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Ni las dosis “aceptables” son seguras: glifosato provoca tumores en animales según nuevo estudio internacional

Un nuevo estudio científico realizado por el Instituto Ramazzini y publicado en Environmental Health en 2025 confirma lo que muchas comunidades y movimientos sociales han venido denunciando desde hace años: la exposición prolongada al glifosato y sus formulaciones comerciales puede provocar múltiples tipos de cáncer, incluso desde etapas prenatales (Panzacchi et al., 2025).

¿Qué investigó este estudio?
Durante más de dos años, los investigadores administraron glifosato y dos herbicidas comerciales a ratas Sprague–Dawley desde antes de su nacimiento hasta la vejez. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles «seguros» actualmente autorizados en la Unión Europea: desde la Ingesta Diaria Aceptable (ADI) hasta el Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL) (Panzacchi et al., 2025).

Glifosato: el herbicida más usado del mundo
El glifosato es el ingrediente activo de los herbicidas más utilizados a nivel global, como Roundup y RangerPro. Aunque es ampliamente promovido por la industria como «seguro», su uso ha estado rodeado de controversias desde que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) lo clasificó como probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A) (Guyton et al., 2015).
Ahora, diez años después, el nuevo estudio del Ramazzini Institute refuerza de forma contundente esa advertencia.

¿Qué encontraron?
Los resultados son alarmantes:

  1. Aumento significativo de cánceres: incluyendo leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso, entre otros.
  2. Tumores raros con inicio temprano: muchas muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida.
  3. Efectos desde la vida prenatal: la exposición comenzó en las madres gestantes, reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Según los autores, estas pruebas en animales constituyen una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, y son consistentes con los datos epidemiológicos en humanos (Panzacchi et al., 2025).

¿Por qué debería preocuparnos?
Aunque los estudios en ratas no pueden extrapolarse automáticamente a humanos, los resultados elevan preocupaciones legítimas sobre la seguridad de la exposición crónica al glifosato, especialmente durante el embarazo y la infancia.
Sabemos que el glifosato ha sido detectado en alimentos, agua y polvo doméstico (Benbrook, 2016). Y sin embargo, sigue siendo el pilar de los modelos agrícolas industriales, incluso en zonas altamente pobladas o cerca de escuelas, viviendas y fuentes de agua.

¿Y ahora qué?
Este estudio debería ser una alerta de salud pública. Las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, tienen la responsabilidad de reevaluar los límites de exposición permitidos, garantizar una vigilancia epidemiológica activa y promover alternativas agroecológicas que no pongan en riesgo la salud de las personas.
La evidencia está sobre la mesa: el uso masivo de glifosato no es solo un problema agrícola, es un problema de salud humana.

¿Qué significa que el riesgo esté en las “formulaciones comerciales”?
Cuando hablamos de glifosato, no solo nos referimos al ingrediente activo aislado. En el mercado, este compuesto se vende mezclado con otros químicos que facilitan su absorción en las plantas: estas son las llamadas formulaciones comerciales. Marcas como Roundup o RangerPro, por ejemplo, combinan el glifosato con aditivos conocidos como coadyuvantes, que muchas veces no son revelados completamente al público ni a las autoridades regulatorias (Mesnage & Antoniou, 2018).
¿Por qué esto importa? Porque varios estudios —incluido este del Instituto Ramazzini— han demostrado que estas formulaciones pueden ser aún más tóxicas que el glifosato por sí solo (Panzacchi et al., 2025). En otras palabras: aunque se evalúe la «seguridad» del ingrediente activo aislado, en la vida real las personas están expuestas a mezclas más complejas y potencialmente más dañinas.
El hecho de que incluso a dosis consideradas “seguras” por la Unión Europea se observe un aumento de cánceres en animales, implica que los actuales estándares regulatorios no están protegiendo adecuadamente la salud pública.
Este hallazgo interpela de forma directa a los sistemas de evaluación de riesgos: ¿cómo se están autorizando productos cuyas fórmulas completas permanecen en muchos casos bajo secreto comercial? ¿Por qué las evaluaciones toxicológicas siguen centradas en ingredientes activos aislados, y no en las formulaciones tal y como se utilizan en el campo?
La evidencia es clara: la exposición real incluye mucho más que glifosato, y esa realidad debe reflejarse en las políticas de regulación y protección ambiental. Es urgente avanzar hacia un enfoque precautorio, transparente y centrado en las personas.

