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Vejez, dignidad y resistencia: un cuaderno de estudio sobre la lucha de Norma Plá

Este cuaderno de estudio fue elaborado por Jimena Tercero Herrera y Daniela Díaz López, estudiantes asistentes del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de su trabajo académico durante el año 2025 en el marco de los proyectos del Observatorio y la Caja de Herramientas. Su aporte fue fundamental para el desarrollo de este material educativo orientado a la reflexión crítica sobre derechos sociales, vejez y acción colectiva.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica compartimos el cuaderno de estudio Vejez, dignidad y resistencia popular: Norma Plá, una voz de valentía y dignidad, un material educativo que busca reflexionar críticamente sobre la defensa de los derechos sociales, la participación ciudadana y la dignidad de las personas mayores.

Este cuaderno propone un recorrido histórico y pedagógico por la vida y la lucha de Norma Beatriz Guimil de Plá (1932–1996), una mujer trabajadora que se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la resistencia social en Argentina durante la década de 1990. En un contexto marcado por profundas reformas neoliberales —privatizaciones, ajuste fiscal y cambios en los sistemas de pensiones— Plá emergió como una voz colectiva que denunció el deterioro de las condiciones de vida de las personas jubiladas y pensionadas.

Norma Plá: una vida marcada por la dignidad y la protesta

Norma Plá nació en el conurbano bonaerense en el seno de una familia trabajadora. Desde muy joven se incorporó al mercado laboral en empleos domésticos y tareas de cuidado, trabajos históricamente precarizados y escasamente reconocidos por los sistemas de seguridad social. Como muchas mujeres de su generación, su trayectoria laboral estuvo atravesada por la informalidad, lo que la dejó sin acceso a una jubilación digna.

Durante los años noventa, cuando las políticas neoliberales redujeron el valor real de las pensiones y transformaron el sistema previsional argentino, Plá se convirtió en una referente del movimiento de jubilados y pensionados. Su presencia constante en las calles, sus intervenciones públicas y su firmeza frente al poder político la transformaron en un símbolo de dignidad y resistencia.

Cada miércoles, frente al Congreso argentino, cientos de jubilados se reunían para reclamar pensiones dignas. Aquellas protestas —conocidas como los miércoles de los jubilados— se convirtieron en un espacio de aprendizaje colectivo, donde la experiencia de vida se transformaba en denuncia pública y en construcción de conciencia social.

La protesta como pedagogía

Uno de los aportes centrales del cuaderno es mostrar que las luchas sociales no solo denuncian injusticias: también producen conocimiento. La experiencia de Norma Plá revela cómo la protesta puede convertirse en un espacio pedagógico donde las personas aprenden a leer críticamente la realidad, a organizarse colectivamente y a disputar el sentido de los derechos.

La palabra de Plá, directa y sin mediaciones técnicas, provenía de la experiencia cotidiana de la precariedad. Al llevar esa experiencia al espacio público, logró transformar un problema individual —la pobreza en la vejez— en un debate político sobre el modelo de sociedad.

Su figura también desafió estereotipos profundamente arraigados: una mujer mayor, pobre y proveniente de los márgenes sociales ocupando el espacio público, confrontando al poder y denunciando injusticias. Su presencia mostró que la vejez no es un tiempo de silencio, sino también un territorio de lucha y participación política.

Pensar las pensiones hoy

El cuaderno invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que atraviesan los sistemas de pensiones en América Latina. Tanto en Argentina como en Costa Rica, las jubilaciones reproducen muchas de las desigualdades presentes en el mercado laboral: quienes han tenido empleos formales y estables acceden a mejores pensiones, mientras que quienes trabajaron en la informalidad —especialmente mujeres dedicadas a tareas de cuidado— enfrentan mayor precariedad en la vejez.

Desde esta perspectiva, la figura de Norma Plá permite pensar la seguridad social como una conquista histórica que requiere organización, debate público y participación ciudadana para ser defendida.

