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“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

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Cuidando el río Frío: resultados del monitoreo comunitario en Maquengal – Sentires y Saberes

El programa Sentires y Saberes, del Observatorio de Bienes Comunes, el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP–UCR, volvió a la comunidad de Maquengal, en Guatuso, para recorrer el río Frío y escuchar a quienes más lo conocen: sus vecinas y vecinos. Durante casi ocho horas de caminata, compartieron recuerdos, preocupaciones y esperanzas frente al deterioro acelerado del cauce.

Lo que más preocupa a la comunidad

Yadira Campos, Minor Atencio y Emigdio Barrantes «Millo»  narraron su tristeza e indignación ante los daños que el río Frío sufre cada día: la disminución del caudal, el desvío del cauce, la erosión de las riberas y la desaparición de antiguos pasos y zonas recreativas.

También señalaron la falta de respuesta institucional, marcada por la indiferencia de la Setena y la municipalidad, así como la ausencia de visitas técnicas, pese a las reiteradas denuncias. Recordaron que una carta enviada al Presidente fue remitida al Ministro de Ambiente sin obtener respuesta, y que en otra ocasión, solo gracias a la insistencia, la fiscalía aceptó recibir una denuncia.

Para la comunidad, estos daños no solo afectan la biodiversidad, sino también la vida cotidiana, la seguridad de las viviendas y la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas o turísticas.

Síntesis del monitoreo comunitario

El recorrido cubrió desde la antigua concesión en la finca de Fernando Murillo hasta Maquengal, alrededor de unos 7 kilómetros. Algunos de los hallazgos más críticos incluyen:

  • -Extracción intensiva de material y dragados que desvían el cauce.

  • -Pérdida de vegetación ribereña, que agrava la erosión.

  • -Profundización del lecho y disminución del caudal, con muerte de hábitats acuáticos.

  • -Afectaciones a propiedades vecinas, actividades agropecuarias y pérdida de tierra.

  • -Destrucción del acceso comunitario al río, antes usado como espacio recreativo.

La comunidad insistió en la urgencia de que las instituciones realicen inspecciones presenciales, consulten a quienes habitan la zona y detengan nuevas concesiones cerca del Parque Nacional Tenorio.

Escuchar para acompañar

El diálogo con las vecinas y vecinos de Maquengal no solo documenta los impactos del extractivismo, sino que también muestra la resistencia y organización de una comunidad que defiende su río como un bien común.

🎧 Acompañá estas voces y escuchá el audio completo: desde Guatuso, siguen cuidando la vida del río Frío.

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Rendir cuentas mirando atrás: el MINAE responde al informe de la Contraloría culpando al pasado

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.

Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.

Eludir responsabilidades no es gestión ambiental

El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.

El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.

El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.

Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso

La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.

  • En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

  • En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.

  • En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.

Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.

De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico

Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.

El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.

Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.

Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades

La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.

En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.

Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:

  • Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.

  • Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.

  • Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.

En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.

Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.

Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir

La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.

Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.

Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.

Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables

El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.

Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.

Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.

Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.

Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.

Manual para convivir con un fantasma ministerial

Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.

Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.

Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.

El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.

Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.

Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.

Fuentes:

Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena

Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/

Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/

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Tras el rechazo a la reforma, Escazú enfrenta el reto de una participación ciudadana viva en el Plan Regulador

En Escazú, la discusión sobre el Plan Regulador ha puesto en evidencia una tensión central de la democracia local: cómo garantizar una participación ciudadana real sin que se convierta en un trámite controlado.
Tras meses de debate, el Concejo Municipal rechazó la propuesta de reforma al reglamento de la Comisión del Plan Regulador, presentada por la administración local, y acordó mantener vigente el reglamento anterior.

Con cinco votos contra dos, la decisión fue interpretada como una victoria para las comunidades organizadas, que desde agosto han defendido su derecho a incidir en la planificación del territorio. Sin embargo, más allá de la resolución formal, el proceso deja abiertos múltiples desafíos sobre cómo se construye —y se sostiene— una participación ciudadana efectiva.

Un proceso marcado por tensiones y aprendizajes

La sesión del Concejo Municipal se desarrolló en un ambiente expectante, con posiciones claramente diferenciadas.

Un sector de regidores respaldó la reforma por considerarla necesaria para ordenar los procedimientos de elección y rendición de cuentas. Otro sector, junto con el movimiento ciudadano, advirtió que los cambios propuestos podían restringir la participación al introducir requisitos y plazos excesivos, transfiriendo el control del proceso desde la comunidad hacia la institucionalidad.

Durante el espacio de participación del público, se resaltó la trayectoria de la Comisión del Plan Regulador como un espacio de encuentro entre el conocimiento técnico y el saber ciudadano, especialmente en la incorporación de variables ambientales y de riesgo en el desarrollo urbano.

Diversas intervenciones subrayaron que excluir la voz de las comunidades sería perder la capacidad de alerta y prevención que históricamente ha aportado la participación vecinal.

La votación fue clara: la mayoría del Concejo optó por mantener el reglamento vigente, permitiendo que el proceso avance bajo las normas originales.

Se presentó además una moción para realizar las asambleas distritales ampliadas —encargadas de elegir a las personas representantes ante la Comisión— en un plazo aproximado de un mes y medio. Algunos sectores pidieron que el calendario se adelante, recordando que diciembre es un periodo poco propicio para convocatorias comunitarias.

Una victoria parcial, pero significativa

Este ha sido producto de un proceso de organización y vigilancia constante por parte de la ciudadanía organizada,  un resultado que es visto como un paso positivo.

El rechazo de la reforma confirma que la participación ciudadana sigue siendo un valor defendido por la mayoría del Concejo y por amplios sectores del cantón, y refuerza el principio de que los procesos de planificación deben desarrollarse de manera abierta, transparente y con control social.

No obstante, el movimiento comunal reconoce que el reto no está superado.

Aún falta garantizar que las asambleas distritales sean realmente inclusivas, que la Comisión se conforme sin nuevos retrasos y que el diálogo entre institucionalidad y ciudadanía se mantenga en un clima de respeto y confianza.