Glifosato: ¿qué es y por qué está en el centro de una disputa global?
El glifosato es un herbicida de amplio espectro ampliamente utilizado en la agricultura industrial desde los años 70. Aunque ha sido promovido como una herramienta “eficiente y segura” para el control de malezas, hoy está en el centro de una intensa disputa científica, política y social por sus efectos sobre la salud y el ambiente.

¿Qué es el glifosato?

Químicamente, el glifosato es un compuesto que inhibe una enzima esencial (EPSP sintasa) en la vía del shikimato, un proceso biológico que permite a las plantas producir ciertos aminoácidos. Esta inhibición provoca la muerte de las plantas consideradas «malas hierbas».

Fue patentado por la multinacional Monsanto en 1974 bajo el nombre comercial Roundup, y desde entonces se ha convertido en el herbicida más utilizado del planeta. Su uso se disparó aún más en los años 90, cuando Monsanto introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, como la soya y el maíz transgénico(Fagan, Antoniou, y Robinson, 2016).  

¿Medidas simbólicas o protección real? El caso de EE. UU. y la Unión Europea

En los últimos años, frente al creciente escrutinio científico y social, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado medidas que intentan responder —al menos en apariencia— a las preocupaciones sobre el glifosato. Sin embargo, estas acciones han sido parciales y cuestionadas.

En 2021, Bayer anunció que retiraría el glifosato de los productos de jardinería y uso doméstico en EE. UU., reconociendo de forma implícita el riesgo de litigios por los efectos en la salud. No obstante, la venta para uso agrícola masivo continuó sin restricciones. Es decir, mientras se reduce la exposición en los jardines urbanos, se mantiene (y muchas veces se intensifica) en zonas rurales, agrícolas y cercanas a fuentes de agua y alimentos.

Por su parte, la Unión Europea renovó temporalmente la autorización del glifosato en 2023, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones científicas, ambientales y sociales (Kwiatkowski et al., 2020). La renovación se dio en un contexto de informes técnicos controvertidos, críticas por falta de transparencia en las evaluaciones de riesgo, y evidencias crecientes de sus efectos nocivos.

¿Son suficientes estas medidas?

El reciente estudio del Instituto Ramazzini (2025) demuestra que incluso a dosis «autorizadas» y desde etapas prenatales, el glifosato y sus formulaciones pueden inducir tumores en múltiples órganos, varios de ellos raros, agresivos y de inicio temprano (Panzacchi et al., 2025). Esto plantea una pregunta ineludible:

¿Qué sentido tiene limitar su uso doméstico mientras se permite su aplicación en los cultivos que abastecen nuestra alimentación?

Estas políticas parecen más una estrategia de control reputacional que una respuesta efectiva de salud pública. No basta con retirar el producto del estante del supermercado si su rastro permanece en el agua, los alimentos, el polvo doméstico y el cuerpo de personas expuestas en las zonas rurales.

Frente a la contundencia de los datos científicos actuales, las medidas tomadas hasta ahora lucen insuficientes, inconsistentes y tardías. Lo que se requiere es un cambio estructural en la forma de evaluar, regular y limitar los plaguicidas, basado en el principio precautorio, la ciencia independiente y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Glifosato y Costa Rica: uso intensivo, alertas sanitarias y debates regulatorios

¿Qué tan presente está el glifosato en Costa Rica?

Costa Rica figura entre los países con mayor consumo de pesticidas por hectárea en el mundo, con cifras que oscilan entre 10–35 kg/ha al año (López Delgado, Arias Cruz, y Arias Alfaro, 2016). Desde su introducción en 1982, el uso de glifosato creció de 36 t de ingrediente activo a unos 1 761 t en 2013. El 90 % de los plaguicidas usados en el país son considerados altamente peligrosos, y el glifosato se posiciona como el herbicida más usado, presente en cultivos como palma africana, arroz, café, banano, cítricos y pasturas.

Alertas y prohibiciones locales

En 2019, el Ministerio de Salud prohibió el uso de glifosato y otros herbicidas industriales en áreas públicas, incluyendo aceras, parques y escuelas, por riesgos graves para la salud (Salazar Villanea y Corrales Aguilar, 2021).

Al menos 21 municipalidades, además de instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica, restringieron o prohibieron su uso en sus instalaciones.

