Este martes 26 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú confirmó el acuerdo alcanzado tras semanas de movilización ciudadana: se reinstala la Comisión Especial del Plan Regulador, garantizando que la ciudadanía tenga voz en la definición de este instrumento clave para el futuro del cantón.
La decisión marca un hito en la defensa de la participación ciudadana en Escazú. Luego de intensas tensiones, denuncias públicas y vigilias en el propio Concejo, vecinas y vecinos lograron abrir nuevamente el espacio para incidir en el proceso, revirtiendo el intento de trasladar toda la responsabilidad a una oficina técnica sin representación comunitaria.
Para las comunidades, se trata de un paso fundamental: el Plan Regulador incide directamente en la vida cotidiana, desde la protección de los Cerros de Escazú y las fuentes de agua, hasta la regulación de barrios, comercios e infraestructura.
Lo que viene: selección de representantes
Con el acuerdo ya en firme, el siguiente paso será la selección de las personas representantes de la ciudadanía que integrarán la Comisión. En cada uno de los tres distritos del cantón (Escazú, San Antonio y San Rafael) se realizarán audiencias públicas para elegir a quienes representarán la voz vecinal en este proceso. Esta fase será crucial para asegurar que exista una representación legítima, diversa y comprometida con los intereses colectivos.
Un diálogo necesario: conocimiento técnico y comunitario
Más allá de la conformación, se abre ahora una discusión de fondo: ¿cómo dialogan el conocimiento técnico y el comunitario en la construcción del Plan Regulador?
Tradicionalmente, la planificación territorial se ha basado en estudios técnicos —cartografía, imágenes satelitales, censos, diagnósticos sectoriales— que, aunque necesarios, resultan insuficientes para reflejar la complejidad de la vida cotidiana en el territorio.
El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial señala que la información para estos procesos puede y debe nutrirse de múltiples fuentes: inventarios ambientales, análisis socioeconómicos, talleres participativos, consultas locales, recorridos comunitarios y observación directa del entorno.
La experiencia de vecinas y vecinos aporta elementos que ningún estudio puede reemplazar: la memoria de inundaciones y deslizamientos, la relación con las quebradas y nacientes, el impacto de la expansión comercial en la vida barrial, la tensión entre agricultura y urbanización. Son trayectorias e historias de vida que permiten comprender el territorio en su dimensión más humana y comunitaria.
El reto estará en reconocer este conocimiento como parte legítima del proceso y no como un complemento secundario. Solo con un diálogo equilibrado entre lo técnico y lo comunitario será posible construir un Plan Regulador que garantice seguridad, sostenibilidad y calidad de vida para el cantón.
Un proceso en disputa
La reinstalación de la Comisión no significa que el camino esté despejado. Lo que viene será un proceso cargado de tensiones sobre qué contenidos se priorizan, cómo se recogen los aportes y hasta dónde se consideran las propuestas ciudadanas en las decisiones finales.
Sin embargo, la experiencia de estas semanas demuestra que la organización comunitaria es capaz de incidir. La presión vecinal no solo recuperó un espacio que se había cerrado, sino que dejó claro que la planificación territorial es un asunto de interés público que no puede definirse entre cuatro paredes.
Un nuevo capítulo para Escazú
Con este acuerdo, Escazú abre un nuevo capítulo en la gestión de su territorio. La Comisión Especial del Plan Regulador tendrá ahora la tarea de construir un puente entre la mirada técnica y la experiencia comunitaria.
El desafío será mantener viva la participación y asegurar que el futuro del cantón se decida de manera transparente, democrática y con la voz activa de quienes lo habitan día a día.
Herramientas y técnicas participativas disponibles
El Manual de Planes Reguladores enfatiza que la construcción de estos instrumentos no puede limitarse al análisis técnico, sino que debe integrar activamente la participación de las comunidades. Para ello, identifica un conjunto de herramientas que permiten recopilar, sistematizar y validar la información de manera inclusiva y transparente. Entre ellas se encuentran:
- Audiencias públicas: espacios formales donde se presentan avances, se recogen observaciones y se abren canales de diálogo directo con la ciudadanía.
- Talleres participativos: dinámicas grupales en las que se trabaja con mapas, dibujos y debates abiertos para recoger percepciones, propuestas y problemáticas locales.
- Mapeo comunitario: ejercicios donde las personas habitantes identifican en planos o cartografía sus recorridos, lugares de importancia, zonas de riesgo o sitios de conflicto.
- Entrevistas y encuestas: permiten profundizar en las experiencias de distintos sectores de la población, recogiendo datos cualitativos y cuantitativos.
- Mesas temáticas: espacios de discusión especializados (agua, movilidad, riesgo, vivienda, ambiente) que permiten detallar aportes sectoriales.
- Recorridos de campo y observación directa: visitas conjuntas a barrios, quebradas, zonas agrícolas o áreas de riesgo para complementar los diagnósticos técnicos con la mirada comunitaria.
- Inventarios y diagnósticos participativos: registros elaborados con apoyo de la población local sobre recursos naturales, espacios públicos, prácticas productivas o usos del suelo.
Estas herramientas demuestran que la información relevante para un Plan Regulador no proviene únicamente de estudios satelitales o consultorías técnicas, sino también del conocimiento acumulado en la vida cotidiana de las comunidades. Su incorporación fortalece la legitimidad del proceso y abre oportunidades para construir un ordenamiento territorial más justo y equilibrado.