Un cuaderno para estudiar, dialogar y organizarse

Este cuaderno de estudio fue elaborado como una herramienta educativa para promover el análisis crítico sobre la relación entre vejez, trabajo, género y derechos sociales. Inspirado en la tradición de la educación popular latinoamericana, busca contribuir a procesos de formación colectiva que permitan comprender las raíces de las desigualdades y fortalecer la defensa de los bienes comunes.

La historia de Norma Plá nos recuerda que los derechos no son concesiones permanentes: son conquistas sociales que se defienden en la organización colectiva, la participación y la protesta.

Su legado sigue vigente hoy, cuando los debates sobre los derechos sociales, las pensiones, los cuidados y la dignidad en la vejez continúan atravesando nuestras sociedades.

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De cambios aislados a tendencias territoriales: señales de alerta desde el monitoreo ciudadano en el Caribe Sur

El siguiente balance recoge observaciones realizadas durante los primeros dos meses del año 2026 en el marco del trabajo de monitoreo territorial que desarrolla el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven en el Caribe Sur de Costa Rica. Más que presentar un recuento detallado de casos específicos, esta revisión busca identificar algunas tendencias y señales de alerta que emergen al observar en conjunto los registros recientes de transformaciones ambientales en la región.

En el Caribe Sur de Costa Rica, muchas de las transformaciones del territorio ocurren de manera gradual y fragmentada. Un árbol menos aquí, un relleno allá, una construcción que aparece donde antes había bosque o humedal. Observados de forma aislada, estos hechos pueden parecer episodios menores. Sin embargo, cuando se registran y comparan a lo largo del tiempo, comienzan a revelar patrones más amplios de transformación ambiental.

El monitoreo territorial que ha realizado durante más de dos décadas el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven permite justamente ese tipo de lectura. Su trabajo, basado en recorridos, fotografías comparativas, observación directa y seguimiento de denuncias, constituye un archivo ciudadano que ayuda a comprender cómo están cambiando los ecosistemas del Caribe Sur.

Este monitoreo ha sido posible gracias a su labor sostenida en el territorio, pero también al aporte de muchas personas vecinas que, al observar cambios o intervenciones en el paisaje, se comunican con él para alertar sobre lo que está ocurriendo. A partir de estas alertas, Philippe visita los sitios, registra las transformaciones mediante fotografías y notas de campo, y documenta la evolución de los procesos en el tiempo. De esta forma, el monitoreo se construye también como un ejercicio colectivo de vigilancia socioambiental desde el territorio.

Más que centrarse en un caso específico, la revisión conjunta de los registros de monitoreo permite identificar tendencias y señales de alerta que invitan a reflexionar sobre el futuro ambiental de la región.

Tendencias que emergen del monitoreo territorial

1. Transformaciones graduales del paisaje

Una de las características más visibles en los registros es que los cambios ambientales rara vez ocurren de forma abrupta. Con frecuencia se trata de procesos acumulativos: primero se elimina parte de la cobertura vegetal, luego se realizan chapeas o intervenciones parciales, posteriormente se rellena el terreno y finalmente aparecen construcciones.

Este tipo de secuencia permite que la transformación del territorio ocurra en etapas, diluyendo la percepción del impacto y dificultando su seguimiento institucional.

2. Presión creciente sobre ecosistemas sensibles

Los registros de monitoreo señalan intervenciones recurrentes en ecosistemas particularmente frágiles desde el punto de vista ambiental, como humedales, bosques costeros, márgenes de quebradas o áreas cercanas a la franja costera.

Estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas clave: regulan el agua, albergan biodiversidad y protegen la dinámica natural del litoral. Cuando se alteran o fragmentan, los impactos pueden extenderse más allá del sitio intervenido.

3. Cambios de uso del suelo asociados a dinámicas inmobiliarias

Otra tendencia que aparece de manera reiterada es la transformación progresiva de terrenos que originalmente presentaban características de bosque o humedal hacia usos vinculados con infraestructura, vivienda o actividades comerciales.

