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Conversando en torno a la defensa ambiental, justicia y riesgos en el Caribe Sur

with No Comment UNIVERSIDAD SOCIEDAD

El pasado viernes 20 de febrero, estudiantes del curso Política Ambiental en Costa Rica y Centroamérica de la Universidad de Costa Rica sostuvieron un conversatorio vía Zoom con Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental con más de dos décadas de trabajo de monitoreo y denuncia en el Caribe Sur costarricense.

Durante el intercambio, Philippe compartió su experiencia como defensor ambiental, documentando la destrucción de humedales, playas y zonas boscosas asociadas a proyectos inmobiliarios y turísticos, así como los costos personales y riesgos que implica esta labor: hostigamiento legal, agresiones físicas, daños materiales y desgaste emocional. La conversación permitió problematizar la distancia entre la imagen internacional de Costa Rica como país “verde” y las debilidades reales en la aplicación efectiva de la legislación ambiental.

Uno de los ejes centrales fue el funcionamiento del sistema judicial y administrativo. Philippe relató obstáculos recurrentes en fiscalías, municipalidades y dependencias ambientales, incluyendo denuncias archivadas sin análisis riguroso y resistencias institucionales, aunque también reconoció avances recientes en la respuesta de la Fiscalía Ambiental, especialmente en la reducción de los tiempos de inspección. Desde esta experiencia, se subrayó la urgente necesidad de protocolos de protección para personas defensoras ambientales y de mayor coherencia entre normativa, instituciones y territorio.

El conversatorio también abordó los desafíos cotidianos de la defensa ambiental: la dificultad de sostener procesos legales a largo plazo, la limitada participación comunitaria cuando los impactos no son inmediatos y la frustración que genera la impunidad ambiental. En este contexto, se destacó la importancia del monitoreo ciudadano, la documentación sistemática (fotografías, videos y registros) y la articulación con comunidades, estudiantes y actores institucionales comprometidos.

En este marco, la experiencia compartida permitió identificar de manera concreta algunas de las principales limitaciones estructurales y personales que enfrenta la defensa ambiental en el Caribe Sur, y que atraviesan de forma permanente el trabajo de monitoreo y denuncia:

Limitaciones y obstáculos en la labor de defensa ambiental

  • -Riesgos personales y de seguridad: exposición constante a agresiones físicas, hostigamiento y daños materiales como consecuencia directa de las denuncias realizadas.
  • -Hostigamiento legal y desgaste emocional: uso del sistema judicial como mecanismo de presión, con múltiples procesos que demandan tiempo, recursos económicos y afectan la salud mental.
  • -Debilidades institucionales: denuncias archivadas sin análisis adecuado, falta de seguimiento sostenido y respuestas desiguales por parte de fiscalías, municipalidades y autoridades ambientales.
  • -Falta de protección a personas defensoras: ausencia de protocolos claros y efectivos que garanticen seguridad personal y acompañamiento institucional frente a amenazas y represalias.
  • -Burocracia y lentitud procesal: procedimientos extensos que dificultan la aplicación oportuna de medidas cautelares y permiten la continuidad del daño ambiental.
  • -Limitada participación comunitaria: bajo involucramiento social cuando los impactos no afectan directamente intereses individuales o propiedades privadas, asociado también al miedo a represalias, conflictos locales o consecuencias legales derivadas de denunciar.
  • -Asimetría de poder: desventaja frente a actores económicos y políticos con mayores recursos para influir en decisiones administrativas y judiciales.
  • -Costos económicos personales: inversión de recursos propios en monitoreo, documentación y traslados, sin respaldo financiero institucional estable.

Estas limitaciones no solo evidencian las tensiones que atraviesan la defensa del territorio, sino que permiten comprender por qué la protección ambiental depende, en muchos casos, del compromiso sostenido de personas y comunidades frente a un Estado que responde de manera fragmentada.

La importancia de estos espacios de intercambio

Este tipo de encuentros permiten vincular la formación académica con los conflictos socioambientales reales, poniendo en diálogo el conocimiento técnico, la experiencia territorial y la reflexión crítica. Para el estudiantado, escuchar directamente a personas defensoras ambientales contribuye a comprender las tensiones entre desarrollo, legalidad y justicia ambiental, así como los riesgos que enfrentan quienes protegen los bienes comunes.

Al mismo tiempo, estos espacios fortalecen el papel de la universidad pública como actor social, capaz de visibilizar problemáticas silenciadas, cuestionar discursos oficiales y acompañar procesos de defensa del territorio. El conversatorio reafirmó la necesidad de construir puentes entre academia, comunidades y personas defensoras, colocando en el centro la vida, el cuidado de la naturaleza y la democracia ambiental.

La voz del territorio: valoración de Philippe sobre estos espacios

Como cierre del conversatorio, Philippe compartió una reflexión en audio sobre la importancia de estos espacios de intercambio entre la universidad y quienes defienden el territorio desde la práctica cotidiana. En su apreciación, destacó el valor de poder hablar con franqueza, compartir experiencias que muchas veces quedan fuera del discurso oficial y encontrar en el estudiantado un interés genuino por comprender lo que ocurre más allá de los marcos normativos.

El audio refuerza la necesidad de que estos encuentros no sean excepcionales, sino parte de un diálogo sostenido que permita romper el aislamiento de las personas defensoras ambientales, fortalecer la conciencia crítica y construir redes de apoyo desde el conocimiento, la escucha y la solidaridad.

🎧 A continuación, compartimos el audio con la reflexión de Philippe sobre el sentido y la relevancia de estos espacios de encuentro.

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Los ecosistemas costeros desaparecen ante la indiferencia institucional

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En el Caribe Sur costarricense, los cambios en el paisaje avanzan a un ritmo tan constante que corren el riesgo de volverse invisibles. Lo que ayer era humedal, manglar o franja de protección ribereña, hoy se transforma en terreno nivelado, relleno o espacio comercial. Esta reiteración de pequeñas alteraciones —tala, relleno, apertura de caminos— termina normalizando el despojo ecológico y habilitando, en los hechos, la desaparición de ecosistemas que sostienen la vida local. Cada metro perdido no solo modifica la geografía del lugar, sino también las relaciones que lo habitan.

En este contexto, el trabajo de Philippe Vangoidsenhoven adquiere un valor fundamental. Sus registros de campo, fotografías y denuncias sostienen la memoria ambiental de los territorios y visibilizan aquello que muchos prefieren ignorar. Su labor muestra cómo la observación ciudadana y la denuncia comunitaria continúan siendo herramientas esenciales para enfrentar la impunidad ambiental y resistir la pérdida paulatina del paisaje.

Territorios intervenidos: registro de campo de Philippe Vangoidsenhoven

Las siguientes observaciones documentan distintos puntos del Caribe Sur costarricense donde las intervenciones sobre humedales, cauces y zonas de protección avanzan pese a denuncias reiteradas. Los registros de Philippe Vangoidsenhoven, tomados en octubre de 2025, evidencian que el deterioro del paisaje no ocurre de manera repentina, sino como resultado de acciones acumuladas, omisiones institucionales y la persistente presión por transformar ecosistemas en terrenos de uso comercial o privado.

Caso 1. Río Cocles: la desaparición de la franja de protección

En el margen del río Cocles, los 15 metros de protección legal ya no existen. El terreno, donde se observa agua superficial, presenta características de humedal. Philippe había denunciado esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha profundizado. Fotografías de 2019 muestran talas previas, lo que confirma un patrón sostenido de intervención. Esta zona forma parte del área ReGAMA, y las talas se han realizado tanto en terrenos privados como en zona pública.

