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Cuidar lo que otros quieren destruir: crónica del monitoreo ambiental

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Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.

En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.

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En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.

Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.

Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.

Sin rastro visible, con temor latente: la draga que podría estar operando en silencio

Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.

Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.

Vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur

Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.

El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.

La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.

Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.

Regulación y protección legal de los bosques en Costa Rica

En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.

Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.

La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.

Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.

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Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la loma

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La fragilidad de las medidas de protección.

En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.

Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.

Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.

Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.

Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.

Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.

Pero....¿Qué había pasado en este terreno cerca de la Unión?

Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”

Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.

Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”

Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.

La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”

Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.
Medidas que solo resisten con ojos encima

Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.

Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.

Cuando la ley no basta: la fragilidad de las medidas sobre el papel

Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.

El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.

¿Cuál es la forma de operar?

Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.

Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.

«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.

 Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur

El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.

Entre los principales efectos están:

  • Pérdida de cobertura vegetal, lo que reduce la biodiversidad y deja el suelo expuesto a la erosión.
  • Erosión acelerada que arrastra sedimentos hacia ríos y quebradas, afectando la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos.
  • Fragmentación de hábitats que amenaza especies nativas y altera el equilibrio ecológico.
  • Aumento del riesgo de deslizamientos, especialmente en zonas de alta pendiente y lluviosas.
  • Afectación a comunidades locales, tanto por el deterioro ambiental como por la alteración del paisaje y posibles afectaciones al recurso hídrico.

En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.

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“Ya está hecho el daño”: urgencia y abandono en la defensa ambiental del Caribe Sur

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“Continúa la devastación en los humedales del Caribe Sur”, nos alerta Philippe Vangoidsenhoven. Justo hoy, 8 de abril, ha levantado una nueva alerta por la afectación a dos humedales de la zona. Por un lado, se identificó la intervención en un terreno contiguo al que ya había denunciado —y que cuenta con medidas cautelares (ver nota aquí)—. Se trata de una propiedad que es patrimonio natural del Estado.

Durante su revisión ocular, Philippe confirmó el chapeo y evidenció nuevas intervenciones: se ha vuelto a levantar una cerca que había sido previamente derribada. Según relata, el estado de abandono es “impresionante”. En sus palabras: “En un país conocido mundialmente por proteger su medio ambiente, para quienes intentamos defenderlo, se vuelve casi imposible hacerlo.”

Philippe también cuestiona la lentitud de las respuestas institucionales: “Después de tantos años de defensa ambiental, muchas veces las conclusiones toman años, y cuando por fin se logra algo, el humedal ya ha sido destruido.” Hoy mismo reportó esta situación a las autoridades, a quienes entregó toda la información, y recibió la promesa de que enviarán personal al sitio.

Esta experiencia deja claras lecciones sobre la vigilancia ambiental. ¿Quién fue? Philippe insiste en la importancia del monitoreo constante para evitar este tipo de daños. Como él mismo señala: “Por eso siempre es mejor agarrarlos en el acto. Si yo hubiera visto gente chapeando, caigo con las autoridades, con la policía, y eso se detiene ahí mismo; se llevan a esas personas a la comisaría.”

La impotencia, dice, nace de “cuando uno se da cuenta solo después de que ya está hecho el daño”.

Por otro lado, Philippe también denunció un segundo evento ocurrido en Playa Negra, donde se evidenció el dragado de una quebrada en un terreno. La situación ya fue reportada a las autoridades competentes. Esta área está siendo investigada por una presunta tala. Gracias al accionar de Philippe, la máquina fue retirada del zanjón, aunque aún permanece en el terreno, junto con la persona operaria.

Este tipo de situaciones se ha vuelto parte de la “normalidad” en el Caribe Sur, donde se talan árboles indiscriminadamente, en algunos casos con permisos cuestionables y en otros sin ningún tipo de autorización, todo con el fin de dividir los terrenos en lotes para su posterior construcción.

La vigilancia comunitaria: clave para la defensa ambiental

Lo ocurrido en los humedales del Caribe Sur pone en evidencia la urgencia de fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del territorio y los bienes comunes. Cuando el Estado no actúa con la celeridad que requieren los ecosistemas en riesgo, es la comunidad organizada la que puede marcar la diferencia. El monitoreo constante, las denuncias oportunas y la documentación ciudadana se convierten en mecanismos esenciales para frenar la destrucción ambiental antes de que sea irreversible.