Este proceso suele estar asociado a la creciente valorización del suelo en zonas turísticas del Caribe Sur, donde la expansión inmobiliaria ejerce una presión cada vez mayor sobre el territorio.

4. Fragmentación de los ecosistemas

Incluso cuando algunos elementos naturales permanecen —como el cauce de una quebrada o pequeños parches de vegetación—, el entorno puede transformarse completamente. Esta fragmentación reduce la conectividad ecológica, debilita los corredores biológicos y limita la capacidad de los ecosistemas para mantenerse funcionales.

5. Tensiones entre normativa ambiental y realidad territorial

Costa Rica cuenta con un marco jurídico robusto en materia ambiental. No obstante, los procesos documentados en el monitoreo plantean preguntas sobre la capacidad de fiscalización, seguimiento y control en el territorio.

Cuando intervenciones en ecosistemas sensibles se repiten en el tiempo, surge la necesidad de examinar cómo se están aplicando las normas existentes y cuáles son las capacidades institucionales para prevenir o revertir estos procesos.

El valor del monitoreo ciudadano

Frente a estos escenarios, el monitoreo ambiental realizado por personas que habitan y recorren cotidianamente el territorio adquiere una importancia particular.

Este tipo de observación sostenida permite:

  • Registrar cambios ambientales que ocurren lentamente.

  • Construir memoria territorial sobre procesos de transformación del paisaje.

  • Generar información pública que puede complementar los registros institucionales.

  • Alertar tempranamente sobre posibles impactos en ecosistemas sensibles.

  • Articular redes informales de vigilancia comunitaria, donde las personas vecinas alertan sobre situaciones que luego pueden ser documentadas en terreno.

Más allá de cada caso específico, el monitoreo ciudadano contribuye a visibilizar dinámicas territoriales que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas, y muestra cómo la defensa de los bienes comunes también se construye desde la atención cotidiana que las comunidades ponen sobre su territorio.

Una invitación a explorar el monitoreo del Caribe Sur

El trabajo de registro territorial realizado por Philippe Vangoidsenhoven se encuentra ahora disponible públicamente a través del sitio “Monitoreo Caribe Sur”, una plataforma que reúne reportes, fotografías y documentación generada a lo largo de años de observación del territorio.

El sitio busca fortalecer la memoria ambiental del Caribe Sur y poner a disposición información que puede ser útil para comprender las transformaciones que afectan a la región.

Invitamos a quienes deseen conocer más sobre este trabajo de monitoreo territorial a visitar la página:

Monitoreo Caribe Sur
https://sites.google.com/view/monitoreocaribesur/inicio

Explorar estos registros permite observar el territorio en el tiempo y comprender mejor los procesos que están configurando el presente y el futuro ambiental del Caribe Sur.

Publicaciones de referencia

Para profundizar en los registros y análisis que sustentan este balance, se pueden consultar las siguientes publicaciones elaboradas por Philippe Vangoidsenhoven, disponibles en el sitio Monitoreo Caribe Sur:

Estos reportes presentan documentación más detallada del monitoreo territorial realizado en la región y permiten observar, a partir de registros fotográficos y seguimiento en el tiempo, las transformaciones que han ocurrido en distintos ecosistemas del Caribe Sur.

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Hospital sin Paredes: una historia vigente de salud comunitaria

El Hospital sin Paredes no es solo un capítulo destacado en la historia de la salud pública costarricense: es una lección viva sobre cómo una comunidad puede construir bienestar cuando la salud se entiende como un proceso social, participativo y profundamente humano. Hoy, compartimos una reedición del documento Nuestra Historia sin Paredes —preparada para poner nuevamente en circulación la memoria de esta experiencia— junto con dos entrevistas a Enid Cruz, quien vivió de cerca la construcción de este proyecto y el legado del Dr. Juan Guillermo Ortiz.

