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¿De quién es la nube? Centros de datos, bienes comunes y territorio en Costa Rica

Antes de leer: escucha lo que suena la nube

Antes de sumergirte en esta nota, te proponemos algo poco habitual: escuchar un centro de datos.

El video que acompaña a este texto no muestra paisajes ni personas. No hay entrevistas ni gráficos. Solo el sonido ambiente de una instalación real: el zumbido constante de los ventiladores, el rumor mecánico de los sistemas de refrigeración, el pulso eléctrico de miles de servidores trabajando sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es un sonido que muchas comunidades vecinas conocen demasiado bien. Lo escuchan al despertar, al intentar dormir, al trabajar, al conversar. Es un sonido que no se detiene y que, en muchos casos, se convierte en una presencia permanente que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida.

La nube, esa metáfora que usamos para hablar de lo digital, suena. Y suena fuerte.

Te invitamos a escuchar el video con atención. Sube el volumen si puedes. Cierra los ojos si quieres. Imagina que ese sonido está frente a tu casa, a pocos metros de tu ventana, y que no va a detenerse. Porque para muchas personas, esa es la realidad cotidiana de vivir cerca de un centro de datos.

Una vez que hayas escuchado, te invitamos a leer el resto de la nota. Allí encontrarás datos, contextos y preguntas sobre lo que significa construir esta infraestructura en nuestros territorios. Pero antes, el sonido. Porque la nube no es silenciosa. Y tampoco es inmaterial.

Cuando hablamos de la nube solemos imaginar un espacio casi inmaterial donde se almacenan nuestros archivos, circulan nuestras comunicaciones y funcionan las aplicaciones que utilizamos todos los días. Sin embargo, la nube tiene una geografía concreta. Detrás de cada servicio digital existen edificios, servidores, cables, sistemas de refrigeración, redes eléctricas, agua, minerales y trabajo humano. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está haciendo crecer rápidamente esta infraestructura y, con ella, también la demanda de recursos que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada.

Costa Rica no está al margen de este proceso. El país ya cuenta con infraestructura de centros de datos y las proyecciones disponibles apuntan a un crecimiento importante de la demanda durante los próximos años. Una estimación reciente identifica 18 centros de datos operados por 11 proveedores y señala una fuerte concentración de esta capacidad en San José (Camarillo, 2026). Este crecimiento obliga a ampliar una conversación que hasta ahora suele presentarse principalmente en términos de inversión, conectividad e innovación tecnológica.

La pregunta es sencilla: ¿qué necesita el país para sostener esta nueva infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos?

La nube tiene territorio y también tiene sed

Un centro de datos no es solamente un conjunto de computadoras. Es una infraestructura física que debe operar continuamente y que requiere electricidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo. Los servidores producen calor y ese calor debe ser disipado de manera permanente. Por eso, el funcionamiento de la economía digital está estrechamente relacionado con los flujos de energía, agua y materiales.

El estudio The Cloud Is Material(2022) propone precisamente mirar la nube desde esta dimensión material. Los servicios digitales descansan sobre una infraestructura que consume energía y agua, utiliza minerales y componentes electrónicos, produce calor y genera residuos. Lo que parece ocurrir en un espacio virtual depende, en realidad, de territorios concretos.

Un aspecto crítico, y a menudo pasado por alto, es el consumo de agua. Un estudio publicado en npj Clean Water (2021) revela que los centros de datos consumen agua de dos formas principales: de manera indirecta, a través de la generación de electricidad (especialmente en plantas termoeléctricas que requieren agua para enfriarse), y de manera directa, para refrigerar los servidores. Para dimensionar esto, un centro de datos mediano (15 MW) puede usar tanta agua como tres hospitales promedio o más de dos campos de golf de 18 hoyos. A nivel global, se estima que en 2014 los centros de datos en Estados Unidos consumieron 626 mil millones de litros de agua, una cifra que, aunque parece pequeña frente al consumo total del país, compite directamente con otros usuarios por recursos locales, a menudo en zonas de estrés hídrico.

El estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos miden su consumo de agua, y que en muchos casos más de la mitad del agua utilizada proviene de fuentes potables. Esto ha generado controversia en regiones donde el agua es un recurso escaso, ya que las instalaciones compiten con las comunidades locales por el acceso al agua potable.

Costa Rica ante una nueva demanda

La discusión adquiere mayor relevancia si consideramos las proyecciones de crecimiento. Si la demanda de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de datos aumenta significativamente durante la próxima década, sus efectos no se limitarán a los edificios donde funcionen los servidores. Será necesario ampliar redes eléctricas, sistemas de conectividad, infraestructura de agua y otros servicios que permiten sostenerlos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos centros de datos puede atraer Costa Rica, sino qué tipo de expansión resulta compatible con las condiciones sociales, ambientales y territoriales del país.

Esto también obliga a mirar los impactos más allá del consumo de recursos. Estas instalaciones ocupan suelo, generan calor y ruido, requieren equipos que deben ser sustituidos periódicamente y forman parte de una cadena global de extracción de minerales, fabricación de componentes, transporte y generación de residuos electrónicos. La infraestructura digital no empieza cuando encendemos una computadora ni termina cuando cambiamos un servidor: forma parte de un ciclo material mucho más amplio.

Al mismo tiempo, no todos los centros de datos tienen la misma escala ni producen las mismas presiones. Por eso sería un error reducir la discusión a una oposición entre tecnología y ambiente. El desafío consiste más bien en distinguir las diferentes necesidades y escalas de infraestructura, comprender sus impactos y establecer condiciones adecuadas para cada territorio. La eficiencia energética (medida por el PUE, por sus siglas en inglés) ha mejorado mucho en los centros de datos de hiperescala, pero esto no elimina el consumo de agua, especialmente la que se usa para generar la electricidad que los alimenta.

Una discusión sobre bienes comunes

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esta discusión permite mirar algo que suele quedar oculto. Los centros de datos pueden ser instalaciones privadas, pero su funcionamiento depende de sistemas y recursos que tienen una dimensión colectiva: electricidad, agua, territorio, conectividad, infraestructura pública, conocimientos y condiciones ambientales.

Esto no significa que el uso empresarial de estos recursos sea necesariamente problemático. Significa que debemos preguntarnos bajo qué condiciones ocurre esa relación. Cuando una actividad económica requiere de manera intensiva recursos y sistemas construidos socialmente, resulta legítimo discutir cómo se distribuyen sus beneficios, quién asume sus costos y qué mecanismos existen para garantizar la participación y el control público.

La falta de transparencia es un problema central. El estudio sobre agua señala que ni siquiera los tres grandes proveedores de nube (Amazon, Google y Microsoft) publican datos completos sobre su consumo de agua. Amazon, por ejemplo, no publica ninguna cifra, mientras que Google y Microsoft solo ofrecen datos agregados que no permiten distinguir cuánto corresponde a los centros de datos ni desglosan las fuentes de agua. Esto dificulta enormemente la evaluación de impactos y la rendición de cuentas.

La experiencia internacional muestra que algunos de los conflictos asociados con centros de datos aparecen precisamente alrededor del agua, la energía, el uso del suelo, el ruido y el acceso a la información. Esto debería servirnos menos como una advertencia alarmista que como una oportunidad para anticiparnos.

Costa Rica todavía tiene margen para discutir estas condiciones antes de que la expansión de esta infraestructura se convierta en una sucesión de decisiones aisladas. La planificación energética y territorial, la protección de las fuentes de agua, la transparencia sobre los proyectos, la evaluación de sus impactos acumulativos y la participación de las comunidades deberían formar parte de esta conversación.

Porque la pregunta no es si queremos vivir en una sociedad digital. Ya lo hacemos.

La cuestión es qué infraestructura queremos construir para sostenerla y qué relación queremos establecer entre esa infraestructura, nuestros territorios y nuestros bienes comunes.

¿De quién es la nube?

