestar, al menos hagámoslo con estilo.”

💬 “La ternura también es una forma de lucha.”

Boletín 5 – “Lo que viene: crítica, creación y caminos por andar”

El último boletín recoge el encuentro entre los grupos de San Ramón y San Pedro, un momento de cruce entre preguntas, afectos y aprendizajes. Lo que comenzó como dos procesos paralelos se unió en un diálogo vivo, donde las preguntas de un grupo resonaban en el otro, creando una trama de sentido compartido.

Esta edición profundiza en los desafíos contemporáneos de la educación popular, inspirada en las críticas de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la necesidad de tensionar las prácticas y no idealizarlas. Se reafirmó que la educación popular sigue siendo un camino que hay que reinventar: con humor, creatividad y compromiso político.

Además, los títeres y el juego se convirtieron en lenguajes de pensamiento, recordando que educar también es imaginar, reír y experimentar. El boletín cierra con adivinanzas pedagógicas, celebrando que el pensamiento crítico también puede ser alegre.

💬 “Preguntar sigue siendo la mejor manera de crecer.”

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Escazú: la disputa por la participación ciudadana entra en una nueva etapa

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En Escazú, la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio sigue siendo un campo de disputa. Lo que comenzó en agosto como una movilización vecinal para reactivar la Comisión del Plan Regulador, hoy se ha convertido en una controversia política e institucional sobre los límites y alcances de la participación ciudadana.

Apenas dos meses atrás, las comunidades celebraban un logro: la reinstalación de la Comisión del Plan Regulador, luego de que el Concejo Municipal revocara su decisión de sustituirla por una oficina técnica. Aquella rectificación fue fruto de la presión social y de un diálogo que parecía abrir una nueva etapa de colaboración entre la Municipalidad y la ciudadanía. Sin embargo, las semanas siguientes mostraron que la tensión entre apertura y control apenas comenzaba.

Del acuerdo al estancamiento

El Movimiento Pro Comisión Plan Regulador —integrado por vecinos y liderazgos comunales de los tres distritos— había acordado con la Alcaldía que, en un plazo de dos meses, se convocarían las asambleas distritales ampliadas para elegir a las personas representantes ante la Comisión.

Pero en septiembre, mientras la comunidad esperaba esas convocatorias, surgió un nuevo obstáculo: el despacho del alcalde presentó una propuesta de reforma al reglamento interno de la Comisión.

El documento COR-AL-2690-2025 propone modificar nueve artículos del reglamento, todos relacionados con los mecanismos de participación. Entre otros cambios, amplía los plazos de inscripción hasta seis meses, exige formularios y juramentaciones previas, y otorga a los Concejos de Distrito la potestad de validar quiénes pueden participar en las asambleas.

Aunque el texto se presenta como una actualización para dar mayor orden y transparencia, el movimiento ciudadano advirtió que los nuevos requisitos podrían congelar la reactivación de la Comisión y burocratizar la participación, restringiendo el acceso a quienes no puedan cumplir con las exigencias administrativas.

Las cartas ciudadanas y el debate jurídico

Ante esta situación, el movimiento envió dos cartas formales: la primera, dirigida al alcalde el 6 de octubre, solicitando que se cumplieran los acuerdos alcanzados en agosto y se definieran de inmediato las fechas de las asambleas distritales; y la segunda, el 13 de octubre, dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, denunciando la obstrucción del proceso participativo y el menoscabo de los derechos vecinales.

En esta última, las personas firmantes recordaron que la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública garantizan el derecho ciudadano a incidir en los asuntos locales, y señalaron que los plazos o formalidades no pueden usarse para invalidar ese derecho. “Nadie está obligado a lo imposible”, subrayan en el documento, responsabilizando a la administración de los atrasos y citando los artículos 223 a 225 de la LGAP, que ordenan interpretar los procedimientos en favor de la participación.

La Comisión de Jurídicos del Concejo, sin embargo, terminó dividida: dos votos a favor y dos en contra del dictamen de legalidad de la reforma. El tema pasó así al pleno del Concejo Municipal, que deberá resolverlo en sesión del martes 28 de octubre a las 7 pm.

 “Demostraron sus verdaderas intenciones”

En este punto, la discusión jurídica dio paso a una percepción más política. Para las personas líderes comunitarias, la secuencia de acciones revela una estrategia deliberada para debilitar la Comisión y restringir la participación vecinal.

“Con la aprobación del acuerdo de julio, cuando desconvocaron la Comisión y llamaron a conformar la oficina técnica, se retrataron de cuerpo entero —señaló una persona lideresa del movimiento—. Solo la presión ciudadana de agosto los hizo retroceder. Pero después de eso, han buscado por distintos mecanismos el bloqueo y la obstrucción del proceso.”

Según explica, los síndicos de los Concejos de Distrito no han convocado las asambleas y, en cambio, promovieron esta reforma integral del reglamento que “modifica nueve artículos, todos vinculados con la participación”. Para el movimiento, esta propuesta constituye un “atentado total” contra el espíritu de apertura ciudadana que se logró recuperar en agosto.

De aprobarse, afirman, la reforma obstaculizaría al menos por seis meses la conformación de la Comisión, postergando una vez más el inicio de los debates sobre el futuro territorial de Escazú.

La defensa de una participación viva

El movimiento ciudadano insiste en que el Plan Regulador no es un asunto técnico sino profundamente político, pues define cómo se habita y se proyecta el cantón. Por eso, la participación no puede reducirse a un trámite o a un conjunto de requisitos administrativos.

“Participar no es llenar un formulario”, repiten quienes han acompañado este proceso desde hace años. Es incidir en las decisiones, aportar conocimientos locales y defender el derecho colectivo a imaginar el territorio de manera justa y sostenible.

Para las comunidades, el desafío no es oponerse al orden ni a la legalidad, sino impedir que esas palabras se conviertan en excusas para excluir. En sus propias palabras, “la participación no se regula: se ejerce”.

Lo que viene

La votación del Concejo Municipal será decisiva. De aprobarse la reforma, la Comisión del Plan Regulador podría quedar suspendida por varios meses; de rechazarse, se abriría nuevamente la puerta a la elección de representantes distritales y al diálogo ciudadano.

Mientras tanto, el Movimiento Pro Comisión Plan Regulador prepara nuevas acciones de difusión y movilización para mantener el tema en la agenda pública. Su apuesta es clara: que el futuro del territorio se construya desde la comunidad, y no desde los escritorios.

En medio de este pulso entre institucionalidad y ciudadanía, Escazú vuelve a ser escenario de una lección democrática: que la participación no se garantiza por decreto, sino que se defiende ejerciéndola.

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UESPRA: La ética en la práctica ecologista

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En esta entrevista, Edgar Castrillo, de la Unidad Especial Silvestre de Protección y Rescate Animal (UESPRA), reflexiona sobre la concientización ambiental más allá de las actividades de reforestación, señalando la importancia de un enfoque integral frente a un modelo de desarrollo que continúa dándole la espalda a la naturaleza.

La conversación aborda también los desafíos que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica y el papel de la ética en la práctica ecologista. Como cierre, Edgar comparte un mensaje inspirador: para transformar, lo importante es empezar.