Desafíos para la puesta en marcha del proceso del Plan Regulador

La resolución del Concejo marca el cierre de una etapa de conflicto, pero abre otra más compleja: la de implementar el proceso con legitimidad y participación real.
Para comprender la magnitud de este desafío, es necesario recordar qué significa y qué implica un Plan Regulador.

Tensión estructural: democratizar la planificación

El caso de Escazú refleja un dilema que atraviesa a muchos municipios del país: cómo democratizar la planificación territorial sin que la técnica sustituya al debate ciudadano.

Las municipalidades suelen enfrentar limitaciones de personal, presiones urbanísticas y un exceso de normativas que tienden a centralizar las decisiones.

En ese contexto, el riesgo es que la planificación se vuelva un ejercicio administrativo distante de las realidades locales.

Democratizar la planificación implica reconocer que el conocimiento técnico es necesario, pero insuficiente.

El territorio también se comprende desde la memoria, la experiencia y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

El verdadero desafío es articular técnica y comunidad, institucionalidad y autogestión, para construir una gobernanza territorial justa y sostenible.

Desafíos inmediatos del proceso en Escazú

A partir de la resolución del Concejo, los principales retos que enfrenta el proceso del Plan Regulador son:

– Reconstruir la confianza entre ciudadanía e institucionalidad.

-Restablecer canales de diálogo, comunicación y transparencia después de meses de conflicto político.

-Convocar asambleas accesibles, representativas y oportunas.

-Asegurar la inclusión de diversos sectores sociales y evitar que los plazos afecten la participación efectiva.

-Integrar conocimientos técnicos y comunitarios.

-Garantizar que la planificación refleje tanto criterios científicos como saberes locales.

-Establecer mecanismos permanentes de seguimiento ciudadano.

-Asegurar que la participación no termine con la elección de representantes, sino que continúe a lo largo de todo el proceso.

-Sostener la participación en el tiempo.

-Evitar el desgaste ciudadano mediante formación, acompañamiento y articulación con organizaciones locales y universidades.

-Democratizar la planificación como desafío estructural.

Escazú comparte con otros municipios la tarea de construir una gestión del territorio donde la ciudadanía no solo sea consultada, sino copartícipe activa de las decisiones.

Hacia una planificación con sentido democrático

El Plan Regulador de Escazú puede convertirse en un laboratorio de democracia local, si logra consolidar una relación de cooperación y corresponsabilidad entre la comunidad y la institucionalidad.
Más allá de la reglamentación, lo que está en juego es la posibilidad de redefinir la relación entre Estado, ciudadanía y territorio, colocando la participación como eje del desarrollo local.

Porque, en última instancia, planificar no es solo trazar mapas o redactar normas: es decidir colectivamente cómo queremos habitar, cuidar y construir el futuro común.

¿Qué es el Plan Regulador y por qué importa?

El Plan Regulador Cantonal es el instrumento que orienta el uso del suelo y las políticas de desarrollo urbano y ambiental de un municipio.

Define dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, cómo se organiza el crecimiento urbano y de qué manera se equilibran los intereses públicos y privados.

Es, por tanto, la base de la gestión municipal del territorio y la herramienta que da sentido a toda participación ciudadana en temas de planificación.

El proceso de elaboración de un Plan Regulador suele incluir las siguientes etapas:

1.Diagnóstico territorial: Recoge información sobre aspectos físicos, ambientales, sociales, económicos y culturales del cantón.

2.La ciudadanía aporta conocimientos locales y experiencias sobre el uso del suelo, los riesgos y las aspiraciones comunitarias.

3.Propuesta de ordenamiento: Define las zonificaciones y normas de uso del suelo, integrando criterios técnicos y sociales.

4.Consulta y validación ciudadana: Realiza audiencias y asambleas para revisar colectivamente las propuestas y garantizar su pertinencia.

5.Aprobación institucional: El plan es evaluado por la Municipalidad, el INVU y otras entidades nacionales para asegurar su validez jurídica.

6.Implementación y seguimiento: Una vez aprobado, guía las decisiones urbanas y ambientales del municipio, bajo vigilancia y control ciudadano.

Por eso, un Plan Regulador no es solo un documento técnico, sino un proceso político, social y pedagógico.

Su legitimidad depende directamente de cómo se organiza la participación y de la capacidad de las comunidades para incidir desde el inicio hasta la ejecución.

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Educación popular desde Mafalda: aprender a preguntar

Entre risas, silencios y muchas preguntas, el curso Educación popular desde Mafalda fue una experiencia colectiva para pensar la educación popular desde nuevos lenguajes, otras sensibilidades y múltiples territorios. Durante cinco sesiones realizadas en San Pedro y San Ramón, fue un proceso de aprendizaje que unió reflexión crítica, humor, arte y acción comunitaria.

Inspirados por la ironía y la ternura de Mafalda, el grupo exploró los vínculos entre educación, poder, creatividad y libertad, en diálogo con Paulo Freire, Oscar Jara, Silvia Rivera Cusicanqui entre otros educadores y educadoras populares latinoamericanos que invitan a mantener viva la pedagogía de la pregunta.

Más que un curso, este proceso se convirtió en un espacio para reaprender a mirar, para transformar la curiosidad en pensamiento crítico, y para recuperar la alegría como fuerza política en la construcción de alternativas colectivas.

Ejes temáticos trabajados

A lo largo de las cinco sesiones, se abordaron distintos núcleos que dieron forma al proceso:

  • La pregunta como acto de libertad: reconocer la curiosidad como fuerza transformadora frente a la sociedad de las respuestas.

  • Del asombro a la crítica: pasar de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica que cuestiona las causas y estructuras de lo cotidiano.

  • El conflicto como tránsito educativo: comprender la diferencia y la incomodidad como fuentes de aprendizaje.

  • Indignarse con ternura: transformar la rabia en pensamiento y acción colectiva, reivindicando la esperanza como práctica.

  • Crear para no repetir: tensionar la educación popular desde la crítica y la imaginación, explorando lenguajes que amplían la palabra.

Cada sesión se acompañó de un boletín de devolución —escrito en clave de Mafalda— que recogió los aprendizajes, preguntas y emociones del grupo, convirtiéndose en una bitácora pedagógica y afectiva del recorrido.