Un modelo de salud adelantado a su tiempo

El Hospital sin Paredes surgió como respuesta a las necesidades de comunidades rurales que permanecían excluidas de la atención médica tradicional. La experiencia innovó al romper —literalmente— las paredes que separaban al hospital de la vida cotidiana de la gente.

Esta propuesta acercó la salud a los hogares, formó auxiliares de enfermería elegidas por la comunidad, impulsó equipos interdisciplinarios, creó puestos de salud y organizó responsables de salud que articulaban la participación popular con el conocimiento técnico.

El hospital caminaba a la par de la comunidad: acompañaba, prevenía, enseñaba y construía soluciones colectivas frente a los problemas ambientales, sociales y económicos que afectaban la vida.

La voz de Enid Cruz: memoria y compromiso

En el video principal, Enid Cruz comparte su experiencia dentro del Hospital sin Paredes, recordando cómo el programa puso en práctica un enfoque integral y cercano con las comunidades. Sus vivencias revelan el espíritu de trabajo solidario que caracterizó al programa: un modelo donde escuchar, comprender y acompañar eran tan importantes como diagnosticar o tratar.

En un segundo video, Enid habla del Dr. Juan Guillermo Ortiz, figura central del proyecto. Su visión social de la salud permitió que el hospital se transformara en un espacio abierto, democrático y participativo, donde cada persona tenía algo que aportar para el bienestar común.

Leer el documento histórico

Como parte de esta conmemoración, ponemos a disposición la reedición de Nuestra Historia sin Paredes, un documento que recopila testimonios, datos, poemas de las comunidades, fotografías y análisis de un proceso que marcó un antes y un después para la salud en San Ramón y la región.

Es una invitación a volver sobre esa memoria desde el presente:
¿Qué podemos aprender hoy del Hospital sin Paredes?
¿Qué elementos de esa experiencia siguen siendo urgentes?

Un legado para los bienes comunes sociales

El Hospital sin Paredes ofrece aprendizajes muy valiosos para pensar los bienes comunes sociales —aquellos ámbitos esenciales para la vida que solo pueden sostenerse mediante prácticas colectivas de cuidado, acceso equitativo y responsabilidad compartida.

Tres enseñanzas centrales destacan:

1. La salud como construcción comunitaria: El programa mostró que la salud no se limita a la consulta médica. Requiere caminos, agua potable, organización, educación, alimentación, vivienda y participación. Es decir: la salud depende de los bienes comunes que sostienen la vida cotidiana.

2. La participación como derecho y como método: El lema “la salud es un derecho del pueblo y su participación un deber” expresaba algo fundamental: las comunidades no son beneficiarias pasivas, sino protagonistas del diseño y sostenimiento del sistema de salud. Esta visión sigue siendo crucial en tiempos donde la participación se fragmenta o reduce a trámites institucionales.

3. El vínculo entre conocimiento técnico y saberes populares: La experiencia de San Ramón demostró que profesionales y comunidades pueden construir soluciones juntos, reconociendo saberes locales, registrando datos, investigando causas y devolviendo la información a la población. Hoy, este diálogo es indispensable para cualquier gestión de bienes comunes.

Una historia viva

Aunque el programa enfrentó resistencias y fue debilitado por decisiones institucionales, su legado permanece. Es una memoria necesaria para seguir imaginando sistemas de salud más cercanos, participativos y justos.

Con esta nota, los videos y la reedición del documento original, invitamos a reconocer la vigencia del Hospital sin Paredes como un patrimonio social, un ejemplo de innovación pública y un recordatorio de que la salud —como la educación, el agua o el territorio— se sostiene mejor cuando se construye desde la comunidad.

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Monitoreos de Philippe: registro de impactos ambientales

Como parte de su trabajo de monitoreo ambiental, Philippe Vangoidsenhoven ha documentado diversas prácticas que generan preocupación tanto en zonas boscosas como en áreas públicas. Sus observaciones permiten visibilizar conflictos y daños potenciales al entorno, evidenciando la vulnerabilidad de estos territorios ante intervenciones humanas desordenadas. A continuación se presentan dos casos recientes que ilustran estas problemáticas.

