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Estrategia Nacional de Biodiversidad: participación en el papel, exclusión en la práctica

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), el instrumento que marcará el rumbo del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Con respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proceso se anuncia como participativo y multisectorial.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes (OBC), señalamos que lo vivido en el lanzamiento reflejó un desfase entre la retórica y la práctica: discursos oficiales sin diálogo real, un público reducido a espectadores y un énfasis en los beneficios económicos de la biodiversidad más que en su conservación efectiva.

La pregunta es inevitable: ¿se construirá una estrategia desde las comunidades y para la biodiversidad, o desde los escritorios y para el mercado?

Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos la visión de la biodiversidad como bien común, que plantea desafíos concretos para la formulación de la ENB. No se trata solo de cumplir metas numéricas o generar espacios de consulta simbólicos, sino de reconocer que la biodiversidad sostiene la vida, la cultura y los territorios, y que su cuidado requiere participación efectiva, gestión colectiva y justicia socioambiental.

Biodiversidad como bien común: un desafío para la ENB

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes (OBC), la actualización de la ENB no puede limitarse a discursos sobre “uso sostenible” o beneficios económicos. Entender la biodiversidad como bien común implica que la estrategia debe reconocer:

  • Que la biodiversidad sostiene vida, cultura y territorios, más allá de su valor financiero.

  • La necesidad de gestión colectiva, respetando saberes locales, prácticas tradicionales y derechos de pueblos indígenas y comunidades costeras y campesinas.

  • Que la conservación requiere participación efectiva y justicia socioambiental, no solo talleres simbólicos o consulta formal.

  • La importancia de decisiones que consideren generaciones presentes y futuras, garantizando la continuidad de ecosistemas y prácticas comunitarias.

En este marco, una ENB que solo enfatice beneficios económicos o metas cuantitativas corre el riesgo de desconectar la estrategia de las comunidades y territorios que protegen la biodiversidad.

Mercantilización de la biodiversidad: tensiones en la estrategia

La ENB también enfrenta el desafío de la mercantilización de la biodiversidad, donde se prioriza la lógica de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”:

  • Se reduce la biodiversidad a un recurso para el mercado, dejando fuera a quienes la han cuidado históricamente.

  • Se corren riesgos sobre la conservación de especies y ecosistemas, especialmente en territorios frágiles o bajo presión de megaproyectos.

  • Los fondos y proyectos de conservación tienden a concentrarse en actores económicos poderosos, en lugar de distribuirse equitativamente en los territorios y fortalecer la gestión comunitaria.

El OBC advierte que sin reconocer la biodiversidad como bien común, la ENB puede terminar reforzando desigualdades de poder, priorizando intereses privados y reproduciendo dinámicas de exclusión y despojo. Integrar esta perspectiva es fundamental para que la estrategia sea legítima, efectiva y justa, conectada con la realidad territorial y social del país.

En este contexto, resulta crucial analizar cómo se ha desarrollado el proceso de actualización de la ENB: por un lado, lo que se anuncia en el discurso oficial; por otro, la experiencia concreta de participación en los talleres y eventos. Esta tensión entre forma y fondo revela hasta qué punto la estrategia refleja realmente la visión de la biodiversidad como bien común, o si sigue subordinada a intereses económicos y lógicas de mercado.

Dos planos del proceso: discurso y experiencia

El OBC identifica dos planos interconectados en la actualización de la ENB:

  • Discurso oficial (Minae–PNUD–GEF): se presenta como participativo, multisectorial, alineado con el Marco Kunming–Montreal, vital para el desarrollo sostenible y con promesas de inclusión de diversos sectores.

  • Experiencia concreta en el lanzamiento: participación entendida como presencia en talleres, sin reglas claras sobre cómo los aportes incidirán en el documento final ni mecanismos de rendición de cuentas, mostrando una brecha entre forma y fondo.

Valoración del proceso desde el OBC

Puntos positivos

  • La actualización antes de su vencimiento (2025) es crucial para mantener la vigencia de la política ambiental.

  • Financiamiento internacional y acompañamiento del PNUD aseguran recursos, visibilidad y la posibilidad de integrar estándares globales.

  • Alineamiento con el Marco Kunming–Montreal: metas de protección del 30% de áreas, restauración ecológica, financiamiento y equidad de género.

  • La convocatoria amplia a múltiples sectores reconoce que la biodiversidad es un bien común que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas.

Vacíos y preocupaciones
  • Participación sin metodología clara: talleres sin protocolos, sin trazabilidad de aportes ni devolución razonada, reducen la inclusión a un trámite simbólico.

  • Débil centralidad en la biodiversidad: se prioriza su “uso” y beneficios económicos, invisibilizando su rol como bien común y su importancia para la vida de comunidades locales.

  • Riesgo de captura institucional o sectorial: sin seguimiento independiente, la ENB puede reflejar intereses de jerarcas o grupos con poder económico, en lugar de las comunidades.

  • Débil institucionalidad de seguimiento: indicadores poco robustos, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública.

Lo que el OBC considera central para una participación real

Para que la ENB sea legítima y efectiva, la participación debe ser plena y vinculante:

  • -Protocolos metodológicos públicos y validados antes de los talleres.

  • -Mecanismos de devolución razonada que expliquen cómo se integran o no los aportes.

  • -Repositorio abierto con versiones, insumos y actas.

  • -Instancia independiente de revisión ciudadana y auditoría de indicadores y fondos.

  • -Garantías de que la participación incida en el texto normativo y en la implementación posterior.

Estas medidas reflejan la perspectiva del OBC: la biodiversidad como bien común, custodiada por comunidades, pueblos indígenas y defensoras ambientales, no solo un recurso para mercados o financiamiento internacional.

Territorio, comunidades y megaproyectos

Desde la perspectiva del Observatorio: hablar de biodiversidad implica reconocer conflictos socioambientales en curso:

  • -Desalojos en costas y humedales: comunidades históricas expulsadas mientras megaproyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios obtienen permisos exprés.

  • -Defensores criminalizados: personas que protegen ecosistemas enfrentan hostigamiento, judicialización y violencia.

  • -Captura de recursos y decisiones: los beneficios de la biodiversidad se concentran en actores económicos poderosos, dejando a las comunidades fuera de la gestión y del cuidado real del territorio.

Defensores criminalizados y desprotegidos

Los casos hablan por sí solos:

  • Sergio Rojas (asesinado en 2019) y Jhery Rivera (asesinado en 2020) fueron líderes indígenas bribri y brörán que defendían la recuperación de territorios.

