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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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“Nos tratan como si no fuéramos de aquí”: Pueblo Ngöbe de Sixaola visibiliza abandono institucional y exige territorio

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El pasado 14 de junio se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, un espacio de palabra, denuncia y escucha colectiva. La actividad fue organizada por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola, de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y de la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

Durante el encuentro, representantes del pueblo indígena Ngöbe compartieron testimonios profundamente reveladores sobre las múltiples formas de exclusión, discriminación y violencia estructural que enfrentan en su vida cotidiana. Organizados en un ejercicio colectivo de resistencia, abordaron cuatro ejes fundamentales: trabas en ayudas sociales, salud y acceso al agua, condiciones laborales y la ausencia de reconocimiento territorial.

Las voces presentes, provenientes directamente de las comunidades del sur del Caribe costarricense, expusieron situaciones que no son nuevas, pero sí largamente invisibilizadas por las instituciones del Estado. Lejos de tratarse de hechos aislados, sus testimonios dan cuenta de un patrón sostenido de abandono institucional, racismo estructural y negación de derechos fundamentales, todo ello agravado por la falta de un territorio reconocido que garantice condiciones mínimas para el ejercicio de su autonomía.

Este conversatorio no solo permitió conocer de primera mano la realidad que enfrentan más de 10.000 personas Ngöbe en Sixaola, sino que también evidenció la urgencia de articular esfuerzos entre comunidades, academia e instituciones públicas comprometidas con los derechos de los pueblos indígenas. La demanda fue contundente: reconocimiento, justicia territorial y garantías efectivas para una vida digna.

Finalmente, la actividad reafirmó la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con los compromisos internacionales asumidos, en particular el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la tierra, a su cultura, a decidir sobre su desarrollo y a ser consultados en todo aquello que les afecte. Este resumen busca amplificar esas voces y contribuir a visibilizar una deuda histórica que no puede seguir siendo postergada.

A lo largo del conversatorio, las y los representantes del pueblo Ngöbe compartieron con firmeza y claridad las principales problemáticas que enfrentan en sus territorios. A partir de sus experiencias directas, identificaron y desarrollaron cuatro dimensiones fundamentales donde se concentra la exclusión estructural que viven como población indígena: las trabas institucionales para acceder a ayudas sociales, las barreras para ejercer el derecho a la salud y al agua potable, las condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras, y la ausencia de un territorio reconocido que sustente su existencia colectiva. Cada uno de estos ejes no solo refleja violaciones de derechos, sino también los desafíos urgentes que deben ser atendidos por el Estado y la sociedad costarricense. A continuación, se presenta una síntesis de lo expuesto en cada tema.

Ayudas sociales: exclusión desde el diseño institucional

Participantes: Itzenia Beker, William Anastasio, Carmela Miranda, Eulalia Tomas

La primera exposición del conversatorio abordó las trabas sistemáticas que enfrenta la población Ngöbe para acceder a ayudas sociales, en especial a los programas del IMAS. Las participantes relataron cómo los criterios de selección institucionales no se ajustan a la realidad que vive esta población, y más bien terminan excluyéndola. Se expusieron casos donde se rechaza el apoyo a familias porque uno de sus miembros trabaja en fincas bananeras, aunque sus ingresos sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas de un hogar numeroso.

También se denunció que muchas personas son excluidas por criterios relacionados con el estatus migratorio, el hecho de no tener territorio reconocido o por contar con hijas e hijos con becas educativas, sin considerar que los montos de esas becas son mínimos. Además, se hizo énfasis en que el IMAS exige que los trámites se hagan por correo electrónico, lo cual representa una barrera infranqueable para muchas mujeres indígenas que no tienen acceso a internet, dispositivos digitales o alfabetización digital básica.

La discriminación se entrelaza también con el idioma: muchas mujeres Ngöbe no dominan el español escrito, lo que limita su capacidad para comunicarse con las instituciones públicas. Como consecuencia, sus necesidades quedan sin respuesta y se refuerza la idea de que estas instituciones no están pensadas para los pueblos indígenas. “Nosotras no pedimos caridad, pedimos respeto y acceso justo a lo que por derecho nos corresponde”, afirmó Itzenia Beker.

En medio de este panorama, se recalcó la importancia de revisar y reformar los mecanismos de selección y atención del IMAS y de otras instituciones sociales. El modelo actual reproduce la exclusión de los pueblos indígenas al aplicar lógicas burocráticas que desconocen las condiciones específicas de las comunidades, su estructura familiar ampliada y la realidad intercultural.

La exposición concluyó con una exigencia clara: que el Estado costarricense cumpla con los compromisos asumidos a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al acceso equitativo a servicios públicos sin discriminación.