Caso 1 — Chapeo de bosque privado y agresión a observador

Philippe registró la intervención en un bosque que hasta ahora no había sido tocado. Durante siete u ocho días, un grupo de cuatro o cinco personas realizó labores de chapeo. El terreno pertenece a una empresa ampliamente reconocida por la extracción de material de río y que, además, ha sido denunciada por extraer material de una loma en el cantón de Talamanca.

Tras denuncias previas, los responsables retiraron los rótulos de los camiones para evitar problemas legales. Al consultar a uno de los trabajadores sobre la razón del chapeo, este no ofreció una explicación clara. Philippe advierte que, en muchos casos, este tipo de acciones precede a la tala y posterior loteo de terrenos. En este caso, el bosque es montañoso y se desconoce el objetivo de la intervención.

Durante el monitoreo, Philippe también sufrió un incidente de violencia: mientras tomaba fotografías y registraba la situación con su celular, un hombre del lugar le gritó e intentó intimidarlo desde unos 100 metros, exigiéndole que dejara de tomar fotos. Philippe documentó el evento con la cámara de su carro y su celular, señalando que la percepción de la ley por parte de los responsables parece basarse más en caprichos que en la normativa vigente, lo que dificulta la protección ambiental.

Caso 2 — Uso desordenado de áreas públicas y playas

En otro monitoreo, Philippe observó que, especialmente durante los periodos de vacaciones, la zona pública y las playas sufren un uso desordenado y dañino. Personas que llegan a la zona realizan actividades de parqueo y ocupación de espacios públicos, incluyendo áreas que deberían ser refugio de fauna o patrimonio comunitario.

Philippe describe la situación como un “desastre total”, en la que el control por parte de las autoridades es limitado y la presión social y ambiental se intensifica. Este caso evidencia un problema recurrente en la gestión de espacios públicos y en la protección del litoral costarricense.

Caribe Sur bajo presión

Estos dos casos muestran patrones recurrentes de intervención humana en territorios sensibles, donde tanto la acción privada como el uso desordenado del espacio público generan riesgos significativos para los ecosistemas y la gestión comunitaria. En el Caso 1, el chapeo de un bosque montañoso, acompañado de agresión a un observador, evidencia la vulnerabilidad de los bosques ante prácticas no reguladas y caprichos individuales que pueden anticipar la tala y el loteo de terrenos. La falta de claridad sobre la finalidad de estas intervenciones refleja la debilidad institucional y la dificultad de aplicar la normativa ambiental en contextos de presión extractiva.

En el Caso 2, la ocupación descontrolada de playas y zonas públicas durante periodos de mayor afluencia demuestra cómo la presión social sobre espacios comunes contribuye al deterioro ambiental y al conflicto de usos. La incapacidad de las autoridades para regular estas prácticas refuerza la idea de que los territorios más frágiles —ya sea por su valor ecológico, social o cultural— requieren mecanismos de control y vigilancia más efectivos.

En conjunto, ambos casos revelan cómo actividades aparentemente dispersas o aisladas tienen efectos acumulativos sobre ecosistemas y comunidades. Bosques, ríos y playas son territorios vulnerables que no solo sufren daños físicos, sino también tensiones legales, sociales y éticas. La experiencia de Philippe muestra que la defensa ambiental exige monitoreo constante, visibilización de agresiones, y la construcción de capacidades comunitarias para resistir prácticas que ponen en riesgo bienes comunes y patrimonios naturales.

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Formación ciudadana que abre camino: Escazú fortalece su proceso hacia el Plan Regulador

El proceso del Plan Regulador de Escazú continúa mostrando el valor de la formación ciudadana impulsada desde las propias organizaciones sociales, espacios que refrescan la vida democrática y permiten que los debates institucionales se enriquezcan con la voz, la memoria y la experiencia de la comunidad.