Registro 2019

Caso 2. Rellenos reiterados con material

En otra zona se han evidenciado rellenos en humedales con material proveniente de la limpieza de zanjos, escombros de construcciones y otros desechos. En su momento, se logró paralizar la intervención gracias a acciones policiales y denuncias previas, pero las prácticas continúan. Estas acciones consolidan la transformación de áreas húmedas, alterando de forma irreversible la capacidad natural del suelo para absorber y filtrar el agua.

Detrás de estos rellenos y chapeos hay una lógica clara: preparar el terreno para futuras construcciones en espacios donde antes existía vida silvestre y equilibrio ecológico.

Caso 3. Eliminación de árboles y apertura de tierra

Al otro lado de la misma quebrada se documentan nuevas aperturas y la eliminación de árboles. Las labores de chapeo se repiten en un terreno ya intervenido, lo que refleja la falta de seguimiento de las denuncias y la continuidad de prácticas destructivas. Como señala Philippe, “la situación es simple: las personas no hacen caso”.

Caso 4. Playa Negra: clausuras sin cumplimiento

En Playa Negra, las obras continúan a pesar de las órdenes de clausura. Aun cuando la Fiscalía intervino y se colocaron sellos en múltiples ocasiones, los trabajos se han retomado reiteradamente. Este ciclo de incumplimiento pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control ambiental y la permisividad institucional frente a las infracciones.
Sin embargo, se ha logrado observar que el sitio permanece clausurado por la Municipalidad, aunque en varias ocasiones anteriores se ha observado que, pese a los sellos, las labores dentro del terreno continúan.
El cambio de paisaje: una transformación más profunda que la tierra removida

El cambio de paisaje no se limita a la modificación visible del terreno. Implica la alteración de los equilibrios ecológicos, culturales y simbólicos que sostienen la vida en el territorio. Cuando se talan árboles, se rellenan humedales o se desvían cursos de agua, no solo se pierde biodiversidad: se interrumpe el flujo natural de nutrientes, se altera el régimen hídrico y se destruye el hábitat de innumerables especies.

Estos procesos, muchas veces encubiertos bajo la apariencia de “mejoras” o “adecuaciones”, fragmentan ecosistemas enteros y debilitan su capacidad de regeneración. En contextos costeros como el Caribe Sur, las consecuencias son especialmente graves: el relleno de humedales reduce la capacidad natural del territorio para absorber inundaciones, incrementa la erosión y agrava los impactos del cambio climático.

Pero también hay un cambio en la mirada. Cuando la comunidad se acostumbra a ver los humedales secos, los árboles caídos o las lomas niveladas, se produce una normalización de la pérdida. El paisaje degradado se vuelve cotidiano y, con él, se instala una aceptación silenciosa de la destrucción.

Un modelo que normaliza la destrucción

Estos casos no son hechos aislados. Reflejan un modo de relación con el territorio donde la omisión institucional, la burocracia ambiental y la permisividad local actúan como engranajes de una misma maquinaria. La reiteración de los daños crea una nueva normalidad en la que el paisaje degradado deja de escandalizar. Lo que antes se reconocía como humedal o franja de protección hoy se percibe como “lote” o “propiedad privada”.

Esa transformación simbólica —de ecosistema a mercancía— marca el triunfo de una lógica extractiva sobre el bien común. Y, al mismo tiempo, evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ecosistemas costeros, así como la complicidad entre actores públicos y privados que se benefician de su transformación.

Porque cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, el paisaje que desaparece no es solo el natural, sino también el ético y colectivo.

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Defender la vida en soledad: la historia de Philippe y el precio de cuidar la naturaleza

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En un pequeño pueblo costero del Caribe sur, Philippe ha dedicado años de su vida a proteger ríos, humedales y bosques amenazados por la expansión turística y la indiferencia institucional. Lo ha hecho con determinación, sin grandes recursos, enfrentando amenazas y agresiones físicas, viendo cómo la destrucción avanza más rápido que las respuestas de las autoridades.

Su historia es la de muchas personas defensoras ambientales: una lucha solitaria y desgastante, marcada por la precariedad económica, el hostigamiento y la falta de apoyo real. Cada monitoreo ambiental, cada denuncia, cada señal de alerta sobre la destrucción del territorio tiene un costo humano altísimo. Philippe lo ha pagado con su salud, con su sustento económico y con la certeza de que si él no estuviera ahí, nadie más lo haría.

“Estoy mal, pero aún así intento luchar. Si yo muero acá, nadie más va a estar en el campo. A nadie le importa.”

La soledad como marca

Philippe enfrenta su lucha prácticamente solo. La falta de acompañamiento ciudadano e institucional ha hecho que la defensa ambiental en este territorio se sostenga sobre sus propios hombros. Mientras muchos aplauden de lejos los discursos sobre “desarrollo sostenible”, quienes denuncian en el territorio enfrentan el miedo directamente: amenazas, daños materiales, persecución y el peso psicológico de sentirse desprotegidos.

“Aquí todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere involucrarse. La soledad también duele.”

El abandono institucional

La historia de Philippe también expone las grietas estructurales del país. Denuncias que no avanzan, permisos que legitiman la destrucción, autoridades ausentes y una institucionalidad que, en lugar de proteger, muchas veces se convierte en parte del problema. Esta desprotección no es solo jurídica: es también simbólica. Es el mensaje de que defender la vida no importa lo suficiente.

“Hablan de proteger la naturaleza, pero cuando se trata de acompañar, de verdad, no hay nadie.”

El desgaste físico y emocional

La defensa ambiental no se libra solo en los tribunales o en las comunidades; también se libra en el cuerpo. Philippe enfrenta problemas de salud que se han agravado por años de trabajo en condiciones duras y sin respaldo. La falta de ingresos, la pérdida de herramientas de monitoreo y la hostilidad de su entorno lo han llevado al límite.
La lucha, que empezó como un compromiso con la naturaleza, hoy se siente también como un peso solitario.

“El ambientalismo cuesta —y cuesta caro—. Cuesta miles de dólares, cuesta clientes, cuesta salud, cuesta vida.”

“El ambientalismo aquí no da para vivir. Al contrario: te va quebrando, poquito a poco.”

Entre el eco mediático y la ausencia local

En momentos puntuales, la lucha de Philippe ha logrado captar atención mediática, pero esa visibilidad no se ha traducido en redes de apoyo sostenidas ni articulación territorial real. Más allá de las denuncias públicas, el acompañamiento local es casi inexistente. No hay estructuras comunitarias sólidas que compartan la carga ni mecanismos para proteger a quienes están en primera línea.
La lucha ambiental no puede depender únicamente de una voz amplificada en redes: necesita tejido social, presencia organizada y compromiso colectivo.

“La gente habla bonito del ambiente, pero defenderlo aquí es otra historia. Te golpean, te siguen, te mandan al hospital. Y el negocio se va al carajo.”

No es un caso aislado

Philippe no es una excepción. Su historia encarna lo que muchas personas defensoras viven en silencio. Cuando la sociedad no protege a quienes protegen, el costo no lo paga solo esa persona: lo pagamos todos y todas, con territorios devastados, ríos contaminados y bienes comunes en riesgo.

“Si después de mí no hay otro que tome este campo, se acabó. Y eso me duele más que cualquier golpe.”