1. La pregunta como práctica política

Desde la primera sesión, el curso propuso recuperar la pregunta como herramienta de emancipación. En tiempos de inmediatez y saturación informativa, volver a preguntar es casi un acto subversivo. Mafalda lo sabía: sus preguntas inocentes desnudaban las contradicciones del mundo adulto, los abusos del poder y las rutinas que nos adormecen.

A partir de las reflexiones de Paulo Freire, se trabajó la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica. La primera se queda en la superficie, la segunda se atreve a mirar las estructuras detrás de los hechos. En una sociedad que premia la rapidez y el conformismo, cultivar preguntas críticas se convierte en una forma de resistencia.

Las personas participantes coincidieron en que la educación popular comienza cuando nos atrevemos a incomodar: cuando la pregunta rompe la obediencia y abre la posibilidad de pensar con otros. Como dijo alguien en el grupo: “la pregunta no busca una respuesta, busca compañía para seguir pensando”.

2. Los lenguajes de la educación popular

Otro de los grandes aprendizajes fue comprender que no hay una sola forma de pensar ni una sola manera de decir. Durante el proceso, el humor, el juego, la música, los dibujos y los títeres fueron herramientas para pensar críticamente desde el cuerpo y la emoción.

Esta apertura a nuevos lenguajes mostró que el pensamiento no solo habita en las palabras, sino también en los gestos, las metáforas, los silencios y las risas. Los títeres, por ejemplo, se transformaron en mediadores pedagógicos que permitieron decir lo indecible: críticas, frustraciones y esperanzas expresadas desde la ternura y la ironía.

Explorar estas formas es también un gesto político: democratiza el conocimiento y multiplica las voces, permitiendo que cada quien participe desde su propio modo de sentir y crear. Como recordaba Mafalda entre risas:

“Si el mundo no escucha, habrá que hablarle con otros idiomas.”

3. Desafíos y caminos por andar

El encuentro entre los grupos de San Pedro y San Ramón marcó el cierre simbólico del proceso, pero también el inicio de una nueva etapa. Allí se compartieron los desafíos de seguir construyendo educación popular en contextos cada vez más complejos:

  • Evitar que la educación popular se vuelva consigna o discurso vacío.

  • Recuperar su dimensión política y descolonizadora, como recordaba Silvia Rivera Cusicanqui.

  • Cuidar los espacios colectivos donde la crítica se acompañe de ternura, humor y esperanza.

  • Seguir articulando procesos territoriales y comunitarios desde el diálogo y la creación compartida.

El curso cerró con adivinanzas y juegos, reafirmando que el pensamiento también puede ser alegre, y que preguntar sigue siendo la mejor forma de crecer.

Los boletines del curso

Cada boletín recoge un momento del proceso y puede leerse como una pieza independiente o como parte de una historia colectiva:

Boletín 1 – “Aprender a preguntar: un acto de libertad”

El primer boletín marcó el punto de partida del curso: volver a la pregunta como raíz de toda educación liberadora. Mafalda se convirtió en guía y cómplice, recordándonos que detrás de cada gesto ingenuo hay una crítica aguda al mundo adulto y sus absurdos.

En esta sesión, los grupos reflexionaron sobre cómo vivimos en una “sociedad de respuestas”, donde se premia la obediencia y se castiga la duda. Recuperar el derecho a preguntar se volvió un gesto político: preguntar como quien abre ventanas en una casa cerrada.

El boletín recoge las primeras inquietudes del grupo, las emociones de reencuentro con la curiosidad y el sentido de la educación popular como acto de liberación. Es, en esencia, una invitación a reaprender a mirar el mundo con ojos nuevos.

💬 “Preguntar no es molestar, es empezar a pensar.”

Boletín 2 – “De la curiosidad ingenua a la curiosidad crítica”

El segundo boletín profundizó en la diferencia entre curiosidad ingenua y curiosidad crítica, una de las ideas centrales de Paulo Freire. A partir de experiencias cotidianas —como esperar el bus o hacer fila en el banco—, las y los participantes exploraron cómo las preguntas pueden quedarse en la superficie o convertirse en herramientas de análisis y acción.

Este boletín es un puente entre la sorpresa y la conciencia. Invita a pensar la curiosidad no como simple deseo de saber, sino como una fuerza que empuja a comprender las causas y estructuras del poder.

En un contexto que acelera y simplifica todo, aprender a detenerse, observar y preguntar con profundidad se convierte en un acto de rebeldía. Mafalda nos lo recuerda con su habitual ironía: “No es que no entendamos el mundo, es que no nos dejan pensarlo.”

💬 “La curiosidad crítica es la semilla del pensamiento libre.”

Boletín 3 – “Conversaciones incómodas: construir saberes desde la diferencia”

El tercer boletín nace de una sesión donde el diálogo y el conflicto fueron protagonistas. A través de viñetas de Mafalda y sus amigos —Felipe, Susanita, Manolito y Libertad—, los grupos trabajaron la idea de que la diferencia no es un obstáculo, sino una fuente de aprendizaje.

Este número recoge reflexiones sobre cómo el desacuerdo puede ser un tránsito educativo: un proceso que nos enseña a escuchar sin imponer, a sostener la incomodidad y a construir desde la diversidad.

El boletín reivindica el diálogo freireano como práctica política y humana, pero también afectiva. En tiempos de polarización y desconfianza, Mafalda nos enseña que conversar con quien piensa distinto no debilita las ideas: las afina, las humaniza, las hace crecer.

💬 “El conflicto no separa: enseña.”

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Boletín 4 – “Indignarse con estilo: crítica, ternura y acción”

El cuarto boletín se adentra en la indignación como energía educativa. En lugar de verla como algo negativo, el grupo la exploró como punto de partida para la problematización: la indignación que piensa, que crea, que no se conforma.

A partir del arte, el humor y la reflexión, las personas participantes discutieron cómo transformar la rabia en propuesta, y cómo la autonomía nace cuando las comunidades se sienten capaces de intervenir en sus propios contextos.

Este boletín rescata la ternura como forma de crítica, la creatividad como herramienta de denuncia, y el sentido de comunidad como antídoto frente a la resignación. Mafalda —con su ironía siempre actual— nos guiña el ojo y recuerda: “Si no nos dejan protestar, al menos hagámoslo con estilo.”