El encuentro realizado el pasado lunes 24 de noviembre en la sede de Codece, San Antonio, fue ejemplo de ello. Personas, colectivos y grupos vecinales se reunieron para poner en común el proceso que se ha venido construyendo, compartir inquietudes y aprendizajes, y proyectar los pasos que siguen en la conformación de la Comisión del Plan Regulador.

Intercambio y discusión para ampliar la democracia local

La reunión destacó la importancia de contar con espacios donde la ciudadanía pueda formarse, informarse y contrastar perspectivas. En un momento en el que la planificación territorial enfrenta tensiones políticas, técnicas y sociales, estos ejercicios comunitarios permiten abrir los procesos municipales a una participación más amplia, crítica y corresponsable.

El diálogo colectivo también evidenció cuánto ha significado para el movimiento ciudadano estar presente en los distintos espacios municipales, hacer valer la voz de la comunidad y sostener un seguimiento constante de las decisiones del Concejo Municipal. Este involucramiento ha permitido que la ciudadanía incida y garantice que la planificación del territorio no se cierre en criterios técnicos, sino que integre la diversidad de saberes locales.

Mirar hacia lo que viene: retos y oportunidades

El encuentro también permitió profundizar en cómo se desarrollarán los siguientes pasos del proceso del Plan Regulador. Se destacó el papel clave que tendrán los consejos de distrito en esta fase y se subrayaron varias dimensiones fundamentales a considerar:

  • -Asambleas distritales accesibles y representativas: trabajar para que la participación sea amplia y que los distintos sectores del cantón puedan involucrarse.
  • -Rol de los consejos de distrito: impulsar la organización comunitaria y fortalecer la coordinación entre barrios y colectivos.
  • -Diálogo constante con la institucionalidad: mantener la comunicación abierta para generar confianza y transparencia en el proceso.
  • -Construcción de capacidades comunitarias: formación e información para que la ciudadanía pueda participar de manera crítica y fundamentada.

Estas dimensiones reflejan la importancia de sostener un proceso democrático desde los barrios organizados, colectivos y organizaciones sociales, asegurando que la participación no sea solo simbólica, sino efectiva y duradera.

Se subrayó que el desafío principal será sostener la presencia y la organización, especialmente en un contexto donde las agendas comunitarias deben lidiar con tiempos institucionales, calendarios complicados y la necesidad de seguir generando información accesible para más sectores del cantón.

Compromiso con una democracia viva

Los espacios como este demuestran que la democracia local se construye desde abajo, desde la conversación entre vecinas y vecinos, la reflexión compartida y el ejercicio de imaginar colectivamente el futuro del territorio.

Para el Observatorio de Bienes Comunes, estos espacios de encuentro y formación ciudadana son la base de cualquier proceso verdaderamente democrático. En ellos se tejen las relaciones, los acuerdos y las capacidades colectivas necesarias para sostener los bienes comunes sociales, naturales y culturales que están en juego en un Plan Regulador. Solo a partir de la organización barrial, el trabajo de los colectivos y el impulso de las organizaciones sociales es posible ampliar la democracia en procesos institucionales frecuentemente marcados por la burocracia, garantizando que la planificación del territorio responda a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

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Mujeres de Nueva esperanza: La Lucha por la tierra – video

Las mujeres campesinas de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza han sembrado, por más de dos décadas, mucho más que alimentos: han cultivado comunidad, dignidad y un modelo ejemplar de agroecología en Caño Negro, Los Chiles. Hoy, enfrentan un proceso de despojo que ha borrado cercas, infraestructura y documentos, pero no su convicción.

Este video recoge sus voces en un momento crítico: relatan cómo construyeron “el pulmón de la esperanza”, cómo avanzó la ocupación ilegal de la finca y cómo el abandono institucional —marcado por la pasividad del INDER— profundizó la injusticia.