La nube tiene edificios, servidores, cables, electricidad, agua, minerales, trabajadores y territorios. También tiene costos y beneficios que no se distribuyen necesariamente de la misma manera.

Por eso, discutir centros de datos es también discutir qué entendemos por desarrollo tecnológico y qué lugar ocupan los bienes comunes en ese proceso.

No se trata de estar contra la tecnología. Se trata de hacer visibles sus condiciones materiales. Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces también necesitamos preguntarnos: ¿bajo qué condiciones queremos ponerlos a su servicio?

¿Qué es un centro de datos y por qué importa?

Antes de discutir políticas, regulaciones o resistencias, necesitamos entender qué es exactamente un centro de datos. No se trata solo de computadoras: es una infraestructura industrial que consume energía y agua de forma intensiva, genera calor, ruido y residuos electrónicos, y opera con una opacidad que dificulta evaluar sus impactos reales. La siguiente matriz sintetiza sus características principales y las implicaciones que cada una tiene para los territorios que los albergan. No es una lista exhaustiva, pero sí una guía para comprender de qué hablamos cuando decimos que la nube tiene una geografía concreta.

Eje temáticoCaracterización del centro de datos¿Qué implica?
1. Naturaleza físicaNo es un espacio inmaterial ni virtual. Es una infraestructura industrial concreta: naves, servidores, cables, sistemas de refrigeración, transformadores, tuberías y generadores. Ocupa territorio y consume recursos.La nube tiene geografía y materialidad. Cada servicio digital depende de edificios, energía, agua y minerales. Lo que parece virtual es, en realidad, una cadena de infraestructuras físicas que transforman el territorio.
2. Consumo de energíaConsume electricidad de forma continua e intensiva, las 24 horas del día. La refrigeración puede representar más del 40% del consumo total. Un solo centro de datos puede usar la electricidad de 50,000 hogares.La eficiencia no ha frenado el crecimiento. Aunque los equipos sean más eficientes, la demanda total aumenta exponencialmente por la IA, el streaming y el almacenamiento masivo. El problema es de escala, no solo de diseño.
3. Consumo de aguaConsume agua de dos formas: indirecta (para generar la electricidad que usa) y directa (para refrigerar servidores, a menudo por evaporación). Un centro mediano (15 MW) usa tanta agua como tres hospitales. Más de la mitad puede ser agua potable.El agua es un recurso crítico y conflictivo. Los centros de datos compiten con comunidades, agricultura y ecosistemas por agua dulce, especialmente en zonas áridas o con sequías. La falta de métricas sobre el agua usada para generar electricidad hace invisible gran parte del impacto.
4. Falta de transparenciaLa mayoría de los operadores no miden ni publican su consumo de agua. Los grandes proveedores solo ofrecen datos agregados o no publican nada. Algunos consideran el agua un «secreto comercial».La opacidad es una estrategia, no un accidente. Sin datos públicos y verificables, es imposible evaluar impactos, exigir responsabilidades o planificar territorialmente. La falta de transparencia impide la participación democrática.
5. Impactos sociales y comunitariosGenera contaminación acústica constante (ventiladores, generadores, chillers) que afecta la salud mental y física de los vecinos: insomnio, hipertensión, estrés. También compite por agua potable y desplaza comunidades.Los impactos van más allá de lo ambiental. Incluyen ruido, pérdida de calidad de vida, conflictos por recursos y movilización comunitaria. La salud pública y el derecho al descanso son ejes centrales del conflicto.
6. Residuos electrónicosLos servidores y equipos se vuelven obsoletos rápidamente. La basura electrónica termina en vertederos del Sur global, con metales tóxicos y contaminantes. Un solo computador requiere 240 kg de combustibles fósiles y 1,500 kg de agua para fabricarse.La obsolescencia programada genera montañas de basura tóxica. La cadena de residuos es global y afecta desproporcionadamente a países vulnerables. El ciclo de vida completo —desde la minería hasta el desecho— es parte del impacto.
7. Cultura y trabajoLos técnicos trabajan con miedo constante a fallos que causen interrupciones costosas. Las decisiones se toman por «instinto» o «corazonadas», no solo por modelos. La cultura del «enfriar en exceso» por miedo muestra que las prácticas humanas afectan la eficiencia.La dimensión humana es clave. Las decisiones, miedos y hábitos de los trabajadores influyen en el impacto ambiental. La sostenibilidad no depende solo de la tecnología, sino también de la cultura laboral y la organización del trabajo.
8. Escala del problemaLa demanda de datos crece exponencialmente. Se espera que el número de dispositivos conectados pase de 18.4 mil millones (2018) a 29.3 mil millones (2030). El tráfico de internet se duplica cada pocos años.La escala es global y creciente. La expansión de la IA y el streaming está multiplicando la demanda de recursos y los impactos asociados. No es un problema local ni estático: se expande rápidamente y presiona territorios en todo el mundo.
9. Alternativas y solucionesSe proponen métricas más completas (como incluir el agua usada para generar electricidad), usar agua no potable, refrigeración líquida y ubicaciones con clima frío. Pero las promesas corporativas no son verificables ni vinculantes.Las soluciones técnicas son insuficientes. Se necesita transparencia obligatoria, regulación vinculante, planificación territorial y un debate público sobre el modelo de desarrollo digital. La pregunta no es solo cómo hacerlo más eficiente, sino cuánto, para qué y bajo qué condiciones.
10. Pregunta central¿Qué caracteriza a un centro de datos? Es una infraestructura física, intensiva en recursos, opaca, ruidosa y en expansión acelerada.¿Bajo qué condiciones queremos que exista la infraestructura digital? No se trata de oponerse a la tecnología, sino de hacer visibles sus costos materiales, sociales y ambientales, y decidir democráticamente su rumbo.
De la caracterización a la respuesta social

Hasta aquí hemos caracterizado los centros de datos como infraestructuras físicas, intensivas en recursos, opacas y en expansión acelerada. Hemos visto que consumen energía y agua, generan ruido y residuos, y operan con una falta de transparencia que dificulta evaluar sus impactos reales. Pero esta caracterización estaría incompleta si no atendemos a una dimensión fundamental: la respuesta de las comunidades que los reciben.

A medida que la infraestructura digital se expande, también lo hace la oposición organizada. Lo que comenzó como quejas aisladas de vecinos afectados por el ruido o la escasez de agua se ha convertido en un movimiento social medible, con estructuras, estrategias y demandas concretas. Estados Unidos —el país con mayor concentración de centros de datos del mundo— ofrece un espejo donde mirarnos: allí, el monitoreo sistemático de la oposición permite dimensionar un fenómeno que ya no puede ignorarse.

Los datos recolectados y analizados por Coalition for Responsible Data Center Development son elocuentes. A finales de 2025, los grupos locales de oposición a centros de datos en Estados Unidos sumaban unas 76.000 personas. Para abril de 2026, la cifra superaba las 360.000. Y para agosto del mismo año, ya eran más de 640.000 miembros distribuidos en al menos 580 grupos locales en casi todos los estados del país. Desde septiembre de 2025, el número de nuevos grupos se disparó: en los primeros meses de 2026, se creaban hasta dos nuevos grupos por día. La oposición ya no es un fenómeno marginal ni localizado; es una respuesta nacional y bipartidista, presente tanto en estados demócratas como republicanos, con una presencia especialmente fuerte en estados clave para las elecciones.

¿Qué explica este crecimiento? Las razones coinciden con los impactos que hemos documentado: consumo de agua en regiones con sequías severas, demanda eléctrica que compite con las necesidades locales, contaminación del aire por generadores diésel y plantas de gas, ruido constante que afecta la salud, pérdida de tierras agrícolas y patrimoniales, y una falta de transparencia que impide a las comunidades conocer los detalles de los proyectos hasta que ya están aprobados.

