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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

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Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.
Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.
Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.
Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.
El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

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El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.
  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.
  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.
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Monitoreo ciudadano evidencian reincidencia y debilidad institucional en el Caribe Sur

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En las últimas semanas, el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven ha documentado nuevas intervenciones ilegales en humedales, zonas públicas y áreas protegidas del Caribe Sur. Sus recorridos, cámara en mano, han registrado desde rellenos con material de construcción en Playa Negra hasta tala y quema de vegetación en propiedades cercanas a quebradas, con indicios de futuros desarrollos comerciales.

Estos casos no son hechos aislados. Philippe acumula más de 25 denuncias —muchas ahora bajo su nombre— en un trayecto de apenas 2,5 km, todas respaldadas por fotografías, videos y ubicación exacta. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser tardías o inconsistentes, y en ocasiones, las mismas autoridades parecen desconocer la normativa que deberían aplicar.

El propio monitoreo revela un patrón preocupante: oficiales y funcionarios con criterios personales que contravienen la ley, como la aceptación de chapeas en zonas de protección alegando razones de “seguridad”, sin considerar el daño ecológico y la prohibición expresa en la legislación ambiental. Este vacío de formación técnica y jurídica en quienes deben fiscalizar abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, debilitando la protección de los ecosistemas y generando un clima de impunidad.

En un contexto donde la presión inmobiliaria sobre la zona marítimo terrestre y humedales es cada vez mayor, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar para la defensa ambiental. Pero sin una capacitación sólida de las autoridades y un compromiso real con la aplicación de la ley, las denuncias seguirán acumulándose sin que el deterioro ambiental se detenga.

Caso 1: Relleno municipal en humedal de Playa Negra

Durante un desplazamiento hacia Puerto Viejo, Philippe observó maquinaria municipal depositando material en un área de Playa Negra que corresponde a un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre. Este sitio ya había sido rellenado años atrás con el argumento de construir un centro educativo, pero en su momento se permitió la intervención alegando que no figuraba en la lista oficial de humedales. Posteriormente, la Fiscalía Ambiental confirmó que sí se trataba de un humedal protegido y ordenó paralizar las obras. A pesar de ello, el relleno volvió a ejecutarse, evidenciando un incumplimiento reiterado

Caso 2: Tala total y preparación para un supermercado

En otro punto, Philippe documentó la tala de todos los árboles de un terreno, el desecho de la biomasa y el posterior relleno del área. En el lugar se instaló un rótulo con permisos visibles, y según información recabada, el objetivo sería instalar un supermercado. Aunque la municipalidad colocó un sello de clausura, la afectación ya estaba consumada: la cobertura vegetal desapareció y con ella, hábitats y funciones ecológicas clave.

Caso 3: Quema en área cercana a quebrada y hostigamiento vecinal

En una propiedad próxima a una quebrada, Philippe registró la quema de vegetación, presuntamente provocada con gasolina por un vecino. El fuego afectó árboles y un panal de zompopas de gran tamaño, y generó humo denso que alcanzó varias viviendas. El hecho desencadenó tensiones y amenazas, en un contexto donde “limpiezas” y aperturas de paso se mezclan con conflictos interpersonales. Para Philippe, la situación representa un doble riesgo: el daño ambiental y la creciente hostilidad hacia quienes denuncian.

Caso 4: Reincidencia en zona cerca de “Flor de China” (más sobre este caso aquí)

Más recientemente, Philippe constató la colocación de nuevo material en un área cercana a Flor de China, previamente denunciada por rellenos ilegales. El lugar cuenta con un rótulo oficial que lo identifica como “Patrimonio del Estado”, lo que debería implicar su protección absoluta. Sin embargo, el depósito se realizó a plena vista, sin que la señalización ni las denuncias anteriores frenaran la intervención. La reiteración del daño en un mismo sitio confirma la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
Una constante: falta de capacitación y aplicación desigual de la ley

En varios de los operativos presenciados, Philippe ha encontrado a oficiales y funcionarios que aplican criterios personales por encima de la normativa, por ejemplo, defendiendo el “chapeo” en zonas protegidas bajo el argumento de prevenir robos. Esta visión desconoce el papel del sotobosque en la protección de suelos y fauna, y contradice lo que establece la legislación ambiental. En otros casos, incluso reconociendo que un área es de protección, se decide continuar con intervenciones bajo justificaciones subjetivas.