  • Jairo Mora (asesinado en 2013) fue un joven ambientalista que protegía tortugas marinas en Limón.

  • Juan Bautista Alfaro Rojas (2025) es un activista ambiental de Costa Rica que enfrenta demandas legales por denunciar impactos ecológicos en una zona turística de Guanacaste.

  • Philippe Vangoidsenhoven y Pablo Sibar, defensores ambientales, han denunciado la falta de protección efectiva pese a amenazas constantes.

  • Y muchas otras personas y organizaciones se pueden suman a esta lista.

Estos nombres evidencian que en Costa Rica defender la biodiversidad puede costar la vida. Y que, lejos de brindar garantías, el Estado ha mostrado indiferencia y desprotección, incluso en el marco de compromisos internacionales de derechos humanos y biodiversidad.

El OBC advierte que sin reconocer estos procesos, la ENB corre el riesgo de ser un documento desconectado de la realidad territorial y social.

No todo es mercado: forma y fondo una provocación desde los Bienes Comunes

El proceso arranca con respaldo internacional y buenas intenciones, pero carece de credibilidad participativa.

  • Forma: un proceso “participativo” anunciado como inclusivo.

  • Fondo: sin reglas claras, trazabilidad ni control ciudadano, la participación puede quedarse en un gesto político sin capacidad transformadora.

Para el OBC, la ENB será legítima solo si reconoce:

  1. la biodiversidad como bien común,
  2. a las comunidades y defensoras como protagonistas centrales,
  3. y la necesidad de justicia ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Sin estas condiciones, la “participación” será apenas otra foto en redes sociales, mientras la realidad territorial sigue marcada por desalojos, megaproyectos y concentración de poder.

⚠️ Cuando la participación se queda en papel: análisis crítico del OBC
Vacío o preocupaciónPerspectiva del Observatorio de Bienes Comunes
Participación sin metodología claraLos talleres carecen de protocolos publicados; no hay trazabilidad de aportes ni devolución razonada. La participación se reduce a un acto simbólico: se invita a hablar, pero la decisión final queda en manos del Ejecutivo y aliados técnicos. Las comunidades que custodian la biodiversidad quedan fuera del centro del proceso.
Débil centralidad en la biodiversidadSe prioriza el uso económico de los ecosistemas sobre su valor como bien común. Esto invisibiliza la relación cotidiana de comunidades indígenas, campesinas y costeras con sus territorios, y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas estratégicos.
Riesgo de captura institucional o sectorialSin seguimiento independiente, la estrategia puede reflejar intereses de jerarcas o actores con poder económico en lugar de las comunidades. La consulta superficial y la ausencia de paneles independientes refuerzan desigualdades de poder.
Débil institucionalidad de seguimientoIndicadores poco claros, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública limitan la verificación ciudadana. Esto desconecta la ENB de la realidad territorial y debilita la capacidad de las comunidades para exigir resultados.
Cuando la estrategia refleja la política: biodiversidad y Escazú en tensión

El Acuerdo de Escazú garantiza derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación pública vinculante y protección de defensores ambientales. A primera vista, la ENB y Escazú podrían parecer instrumentos complementarios; sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, los vacíos y limitaciones de la ENB reflejan una tensión estructural.

Gran parte de las críticas que recibe la estrategia —participación simbólica, ausencia de trazabilidad de fondos, indicadores débiles y protección insuficiente para comunidades y defensoras— no son errores aislados, sino expresiones del rechazo o la despriorización de la administración actual hacia el Acuerdo de Escazú y sus principios de participación, transparencia y justicia ambiental.

  • Participación real vs. simbólica: Escazú exige que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en decisiones ambientales. La ENB, en cambio, mantiene un modelo de consulta superficial, sin devolución razonada ni mecanismos vinculantes.

  • Protección de defensoras y comunidades: Escazú promueve medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente; la ENB no establece garantías claras frente a desalojos, hostigamiento o criminalización.

  • Transparencia y rendición de cuentas: Escazú obliga a acceso público a información y control ciudadano. La ENB sigue mostrando vacíos en indicadores y financiamiento, limitando la fiscalización y control social.

En síntesis, las limitaciones de la ENB reflejan un patrón institucional y político, y no meros errores técnicos. Para que la estrategia cumpla con los estándares de sostenibilidad y legitimidad, debe integrar explícitamente mecanismos de participación vinculante, auditoría ciudadana y protección de quienes cuidan la biodiversidad, reconociéndola como un bien común y conectando su gestión con los derechos y saberes de las comunidades locales.

¿Qué es una Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Marco Kunming–Montreal?

Una Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un plan que define cómo un país protegerá, restaurará y usará de manera sostenible su biodiversidad. No se trata solo de cuidar especies o ecosistemas, sino de articular políticas, acciones y financiamiento que garanticen que la biodiversidad siga siendo un bien común para las comunidades, el territorio y el futuro del país.

En el caso de Costa Rica, la ENB busca orientar decisiones sobre conservación, restauración, investigación, financiamiento y participación ciudadana, vinculando objetivos ambientales con dimensiones sociales, culturales y económicas.

El Marco Kunming–Montreal es un acuerdo internacional que establece metas globales de biodiversidad para todos los países firmantes, como:

  • Proteger al menos el 30% de los ecosistemas y áreas prioritarias.

  • Restaurar ecosistemas degradados.

  • Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.

  • Promover participación inclusiva de pueblos indígenas y comunidades locales.

  • Integrar la biodiversidad en decisiones de desarrollo económico y planificación territorial.

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, estos instrumentos solo tienen sentido si la participación no es simbólica, si se reconoce que la biodiversidad es un bien común y si las decisiones se conectan con quienes históricamente la han cuidado: comunidades locales, pueblos indígenas y defensoras ambientales. Sin esta perspectiva, la estrategia corre el riesgo de ser un documento técnico desconectado de la realidad territorial y social.

Referencias

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Sin crítica, sin reglas, sin participación: la actualización de la estrategia de biodiversidad de Costa Rica comienza sin credibilidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/sin-critica-sin-reglas-sin-participacion-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-biodiversidad-de-costa-rica-comienza-sin-credibilidad

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Minae llama a la ciudadanía a participar de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/minae-llama-a-la-ciudadania-a-participar-de-la-actualizacion-de-la-estrategia-nacional-de-biodiversidad

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Comunidades de Katira denuncian presunto impacto de chanchera en quebrada y salud pública

Vecinos de Progreso de Katira, La Florida y Apacona, en el cantón de Guatuso, manifiestan su creciente preocupación por el presunto impacto ambiental y social de una actividad porcina instalada en las cercanías de sus comunidades. La población denuncia que esta explotación estaría afectando la quebrada La Piladora, así como la calidad del aire y la vida cotidiana en la zona.

