IMG_6489

“La Caja no se vende, la Caja se defiende”: voces desde la calle en defensa de la vida

El Observatorio de Bienes Comunes acompañó la manifestación del 8 de noviembre, una jornada donde miles de personas volvieron a ocupar las calles para defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), símbolo de la solidaridad y de la justicia social en el país.

El audio compartido —un collage de voces y consignas— recoge la fuerza de un movimiento diverso que reunió a sindicatos del magisterio, organizaciones estudiantiles, feministas, campesinas e indígenas, así como personas usuarias y trabajadoras de la Caja. En cada intervención resonó la memoria del 8 de noviembre de 2012, cuando la represión estatal intentó acallar una protesta en defensa de la CCSS. Trece años después, la herida sigue viva, pero también la convicción de que la salud no es un negocio, sino un derecho.

Entre las voces se insistió en que la deuda del Estado y las políticas neoliberales amenazan la sostenibilidad de la institución, mientras crece la tentación de privatizar lo público. En el marco de un nuevo proceso electoral, las organizaciones alertaron sobre el riesgo de que la caja, la educación y las universidades públicas se conviertan nuevamente en botín político o terreno de ajuste.

Defender la Caja —recordaron desde el Frente Nacional por la Seguridad Social— es defender la vida digna, el trabajo decente, el derecho a la salud y la memoria de quienes, desde hace más de ocho décadas, hicieron posible un modelo solidario.

🎧 Escuchá aquí el testimonio sonoro de la jornada: un eco colectivo que recuerda que los bienes comunes también se defienden desde la calle.

 

Palestina también resuena en las calles de Costa Rica

Durante la manifestación del 8 de noviembre, entre las consignas en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, también se alzaron voces solidarias con el pueblo palestino. En medio de tambores, banderas y discursos, la causa por la salud pública se entrelazó con la denuncia del genocidio en Gaza, recordando que la defensa de la vida no tiene fronteras.

Estas intervenciones afirmaron que la lucha por la justicia social y los bienes comunes es inseparable de la solidaridad internacionalista: cuando un pueblo es atacado, todos los pueblos que resisten sienten la herida. Desde Costa Rica, las voces que defienden la Caja se sumaron al clamor global por un alto al fuego y por el respeto a la dignidad del pueblo palestino, reafirmando que la vida —en cualquier territorio— nunca debe ser una mercancía ni un objetivo de guerra.

La memoria sonora de la protesta

Registrar y compartir los sonidos de una manifestación es también una forma de hacer memoria. Cada consigna, cada tambor y cada voz guardada en estos archivos sonoros reconstruye la historia viva de las luchas sociales y permite que las generaciones futuras escuchen lo que se quiso silenciar. Estos testimonios son parte del patrimonio político y afectivo del país: resguardan la emoción colectiva, la resistencia y la palabra de quienes defienden lo común. Escuchar es, también, una forma de cuidar la memoria.

Galería

WhatsApp Image 2025-11-05 at 1.33.21 PM (1)

Monitoreos ambientales en defensa del territorio: las denuncias de Philippe Vangoidsenhoven

Desde hace varios años, Philippe Vangoidsenhoven documenta con rigor y persistencia las transformaciones ilegales del paisaje costero en el Caribe sur de Costa Rica. A través de recorridos periódicos, fotografías y reportes georreferenciados, ha evidenciado un patrón sostenido de tala, relleno y construcción en zonas de protección y humedales, muchas veces con la complacencia institucional o la falta de seguimiento efectivo.

Su labor se desarrolla en condiciones profundamente desiguales: sin respaldo institucional, sin protección jurídica ni apoyo técnico, y con recursos limitados que debe autofinanciar. Como muchas personas defensoras ambientales en el país, Philippe actúa desde la convicción de cuidar los bienes comunes frente a un modelo que prioriza la especulación turística y el negocio inmobiliario. Mientras las instituciones se ven sobrepasadas o inactivas, son estos monitoreos ciudadanos los que permiten sostener la vigilancia ambiental y mantener viva la memoria del territorio.