A mediados de la última década, un proyecto de decreto nacional para restringir su uso quedó “congelado” por falta de interés político (Zúñiga y Aguilar, 2018).

Impactos en la salud pública y el ambiente

Un informe de 2022 de la ONU, OPS y PNUD alerta que del 2014 al 2020 se registraron 58 muertes por intoxicaciones con plaguicidas. El glifosato fue uno de los agroquímicos más relacionados con intoxicaciones leves (Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas, 2022).

Estudios de la Universidad Nacional y la UCR evidencian que el 90 % del uso de plaguicidas en Costa Rica es altamente tóxico, y que el glifosato es una de las sustancias clave en esta lista (López Delgado et al., 2016).

Se han detectado mezclas de hasta 30 plaguicidas en ríos y polvo de escuelas cercanas a zonas agrícolas, con presencia comprobada en colmenas, perezosos y ecosistemas acuáticos.

Debates y caminos regulatorios

Ante las crecientes alertas, se elaboraron informes oficiales con la intención de prohibir, restringir o reforzar los controles sobre el glifosato, citando los riesgos cancerígenos y crónicos.

No obstante, hasta la fecha no se han aplicado restricciones nacionales contundentes. La normativa sectorial ofrece normativas locales, pero carece de una prohibición o reducción nacional coordinada.

Organismos académicos y científicos, como la Academia Nacional de Ciencias, han promovido proyectos de ley que buscan incorporar el principio precautorio, separación de funciones regulatorias y seguimiento epidemiológico (Academia Nacional de Ciencias, 2017).

¿Es suficiente la respuesta de Costa Rica?

Las acciones hasta ahora han sido fragmentadas: restricciones locales, alertas nacionales y declaraciones de crisis ambiental, pero no un cambio estructural. Frente al nuevo estudio del Instituto Ramazzini (2025), que reveló tumores en ratas expuestas desde etapas prenatales a dosis «seguras», se evidencia que:

  • La presencia continua de glifosato en cultivos, aire, agua y hogares implica que la salud humana sigue expuesta, especialmente en zonas rurales.

  • Las restricciones municipales y el etiquetado verde del producto no garantizan protección si el herbicida se mantiene en la cadena agrícola y ambiental.

  • Costa Rica necesita un marco regulatorio nacional, basado en ciencia independiente, vigilancia de exposiciones, monitoreo ambiental y sustitución por alternativas menos tóxicas.

Hacia un futuro saludable

El país cuenta con un excelente punto de partida: una academia activa, una institucionalidad sensible y ciudadanos conscientes. El próximo paso debería ser transformar estas condiciones en:

  • Una prohibición nacional del uso agrícola del glifosato,

  • Alternativas agroecológicas y sistemas de manejo integrado de malezas,

  • Vigilancia epidemiológica en zonas vulnerables,

  • Etiquetado claro y transparencia total de las formulaciones utilizadas.

Solo así Costa Rica podrá asegurar su derecho constitucional a un ambiente sano y proteger la salud de sus ciudadanos frente a amenazas químicas invisibles pero profundas.

Cronología crítica del glifosato

1974 – Monsanto lanza al mercado el herbicida Roundup, con glifosato como ingrediente activo.

1996 – Comienza la era de los transgénicos resistentes al glifosato: se autoriza en EE. UU. la primera soya «Roundup Ready».

2000s – Diversos estudios independientes alertan sobre efectos tóxicos en células humanas y animales de laboratorio, incluso en dosis bajas.

2015 – La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), parte de la OMS, clasifica al glifosato como «probablemente cancerígeno para humanos» (Grupo 2A), lo que desata una ola de controversias científicas y demandas judiciales.

2016–2019 – En EE. UU., miles de personas presentan demandas contra Monsanto (adquirida por Bayer en 2018), alegando que el uso de Roundup les causó linfoma no Hodgkin. En varios juicios se dictan sentencias millonarias a favor de los demandantes.

2020–2022 – Bayer anuncia que retirará el glifosato de los productos para uso doméstico en EE. UU., aunque mantiene su venta para uso agrícola. La Unión Europea renueva su autorización temporalmente, en medio de intensos cuestionamientos.

2025 – El Instituto Ramazzini publica el estudio más extenso hasta la fecha, demostrando que el glifosato y sus formulaciones comerciales provocan cáncer en ratas incluso a dosis permitidas por autoridades sanitarias europeas. Se observa aparición de tumores desde etapas tempranas de vida.