Salud y agua: entre la desatención, el racismo y la violencia obstétrica

Participantes: María Jiménez, Enoj Bonilla, Griselda Ábrego, Thalía Jiménez

El segundo bloque del conversatorio se centró en la grave situación de salud y acceso al agua potable que enfrenta la población Ngöbe en Sixaola. Las personas expositoras señalaron que la mayoría de la población no cuenta con acceso pleno al sistema EDUS y que el EBAIS local está sobrecargado, con escasos cupos de atención. Esta saturación es particularmente crítica para quienes trabajan en las fincas bananeras, pues deben ajustarse a horarios estrictos que no les permiten acceder a los pocos espacios disponibles.

Además de la barrera horaria, se ha eliminado la atención en horarios vespertinos, lo que obligaba anteriormente a atender a trabajadoras y trabajadores después de sus jornadas. Esta decisión ha generado una reducción drástica en el acceso real a la salud. Para muchas personas, la única opción es acudir antes de las 9:00 a.m., pero si no se les atiende antes de esa hora, pierden el día laboral y son sancionadas o despedidas por las empresas.

Otro eje preocupante fue la violencia obstétrica denunciada por varias mujeres. Se relataron casos en los que se menospreció a mujeres por estar “nuevamente embarazadas”, se les practicaron esterilizaciones sin consentimiento informado o se les negó información sobre el estado de salud de sus recién nacidos. Una de las expositoras relató el caso de una compañera que dio a luz en el hospital de Limón, y cuyo bebé murió sin explicaciones claras, en un contexto de negligencia y falta de sensibilidad cultural por parte del personal médico.

Además, se enfatizó la ausencia total de traductores o intérpretes Ngäbe en los centros de salud, lo que impide una comunicación efectiva, especialmente en situaciones de urgencia. Esto se agrava cuando el personal médico asume una actitud de desprecio o racismo hacia quienes no dominan el español.

En relación con el agua, se denunció el incumplimiento por parte del AyA de la ley que ordena la condonación de deudas. Muchas familias Ngöbe han sido desconectadas del servicio, a pesar de que la Asamblea Legislativa ya había establecido que se debía reanudar el suministro y retirar las sanciones económicas. Frente a esto, la población ha tenido que recurrir a pozos contaminados o cargar agua a pie largas distancias. “No pedimos agua gratis, pedimos que se nos cobre un precio justo y que se reconozca nuestra situación”, expresó Griselda Ábrego.

Condiciones laborales: explotación, listas negras y violencia de género

Participantes: Dionicio Turón, Aurelio Ábrego, Diomedes Santos

La tercera parte del conversatorio giró en torno a los conflictos laborales que enfrenta la población Ngöbe en las fincas bananeras y plataneras, que representan prácticamente la única fuente de empleo en la zona. Los relatos fueron contundentes: se habló de explotación laboral, discriminación por etnia y nacionalidad, incumplimiento de la legislación laboral y una sistemática represión a quienes intentan organizarse o denunciar abusos.

Se explicó cómo las empresas transnacionales aplican políticas que contradicen lo establecido en las convenciones colectivas. A las personas Ngöbe se les paga menos que a otros trabajadores, se les asignan tareas más pesadas y extensas, y se les despide arbitrariamente cuando se enferman o reclaman. Quienes no están sindicalizados están más expuestos a la persecución laboral y al trabajo forzoso.

Una denuncia particularmente grave fue la del hostigamiento sexual hacia mujeres Ngöbe, quienes son acosadas por supervisores, y en algunos casos amenazadas con despido si no acceden a insinuaciones sexuales. Las que se resisten, muchas veces son despedidas o estigmatizadas dentro de la empresa. “A las mujeres indígenas se les ve como propiedad del patrón”, denunció Aurelio Ábrego.

También se denunciaron prácticas sistemáticas como las fumigaciones aéreas mientras las personas trabajan en el campo, lo cual ha provocado enfermedades respiratorias, problemas de piel, y daños aún no investigados. Quienes han tratado de documentar estas fumigaciones, han sido despedidos y colocados en listas negras que les impiden volver a ser contratados en la zona.

Ante esta situación, las y los participantes exigieron una inspección efectiva del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora ha sido inconstante e ineficaz. Se llamó también a los sindicatos y a las organizaciones internacionales a no abandonar a esta población. “La empresa tiene certificados de responsabilidad social, pero en la práctica esclaviza a nuestra gente”, afirmó Diomedes Santos.

Ausencia de territorio: un pueblo sin lugar en su propio país

Participantes: Manuel Palacios, Nicolás Concepción, Eusebio Julián

El último tema, pero quizás el más profundo y estructural, fue la ausencia de reconocimiento territorial para el pueblo Ngöbe asentado en Sixaola. Desde el 2022, han sostenido reuniones con el Viceministerio de Justicia y Paz, INDER, CONAI y otras entidades, sin obtener respuestas concretas. La ausencia de un territorio indígena reconocido impide que este pueblo acceda a proyectos sociales, educación, salud, agua, y vivienda digna.