Caso 1: Tala y construcciones junto a un arroyo

En julio de 2021, Philippe denunció ante el MINAE una chapea en la orilla de un arroyo, pero la inspección se realizó tres meses después, cuando ya no era posible constatar el daño. En febrero de 2022 verificó la tala en la zona protegida de 15 metros, y a inicios de 2023 observó la construcción de una casa y un pozo dentro del cauce del arroyo. Aunque el MINAE obligó a dejar que la vegetación se regenerara, no detuvo las obras. Recientemente, se añadieron dos contenedores en la franja de protección y una nueva construcción al otro lado del arroyo, por lo que Philippe volvió a denunciar exigiendo la demolición de las estructuras y la restauración del área.

Galería 2025

Caso 2: Chapeas en la franja costera de REGAMA

Desde hace años, cuadrillas de peones limpian la franja de bosque costero en REGAMA bajo el argumento de “seguridad”, apoyadas incluso por la policía. Sin embargo, Philippe ha documentado que detrás de estas acciones se esconden intereses turísticos: un bar de hotel utiliza la zona para habilitar parqueos, a pesar de que la ley exige mantener una franja mínima de 15 metros libre de intervención en ambos márgenes de los cauces.

Galería

Caso 3: Desmonte en Margarita Road

En el sector de Margarita Road, Philippe ha presentado múltiples denuncias por tala total del terreno y eliminación del sotobosque, lo que constituye un cambio de uso de suelo en un área boscosa ubicada dentro del territorio indígena Kekoldi.

Caso 4: Río Cocles, la desaparición de la franja de protección

El seguimiento fotográfico confirma que los 15 metros de protección del río Cocles han desaparecido. En el sitio, donde aún se observa agua superficial, el terreno presenta características de humedal. Philippe había advertido sobre esta situación desde años anteriores, pero el daño se ha agravado. Las talas —registradas desde 2019— muestran un patrón sostenido en terrenos tanto privados como públicos, dentro del área REGAMA.

Galería

Caso 5: Extracción y venta ilegal de tierra

Otro monitoreo revela la extracción ilegal de tierra para rellenos de terrenos, bosques y humedales. Aunque una de las fincas fue detenida tras las denuncias, en otras continúa el saqueo. Philippe advierte que la tierra se ha convertido en un nuevo negocio en el Caribe sur, donde varias lomas están siendo raspadas para su venta.

Antes
Despúes
Galería
Implicaciones de un patrón que avanza sobre los ecosistemas costeros

Los casos documentados por Philippe revelan un proceso de transformación profunda del territorio, donde las zonas de protección y los humedales pierden su función ecológica. Cada tala, relleno o construcción no solo modifica el paisaje: interrumpe los flujos del agua, fragmenta los hábitats y debilita los equilibrios que sostienen la vida en los ecosistemas costeros.

En los márgenes de ríos y quebradas, la desaparición de la vegetación ribereña acelera la erosión, contamina los cauces y reduce la capacidad natural de infiltración del agua. Los rellenos sobre humedales eliminan espacios vitales para la recarga acuífera y para especies que dependen de esos ambientes. Estos procesos, repetidos en distintas localidades, configuran un patrón de pérdida silenciosa, donde el deterioro se acumula sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Las implicaciones también son sociales: el avance de intereses privados sobre áreas comunes restringe el acceso al territorio y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegerlo. Detrás de cada denuncia no solo hay un daño ambiental, sino la expresión de un conflicto entre dos formas de entender el espacio costero: como bien común o como recurso para la especulación inmobiliaria.

Patrones que se repiten y defensores desprotegidos

Los monitoreos de Philippe muestran una constante: el deterioro ambiental no ocurre de manera aislada, sino como parte de un entramado donde la falta de control, la permisividad institucional y los intereses económicos se combinan. Chapeas, talas, rellenos y construcciones avanzan sobre zonas protegidas mientras los mecanismos de vigilancia estatal actúan con lentitud o no logran detener el daño.