Una defensa que debe ser colectiva

Proteger a las personas defensoras ambientales no es un acto de caridad: es una responsabilidad colectiva. Implica escuchar, acompañar, visibilizar y exigir al Estado garantías reales. Philippe no debería estar solo. Ninguna persona defensora debería estarlo.

La defensa de la vida no puede seguir siendo una carga individual. Porque cuando una voz defensora se apaga, se abre espacio para que el silencio cubra la destrucción.

Desromantizar la defensa de la naturaleza

Desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es urgente desromantizar la defensa de la naturaleza. No es un acto heroico ni una postal de inspiración: es una lucha desigual, atravesada por violencia, hostigamiento, abandono y ninguneo.

En Costa Rica, muchas de estas luchas nacen en los patios traseros, en los ríos que cruzan comunidades, en los humedales que alimentan la vida que nos sostiene. Son personas que defienden desde sus hogares y territorios, sin recursos, sin respaldo institucional y, muchas veces, sin acompañamiento social.

Hablar de esta violencia no divide: visibiliza lo que se ha querido mantener invisible. Reconocer el costo humano de defender la vida es un paso imprescindible para transformar esta realidad y construir redes reales de cuidado, protección y acción colectiva.

La defensa ambiental no puede seguir sostenida sobre cuerpos individuales. Necesita ser una tarea compartida, una responsabilidad común.

Entre el destino y la elección

Hay quienes podrían decir que Philippe eligió este camino. Que podría haber hecho otra cosa, vivir más tranquilo, sin cargar sobre sus hombros la defensa de un territorio que parece no querer ser defendido. Y tal vez sea cierto: nadie lo obligó. Pero también es cierto que algunas decisiones no se toman desde la comodidad, sino desde una conciencia que ya no permite mirar hacia otro lado.

Philippe no siempre fue “el defensor del humedal”. A los 25 años, su vida parecía ir por otro rumbo. Él nos recuerda con una fotografía cuando tenía 25 años «Atrás está mi bar, lugar de encuentro de los pandilleros Rough Speed, del cual era miembro. ¡Dónde está aquella época! La moto es una Norton Comando de 920 cc hard tail, eso significa que no tenía suspensión atrás. Cosa seria, te cuento. Después lo cambié y hice un hardtail chopper.”

Esa imagen del joven motociclista rebelde contrasta con el hombre que hoy recorre a pie los mismos caminos, observando el cauce de los ríos y las huellas del deterioro ambiental. Pero en el fondo, algo permanece: la misma energía que antes lo movía sobre dos ruedas, hoy lo empuja a cuidar la vida que habita estos territorios.

Philippe pudo elegir otros caminos, y quizá todavía podría. Pero eligió este, el más difícil: quedarse, resistir y cuidar. No por romanticismo, sino porque entendió que cuando el bosque desaparece, desaparece también una parte de todos nosotros.

Y aunque su defensa parezca solitaria, su gesto nos interpela a cada uno: ¿qué haríamos nosotros si el lugar que amamos estuviera en peligro?

Porque al final, cuidar la naturaleza no es un acto individual ni un destino inevitable. Es una opción —una que Philippe hizo, y que el Caribe Sur agradece.

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Monitoreos ambientales alertan sobre rellenos y construcciones en Caribe Sur

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Los más recientes monitoreos ambientales de Philippe Vangoidsenhoven documentan tres casos preocupantes detrás de la plaza de fútbol de Puerto Viejo y otro en la franja pública de la ZMT, donde la presión inmobiliaria y turística continúa transformando el entorno costero pese a denuncias formales ante las autoridades.

Primer caso: terreno rellenado y en venta

Un lote que había sido deforestado y rellenado, denunciado desde hace meses por tala ilegal, hoy aparece preparado y en venta. “Es una cosa que me da cólera: la gente destruye el medio ambiente, rellenan todo y cuando ya todo está listo, lo ponen en venta”, relata Philippe. El proceso de comercialización avanza sin que la Fiscalía Ambiental ni el OIJ logren detener la degradación ni sus consecuencias.
Segundo caso: construcción con piscina

En el terreno contiguo se levantó una obra que incluye una piscina. Aunque no está claro si la construcción se encuentra paralizada o sigue en marcha, el solo hecho de que se ejecute en un área de alta biodiversidad genera alarma. “Piscinas son mortales para la vida silvestre. ¿Dónde sacan el permiso?”, cuestiona Philippe. Este tipo de infraestructuras alteran el suelo, afectan los flujos de agua y contaminan el entorno con químicos.
Tercer caso: tala de árboles y lote en abandono

En un tercer lote, al menos dos árboles grandes fueron talados, hecho que también fue denunciado ante el OIJ. Desde entonces, el terreno se mantiene sin mayores intervenciones, ni siquiera chapeado, en un aparente estado de abandono.

Los tres casos, registrados de manera continua en los monitoreos comunitarios, muestran cómo el paisaje del Caribe Sur se transforma a partir de rellenos, talas y construcciones turísticas. La presión inmobiliaria es tal que, según Philippe, “ya denuncié, ya llegaron las autoridades, pero siguieron construyendo igual. Eso es lo que pasa aquí”.

Cuarto caso en Punta Uva: comercios dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre

En la playa de Punta Uva se encuentran en funcionamiento dos locales instalados con estructuras permanentes dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre. Aunque es necesario fortalecer la economía local, no puede hacerse a costa de un área protegida por la legislación. Para estos usos existen alternativas como estructuras movibles, que no implican una ocupación permanente ni la degradación del espacio costero. La presencia de estas construcciones genera preocupación, pues sienta un precedente de invasión en un territorio que debería resguardarse como patrimonio natural y común.
La mirada crítica de Philippe

Para Philippe, lo que queda en evidencia es que la crisis ambiental en el Caribe Sur no se limita a la acción de individuos que construyen, rellenan o talan ilegalmente. El verdadero problema también se encuentra en la falta de respuesta contundente de asociaciones, organizaciones locales e incluso instituciones que, teniendo capacidad de incidencia, no han asumido la responsabilidad que les corresponde.

“Yo no entiendo que no hay más gente que se mete, se ponga las pilas… se ve en plena vista todo lo que está ocurriendo, pero no, cada quien hace su vida”, señala Philippe con frustración.

En muchos casos, estas agrupaciones se presentan como representantes del interés comunitario o de la defensa cultural y social del territorio, pero cuando se trata de enfrentar los impactos ambientales concretos —como la pérdida de bosques costeros, la destrucción de humedales o la proliferación de proyectos inmobiliarios dentro de áreas protegidas— su voz se diluye. Para Philippe, ese silencio, la inacción o la permisividad terminan convirtiéndose en una forma de complicidad que abre el camino a quienes lucran con la especulación territorial.

La situación es aún más grave porque el Caribe Sur posee una riqueza natural y cultural única, reconocida incluso por marcos legales que establecen su protección. No obstante, la distancia de ciertas organizaciones frente a estas urgencias ambientales genera un vacío que debería ser llenado con vigilancia ciudadana, presión política y defensa activa de los bienes comunes.

“Voy a dar mi vida para esto, eso es así. No puedo dejar que sigan destruyendo a plena vista de todas las personas a la madre naturaleza”, afirma Philippe, convencido de la necesidad de sostener la denuncia constante, aun cuando eso signifique exponerse a riesgos personales.

El impacto de las piscinas en ecosistemas costeros

La construcción de piscinas en áreas costeras como Cahuita tiene efectos ambientales que van más allá de la alteración paisajística. Estas infraestructuras requieren un movimiento intensivo de tierra, rellenos y la impermeabilización del suelo, lo que afecta directamente la capacidad natural de absorción del agua y altera el flujo de quebradas y humedales.