Las personas expositoras hicieron un recuento de las promesas incumplidas, el desgaste institucional y las constantes negativas por parte de los funcionarios públicos. A pesar de que existen fincas disponibles y que la ley permite establecer territorios indígenas en la milla fronteriza, las autoridades alegan que las tierras son “inundables” o que el Estado “no tiene presupuesto” para atender esta necesidad.

El desarraigo forzado ha generado impactos graves, especialmente en las niñeces y juventudes, quienes crecen sin un espacio donde reproducir su cultura, lengua y cosmovisión. Se denunciaron desalojos forzosos, amenazas, y la negación sistemática del derecho a vivir como pueblo indígena en su propia tierra. “No podemos ni sembrar un plátano en el patio sin que nos lo arranquen”, relató Nicolás Concepción.

Uno de los participantes, Eusebio Julián, hizo un llamado vehemente al Estado costarricense: “No estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo lo que el convenio 169 ya nos garantiza. Este país habla de democracia, pero nos niega el derecho a existir como pueblo”.

Se solicitó además un censo actualizado del pueblo Ngöbe en Sixaola, que permita dimensionar su presencia y fortalecer su demanda territorial. Esta población, compuesta por más de 10.000 personas, no puede seguir siendo tratada como invisible en las políticas públicas.

Cartografía para la dignidad territorial

Como parte de su proceso de lucha por el reconocimiento territorial, el pueblo Ngöbe de Sixaola ha venido desarrollando una cartografía participativa que identifica las fincas y espacios actualmente ocupados o reclamados como parte de su territorio. Este trabajo ha sido construido desde el conocimiento colectivo de las comunidades y se basa en recorridos, testimonios y memoria territorial. La cartografía no solo permite visualizar con precisión la dimensión y ubicación del territorio que demandan, sino que también constituye una herramienta política para exigir al Estado una respuesta concreta, sustentada y verificable.

Mapa elaborado por el proyecto de acción social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola

El derecho internacional no es una sugerencia

Costa Rica ha ratificado el Convenio 169 de la OIT desde hace más de 30 años. Este instrumento reconoce el derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios territorios, acceder a servicios públicos sin discriminación, preservar sus culturas, y ser consultados de forma libre, previa e informada en todas las decisiones que les afecten. Asimismo, la Ley 9710, sobre personas indígenas transfronterizas, otorga un marco legal específico para proteger los derechos de poblaciones como la Ngöbe asentada en Sixaola.

Sin embargo, los testimonios compartidos durante el conversatorio revelan que estos compromisos son sistemáticamente ignorados. No hay territorio. No hay consultas. No hay acceso adecuado a salud, vivienda, educación ni justicia. Lo que sí existe —y se repite— es discriminación, violencia institucional, racismo estructural y explotación laboral.

Uno de los participantes del conversatorio ironizó con amargura que “solo en Costa Rica se intenta convencer de que los convenios internacionales están por debajo de las leyes nacionales”, una idea que refleja la profunda desconexión entre el discurso diplomático del país y la práctica real de sus instituciones. Esta inversión arbitraria del orden jurídico internacional se ha convertido en excusa para desatender las obligaciones del Estado con los pueblos originarios, y para perpetuar su exclusión de los procesos de toma de decisiones.

El pueblo Ngöbe no está pidiendo privilegios. Está exigiendo que el Estado costarricense cumpla con la legalidad que ha firmado y ratificado. Está defendiendo su derecho a existir como pueblo, a vivir con dignidad, a que sus hijos e hijas crezcan sin miedo al desalojo ni a la desprotección institucional. Está reclamando un mínimo de justicia histórica frente a siglos de desplazamiento y olvido.

Es hora de que Costa Rica deje de hablar de respeto a los pueblos indígenas únicamente en los foros internacionales y empiece a demostrarlo en el terreno, en sus políticas públicas y en el reconocimiento concreto de los derechos que ha negado durante demasiado tiempo. Porque el derecho internacional no es una sugerencia, y la dignidad de los pueblos indígenas no admite más aplazamientos.

Pueden ver el conversatorio aquí:

Galería:
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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

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Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.
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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

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El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

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Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Dos décadas de advertencias ignoradas: Humedal Río Carbón sigue en riesgo en Playa Negra

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En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

  • la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

  • el control de inundaciones y calidad del agua;

  • la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

  • La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

  • El desalojo de los ocupantes ilegales.

  • La restitución del ecosistema a su estado original.

  • El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

  • La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección

Referencias

Barry, M. J. (2003). Evaluación preliminar del brazo este del estero de Hone Creek afuera del Parque Nacional Cahuita (Humedal entre La Barra y el Hotel Perla Negra).

Comité Local Forestal de Talamanca. (2001, 3 de julio). Denuncia por afectación ambiental al humedal Río Carbón, Playa Negra, Puerto Viejo. Consejo Regional Ambiental – Área de Conservación La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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El mar que avanza: Puerto Viejo pierde su zona pública costera

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Durante décadas, los mojones han servido como referencia visual para identificar la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Costa Rica. En Puerto Viejo, Caribe Sur, estos hitos fueron colocados hace más de 40 años con el fin de señalar los límites de la zona pública: los primeros 50 metros desde la línea de pleamar ordinaria, donde está prohibido construir.