La falta de capacitación técnica y jurídica de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir la ley permite que decisiones arbitrarias debiliten la protección ambiental. En un escenario de creciente presión inmobiliaria, esta deficiencia institucional se convierte en un factor que alimenta la impunidad, dejando la carga de la vigilancia casi exclusivamente en manos de la ciudadanía organizada.

Cuando la última línea de defensa es la ciudadanía

La pregunta que queda es: ¿qué ocurre cuando quienes deben aplicar la ley no lo hacen de forma correcta, y la única defensa real del ambiente recae sobre personas que no cuentan con ninguna garantía institucional, cobertura ni reconocimiento legal para protegerse?

En el pasado, fue parte del programa Covirenas —un mecanismo de voluntariado del MINAE—, pero le fue retirado el carnet después de intervenir para documentar una acción ilegal como las que hoy sigue reportando. En aquella ocasión, su participación se dio con el objetivo de dar seguimiento y poder atestiguar las razones de las medidas que tomarían las autoridades ante el evento, además de aportar su conocimiento sobre el caso. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que, en lugar de aprovechar su colaboración, se le sancionó y se le excluyó del programa.

Hoy, sin respaldo institucional, continúa con su labor de monitoreo por convicción y sentido de responsabilidad, asumiendo los riesgos que eso implica. El problema es que, si la ley no es correctamente aplicada por quienes tienen la obligación de hacerlo, y quienes la defienden desde la ciudadanía quedan expuestos, el sistema de protección ambiental se sostiene únicamente por un frágil hilo de voluntad individual.

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Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

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El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

2004

2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.
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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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“Nos tratan como si no fuéramos de aquí”: Pueblo Ngöbe de Sixaola visibiliza abandono institucional y exige territorio

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El pasado 14 de junio se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, un espacio de palabra, denuncia y escucha colectiva. La actividad fue organizada por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Durante el encuentro, representantes del pueblo indígena Ngöbe compartieron testimonios profundamente reveladores sobre las múltiples formas de exclusión, discriminación y violencia estructural que enfrentan en su vida cotidiana. Organizados en un ejercicio colectivo de resistencia, abordaron cuatro ejes fundamentales: trabas en ayudas sociales, salud y acceso al agua, condiciones laborales y la ausencia de reconocimiento territorial.

Las voces presentes, provenientes directamente de las comunidades del sur del Caribe costarricense, expusieron situaciones que no son nuevas, pero sí largamente invisibilizadas por las instituciones del Estado. Lejos de tratarse de hechos aislados, sus testimonios dan cuenta de un patrón sostenido de abandono institucional, racismo estructural y negación de derechos fundamentales, todo ello agravado por la falta de un territorio reconocido que garantice condiciones mínimas para el ejercicio de su autonomía.

Este conversatorio no solo permitió conocer de primera mano la realidad que enfrentan más de 10.000 personas Ngöbe en Sixaola, sino que también evidenció la urgencia de articular esfuerzos entre comunidades, academia e instituciones públicas comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas. La demanda fue contundente: reconocimiento, justicia territorial y garantías efectivas para una vida digna.

Finalmente, la actividad reafirmó la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con los compromisos internacionales asumidos, en particular el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la tierra, a su cultura, a decidir sobre su desarrollo y a ser consultados en todo aquello que les afecte. Este resumen busca amplificar esas voces y contribuir a visibilizar una deuda histórica que no puede seguir siendo postergada.

A lo largo del conversatorio, las y los representantes del pueblo Ngöbe compartieron con firmeza y claridad las principales problemáticas que enfrentan en sus territorios. A partir de sus experiencias directas, identificaron y desarrollaron cuatro dimensiones fundamentales donde se concentra la exclusión estructural que viven como población indígena: las trabas institucionales para acceder a ayudas sociales, las barreras para ejercer el derecho a la salud y al agua potable, las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras, y la ausencia de un territorio reconocido que sustente su existencia colectiva. Cada uno de estos ejes no solo refleja violaciones de derechos, sino también los desafíos urgentes que deben ser atendidos por el Estado y la sociedad costarricense. A continuación, se presenta una síntesis de lo expuesto en cada tema.