Además, el uso constante de químicos para el mantenimiento del agua —como cloro y desinfectantes— puede filtrarse al subsuelo o escurrir hacia ríos y playas, afectando especies sensibles de anfibios, reptiles e insectos, así como la salud de los corales y peces en áreas cercanas al mar.

Otro impacto significativo es la fragmentación del hábitat. En regiones con alta biodiversidad, como la costa caribeña, los patios, jardines y piscinas sustituyen áreas de bosque costero que son vitales para especies en peligro, entre ellas perezosos, aves migratorias y mamíferos que dependen de corredores biológicos para sobrevivir.

En contextos de cambio climático, el problema se agrava: mientras las comunidades costeras enfrentan riesgos crecientes de erosión, inundaciones y pérdida de playas, la expansión de construcciones turísticas con piscinas responde más a intereses comerciales que a una planificación ambiental responsable.

Señas del cambio de paisaje en Cocles

Los monitoreos ambientales de Philippe también registran las huellas cotidianas del cambio de paisaje en el Caribe Sur. Una de esas señas se observó en Cocles, frente a un conocido hotel, donde pudo registrar camiones cargados de zacate, mismo que es utilizado para cubrir amplias superficies de terreno.

El patrón se repite: se eliminan bosques, humedales o parches de vegetación nativa, se rellenan los suelos y se sustituyen por pasto uniforme, como si se tratara de un jardín urbano. Esta transformación no solo borra la complejidad del ecosistema tropical, sino que introduce una estética foránea que empobrece la biodiversidad local.

“Es impresionante cómo destruyen, y después se van a enojar conmigo, me van a atacar a mí por estar denunciando los daños ambientales”, lamenta Philippe.

Lo que antes era un bosque con quebradas y hábitat para innumerables especies, ahora aparece nivelado y cubierto de césped, signo de cómo el paisaje caribeño se va adaptando a intereses inmobiliarios y turísticos que priorizan la apariencia sobre la vida.

Denuncian agresión en medio de monitoreos ambientales en Puerto Viejo

Durante uno de los recorridos de monitoreo ambiental en Puerto Viejo, Philippe fue víctima de una agresión mientras documentaba un chapeo ilegal en zona pública costera. Al acercarse para registrar la intervención, un trabajador lo enfrentó de manera violenta, llegando incluso a sacar un machete.

El hecho se produjo en un área que pertenece al Estado, donde no está permitido volar machete ni eliminar cobertura natural. Sin embargo, estas prácticas se realizan para abrir vistas hacia el mar y favorecer proyectos turísticos. “Hoy en la mañana tuve que enojarme, pucha, esa es zona pública y es refugio silvestre, cada rato lo chapean… y cuando hablo de las leyes me responden: ‘no me importa lo que dice la ley, yo hago lo que quiero’”, recuerda Philippe.

Este episodio se suma a otras situaciones de hostigamiento que enfrentan quienes denuncian daños ambientales en el Caribe Sur. La agresión refleja no solo la presión inmobiliaria y turística que amenaza los ecosistemas, sino también el riesgo personal que asumen las personas defensoras ambientales al documentar y visibilizar estos casos.

Hostigamiento y agresión durante registro fotográfico

Mientras documentaba fotográficamente un área afectada por tala y fumigación, Philippe fue sorprendido por un hombre que estacionó su vehículo detrás del suyo y le exigió explicaciones por tomar fotos, generando una confrontación inicial.

Al continuar con su recorrido, Philippe se dio cuenta de que lo seguían. Ya cerca de Puerto Viejo, el camino fue bloqueado por el mismo vehículo, y una mujer se acercó a increparlo, lo que lo obligó a retroceder y desviarse hacia un parqueo cercano para evitar un enfrentamiento. Durante este desvío, tuvo que apresurarse, pues las personas que lo seguían continuaban detrás de él.

Finalmente, Philippe solicitó la intervención policial, presentando fotos y videos como evidencia. Los oficiales registraron la denuncia y recabaron los nombres de las personas involucradas. Durante todo el episodio, los increpantes hicieron comentarios despectivos hacia su labor, evidenciando un patrón de hostigamiento vinculado a la documentación ambiental y la exposición de irregularidades en la tala y fumigación, incluyendo seguimiento, confrontación directa y amenazas implícitas.

Registro fotográfico:

Estos testimonios de hostigamiento y agresión se comparten con el propósito de sensibilizar y generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan monitoreo ambiental, como en el caso de Philippe. Su labor, orientada a la defensa de la naturaleza y el bien común, no debería exponerles a amenazas ni agresiones.

Nota: Las fotografías  incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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La desaparición silenciosa de los cangrejos en el Caribe Sur

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En Puerto Viejo, un fenómeno ambiental grave pasa desapercibido para la mayoría: la desaparición progresiva de los cangrejos costeros. Según las observaciones y recorridos de Philippe Vangoidsenhoven, vecino de la zona y testigo de los cambios en el entorno, esta pérdida se ha acelerado en los últimos años debido a múltiples factores ligados a la presión humana.

“Nadie habla de esto. La población de cangrejos prácticamente ha desaparecido. Recuerdo que en esta época los cangrejos, sobre todo los azules —algunos muy grandes—, cruzaban la calle hacia el mar para depositar sus huevos. Hoy ya no se ven.” señala Philippe.

Carreteras, rellenos y pérdida de hábitat

El crecimiento urbano y turístico en la zona ha traído consigo la construcción de carreteras y rellenos costeros. Estos cambios han eliminado gran parte de los espacios naturales donde los cangrejos solían vivir y reproducirse. “Con esa carretera que tenemos y con más gente, son más cangrejos los que quedan apostados, y además el hábitat lo están perdiendo. Esos huecos pequeños en la costa han sido rellenados, lo que significa una pérdida irreversible”, explica Philippe.

La desaparición no es solo de una especie: existían cangrejos de diferentes tipos, todos dependientes de los humedales y bosques costeros. El relleno y la destrucción de estos ecosistemas han interrumpido los ciclos naturales y reducido las poblaciones a niveles casi inexistentes.

Un silencio social y cultural

Más allá del impacto ambiental, Philippe llama la atención sobre el silencio colectivo. Vecinos que antes veían cangrejos cruzando por sus patios hoy comentan que ya no observan ninguno. “Es alguien de lo que nadie, pero nadie habla. Yo sí lo noto y otros también lo recuerdan, pero ya no están”, comenta.

Incluso, relata prácticas de violencia hacia estos animales: “He visto niños tirando piedras a los cangrejos hasta matarlos, ni siquiera para comerlos, sino porque no les gusta que lleguen a su jardín haciendo huecos”. Estas conductas reflejan un desapego hacia la fauna local y agravan aún más la presión sobre las poblaciones.

El impacto oculto del chapeo en la zona marítimo-terrestre

En muchas comunidades costeras, el chapeo de la vegetación en la franja marítimo-terrestre y en zonas protegidas suele verse como una acción rutinaria para “limpiar” terrenos o facilitar el acceso. Sin embargo, esta práctica tiene consecuencias directas en la vida silvestre, particularmente en especies como los cangrejos.

Philippe lo explica claramente: “Si la gente chapea todo el bosque, esos cangrejos van a estar en el aire. No van a tener nada encima que los proteja”. La vegetación costera no solo mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo, también brinda cobertura frente a depredadores. Cuando se elimina, los cangrejos quedan totalmente expuestos.