Contaminación presunta de la quebrada y malos olores

De acuerdo con testimonios de personas que habitan estas comunidades, la chanchera se ubica a aproximadamente 300 metros de las viviendas. Relatan que se perciben malos olores intensos y constantes, perceptibles incluso en la iglesia evangélica ubicada a 800 metros. En los hogares más cercanos, a menos de 200 metros, los habitantes aseguran que los olores son insoportables: “Aquí comemos con el olor a chanchera en la mesa”, señaló una persona.

El señalamiento más grave recae sobre la quebrada La Piladora, que viene presentando presuntos signos de afectación. Vecinos relatan que, en ciertos momentos, especialmente durante la noche, llegan líquidos al cauce que intensifican los olores en la zona. “A 400 metros ya pica la nariz, y al bajar a la quebrada se siente más fuerte”, comentó un habitante.

Según lo manifestado por los pobladores, la chanchera cercana podría no contar con un manejo adecuado de sus residuos. Señalan que presuntamente existirían estructuras abiertas para acumular desechos que, al no tener un tratamiento riguroso, podrían estar facilitando descargas hacia el entorno. Esta situación, de acuerdo con la comunidad, estaría contribuyendo a la proliferación de olores intensos, plagas y posibles riesgos para la salud.

Respuesta institucional en duda

En abril de 2025, SENASA realizó una visita de inspección. Según vecinos, la institución habría concluido que no existía afectación a la quebrada y que los olores estaban bajo control. El Ministerio de Salud, por su parte, también habría indicado que todo estaría en orden.

La comunidad asegura haber presentado denuncias en la sede regional de Ciudad Quesada, pero sin mayor resultado. Incluso cuando han acudido al 911, se les habría indicado que debían contactar a SENASA, lo que refuerza en la población la sensación de desprotección y abandono institucional.

Sin embargo, los habitantes sostienen que las afectaciones son claras y cotidianas. Algunos perciben un trato desigual: sienten que cuando se trata de pequeños productores se cierran rápidamente las chancheras, mientras que en este caso las instituciones parecen actuar con menos rigurosidad.

Una vida diaria marcada por olores y contaminación

Los pobladores destacan que el impacto no es esporádico, sino constante: olores que se intensifican a ciertas horas de la noche, la imposibilidad de comer sin percibir el hedor, la incomodidad en los hogares y la preocupación por la calidad del agua. “El pueblo está cansado, ya no aguanta más, nos estamos ahogando”, expresaron.

Algunos habitantes presumen que los desechos liberados podrían afectar no solo a la quebrada, sino también a la biodiversidad circundante.

¿Qué piden?

Las comunidades de Katira solicitan que se verifique a fondo el cumplimiento de los reglamentos nacionales sobre vertido de aguas residuales, manejo de excretas y distancias mínimas para la actividad porcina. Asimismo, piden que la chanchera implemente buenas prácticas de gestión y tratamiento de residuos para evitar que el agua, el aire y el entorno sigan siendo afectados.

El llamado es claro: que las instituciones de control asuman con seriedad su papel y atiendan de manera efectiva las denuncias comunitarias. Mientras tanto, la quebrada La Piladora sigue expuesta a un tipo de contaminación y malos olores que limitan su derecho a un ambiente sano y a una vida digna.

Buenas prácticas ausentes y necesarias de promover

El caso de Katira muestra cómo la ausencia de buenas prácticas en la producción porcina genera impactos negativos que podrían evitarse con una gestión adecuada. La comunidad identifica varias carencias clave: un manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos, la falta de medidas para controlar los olores y las plagas, la ubicación de la chanchera a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y espacios públicos, así como la débil respuesta institucional frente a las denuncias ciudadanas.

En contraposición, existen buenas prácticas ampliamente reconocidas que permitirían conciliar la actividad productiva con el derecho a un ambiente sano. Entre ellas, destaca la implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento, capaces de transformar los desechos en recursos útiles como biogás o biofertilizantes. Estos mecanismos no solo reducen la contaminación, sino que también disminuyen considerablemente los olores.

Otra medida importante es la instalación de barreras vivas —por ejemplo, franjas de árboles o cercas verdes— que actúan como filtros naturales de aire y agua, mejorando la calidad ambiental para quienes habitan en las cercanías. Asimismo, el cumplimiento estricto de las distancias mínimas respecto a quebradas, nacientes y viviendas debe ser un principio básico para toda actividad agropecuaria.

El monitoreo ambiental participativo es otra práctica que fortalece la confianza social: cuando la comunidad puede verificar junto con las instituciones la calidad del agua y del aire, se garantiza transparencia y corresponsabilidad en el cuidado del entorno. A ello se suma la necesidad de que las entidades de control actúen con mayor imparcialidad y eficacia, respondiendo de manera oportuna a las denuncias ciudadanas.

Finalmente, la promoción de espacios de diálogo y educación ambiental contribuye a que tanto productores como vecinos comprendan la importancia de prácticas responsables, reduciendo la conflictividad y construyendo soluciones sostenibles.

En conjunto, estas medidas no representan únicamente requisitos técnicos, sino herramientas para asegurar que la producción animal pueda desarrollarse sin poner en riesgo la salud, la biodiversidad y la calidad de vida de las comunidades.

De las malas prácticas a las soluciones necesarias

Malas prácticas observadas

Buenas prácticas propuestas

Manejo deficiente de residuos líquidos y sólidos

Implementación de biodigestores y sistemas cerrados de tratamiento

Ausencia de medidas de control de olores y plagas

Instalación de filtros y barreras vivas (franjas de árboles, cercas verdes)

Ubicación a distancias menores a las recomendadas respecto a viviendas y quebradas

Cumplimiento estricto de las distancias mínimas en la normativa

Débil respuesta institucional frente a las denuncias

Monitoreo ambiental participativo y constante, con resultados públicos

Falta de transparencia en los procesos de inspección

Institucionalidad activa, transparente e imparcial frente a la ciudadanía

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.

  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.

  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.

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Ciudadanía logra acuerdo para que la Comisión vuelva a tener voz en el Plan Regulador de Escazú

Tras varias semanas de movilización, tensión en el Concejo Municipal y exigencias por parte de la comunidad, este lunes 25 de agosto la Municipalidad de Escazú comunicó que se alcanzó un acuerdo sobre la gestión del Plan Regulador.

