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La vida campesina aún importa: estudiantes visitan Finca Dos Ríos en Guácimo

Ni la lluvia intensa de esa mañana pudo detener la visita de la clase de Economía Política Global y Desarrollo de la Escuela de Ciencias Políticas a la Finca Dos Ríos en el cantón de Guácimo. En medio de caminos complicados y realidades invisibilizadas, el grupo de estudiantes universitarios compartió con familias campesinas que, desde hace más de dos décadas, resisten en condiciones de abandono institucional y violencia estructural.

La Finca Dos Ríos es un ejemplo palpable de cómo la injusticia no se vive en abstracto, sino en cada cultivo sin certeza de cosecha, en cada vivienda improvisada por miedo al desalojo, en cada año que pasa sin que el Estado brinde respuestas efectivas. Desde que una empresa bananera abandonó la finca, trabajadores y trabajadoras quedaron a su suerte, sin derechos reconocidos y en medio de procesos judiciales interminables. Hoy, muchas de esas personas siguen luchando por el derecho a existir en el territorio que han cultivado durante décadas.

Durante la visita, los estudiantes conocieron a líderes campesinos que vienen defendiendo sus derechos, quienes compartieron el largo trayecto de resistencia colectiva: desde la ocupación legítima de tierras abandonadas, hasta la construcción de caminos con sus propias manos. Este intercambio evidenció la fragilidad jurídica en la que viven estas familias, pero también su fuerza organizativa y su defensa del territorio como un bien común.

La responsabilidad de una universidad pública no se agota en el aula: se extiende hacia el compromiso con las voces campesinas, que no solo denuncian injusticias, sino que construyen conocimientos, propuestas y formas de vida sostenibles. Frente a un modelo que tiende a privatizar y mercantilizar la tierra, las comunidades de Finca Dos Ríos nos recuerdan que ésta no es solo un recurso, sino la base de la dignidad, la soberanía alimentaria y la justicia social.

La pregunta que queda flotando tras la visita no es solo por el futuro de estas familias, sino también por el futuro de una universidad que se desentienda de estos territorios: ¿puede una institución pública considerarse comprometida si ignora a quienes sostienen con su esfuerzo los alimentos que consumimos día a día?

Más allá del aprendizaje académico, la experiencia representó un ejercicio concreto de diálogo entre universidad pública y sectores históricamente marginados. En palabras de varios estudiantes, la visita permitió cuestionar el papel de la universidad en una sociedad profundamente desigual. ¿Es posible una educación crítica si se desconoce el sufrimiento cotidiano de quienes enfrentan la exclusión desde sus parcelas?

Cuerpos marcados por el abandono: una reflexión desde la piel de la ruralidad

En los rostros cansados, las manos curtidas y las enfermedades no tratadas, se manifiesta de forma cruda cómo el proyecto económico dominante y las decisiones de política pública han marcado los cuerpos campesinos. No es solo la tierra la que sufre el abandono, es también el cuerpo humano el que carga las huellas de décadas de políticas que han priorizado la concentración de la riqueza, la exportación agroindustrial y la urbanización, mientras despojan al campo de inversión, acceso a salud, agua o caminos transitables. Las enfermedades respiratorias por la humedad de casas inadecuadas, los dolores crónicos sin atención médica, el desgaste físico de quienes siembran sin maquinaria ni garantías legales, todo habla de un modelo que ve a la ruralidad como un excedente, como un paisaje que se explota o se ignora. En Finca Dos Ríos, el cuerpo campesino no es solo un testimonio vivo de trabajo, sino también un archivo de la exclusión y una trinchera de resistencia cotidiana frente a un Estado que no llega, y un mercado que sólo aparece para desalojar.

Contra la economía del despojo: por una economía centrada en la vida

La realidad de Finca Dos Ríos es el reverso silenciado del relato de éxito de la economía global dominante. Mientras el discurso oficial celebra el crecimiento, la inversión extranjera y las cadenas globales de valor, en los márgenes rurales se acumulan las consecuencias: abandono estatal, precariedad persistente y una vida campesina criminalizada o invisibilizada. Esta economía —basada en la lógica del extractivismo, la privatización y la mercantilización de la tierra y la vida— no reconoce el valor de las personas fuera de su productividad monetizable, ni el valor de la naturaleza más allá de su rentabilidad.

En este marco, la tierra deja de ser espacio de vida para convertirse en activo de especulación. La comunidad es reemplazada por el individuo competitivo. La producción campesina se ve desplazada por monocultivos exportables. La economía se vuelve un fin en sí mismo, sin arraigo, sin ética, sin mundo común.