Un caso emblemático es el de Independence, Missouri, donde un proyecto de 1,2 gigavatios —más de cuatro veces el consumo eléctrico máximo de la ciudad— se asentaría sobre un acuífero que abastece de agua a 250.000 personas. En Ohio, un solo proyecto solicitó 2.000 megavatios para un pueblo cuyos residentes apenas consumen entre 10 y 15 megavatios. En Memphis, investigaciones satelitales detectaron aumentos significativos de dióxido de nitrógeno en las zonas cercanas a un centro de datos de IA. Y en múltiples comunidades, el zumbido perpetuo de ventiladores y sistemas de refrigeración afecta el sueño, la concentración y la salud mental de quienes viven cerca. Como resume una organizadora: «No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar, no sabemos cuánta electricidad van a necesitar».

Pero la oposición no se limita a protestar. Los grupos locales han desarrollado estrategias sofisticadas: litigios, referendos, cambios electorales, investigación ciudadana y campañas de comunicación. En varios municipios, los votantes han destituido a alcaldes y concejales que apoyaron proyectos sin consultar a la comunidad. En Ohio, una coalición ciudadana impulsa una enmienda constitucional estatal para prohibir la construcción de centros de datos que superen los 25 megavatios. En Independence, Missouri, se recolectaron miles de firmas para forzar un referendo sobre las exenciones fiscales. En Festus, Missouri, los cuatro concejales que aprobaron un proyecto fueron removidos de sus cargos. Vecinos organizados han rastreado compras de tierras a través de empresas fantasma, solicitado registros públicos y documentado patrones de concentración de centros de datos cerca de sistemas de agua y redes eléctricas.

Estas luchas no son exclusivas de Estados Unidos. En España, colectivos como los que se oponen al proyecto de Meta en Talavera de la Reina han sentado precedentes. En Chile, la resistencia al centro de datos de Google en Santiago logró que la empresa rediseñara su sistema de refrigeración para reducir el consumo de agua. En Uruguay, la movilización contra un proyecto de Google obligó a la compañía a cambiar su diseño para no consumir agua. En Paraguay, vecinas de Villarrica lograron que la fiscalía detuviera el ruido de una granja de criptominería. Lo que emerge es un movimiento conectado globalmente, que comparte información, estrategias y narrativas, y que se reconoce como parte de un mismo fenómeno: la materialidad de la nube y la disputa por los bienes comunes.

El monitoreo de esta oposición ofrece una lección clave: la resistencia crece cuando la información fluye. Los proyectos que se aprueban en secreto, con acuerdos de confidencialidad y sin evaluación ambiental, generan desconfianza y movilización. En cambio, cuando las comunidades conocen los detalles —consumo de agua, energía, emisiones, empleos reales— pueden tomar decisiones informadas.

El monitoreo también muestra que la oposición no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, sino una demanda de democracia y transparencia. No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que su infraestructura se planifique con criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y respeto por los territorios.

Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces las comunidades tienen derecho a preguntar: ¿bajo qué condiciones?

Referencias

Camarillo, B. (2026). Demanda de centros de datos en Costa Rica podría triplicarse en los próximos 10 años. La República.

Fabra Caro, F. J., & Serón Arbeloa, F. J. (2025). Impacto y huella ambiental de los centros de datos y proveedores de nube. ECODES.

Gómez Delgado, A. (2026). El precio de las nubes: La expansión de los Centros de Datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río.

Gonzalez Monserrate, S. (2022). The cloud is material: On the environmental impacts of computation and data storage. MIT Schwarzman College of Computing, MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing. https://doi.org/10.21428/2c646de5.031d4553

Murillo, E. (2026). País se posiciona como mercado emergente en centros de datos. CRHoy.

Shaw, M., Krueger, D., Malik, S., Sheremet, D., & van der Velde, F. (2026). Data Center Opposition Report [Serie de informes 2026]. Coalition for Responsible Data Center Development, Evitable, & Together Against AI. https://datacenteropposition.com

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Memoria, martirio y diálogo para defender la vida: Espiritualidades diversas frente a los conflictos por los territorios y los bienes comunes

Desde el Observatorio de Bienes Comunes compartimos dos documentos que nos invitan a pensar el diálogo, la defensa de los territorios y el cuidado de la vida desde una perspectiva profundamente situada en las comunidades.

En tiempos marcados por conflictos socioambientales, extractivismo, despojo territorial y distintas formas de violencia contra quienes defienden la vida, hablar de diálogo no puede reducirse a sentar a diferentes actores alrededor de una misma mesa. Dialogar también implica preguntarnos quiénes pueden hablar, quiénes son escuchados, quiénes tienen capacidad de decisión y qué relaciones de poder atraviesan ese encuentro.

Esta preocupación atraviesa el documento Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos, elaborado desde redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo. El texto parte de una constatación importante: aunque distintos actores reconocen el valor del diálogo, la palabra no necesariamente significa lo mismo para una empresa, una institución pública, una comunidad afectada o un movimiento social. Por eso propone mirar las condiciones concretas que pueden hacer del diálogo una herramienta de justicia y transformación.

El documento llama particularmente la atención sobre las asimetrías de poder, la necesidad de escuchar a quienes padecen los conflictos, garantizar su participación efectiva, asegurar el acceso a la información y situar los procesos de diálogo en los propios territorios donde se viven las consecuencias.
Desde el Observatorio consideramos que estas reflexiones pueden abrir una conversación más amplia: ¿cómo construir diálogos capaces de encontrarnos en nuestras diferencias sin convertirlas en obstáculos?

Más allá de una sola voz

Las comunidades están atravesadas por múltiples maneras de comprender la vida, el territorio y nuestras responsabilidades colectivas. En ellas conviven distintas tradiciones religiosas, espiritualidades, cosmovisiones, experiencias comunitarias y también personas que no profesan ninguna religión.

Reconocer esta diversidad no significa buscar una espiritualidad única ni construir consensos artificiales. Significa, más bien, abrir espacios donde podamos escuchar las distintas formas en que las personas nombran aquello que consideran valioso y digno de ser cuidado.

Para algunas personas, la defensa de un río puede estar vinculada con la fe y con una relación espiritual con la creación. Para otras, puede partir de una cosmovisión indígena, de una memoria comunitaria, de una experiencia histórica de defensa territorial, de una preocupación ecológica o de una convicción ética que no necesita recurrir a una referencia religiosa.

Todas estas experiencias pueden encontrarse alrededor de preguntas comunes: ¿qué vida queremos defender?, ¿qué territorios queremos cuidar?, ¿qué relaciones queremos construir?, ¿qué formas de violencia y despojo no estamos dispuestas a aceptar?

El diálogo ecuménico puede ser parte de ese camino, pero también puede desbordar los límites del propio mundo religioso. El encuentro entre distintas espiritualidades y con personas no creyentes puede convertirse en una oportunidad para reconocer que existen múltiples caminos para acercarnos a preocupaciones compartidas: la dignidad, la justicia, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y la defensa de los bienes comunes.

Escuchar también a quienes resisten

El segundo documento, Mártires de la Creación, coloca otra dimensión sobre la mesa: la memoria de quienes han defendido la tierra, el agua, los bosques y sus comunidades frente a proyectos extractivos y otras formas de despojo. El texto propone ampliar la mirada del martirio para incluir no solamente a las personas, sino también a comunidades y territorios afectados por estas dinámicas.

Esta memoria aparece acompañada de una preocupación por las condiciones que permiten que determinadas violencias se reproduzcan. El documento llama a comunicar y registrar estos casos, fortalecer la solidaridad, impulsar procesos de aprendizaje colectivo y compartir saberes con otras comunidades.

Aquí aparece un punto de encuentro particularmente fértil para el diálogo: aprender de quienes están defendiendo la vida en los territorios.

No se trata únicamente de hablar sobre las comunidades, sino de escuchar sus experiencias, sus conocimientos, sus memorias y sus propias formas de comprender lo que está ocurriendo. El primer documento insiste precisamente en que las comunidades afectadas deben ocupar un lugar real de autoridad y expresión dentro de los procesos de diálogo.