Hoy, sin embargo, el mar ha llegado hasta esos mojones. Lo que antes era zona pública —de uso común, libre y no concesionable— ha sido devorado por la marea. El avance del mar ha hecho desaparecer físicamente esa franja de protección costera, y pone en riesgo calles, árboles centenarios, negocios e infraestructuras que antes parecían seguras.

Puerto Viejo: mojones en la orilla, permisos sobre arena

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven —basado en observación directa, registros fotográficos y diálogo constante con actores locales— permite reconstruir con detalle cómo ha avanzado el mar en sectores clave de Puerto Viejo, y cómo las instituciones siguen actuando como si nada hubiera cambiado.

Uno de los ejemplos más evidentes es el de la zona frente a la discoteca Stanford: “Ahí había 50 metros de zona pública. El mar se los comió por completo”, señala Philippe. Hoy, donde antes había playa, el agua choca directamente contra las construcciones.

En Beach Break, Cocles, la situación es igual de crítica. Un sábado, recuerda Philippe, la marea llegó hasta tocar la carretera. La Municipalidad y JAPDEVA reaccionaron con urgencia para evitar que el mar se llevara la vía pública: “Pusieron rocas de metro y medio de diámetro para detener el avance del mar. Si no lo hacían, esa calle ya no existiría”.

Antes de llegar al centro de Puerto Viejo, se han colocado rocas en los dos puentes nuevos para evitar que el mar erosione sus bases. Justo frente a Salsa Brava, el bar-discoteca ha colocado sacos llenos de arena para intentar frenar el embate del mar, que sigue golpeando la base del edificio, ubicado en plena zona pública. La situación es tan crítica que solo queda esperar a que el mar vuelva a golpear la costa para ver cómo se lleva esos sacos.

El avance del mar también pone en entredicho la legalidad de nuevas construcciones. Philippe ha documentado casos en que se otorgan permisos pegados a los mojones, a pesar de que funcionarios públicos admiten —aunque a regañadientes— que estos hitos no son válidos para medir la zona pública. Sin embargo, se continúan utilizando “porque moverlos implicaría declarar ilegales muchas construcciones ya existentes”. Esta práctica contradice lo establecido por la Ley 6043, que indica que la medición debe hacerse desde la línea de pleamar ordinaria.

Esta omisión deliberada alimenta un ciclo de irregularidades. En palabras de Philippe: “Ya lo tienen planeado todo. Están construyendo pegados al mojón, a pesar que el nivel del mar sube y sube”. Con esto, Philippe no se refiere únicamente a una inundación repentina, sino al constante accionar del oleaje, que golpea con fuerza y va socavando el terreno. Es un proceso continuo en el que el mar sube y baja, pero sus efectos acumulativos debilitan progresivamente la franja costera, haciendo aún más evidente la irresponsabilidad de construir en esa zona.

Philippe ha sido testigo directo de cómo estas decisiones se implementan en la práctica. En una inspección reciente, observó la construcción de un negocio justo frente al mojón, sobre un terreno que está siendo alcanzado por el mar. Esta estructura es fácilmente identificable, pues se ubica detrás de la parada de buses.

En conversación con el encargado, la respuesta fue clara: ‘Los mojones no se van a cambiar’, ya que hacerlo implicaría reconocer la ilegalidad de muchas edificaciones. Aunque admitió que el Estado debería actualizar las mediciones, también reconoció que no lo hará, pues —como reflexiona Philippe— esto implicaría un cambio drástico en la planificación territorial y una escalada de expropiaciones.

Incluso cuando solicitó información al funcionario regional del MINAE sobre la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre, la respuesta se limitó a un resumen de la normativa vigente, sin ningún compromiso de actualización. Por el contrario, el funcionario aseguró que seguiría utilizando los mojones como referencia, aun sabiendo que esto contradice el marco legal.

A partir de sus monitoreos, un funcionario admitió informalmente que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria y no desde los mojones. Sin embargo, esta admisión no ha generado ningún cambio institucional. Aunque en esa franja de 50 metros está prohibido construir, Philippe ha denunciado muchas edificaciones. Por ello, a pesar del evidente avance del mar, los permisos continúan otorgándose como si la línea costera no se hubiera desplazado.

Un ejemplo de esta situación es que muchas edificaciones que hace 30 años estaban fuera de la zona pública, hoy se encuentran dentro de ella debido al avance del mar. En estos casos, no deberían permitirse mejoras ni intervenciones; por el contrario, deben dejarse sin uso hasta que colapsen, para luego ser retiradas y así devolver ese espacio a la zona pública.