💬 “La ternura también es una forma de lucha.”

Boletín 5 – “Lo que viene: crítica, creación y caminos por andar”

El último boletín recoge el encuentro entre los grupos de San Ramón y San Pedro, un momento de cruce entre preguntas, afectos y aprendizajes. Lo que comenzó como dos procesos paralelos se unió en un diálogo vivo, donde las preguntas de un grupo resonaban en el otro, creando una trama de sentido compartido.

Esta edición profundiza en los desafíos contemporáneos de la educación popular, inspirada en las críticas de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la necesidad de tensionar las prácticas y no idealizarlas. Se reafirmó que la educación popular sigue siendo un camino que hay que reinventar: con humor, creatividad y compromiso político.

Además, los títeres y el juego se convirtieron en lenguajes de pensamiento, recordando que educar también es imaginar, reír y experimentar. El boletín cierra con adivinanzas pedagógicas, celebrando que el pensamiento crítico también puede ser alegre.

💬 “Preguntar sigue siendo la mejor manera de crecer.”

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Escazú: la disputa por la participación ciudadana entra en una nueva etapa

En Escazú, la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio sigue siendo un campo de disputa. Lo que comenzó en agosto como una movilización vecinal para reactivar la Comisión del Plan Regulador, hoy se ha convertido en una controversia política e institucional sobre los límites y alcances de la participación ciudadana.

Apenas dos meses atrás, las comunidades celebraban un logro: la reinstalación de la Comisión del Plan Regulador, luego de que el Concejo Municipal revocara su decisión de sustituirla por una oficina técnica. Aquella rectificación fue fruto de la presión social y de un diálogo que parecía abrir una nueva etapa de colaboración entre la Municipalidad y la ciudadanía. Sin embargo, las semanas siguientes mostraron que la tensión entre apertura y control apenas comenzaba.

Del acuerdo al estancamiento

El Movimiento Pro Comisión Plan Regulador —integrado por vecinos y liderazgos comunales de los tres distritos— había acordado con la Alcaldía que, en un plazo de dos meses, se convocarían las asambleas distritales ampliadas para elegir a las personas representantes ante la Comisión.

Pero en septiembre, mientras la comunidad esperaba esas convocatorias, surgió un nuevo obstáculo: el despacho del alcalde presentó una propuesta de reforma al reglamento interno de la Comisión.

El documento COR-AL-2690-2025 propone modificar nueve artículos del reglamento, todos relacionados con los mecanismos de participación. Entre otros cambios, amplía los plazos de inscripción hasta seis meses, exige formularios y juramentaciones previas, y otorga a los Concejos de Distrito la potestad de validar quiénes pueden participar en las asambleas.

Aunque el texto se presenta como una actualización para dar mayor orden y transparencia, el movimiento ciudadano advirtió que los nuevos requisitos podrían congelar la reactivación de la Comisión y burocratizar la participación, restringiendo el acceso a quienes no puedan cumplir con las exigencias administrativas.

Las cartas ciudadanas y el debate jurídico

Ante esta situación, el movimiento envió dos cartas formales: la primera, dirigida al alcalde el 6 de octubre, solicitando que se cumplieran los acuerdos alcanzados en agosto y se definieran de inmediato las fechas de las asambleas distritales; y la segunda, el 13 de octubre, dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, denunciando la obstrucción del proceso participativo y el menoscabo de los derechos vecinales.

En esta última, las personas firmantes recordaron que la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública garantizan el derecho ciudadano a incidir en los asuntos locales, y señalaron que los plazos o formalidades no pueden usarse para invalidar ese derecho. “Nadie está obligado a lo imposible”, subrayan en el documento, responsabilizando a la administración de los atrasos y citando los artículos 223 a 225 de la LGAP, que ordenan interpretar los procedimientos en favor de la participación.

La Comisión de Jurídicos del Concejo, sin embargo, terminó dividida: dos votos a favor y dos en contra del dictamen de legalidad de la reforma. El tema pasó así al pleno del Concejo Municipal, que deberá resolverlo en sesión del martes 28 de octubre a las 7 pm.

 “Demostraron sus verdaderas intenciones”

En este punto, la discusión jurídica dio paso a una percepción más política. Para las personas líderes comunitarias, la secuencia de acciones revela una estrategia deliberada para debilitar la Comisión y restringir la participación vecinal.

“Con la aprobación del acuerdo de julio, cuando desconvocaron la Comisión y llamaron a conformar la oficina técnica, se retrataron de cuerpo entero —señaló una persona lideresa del movimiento—. Solo la presión ciudadana de agosto los hizo retroceder. Pero después de eso, han buscado por distintos mecanismos el bloqueo y la obstrucción del proceso.”

Según explica, los síndicos de los Concejos de Distrito no han convocado las asambleas y, en cambio, promovieron esta reforma integral del reglamento que “modifica nueve artículos, todos vinculados con la participación”. Para el movimiento, esta propuesta constituye un “atentado total” contra el espíritu de apertura ciudadana que se logró recuperar en agosto.

De aprobarse, afirman, la reforma obstaculizaría al menos por seis meses la conformación de la Comisión, postergando una vez más el inicio de los debates sobre el futuro territorial de Escazú.

La defensa de una participación viva

El movimiento ciudadano insiste en que el Plan Regulador no es un asunto técnico sino profundamente político, pues define cómo se habita y se proyecta el cantón. Por eso, la participación no puede reducirse a un trámite o a un conjunto de requisitos administrativos.

“Participar no es llenar un formulario”, repiten quienes han acompañado este proceso desde hace años. Es incidir en las decisiones, aportar conocimientos locales y defender el derecho colectivo a imaginar el territorio de manera justa y sostenible.

Para las comunidades, el desafío no es oponerse al orden ni a la legalidad, sino impedir que esas palabras se conviertan en excusas para excluir. En sus propias palabras, “la participación no se regula: se ejerce”.