Del encuentro a la acción común

El diálogo adquiere sentido cuando puede transformar relaciones y ampliar las posibilidades de justicia. El propio documento habla de un “diálogo orientado a la transformación” y de un “diálogo emancipador”, entendido como aquel que contribuye a modificar las relaciones sociales y las desigualdades en la distribución del poder.

Esta perspectiva resulta especialmente sugerente para pensar los bienes comunes. El encuentro entre diferentes espiritualidades, tradiciones religiosas y posiciones no religiosas no tendría que buscar que pensemos igual. Puede buscar algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que podamos reconocernos como parte de una conversación común sobre aquello que sostiene la vida.

Esto supone también aprender a conversar cuando existen diferencias profundas. Escuchar no significa renunciar a las propias convicciones. Dialogar tampoco significa relativizar las injusticias o colocar en un mismo nivel a quienes tienen capacidades de decisión radicalmente distintas. Como advierte el documento, un diálogo justo requiere reconocer las asimetrías de poder que atraviesan cada conflicto.

Quizás allí exista una tarea especialmente importante para nuestras sociedades: construir espacios de encuentro donde la diversidad espiritual, religiosa y no religiosa no sea una barrera, sino una fuente de aprendizajes para defender aquello que compartimos.

Más allá de sentarse a dialogar: seis claves para la transformación

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos propone seis dimensiones para pensar un diálogo que pueda contribuir realmente a la transformación de los conflictos. Su punto de partida es reconocer que no todas las personas, comunidades e instituciones llegan a la conversación en las mismas condiciones: existen diferencias de poder, acceso a la información, capacidad de decisión y posibilidades de incidencia. Por ello, dialogar no puede reducirse a reunir a las partes, sino que requiere crear condiciones de mayor justicia y equidad.

A continuación, presentamos una síntesis de estas seis dimensiones, que ponen especial atención en la escucha de las comunidades afectadas, su participación efectiva, el acceso a información, la importancia de situar los procesos en los territorios y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a las acciones empresariales. La propuesta entiende el diálogo como una posibilidad para transformar las relaciones sociales, reconocer las asimetrías de poder y construir condiciones más equitativas para abordar los conflictos.

Dimensión del diálogo¿Qué plantea el documento?Clave para un diálogo justo
1. Reconocer las asimetrías de poderLos actores que participan en un conflicto no cuentan necesariamente con las mismas capacidades de decisión, información, recursos o responsabilidades.No asumir que todas las partes llegan a la mesa en condiciones equivalentes. El diálogo debe reconocer y considerar las relaciones de fuerza existentes.
2. La Iglesia garante de la voz de las víctimasLa Iglesia no debe asumir una posición de observadora o mediadora neutral, sino partir de la opción preferencial por las personas empobrecidas y vulnerables.La escucha de quienes sufren las consecuencias del conflicto debe ocupar un lugar central en el proceso de diálogo.
3. Dar autoridad, voz y oportunidad de propuestas a las víctimasLas personas y comunidades afectadas no deben limitarse a ser invitadas, consultadas o representadas indirectamente.Deben contar con espacios reales de expresión, reconocimiento y autoridad para participar y formular propuestas. El documento amplía esta escucha hacia las víctimas no humanas: ecosistemas, especies y territorios.
4. Garantizar la transparencia y el acceso universal a la informaciónLa falta de información adecuada, oportuna y accesible puede impedir que las comunidades defiendan sus derechos.La información debe estar disponible de manera equitativa antes de cualquier negociación o decisión.
5. Situar el diálogo en los territorios en conflictoEl diálogo no debería quedar desconectado de los lugares donde se experimentan los impactos y donde las comunidades resisten y cuidan sus territorios.Llevar la conversación al territorio permite incorporar las experiencias, demandas y conocimientos de quienes viven directamente el conflicto.
6. Monitoreo y control de las acciones empresariales a través de las leyes e instituciones públicasEl respeto de los derechos humanos y ambientales no puede depender únicamente de la voluntad o autorregulación empresarial.Se requiere regulación efectiva, instituciones públicas capaces de supervisar y hacer cumplir las normas, y un Estado democrático que garantice justicia y derechos.
Dos documentos para continuar la conversación

Compartimos estos materiales como una invitación a leer, conversar y abrir preguntas. No los presentamos como una respuesta definitiva. Nos interesa ponerlos en circulación porque contienen reflexiones y experiencias que pueden alimentar conversaciones más amplias sobre los conflictos socioambientales, las relaciones de poder, la defensa de los territorios, la memoria y las distintas formas de comprender nuestro vínculo con la naturaleza.

El camino puede comenzar precisamente allí: sentarnos a escuchar qué nos une, reconocer aquello que nos diferencia y preguntarnos qué podemos hacer juntxs para cuidar la vida y los bienes comunes.

Documentos para descargar y leer

Diálogo justo y en equidad para la transformación de conflictos Reflexiones de las redes eclesiales latinoamericanas en contextos de extractivismo.

El documento propone seis dimensiones para pensar un diálogo verdaderamente transformador: reconocer las asimetrías de poder, garantizar la voz de las víctimas, asegurar transparencia e información, situar el diálogo en los territorios y fortalecer el papel de las instituciones públicas y las comunidades en el seguimiento de los conflictos.

Mártires de la Creación

Un documento que recupera testimonios y experiencias de personas, comunidades y territorios afectados por la violencia asociada a la defensa de la naturaleza, el agua y los territorios. Desde una perspectiva de fe, propone fortalecer la memoria, el aprendizaje colectivo, la organización comunitaria, la solidaridad y el cuidado de la Casa Común.
Los compartimos para seguir conversando. Porque quizá una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo sea aprender a encontrarnos sin exigirnos pensar igual, y descubrir desde nuestras diferencias qué podemos hacer juntxs para defender la vida.

En un videomensaje dirigido a la comunidad de Lampedusa, el papa León XIV afirmaba: “La historia es devastada por los poderosos, pero es salvada por los humildes, los justos y los mártires, en quienes brilla el bien y la auténtica humanidad resiste y se renueva”. Más que una frase para ubicarnos cómodamente del lado de quienes defienden la vida, estas palabras abren una pregunta incómoda: ¿desde dónde acompañamos y compartimos las luchas de quienes resisten? La tensión entre el poder, sus comodidades y privilegios, y la ética de quienes sostienen la vida en sus territorios también nos interpela a quienes caminamos junto a estas experiencias.

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Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen: aprender caminando los territorios de la Zona Norte

Muy bien, escuchen con atención. Hoy no voy a hacerles una pregunta de examen, porque hay cosas que ningún examen puede medir.

Existen aprendizajes que pueden escribir en sus cuadernos, otros que pueden repetir para una prueba… pero también hay conocimientos que solo aparecen cuando salen al mundo y se atreven a mirarlo de frente.

Cuando caminen por un territorio y se pregunten por qué un río cambia, por qué un bosque desaparece, por qué una comunidad se organiza o resiste… ahí empieza otra forma de aprender.

No se trata de memorizar respuestas correctas. Se trata de aprender a observar lo que normalmente se ignora, a escuchar lo que no siempre se escucha y a comprender que cada problema tiene detrás historias de vida que merecen ser entendidas.

Porque el mundo no es una hoja de examen con opciones limitadas. Es un espacio vivo, complejo, lleno de contradicciones… pero también lleno de personas que intentan, día a día, construir algo distinto.

Y si me preguntan qué es lo más importante que deberían aprender… les diría esto: lo que realmente importa casi nunca entra en el examen. Y precisamente por eso existe esta invitación.

La Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen es un recorrido por la Zona Norte de Costa Rica para aprender justamente aquello que no cabe en una evaluación tradicional: los conflictos socioambientales, las luchas por los bienes comunes, las formas de organización comunitaria y las alternativas que nacen desde los territorios. Aquí no venimos solo a observar. Venimos a caminar, a escuchar, a dialogar y a aprender con otros y otras, reconociendo que el conocimiento también vive en las comunidades y en sus experiencias cotidianas.