El comunicado establece que el Plan Regulador se trabajará de manera conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y la Comisión Especial del Plan Regulador, reinstalando así un espacio de representación comunitaria que había sido eliminado semanas atrás.

Según informó la Municipalidad, el acuerdo fue promovido luego de una conversación entre el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León, que permitió convocar a los siete regidores propietarios para construir una salida negociada. La propuesta será presentada este martes en la sesión ordinaria del Concejo Municipal para su aprobación formal.

Participación fortalecida

El comunicado señala además que se reforzarán las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana. De confirmarse en el Concejo, se trataría de un paso importante hacia un esquema más equilibrado que combine la capacidad técnica con la incidencia ciudadana.

Para los colectivos que se han movilizado, este desenlace es un reconocimiento al rol de la ciudadanía como actor legítimo en la definición de un Plan Regulador que afecta directamente el futuro del cantón: desde la protección de los Cerros de Escazú y la recarga hídrica, hasta la gestión de riesgos, la movilidad y la calidad de vida en los barrios.

La fuerza de la movilización

El acuerdo no surge de la nada. Fue la presión organizada de vecinos, colectivos y organizaciones —expresada en concentraciones, comunicados y presencia activa en las sesiones municipales— la que obligó a las autoridades a abrir espacios de diálogo y negociación.

La comunidad escazuceña demostró que la vigilancia y la acción colectiva pueden revertir decisiones que parecían cerradas, recuperando un mecanismo de representación ciudadana y exigiendo mayor transparencia en la gestión municipal.

Próxima cita: martes en el Concejo

El próximo martes la propuesta será presentada en el Concejo Municipal. La expectativa es que se apruebe el acuerdo y se ratifique la corresponsabilidad entre la Oficina Técnica y la Comisión Especial, consolidando un proceso de ordenamiento territorial con mayor legitimidad democrática.

La lección es clara: cuando la ciudadanía se organiza, la participación deja de ser un trámite y se convierte en una fuerza capaz de incidir en el rumbo del cantón.

Un camino difícil, pero legítimo

El acuerdo alcanzado no oculta que el proceso estuvo lleno de obstáculos. Las personas vecinas que impulsaron la convocatoria enfrentaron intentos de desacreditación pública, cuestionamientos sobre sus motivaciones e incluso la minimización de sus demandas dentro del propio Concejo Municipal.

A pesar de ello, se mantuvieron firmes en la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio. Con organización, constancia y presencia activa lograron demostrar que sus preocupaciones eran legítimas y que sus reclamos estaban sustentados en principios democráticos.

Hoy, con la apertura de la mesa de diálogo y el acuerdo de trabajo conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión, queda en evidencia que la movilización no fue en vano. Las vecinas y vecinos actuaron en defensa del bien común y reafirmaron que la participación ciudadana no es una concesión, sino un derecho que debe respetarse y fortalecerse.

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Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, por su presunta omisión en la defensa de bienes públicos —calles, parques, áreas verdes y reservas comunales— ubicados en el histórico Proyecto Americano de Nosara. El recurso fue interpuesto por el abogado Marvin Rodríguez Varela el 21 de abril de 2025.

Una historia que inicia en 1966

El origen del conflicto se remonta a la llegada de un inversionista estadounidense en 1966, quien adquirió una finca de más de mil hectáreas en Nosara. Un año después, el INVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo) aprobó el Mapa Oficial del Proyecto Americano, en el que quedaron delimitadas las áreas destinadas al uso público: calles, zonas verdes y espacios comunales.

Sin embargo, con el paso de las décadas, la Municipalidad de Nicoya fue autorizando construcciones y visados de planos sin asegurar la protección de esas áreas. Así, terrenos que debían permanecer como bienes de la comunidad terminaron inscritos a nombre de privados y, posteriormente, bajo la administración de la Asociación Cívica de Nosara.

¿Por qué se presentó el amparo?

El recurso sostiene que el alcalde incumplió acuerdos firmes del Concejo Municipal de 2020 y 2021, que lo obligaban a iniciar procesos legales para recuperar más de 80 hectáreas de bienes públicos. Además, se apoya en dictámenes de la Procuraduría General de la República, los cuales son claros: los bienes demaniales —como calles, parques y áreas comunales— son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser vendidos, apropiados ni reclamados por particulares.

Para el abogado Rodríguez Varela, la inacción del alcalde constituye una falta grave a su deber constitucional de proteger los intereses de la comunidad y del Estado, más aún cuando existen pruebas contundentes sobre el carácter público de los terrenos en disputa.

Lo que resolvió la Sala Constitucional

Al admitir el recurso, la Sala IV ordenó al alcalde cumplir sin más demora los acuerdos municipales y emprender los trámites necesarios para reivindicar las tierras. Además, dispuso la paralización inmediata de cualquier obra que afecte las zonas verdes, calles o áreas comunales dentro del Proyecto Americano, así como la suspensión de trámites registrales en el Registro Nacional sobre esos terrenos.

El fallo también abre la puerta para que el caso sea elevado al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual podría revisar la validez de las credenciales del alcalde. Asimismo, señala la necesidad de investigar el papel de la Asociación Cívica de Nosara en los traspasos irregulares de bienes públicos.

Implicaciones para Nosara y el país

La resolución representa un triunfo en la defensa de los bienes comunes y sienta un precedente clave para otras comunidades costeras y turísticas que enfrentan problemas similares. Nosara podría recuperar terrenos de gran valor ecológico y económico —estimados en millones de dólares—, pero sobre todo, devolver a la comunidad el acceso a espacios que le pertenecen desde hace más de medio siglo.

El fallo también envía un mensaje contundente: la inacción de las autoridades locales frente a irregularidades no es tolerable y puede acarrear consecuencias legales y políticas. En términos educativos, este caso recuerda que los bienes públicos no son un regalo de las instituciones, sino derechos colectivos protegidos por la Constitución.

En Nosara, y en todo el país, la sentencia abre una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de exigir transparencia, participación y compromiso de los gobiernos locales en la gestión del territorio.

