Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.

Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:

“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.

La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.

El “cálculo” político

La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.

El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.

El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?

En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.

Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón

En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.

Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.

Las experiencias vecinales lo confirman:

• La falta de agua y la incertidumbre sobre su disponibilidad se han vuelto problemas cotidianos.
• Los desbordamientos e inundaciones, cada vez más frecuentes, generan temor y cuestionan la ausencia de gestión preventiva.
• La mezcla de negocios dentro de barrios residenciales genera tensiones que, con el tiempo, han consolidado un desorden que degrada la armonía comunitaria y reduce el valor residencial de las viviendas.

Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.