Créditos de imágenes Semanario Universidad

Referencias:

Academia Nacional de Ciencias. (2017). Informe sobre el principio precautorio y la regulación de plaguicidas en Costa Rica. San José, Costa Rica.
https://www.anc.cr/publicaciones/Informe_principio_precautorio_plaguicidas_ANC.pdf

Benbrook, Charles (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe, 28(1), 3.
https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0

Fagan, John, Antoniou, Michael N., y Robinson, Claire. (2016). GMO Myths and Truths: A Citizen’s Guide to the Evidence on the Safety and Efficacy of Genetically Modified Crops and Foods (3rd ed.). Earth Open Source.
https://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2016/09/GMO-Myths-and-Truths-edition3.pdf

Guyton, Kathryn Z., Loomis, Dana, Grosse, Yann, El Ghissassi, Fatiha, Benbrahim-Tallaa, Lamia, Guha, Neela, Scoccianti, Chiara, Mattock, Heidi, y Straif, Kurt. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology, 16(5), 490–491.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8

Kwiatkowski, Carol F., Naidenko, Olga V., Douvris, Catherine, y Andrews, David Q. (2020). Navigating the scientific uncertainties of PFAS risk. Environmental Science & Technology Letters, 7(5), 343–351.
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255

López Delgado, María, Arias Cruz, Alejandra, y Arias Alfaro, Luis. (2016). Situación del uso de plaguicidas en Costa Rica: diagnóstico y recomendaciones para una política pública nacional. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional.
https://www.una.ac.cr/archivos_pdf/plaguicidas_CR_2016_iret.pdf

Mesnage, Robin, y Antoniou, Michael N. (2018). Ignoring adjuvant toxicity falsifies the safety profile of commercial pesticides. Frontiers in Public Health, 5, 361.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361

Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Organización de las Naciones Unidas. (2022). Informe sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas en Costa Rica, 2014–2020. San José, Costa Rica.
https://www.undp.org/es/costa-rica/publicaciones/informe-intoxicaciones-agudas-plaguicidas-costa-rica-2014-2020

Panzacchi, Simona, Tibaldi, Eva, De Angelis, Luana, Falcioni, Laura, Giovannini, Rita, Gnudi, Federica, Iuliani, Martina, Manservigi, Marco, Manservisi, Fabiana, Manzoli, Isabella, Menghetti, Ilaria, Montella, Rita, Noferini, Roberta, Sgargi, Daria, Strollo, Valentina, Truzzi, Francesca, et al. (2025). Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats. Environmental Health, 24(36).
https://doi.org/10.1186/s12940-025-01187-2

Salazar Villanea, José Joaquín, y Corrales Aguilar, Laura. (2021). Riesgos sanitarios y prohibición del glifosato en áreas públicas de Costa Rica. Ministerio de Salud de Costa Rica.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/descargas/institucional/informes/1862-riesgos-glifosato-espacios-publicos/download

Zúñiga, Margarita, y Aguilar, Diana. (2018). Municipalidades por territorios libres de glifosato: experiencias desde el poder local. Revista Ambientico, 269, 4–9.
https://www.catie.ac.cr/resources/publicaciones/ambientico/ambientico269.pdf

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Nueva esperanza Mujeres campesinas resisten el despojo: Agroecología y dignidad en el norte de Costa Rica + Documental

En el norte de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres campesinas ha cultivado durante más de dos décadas una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización comunitaria. Bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, estas mujeres desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica, convirtiendo la finca en “el pulmón de la esperanza”.

Sin embargo, desde febrero de 2022, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias comenzaron a ingresar al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Este conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo .

El abandono institucional

A pesar de múltiples gestiones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ha mantenido una posición ambigua y pasiva. No ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Incluso hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales .

Agroecología como resistencia

Durante más de 23 años, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño. La finca fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro .

Una lucha por la vida y el derecho

A pesar de los últimos tres años de usurpación, las mujeres siguen presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no se irán hasta lograr lo que es justo. Como expresan: “No se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo” .

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza es una muestra de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país. Es urgente que las autoridades cumplan con su mandato y apoyen a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

🎬 Para que vuelvan las mariposas: ver el pasado para entender el presente

El documental «Para que vuelvan las mariposas» (UNED) narra con sensibilidad y fuerza la historia de transformación liderada por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza: cómo, en medio de la devastación ambiental causada por la piña y la ganadería extensiva, levantaron un modelo agroecológico colectivo, restauraron suelos y devolvieron la vida a su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia, alimentos sanos: todo volvió gracias a su trabajo.