Frente a esto, la experiencia de lucha en Finca Dos Ríos es también una propuesta. Es un recordatorio de que otra economía es posible: una que no se mida solo en índices financieros, sino en bienestar colectivo, cuidado del territorio, y vínculos que sostienen la vida. Una economía que reconozca a la tierra como un bien común, y a la persona humana como sujeto de derechos y no solo como fuerza de trabajo o consumidor.

Esta visión exige descentrar al mercado como principio organizador de la vida. No para reemplazarlo por una estatalidad omnipresente, sino para abrir paso a otras formas de organización social y económica, donde las decisiones se tomen desde abajo, desde las comunidades que habitan y cuidan los territorios. Donde el valor no se mida solo en dinero, sino en dignidad, autonomía, reciprocidad y sostenibilidad.

Derecho a la tierra, luchas campesinas y descolonización de la universidad

El derecho a la tierra no es solo una demanda legal; es una afirmación de vida digna, autonomía y justicia histórica. En territorios como Finca Dos Ríos, la tierra es más que un recurso económico: es sustento, identidad, espacio de memoria y proyección de futuro. Las luchas campesinas por la permanencia en sus parcelas, por el reconocimiento de su trabajo y su vínculo con el territorio, nos interpelan como sociedad y, especialmente, como universidad pública.

En cada paso por los caminos de tierra abiertos por la comunidad, en cada palabra dicha bajo la lluvia por quienes siguen cultivando pese al despojo, se revela una verdad incómoda: la universidad, muchas veces, ha estado más cerca del archivo y de la técnica, que de las comunidades que sostienen la soberanía alimentaria del país. Pero encuentros como el vivido en Guácimo muestran que otra universidad es posible: una que se descentra, que descoloniza sus métodos y saberes, que escucha y se deja transformar.

Acompañar estas luchas no significa resolver de inmediato sus conflictos, pero sí implica asumir un compromiso activo por visibilizarlas, por generar conocimiento desde el diálogo y por reconocer que la palabra campesina también es lugar de saber. En tiempos donde la universidad corre el riesgo de volverse una burbuja técnica, indiferente a las desigualdades estructurales, el intercambio con las comunidades rurales representa una oportunidad para repensar su función social, su raíz pública y su capacidad de contribuir a la transformación de un país más justo y plural.

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Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega


En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

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¿Qué significa resistir en el campo cuando la justicia no llega? Conversamos con Mariano Zúñiga

En esta nueva entrega del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP-UCR, visitamos la finca Dos Ríos  y conversamos con don Mariano Zúñiga Pérez, presidente de la Asociación de Productores de la finca Dos Ríos El Camaroncito. Su testimonio es una radiografía cruda y honesta de lo que implica habitar y sostener la vida en territorios donde las instituciones fallan, donde el acceso al agua, a caminos dignos y a la seguridad jurídica son una lucha diaria.

Con serenidad, pero con firmeza, don Mariano nos habla de años de gestiones sin respuesta, de la paciencia activa de quienes siguen sembrando y cuidando la tierra mientras esperan justicia.

🎧 Escuchá esta conversación y acompañanos a sentir y entender los saberes y resistencias que florecen en medio de la adversidad.

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Inseguridad Jurídica y Abusos: La Dura Realidad de Finca Dos Ríos

Campesinos denuncian amenazas de desalojo y venta irregular de tierras en Finca Dos Ríos, Guácimo de Limón

La comunidad campesina de Finca Dos Ríos, en Guácimo de Limón, una zona afectada por inundaciones, enfrenta una grave situación de despojo y amenazas de desalojo. Tras perder sus cultivos el año pasado, desde hace años se han visto obligados a comprar sus propias tierras, tras haber sido víctimas de la inseguridad jurídica derivada del abandono y engaño sufrido por una compañía bananera que quebró a inicios de los años 2000. Dicha empresa se retiró sin pagar las prestaciones a sus trabajadores, quienes se vieron forzados a tomar las tierras para sobrevivir. Ahora, enfrentan la presión de comprarlas nuevamente a precios elevados y bajo condiciones irregulares. Esta información ha sido recopilada a partir de testimonios de personas que viven esta realidad y que han decidido alzar su voz ante la injusticia que enfrentan.

Venta forzada y amenazas

Los campesinos denuncian que se les está obligando a comprar tierras que han trabajado por años, bajo la amenaza de ser desalojados. Aseguran que los vendedores no cuentan con documentación legal que los acredite como propietarios legítimos y que muchas de las transacciones se realizan sin transparencia. Además, mencionan que las tierras que se les ofrecen a precios exorbitantes son las mismas que ellos han trabajado y mejorado durante años. En algunos casos, quienes han intentado regularizar su situación han sido rechazados sin motivo aparente, quedando en una situación de incertidumbre total.