Uno de los casos recientes denunciados por Philippe ocurre en la entrada de Puerto Viejo, donde se deforestó, rellenó y construyó parcialmente sobre un posible humedal. Pese a la denuncia formal, las obras continúan, y el mar ya amenaza la estabilidad de la estructura. Para Philippe, ese edificio debería ser demolido.

Ignorar estos cambios y seguir construyendo como si el mar no se moviera es profundizar un modelo insostenible y de alto riesgo tanto para las personas como para la naturaleza.

Cuando los mojones ya no marcan el límite, sino el daño

El monitoreo comunitario muestra que, en muchos sectores, la línea de pleamar actual ha alcanzado o superado los mojones colocados hace décadas. Esto significa que la franja de uso público se ha perdido por completo, y que en algunos tramos las construcciones están hoy donde antes rompían las olas. Esta omisión legal y técnica normaliza la ocupación ilegal de una zona que el mar ha recuperado, dejando a las comunidades sin la protección ambiental y territorial que garantiza la ley.

Proyecto Old Harbour: ¿Parque lineal o infraestructura en zona de riesgo?

Mientras la franja costera retrocede visiblemente en Puerto Viejo, distintos actores institucionales y privados impulsan propuestas para «recuperar» el espacio público. Una de ellas es el Parque Lineal del Arte y la Cultura, que plantea construir una senda peatonal, ciclo vía, zonas adoquinadas, mobiliario urbano, iluminación y espacios para ferias y eventos frente al mar.

Aunque se presenta como una apuesta por la cultura, recreación y seguridad, el proyecto omite una realidad central: buena parte del trazado previsto se encuentra en zonas que el mar ya ha alcanzado o donde la zona pública ha sido invadida por construcciones. Instalar infraestructura permanente en una franja en retroceso ignora el riesgo climático y podría reforzar un modelo de ocupación que acelera la pérdida del espacio común.

Tampoco se menciona la existencia ni los límites legales de la ZMT, ni cómo enfrentar el hecho de que los 50 metros de uso público —inalienables y no concesionables por ley— ya han sido tragados por el mar en varios puntos. El proyecto parece responder más a una lógica de embellecimiento urbano y atracción turística que a una estrategia de adaptación climática o justicia territorial.

Puerto Viejo no necesita más cemento en la playa. Necesita políticas que reconozcan la transformación del territorio, fortalezcan el monitoreo comunitario y protejan el derecho colectivo a habitar la costa sin quedar expuestos ni desplazados por el avance del mar ni por proyectos que lo ignoran.

¿Qué dice la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida en la Ley 6043 de 1977 como una franja de 200 metros de ancho a partir de la línea de pleamar ordinaria. Esta franja se divide en dos partes:

  • Zona pública (primeros 50 metros): inalienable, imprescriptible y de uso público. Está prohibido construir o concesionar.

  • Zona restringida (150 metros siguientes): puede ser concesionada bajo regulación municipal.

La ley establece que la medición debe hacerse desde la pleamar ordinaria, no desde mojones antiguos. Si el mar ha avanzado, la zona pública también se ha desplazado con él.

Cambio climático y retroceso costero

El aumento del nivel del mar, provocado por el cambio climático, está alterando drásticamente la línea costera. Este fenómeno responde a múltiples factores interrelacionados: el derretimiento de glaciares y capas de hielo, la expansión térmica de los océanos por el aumento de la temperatura global, y la intensificación de tormentas y marejadas. Además, el cambio en las corrientes oceánicas y en los patrones de viento y precipitación está modificando el comportamiento de las olas y la distribución de sedimentos, lo que acelera aún más la erosión costera. Todo esto impacta directamente en ecosistemas y comunidades que habitan zonas cada vez más vulnerables

Según el IPCC, el nivel medio del mar ha subido 20 cm desde 1900, y podría aumentar entre 0.43 y 0.84 metros para 2100. En el Caribe, estos efectos se agravan por la combinación de mareas, tormentas y degradación de ecosistemas. En Costa Rica, el IMN y el MINAE indican que el nivel del mar en la costa caribeña crece a un ritmo promedio de 2.4 mm por año, afectando infraestructura, ecosistemas y comunidades.

Una discusión urgente: ¿Cómo defender la zona pública cuando el mar no deja huella fija?

Puerto Viejo ilustra una tensión central de este tiempo: la ley garantiza una franja pública costera, pero la realidad climática la está haciendo desaparecer. Persistir en el uso de mojones obsoletos como base para otorgar permisos invisibiliza una transformación territorial profunda.

Es urgente revisar la forma en que se aplica la ley, actualizando las mediciones con base en la pleamar real y reconociendo el desplazamiento del mar. También se requiere acción estatal decidida para proteger las zonas públicas costeras y frenar su ocupación mediante permisos o concesiones irregulares.

Cuando el mar se lleva lo que es de todas y todos

El aumento del nivel del mar no es solo un fenómeno ambiental: es una transformación del territorio que afecta la vida de las comunidades. En Puerto Viejo, donde el acceso libre a la playa es parte de la identidad local y de la economía comunitaria, su desaparición representa una pérdida colectiva.