La vigilancia comunitaria no solo permite alertar sobre acciones ilegales o destructivas, sino que también ejerce presión para que las instituciones cumplan con su deber. Además, refuerza el sentido de pertenencia, empodera a las personas defensoras y crea redes de protección ante posibles represalias.

¿Qué implican estos daños? Consecuencias del chapeado y dragado

Las acciones como el chapeado y el dragado en humedales costeros tienen consecuencias profundas y, muchas veces, irreversibles. Aunque a simple vista puedan parecer intervenciones menores, alteran de forma significativa el equilibrio ecológico de estos ecosistemas frágiles y vitales.

El chapeado, al eliminar la vegetación superficial, expone el suelo a la erosión, reduce la capacidad de retención de agua y elimina hábitats esenciales para especies animales y vegetales. Muchas plantas nativas que cumplen funciones de filtrado, protección de suelos y captura de carbono desaparecen, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a inundaciones, salinización y pérdida de biodiversidad.

Por otro lado, el dragado de quebradas modifica el curso natural del agua, altera el flujo hídrico y puede destruir zonas de reproducción y alimentación de peces, anfibios y aves acuáticas. También afecta la calidad del agua y contribuye a la degradación de cuerpos de agua conectados, como ríos y manglares.

En conjunto, estos daños comprometen no solo la salud del ecosistema, sino también los servicios ambientales que brindan los humedales costeros: protección contra tormentas, recarga de acuíferos, captura de carbono, y provisión de recursos para comunidades locales. Además, cuando estas acciones se realizan en propiedades del Estado o en zonas con medidas cautelares, se transgrede el marco legal y se debilita la institucionalidad ambiental.

Proteger los humedales no es solo una obligación ecológica: es una responsabilidad social y una necesidad urgente frente al cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad.

Croquis de ubicación de los eventos

Chapeado

Tala

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Alerta en el Caribe Sur: la denuncia que evitó mayor impacto ambiental

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El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.

En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.

Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.

Prácticas conocidas para cometer delitos

Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.

Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.

Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.

Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.

La importancia de denunciar

Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.

Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.

El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.

Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria

A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.

Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.

Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.

Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica

Aspecto ClaveDescripción
DefiniciónLa Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
PropiedadLa ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesionesLos 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
ProhibicionesSe prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especialSi la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
DenunciasCualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
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Playa Negra en alerta: Retiran material de finca que afectaba humedales

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Este 11 de febrero de 2025, vecinos de la zona de Playa Negra alertaron sobre el relleno de terreno en una finca que ya contaba con una denuncia ambiental. El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven verificó y reportó la situación, colaboró con la policía para ubicar el sitio y constató que en el lugar también se encontraba el fiscal ambiental, quien realizaba una inspección por otra denuncia. No obstante, el fiscal intervino de inmediato para detener el relleno, que llevaba varios días en curso.

Esta finca ya había sido denunciada previamente por Philippe, dado que se trata de un humedal. Para el defensor ambiental, la actuación del fiscal representa un ejemplo de que sí es posible atender estos casos de manera efectiva. En sus palabras:

«Es una decisión demasiado buena, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevo luchando. Que, en el mismo momento, se diga: ‘saca esa vara de vuelta’. Y, por supuesto, se abrirá un expediente contra esa compañía…»

¿Qué está pasando?

Desde hace meses, residentes han alertado sobre el impacto de actividades como la tala de bosques y el relleno de humedales, las cuales han sido señaladas como amenazas directas a los recursos naturales del área. A pesar de las intervenciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras entidades, la problemática ha persistido, generando preocupación entre ambientalistas y la comunidad local.

Playa Negra, parte del corredor biológico del Caribe sur de Costa Rica, alberga una riqueza ecológica única, siendo hábitat de numerosas especies y fuente de sustento para actividades sostenibles como el ecoturismo. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario descontrolado y la falta de fiscalización efectiva han propiciado la degradación de estos entornos frágiles.

