Las comunidades de Maquengal y Guatuso, junto al Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro, hicieron público un pronunciamiento en el que alertan sobre el estado crítico del Río Frío, tras más de cuatro décadas de extracción de materiales en su cauce.
Lejos de centrarse únicamente en aspectos técnicos o legales, el documento pone en el centro la experiencia territorial de quienes habitan la cuenca, señalando los impactos acumulativos de un modelo de desarrollo que ha transformado de forma profunda la dinámica del río. Entre los principales efectos identificados destacan la erosión de riberas, la pérdida de pozas, la sedimentación, la disminución del caudal y la profundización del cauce.
Estas transformaciones no son solo ambientales. Las comunidades advierten consecuencias directas sobre la vida cotidiana: limitaciones en el acceso al río, afectaciones a la ganadería y al turismo local, mayor vulnerabilidad ante inundaciones y deterioro de los humedales vinculados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, del cual el río es su principal afluente.
Uno de los elementos más relevantes del pronunciamiento es la evidencia territorial recopilada en recorridos comunitarios. Según señalan, los tramos sin intervención se han reducido a fragmentos aislados: aproximadamente 800 metros hacia el Parque Nacional Tenorio y 1,6 kilómetros en dirección a El Jorón. Esta fragmentación revela que la afectación no es puntual, sino parte de un proceso continuo de transformación del río.
Además, el documento subraya la importancia estratégica de la cuenca para la seguridad hídrica del cantón. Entre el puente de San Rafael de Guatuso y el Parque Nacional Tenorio se ubican algunos de los principales mantos acuíferos de la zona, lo que refuerza la urgencia de proteger este territorio.
Las comunidades son claras: no se oponen al desarrollo, pero cuestionan un modelo que sacrifica los ríos y debilita las bases que sostienen la vida local. En su lugar, proponen fortalecer alternativas como el turismo rural comunitario, la producción local y la conservación.
En este marco, el pronunciamiento plantea la necesidad de abrir una discusión más amplia sobre el ordenamiento territorial y la gobernanza de la cuenca, señalando la ausencia de una visión integral que articule las decisiones institucionales con las dinámicas ecológicas y las necesidades comunitarias. Se insiste en la importancia de aplicar el principio precautorio y evaluar los impactos acumulativos antes de autorizar nuevas intervenciones.
Como propuesta concreta, las comunidades impulsan la creación de una zona de cuido del Río Frío, orientada a la restauración ecológica, el uso comunitario responsable y el desarrollo de alternativas económicas sostenibles. Esta iniciativa podría convertirse en un espacio piloto de gestión participativa de la cuenca.
El llamado a las instituciones es claro: reconocer la voz comunitaria, abrir espacios de diálogo no intimidantes, considerar una moratoria a la extracción de materiales y avanzar hacia decisiones basadas en la sostenibilidad y la justicia intergeneracional.
El pronunciamiento cierra con una afirmación que sintetiza su sentido político y ético: hablar hoy no es oponerse, es cuidar. Es asumir la responsabilidad colectiva de decidir qué tipo de desarrollo se quiere para el territorio y para las generaciones futuras.