Aunque pueda parecer insignificante, un aumento del nivel del mar de apenas 1 centímetro puede tener efectos profundos, especialmente en zonas costeras frágiles como el Caribe Sur. No se trata solo del número, sino de lo que implica: al subir el mar, la línea costera se desplaza tierra adentro, lo que puede provocar inundaciones más frecuentes y salinización de fuentes de agua dulce.

Además, ese “pequeño” aumento eleva la base sobre la cual actúan las mareas, las tormentas y las olas, haciendo que los eventos extremos sean más destructivos. El mar también socava la costa desde abajo: arrastra la arena que sostiene las raíces de los árboles y las construcciones, desestabilizándolos. Poco a poco, lo que era tierra firme se convierte en playa y, más tarde, en mar abierto. Así, las construcciones y ecosistemas que antes estaban protegidos quedan expuestos, erosionados o directamente destruidos.

Esta erosión del espacio público ocurre tanto por causas naturales como por decisiones políticas que legalizan lo irregular y colocan intereses privados sobre el bien común. Cuando se otorgan permisos con base en mojones de hace 40 años, se colabora activamente en la privatización de lo público.

El desafío inmediato es adaptarse a un entorno cambiante y vulnerable. A mediano y largo plazo, la lucha será por el derecho a permanecer en el territorio sin ser desplazados bajo la excusa del «riesgo». También se debe exigir al Estado que regule el litoral con base en conocimiento actualizado, monitoreo comunitario y justicia territorial. No se trata solo de mover mojones, sino de reconocer que el mar ya lo hizo.

Puerto Viejo es una advertencia, pero también puede ser el punto de partida para repensar cómo defender lo que es de todas y todos: la playa, el territorio y el derecho a habitar la costa con dignidad.

Esta imagen fue tomada en Playa Negra, llegando al río Hone, donde ya no queda rastro de la tierra oscura: todo es arena ahora. Los árboles que antes crecían allí se han secado por completo. Es un ejemplo claro y doloroso del impacto del avance del mar —cuando el agua salada invade las raíces, la vida desaparece.
Galería de registros sobre la subida del nivel del mar en el Caribe Sur de Costa Rica (2013–2025)

Esta galería reúne una selección de registros fotográficos y audiovisuales realizados por Philippe Vangoidsenhoven, que documentan los impactos visibles del aumento del nivel del mar en la costa del Caribe Sur de Costa Rica, desde la desembocadura del río Hone en Playa Negra hasta el centro de Manzanillo. Entre 2013 y 2025, este monitoreo ha capturado los efectos progresivos de la erosión costera, la pérdida de playas, la caída de árboles, el colapso de infraestructura y otros signos del avance del mar sobre el territorio. Más allá de la evidencia visual, este archivo es testimonio de una realidad vivida por las comunidades costeras, que enfrentan con resiliencia y preocupación los desafíos del cambio climático y la transformación acelerada de su entorno.

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Registro fotográfico 2014

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Registro fotográfico y audiovisual 2020

Registro fotográfico 2021

Registro fotográfico 2023

Registro fotográfico y audiovisual 2023

Registro audiovisual

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Puerto Viejo + Limpio: una comunidad que no se rinde frente a la basura

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La creciente acumulación de residuos en Puerto Viejo, Caribe Sur de Costa Rica, se ha convertido en un problema urgente de salud pública, deterioro ambiental y amenaza al turismo sostenible. Aunque es reconocido por su biodiversidad y riqueza cultural, el distrito enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos, especialmente en zonas turísticas, áreas de difícil acceso y espacios públicos sin señalización ni contenedores adecuados. El resultado: un manejo desbordado de la basura.

Restos de construcción abandonados, residuos orgánicos del comercio y el turismo, materiales peligrosos y desechos domésticos forman parte del paisaje cotidiano. Esta situación daña el entorno, pone en riesgo la vida silvestre y compromete la salud de residentes y visitantes. A ello se suma una débil regulación, escasa conciencia ambiental y limitada participación comunitaria en acciones sostenidas.

Puerto Viejo + Limpio: acción local con impacto colectivo

Como respuesta a la crisis de residuos en el Caribe sur, surge Puerto Viejo + Limpio, un proyecto de voluntariado ambiental que promueve la recolección comunitaria de desechos. Cada lunes a las 8 a.m., personas voluntarias recorren unos 3 km recogiendo residuos ordinarios y peligrosos, con materiales facilitados por la organización.

Aunque con recursos limitados —solo dos personas remuneradas y un promedio de cuatro voluntarios por jornada— el proyecto recolecta unas 60 bolsas aproximadamente bolsas de basura por día de actividad. esta constancia ha sido posible gracias al compromiso de ciertas personas de la comunidad y al apoyo económico solidario de actores locales como comercios y algunos particulares.