– Koro Sensei

¿Qué podemos aprender cuando salimos del aula y nos encontramos con los territorios donde se disputan los bienes comunes, se organizan las comunidades y se construyen alternativas para la vida?

Con esta pregunta nace la Escuela Ambulante para Asuntos que No Salen en el Examen, una experiencia de educación popular socioambiental que se realizará del 20 al 23 de julio de 2026 en distintas comunidades de la Zona Norte de Costa Rica.

La iniciativa propone un recorrido por territorios donde se viven de manera cotidiana algunos de los desafíos más importantes del país: conflictos socioambientales, disputas por el acceso y uso de los bienes comunes, expansión de actividades productivas de alto impacto, desigualdades territoriales, organización comunitaria y construcción de alternativas desde las propias comunidades.

La Escuela Ambulante parte de una convicción sencilla pero profunda: muchas de las lecciones necesarias para comprender la realidad no aparecen en los exámenes. Se encuentran en las historias de quienes defienden sus territorios, en las experiencias de organización colectiva, en las luchas por la justicia socioambiental y en los esfuerzos cotidianos por construir condiciones más dignas para la vida.

Durante cuatro días, las personas participantes visitarán comunidades de Guatuso, Upala y Los Chiles, donde podrán dialogar con actores locales, conocer experiencias organizativas y reflexionar colectivamente sobre las dinámicas que configuran los territorios contemporáneos.

Entre los temas que se abordarán destacan:

  • -Conflictos socioambientales y modelos de desarrollo.
  • -Bienes comunes y disputas territoriales.
  • -Organización comunitaria y acción colectiva.
  • -Justicia socioambiental y derechos humanos.
  • -Agroecología y soberanía alimentaria.
  • -Lectura crítica del territorio.
  • -Educación popular y diálogo de saberes.

El recorrido incluirá visitas a comunidades afectadas por actividades extractivas y monocultivos, espacios marcados por el abandono institucional y experiencias comunitarias que impulsan alternativas agroecológicas y formas de organización para la defensa del territorio.

Más que una gira académica, la Escuela Ambulante busca generar un espacio de encuentro entre saberes académicos, comunitarios y experienciales, reconociendo que el conocimiento también se produce en los territorios y en las prácticas cotidianas de quienes enfrentan y transforman las problemáticas que afectan sus comunidades.

Fechas

20 al 23 de julio de 2026

Cupos limitados

La participación en la Escuela Ambulante está sujeta a un proceso de selección debido a que los cupos son limitados. Por esta razón, el formulario disponible corresponde a una preinscripción, a partir de la cual se conformará el grupo participante.

Apoyo económico para estudiantes UCR

Se dispondrá de recursos para contribuir con algunos gastos asociados a la participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, sujeto a disponibilidad presupuestaria y a los criterios definidos por la organización de la actividad.

Preinscripción abierta hasta el 25 de junio 2026

Las personas interesadas pueden completar el formulario de preinscripción en el siguiente enlace:

https://forms.gle/LSpztd1Dagezzoqw8

La Escuela Ambulante es una invitación a aprender desde el territorio, a escuchar las voces de las comunidades y a reflexionar colectivamente sobre los desafíos socioambientales que atraviesan Costa Rica.

Porque algunas lecciones aparecen en los libros. Otras aparecen cuando una comunidad comparte su historia. Y muchas de las más importantes ocurren cuando nos atrevemos a salir del aula para encontrarnos con el mundo.

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Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro Día Mundial del Medio Ambiente 2026

Les compartimos el Comunicado Público del Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío Caño Negro.

¿Qué celebramos cuando nuestros ríos están siendo transformados?

Cada 5 de junio se multiplican los mensajes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Escuchamos hablar de sostenibilidad, conservación y desarrollo verde. Sin embargo, desde las comunidades que habitamos y defendemos la cuenca del Río Frío-Caño Negro, sentimos la necesidad de plantear una pregunta sencilla pero urgente: ¿qué celebramos cuando nuestros ríos continúan siendo alterados, degradados y sometidos a presiones cada vez mayores?

Costa Rica ha construido una imagen internacional asociada a la protección de la naturaleza. Esa imagen tiene fundamentos importantes, pero también convive con realidades que muchas veces permanecen invisibilizadas. Mientras se habla de desarrollo sostenible, numerosos ríos del país enfrentan procesos de extracción de materiales, alteración de cauces, pérdida de espacios de acceso comunitario, contaminación y presiones crecientes sobre sus ecosistemas.

En nuestra cuenca hemos observado transformaciones que preocupan profundamente a quienes vivimos el territorio día a día. Hemos visto desaparecer espacios que durante generaciones fueron parte de la vida comunitaria. Hemos visto cambios en el cauce, en las pozas, en la dinámica del río y en las posibilidades que las personas tienen de relacionarse con él. Lo que antes era un lugar de encuentro, recreación y convivencia se encuentra cada vez más limitado por procesos que privilegian la explotación de corto plazo sobre el cuidado de largo plazo.

Estas transformaciones no pueden entenderse únicamente como un problema ambiental. Reducir la discusión a aspectos técnicos invisibiliza dimensiones fundamentales de lo que está en juego.

Los ríos son memoria. En sus aguas habitan historias familiares, recuerdos de infancia, aprendizajes compartidos y experiencias que forman parte de la identidad de las comunidades. Las pozas donde generaciones aprendieron a nadar, los sitios donde las familias se reunían durante los fines de semana, los lugares donde las personas encontraron descanso, alegría y convivencia son también parte del patrimonio de nuestros territorios.

Cuando estos espacios desaparecen o se degradan, no se pierde únicamente un paisaje. Se debilitan vínculos comunitarios y se erosionan memorias que ayudan a dar sentido a la vida colectiva.

Los ríos también sostienen formas de producción y de trabajo. Muchas familias dependen de ellos para actividades agropecuarias, para el abastecimiento de agua y para iniciativas económicas vinculadas al turismo rural y comunitario. La pérdida de espacios naturales, el deterioro de los ecosistemas y las modificaciones en los cauces afectan oportunidades que históricamente han permitido construir economías locales más cercanas al territorio y a sus dinámicas naturales.

Sin embargo, quizá la pregunta más importante es la que debemos hacernos pensando en quienes todavía no han nacido.

¿Qué ríos heredarán las futuras generaciones?

Cada poza destruida, cada tramo degradado y cada espacio comunitario perdido representa una experiencia que alguien ya no podrá vivir. Cada intervención que reduce la capacidad del río para sostener la vida disminuye también las posibilidades de que las nuevas generaciones conozcan los territorios que hoy conocemos.

Estamos tomando decisiones cuyos efectos perdurarán mucho más allá de nuestro tiempo. Por eso, la defensa de los ríos no puede entenderse como una preocupación de grupos aislados o de personas particularmente sensibles a los temas ambientales. Se trata de una responsabilidad colectiva con la vida presente y futura.

Nos preocupa especialmente que las advertencias provenientes de las comunidades continúen siendo minimizadas o ignoradas. Quienes habitan los territorios conocen los cambios del río porque los observan diariamente. Saben cuándo desaparece una poza, cuándo aumenta la erosión, cuándo cambia la corriente y cuándo se pierde biodiversidad. Saben cuándo el río deja de ser el río que conocieron.

Ese conocimiento construido desde la experiencia cotidiana constituye una forma legítima de comprender lo que está ocurriendo. No se trata de opiniones sin fundamento. Se trata de años de observación, de convivencia con el territorio y de una relación directa con los procesos que hoy están transformando nuestras cuencas.