La orden de retiro del material en la finca denunciada marca un avance en los esfuerzos por la protección de los humedales, aunque aún persisten desafíos en la regulación y control ambiental de la zona. Es necesario que las autoridades fortalezcan las acciones de seguimiento y prevención para evitar daños irreparables y promover un desarrollo equilibrado que garantice la conservación de los ecosistemas sin afectar el crecimiento de la comunidad.

Esta nota contó con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental.

¿Por qué importa el cuido de los humedales?

Los humedales en las costas del Caribe Sur de Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de la región. Estos ecosistemas, que incluyen manglares, estuarios, lagunas costeras y pantanos, son vitales para la protección de la línea costera, la regulación del ciclo del agua y el mantenimiento de la biodiversidad local.

Uno de los principales beneficios de los humedales es su capacidad para actuar como barreras naturales contra la erosión costera y los efectos de tormentas y huracanes. La vegetación de los manglares, por ejemplo, reduce la fuerza de las olas y ayuda a estabilizar los sedimentos, previniendo la pérdida de tierra en las costas.

Además, estos ecosistemas son hábitats esenciales para una gran diversidad de especies, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción. Los humedales del Caribe Sur albergan aves migratorias, anfibios, reptiles, mamíferos y peces que dependen de estos ambientes para su reproducción y alimentación. También son refugio para especies emblemáticas como el manatí del Caribe y diversas especies de tortugas marinas.

Los humedales también juegan un papel crucial en la filtración y purificación del agua, eliminando contaminantes y mejorando la calidad del agua que fluye hacia el mar y los ríos cercanos. Su capacidad para almacenar carbono contribuye a mitigar el cambio climático, al capturar y reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera.

A nivel económico y cultural, los humedales sostienen actividades como la pesca artesanal, el turismo ecológico y la investigación científica. Comunidades locales dependen de estos ecosistemas para su sustento, y su conservación es clave para el desarrollo sostenible de la región.

A pesar de su importancia, los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica enfrentan amenazas como la deforestación, la contaminación, la expansión urbana y el cambio climático. La conservación y manejo adecuado de estos ecosistemas es esencial para garantizar su permanencia y los beneficios que brindan a las comunidades y al medio ambiente.

Proteger los humedales no solo significa preservar la biodiversidad, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras ante los desafíos ambientales del futuro.

Defensores ambientales: Un pilar clave en la protección del Caribe Sur

Las personas defensoras ambientales juegan un papel clave en la protección de los humedales y en la lucha contra las amenazas que enfrenta el Caribe Sur. Su labor incluye la vigilancia y denuncia de actividades ilegales, la educación ambiental en comunidades locales y la promoción de políticas de conservación. A menudo, enfrentan riesgos significativos en su trabajo, pero su compromiso es esencial para garantizar la preservación de estos ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones.

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¿Qué pasa en el Caribe Sur? Tráfico de tierras

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A partir de las múltiples denuncias presentadas por personas vecinas de la zona del Caribe Sur ante la intensificación de la tala ilegal que está cercando los ecosistemas de esta región. Aprovechamos para retomar algunas de las principales preocupaciones que están evidenciandose de esta situación, especialmente la evidente afectación al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Estas actividades ilegales no son nuevas, vienen desarrollandóse desde hace décadas, sin embargo, ante la creciente presión urbanística que está viviendo la región, se ha hecho más evidente el impacto ambiental ante el despojo que están siendo somentidos los húmedales y bosques.

Queremos compartirles esta infografía que pretende dar una caracterización general que nos invite a profundizar sobre las tensiones de cercamiento que están presionando a los bienes naturales en el Caribe Sur.

Para más información pueden consultar:

Chacón, Vinicio (29/5/2024) Organizaciones ambientalistas del Caribe Sur exigen recuperación de Refugio Gandoca-Manzanillo e intervención del Área de Conservación Semanario Unviersidad.

Pomareda, Fabiola (30/5/2024)Fiscal Ambiental afirma tener indicios de que terreno donde se talaron árboles en Manzanillo es bosque. Semanario Universidad. 

Pomareda, Fabiola (3/6/2024)Fiscal Ambiental: Lo que se está dando en el Caribe Sur es un “tráfico de tierras”. Semanario Universidad. 

Puede descargar la infografía PDF  – Imagen