Lo que viene

La votación del Concejo Municipal será decisiva. De aprobarse la reforma, la Comisión del Plan Regulador podría quedar suspendida por varios meses; de rechazarse, se abriría nuevamente la puerta a la elección de representantes distritales y al diálogo ciudadano.

Mientras tanto, el Movimiento Pro Comisión Plan Regulador prepara nuevas acciones de difusión y movilización para mantener el tema en la agenda pública. Su apuesta es clara: que el futuro del territorio se construya desde la comunidad, y no desde los escritorios.

En medio de este pulso entre institucionalidad y ciudadanía, Escazú vuelve a ser escenario de una lección democrática: que la participación no se garantiza por decreto, sino que se defiende ejerciéndola.

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UESPRA: La ética en la práctica ecologista

En esta entrevista, Edgar Castrillo, de la Unidad Especial Silvestre de Protección y Rescate Animal (UESPRA), reflexiona sobre la concientización ambiental más allá de las actividades de reforestación, señalando la importancia de un enfoque integral frente a un modelo de desarrollo que continúa dándole la espalda a la naturaleza.

La conversación aborda también los desafíos que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica y el papel de la ética en la práctica ecologista. Como cierre, Edgar comparte un mensaje inspirador: para transformar, lo importante es empezar.

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Entre amenazas y silencios: los obstáculos para defender derechos humanos en las Américas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que el espacio para defender derechos en las Américas se encuentra en su punto más crítico. El Tercer informe sobre personas defensoras de derechos humanos documenta un patrón persistente de violencia, criminalización y estigmatización contra quienes se atreven a proteger la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos.

Según la CIDH, la región sigue siendo la más peligrosa del mundo para defender derechos, concentrando el 79% de los asesinatos globales de personas defensoras en 2023. En países como Brasil, Colombia, México y Honduras, la defensa del ambiente, la tierra o los derechos de las mujeres y pueblos indígenas continúa cobrando vidas.

Pero la violencia física no es el único obstáculo. El informe describe una serie de mecanismos —algunos visibles, otros más sutiles— que buscan reducir el espacio cívico y silenciar la acción colectiva. Estos incluyen leyes restrictivas, discursos de odio, vigilancia digital y trabas administrativas para registrar o financiar organizaciones sociales.

Principales obstáculos identificados por la CIDH
  • Asesinatos y desapariciones: la forma más extrema de violencia; en la mayoría de los casos, los crímenes quedan impunes.

  • Criminalización y uso indebido del derecho penal: procesos judiciales sin fundamento que buscan intimidar y frenar causas legítimas, especialmente en la defensa ambiental y territorial.

  • Estigmatización: discursos oficiales que califican a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo” o “terroristas económicos”, alimentando el odio y la desinformación.

  • Restricciones al derecho de asociación: trabas burocráticas, leyes que obstaculizan el registro legal de organizaciones y controles desproporcionados sobre financiamiento.

  • Vigilancia y ataques digitales: espionaje, hackeos, doxing y campañas de difamación en línea, con efectos graves en la seguridad y la salud mental, sobre todo de mujeres defensoras.

  • Impunidad estructural: más del 90% de los homicidios de personas defensoras quedan sin sanción, generando un efecto de miedo y autocensura.

Matriz de caracterización de los obstáculos
Tipo de obstáculoManifestaciones principalesConsecuenciasGrupos más afectados
Violencia físicaAsesinatos, desapariciones, amenazasPérdida de vidas, desplazamientos, trauma colectivoDefensores ambientales, pueblos indígenas, mujeres rurales
CriminalizaciónProcesos judiciales infundados, detenciones arbitrariasDesgaste moral, económico y social; miedo a actuarLíderes comunitarios, mujeres, sindicalistas
EstigmatizaciónDiscursos oficiales y mediáticos de desprestigioDeslegitimación pública, aislamiento, odio socialOrganizaciones ambientales y de DDHH
Restricciones legales y administrativasObstáculos para registrar o financiar organizacionesPérdida de autonomía, cierre de espacios de acciónONG locales, colectivos comunitarios
Vigilancia y ataques digitalesHackeos, espionaje, doxing, amenazas en líneaAutocensura, exposición de datos, daño psicológicoMujeres, periodistas, activistas LGBTI
Impunidad judicialFalta de investigación y sanción a responsablesReproducción de la violencia, desconfianza institucionalTodas las personas defensoras, especialmente rurales
Obligaciones del Estado frente a las personas defensoras

El informe de la CIDH es claro: los Estados no solo deben abstenerse de obstaculizar la defensa de los derechos humanos, sino garantizar activamente las condiciones para su ejercicio libre y seguro.
Sus obligaciones se agrupan en cuatro grandes ejes:

Asegurar condiciones de libertad y seguridad
Los Estados deben crear entornos propicios para que las personas defensoras desarrollen su labor sin amenazas ni represalias. Esto implica reconocer públicamente su importancia, garantizar el acceso a la información y proteger su derecho de asociación y expresión.

Eliminar los obstáculos estructurales
La CIDH enfatiza el deber estatal de identificar y remover los obstáculos —legales, institucionales o culturales— que impiden o dificultan la labor de defensa. Esto incluye derogar leyes restrictivas y combatir la estigmatización promovida desde el poder público.

Proteger ante situaciones de riesgo
Los Estados deben contar con mecanismos nacionales de protección efectivos, con recursos suficientes y participación de la sociedad civil. Su propósito es prevenir agresiones, brindar medidas de seguridad personal y garantizar la atención integral a víctimas y familiares.

Investigar y sancionar los delitos
La impunidad es una forma de violencia prolongada. Por ello, los Estados están obligados a investigar con debida diligencia los ataques contra personas defensoras, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. La CIDH también recuerda la importancia de cumplir con las medidas cautelares otorgadas por el Sistema Interamericano.

En síntesis, la protección de las personas defensoras no es una opción política, sino una obligación jurídica derivada de los compromisos internacionales en derechos humanos.

Las personas defensoras son guardianas de los bienes comunes, aquellas que sostienen la posibilidad misma de vivir en democracia, con agua limpia, bosques vivos y justicia social. Defender derechos no es un privilegio: es una tarea colectiva que protege las bases de la convivencia humana.