Pueden descargar los documentos aquí

Recurso de amparo

Resolución

Aportes del fallo para casos similares
  1. Reafirma la imprescriptibilidad de los bienes públicos: ningún particular, aunque tenga escrituras registradas o posesión prolongada, puede reclamar propiedad sobre áreas demaniales. Esto es aplicable a conflictos en playas, parques urbanos y reservas comunales en todo el país.
  2. Obliga a las municipalidades a actuar: la sentencia deja claro que la omisión de alcaldes o funcionarios para proteger bienes públicos constituye una violación constitucional. Por tanto, los gobiernos locales tienen la obligación de iniciar procesos judiciales y administrativos cuando haya ocupación indebida.
  3. Precedente para detener obras privadas: al ordenar la paralización inmediata de construcciones en terrenos públicos, el fallo puede usarse en otros casos donde desarrollos turísticos o residenciales pretendan apropiarse de áreas verdes, caminos o zonas de acceso común.
  4. Reconoce la fuerza vinculante de los acuerdos municipales: el fallo confirma que los alcaldes deben cumplir los acuerdos tomados por el Concejo Municipal, fortaleciendo el control democrático y colegiado en la gestión local.
  5. Defensa de intereses colectivos por encima de intereses privados: el fallo marca un precedente en el equilibrio entre derechos individuales y el interés general, especialmente en territorios donde el valor económico de la tierra puede tentar a apropiaciones indebidas.
  6. Herramienta para comunidades organizadas: al validar los reclamos de Nosara, la resolución fortalece a movimientos comunales en otras localidades que buscan recuperar espacios públicos y denunciar irregularidades municipales.
Glosario básico
  • Recurso de amparo: mecanismo constitucional que permite a cualquier persona denunciar violaciones a derechos fundamentales cometidas por autoridades públicas, solicitando una respuesta inmediata de la Sala Constitucional.

  • Sala Constitucional (Sala IV): instancia de la Corte Suprema de Justicia que resuelve recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en Costa Rica.

  • Bienes demaniales: bienes de dominio público (como calles, parques, plazas, áreas verdes y comunales) que son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se pierden con el tiempo) y que deben destinarse al uso público.

  • INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo): institución estatal que regula proyectos urbanísticos y su planificación, incluyendo la delimitación de espacios públicos en planes de urbanización.

  • Mapa Oficial / Diseño de sitio: documento aprobado por el INVU en 1967 para el Proyecto Americano en Nosara, donde quedaron establecidas formalmente las áreas destinadas al uso común.

  • Reivindicación de bienes: acción legal o administrativa que busca recuperar para el Estado o la comunidad bienes públicos que han sido indebidamente apropiados por particulares.

  • Concejo Municipal: órgano colegiado de gobierno local que aprueba acuerdos y dicta lineamientos que el alcalde debe ejecutar.

  • Procuraduría General de la República: institución asesora y consultora del Estado costarricense en materia legal. Sus dictámenes, cuando son vinculantes, obligan a las instituciones públicas a acatarlos.

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Reescribir la participación: lo que desafía el fallo sobre Gandoca‑Manzanillo

La reciente Sentencia N.° 2025‑2281 de la Sala Constitucional —resultado de la acción presentada por la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur (Covirenas‑Caribe Sur), la activista Selva Baker y la abogada ecologista Silvia Matamoros, elaborada por el abogado, exdiputado y docente José María Villalta junto con estudiantes de los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica— constituye un hito en la protección de los ecosistemas del Caribe Sur. Al declarar inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo y anular la Directriz N.º 09‑2023 del MINAE, la Sala reafirma principios esenciales del derecho ambiental: el deber de tutela efectiva, el principio de precaución y prevención, así como el respeto a compromisos internacionales como la Convención RAMSAR.

Sin embargo, este logro jurídico no está exento de nuevos retos. La sentencia otorga al SINAC un plazo de un año para corregir los vicios señalados, lo cual deja claro que no basta con eliminar normas inconstitucionales: hace falta un proceso de revisión participativo, técnico y transparente. Esto no será sencillo, pues históricamente los planes de manejo y regulaciones costeras se han elaborado con poca incidencia real de las comunidades locales, generando tensiones entre intereses turísticos e inmobiliarios y el derecho colectivo a un ambiente sano.

En ese marco, la participación ambiental en Costa Rica continúa siendo un terreno en disputa. Aunque existe un marco constitucional sólido, los mecanismos de consulta suelen ser formales y no aseguran que las voces de las distintas comunidades que habitan el territorio influyan de manera efectiva en las decisiones. Esta sentencia obliga a repensar cómo se construyen las políticas de conservación y cómo se rinden cuentas cuando se priorizan intereses privados por encima de los bienes comunes.

De este panorama emergen desafíos concretos:

  1. Revisar y rediseñar los procesos de participación ambiental para que dejen de ser meras consultas simbólicas y se conviertan en espacios de decisión vinculante.
  2. Fortalecer la transparencia institucional, garantizando que planes y directrices respondan a criterios técnicos y no a presiones políticas o económicas.
  3. Establecer garantías de no repetición, revisando otros instrumentos de manejo que puedan presentar vicios similares.

En síntesis, esta sentencia no cierra un capítulo: abre la oportunidad de construir una gobernanza ambiental más justa e inclusiva. El reto es enorme, pero también lo es la posibilidad de renovar la relación entre Estado, comunidades y territorio. Costa Rica tiene ahora la oportunidad de demostrar que el derecho a un ambiente sano no es solo un discurso, sino una práctica viva sostenida en la participación real de quienes cuidan y habitan los ecosistemas.

Implementar el fallo de la Sala Constitucional: entre la vigilancia comunitaria y los obstáculos estructurales

Más allá del plano jurídico, la sentencia N.° 2025‑2281 revela un panorama complejo para su puesta en marcha. Aunque el fallo otorga al SINAC un plazo máximo de un año para subsanar los vicios señalados, llevarlo a la práctica implica superar obstáculos de fondo:

1. Tramas de intereses y presunta colusión institucional: El caso Gandoca‑Manzanillo ha expuesto señalamientos de supuesta corrupción y acuerdos informales entre entidades públicas, empresas privadas y particulares interesados en flexibilizar la protección ambiental. Estos intereses generan resistencias internas y dificultan la creación de instrumentos de manejo alineados con los principios constitucionales y los tratados internacionales.

2. Débil capacidad de las instituciones ambientales: La sentencia también evidencia que, en el mejor de los casos, las entidades responsables han mostrado limitaciones técnicas y políticas para salvaguardar ecosistemas de alto valor. Sin cambios profundos en la gobernanza interna del SINAC y en la rendición de cuentas del MINAE, existe el riesgo de que el nuevo plan de manejo repita las mismas fallas con ajustes apenas superficiales.

3. El papel central del monitoreo y la vigilancia comunitaria: Frente a estas dinámicas, el monitoreo ciudadano ha sido decisivo para visibilizar irregularidades, ocupaciones ilegales y daños al ecosistema. Sin este acompañamiento desde los territorios, muchas de estas prácticas habrían pasado inadvertidas. Implementar el fallo supone institucionalizar esa vigilancia, creando espacios reales para que los habitantes locales supervisen y aporten al diseño de nuevos instrumentos de manejo.