Un ejemplo concreto es la relación con el cangrejero, un halcón especializado en cazar cangrejos. Mientras que especies como el mapache son capaces de depredarlos con o sin vegetación, el cangrejero depende de espacios abiertos para detectarlos y atraparlos. “Si está lleno de vegetación, va a ser difícil. Pero si no hay vegetación, ah no hombre…”, explica Philippe.

Esto demuestra que el chapeo no es una acción menor: al alterar la cobertura natural se modifica la dinámica entre depredadores y presas, generando un aumento de la presión sobre poblaciones ya debilitadas de cangrejos. Así, lo que se percibe como una “limpieza” en realidad es una forma de degradación del hábitat que acelera la desaparición de especies.

Por esta razón, Philippe ha denunciado reiteradamente esta práctica en Puerto Viejo y sus alrededores. Defender la cobertura vegetal de la zona marítimo-terrestre significa también defender los ciclos ecológicos y garantizar que la biodiversidad costera tenga condiciones mínimas para sobrevivir frente al avance de la urbanización y las transformaciones humanas.

Una alerta necesaria

El caso de los cangrejos en Puerto Viejo es un síntoma de un problema mayor: la pérdida de biodiversidad costera frente al avance de la urbanización descontrolada, la indiferencia institucional y la falta de conciencia social.

El testimonio de Philippe pone sobre la mesa un llamado urgente: mirar de frente la desaparición de especies que por décadas formaron parte de la vida cotidiana del Caribe Sur. Reconocer esta ausencia no es solo un ejercicio de memoria, sino un paso necesario para repensar el futuro de la convivencia entre comunidades humanas y ecosistemas.

El papel de los cangrejos en los ecosistemas costeros

Los cangrejos cumplen funciones vitales para la salud de los ecosistemas costeros y marinos. Al excavar túneles en la arena y en los suelos de los humedales, airean la tierra y facilitan el drenaje, lo que ayuda a mantener la estabilidad del suelo y la regeneración de la vegetación. Además, sus restos de hojas y material orgánico contribuyen al reciclaje de nutrientes, favoreciendo la fertilidad natural del entorno.

En los manglares y zonas costeras, los cangrejos son considerados “ingenieros del ecosistema”, ya que su actividad sostiene la productividad de estos ambientes y crea microhábitats que benefician a otras especies. También forman parte esencial de la cadena alimentaria, sirviendo de alimento a aves, peces y mamíferos.

Su desaparición, por tanto, no solo afecta la memoria y la identidad local, sino que genera un vacío ecológico que puede alterar la dinámica de los humedales y de los bosques costeros. Menos cangrejos significa menos control de la materia orgánica, mayor riesgo de degradación del suelo y pérdida de alimento para otras especies.

La disminución de estas poblaciones es un indicador de alarma sobre la fragilidad del equilibrio natural en el Caribe Sur, recordándonos que proteger a los cangrejos es también proteger los ecosistemas de los que dependen las comunidades humanas.

Monitoreos comunitarios y la memoria de las ausencias

La desaparición de los cangrejos en Puerto Viejo no se conoce por estudios oficiales ni estadísticas gubernamentales, sino gracias a la observación cotidiana y los recorridos de vecinos como Philippe. Este tipo de monitoreo comunitario es una herramienta fundamental para identificar cambios en los ecosistemas que muchas veces pasan inadvertidos para las instituciones.

Detectar la ausencia de una especie es tan importante como registrar su presencia. Cuando un animal deja de verse en un lugar donde antes era común, se encienden señales de alarma sobre posibles desequilibrios: pérdida de hábitat, alteración de los ciclos reproductivos, contaminación o sobreexplotación. Estas ausencias revelan que algo esencial en el engranaje natural se está rompiendo.

En contextos como el Caribe Sur, donde los ecosistemas costeros y marinos son frágiles y están bajo fuerte presión, el conocimiento local se convierte en un aliado para la conservación. Las memorias de quienes han convivido con estas especies por décadas aportan un saber irremplazable, porque permiten comparar el presente con lo que existía en el pasado.

Los monitoreos comunitarios, además, cumplen una función educativa: muestran a las nuevas generaciones que cada especie tiene un valor ecológico y cultural, y que su pérdida no es un hecho menor. Al registrar y compartir estas observaciones, las comunidades también están defendiendo su derecho a un ambiente sano y recordando que la ciencia no está separada de la vida cotidiana.
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La delgada línea entre proteger y perder: el vaivén de la defensa ambiental

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Esta semana, los reportes de Philippe vangoidsenhoven sobre la costa caribeña dejan una sensación ambivalente. Cuatro episodios que, entre victorias parciales y reincidencias frustrantes, confirman que la lucha por el ambiente es una batalla de resistencia: una de cal y otra de arena.

Caso 1: Acción rápida que sorprende

En este primer caso se trató del intento de construcción de un puente sobre una quebrada, precedido por chapeas en los lados, como se observan en las fotos. La denuncia activó un proceso poco usual: en menos de un mes las autoridades inspeccionaron, remitieron a Fiscalía y ordenaron paralizar la obra. Philippe lo celebró con sorpresa: “ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau”. Normalmente, los casos tardan meses en llegar siquiera a inspección, pero esta vez la intervención fue oportuna.

Este resultado cobra aún más valor si se recuerda el antecedente: más de un año antes se habían presentado 12 denuncias sobre esta misma área, sin que se realizara ninguna inspección. Philippe relata que, al revisar después de tanto tiempo, comprobó que no se había actuado. Su nueva denuncia fue la que finalmente activó las inspecciones.

El contraste con procesos anteriores es abismal: antes, una denuncia podía quedar dormida más de un año; esta vez, en apenas tres semanas, ya estaba en Fiscalía. Este ejemplo demuestra que, cuando existe voluntad institucional y compromiso ciudadano, la ley puede aplicarse de manera efectiva, protegiendo los ecosistemas antes de que el daño se vuelva irreversible. Además, resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento ambiental, para que más casos puedan replicar este tipo de éxito.
Caso 2: La historia sin fin en Playa Negra

Este segundo caso corresponde al seguimiento en las cercanías de Flor de China, donde en varias ocasiones se ha denunciado la construcción y el relleno en zona pública, situación que ya hemos documentado anteriormente. Los árboles del sitio están señalizados como patrimonio natural del Estado, rótulos colocados gracias a las gestiones de Philippe tras una denuncia presentada ante la Fiscalía. Este hecho refuerza aún más la ilegalidad de las obras.

Pese a ello, Philippe reporta: “Hoy voy a ver la mañana y abrieron otra vez en una parte de ese material y tirar más material. ¿Qué es eso?”. Lo más grave es que la Ley de Zona Marítimo Terrestre sigue sin aplicarse, pese a que la construcción se ubica dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria y carece de plan regulador. La obra reincide una y otra vez, desatendiendo denuncias previas; la tibieza en las órdenes de paralización se suma a la evidencia acumulada que confirma la ilegalidad del relleno.

“Es una película de nunca terminar, no tiene fin”, resume Philippe, expresando la frustración de ver cómo lo que debería estar protegido permanece en riesgo. La alegría por los avances ciudadanos se opaca frente a la continuidad de las obras ilegales, que reanudan actividades de relleno como si nada hubiera pasado.