Cada obstáculo que las silencia —una amenaza, una ley restrictiva o una campaña de difamación— erosiona el tejido común que nos mantiene como sociedad. Por eso, la defensa de quienes defienden no puede quedar en soledad: requiere comunidades activas, solidarias y vigilantes que acompañen, visibilicen y respalden su labor frente a los riesgos.

Reconocer su trabajo, garantizar su seguridad y multiplicar sus voces no es solo un acto de justicia, sino una forma concreta de cuidar lo que nos pertenece a todas y todos: la vida en común y el derecho a un futuro compartido.

Les compartimos esta infografía PDFImagen

Puede descargar el informe aquí

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Participar no es un trámite: Escazú entre la apertura y el control del Plan Regulador

Hace apenas unas semanas, la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada. Tras semanas de presión y diálogo, el Concejo Municipal reconoció que la planificación del territorio no puede quedar únicamente en manos técnicas o institucionales.

Sin embargo, la propuesta de reforma al reglamento que regula esa misma Comisión abre una nueva discusión: ¿se garantiza realmente una participación ciudadana abierta o se corre el riesgo de transformarla en un trámite controlado?

De la movilización a la reglamentación

El documento COR-AL-2690-2025, firmado por el alcalde, propone cambios sustanciales al reglamento interno de la Comisión del Plan Regulador. Entre ellos, redefine las asambleas vecinales como Asambleas Ampliadas de Concejo de Distrito, formaliza los procesos de elección y rendición de cuentas de las personas representantes distritales, y establece nuevos formularios, plazos de inscripción de hasta seis meses, juramentaciones y validaciones técnicas.

A primera vista, estas medidas podrían leerse como un esfuerzo por fortalecer la transparencia. Pero la reforma también introduce un desplazamiento de poder: la participación ciudadana pasa de ser un derecho ejercido directamente por la comunidad a un procedimiento administrado desde la institucionalidad municipal.

Entre la apertura y la exclusión

La propuesta reconoce algunos avances importantes:

  • -Amplía la posibilidad de postular candidaturas a cualquier persona participante, no solo a representantes de asociaciones formalmente constituidas.

  • -Promueve la paridad de género y la publicidad de los procesos.

  • -Mantiene el derecho de las comunidades a remover representantes que no rindan cuentas.

Sin embargo, al mismo tiempo:

  • -Centraliza el control en los Concejos de Distrito, que ahora validan documentos, verifican requisitos y deciden quién puede participar.

  • -Excluye la inscripción en el momento de la asamblea, imponiendo una barrera temporal de seis meses que podría desincentivar la participación espontánea.

  • -Traslada la rendición de cuentas al ámbito institucional, debilitando la autonomía de las asambleas vecinales.

El resultado es un nuevo tipo de equilibrio inestable: se preserva la legalidad, pero se erosiona la vitalidad ciudadana que había hecho posible la reapertura de la Comisión.

El riesgo de la “participación controlada”

Regular la participación puede ser una forma de democratizar los procesos, pero también puede convertirse en una herramienta de filtrado social y político.

Cuando la posibilidad de incidir depende de formularios, juramentaciones y validaciones previas, el espacio público deja de ser un terreno de encuentro para transformarse en un espacio de autorización.

El poder de decidir quién puede hablar o votar se traslada del colectivo ciudadano al aparato administrativo.

En este sentido, la reforma no solo redefine el reglamento: redefine el tipo de ciudadanía que se considera legítima. Aquella que cumple los requisitos, domina el lenguaje técnico y tiene tiempo para navegar la burocracia. Quedan fuera —aunque no explícitamente— las voces menos organizadas, los liderazgos barriales emergentes y los grupos informales que históricamente han sido el motor de la defensa comunitaria del territorio.

La “participación controlada” no elimina la participación; la domestica. La vuelve predecible, clasificable y compatible con los ritmos de la gestión municipal. Pero pierde su potencial político: el de cuestionar, proponer y reinventar lo común.

Participar no es llenar un formulario

Participar no es solo cumplir un protocolo. Es incidir en las decisiones sobre el territorio, aportar saberes locales y defender el derecho colectivo a imaginar otros futuros posibles.

Si la reglamentación se convierte en un filtro, el proceso deja de ser un ejercicio de ciudadanía viva y pasa a ser un trámite para ciudadanos permitidos.

La reforma, en su intento por ordenar, corre el riesgo de debilitar aquello que el movimiento ciudadano de agosto demostró: que la planificación puede ser un acto de aprendizaje colectivo, no un expediente más.

Para seguir aprendiendo juntos

El debate sobre el Plan Regulador de Escazú apenas comienza.

La reinstalación de la Comisión fue una conquista ciudadana; la discusión sobre su reglamento será una prueba de madurez democrática.

De lo que se decida ahora dependerá si Escazú consolida un modelo de gestión territorial abierto, colaborativo y comunitario, o si deriva hacia una versión tecnificada de la participación donde todo está permitido… siempre que se pida por escrito.

Un verdadero diálogo sobre el territorio no se logra con más papeleo, sino con más confianza, transparencia y escucha mutua.

El reto está en construir una institucionalidad que no solo administre la participación, sino que aprenda de ella.

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Estrategia Nacional de Biodiversidad: participación en el papel, exclusión en la práctica

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) presentó la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), el instrumento que marcará el rumbo del país en conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Con respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el proceso se anuncia como participativo y multisectorial.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes (OBC), señalamos que lo vivido en el lanzamiento reflejó un desfase entre la retórica y la práctica: discursos oficiales sin diálogo real, un público reducido a espectadores y un énfasis en los beneficios económicos de la biodiversidad más que en su conservación efectiva.

La pregunta es inevitable: ¿se construirá una estrategia desde las comunidades y para la biodiversidad, o desde los escritorios y para el mercado?

Esta pregunta cobra especial relevancia si consideramos la visión de la biodiversidad como bien común, que plantea desafíos concretos para la formulación de la ENB. No se trata solo de cumplir metas numéricas o generar espacios de consulta simbólicos, sino de reconocer que la biodiversidad sostiene la vida, la cultura y los territorios, y que su cuidado requiere participación efectiva, gestión colectiva y justicia socioambiental.