Por ello, hacemos un llamado a las instituciones públicas, a las autoridades competentes, a las municipalidades, a las universidades, a las organizaciones sociales y a toda la ciudadanía para que asumamos una discusión profunda sobre el futuro de nuestros ríos. Necesitamos fortalecer la protección efectiva de las cuencas hidrográficas, mejorar los mecanismos de fiscalización y reconocer que el cuidado de los ríos no es un obstáculo para el desarrollo, sino una condición indispensable para construir un futuro verdaderamente sostenible.

Pero también creemos que ha llegado el momento de formular una pregunta incómoda.

Durante años las comunidades han cumplido su papel. Hemos recorrido los ríos. Hemos documentado cambios. Hemos impulsado denuncias. Hemos participado en reuniones. Hemos solicitado información. Hemos compartido conocimientos. Hemos acompañado procesos de organización comunitaria. Hemos advertido sobre riesgos que muchas veces fueron ignorados o minimizados.

Lo hemos hecho porque amamos nuestros territorios y porque comprendemos que defender los ríos es defender la vida.

Sin embargo, la protección de las cuencas no puede recaer exclusivamente sobre quienes viven junto a ellas.

La responsabilidad es colectiva, pero no es igual para todos.

Quienes tienen competencias legales, recursos públicos, capacidad de fiscalización y poder para tomar decisiones tienen una responsabilidad mayor. Las instituciones públicas tienen la obligación de actuar cuando existen señales de deterioro. Las municipalidades tienen la responsabilidad de velar por el bienestar integral de sus territorios. Las empresas tienen el deber de asumir las consecuencias de los impactos que generan y de comprender que el beneficio económico no puede construirse a costa de los bienes que sostienen la vida colectiva.

Por eso, en este Día Mundial del Medio Ambiente queremos dirigir una serie de preguntas claras a quienes tienen capacidad de decisión, responsables de un modelo que genera ganancias para unos pocos mientras deja a un pueblo desértico, sin ningún beneficio y, sobre todo, sin ningún futuro:

Las comunidades estamos haciendo nuestra parte.

Nos estamos organizando.

Estamos observando.

Estamos documentando.

Estamos denunciando.

Estamos proponiendo.

Estamos alzando la voz.

¿Y ustedes?

¿Están haciendo su parte las instituciones encargadas de proteger nuestros bienes naturales?

¿Están haciendo su parte las municipalidades responsables de ordenar y cuidar los territorios?

¿Están haciendo su parte las empresas que obtienen beneficios económicos de actividades que impactan nuestros ríos?

¿Está haciendo el Estado su parte cuando las comunidades alertan, denuncian y aportan evidencia sobre los daños ambientales, pero sus advertencias son desestimadas o ignoradas por quienes tienen la responsabilidad de actuar?

Porque el mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente no es repetir discursos sobre sostenibilidad. No es publicar campañas verdes una vez al año. No es acumular declaraciones de buenas intenciones.

El mejor homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente es garantizar que nuestros ríos sigan fluyendo libres, vivos y accesibles para las comunidades que dependen de ellos.

Todavía estamos a tiempo de escuchar lo que los ríos nos están diciendo.

La pregunta es si tendremos la voluntad de hacerlo.

Grupo de Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro

Correo: defensa.cuencas.guatuso@gmail.com

5 de junio de 2026

Video del 29 de mayo del 2026.

En este video se observan las labores mecanizadas de extracción de material en el río Frío, específicamente en la comunidad de La Amapola. Aunque estas actividades suelen justificarse como necesarias para obras y mejoras locales, cuando se realizan de forma intensiva pueden generar impactos significativos sobre los ecosistemas fluviales: alteración de cauces, pérdida de pozas, erosión de las riberas, afectación de la biodiversidad y reducción de espacios de uso comunitario. Los ríos son mucho más que una fuente de materiales. Son bienes comunes que sostienen la vida, la producción local, la memoria de las comunidades y el bienestar de las futuras generaciones. Por ello, resulta necesario preguntarnos si la extracción que se realiza responde realmente a las necesidades del cantón o si estamos frente a procesos de sobreexplotación destinados a abastecer mercados más amplios a costa del deterioro de nuestro patrimonio natural.

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Convocatoria – Elecciones 2026: Curso-taller para leer críticamente las propuestas socioambientales

¿Cómo se entrelazan los discursos democráticos con los conflictos territoriales? ¿Qué implicaciones tienen las elecciones del 2026 para las luchas ambientales y comunitarias?

En un contexto de creciente crisis socioecológica y de profundización de los conflictos socioambientales en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes lanza su nuevo curso-taller presencial: “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Esta iniciativa surge como parte de la propuesta más amplia “Democracia, tenemos que hablar…”, que busca abrir espacios de formación, reflexión colectiva y articulación política desde los territorios, en un momento de evidente erosión democrática.

🔍 ¿Por qué este curso-taller?

A pesar de que Costa Rica se proyecta internacionalmente como una democracia sólida y ambientalmente ejemplar, muchas comunidades enfrentan exclusión en la toma de decisiones y sufren las consecuencias de políticas que favorecen la mercantilización del ambiente y los territorios. Ante esto, urge construir herramientas colectivas para desmontar las narrativas dominantes y fortalecer las capacidades de análisis frente a las elecciones de 2026.

El curso-taller propone un enfoque desde la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña, reconociendo los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, y la acción colectiva como horizonte para la transformación social.

🎯 Objetivos del curso
  • Fortalecer las capacidades de acompañamiento comunitario desde una mirada crítica de los procesos educativos y políticos.

  • Sensibilizar sobre el valor de las prácticas cotidianas construidas en los territorios como parte esencial de la resistencia.

  • Reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la participación, el conocimiento situado y las luchas por la transformación social.

🗓️ Fechas y contenidos

Cada sesión abordará una temática clave para comprender el vínculo entre política, territorio y propuestas electorales:

Democracia en disputa – 8 de agosto

El desarrollo como dogma – 15 de agosto

Política ambiental dominante – 22 de agosto

Protesta social y criminalización – 29 de agosto

Elecciones 2026 y lectura crítica de propuestas socioambientales – 5 de septiembre

🕘 Todas las sesiones serán de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Universidad de Costa Rica, San Pedro.

📌 Es necesario asistir a todas las sesiones para completar el proceso.

👥 ¿A quién va dirigido?

El curso está abierto al público general, con especial interés en personas que forman parte de organizaciones, colectivos sociales, culturales y políticos. Queremos construir un espacio donde se encuentren saberes, trayectorias y estrategias diversas para defender el bien común.

Pueden descargar el documento de convocatoria aquí.
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Resistencias desde el Caribe: una conversación con Aquelarre Bonao

En esta entrevista conversamos con Esther y Faby de Aquelarre Bonao, colectivo feminista y antirracista que nace en República Dominicana como espacio de encuentro, denuncia y sanación frente a las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos y territorios negros y racializados. Desde una mirada crítica del sistema colonial y capitalista, el Aquelarre articula luchas por la justicia social, la autonomía de las comunidades y la recuperación de memorias borradas por el poder.

En este diálogo reflexionamos sobre las huellas del colonialismo, el entrelazamiento entre racismo y capitalismo, y el valor político de la memoria colectiva. A partir de sus experiencias organizativas, Esther y Faby comparten claves para construir resistencias situadas y estrategias desde los propios movimientos sociales y socioambientales.

Te invitamos a ver el video completo a continuación y a seguir profundizando con los enlaces disponibles.

Artículos de Esther Giron: República Dominicana: Las madres negras importan: https://rebelion.org/republica-dominicana-las-madres-negras-importan/ República Dominicana y el racismo como política de Estado: https://rebelion.org/republica-dominicana-y-el-racismo-como-politica-de-estado/

Crédito de imagen de cabecera El Páis.