En mayo pasado, nueve comercios de Puerto Viejo donaron ₡163.000, lo que permitió cubrir una jornada semanal de limpieza de 8 horas, incluyendo remuneración simbólica y alimentación para el personal. Estos establecimientos son: Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s y Escape Caribeño. Este gesto muestra que, con voluntad compartida, es posible sostener iniciativas que cuidan el bien común.

Puerto Viejo + Limpio no solo recoge basura: visibiliza y moviliza a otras entidades e insittuciones a involucrarse en la problemática. promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la necesidad urgente de mejorar la señalización en playas, así como de fomentar prácticas responsables tanto en la comunidad como en el sector turístico.

No obstante, el proyecto opera con costos ajustados al mínimo necesario: se requiere cubrir alrededor de ₡50.500 por jornada, incluyendo salarios simbólicos, almuerzos, snacks, bolsas, guantes y herramientas básicas. Además, necesita materiales como rastrillos, carretillos, guantes reutilizables y señalización, junto con apoyo para impresión de materiales educativos y ciertos recursos para visibilizar la acción.

Para sostener esta labor, se abren canales de donación directa en especie o por medios electrónicos, y se invita a los comercios locales a aportar con limpieza frente a sus negocios, ofrecer vales de descuento para el voluntariado, o contribuir con productos y refrigerios. También es clave la colaboración en la difusión del proyecto, fortaleciendo su alcance y sensibilización tanto a visitantes como residentes.

En un contexto donde la desatención institucional y la presión turística ponen en riesgo la belleza y salud ambiental de Puerto Viejo, Puerto Viejo + Limpio demuestra que la organización comunitaria sí hace la diferencia. Esta iniciativa es una semilla de cambio que necesita del compromiso de más manos, más voces y más voluntades. Cuidar el entorno no es solo una tarea de unos pocos: es una responsabilidad compartida para proteger lo que nos sostiene. La basura no se esconde, se enfrenta; y hacerlo juntos es la única forma de transformar el presente y asegurar un futuro digno para este territorio.

Turismo sin gestión: la contradicción del paraíso contaminado

La imagen de playas vírgenes, selva exuberante y cultura afrocaribeña vibrante contrasta con la realidad de residuos esparcidos en caminos, ríos y playas. Puerto Viejo es uno de los destinos más visitados del Caribe costarricense, pero la infraestructura para tratar los desechos es insuficiente, deteriorada o inexistente.

El crecimiento turístico ha traído consigo más residuos, pero no una gestión paralela de servicios públicos ni regulación ambiental eficaz. Así, muchos espacios naturales terminan convertidos en vertederos informales, afectando la biodiversidad y también la experiencia del visitante.

Esta contradicción revela una paradoja estructural: un territorio que genera riqueza gracias a su entorno natural, pero que carece de mecanismos sólidos para protegerlo. Es necesario repensar el modelo de desarrollo turístico en el Caribe sur, desde una visión ecológica, justa y sostenible.

El impacto silencioso: residuos en playas y ecosistemas costeros

Las playas y zonas costeras son más que postales turísticas: son ecosistemas frágiles con funciones vitales para la biodiversidad. En Puerto Viejo, donde la línea entre naturaleza y actividad humana es especialmente estrecha, la acumulación de basura amenaza directamente a especies que habitan manglares, ríos, arrecifes y bosques.

Plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones, atrapamientos y pérdida de hábitat en aves marinas, peces, monos o perezosos. Además del impacto ecológico, los residuos degradan la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino.

En un contexto de alta presión turística, la falta de gestión de residuos alimenta un ciclo de deterioro: más visitantes generan más desechos, pero sin cultura ambiental ni infraestructura, los residuos terminan en el mar, las playas y los senderos.

La limpieza costera no es un asunto estético: es una acción urgente para proteger los bienes comunes, la salud pública y el sustento económico de toda una región.

Puerto Viejo + Limpio en cifras: mayo 2025

Dimensiones

Datos

Periodo reportado

mayo de 2025

Total de bolsas recolectadas

254 bolsas

Días de recolección

Lunes por la mañana (8:00 a.m.)

Duración de la jornada

8 horas

Promedio de voluntarios

4 personas por jornada

Personas remuneradas

2 personas (una jornada semanal)

Zonas de recolección

Playa Negra, Playa de Puerto Viejo, Sendero a Cocles, vía urbana

Total de donaciones (mayo)

₡163.000

Comercios donantes (9)

Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s, Escape Caribeño

Apoyo destacado

Como en mi casa costeó semanalmente una jornada de 8 horas

Organización

Grupo Puerto Viejo + Limpio

Contacto: +506 6242 4859

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Cuando el control se va, el daño queda: tala autorizada por orden judicial terminó agravando el impacto ambiental en terrenos del AyA

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Gracias al seguimiento constante del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, se ha documentado un caso alarmante de tala autorizada por orden judicial en terrenos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en una zona de humedales de alta fragilidad ecológica. Lo que debía ser una intervención controlada y técnica terminó derivando en malas prácticas: árboles talados desde la base, vegetación arrasada y afectación a ejemplares que no estaban contemplados en la resolución. Esta situación revela una peligrosa desconexión entre lo que dictan los tribunales y lo que ocurre realmente en el terreno.