A esto se suma un factor estructural: la presunta corrupción dentro de las instituciones competentes, que en lugar de frenar las irregularidades parece encubrirlas o permitir su continuidad. Esa falta de control no solo impide que los logros ciudadanos se consoliden, sino que genera la sensación de que cada paso adelante se diluye con dos hacia atrás, dejando en riesgo la zona, su patrimonio natural y la confianza de la comunidad en la protección efectiva de los espacios públicos.
Caso 3: Un cierre definitivo al parqueo ilegal

Este caso da seguimiento a un humedal transformado ilegalmente en parqueo, situación que ya hemos documentado en monitoreos anteriores. En su momento se autorizó la tala de seis árboles que en realidad estaban sanos. Tiempo después, gracias al trabajo constante de monitoreo de Philippe, los árboles de esta zona fueron rotulados como patrimonio del Estado.

Lo ocurrido muestra cómo, durante años, el lugar quedó atrapado en un ciclo repetitivo: las autoridades cerraban el acceso, los responsables lo reabrían y continuaban cobrando a los visitantes por estacionar en un terreno protegido.

Esta vez, finalmente, parece haberse llegado a un punto de quiebre. Philippe lo relata con alivio: “Hoy por fin por fin me dio tanta alegría en la mañana cuando yo paso por el sitio, yo miré que están haciendo algo en cemento. Tres bases para que ya no entra más carros nunca. Se acabó.”

La medida, aunque tardía, representa un cierre más contundente y otorga un respiro al humedal. Tras años de cierres y reaperturas, alambres de púas cortados y rótulos improvisados, finalmente se logró clausurar de manera definitiva el parqueo ilegal sobre humedal. La Fiscalía y la presión constante hicieron posible lo que parecía imposible: evitar que siguieran cobrando por parquear en terreno protegido.

Philippe lo describe así: “Es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros.” Este es un ejemplo claro de que la persistencia ciudadana puede transformar un círculo vicioso en un cierre definitivo.
Caso 4: La maquinaria frenada a tiempo

En Playa Negra volvió a aparecer maquinaria pesada trabajando en la zona denunciada. La reacción institucional fue lenta: “tuve que llamarlo como tres veces… al final ya llegaron al sitio”. Philippe lo resume con indignación: “es una barbaridad lo que están haciendo ahí, mae”.

Cuando finalmente se presentó la policía, la persona encargada del backhoe alegó que el MINAE ya había pasado por el lugar y les había autorizado continuar. Sin embargo, al solicitarles el permiso, no pudieron demostrarlo y la maquinaria tuvo que retirarse.

Aunque la intervención llegó tarde y solo tras insistencia, al menos se logró detener el daño en curso. Una victoria pequeña pero significativa, que evidencia lo frágil que es el cumplimiento cuando no hay vigilancia constante. Este episodio también deja ver un patrón preocupante: se invocan supuestas autorizaciones sin respaldo documental, confiando en que la falta de verificación permita continuar con el daño.
El impacto sobre los ecosistemas: daños que dejan huella

Más allá de los casos puntuales, estas intervenciones ilegales tienen consecuencias profundas para los ecosistemas costeros. Los rellenos en humedales interrumpen el flujo natural del agua, reducen la capacidad de absorción frente a inundaciones y eliminan hábitats claves para aves, peces y anfibios. La construcción sobre quebradas altera el curso de los cuerpos de agua, contamina y erosiona.

Cada vez que se reanuda una obra ilegal, aunque después se logre detener, el territorio acumula cicatrices. Como señala Philippe, el problema es que “ya más bien se han estado alquilando” o utilizando los espacios dañados, lo que genera impactos irreversibles en algunos casos. Incluso cuando se logra frenar la maquinaria o cerrar un acceso, muchas veces el daño ya está hecho: árboles talados, suelos removidos, agua contaminada.

La persistencia de las reincidencias multiplica estas huellas. Lo que se gana con un cierre o una orden de demolición se pierde si al poco tiempo los infractores vuelven a intervenir. Así, se corre el riesgo de llegar tarde: frenar la acción, pero con el ecosistema ya degradado.

Avances, retrocesos y tiempos institucionales

El testimonio de Philippe muestra con crudeza la irregularidad de los tiempos institucionales frente a las denuncias ambientales. Señala que en un caso reciente, en “tiempo récord” se logró una citación en menos de un mes, cuando lo normal es que tarde al menos tres meses. Para él, eso ya constituye un dato relevante, pues marca una diferencia con experiencias pasadas.

Relata que en sus primeras gestiones presentó múltiples denuncias, y al revisar más de un año después descubrió que no se había realizado ni una sola inspección. Esa experiencia le enseñó a no confiar ciegamente en el sistema y a dar seguimiento personalmente. La falta de acción oportuna, explica, hace que cuando finalmente se hacen inspecciones ya no haya nada que verificar, pues el daño está consumado.

En contraste, cuando las instituciones reaccionan en pocas semanas, aunque siga siendo tarde frente a un daño ambiental inmediato, al menos se abre la posibilidad de contener el impacto. Esta oscilación —entre años de inacción, demoras de meses y respuestas ocasionalmente rápidas— evidencia un patrón de avances y retrocesos, atravesado por la opacidad en el accionar institucional.

Vigilancia comunitaria: la primera línea de defensa

Lo que reflejan estos casos es que la protección ambiental efectiva la está ejerciendo, en gran medida, la vigilancia comunitaria. Son vecinos, colectivos y personas como Philippe quienes recorren, denuncian, insisten y documentan, sin lo cual muchas de estas situaciones pasarían desapercibidas.

El Estado, en cambio, aparece con una actuación errática: por momentos interviene con contundencia y logra paralizar, pero acto seguido los infractores reinciden “con libertad”, como si las sanciones fueran apenas un trámite. Esa contradicción revela la brecha entre lo que dicen las leyes y lo que ocurre en la práctica: sin el ojo ciudadano, la impunidad se impondría.

Entre la esperanza y el desgaste

En los cuatro casos se siente la paradoja de esta lucha: “una de cal y otra de arena”. Por cada avance que genera esperanza, aparece una reincidencia que desgasta. Lo positivo es que las denuncias, cuando se persisten y se acompañan, funcionan; lo negativo es que la reincidencia y la falta de controles firmes —agravada por la presunta corrupción— hacen que muchos logros se desvanezcan.

Philippe lo ha dicho muchas veces: denunciar es un acto de fe, un esfuerzo por “caminar sobre la línea de la ley” en medio de un contexto donde la impunidad suele imponerse. Esta semana lo confirma: la protección del ambiente depende de no soltar, incluso cuando las victorias parecen pequeñas, porque si se baja la guardia, el territorio seguirá cargando marcas que en ocasiones ya no se podrán borrar.

El testimonio de Philippe: entre la indignación y el alivio

Los relatos de Philippe no son simples informes de monitoreo: son testimonios que dejan ver el peso emocional de acompañar estas luchas día tras día. En sus palabras conviven la indignación, la frustración y, en ocasiones, la alegría de pequeñas victorias.
Cuando algo funciona, lo expresa con asombro y alivio: ‘ya por fin sí y resulte que sí ya habían ido y ya paralizaron el trabajo, se terminó. Guau’, o ‘hoy por fin por fin me dio tanta alegría… es un alivio, es como un peso que se quita de los hombros’. En esos momentos aparece la esperanza de que la institucionalidad pueda actuar como debería.

Pero en los otros casos predomina la rabia y el cansancio: ‘es una película de nunca terminar, no tiene fin’, ‘es una barbaridad lo que están haciendo ahí mae’. Sus frases revelan la desconfianza hacia un Estado que actúa tarde o de manera errática, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de denuncias y reincidencias.