4. Garantías de cumplimiento y no repetición: Finalmente, el reto no termina con un plan de manejo corregido. Se requieren mecanismos para asegurar que, una vez aprobado, se cumpla de forma rigurosa y no se convierta en letra muerta. Esto implica fortalecer la fiscalización, dotar de recursos a las áreas protegidas y garantizar protección efectiva a las personas defensoras, quienes a menudo enfrentan hostigamientos o amenazas.

En pocas palabras: este fallo abre una oportunidad inédita para reconstruir la gobernanza ambiental del Refugio Gandoca‑Manzanillo. Pero esa oportunidad solo se concretará si se enfrentan las prácticas de colusión y se consolidan procesos participativos donde la vigilancia comunitaria, lejos de ser ignorada, sea reconocida como un pilar indispensable para asegurar que las áreas protegidas sigan siendo verdaderos bienes comunes.

Participación comunitaria: clave ante la inercia institucional en la gestión ambiental

La sentencia también confirma algo que las comunidades han denunciado por años: la gestión ambiental no puede descansar únicamente en instituciones que, en el mejor de los casos, han mostrado impotencia para impulsar políticas de conservación sólidas y coherentes.

Aunque el SINAC y el MINAE poseen el mandato legal para administrar estos territorios, su capacidad de acción se ha visto limitada por trámites burocráticos, presiones políticas y económicas, e incluso vacíos técnicos. De estas limitaciones han surgido planes de manejo cuestionables y directrices que —como ahora lo confirma la Sala— vulneran principios constitucionales y compromisos internacionales.

Frente a este panorama, el involucramiento comunitario no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. Las comunidades locales, que conviven a diario con los ecosistemas, aportan conocimientos prácticos, memoria histórica y vigilancia territorial que el aparato estatal no puede suplir. Su participación efectiva garantiza mayor legitimidad y favorece planes de manejo más realistas, adaptados y sostenibles.

Por ello, es indispensable abrir espacios vinculantes donde personas pescadoras, agricultoras, liderazgos comunales y organizaciones ambientales puedan incidir en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de conservación. No se trata de delegar responsabilidades, sino de reconocer que la protección de los bienes comunes se logra cuando Estado y comunidades trabajan como pares y no desde relaciones verticales que excluyen y desmovilizan.

La sentencia abre un camino para repensar estos procesos. Que no se quede solo en una corrección técnica: debe ser el inicio de una nueva práctica institucional basada en la escucha, la reciprocidad y el compromiso con quienes históricamente han cuidado estos territorios, muchas veces a pesar de la indiferencia oficial.

El futuro de Gandoca‑Manzanillo —y de muchas otras áreas protegidas en Costa Rica— dependerá de la capacidad de articular esa fuerza comunitaria con una institucionalidad que, en vez de frenar, sepa potenciar la defensa de la vida.

Personas defensoras ambientales: entre la vulnerabilidad y la ausencia de garantías

La sentencia de la Sala Constitucional sobre el Refugio Gandoca‑Manzanillo abre una oportunidad para fortalecer la gobernanza ambiental, pero también nos recuerda el lugar de vulnerabilidad en el que se encuentran quienes defienden los territorios. Las personas defensoras ambientales —comunidades locales, liderazgos comunales, activistas y organizaciones de base— han sido fundamentales para denunciar irregularidades, visibilizar daños ecológicos y mantener viva la vigilancia sobre las áreas protegidas.

Sin embargo, realizan esta labor sin contar con garantías mínimas para ejercerla de forma segura. Muchas enfrentan hostigamientos, amenazas veladas, procesos administrativos injustificados o incluso campañas de desprestigio. A esto se suma la falta de reconocimiento institucional: no existen protocolos claros de protección ni marcos legales que les aseguren condiciones adecuadas para sus tareas de monitoreo, denuncia y articulación comunitaria.

Mientras tanto, la institucionalidad ambiental sigue actuando como si la defensa del ambiente fuera una obligación únicamente del Estado, cuando en la práctica son estas personas y comunidades quienes sostienen los territorios día a día. Su vulnerabilidad no solo es personal, sino que afecta la salud misma de los ecosistemas al desincentivar la participación y la denuncia frente a intereses económicos o prácticas ilegales.

En este contexto, se vuelve inevitable señalar una deuda pendiente: la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue diseñado precisamente para garantizar el acceso a la información, la participación efectiva en la toma de decisiones ambientales y la protección de quienes defienden el ambiente. Costa Rica, país sede de su firma en 2018, aún no lo ha ratificado, dejando sin consolidar muchas de las garantías que hoy se reclaman.

El camino que abre la sentencia será incompleto mientras no existan mecanismos legales y efectivos para proteger y reconocer a las personas defensoras. Ratificar Escazú no es solo un gesto político; es una necesidad urgente para que la defensa de la vida y del territorio deje de ser un riesgo asumido en soledad y se convierta en una tarea colectiva respaldada por el Estado y la ley.

Crédito imagenes: Semanario Universidad

El 16 de julio de 2025, la Sala Constitucional de Costa Rica emitió la sentencia N.° 2025-2281, que declara inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (2017–2026) y la Directriz N.º 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía. Esta decisión representa un precedente clave en la defensa de los ecosistemas costeros del Caribe Sur y reafirma el deber del Estado de garantizar el derecho a un ambiente sano. La infografía que aquí presentamos resume  los principales elementos. Esta herramienta busca facilitar la comprensión ciudadana del caso y apoyar los procesos de vigilancia y participación ambiental desde los territorios.

Pueden descargar la infografía

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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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¿Democracia ambiental en retroceso? Acceso a la información y el caso costarricense

La reciente publicación de la UNESCO y la CEPAL, El acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe: Síntesis de decisiones de órganos garantes y jurisprudencia seleccionada (2024), plantea una pregunta urgente: ¿cómo se garantiza este derecho en contextos donde la participación ambiental se erosiona y los marcos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, siguen sin ser ratificados?

El informe ofrece un análisis exhaustivo del estado actual del derecho de acceso a la información ambiental en la región, con base en decisiones de tribunales y órganos garantes emitidas entre 2018 y 2023. Su enfoque pone de relieve cómo este derecho no sólo permite el ejercicio de la participación y la justicia ambiental, sino que constituye una herramienta fundamental para proteger otros derechos humanos, como el acceso a la salud, al agua o a un ambiente sano.