Los testimonios recogidos indican que algunas personas han sido amenazadas directamente por quienes intentan vender las tierras, recibiendo presiones constantes para que abandonen sus hogares. Otros han sido notificados con órdenes de desalojo sin haber tenido acceso a un proceso legal claro ni la posibilidad de defender sus derechos.

Procesos judiciales detenidos

Los afectados también señalan que los juicios relacionados con estas tierras han sido suspendidos en varias ocasiones sin explicación convincente, lo que impide su acceso a la justicia. A pesar de presentar pruebas y argumentaciones en su defensa, los procesos no avanzan, dejando a las familias en un estado de indefensión. Según los testimonios, existe una percepción de corrupción y manipulación en estos procesos, lo que genera aún más incertidumbre y temor en la comunidad.

En algunos casos, personas que han intentado ponerse al día con pagos y acuerdos han visto cómo, de manera repentina, se les rechazan los pagos o se les devuelven las cuotas ya abonadas, dejándolos sin opciones para regularizar su situación. Estos eventos irregulares generan gran incertidumbre en la comunidad, ya que evidencian la falta de un proceso claro y justo. La arbitrariedad en la aceptación o rechazo de pagos parece responder a la falta de regulación y a la suma de omisiones institucionales, lo que deja a los campesinos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Resistencia y llamado a la solidaridad

A pesar de las amenazas y la incertidumbre, la comunidad sigue resistiendo y buscando apoyo para frenar estos desalojos. Muchos llevan décadas luchando por sus tierras y no están dispuestos a ceder ante presiones que consideran injustas. En los testimonios recogidos, las personas afectadas expresan su temor, pero también su determinación de seguir defendiendo su derecho a la tierra.

Los campesinos hacen un llamado a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos para que investiguen estos casos y detengan estas prácticas que los ponen en riesgo. Piden que se garantice un proceso justo y que se respete su derecho a vivir y trabajar en las tierras que han habitado y cultivado por generaciones.

Esta denuncia busca visibilizar una problemática que afecta a muchas familias campesinas y que sigue ocurriendo en silencio. La comunidad espera que su situación sea escuchada y atendida antes de que más personas sean despojadas de sus hogares y su medio de vida.

El acceso a la tierra y la legislación en Costa Rica

El acceso a la tierra es un derecho fundamental para las personas campesinas, ya que les permite garantizar su sustento, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico. En Costa Rica, la Constitución y diversas leyes reconocen el derecho de los trabajadores agrícolas a acceder a tierras productivas, especialmente cuando han sido ocupadas y trabajadas de manera legítima por largos periodos. Sin embargo, la inseguridad jurídica y la falta de regulación han generado múltiples conflictos en comunidades rurales, donde familias campesinas han sido despojadas de tierras que han habitado y cultivado durante generaciones.

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) es la institución encargada de promover el acceso a tierras para personas en condición de vulnerabilidad y de velar por la regularización de asentamientos campesinos. No obstante, la falta de cumplimiento efectivo de estas políticas ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre legal, a merced de actores privados que buscan apropiarse de los terrenos mediante prácticas irregulares.

Es crucial que el Estado costarricense garantice el acceso justo a la tierra y brinde seguridad jurídica a las comunidades campesinas, asegurando que sus derechos sean protegidos y que se ponga fin a los abusos que ponen en riesgo su estabilidad y medios de vida.

Normativa internacional sobre el derecho a la tierra y su reconocimiento en Costa Rica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la tierra y la protección de las comunidades campesinas frente al despojo y la inseguridad jurídica. Entre estos, destacan:

  • Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP): Este instrumento reconoce el derecho de los campesinos a la tierra, a condiciones de vida dignas y a la protección contra desalojos forzosos e injustos.
  • Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales: Aunque dirigido principalmente a pueblos indígenas, este convenio protege los derechos sobre tierras y territorios, enfatizando la consulta previa y el respeto a los derechos adquiridos de las comunidades rurales.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): Este tratado obliga a los Estados a garantizar el acceso a la tierra y medios de producción como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.
  • Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ambos instrumentos establecen el derecho a la propiedad y la protección contra la privación arbitraria de bienes.

A pesar de estos compromisos, en la práctica muchas comunidades campesinas en Costa Rica enfrentan dificultades para acceder y mantener sus tierras. La falta de implementación efectiva de estos tratados y la omisión de las autoridades para garantizar el acceso equitativo a la tierra han dejado a muchas familias en una situación de vulnerabilidad y desprotección.