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¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

 

El auge del autoritarismo se traduce en:
  • Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

  • Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

  • Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

  • Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

  • Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

  • Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

  • Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

  • Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

  • Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

  • Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números
TemaDato clave¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamentePor bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
 Miles de civiles palestinos asesinados en 2024Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados20+ países con crímenes de guerra documentadosIncluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global110 millones de personas desplazadas en 2024Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa124 periodistas asesinados en 20242/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática1.5 °C de aumento promedio global en 2024Primer año completo en que se supera ese umbral
 3 °C proyección de aumento para finales de sigloSegún datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdadSe frenó casi completamente la reducción de la pobreza globalSegún el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles21 países con leyes que restringen la libertad de expresiónIncluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
 Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTIGhana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de LibiaEmitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censuraMeta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmenteAvances mínimos; predominan “códigos voluntarios”
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Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común

Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.

Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.

Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.

Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.

Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.

El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.

En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.

¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana

El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.

“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.

Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.

Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.

La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.

Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.

Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.

Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.

La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.

De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala

Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.

El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.

Y, sin embargo, lo que siguió fue:

  • Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
  • Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
  • Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
  • Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.

Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.

Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.

2004
2023

¿Qué está en juego aquí?

Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.

Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:

  • Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
  • Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
  • Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
  • Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
  • Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.

Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.

Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados

La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.

Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:

  • Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
  • Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
  • Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
  • Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
  • Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.

Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.

La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.

Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.

Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.

En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.

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Territorio, dignidad y resistencia: el nuevo ciclo de protesta en Panamá

Desde principios de mayo de 2025, Panamá atraviesa una nueva y significativa ola de movilizaciones sociales protagonizadas por pueblos indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Las protestas, que se han intensificado en todo el país, responden a un creciente malestar ante decisiones gubernamentales que impactan directamente sobre derechos sociales, territoriales y soberanos. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social (CSS)—, el rechazo a la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la oposición a un reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

Estas movilizaciones no son eventos aislados, sino la expresión acumulada de múltiples tensiones sociales, políticas y territoriales que han marcado la historia reciente del país. En el centro del conflicto se encuentran los pueblos indígenas, históricamente excluidos de la toma de decisiones, ahora nuevamente reprimidos por ejercer su derecho a la protesta. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y represión violenta se suman a la ausencia de mecanismos de consulta previa que garanticen su participación real en temas que afectan sus vidas y territorios.

Panamá, a diferencia de varios países vecinos, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que agrava aún más la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta carencia institucional refleja un modelo de desarrollo excluyente, que sigue priorizando intereses corporativos y extractivistas por encima de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.

En este contexto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) han denunciado la represión policial, suspendido toda interlocución con el Ejecutivo y exigido la derogación inmediata de las medidas impuestas sin consulta. Las calles del país se han convertido, una vez más, en espacios de resistencia, pero también de propuesta: un llamado urgente a redefinir las bases de la democracia panameña desde la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

A continuación, se destacan cuatro aspectos clave para comprender el trasfondo y la proyección de las actuales protestas:

  1. Criminalización de la protesta y represión estatal

Las manifestaciones encabezadas por pueblos indígenas en Panamá han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y operativos de contención que han dejado múltiples personas heridas. Esta situación se suma a una larga historia de represión cuando los pueblos indígenas ejercen su derecho a la protesta, especialmente en defensa de sus territorios, derechos colectivos y formas de vida. La actual ola de represión evidencia un patrón de criminalización sistemática de la protesta social indígena, así como una preocupante respuesta autoritaria ante el descontento popular.

  1. Ausencia de mecanismos de consulta vinculantes

Uno de los principales reclamos de las organizaciones indígenas panameñas es la falta de mecanismos legales que garanticen la participación efectiva en decisiones que afectan sus territorios. A diferencia de otros países de la región, Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que debilita aún más los procesos de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la Ley 462, junto con decisiones como la reapertura de la mina en Donoso, han sido impuestas sin diálogo con los pueblos indígenas, perpetuando un modelo centralista que excluye y desoye las voces indígenas en asuntos de interés nacional.

  1. Defensa del territorio frente al avance del extractivismo

Las actuales movilizaciones indígenas no solo rechazan reformas estructurales como la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, sino que también denuncian la continuidad de un modelo extractivista que pone en riesgo los bienes comunes y los derechos territoriales. La reapertura de la mina de cobre en Donoso —tras la anulación del contrato minero en 2023 por inconstitucionalidad— es interpretada como un nuevo intento de imponer proyectos altamente destructivos. Las comunidades indígenas han reiterado su defensa del agua, los bosques y los ecosistemas que sustentan su cultura y su supervivencia.

  1. Convergencia de luchas y defensa de la soberanía

La resistencia indígena se está articulando con amplios sectores sociales, como sindicatos, colectivos juveniles, ecologistas y comunidades urbanas, que también se ven afectados por el rumbo político del país. La firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reactivación de concesiones mineras han encendido las alarmas sobre la pérdida de soberanía nacional. Frente a esto, los pueblos indígenas no solo defienden sus derechos colectivos, sino que se posicionan como actores clave en una lucha más amplia por la justicia social, ambiental y democrática en Panamá.

Desde mayo de 2025, comunidades Emberá se han unido a la ola de movilizaciones sociales que sacude al país, exigiendo el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el fin de la represión estatal.

Bienes comunes bajo amenaza: la respuesta de los pueblos

Las movilizaciones indígenas y sociales en Panamá no solo se enmarcan en un rechazo a políticas específicas o proyectos extractivos, sino que representan una defensa integral de los bienes comunes en sus múltiples dimensiones: naturales, sociales y culturales.

En lo natural, los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Panamá. La amenaza que representan actividades como la minería a gran escala o la explotación hidroeléctrica no solo pone en riesgo los recursos hídricos, los bosques y la fauna, sino que altera profundamente el equilibrio ambiental que sustenta la vida en estos territorios. La defensa del agua y la tierra es, por tanto, una cuestión vital para la supervivencia ecológica y comunitaria.

En lo social, la protesta responde a una larga historia de exclusión y marginación estructural que afecta no solo a las comunidades indígenas, sino también a sectores populares urbanos y rurales. La imposición de reformas como la Ley 462 o las decisiones unilaterales sobre recursos estratégicos generan impactos directos en la seguridad social, el bienestar colectivo y la cohesión social. La articulación de pueblos indígenas con sindicatos, estudiantes y ecologistas refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de construir sistemas sociales más justos, inclusivos y democráticos.

En lo cultural, las movilizaciones encarnan la defensa de identidades, tradiciones y formas de vida ancestrales amenazadas por modelos extractivistas y centralizadores. La tierra y los recursos naturales no son solo bienes materiales para estos pueblos, sino elementos esenciales de su cosmovisión, espiritualidad y memoria colectiva. La criminalización y la represión son también formas de violencia cultural que intentan silenciar estas voces y disolver estos vínculos comunitarios.

En suma, la protesta en Panamá es la expresión de una lucha multidimensional que busca proteger y restaurar los bienes comunes en todas sus dimensiones, entendidos como el fundamento indispensable para la vida digna, la justicia social y la soberanía cultural y ambiental.

Imagen de: France 24. Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero. 
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Mientras la Municipalidad es allanada, la destrucción avanza: crónica de un paraíso en obras

Bienvenidos al Caribe Sur costarricense, donde el verde abunda… hasta que aparece una retroexcavadora. Aquí, en este “paraíso natural”, uno puede toparse con playas vírgenes, árboles centenarios y, si tiene suerte, una buena tala ilegal en pleno desarrollo. El combo completo incluye tierra removida, vagonetas sin placas y permisos “fantasma”. Turismo de naturaleza en versión fast-forward hacia la urbanización.

Lejos de ser hechos aislados, lo que ocurre en esta región es parte de una tendencia acelerada y preocupante: la expansión extractiva e inmobiliaria que se impone sobre los ecosistemas sin respetar normativas, ni detenerse ante denuncias comunitarias. Philippe Vangoidsenhoven, una de las personas que ha asumido la tarea de documentar y denunciar estas prácticas, nos ofrece una crónica casi diaria de lo que sucede: árboles talados sin permisos, rellenos ilegales de humedales, y destrucción que avanza mientras las autoridades parecen ausentes o desbordadas.