Ayudas sociales: exclusión desde el diseño institucional

Participantes: Itzenia Beker, William Anastasio, Carmela Miranda, Eulalia Tomas

La primera exposición del conversatorio abordó las trabas sistemáticas que enfrenta la población Ngöbe para acceder a ayudas sociales, en especial a los programas del IMAS. Las participantes relataron cómo los criterios de selección institucionales no se ajustan a la realidad que vive esta población, y más bien terminan excluyéndola. Se expusieron casos donde se rechaza el apoyo a familias porque uno de sus miembros trabaja en fincas bananeras, aunque sus ingresos sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas de un hogar numeroso.

También se denunció que muchas personas son excluidas por criterios relacionados con el estatus migratorio, el hecho de no tener territorio reconocido o por contar con hijas e hijos con becas educativas, sin considerar que los montos de esas becas son mínimos. Además, se hizo énfasis en que el IMAS exige que los trámites se hagan por correo electrónico, lo cual representa una barrera infranqueable para muchas mujeres indígenas que no tienen acceso a internet, dispositivos digitales o alfabetización digital básica.

La discriminación se entrelaza también con el idioma: muchas mujeres Ngöbe no dominan el español escrito, lo que limita su capacidad para comunicarse con las instituciones públicas. Como consecuencia, sus necesidades quedan sin respuesta y se refuerza la idea de que estas instituciones no están pensadas para los pueblos indígenas. “Nosotras no pedimos caridad, pedimos respeto y acceso justo a lo que por derecho nos corresponde”, afirmó Itzenia Beker.

En medio de este panorama, se recalcó la importancia de revisar y reformar los mecanismos de selección y atención del IMAS y de otras instituciones sociales. El modelo actual reproduce la exclusión de los pueblos indígenas al aplicar lógicas burocráticas que desconocen las condiciones específicas de las comunidades, su estructura familiar ampliada y la realidad intercultural.

La exposición concluyó con una exigencia clara: que el Estado costarricense cumpla con los compromisos asumidos a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al acceso equitativo a servicios públicos sin discriminación.

Salud y agua: entre la desatención, el racismo y la violencia obstétrica

Participantes: María Jiménez, Enoj Bonilla, Griselda Ábrego, Thalía Jiménez

El segundo bloque del conversatorio se centró en la grave situación de salud y acceso al agua potable que enfrenta la población Ngöbe en Sixaola. Las personas expositoras señalaron que la mayoría de la población no cuenta con acceso pleno al sistema EDUS y que el EBAIS local está sobrecargado, con escasos cupos de atención. Esta saturación es particularmente crítica para quienes trabajan en las fincas bananeras, pues deben ajustarse a horarios estrictos que no les permiten acceder a los pocos espacios disponibles.

Además de la barrera horaria, se ha eliminado la atención en horarios vespertinos, lo que obligaba anteriormente a atender a trabajadoras y trabajadores después de sus jornadas. Esta decisión ha generado una reducción drástica en el acceso real a la salud. Para muchas personas, la única opción es acudir antes de las 9:00 a.m., pero si no se les atiende antes de esa hora, pierden el día laboral y son sancionadas o despedidas por las empresas.

Otro eje preocupante fue la violencia obstétrica denunciada por varias mujeres. Se relataron casos en los que se menospreció a mujeres por estar “nuevamente embarazadas”, se les practicaron esterilizaciones sin consentimiento informado o se les negó información sobre el estado de salud de sus recién nacidos. Una de las expositoras relató el caso de una compañera que dio a luz en el hospital de Limón, y cuyo bebé murió sin explicaciones claras, en un contexto de negligencia y falta de sensibilidad cultural por parte del personal médico.