Biodiversidad como bien común: un desafío para la ENB

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes (OBC), la actualización de la ENB no puede limitarse a discursos sobre “uso sostenible” o beneficios económicos. Entender la biodiversidad como bien común implica que la estrategia debe reconocer:

  • Que la biodiversidad sostiene vida, cultura y territorios, más allá de su valor financiero.

  • La necesidad de gestión colectiva, respetando saberes locales, prácticas tradicionales y derechos de pueblos indígenas y comunidades costeras y campesinas.

  • Que la conservación requiere participación efectiva y justicia socioambiental, no solo talleres simbólicos o consulta formal.

  • La importancia de decisiones que consideren generaciones presentes y futuras, garantizando la continuidad de ecosistemas y prácticas comunitarias.

En este marco, una ENB que solo enfatice beneficios económicos o metas cuantitativas corre el riesgo de desconectar la estrategia de las comunidades y territorios que protegen la biodiversidad.

Mercantilización de la biodiversidad: tensiones en la estrategia

La ENB también enfrenta el desafío de la mercantilización de la biodiversidad, donde se prioriza la lógica de “capital natural” y “servicios ecosistémicos”:

  • Se reduce la biodiversidad a un recurso para el mercado, dejando fuera a quienes la han cuidado históricamente.

  • Se corren riesgos sobre la conservación de especies y ecosistemas, especialmente en territorios frágiles o bajo presión de megaproyectos.

  • Los fondos y proyectos de conservación tienden a concentrarse en actores económicos poderosos, en lugar de distribuirse equitativamente en los territorios y fortalecer la gestión comunitaria.

El OBC advierte que sin reconocer la biodiversidad como bien común, la ENB puede terminar reforzando desigualdades de poder, priorizando intereses privados y reproduciendo dinámicas de exclusión y despojo. Integrar esta perspectiva es fundamental para que la estrategia sea legítima, efectiva y justa, conectada con la realidad territorial y social del país.

En este contexto, resulta crucial analizar cómo se ha desarrollado el proceso de actualización de la ENB: por un lado, lo que se anuncia en el discurso oficial; por otro, la experiencia concreta de participación en los talleres y eventos. Esta tensión entre forma y fondo revela hasta qué punto la estrategia refleja realmente la visión de la biodiversidad como bien común, o si sigue subordinada a intereses económicos y lógicas de mercado.

Dos planos del proceso: discurso y experiencia

El OBC identifica dos planos interconectados en la actualización de la ENB:

  • Discurso oficial (Minae–PNUD–GEF): se presenta como participativo, multisectorial, alineado con el Marco Kunming–Montreal, vital para el desarrollo sostenible y con promesas de inclusión de diversos sectores.

  • Experiencia concreta en el lanzamiento: participación entendida como presencia en talleres, sin reglas claras sobre cómo los aportes incidirán en el documento final ni mecanismos de rendición de cuentas, mostrando una brecha entre forma y fondo.

Valoración del proceso desde el OBC

Puntos positivos

  • La actualización antes de su vencimiento (2025) es crucial para mantener la vigencia de la política ambiental.

  • Financiamiento internacional y acompañamiento del PNUD aseguran recursos, visibilidad y la posibilidad de integrar estándares globales.

  • Alineamiento con el Marco Kunming–Montreal: metas de protección del 30% de áreas, restauración ecológica, financiamiento y equidad de género.

  • La convocatoria amplia a múltiples sectores reconoce que la biodiversidad es un bien común que involucra dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas.

Vacíos y preocupaciones
  • Participación sin metodología clara: talleres sin protocolos, sin trazabilidad de aportes ni devolución razonada, reducen la inclusión a un trámite simbólico.

  • Débil centralidad en la biodiversidad: se prioriza su “uso” y beneficios económicos, invisibilizando su rol como bien común y su importancia para la vida de comunidades locales.

  • Riesgo de captura institucional o sectorial: sin seguimiento independiente, la ENB puede reflejar intereses de jerarcas o grupos con poder económico, en lugar de las comunidades.

  • Débil institucionalidad de seguimiento: indicadores poco robustos, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública.

Lo que el OBC considera central para una participación real

Para que la ENB sea legítima y efectiva, la participación debe ser plena y vinculante:

  • -Protocolos metodológicos públicos y validados antes de los talleres.

  • -Mecanismos de devolución razonada que expliquen cómo se integran o no los aportes.

  • -Repositorio abierto con versiones, insumos y actas.

  • -Instancia independiente de revisión ciudadana y auditoría de indicadores y fondos.

  • -Garantías de que la participación incida en el texto normativo y en la implementación posterior.

Estas medidas reflejan la perspectiva del OBC: la biodiversidad como bien común, custodiada por comunidades, pueblos indígenas y defensoras ambientales, no solo un recurso para mercados o financiamiento internacional.

Territorio, comunidades y megaproyectos

Desde la perspectiva del Observatorio: hablar de biodiversidad implica reconocer conflictos socioambientales en curso:

  • -Desalojos en costas y humedales: comunidades históricas expulsadas mientras megaproyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios obtienen permisos exprés.

  • -Defensores criminalizados: personas que protegen ecosistemas enfrentan hostigamiento, judicialización y violencia.

  • -Captura de recursos y decisiones: los beneficios de la biodiversidad se concentran en actores económicos poderosos, dejando a las comunidades fuera de la gestión y del cuidado real del territorio.

Defensores criminalizados y desprotegidos

Los casos hablan por sí solos:

  • Sergio Rojas (asesinado en 2019) y Jhery Rivera (asesinado en 2020) fueron líderes indígenas bribri y brörán que defendían la recuperación de territorios.

  • Jairo Mora (asesinado en 2013) fue un joven ambientalista que protegía tortugas marinas en Limón.

  • Juan Bautista Alfaro Rojas (2025) es un activista ambiental de Costa Rica que enfrenta demandas legales por denunciar impactos ecológicos en una zona turística de Guanacaste.

  • Philippe Vangoidsenhoven y Pablo Sibar, defensores ambientales, han denunciado la falta de protección efectiva pese a amenazas constantes.

  • Y muchas otras personas y organizaciones se pueden suman a esta lista.