Tras esta denuncia inicial sobre irregularidades en la tala de árboles en zonas ecológicamente frágiles, voces vecinales confirman que las prácticas cuestionadas no se detuvieron; por el contrario, se agravaron. Según el testimonio de una persona residente cercana, luego de una primera fase de supervisión por parte de profesionales del AyA y técnicos forestales, el proceso quedó completamente en manos de la empresa taladora. Fue entonces cuando se ejecutaron las peores prácticas: árboles que debían ser cortados cuidadosamente fueron derribados de forma violenta, provocando el arrastre de vegetación secundaria y la caída de al menos siete árboles jóvenes adicionales.

La tala, que inicialmente debía intervenir ocho árboles de forma progresiva y regulada, terminó afectando al menos quince, según cálculos de personas vecinas. Este abuso responde, en parte, a la ausencia de supervisión institucional una vez que los responsables se retiraron del sitio. “Cuando ya no vinieron los del AyA, ellos tumbaron los árboles a lo bruto”, señaló la persona denunciante.

Estos hechos revelan un patrón preocupante: las empresas contratadas incumplen los protocolos ambientales tan pronto dejan de ser observadas, y las instituciones no garantizan un seguimiento riguroso que asegure la ejecución responsable de las disposiciones judiciales. Frente a esta omisión, la vigilancia comunitaria ha sido clave para documentar lo que ocurre realmente en el terreno, alertar a la Fiscalía Ambiental y defender activamente el ecosistema local.

Actualmente, las acciones de tala se encuentran paralizadas y todo el material extraído permanece en el terreno del AyA. Esto ha sido posible gracias a la intervención de la Fiscalía Ambiental, que actuó tras recibir denuncias y evidencia sobre el incumplimiento de los protocolos. Si bien la tala ya provocó un daño significativo, esta pausa representa un respiro momentáneo y evidencia el impacto que puede tener la articulación entre la vigilancia comunitaria y las instituciones cuando se responde con prontitud.

La situación exige respuestas institucionales claras: no basta con dictar medidas desde el escritorio si no se vigila su cumplimiento. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta, demostrando que la defensa ambiental no descansa.

Sin vigilancia, el daño avanza

En este caso, la tala fue autorizada mediante una resolución judicial, lo que implicaba una obligación reforzada para garantizar su cumplimiento conforme a derecho y bajo estrictas medidas ambientales. Sin embargo, la falta de seguimiento institucional permitió que se actuara de forma contraria a lo establecido. La salida temprana de los funcionarios del AyA y del equipo técnico dejó la ejecución en manos de la empresa contratada, que incumplió los protocolos al talar árboles de forma entera, sin aplicar las prácticas progresivas estipuladas para evitar daños colaterales.

Este tipo de omisión no solo representa una falla administrativa, sino también una vulneración a los principios de legalidad y protección ambiental. Cuando las instituciones no garantizan la ejecución adecuada de las disposiciones judiciales, se corre el riesgo de que medidas excepcionales terminen causando un impacto ambiental mayor al que pretendían corregir. La ausencia de monitoreo no puede normalizarse. Urge que los entes públicos asuman su rol con seriedad, asegurando mecanismos de fiscalización continua y rendición de cuentas que eviten que estas prácticas se repitan.

Del papel al terreno: la desconexión que permite el daño

La situación vivida en los terrenos del AyA expone una falla estructural que va más allá de un caso puntual: la brecha entre las resoluciones judiciales y su cumplimiento efectivo en el territorio. Las decisiones tomadas desde los despachos, aunque formalmente legítimas, muchas veces no consideran las condiciones reales del entorno ni cuentan con mecanismos adecuados para garantizar su aplicación responsable. Esta desconexión deja espacio para que actores privados, como las empresas contratadas, actúen sin control, tergiversando el espíritu de la resolución y generando impactos mayores a los que se pretendía mitigar.

El caso también revela cómo el lenguaje técnico y jurídico puede volverse cómplice del deterioro ambiental cuando no está acompañado de una fiscalización efectiva. En contextos de alta fragilidad ecológica, no basta con autorizar medidas “controladas” si no se cuenta con estructuras que aseguren su cumplimiento integral, en tiempo real y con rendición de cuentas clara.

Frente a esta realidad, urge repensar el rol de las instituciones: no como simples emisoras de permisos o fallos, sino como garantes activos de la justicia ambiental. Y sobre todo, reconocer el papel insustituible que tienen las comunidades en alertar, documentar y exigir que lo dictado en el papel se traduzca en acciones reales que protejan la vida y el territorio.

Aquí pueden leer las notas de seguimiento de este caso:

Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.