Hoy, sin embargo, ese legado está bajo amenaza. La finca donde se desarrolló esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con la anuencia silenciosa de instituciones estatales como el INDER. Lo que fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria se encuentra en disputa, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo una invitación a conocer una historia de éxito campesino. Es también una forma de comprender lo que está en juego ahora mismo: la lucha por la tierra, por el reconocimiento, y por la justicia que estas mujeres siguen defendiendo con dignidad.

🌱 Porque cuando las mariposas desaparecen, algo más profundo se está perdiendo. Y cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si se cuida la tierra y a quienes la cultivan.

disminucion extra

Bienes naturales en Costa Rica: ¿directo a la tormenta?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni – Observatorio Bienes Comunes
“Viviendo sobre un ring donde siempre ganan los malvados
Líderes y jefes juegan sucio los dos
Mientras el resto alza la voz gritando a Dios: ¡Ven, baja y sálvanos!”.
“Sucio”. Akapellah ft. Nach.

Durante el 2023 hemos podido visitar comunidades que atraviesan escenarios de agotamiento y contaminación de los bienes comunes naturales, pero, también, junto a esto. un desmejoramiento acelerado de su calidad de vida. Se intensifica la explotación laboral, afectaciones a la salud, el envenenamiento del agua, tierra y aire, sumado a esto, sus formas de vida se van alterando, ya no pueden mantener sus cultivos ni animales; además, desaparecen sus sitios de recreo y de turismo local. ¿Cómo podríamos caracterizar este escenario?

A primera vista, en la mayoría de los territorios se encuentra presente una actividad extractiva ejecutada, o al menos promovida, por el Gobierno local, tal como la minería no metálica o agroindustria. Este vínculo Gobierno local-empresa resulta una alianza ganar-ganar, ingresos frescos y favores por “allá”, son algunos de los comentarios que se repiten de una comunidad a otra; sin embargo, la factura de las consecuencias las siguen pagando las comunidades vecinas a estos proyectos.

A pesar de que el Gobierno local en muchas ocasiones está cooptado por estas iniciativas extractivas, las comunidades siguen buscando respaldo en la institucionalidad del país, acuden a diversas instancias, en ocasiones encuentran quejas de las personas funcionarias que repiten que los recortes presupuestarios imposibilitan sus funciones, pero, a pesar de esto, les prestan atención. En otras ocasiones, encuentran oídos sordos. Es evidente la complacencia con los sectores empresariales.

De parte de los actores empresariales hay, por un lado, una competencia en las comunidades locales por cooptar las organizaciones, tales como las asociaciones de desarrollo y, por otro desprestigiar a los colectivos que cuestionan sus acciones, ya sea señalandolos como “enemigos de la comunidad” o realizando otras formas de intimidación más “personal”.

A esto se suma la actitud de una institucionalidad nacional que ha pactado una forma de política ambiental centrada en la mercantilización de la naturaleza, es decir, el “capital natural”. Este vínculo entre negocios y gestión del medio ambiente trae consigo el necesario despojo del territorio de las comunidades, en beneficio de los grupos empresariales que puedan invertir y lucrar con la actividad.

La naturaleza, en este escenario, se ve cerrada a sectores particulares, destinados a la conservación y explotación turística, pero todo aquel vínculo comunitario, campesino o indígena se ve desplazado y ninguneado.

Nos acercamos a una tormenta perfecta, el proceso de mercantilización se va legitimando en nuestra sociedad desde el momento en que nuestra institucionalidad ha dado la espalda a todas aquellas personas y comunidades que levantan su voz para denunciar que no es suficiente conservar ante el impacto extractivo.

La participación ambiental es la línea roja institucional para reconocer la voracidad de un sistema político-económico ecocida; la naturaleza no se trata de zonas de conservación, son tejidos que se recrean a través de nuestras relaciones de interacción. Cuando aquellas comunidades que han vivido junto a la naturaleza dicen que algo está pasando y no se toma la atención necesaria, no seamos ingenuos, estamos en la tormenta.

