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Democracia en jaque: el Joker en las urnas

El Observatorio de Bienes Comunes presenta su Documento de Trabajo N.° 15: El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (setiembre 2025).

Este material propone una reflexión urgente sobre los desafíos de la democracia en tiempos de polarización y desigualdad, utilizando la metáfora del Joker en El Caballero Oscuro como una lente provocadora para comprender fenómenos políticos actuales. Lejos de reducirse a un análisis cinematográfico, el documento conecta la ficción con la realidad, cuestionando por qué figuras que encarnan la rabia social, la ruptura con las reglas y el espectáculo del caos logran legitimidad en los procesos electorales.

🔎 Aportes principales
  • Desigualdad y polarización como caldo de cultivo: muestra cómo la concentración de riqueza, la exclusión y la desconfianza institucional crean terreno fértil para el ascenso de candidaturas antisistema.

  • El fenómeno del Joker político: analiza cómo ciertos liderazgos se nutren más de la capacidad de representar el enojo social que de sus propuestas programáticas.

  • Elecciones como válvula y riesgo: el voto puede ser un mecanismo de desahogo, pero también alimentar ciclos de frustración que debilitan las instituciones.

  • Reflexión crítica y pedagógica: ofrece ejercicios prácticos y preguntas abiertas para el debate académico, ciudadano y comunitario.

📝 Elementos destacados
  • Ejercicios pedagógicos: como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el semáforo democrático para evaluar candidaturas.
  • Ejemplos internacionales: incluye referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, identificando patrones comunes de atracción por lo disruptivo.
  • Preguntas guía: entre ellas, ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan?, ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?

  • Lecciones del caos: plantea que las candidaturas tipo Joker son síntomas de democracias frágiles, y que la salida no es culpabilizar a los votantes, sino enfrentar las deudas sociales e institucionales que alimentan su legitimidad.

Relevancia del documento

En el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, este documento se vuelve una herramienta clave para fomentar un diálogo público informado sobre la calidad de la democracia. Su mayor aporte es que no se centra en condenar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de salidas caóticas o autoritarias. Así, abre la invitación a la academia, movimientos sociales y ciudadanía a construir alternativas democráticas sólidas, justas y sostenibles.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Elecciones 2026: Claves socioambientales para una lectura crítica del momento electoral

Los contenidos que aquí compartimos son el resultado de un proceso colectivo de diálogo, reflexión y construcción vivido en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Cada idea, herramienta y aprendizaje recogido en los boletines Demo-crítica nació de la conversación entre las distintas personas participantes: comunidades, organizaciones, colectivos y personas interesadas en pensar críticamente la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones cerradas, estos aportes son semillas colectivas que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social de cara a las elecciones 2026 y más allá de ellas.

Las elecciones nacionales del 2026 se acercan en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, criminalización de la protesta y discursos políticos que, muchas veces, maquillan con etiquetas verdes proyectos de despojo. Desde el Curso-Taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”, diferentes personas y colectivos nos dimos a la tarea de desarmar esas narrativas, reconocer sus trampas y construir herramientas de análisis desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los hallazgos centrales es que la democracia costarricense no se agota en las urnas. Aunque el discurso oficial presenta al país como ejemplo regional, lo cierto es que la captura del poder por élites económicas, la exclusión de voces comunitarias y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática cada vez más evidente. Frente a ello, la democracia debe pensarse y practicarse de manera cotidiana, en la defensa del agua, de los territorios indígenas, de los ríos y bosques, y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

El curso evidenció cómo conceptos como modernización, sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde son usados como ropajes para legitimar proyectos extractivos: monocultivos certificados, megaproyectos turísticos, hidroeléctricas o infraestructura “verde” que profundizan desigualdades. Lo que se presenta como progreso suele significar despojo territorial, privatización de bienes comunes, desplazamientos y gentrificación.

Criminalización de la protesta

La protesta social, reconocida internacionalmente como derecho democrático, hoy se enfrenta a procesos de deslegitimación social, legal y mediática. Desde la Ley Antihuelgas hasta la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú, el marco institucional ha debilitado la protección de defensoras y defensores ambientales. Además, persisten amenazas y violencias directas, como lo recuerdan los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera. Reconocer que la protesta es motor de democracia, y no amenaza, es una de las claves para el 2026.

Herramientas para el análisis electoral

El taller produjo instrumentos colectivos que pueden orientar la lectura crítica del próximo proceso electoral:

  • Matrices de análisis que permiten detectar trampas discursivas, beneficiarios reales de proyectos y los impactos sobre los territorios.

  • La hoja de ruta de exigencias ambientales 2026, entendida no como una lista de reclamos, sino como un horizonte político de continuidad, organización y vigilancia ciudadana.

  • Estrategias de comunicación diversa, que combinan lo digital, lo comunitario, el humor y el arte, recordándonos que disputar sentidos es parte de la acción política.

Lo que no debe pasar desapercibido

En tiempos de campaña, los silencios estratégicos son tan importantes como las promesas. Callar sobre minería, monocultivos, turismo desbordado, conflictos por el agua o criminalización de defensores es parte de una estrategia política que beneficia al extractivismo. Nombrar esas ausencias es tarea ciudadana.

