Desde los territorios indígenas Bribri y Cabécar de Talamanca seguimos observando con preocupación múltiples dificultades para acceder a una atención médica digna, oportuna y ajustada a la realidad de nuestras comunidades.
Las situaciones que viven muchas familias no son casos aislados. Son experiencias que se repiten y que revelan profundas limitaciones del sistema de salud cuando este intenta responder desde protocolos rígidos, sin considerar las condiciones sociales, geográficas, económicas y culturales propias de los territorios indígenas.
Adultos mayores, personas con padecimientos complejos y familias enteras enfrentan obstáculos para recibir tratamientos, medicamentos o seguimiento médico adecuado. En algunos casos, el personal de salud expresa tener voluntad de ayudar, pero señala que no cuenta con recursos suficientes, medicamentos específicos, camillas, transporte o posibilidades de actuar fuera de lo que permiten los protocolos institucionales.
La situación de doña Matilde Fernández, así como otros casos que viven cotidianamente las comunidades, deja preguntas urgentes:
- ¿Por qué continúan existiendo barreras para recibir atención médica adecuada en los territorios indígenas?
- ¿Cómo es posible que una persona deba desplazarse largas distancias para recibir un medicamento que no existe en su EBAIS?
- ¿Por qué los protocolos parecen imponerse sobre las necesidades humanas y comunitarias?
- ¿No deberían las instituciones adaptar sus mecanismos de atención a la realidad territorial de Talamanca?
Estas preocupaciones no surgen únicamente desde la experiencia comunitaria. También encuentran respaldo en el marco jurídico nacional e internacional que obliga al Estado costarricense a garantizar una atención diferenciada y culturalmente pertinente para los pueblos indígenas.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.º 7316, establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas servicios de salud adecuados o proporcionarles los medios que les permitan organizar y prestar dichos servicios bajo su propia responsabilidad y control.
Además, el artículo 25 de dicho convenio señala que los servicios de salud deben organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario y planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales.
Precisamente ahí surge una profunda preocupación e indignación para las comunidades indígenas de Talamanca. Porque si un Estado como el costarricense —que históricamente ha proyectado una imagen internacional de institucionalidad, cobertura social y compromiso con los derechos humanos— continúa teniendo tantas dificultades para hacer efectiva esa “medida de lo posible”, entonces es necesario preguntarse qué lugar ocupan realmente los territorios indígenas dentro de las prioridades nacionales.
¿Cómo puede seguir considerándose “difícil” adaptar servicios de salud a las realidades territoriales cuando existen obligaciones legales, tratados internacionales ratificados y décadas de experiencia institucional acumulada? ¿Por qué sigue pareciendo excepcional o inviable construir mecanismos de atención acordes con las condiciones culturales y geográficas de los pueblos indígenas, cuando precisamente eso es lo que establecen los compromisos internacionales asumidos por el país?
Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo que se cumpla un derecho reconocido por la legislación nacional e internacional: recibir atención médica pertinente, accesible y humanamente adecuada a sus condiciones de vida.
La Constitución Política de Costa Rica también reconoce el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana como principios fundamentales que deben orientar toda acción institucional. A esto se suma la obligación de las instituciones públicas de garantizar igualdad real en el acceso a servicios esenciales, especialmente para poblaciones históricamente excluidas.
Por ello, resulta necesario preguntarse si los actuales protocolos institucionales realmente responden a las condiciones del territorio indígena o si, por el contrario, terminan profundizando barreras de acceso y exclusión.
No se trata de señalar únicamente al personal médico o administrativo, que muchas veces también trabaja bajo limitaciones estructurales. Se trata de reconocer que existe un problema más profundo que requiere voluntad institucional, diálogo y soluciones construidas junto a las comunidades.
Por eso consideramos urgente abrir una mesa de diálogo territorial donde participen comunidades indígenas, personal de salud, autoridades de la CCSS e instituciones vinculadas, con el fin de identificar obstáculos reales y construir mecanismos de atención más humanos, pertinentes y accesibles.
La salud no puede depender únicamente de protocolos que desconocen la realidad de los territorios. La salud debe partir del respeto a la dignidad humana, del reconocimiento cultural y de la responsabilidad del Estado de garantizar atención para todas las personas.
Colectivo Antonio Saldaña
Talamanca, Costa Rica
13 de mayo del 2026
¿Quién fue Antonio Saldaña?