Casos como el de Playa Negra, donde árboles protegidos fueron derribados sin posibilidad de justificación técnica, o zonas donde se raspa la tierra una y otra vez pese a órdenes de detención previas, muestran el patrón: se destruye, se paga una multa, se construye. La impunidad es parte del modelo.

La falta de medidas cautelares efectivas permite que estos proyectos sigan su curso sin interrupción real. Las denuncias son recibidas, pero el tiempo entre una acción ilegal y una respuesta institucional es aprovechado al máximo por quienes destruyen. En ese vacío, lo que se pierde es naturaleza viva, biodiversidad, y espacios comunes.

La labor de seguimiento y documentación, como la que realiza Philippe, no solo es valiente, sino esencial. Es gracias a ese esfuerzo constante que estos casos no quedan completamente en la sombra. Pero este trabajo no debería recaer únicamente sobre personas voluntarias; requiere respaldo institucional y voluntad política real.

Mientras tanto, en el “paraíso verde”, la tendencia es clara: más concreto, menos selva. Más negocios, menos vida. Y así, cada día, la naturaleza pierde un poco más, a la vista de todos.

Caso nuevo y seguimientos

Caso 1:Retorno de las máquinas a terreno ya intervenido

En un terreno donde anteriormente se denunció el raspado de una loma y movimientos de tierra realizados sin los permisos correspondientes, las máquinas han regresado. A pesar de que en el pasado se emitieron órdenes de detención de las obras, el proyecto parece haber reactivado sus actividades sin mayores consecuencias. Philippe Vangoidsenhoven constató una nueva remoción significativa de tierra, lo que evidencia una clara intención de construcción.

Según relata, este sitio ha sido intervenido en al menos dos ocasiones previas. En ambas, la policía ambiental retiró una draga que operaba en el mismo lugar donde ahora continúan los trabajos. Fue el fiscal ambiental quien, en su momento, ordenó el retiro de la maquinaria. Sin embargo, Philippe cuestiona la efectividad de estas medidas: “Siempre es lo mismo. Están haciendo algo ilegal, pero en lugar de decomisar la máquina como corresponde, simplemente la sacan del lugar, como si eso resolviera el problema. Así no va a funcionar nunca”.

El seguimiento del caso se ha visto afectado por el constante cambio de fiscales, lo que impide una comprensión integral de los hechos. Esta falta de continuidad institucional contribuye a la impunidad con que se reanudan proyectos que, desde su inicio, violan la normativa ambiental vigente.

Nota anterior «Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la lomaNota anterior»«

Caso 2: Huecos, rellenos y vagonetas sospechosas

En otra zona, donde previamente se había extraído madera, el lugar aparece ahora sin actividad visible, pero con señales de movimiento reciente: huecos excavados, tierra removida y caminos nivelados. Alertó al 911, pero no es la primera vez que este tipo de actividad sucede sin respuesta efectiva. El patrón extractivo continúa, facilitado por la falta de medidas cautelares, lo que deja a los territorios en constante estado de vulnerabilidad.

Nota anterior «Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense»

Caso 3: Tala en Playa Negra

En las cercanías de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, se realizó una tala de árboles de gran tamaño y alto valor ecológico. Según Philippe Vangoidsenhoven, es altamente improbable que existiera un permiso para remover dicha vegetación. Él observó vagonetas cargadas con ramas y restos vegetales, que sospecha provienen del sitio intervenido. Aunque en ese momento no había personal trabajando en el lugar, los vestigios de la tala eran claramente visibles.

Este caso parece seguir un patrón ya conocido en la zona: tala, posible multa —cuando la hay— y luego construcción sobre el terreno alterado. La legislación ambiental se aplica con laxitud, lo que permite que estas acciones se consoliden sin una reparación efectiva del daño causado.

Philippe describe una estrategia recurrente: derribar todos los árboles, cortarlos en pedazos y removerlos rápidamente. “Hoy en la mañana lo vi pasar”, señala. Más tarde, al regresar al lugar, notó un claro descenso del terreno, evidenciando la reciente intervención. En el trayecto, observó una vagoneta cargada con ramas de árboles. Aunque no pudo ver el contenido completo del cajón, es muy probable que proviniera del área afectada. “Así es como lo hacen: llenan la vagoneta con los restos y la sacan sin que nadie diga nada. Nadie detiene esas vagonetas, ese es el problema”, concluye.

Al volver Philippe al lugar, había un bajop en el terreno. “Y estaba ahí esperando. Y como yo miré primero, miré la vagoneta pasar con ese material verde, de esas ramas, de todo esto… cuando ya llegué al sitio, ahí en eso yo miro el bajop, y ahí ya me encendió el bombillo. Ya estaban sacando todo esto y seguro que están haciéndolo ahora mismo. No pude volver a ir, entonces no sé si la policía ha ido al sitio y no sé si de verdad habrán hecho su trabajo… eso es otra cosa”.

Según información proporcionada por la policía, el terreno contaba con permisos para la tala, lo que evidencia no solo la laxitud de la legislación ambiental, sino también que el problema no radica únicamente en si la tala es legal o ilegal, sino en la vulnerabilidad del ecosistema afectado.

Allanamiento a la Municipalidad de Talamanca: justicia en acción, mientras la destrucción sigue

Este martes, la Municipalidad de Talamanca fue allanada por segunda vez debido a presuntas irregularidades en la aprobación de permisos de construcción en zonas protegidas, incluyendo áreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La investigación apunta a posibles actos de corrupción que habrían facilitado proyectos turísticos y urbanísticos ilegales.

Para Philippe Vangoidsenhoven, testigo cercano de estos procesos, la situación no es nueva. Recuerda que durante una administración anterior ya se había realizado un allanamiento en el municipio, en el cual se incautaron documentos y se inició una investigación contra el entonces alcalde. Tras ese proceso, se emitió una orden de arresto contra el funcionario, y este intentó darse a la fuga. “Y desmovieron, después de investigar todo, para arrestar al alcalde, y el alcalde se dio la fuga. Lo tuvieron que perseguir con sirenas, cortarle el paso, sacarlo del carro y llevárselo esposado”, relata Philippe. “Imagínese —añade—, el señor que debería dar el ejemplo al cantón huyendo de la policía”.

A pesar de la gravedad del hecho, el funcionario fue liberado poco después, alegando problemas de salud. Finalmente, no se le impuso ninguna sanción significativa. Lo más desconcertante, señala Philippe, es que ese mismo alcalde volvió a ser electo y continúa en funciones. “Sigue haciendo lo mismo que hacía hace tres administraciones. No le importa nada el medio ambiente. Para él, la naturaleza es una molestia”, afirma.

Una de sus declaraciones más polémicas, recuerda Philippe, fue cuando se refirió con desdén a la protección del territorio: “¿Cómo es eso que ahora resulta que es humedal? Antes no era, y ahora sí”. Este tipo de discursos refleja la indiferencia institucional ante el deterioro ambiental.

La paradoja es evidente: mientras la municipalidad está bajo investigación judicial, la destrucción del territorio continúa sin freno. La justicia actúa con lentitud, mientras el ecosistema sigue perdiendo terreno, sin medidas cautelares efectivas que frenen la tala, los rellenos ilegales y la expansión urbanística.

Nota sobre la protección legal de los humedales:

Es importante señalar que, en Costa Rica, un humedal no necesita estar formalmente inscrito o declarado mediante decreto para ser reconocido y protegido como tal. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N.° 7317), así como por la Convención Ramsar sobre los Humedales —ratificada por Costa Rica en 1991—, cualquier ecosistema que cumpla con las características ecológicas de un humedal (como presencia permanente o temporal de agua, vegetación adaptada a suelos saturados, y funciones hidrológicas específicas) debe ser considerado y tratado como tal.

La falta de inscripción no le resta valor ecológico ni lo excluye de protección legal; más bien, es responsabilidad del Estado y de los gobiernos locales aplicar el principio precautorio y velar por su conservación, independientemente de su estatus registral.