Este tipo de seguimiento ciudadano se vuelve crucial en contextos de estrés institucional, como el que vive hoy Costa Rica, donde por omisión, impotencia o sobrecarga, las instituciones ambientales no dan abasto. Frente a esa fragilidad, los registros independientes —fotográficos, georreferenciados y persistentes— son los que permiten sostener la memoria del territorio y exigir rendición de cuentas.

Sin embargo, quienes realizan este trabajo lo hacen sin protección ni apoyo oficial. Philippe financia de su propio bolsillo cada desplazamiento, equipo y denuncia. En uno de sus monitoreos perdió su dron —una herramienta esencial para registrar los daños desde el aire—, que había sido adquirido gracias a la solidaridad de una vecina.  Tuvo que volver a pedir apoyo para reemplazarlo. Esa es la vida del defensor ambiental en el Caribe sur: sostener con esfuerzo y convicción una tarea que el Estado debería acompañar, proteger y reconocer.

AP25308776465579

COP30: multilateralismo en crisis y justicia socioecológica fuera de agenda

Del 10 al 21 de noviembre, Belém, Brasil, se convertirá en el epicentro de la política climática global con la celebración de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). A diez años del Acuerdo de París, la cumbre llega marcada por tensiones entre discursos de transición justa y la continuidad del modelo extractivista.

El contexto no podría ser más complejo: guerras, crisis energética, avance de gobiernos ultraconservadores y un multilateralismo debilitado. En este escenario, las voces que defienden los territorios y la vida —pueblos indígenas, comunidades locales y personas defensoras ambientales— siguen relegadas a los márgenes del debate oficial.

Una década después de París: promesas rotas y ambición insuficiente

El balance global es preocupante. Según ONU Cambio Climático, solo 64 países presentaron planes nacionales de reducción de emisiones (NDC) antes de la COP30, lo que apenas permitiría una reducción del 10% de las emisiones para 2035 Cuenta atrás para la COP30 . Muy lejos del 60% que la ciencia considera imprescindible para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C.

El Informe pre-COP30 de Ecologistas en Acción advierte que los principales emisores y países del Norte Global siguen bloqueando compromisos vinculantes, trasladando la responsabilidad al Sur Global y confiando en mecanismos de mercado. La financiación climática continúa siendo el eje del desacuerdo: los países ricos evitan asumir su deuda histórica y apuestan por fondos privados e instrumentos “innovadores”, que en la práctica profundizan la dependencia y el endeudamiento de los países del Sur Informe-pre-COP30 .

Brasil, anfitrión entre la selva y el petróleo

La sede de la COP30 en Belém tiene una carga simbólica innegable: la Amazonía es uno de los grandes pulmones del planeta. Sin embargo, Brasil llega con contradicciones profundas. Bajo el gobierno de Lula da Silva, la deforestación amazónica cayó un 62% en 2023, pero al mismo tiempo Petrobras expande su frontera petrolera en la Margen Ecuatorial, con nuevas licencias para buscar crudo en el delta del Amazonas.

La cumbre, que se realizará “al borde del bosque”, enfrenta así su propia paradoja: mientras se discute la descarbonización global, el país anfitrión consolida un modelo extractivo que depende de los combustibles fósiles para sostener su balanza comercial. Como señala el informe, Brasil “proyecta una imagen de líder climático mientras fortalece la industria petrolera y gasística”, una contradicción que refleja el dilema mundial entre los discursos de transición y la realidad del poder económico.

Un nuevo marco jurídico: la justicia climática como obligación

Un punto clave de esta COP será la reciente Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece por primera vez que el umbral de 1,5 °C es jurídicamente vinculante. Esto significa que los Estados no pueden seguir tratando la acción climática como un compromiso voluntario, sino que tienen obligaciones legales concretas para reducir emisiones y financiar la transición de los países más vulnerables.