Más allá de las urnas

El curso cerró con una convicción clara: el poder real no se agota en el voto. La construcción de alternativas socioambientales depende de la organización colectiva, la vigilancia permanente y la capacidad de disputar sentidos frente al marketing político.

Las elecciones 2026 serán un escenario clave, pero no definitivo. Los aprendizajes compartidos nos recuerdan que la democracia y la justicia ambiental se juegan todos los días en los territorios, en la calle, en las comunidades y en la memoria de luchas que nos preceden.

Nuestros aprendizajes

Boletín 1 – Democracia y bienes comunes en disputa (8 de agosto, 2025)

Este primer boletín abre la reflexión sobre cómo la democracia no se limita al voto, sino que se vive cotidianamente en la defensa de bienes comunes como el agua, las semillas y la biodiversidad. Se reconocen los límites del sistema político actual —capturado por élites económicas y atravesado por exclusiones— y se exploran perspectivas alternativas como el ecofeminismo, el anticolonialismo y la participación radical. Además, se presenta la primera matriz de análisis político-socioambiental, una herramienta práctica para leer críticamente los discursos electorales.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 2 – Discursos verdes y desigualdades socioambientales (23 de agosto, 2025)

El segundo boletín desenmascara las narrativas de desarrollo, sostenibilidad y modernización, mostrando que muchas veces se traducen en despojo, gentrificación y privatización de bienes comunes. El análisis colectivo evidenció que conceptos como “crecimiento verde” o “turismo sostenible” esconden desigualdades y violencias en los territorios. Como aporte metodológico, se comparte una matriz de desigualdades socioambientales, útil para identificar beneficiarios reales, impactos territoriales y alternativas invisibilizadas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 3 – Criminalización de la protesta y organización social (29 de agosto, 2025)

Este boletín profundiza en cómo la protesta social, lejos de ser reconocida como derecho democrático, enfrenta un proceso creciente de criminalización y estigmatización. Se analizan las estrategias de silenciamiento —desde leyes restrictivas hasta amenazas informales— y se resalta la dimensión emocional de la lucha, con cargas de rabia, impotencia y desgaste. La experiencia con el Teatro del Oprimido mostró cómo la organización se vivencia en la práctica. Además, se propone una matriz para analizar la criminalización de la protesta, orientada a diseñar respuestas colectivas y fortalecer la legitimidad de las luchas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 4 – Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios (5 de septiembre, 2025)

El último boletín recoge los aprendizajes del proceso y plantea la hoja de ruta de exigencias ambientales como un instrumento político vivo: no solo para dialogar con partidos, sino para organizar, exigir y vigilar desde los territorios. Se enfatiza la importancia de reconocer emociones, tensiones internas y el poder de los discursos, al tiempo que se ensayan estrategias de comunicación diversa —del humor al teatro, de los boletines a lo digital—. El cierre del curso dejó un mensaje claro: frente a las elecciones 2026, la creatividad, el cuidado mutuo y la organización comunitaria son claves para sostener la democracia y la justicia socioambiental.

Puede descargar el boletín aquí.

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Entre la elección y la simulación: una invitación a pensar las elecciones 2026 en Costa Rica

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra presenta el Documento de Trabajo N.° 14, Entre la elección y la simulación. Inspirado en la serie El juego del calamar, el texto utiliza la ficción como espejo crítico de la democracia costarricense: aparentes elecciones, estructuras ocultas de poder y una ciudadanía que participa dentro de un tablero diseñado por otros.

¿Por qué hablar de “juego”?

La publicación parte de una idea provocadora: la democracia puede funcionar como un “juego” donde los votantes aceptan reglas ya escritas. Aunque el voto se presenta como un acto libre y decisivo, muchas veces las opciones son limitadas, la información está filtrada y la participación real se reduce a rituales simbólicos.

“Frente a ti, una urna. A tu alrededor, propaganda, encuestas, debates vacíos. Te piden decidir. Pero nadie te dijo quién eligió a los candidatos ni quién financia sus campañas”.

Niveles del juego democrático

El cuaderno recorre varias dimensiones de este proceso electoral:

  • La ilusión de elegir: cuando las alternativas están predefinidas y los programas apenas varían en lo esencial.

  • Opinión bajo vigilancia: el papel de algoritmos, medios y encuestas en moldear lo que pensamos.

  • Participar sin poder: mecanismos de consulta o cabildos sin impacto real en las decisiones.

  • Romper el juego: pensar en nuevas reglas, desde abajo, con organización popular y autogestión.

Una mirada histórica

El documento también recuerda que la democracia costarricense nunca fue inclusiva desde el inicio. El voto pasó de ser un privilegio para hombres con propiedades a un derecho conquistado por mujeres, sectores populares e indígenas.

“Sí, el acceso es universal. Pero el laberinto sigue teniendo trampas invisibles”.

Este recorrido evidencia que cada ampliación democrática fue fruto de luchas sociales, no de concesiones desde arriba.