El testimonio también habla de un desgaste personal profundo: Philippe reconoce que el solo hecho de pasar a diario por los sitios en conflicto lo llena de estrés, porque cada reincidencia le recuerda que la lucha es desigual. A ello se suma el peso económico que nadie le reconoce, pero que resulta significativo: la gasolina para movilizarse, cerrar su local o pagar a alguien que lo sustituya, costear soportes digitales para almacenar y entregar las pruebas, invertir en cámaras y seguridad personal, y sostener los múltiples trámites que exigen las denuncias.

Aun así, persiste, y su persistencia muestra la fuerza de la vigilancia ciudadana. En el fondo, lo que transmiten sus palabras es la paradoja de la resistencia: celebrar lo poco que se logra, aun sabiendo que podría perderse mañana; indignarse frente a cada retroceso, aun sabiendo que vendrán más. Es la voz de alguien que ama el territorio, que no se resigna, pero que carga sobre sus hombros la frustración de ver cómo la impunidad erosiona tanto los ecosistemas como la confianza en la justicia.

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Monitoreo ambiental: cuando la reincidencia supera a la denuncia

with No Comment extractivismosPARTICIPACIÓN

El ruido de los backup retumbando desde algún lote, el golpeteo metálico de las retroexcavadoras y el constante ir y venir de las vagonetas se han convertido en la banda sonora de un ciclo que parece no tener fin. Cada sonido anuncia el inicio de nuevas intervenciones en ríos, quebradas o humedales, que rápidamente derivan en denuncias comunitarias, órdenes de clausura y promesas de seguimiento institucional. Sin embargo, tras unos días de aparente pausa, las máquinas regresan y el ciclo se reinicia. Este vaivén de reincidencias termina por desgastar a quienes defienden el territorio, pues el esfuerzo por denunciar se enfrenta siempre al hartazgo, la desconfianza y la sensación de que la institucionalidad se limita a observar cómo el deterioro avanza.

La situación refleja una tensión constante: las quebradas, que deberían estar protegidas, son rellenadas o desviadas como si se tratara de lotes privados disponibles para urbanizar. Philippe lo resume con ironía:

“Aquí cualquiera con terreno debería sacar una licencia, como la de conducir, para aprender qué se puede y qué no se puede hacer. Pero no, siguen rellenando quebradas como si fueran basura”.

El monitoreo ciudadano que impulsa Philippe Vangoidsenhoven ha permitido identificar múltiples obras ilegales en el Caribe Sur de Costa Rica. A partir de denuncias, observación de campo y reportes comunitarios, se han registrado casos que evidencian un patrón repetitivo: manipulación de quebradas, rellenos irregulares y una institucionalidad incapaz de detener el avance de proyectos inmobiliarios en zonas frágiles.

  1. Un relleno que destruyó la quebrada en Playa Negra

En Playa Negra, una zona cada vez más presionada por el desarrollo inmobiliario, se presentó uno de los casos más visibles. Todo comenzó con la alteración de una quebrada para dar paso a un proyecto habitacional. Con maquinaria pesada, los responsables desviaron el cauce de un arroyo, abriendo un “canal” en línea recta, y levantaron un relleno que redujo drásticamente la capacidad de absorción del terreno.

Philippe expresa su impotencia ante la intensidad de los nuevos casos que siguen apareciendo; este en particular representa otra decepción:

“Es triste ver cómo convierten un arroyo en un basurero. Tiraron tierra, cemento, lo que encontraron. Y uno se pregunta: ¿dónde está la protección que tanto dicen que existe?”.

El impacto ambiental fue inmediato: pérdida de cobertura boscosa, disminución del caudal y afectación de la vida silvestre que depende de estas fuentes de agua. Aunque se  presente la denuncia, la recuperación del ecosistema es lenta.

Por ahora solo existe la denuncia presentada, lo que significa que el material de alcantarillado apilado en el sitio sigue a la espera de ser instalado, con lo cual la quebrada terminaría sepultada bajo el relleno.
  1. Clausuras municipales incumplidas en Playa Negra, camino a Hone Creek

Otro caso, que ya había sido documentado, volvió a evidenciar las contradicciones de la gestión ambiental. En Playa Negra, un terreno fue clausurado hasta seis veces por la Municipalidad debido a construcciones ilegales. Sin embargo, después de cada sello, las obras continuaron como si nada hubiera ocurrido.

Philippe explica con frustración lo que esto significa:

“La municipalidad clausura, ellos siguen construyendo. Clausuran de nuevo, siguen construyendo otra vez. ¿Qué estamos haciendo? En un país serio, cuando alguien no respeta los sellos, hasta ahí llegó todo, nunca más tendrían permisos”.

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando Philippe contrasta su experiencia personal: él fue llevado a los tribunales y se le impuso una medida por una situación menor, mientras que los responsables de violar repetidamente los sellos municipales continúan en completa impunidad.

Este doble rasero, afirma, desgasta a las comunidades que defienden los bienes comunes:

“A mí me llevaron hasta los juzgados, pero al que rompe los sellos una y otra vez, nada le pasa. Esa es la diferencia de cómo aplican la ley”.
  1. Playa Negra: una denuncia que vuelve a cobrar fuerza*

El tercer caso también se ubica en Playa Negra, donde desde hace años Philippe viene denunciando la presión inmobiliaria que no da tregua. Esta vez no es la excepción: se presenta una nueva alteración de un humedal cercano a la zona costera. Se trata de un relleno con fines inmobiliarios que modificó de manera radical la dinámica hídrica del sitio.

El tiempo pasa, pero el problema persiste. Recientemente, vecinos alertaron sobre una nueva intervención. Gracias a esas denuncias, Philippe acudió nuevamente al lugar y documentó con fotografías y testimonios las obras presuntamente ilegales. A pesar de este esfuerzo, persiste una sensación de impotencia:

“Es el mismo cuento de siempre: uno denuncia, pasan los años, archivan papeles y mientras tanto los rellenos siguen creciendo. ¿De qué sirve denunciar si las instituciones no actúan con firmeza?”.

Estos casos en Playa Negra representan solo una pequeña parte del gran cambio que experimenta el Caribe Sur al margen de toda legalidad. Los registros de denuncias de años atrás son evidencia del abandono institucional, mostrando que, sin seguimiento, las denuncias se convierten en simples trámites burocráticos.

Un patrón preocupante

Los tres casos revelan un mismo patrón: quebradas y riachuelos manipulados para urbanizar, rellenos ilegales y una institucionalidad débil que permite la repetición de los hechos.

El monitoreo de Philippe no ocurre en solitario: depende de una red de vecinos y vecinas que lo alertan cuando detectan maquinaria o tala en terrenos sensibles. Gracias a estas alertas, se logra documentar con precisión una problemática que, lejos de detenerse, se repite con cada nuevo proyecto inmobiliario.

La reflexión final de Philippe es tan cruda como certera:

“En Costa Rica, si de verdad uno quiere proteger el ambiente, denunciando de frente, lo mandan al hospital o al cementerio. Así de sencillo”.

Reincidencia y desprecio por la normativa

Los casos documentados no son hechos aislados, sino la manifestación de una práctica recurrente en el Caribe Sur: frenar las obras ilegales no significa detenerlas, sino apenas interrumpirlas. Los responsables suelen esperar unos días después de una clausura o paralización para retomar la maquinaria, como si la normativa ambiental fuera un obstáculo temporal y no una obligación vinculante.