Además, se enfatizó la ausencia total de traductores o intérpretes Ngäbe en los centros de salud, lo que impide una comunicación efectiva, especialmente en situaciones de urgencia. Esto se agrava cuando el personal médico asume una actitud de desprecio o racismo hacia quienes no dominan el español.

En relación con el agua, se denunció el incumplimiento por parte del AyA de la ley que ordena la condonación de deudas. Muchas familias Ngöbe han sido desconectadas del servicio, a pesar de que la Asamblea Legislativa ya había establecido que se debía reanudar el suministro y retirar las sanciones económicas. Frente a esto, la población ha tenido que recurrir a pozos contaminados o cargar agua a pie largas distancias. “No pedimos agua gratis, pedimos que se nos cobre un precio justo y que se reconozca nuestra situación”, expresó Griselda Ábrego.

Condiciones laborales: explotación, listas negras y violencia de género

Participantes: Dionicio Turón, Aurelio Ábrego, Diomedes Santos

La tercera parte del conversatorio giró en torno a los conflictos laborales que enfrenta la población Ngöbe en las fincas bananeras y plataneras, que representan prácticamente la única fuente de empleo en la zona. Los relatos fueron contundentes: se habló de explotación laboral, discriminación por etnia y nacionalidad, incumplimiento de la legislación laboral y una sistemática represión a quienes intentan organizarse o denunciar abusos.

Se explicó cómo las empresas transnacionales aplican políticas que contradicen lo establecido en las convenciones colectivas. A las personas Ngöbe se les paga menos que a otros trabajadores, se les asignan tareas más pesadas y extensas, y se les despide arbitrariamente cuando se enferman o reclaman. Quienes no están sindicalizados están más expuestos a la persecución laboral y al trabajo forzoso.

Una denuncia particularmente grave fue la del hostigamiento sexual hacia mujeres Ngöbe, quienes son acosadas por supervisores, y en algunos casos amenazadas con despido si no acceden a insinuaciones sexuales. Las que se resisten, muchas veces son despedidas o estigmatizadas dentro de la empresa. “A las mujeres indígenas se les ve como propiedad del patrón”, denunció Aurelio Ábrego.

También se denunciaron prácticas sistemáticas como las fumigaciones aéreas mientras las personas trabajan en el campo, lo cual ha provocado enfermedades respiratorias, problemas de piel, y daños aún no investigados. Quienes han tratado de documentar estas fumigaciones, han sido despedidos y colocados en listas negras que les impiden volver a ser contratados en la zona.

Ante esta situación, las y los participantes exigieron una inspección efectiva del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora ha sido inconstante e ineficaz. Se llamó también a los sindicatos y a las organizaciones internacionales a no abandonar a esta población. “La empresa tiene certificados de responsabilidad social, pero en la práctica esclaviza a nuestra gente”, afirmó Diomedes Santos.

Ausencia de territorio: un pueblo sin lugar en su propio país

Participantes: Manuel Palacios, Nicolás Concepción, Eusebio Julián

El último tema, pero quizás el más profundo y estructural, fue la ausencia de reconocimiento territorial para el pueblo Ngöbe asentado en Sixaola. Desde el 2022, han sostenido reuniones con el Viceministerio de Justicia y Paz, INDER, CONAI y otras entidades, sin obtener respuestas concretas. La ausencia de un territorio indígena reconocido impide que este pueblo acceda a proyectos sociales, educación, salud, agua, y vivienda digna.

Las personas expositoras hicieron un recuento de las promesas incumplidas, el desgaste institucional y las constantes negativas por parte de los funcionarios públicos. A pesar de que existen fincas disponibles y que la ley permite establecer territorios indígenas en la milla fronteriza, las autoridades alegan que las tierras son “inundables” o que el Estado “no tiene presupuesto” para atender esta necesidad.

El desarraigo forzado ha generado impactos graves, especialmente en las niñeces y juventudes, quienes crecen sin un espacio donde reproducir su cultura, lengua y cosmovisión. Se denunciaron desalojos forzosos, amenazas, y la negación sistemática del derecho a vivir como pueblo indígena en su propia tierra. “No podemos ni sembrar un plátano en el patio sin que nos lo arranquen”, relató Nicolás Concepción.