Estos nombres evidencian que en Costa Rica defender la biodiversidad puede costar la vida. Y que, lejos de brindar garantías, el Estado ha mostrado indiferencia y desprotección, incluso en el marco de compromisos internacionales de derechos humanos y biodiversidad.

El OBC advierte que sin reconocer estos procesos, la ENB corre el riesgo de ser un documento desconectado de la realidad territorial y social.

No todo es mercado: forma y fondo una provocación desde los Bienes Comunes

El proceso arranca con respaldo internacional y buenas intenciones, pero carece de credibilidad participativa.

  • Forma: un proceso “participativo” anunciado como inclusivo.

  • Fondo: sin reglas claras, trazabilidad ni control ciudadano, la participación puede quedarse en un gesto político sin capacidad transformadora.

Para el OBC, la ENB será legítima solo si reconoce:

  1. la biodiversidad como bien común,
  2. a las comunidades y defensoras como protagonistas centrales,
  3. y la necesidad de justicia ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Sin estas condiciones, la “participación” será apenas otra foto en redes sociales, mientras la realidad territorial sigue marcada por desalojos, megaproyectos y concentración de poder.

⚠️ Cuando la participación se queda en papel: análisis crítico del OBC
Vacío o preocupaciónPerspectiva del Observatorio de Bienes Comunes
Participación sin metodología claraLos talleres carecen de protocolos publicados; no hay trazabilidad de aportes ni devolución razonada. La participación se reduce a un acto simbólico: se invita a hablar, pero la decisión final queda en manos del Ejecutivo y aliados técnicos. Las comunidades que custodian la biodiversidad quedan fuera del centro del proceso.
Débil centralidad en la biodiversidadSe prioriza el uso económico de los ecosistemas sobre su valor como bien común. Esto invisibiliza la relación cotidiana de comunidades indígenas, campesinas y costeras con sus territorios, y pone en riesgo la conservación de especies y ecosistemas estratégicos.
Riesgo de captura institucional o sectorialSin seguimiento independiente, la estrategia puede reflejar intereses de jerarcas o actores con poder económico en lugar de las comunidades. La consulta superficial y la ausencia de paneles independientes refuerzan desigualdades de poder.
Débil institucionalidad de seguimientoIndicadores poco claros, financiamiento sin trazabilidad y ausencia de rendición de cuentas pública limitan la verificación ciudadana. Esto desconecta la ENB de la realidad territorial y debilita la capacidad de las comunidades para exigir resultados.
Cuando la estrategia refleja la política: biodiversidad y Escazú en tensión

El Acuerdo de Escazú garantiza derechos ambientales fundamentales: acceso a la información, participación pública vinculante y protección de defensores ambientales. A primera vista, la ENB y Escazú podrían parecer instrumentos complementarios; sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, los vacíos y limitaciones de la ENB reflejan una tensión estructural.

Gran parte de las críticas que recibe la estrategia —participación simbólica, ausencia de trazabilidad de fondos, indicadores débiles y protección insuficiente para comunidades y defensoras— no son errores aislados, sino expresiones del rechazo o la despriorización de la administración actual hacia el Acuerdo de Escazú y sus principios de participación, transparencia y justicia ambiental.

  • Participación real vs. simbólica: Escazú exige que la ciudadanía pueda incidir efectivamente en decisiones ambientales. La ENB, en cambio, mantiene un modelo de consulta superficial, sin devolución razonada ni mecanismos vinculantes.

  • Protección de defensoras y comunidades: Escazú promueve medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente; la ENB no establece garantías claras frente a desalojos, hostigamiento o criminalización.

  • Transparencia y rendición de cuentas: Escazú obliga a acceso público a información y control ciudadano. La ENB sigue mostrando vacíos en indicadores y financiamiento, limitando la fiscalización y control social.

En síntesis, las limitaciones de la ENB reflejan un patrón institucional y político, y no meros errores técnicos. Para que la estrategia cumpla con los estándares de sostenibilidad y legitimidad, debe integrar explícitamente mecanismos de participación vinculante, auditoría ciudadana y protección de quienes cuidan la biodiversidad, reconociéndola como un bien común y conectando su gestión con los derechos y saberes de las comunidades locales.

¿Qué es una Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Marco Kunming–Montreal?

Una Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) es un plan que define cómo un país protegerá, restaurará y usará de manera sostenible su biodiversidad. No se trata solo de cuidar especies o ecosistemas, sino de articular políticas, acciones y financiamiento que garanticen que la biodiversidad siga siendo un bien común para las comunidades, el territorio y el futuro del país.

En el caso de Costa Rica, la ENB busca orientar decisiones sobre conservación, restauración, investigación, financiamiento y participación ciudadana, vinculando objetivos ambientales con dimensiones sociales, culturales y económicas.

El Marco Kunming–Montreal es un acuerdo internacional que establece metas globales de biodiversidad para todos los países firmantes, como:

  • Proteger al menos el 30% de los ecosistemas y áreas prioritarias.

  • Restaurar ecosistemas degradados.

  • Garantizar financiamiento sostenible y equitativo.

  • Promover participación inclusiva de pueblos indígenas y comunidades locales.

  • Integrar la biodiversidad en decisiones de desarrollo económico y planificación territorial.

Desde la perspectiva del Observatorio de Bienes Comunes, estos instrumentos solo tienen sentido si la participación no es simbólica, si se reconoce que la biodiversidad es un bien común y si las decisiones se conectan con quienes históricamente la han cuidado: comunidades locales, pueblos indígenas y defensoras ambientales. Sin esta perspectiva, la estrategia corre el riesgo de ser un documento técnico desconectado de la realidad territorial y social.

Referencias

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Sin crítica, sin reglas, sin participación: la actualización de la estrategia de biodiversidad de Costa Rica comienza sin credibilidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/sin-critica-sin-reglas-sin-participacion-la-actualizacion-de-la-estrategia-de-biodiversidad-de-costa-rica-comienza-sin-credibilidad

Delfino.cr. (2025, 3 de setiembre). Minae llama a la ciudadanía a participar de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/09/minae-llama-a-la-ciudadania-a-participar-de-la-actualizacion-de-la-estrategia-nacional-de-biodiversidad