Esta dinámica envía un mensaje peligroso: la ley se convierte en un trámite burocrático que se puede evadir con paciencia, hasta que las autoridades pierden interés o los expedientes se acumulan sin resolución. Lejos de garantizar la protección de los ecosistemas, la institucionalidad termina validando un ciclo de ilegalidad normalizada.

El desprecio por las reglas es también una muestra del poder económico detrás de estos proyectos. Los desarrolladores saben que cuentan con la capacidad de resistir sanciones y prolongar las obras hasta hacerlas irreversibles. Una vez que la quebrada se rellena o el humedal se drena, la recuperación ambiental se vuelve casi imposible, y las sanciones llegan demasiado tarde para reparar el daño.

Philippe lo sintetiza en una frase:

“Ellos sólo esperan que pase el tiempo para volver a meter máquinas. Saben que aquí el que insiste gana, porque las instituciones se cansan antes que ellos”.

En este contexto, la reincidencia deja de ser una anomalía y se convierte en la estrategia principal para avanzar proyectos inmobiliarios en zonas ambientalmente frágiles.

*Evidencias históricas de un humedal en riesgo – 27 de agosto del 2010

Hace algunos años, Philippe presentó una denuncia formal por la alteración de un humedal en Playa Negra, donde un relleno con fines inmobiliarios había modificado de manera significativa la dinámica hídrica. Ponemos a disposición las evidencias fotográficas recopiladas en aquel momento para contextualizar la persistencia de estas intervenciones ilegales, que hoy vuelven a cobrar relevancia ante nuevas alertas vecinales. Este historial evidencia que, sin un seguimiento institucional adecuado, las denuncias tienden a quedar como simples trámites burocráticos, mientras los impactos sobre el humedal continúan acumulándose.
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Monitoreo ciudadano evidencian reincidencia y debilidad institucional en el Caribe Sur

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En las últimas semanas, el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven ha documentado nuevas intervenciones ilegales en humedales, zonas públicas y áreas protegidas del Caribe Sur. Sus recorridos, cámara en mano, han registrado desde rellenos con material de construcción en Playa Negra hasta tala y quema de vegetación en propiedades cercanas a quebradas, con indicios de futuros desarrollos comerciales.

Estos casos no son hechos aislados. Philippe acumula más de 25 denuncias —muchas ahora bajo su nombre— en un trayecto de apenas 2,5 km, todas respaldadas por fotografías, videos y ubicación exacta. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser tardías o inconsistentes, y en ocasiones, las mismas autoridades parecen desconocer la normativa que deberían aplicar.

El propio monitoreo revela un patrón preocupante: oficiales y funcionarios con criterios personales que contravienen la ley, como la aceptación de chapeas en zonas de protección alegando razones de “seguridad”, sin considerar el daño ecológico y la prohibición expresa en la legislación ambiental. Este vacío de formación técnica y jurídica en quienes deben fiscalizar abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, debilitando la protección de los ecosistemas y generando un clima de impunidad.

En un contexto donde la presión inmobiliaria sobre la zona marítimo terrestre y humedales es cada vez mayor, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar para la defensa ambiental. Pero sin una capacitación sólida de las autoridades y un compromiso real con la aplicación de la ley, las denuncias seguirán acumulándose sin que el deterioro ambiental se detenga.

Caso 1: Relleno municipal en humedal de Playa Negra

Durante un desplazamiento hacia Puerto Viejo, Philippe observó maquinaria municipal depositando material en un área de Playa Negra que corresponde a un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre. Este sitio ya había sido rellenado años atrás con el argumento de construir un centro educativo, pero en su momento se permitió la intervención alegando que no figuraba en la lista oficial de humedales. Posteriormente, la Fiscalía Ambiental confirmó que sí se trataba de un humedal protegido y ordenó paralizar las obras. A pesar de ello, el relleno volvió a ejecutarse, evidenciando un incumplimiento reiterado

Caso 2: Tala total y preparación para un supermercado

En otro punto, Philippe documentó la tala de todos los árboles de un terreno, el desecho de la biomasa y el posterior relleno del área. En el lugar se instaló un rótulo con permisos visibles, y según información recabada, el objetivo sería instalar un supermercado. Aunque la municipalidad colocó un sello de clausura, la afectación ya estaba consumada: la cobertura vegetal desapareció y con ella, hábitats y funciones ecológicas clave.

Caso 3: Quema en área cercana a quebrada y hostigamiento vecinal

En una propiedad próxima a una quebrada, Philippe registró la quema de vegetación, presuntamente provocada con gasolina por un vecino. El fuego afectó árboles y un panal de zompopas de gran tamaño, y generó humo denso que alcanzó varias viviendas. El hecho desencadenó tensiones y amenazas, en un contexto donde “limpiezas” y aperturas de paso se mezclan con conflictos interpersonales. Para Philippe, la situación representa un doble riesgo: el daño ambiental y la creciente hostilidad hacia quienes denuncian.

Caso 4: Reincidencia en zona cerca de “Flor de China” (más sobre este caso aquí)

Más recientemente, Philippe constató la colocación de nuevo material en un área cercana a Flor de China, previamente denunciada por rellenos ilegales. El lugar cuenta con un rótulo oficial que lo identifica como “Patrimonio del Estado”, lo que debería implicar su protección absoluta. Sin embargo, el depósito se realizó a plena vista, sin que la señalización ni las denuncias anteriores frenaran la intervención. La reiteración del daño en un mismo sitio confirma la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
Una constante: falta de capacitación y aplicación desigual de la ley

En varios de los operativos presenciados, Philippe ha encontrado a oficiales y funcionarios que aplican criterios personales por encima de la normativa, por ejemplo, defendiendo el “chapeo” en zonas protegidas bajo el argumento de prevenir robos. Esta visión desconoce el papel del sotobosque en la protección de suelos y fauna, y contradice lo que establece la legislación ambiental. En otros casos, incluso reconociendo que un área es de protección, se decide continuar con intervenciones bajo justificaciones subjetivas.

La falta de capacitación técnica y jurídica de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir la ley permite que decisiones arbitrarias debiliten la protección ambiental. En un escenario de creciente presión inmobiliaria, esta deficiencia institucional se convierte en un factor que alimenta la impunidad, dejando la carga de la vigilancia casi exclusivamente en manos de la ciudadanía organizada.

Cuando la última línea de defensa es la ciudadanía

La pregunta que queda es: ¿qué ocurre cuando quienes deben aplicar la ley no lo hacen de forma correcta, y la única defensa real del ambiente recae sobre personas que no cuentan con ninguna garantía institucional, cobertura ni reconocimiento legal para protegerse?

En el pasado, fue parte del programa Covirenas —un mecanismo de voluntariado del MINAE—, pero le fue retirado el carnet después de intervenir para documentar una acción ilegal como las que hoy sigue reportando. En aquella ocasión, su participación se dio con el objetivo de dar seguimiento y poder atestiguar las razones de las medidas que tomarían las autoridades ante el evento, además de aportar su conocimiento sobre el caso. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que, en lugar de aprovechar su colaboración, se le sancionó y se le excluyó del programa.

Hoy, sin respaldo institucional, continúa con su labor de monitoreo por convicción y sentido de responsabilidad, asumiendo los riesgos que eso implica. El problema es que, si la ley no es correctamente aplicada por quienes tienen la obligación de hacerlo, y quienes la defienden desde la ciudadanía quedan expuestos, el sistema de protección ambiental se sostiene únicamente por un frágil hilo de voluntad individual.

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Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

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El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

2004

2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.
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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.