Aun así, ellas continúan resistiendo. Saben que la lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir viviendo y cultivando aquello que han defendido durante casi 30 años. Su historia recuerda una verdad incómoda: cuando el Estado se ausenta, quienes más pierden son las mujeres rurales que sostienen, desde abajo, la vida y los bienes comunes.

Este video es un acto de memoria y denuncia, pero también de esperanza. Te invitamos a escucharlas.

Memoria viva: un documental para entender lo que está en juego

Como parte del esfuerzo por resguardar la memoria de esta experiencia, también ponemos a disposición el documental Para que vuelvan las mariposas (UNED), una obra que revela la profundidad del trabajo realizado por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza. Con sensibilidad y fuerza, el documental muestra cómo, en medio de la devastación ambiental provocada por la piña y la ganadería extensiva, ellas levantaron un modelo agroecológico colectivo capaz de restaurar suelos, recuperar biodiversidad y reactivar la vida en su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia y alimentos sanos regresaron gracias a su trabajo incansable.

Hoy, ese legado está nuevamente en riesgo. La finca donde nació esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con el silencio cómplice de instituciones como el INDER. Lo que antes fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria está siendo despojado, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo acercarse a una historia de organización y esperanza:
es reconocer la dimensión de la pérdida y la urgencia de proteger la memoria, la tierra y a quienes la defienden.

🌱 Cuando las mariposas desaparecen, sabemos que algo vital se está perdiendo.
Cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si cuidamos la tierra y a quienes la cultivan.

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Voces que no se callan: la democracia se defiende en las calles – 11 de noviembre de 2025

El Observatorio de Bienes Comunes participó en la movilización nacional del 11 de noviembre, una jornada donde agricultores, docentes, mujeres, estudiantes y diversos sectores sociales marcharon en defensa de la democracia, la seguridad social y la producción nacional.

Las voces reunidas en esta manifestación expresaron una profunda preocupación por el autoritarismo creciente del gobierno, el desmantelamiento de las instituciones públicas y el abandono de los territorios rurales. Entre las principales denuncias se señaló la represión contra manifestantes, el encarcelamiento del agricultor Roy Fallas, el desprecio hacia el diálogo social y las políticas que favorecen a los grandes importadores en detrimento del campesinado nacional.

Las intervenciones también advirtieron sobre la crisis de seguridad ciudadana, el deterioro del sistema educativo y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como el aumento de la violencia feminicida. Colectivos feministas exigieron la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer y la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios, denunciando el silencio institucional ante la violencia estructural contra las mujeres.

Diversas voces llamaron a devolver a los trabajadores el control de sus fondos de pensión (ROP), a convocar el proyecto FONARROZ (24.211) y a detener el abandono del agro costarricense. También se denunció la corrupción, el acoso de la prensa y el uso del miedo como herramienta política, alertando sobre los riesgos de una deriva autoritaria que erosiona las bases del Estado Social de Derecho.

“Sí a la democracia, no a la dictadura” fue la consigna que unió a quienes marcharon desde distintos puntos del país. En sus palabras resonó una defensa firme de la libertad, la dignidad y el derecho a participar en la construcción colectiva del futuro.

🎧 Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta:

 

Libertad para Roy Fallas: la represión como mensaje político

Durante la manifestación, la fuerza pública detuvo al agricultor y líder campesino Roy Fallas, integrante del movimiento arrocero nacional, mientras la marcha avanzaba pacíficamente hacia Casa Presidencial. Su arresto, denunciado por múltiples sectores, fue interpretado como un acto de represión y criminalización de la protesta social.

Las organizaciones participantes exigieron su liberación inmediata, recordando que defender el derecho a producir, a manifestarse y a exigir diálogo no puede ser tratado como delito. El caso de Roy Fallas refleja una tendencia preocupante: el uso de la fuerza estatal para silenciar la disidencia y disuadir la organización popular.