Hacia otras formas de democracia

La reflexión no se queda en la crítica. El cuaderno plantea rutas para construir un horizonte distinto:

  • Informarse críticamente y no depender solo de medios corporativos.

  • Participar organizadamente en colectivos, asambleas y redes comunitarias.

  • Ejercer el poder desde abajo mediante la autogestión y la deliberación en los territorios.

  • Promover procesos constituyentes que cambien las reglas del juego.

  • Educar políticamente para que el conocimiento sea un bien común.

“La verdadera democracia no se reduce a votar cada cuatro años. Supone construir poder colectivo, desde abajo, con otros”.

Una invitación a cuestionar y actuar

Con las elecciones del 2026 a la vista, este documento busca incomodar más que tranquilizar: abrir preguntas, despertar debates y provocar organización colectiva.

El juego de la democracia está en marcha, pero las reglas pueden cambiar si jugamos distinto.

 

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Democracia en riesgo: cuando la política criminal marca la agenda

En América Latina, la democracia no enfrenta únicamente el desafío de elegir gobiernos legítimos o de garantizar instituciones sólidas. Hoy, una de las amenazas más serias proviene de la expansión de lo que los investigadores Feldmann y Luna llaman política criminal: la intersección entre el crimen organizado, actores políticos y funcionarios estatales que encuentran en las economías ilegales una fuente de poder y recursos.

Esta relación no se limita a escenarios de violencia extrema, como el narcotráfico en México o Colombia. También se manifiesta en países con instituciones más fuertes, como Chile, Uruguay o Paraguay, donde el crimen ha penetrado el financiamiento de campañas, los negocios legales y las dinámicas de poder local. El resultado es un impacto directo en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo económico.

Riesgos para la democracia

La democracia se sostiene sobre reglas claras: competencia justa, instituciones independientes y confianza ciudadana. Cuando el crimen entra en la política, estos pilares se ven gravemente erosionados.

  • Cooptación de instituciones: partidos y candidatos que dependen de financiamiento ilegal quedan atrapados en esa relación. En consecuencia, las decisiones de gobierno, en lugar de priorizar salud, educación o derechos sociales, terminan respondiendo a intereses criminales. Así, el Estado pierde autonomía y se convierte en un vehículo para proteger negocios ilícitos.
  • Erosión de la confianza ciudadana: cuando la población percibe que las autoridades están “vendidas” a redes mafiosas, se debilita la credibilidad en las elecciones, la justicia y los mecanismos de participación. Ese escepticismo suele traducirse en apatía, abstención o incluso en apoyo a salidas autoritarias que prometen “mano dura”.
  • Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.
Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

  • Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.
  • Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.
  • Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.
Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

  • Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.
  • Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.
  • Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.
La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

  1. Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.
  2. Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.
  3. Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

  • Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).
  • Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?
  • Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.
  • Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.
  • Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.
  • Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.
Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

  • Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

  • Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

  • Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

  • Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

Algo más que elecciones

La política criminal no es solo un problema de seguridad ni un asunto reservado para las páginas policiales. Se trata de una amenaza directa a la democracia, un freno al desarrollo económico y un factor de deterioro ambiental.

En Costa Rica, las elecciones de 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que la seguridad deje de ser un simple eslogan electoral y se convierta en un debate real sobre cómo construir instituciones sólidas, transparentes y justas.

Enfrentar este desafío exige mucho más que patrullas y cárceles: requiere fortalecer la transparencia, garantizar justicia social y ofrecer alternativas reales a las comunidades frente al poder corruptor del dinero ilícito. Solo así será posible recuperar la credibilidad democrática, proteger la naturaleza y asegurar que la ciudadanía vuelva a confiar en que su voto puede marcar la diferencia.

Referencia:

AP News. (29 diciembre 2023). Costa Rica looks to El Salvador in announcing new prison and tough-on-crime reforms. Associated Press. https://apnews.com/article/bfc7358f15589c45cb5b04ddc1db86ee

Delfino.cr. (12 junio 2025). La urgente construcción de una política criminal integral en Costa Rica. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/06/la-urgente-construccion-de-una-politica-criminal-integral-en-costa-rica

Feldmann, Andreas E., & Luna, Juan Pablo. (2023). Criminal politics and botched development in contemporary Latin America. Cambridge University Press.

La Nación. (20 febrero 2025). Editorial: Elecciones 2026, el alto riesgo de la infiltración del narco. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-elecciones-2026-el-alto-riesgo-de-la/ECXU5WZBJZC7TLRYJFE57LCFGA/story

Reuters. (14 agosto 2025). Costa Rica to start building massive El Salvador-inspired prison. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/costa-rica-start-building-massive-el-salvador-inspired-prison-2025-08-14

Semanario Universidad. (10 mayo 2024). Costa Rica necesita una política pública específica sobre crimen organizado. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-necesita-una-politica-publica-especifica-sobre-crimen-organizado

Universidad de Costa Rica. (3 abril 2025). La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/4/03/la-valoracion-del-gobierno-del-presidente-chaves-disminuye-mientras-que-la-preocupacion-por-la-inseguridad-y-la-delincuencia-reina-en-costa-rica.html

Esta nota pertenece a la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.