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/bienes-naturales-en-costa-rica-directo-a-la-tormenta/

Puede descargar el artículo de opinión aquí.

cultivo

Tierra: Hallazgos del Estado de la Nación 2022

Este mes de noviembre 2022 se presentó el Informe Estado de la Nación, y como en las ediciones anteriores nos comparten el Capítulo 4: Armonía con la Naturaleza, que nos permite una ocasión para reflexionar sobre el contexto que rodean algunas de las dimensiones de los Bienes Naturales en el país.

Continuamos reflexionando sobre este capítulo, y en esta ocasión nos referimos a la situación que a traviesa el uso de la tierra, y como en los últimos 20 años se evidencia en los datos la dominación de la agroindustria, lo que refleja una matriz política que no sólo privilegió la exportación de «postres» que favoreció a esta industria por todas las facilidades, sino que también  incluye omisiones sensibles el manejo de agroquímicos.

Además, esto refleja una tensión cada vez mayor en torno a la soberanía alimentaría del país, la cual a no existir un andamiaje político que permita el apoyo y la promoción, se nota en los datos la erosión constante del sector campesino y agricultor.

Les compartirnos esta primera  infografía para seguir profundizando nuestras reflexiones.

Pueden descargar el Informe Estado de la Nación completo aquí.

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maquillaje verde

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria?

El pasado 14 de noviembre en el marco de la COP27, la delegación de Costa Rica realizó la presentación de una propuesta para potenciar los bienes de exportaciones basados en una agricultura resiliente, a partir de los agro paisajes. ¿Qué quiere decir todo esto?

Queremos problematizar la propuesta presentada por el gobierno de Costa Rica, ya que presenta algunas tensiones importantes que viene arrastrando eso que llamamos la agroindustria, y que al día de hoy sigue siendo responsable de importantes impactos socioambientales relacionados no sólo a la deforestación, sino también al uso de agroquímicos que afectan la salud de los ecosistemas.

Les compartimos también el artículo publicado por Bloque Verde que también expone las contradicciones de esta propuesta. Titulado «Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”» Publicado a través de Surcos Digital.

¿Estaremos de cara a otra estrategia de maquillaje verde? Les compartimos nuestras inquietudes:

Costa Rica en la COP27: ¿Maquillando la agroindustria? Artículo de opinión Observatorio

Agroindustria ¿de qué hablamos? consulte aquí.

¿Qué es el maquillaje verde? consulte aquí.

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gota

¿Legalizar el saqueo? Amnistía para pozos y concesiones de agua: Al respecto del Proyecto de ley n.° 22.709

Actualmente en la corriente legislativa de Costa Rica, se encuentra en camino de discusión el proyecto de ley n.° 22.709 “Amnistía para el ordenamiento de pozos no inscritos y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria”. La cual presenta omisiones importantes en torno a la gestión adecuada del agua.

A partir del Informe de la Contraloría General de la República DFOE-SOS-0109, retomamos algunas de las observaciones que señala este documento, y que nos permite identificar las tensiones que representa la promoción de esta iniciativa.

El proyecto de ley carece de un enfoque integral, dado que presenta un desbalance muy marcado en favor del uso agrícola, omitiendo la necesidad de presentar estudios que permitan determinar y asegurar la no afectaciones de los demás usos del agua, especialmente en torno al Derecho Humano al agua.

Por esta razón, queremos compartirles esta infografía para invitarles a reflexionar sobre algunas dimensiones claves de la ley, y que nos permita discutir la pertinencia de estos abordajes, identificar los privilegios que promueve la ley y quienes son los sectores más vulnerabilizados si esta ley fuera aplicada.

Pueden descargar el documento de la CGR aquí.

Artículo «Bloque Verde denuncia legalización del saqueo del agua en Costa Rica» publicado en El País CR el 21 de julio del 2022.

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Sistemas Alimentarios ¿En qué situación nos encontramos?

A partir del Informe publicado por el Grupo Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC)  el pasado 19 de septiembre del 2021 titulado «Secuestro corporativo de los sistemas alimentarios Porqué oponerse a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios» (Pueden ver el informe aquí). Les proponemos reflexionar sobre algunas ideas claves que nos comparten en esta ocasión.

En esta primera infografía problematizamos el estado actual del Sistema Alimentario global, ¿quiénes producen alimentos? ¿en qué condiciones los producen? ¿qué contexto está dominando en el sistema alimentario?

A partir de estas preguntas les invitamos a reflexionar sobre las prioridades que están rodeando nuestras políticas y las iniciativas productivas de nuestros países, pero también nuestras prácticas de consumo.

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