Uno de los participantes, Eusebio Julián, hizo un llamado vehemente al Estado costarricense: “No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo lo que el convenio 169 ya nos garantiza. Este país habla de democracia, pero nos niega el derecho a existir como pueblo”.

Se solicitó además un censo actualizado del pueblo Ngöbe en Sixaola, que permita dimensionar su presencia y fortalecer su demanda territorial. Esta población, compuesta por más de 10.000 personas, no puede seguir siendo tratada como invisible en las políticas públicas.

Cartografía para la dignidad territorial

Como parte de su proceso de lucha por el reconocimiento territorial, el pueblo Ngöbe de Sixaola ha venido desarrollando una cartografía participativa que identifica las fincas y espacios actualmente ocupados o reclamados como parte de su territorio. Este trabajo ha sido construido desde el conocimiento colectivo de las comunidades y se basa en recorridos, testimonios y memoria territorial. La cartografía no solo permite visualizar con precisión la dimensión y ubicación del territorio que demandan, sino que también constituye una herramienta política para exigir al Estado una respuesta concreta, sustentada y verificable.

Mapa elaborado por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola

El derecho internacional no es una sugerencia

Costa Rica ha ratificado el Convenio 169 de la OIT desde hace más de 30 años. Este instrumento reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios territorios, acceder a servicios públicos sin discriminación, preservar sus culturas, y ser consultados de forma libre, previa e informada en todas las decisiones que les afecten. Asimismo, la Ley 9710, sobre personas indígenas transfronterizas, otorga un marco legal específico para proteger los derechos de poblaciones como la Ngöbe asentada en Sixaola.

Sin embargo, los testimonios compartidos durante el conversatorio revelan que estos compromisos son sistemáticamente ignorados. No hay territorio. No hay consultas. No hay acceso adecuado a salud, vivienda, educación ni justicia. Lo que sí existe —y se repite— es discriminación, violencia institucional, racismo estructural y explotación laboral.

Uno de los participantes del conversatorio ironizó con amargura que “solo en Costa Rica se intenta convencer de que los convenios internacionales están por debajo de las leyes nacionales”, una idea que refleja la profunda desconexión entre el discurso diplomático del país y la práctica real de sus instituciones. Esta inversión arbitraria del orden jurídico internacional se ha convertido en excusa para desatender las obligaciones del Estado con los pueblos originarios, y para perpetuar su exclusión de los procesos de toma de decisiones.

El pueblo Ngöbe no está pidiendo privilegios. Está exigiendo que el Estado costarricense cumpla con la legalidad que ha firmado y ratificado. Está defendiendo su derecho a existir como pueblo, a vivir con dignidad, a que sus hijos e hijas crezcan sin miedo al desalojo ni a la desprotección institucional. Está reclamando un mínimo de justicia histórica frente a siglos de desplazamiento y olvido.

Es hora de que Costa Rica deje de hablar de respeto a los pueblos indígenas únicamente en los foros internacionales y empiece a demostrarlo en el terreno, en sus políticas públicas y en el reconocimiento concreto de los derechos que ha negado durante demasiado tiempo. Porque el derecho internacional no es una sugerencia, y la dignidad de los pueblos indígenas no admite más aplazamientos.

Pueden ver el conversatorio aquí:

Galería:
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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

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Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.
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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

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El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

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Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Dos décadas de advertencias ignoradas: Humedal Río Carbón sigue en riesgo en Playa Negra

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En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

  • la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

  • el control de inundaciones y calidad del agua;

  • la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

  • La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

  • El desalojo de los ocupantes ilegales.

  • La restitución del ecosistema a su estado original.

  • El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

  • La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección

Referencias

Barry, M. J. (2003). Evaluación preliminar del brazo este del estero de Hone Creek afuera del Parque Nacional Cahuita (Humedal entre La Barra y el Hotel Perla Negra).

Comité Local Forestal de Talamanca. (2001, 3 de julio). Denuncia por afectación ambiental al humedal Río Carbón, Playa Negra, Puerto Viejo. Consejo Regional Ambiental – Área de Conservación La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.