La Importancia de Proteger el Modo de Vida Campesino en Costa Rica

El modo de vida campesino es esencial para Costa Rica, ya que garantiza la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y la identidad cultural del país. Los campesinos son guardianes de la biodiversidad y productores de alimentos básicos, contribuyendo a la soberanía alimentaria y a la economía local. Además, su conocimiento tradicional sobre la tierra y los ecosistemas ayuda a mitigar el cambio climático. Proteger sus derechos, garantizar el acceso a la tierra y fomentar políticas de apoyo es clave para un desarrollo sostenible y equitativo.

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Finca Dos Ríos: La lucha campesina por la tierra como bien común

La lucha por la tierra como bien común es el eje central del documento «Derecho a la Tierra en Finca Dos Ríos de Guácimo». A través del caso de esta finca ubicada en Guácimo, Limón, se analizan las tensiones entre las comunidades campesinas, que buscan garantizar su derecho a la tierra, y los intereses económicos que impulsan su privatización.

¿Por qué leerlo?
Este documento ofrece una mirada profunda y crítica sobre cómo las familias campesinas, a pesar de las amenazas de desalojo y el abandono estatal, han logrado gestionar la tierra de manera solidaria. Además, resalta la importancia de fortalecer el marco legal para proteger los bienes comunes y promover políticas públicas inclusivas que garanticen la seguridad alimentaria y la justicia social.

Accede al documento completo y descubre cómo las comunidades campesinas están transformando la adversidad en resistencia y esperanza.

Pueden descargar el documento aquí.

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Campesinado en Finca Dos Ríos ¿Aún tiene relación la tierra y la justicia social?

Conversamos con Bolívar Méndez para conocer de cerca el contexto que viven las personas campesinas en la Finca Dos Ríos en Guácimo de Limón (Costa Rica), él fue trabajador bananero, la empresa dónde trabajó hace más de 25 años se dio a la quiebra y le quedaron debiendo salario, vacaciones y prestaciones, a pesar de esta situación, decidió trabajar la tierra y producir el alimento que muchas personas se llevan a su mesa ¿Qué está pasando con estas personas campesinas? ¿Se reconoce el trabajo de estas personas y la deuda que se acumuló? Reflexionamos sobre justicia social y campo.

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Alianza Campesina Informa: Amenaza desalogo La Guaria – Hugo Sandoval

La Alianza Campesina del Norte llama la atención sobre la amenaza de desalojo que existe sobre el asentamiento La Guaria.

Hugo Sandoval nos informa sobre las implicaciones de un desalojo a partir de la reciente experiencia de Monteverde y nos expone es la propuesta que plantea la Alianza Campesina que el gobierno de Costa Rica ha ignorado.

Compartimos algunos videos que nos hace llegar las personas campesinas de La Guaria:

Enlaces de interés:

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Alianza Campesina Informa: Desalojo en Monteverde tensiones y omisiones presentes

   
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La Aliazan Campesina nos informa sobre la situación que está enfrentando el Asentamiento de Monteverde ante un nuevo desalojo ¿Qué pasó? ¿Qué implicaciones representa para las personas? ¿Qué papel está teniendo el Estado? Nos presenta la información Hugo Sandoval de la Alianza Campesina para comprender el contexto y las tensiones que hoy están enfrentado.

 

Para mantenerse informado recomendamos seguir el Facebook de la Alianza Campesina.

Recorrido realizado por Hugo Sandoval:

Descripción de la situación actual por parte de Hugo Sandoval.

Galería, fotos aportadas a través del Facebook de la Alianza Campesina y Hugo Sandoval.
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Alianza Campesina Informa: 18 de julio del 2023 Desalojo del Asentamiento de Monteverde

   
¿Justicia para quién?

El pasado 18 de julio del 2023, se ejecutó el desalojo del Asentamiento de Monteverde por parte de la Fuerza Pública y seguridad privada. A través de la destrucción de las casas y cultivos se quiere amedentrar a las personas campesinas. Este desalojo se hace en el marco de las negociaciones con el INDER que la Alianza ha venido impulsando desde el 2022 para que reconozca declaratoria de interés público esta problématica,  para suspender los desalojos, y se inicien procesos de compra de la tierra.

La problemática de fondo, es el derecho a la tierra para las personas campesinas, que actualmente están siendo violentados y marginada su situación de deterioro. Además, el reconocimiento de la tierra campesina, es otra forma más para luchar contra el hambre y la crisis socioecológica, dado que las formas y modos de trabajo del campesino, responden a formas sostenibles de producción, pero también de protección de la biodiversidad y patrimonio cultural.

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Fotos del Asentamiento y del día del Desalojo

Algunos videos que nos ayudan a comprender el contexto

Momentos del desalojo

¿Qué es un desalojo?

¿Cuál es la situación de las negociaciones con el INDER?

¿Cómo se vive en el Asentamiento Monteverde?