En las calles, la consigna fue clara: “Libertad para Roy Fallas, solo el pueblo salva al pueblo”, reafirmando que la defensa de la democracia también implica proteger el derecho a la protesta y a la palabra pública.

Nota de actualización: Entrada la tarde fue liberado.

La memoria que suena: el valor del registro sonoro

Los registros sonoros de las manifestaciones son parte viva de la memoria colectiva. Permiten escuchar las voces que muchas veces quedan fuera de los medios tradicionales: las de quienes marchan, reclaman y defienden derechos en las calles. En ellos se guardan los sonidos de la protesta —consignas, tambores, discursos, silencios y emociones— que narran de manera directa cómo se vive la democracia desde abajo.

El Observatorio de Bienes Comunes considera esencial documentar y preservar estos testimonios para que sigan inspirando procesos de reflexión, organización y defensa de lo público en Costa Rica.

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“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

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Cuidando el río Frío: resultados del monitoreo comunitario en Maquengal – Sentires y Saberes

El programa Sentires y Saberes, del Observatorio de Bienes Comunes, el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP–UCR, volvió a la comunidad de Maquengal, en Guatuso, para recorrer el río Frío y escuchar a quienes más lo conocen: sus vecinas y vecinos. Durante casi ocho horas de caminata, compartieron recuerdos, preocupaciones y esperanzas frente al deterioro acelerado del cauce.

Lo que más preocupa a la comunidad

Yadira Campos, Minor Atencio y Emigdio Barrantes «Millo»  narraron su tristeza e indignación ante los daños que el río Frío sufre cada día: la disminución del caudal, el desvío del cauce, la erosión de las riberas y la desaparición de antiguos pasos y zonas recreativas.

También señalaron la falta de respuesta institucional, marcada por la indiferencia de la Setena y la municipalidad, así como la ausencia de visitas técnicas, pese a las reiteradas denuncias. Recordaron que una carta enviada al Presidente fue remitida al Ministro de Ambiente sin obtener respuesta, y que en otra ocasión, solo gracias a la insistencia, la fiscalía aceptó recibir una denuncia.

Para la comunidad, estos daños no solo afectan la biodiversidad, sino también la vida cotidiana, la seguridad de las viviendas y la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas o turísticas.

Síntesis del monitoreo comunitario

El recorrido cubrió desde la antigua concesión en la finca de Fernando Murillo hasta Maquengal, alrededor de unos 7 kilómetros. Algunos de los hallazgos más críticos incluyen:

  • -Extracción intensiva de material y dragados que desvían el cauce.

  • -Pérdida de vegetación ribereña, que agrava la erosión.

  • -Profundización del lecho y disminución del caudal, con muerte de hábitats acuáticos.

  • -Afectaciones a propiedades vecinas, actividades agropecuarias y pérdida de tierra.

  • -Destrucción del acceso comunitario al río, antes usado como espacio recreativo.

La comunidad insistió en la urgencia de que las instituciones realicen inspecciones presenciales, consulten a quienes habitan la zona y detengan nuevas concesiones cerca del Parque Nacional Tenorio.

Escuchar para acompañar

El diálogo con las vecinas y vecinos de Maquengal no solo documenta los impactos del extractivismo, sino que también muestra la resistencia y organización de una comunidad que defiende su río como un bien común.

🎧 Acompañá estas voces y escuchá el audio completo: desde Guatuso, siguen cuidando la vida del río Frío.

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Rendir cuentas mirando atrás: el MINAE responde al informe de la Contraloría culpando al pasado

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.

Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.

Eludir responsabilidades no es gestión ambiental

El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.

El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.

El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.

Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso

La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.

  • En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

  • En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.

  • En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.

Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.

De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico

Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.

El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.

Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.

Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades

La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.

En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.

Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:

  • Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.

  • Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.

  • Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.

En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.

Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.

Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir

La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.

Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.

Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.

Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables

El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.

Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.

Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.

Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.

Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.

Manual para convivir con un fantasma ministerial

Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.

Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.

Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.

El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.

Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.

Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.

Fuentes:

Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena

Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/

Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/