Una mirada regional: avances desiguales y desafíos comunes

El estudio muestra que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han reconocido el derecho de acceso a la información en sus constituciones o leyes, y muchos han adoptado marcos legales específicos. No obstante, la implementación efectiva es altamente desigual.

Pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, sólo 15 países lo han ratificado. Su adopción es crucial: se trata del primer tratado ambiental regional que vincula el derecho a la información con la participación pública y la justicia ambiental, y que reconoce de forma explícita la protección de personas defensoras del ambiente.

El informe destaca buenas prácticas y avances en jurisprudencia en varios países, pero también evidencia obstáculos persistentes: barreras burocráticas, falta de información en formatos accesibles, uso abusivo de excepciones, e incluso negación sistemática a entregar información de interés público. Esto es especialmente grave en contextos de extractivismo, urbanización desordenada o conflictos socioambientales.

El caso costarricense: discursos verdes, prácticas opacas

En Costa Rica, el derecho de acceso a la información ambiental está reconocido en decretos y en la Ley Orgánica del Ambiente, pero no existe una ley integral sobre acceso a la información pública ni se ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto contrasta con su reputación internacional como referente ambiental.

El informe subraya que sin marcos legales robustos y mecanismos independientes de garantía, este derecho se diluye. La ausencia del Acuerdo de Escazú deja un vacío normativo importante, especialmente en lo relativo a:

  • Estándares claros de acceso y entrega de información.
  • Participación efectiva en decisiones que afectan territorios.
  • Protección específica para personas defensoras.

En los últimos años, Costa Rica ha visto una disminución progresiva de espacios formales de participación ambiental, aumento de conflictos territoriales no transparentados y casos de criminalización de liderazgos comunitarios. Todo esto profundiza la desconfianza hacia las instituciones y debilita los mecanismos democráticos.

¿Qué aporta el informe?

El documento de UNESCO y CEPAL ofrece:

  • Un marco normativo actualizado (internacional, regional y nacional).
  • Conceptos clave como “transparencia activa”, “principio de máxima publicidad” o “grupos en situación de vulnerabilidad”.
  • Una selección de decisiones judiciales y administrativas que amplían el alcance del derecho a la información ambiental.
  • Recomendaciones para mejorar la legislación, fortalecer la institucionalidad garante y garantizar el acceso universal y equitativo a la información.
Democracia ambiental: mucho más que buenas intenciones

A la luz del informe, se vuelve evidente que el debilitamiento institucional de la participación ambiental, junto con la opacidad de decisiones clave sobre el uso del territorio, profundizan las brechas de justicia ambiental.

Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar pasos firmes hacia una democracia ambiental real: con información abierta, participación sustantiva y protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Porque como señala el informe:

“El acceso a la información ambiental no es un fin en sí mismo, sino un medio esencial para ejercer otros derechos, proteger el ambiente y construir un desarrollo verdaderamente sostenible.”

¿Qué significa realmente el acceso a la información ambiental? ¿Por qué es clave para proteger nuestros territorios y ejercer nuestros derechos?

A partir del informe de la UNESCO y la CEPAL, preparamos una infografía con conceptos esenciales, ideas fuerza y los principales aportes del documento. Un recurso útil para estudiantes, organizaciones, activistas y cualquier persona interesada en la justicia ambiental.

Explorá, compartí y usala como punto de partida para seguir defendiendo el derecho a saber… y a decidir.

PDFImagen

Glosario esencial sobre acceso a la información ambiental

1. Información ambiental
Todo dato sobre el estado del medio ambiente, recursos naturales, riesgos ambientales, impactos reales o potenciales, así como medidas de protección, gestión o normativa ambiental.

2. Acceso a la información
Derecho de toda persona a solicitar y recibir información pública, sin necesidad de justificar su interés. Aplica tanto a instituciones estatales como a otras entidades obligadas por ley.

3. Transparencia activa
Obligación del Estado de generar y difundir información ambiental de forma sistemática, oportuna, accesible y comprensible, sin necesidad de que haya una solicitud previa.

4. Transparencia pasiva
Derecho de las personas a obtener información ambiental cuando la solicitan expresamente, y deber del Estado de entregarla dentro de plazos establecidos.

5. Principio de máxima publicidad
Todo lo que no esté expresamente clasificado como reservado debe ser público. Las excepciones deben ser limitadas, proporcionales y justificadas.

6. Sujetos obligados
Entidades públicas (y en algunos casos privadas) que tienen la obligación de proporcionar información ambiental bajo su control, como ministerios, municipios, empresas concesionarias, etc.

7. Grupos en situación de vulnerabilidad
Poblaciones que enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos, como pueblos indígenas, personas defensoras ambientales, mujeres rurales o personas en zonas remotas. El acceso debe garantizarse con medidas diferenciadas.

8. Acuerdo de Escazú
Primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Incluye también la protección de personas defensoras.

9. Justicia ambiental
Acceso equitativo a los beneficios del ambiente y a la posibilidad de reclamar ante afectaciones. Implica garantizar el derecho a un ambiente sano con perspectiva de derechos humanos.

10. Derecho a un ambiente sano
Derecho reconocido en la mayoría de constituciones de América Latina. Es base para la vida digna y para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

11. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Instrumentos técnicos y legales para analizar los efectos de un proyecto o actividad sobre el ambiente. Su acceso es clave para la participación pública informada.

12. Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (Escazú)
Órgano no judicial ni punitivo que acompaña a los Estados Parte en la implementación del Acuerdo de Escazú, promoviendo buenas prácticas y cooperación.

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Inquilinas e inquilinos en lucha: voces desde Los Ángeles

En medio de una crisis habitacional global, miles de personas enfrentan desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones de vida precarias. En Los Ángeles, una de las ciudades más desiguales del mundo, el Sindicato de Inquilinos ha surgido como una fuerza organizada que resiste la lógica del mercado inmobiliario y defiende el derecho a una vivienda digna.

En este video conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, quienes comparten sus experiencias de lucha, organización y esperanza. A través del sindicalismo inquilino y la educación popular, estas comunidades están construyendo alternativas desde abajo para transformar su realidad.

🚪 ¿Qué pasa cuando quienes alquilan se organizan?
🏙️ ¿Cómo se construye una ciudad desde el derecho, no desde el privilegio?

👉 Dale play y sumate a esta conversación sobre defensa colectiva, justicia habitacional y transformación social.

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Una imagen colectiva, un futuro común: territorio, participación y transformación desde las comunidades de Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado

Este proceso socioeducativo surge a partir del interés y compromiso de la Asociación de Desarrollo Integral de la Zona Alta de Coronado, preocupada por los cambios acelerados que vive la zona y por la necesidad de fortalecer los vínculos entre las personas que habitan el territorio. Desde la ADI se impulsó esta iniciativa con el fin de reconstruir el tejido comunitario, visibilizar las riquezas locales y abrir nuevos espacios de encuentro e intercambio, donde la palabra, la escucha y la acción compartida permitan imaginar un futuro común con participación, arraigo y dignidad.

El proceso socioeducativo desarrollado en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat de Coronado nace de una convicción clara y profundamente política: para transformar un territorio con justicia, sostenibilidad y equidad, no basta con imponer soluciones desde afuera; es indispensable partir de la mirada, los saberes y las aspiraciones de quienes lo habitan cotidianamente. Desde esta premisa, se impulsaron una serie de talleres participativos con vecinos y vecinas de la zona alta del cantón, buscando construir colectivamente una imagen identitaria del territorio que no solo represente su riqueza natural y cultural, sino que también visibilice los desafíos comunes y fortalezca las bases para la acción colectiva.

Esta imagen identitaria no es un simple retrato simbólico, sino una herramienta para soñar y proyectar el futuro desde lo local, con propuestas que integran el impulso del turismo sostenible, la dinamización de la economía comunitaria y el fortalecimiento de los vínculos sociales, muchas veces debilitados por el avance de la urbanización desordenada y la fragmentación del tejido social.

A lo largo de este proceso emergieron hallazgos profundos y conmovedores. Se reveló la existencia de una memoria territorial viva, que reconoce en los ríos, las montañas, las nacientes, los senderos y los sonidos del bosque no solo elementos del paisaje, sino pilares afectivos y culturales de una identidad compartida. Al mismo tiempo, se manifestó una conciencia crítica ante las transformaciones que amenazan esa identidad: la expansión inmobiliaria sin planificación, la contaminación de fuentes de agua, la pérdida de espacios públicos y la percepción de abandono institucional.

Pero, quizás lo más importante, fue la constatación de que, pese a estas tensiones, las comunidades no están paralizadas. Existe una voluntad firme de organizarse, de cuidarse colectivamente, de recuperar espacios abandonados, de sostener prácticas solidarias y de defender lo común. En medio de las dificultades, brotan ideas, memorias y gestos que abren camino a nuevas formas de habitar, imaginar y construir comunidad desde abajo, con dignidad y esperanza.

Desafíos compartidos en el territorio

A lo largo de los talleres realizados en Las Nubes, Cascajal Centro y Monserrat, las comunidades identificaron una serie de desafíos que, aunque con matices propios en cada sector, revelan tensiones estructurales que afectan la vida cotidiana y la posibilidad de habitar el territorio con dignidad. Estos desafíos no son solo problemas puntuales, sino señales de un modelo de desarrollo que avanza sin considerar la voz ni las necesidades de quienes viven el lugar.

Entre los desafíos más reiterados destacan:

  • Urbanización acelerada y pérdida del equilibrio ambiental: La expansión desordenada de construcciones ha generado la pérdida de espacios verdes, fragmentación del paisaje y presión sobre nacientes, ríos y zonas de recarga hídrica. Muchas personas expresaron preocupación por la contaminación de fuentes de agua y la transformación del entorno natural.

  • Abandono y deterioro de infraestructura pública: Escuelas cerradas, centros comunales sin uso y caminos en mal estado reflejan una desatención institucional que limita el acceso a servicios básicos y reduce los espacios de encuentro y organización local.

  • Contaminación y gestión deficiente de residuos: La basura en calles, ríos y espacios públicos fue una denuncia constante, especialmente por el impacto de visitantes externos y la falta de control municipal.

  • Fragmentación del tejido social: La llegada de nuevas personas a las comunidades, sin procesos de integración ni espacios de convivencia, ha generado una sensación de desconocimiento entre vecinos, debilitando la confianza mutua y la participación.

  • Debilidad en la participación ciudadana: A pesar del interés en involucrarse, muchas personas señalaron el bajo nivel de asistencia a audiencias públicas, el desconocimiento de derechos y la escasa respuesta de las instituciones frente a sus demandas.

  • Inseguridad y percepción de vulnerabilidad: Se reportaron asaltos, circulación de drogas, problemas con el alumbrado público y la necesidad de repensar la seguridad desde una lógica de corresponsabilidad, no solo de control policial.

Estos desafíos no se presentan como obstáculos insalvables, sino como puntos de partida para fortalecer el protagonismo comunitario. Reconocerlos colectivamente permite imaginar soluciones desde la raíz, priorizando la escucha, la organización local y la acción territorial sostenida.

Reflexión final: la participación como semilla de transformación

Este proceso confirma que la participación comunitaria no es un lujo, sino una necesidad urgente. Es desde la escucha, el encuentro y la acción colectiva que pueden surgir respuestas reales a los desafíos territoriales. Cuando una comunidad se reconoce, se cuida y se organiza, empieza a transformar no solo su paisaje, sino también sus relaciones, su esperanza y su destino. Porque los barrios no se cambian desde afuera, sino desde adentro, paso a paso, entre todas y todos.

Boletín 1 (Las Nubes):
La comunidad reconoció el valor del entorno natural y cultural, así como la urgencia de actuar ante la pérdida del paisaje, la contaminación y el abandono de espacios públicos. Las experiencias organizativas, como rifas y actividades recreativas, muestran que hay una red viva de cuidado y compromiso.

Pueden descargar el boletín aquí

Boletín 2 (Cascajal Centro):
Se evidenció un fuerte arraigo con el paisaje y prácticas cotidianas como caminar o andar en bicicleta, que conectan con el territorio. Preocupan la contaminación, el mal estado vial y la desconexión entre habitantes antiguos y nuevos. La comunidad expresa el deseo de reorganizarse, mejorar la convivencia y exigir mejor gestión pública.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 3 (Monserrat):
A pesar de una participación más limitada, se identificaron recursos clave como la producción agrícola local y lugares con potencial para el encuentro. Se propusieron acciones concretas como mercados de cercanías, huertas comunitarias y directorios de oficios, apostando por una economía solidaria y circular.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 4 (Encuentro sobre seguridad):
La seguridad fue abordada desde una perspectiva de derechos. Se planteó la corresponsabilidad comunitaria como eje para prevenir la violencia y recuperar espacios públicos. Frente a propuestas punitivas, se impulsaron talleres por calle para diagnosticar problemas y diseñar soluciones desde la comunidad.

Pueden descargar el boletín aquí.