Este avance jurídico se suma a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconocen la crisis climática como una violación de los derechos humanos. Aun así, las negociaciones siguen ancladas en la lógica del consenso entre Estados, donde los vetos de los petroestados y la influencia de los lobbies fósiles frenan cualquier medida ambiciosa.

Defensoras y defensores ambientales: la ausencia más grave

Aunque la retórica oficial habla de “transición justa” y “participación inclusiva”, la realidad es otra. Las personas defensoras del ambiente y del territorio permanecen fuera de la agenda oficial de la COP30, a pesar de que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el agua.

En Brasil, Colombia, México, Honduras y otros países amazónicos, las comunidades que se oponen a megaproyectos extractivos —represas, minas, monocultivos, hidrocarburos— enfrentan criminalización, amenazas y asesinatos. La expansión petrolera en el delta del Amazonas ha generado nuevas denuncias por violaciones del derecho a la consulta previa, libre e informada, mientras el Acuerdo de Escazú —que garantiza protección a las personas defensoras— sigue sin implementarse de manera efectiva.

Las organizaciones presentes en la Cumbre de los Pueblos y la articulación “Pueblos contra el Extractivismo” exigen que la COP30 reconozca explícitamente la protección de las y los defensores ambientales como condición para la justicia climática. Su demanda es clara: no hay transición justa si se sigue asesinando a quienes defienden la vida.

El poder de los pueblos: resistencias desde la Amazonía

Mientras las negociaciones oficiales se concentran en tecnicismos financieros, la sociedad civil global se organiza en torno a la Cumbre de los Pueblos, que reunirá a más de 1.200 organizaciones. Desde la Amazonía, las comunidades indígenas recuerdan que ellos son los verdaderos guardianes del clima, responsables de conservar los territorios que el modelo económico global continúa depredando.

En su declaración previa a la cumbre, el G9 de la Amazonía Indígena advirtió: “La transición energética no puede ser una nueva forma de colonialismo verde”. Este llamado resuena como una advertencia a los gobiernos y empresas que buscan nuevas fuentes de extracción bajo el discurso de la descarbonización.

Una cumbre decisiva

Belém será una prueba para el multilateralismo: o avanza hacia una gobernanza climática basada en derechos humanos y justicia, o confirma su captura por los intereses fósiles y financieros.

Pero más allá de los acuerdos diplomáticos, el futuro del clima se juega en los territorios: en las comunidades que cuidan el agua, los bosques y las semillas. Allí donde las personas defensoras del ambiente arriesgan su vida cada día para sostener la esperanza de un planeta habitable.

La COP30 será histórica no por lo que firmen los gobiernos, sino por lo que logren sostener los pueblos.

No perdamos de vista a la agroindustria: glosario para leer la COP30 con mirada crítica

Mientras los focos de la COP30 se centran en los combustibles fósiles, la agroindustria avanza su propio relato verde. Empresas y gobiernos intentarán mostrarse como parte de la solución climática, aunque el sistema alimentario global —desde la ganadería intensiva hasta los monocultivos— genera cerca de un tercio de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Este glosario ayuda a identificar las estrategias de greenwashing que estarán presentes en Belém.

Agricultura regenerativa: Promesa de una agricultura que “repara el suelo” y “secuestra carbono”, pero sin estándares verificables. Es la etiqueta preferida de grandes corporaciones como McDonald’s, Cargill o Bayer, que la usan para ocultar el impacto de sus cadenas de producción ganadera y de fertilizantes.

Agricultura tropical: Narrativa impulsada por el agronegocio brasileño para afirmar que la ganadería tropical puede ser “neutra en carbono”. La ciencia demuestra que los suelos tropicales no pueden compensar las emisiones de metano del ganado. Detrás de esta idea se justifica la expansión sobre la Amazonía y el Cerrado.

Sin calentamiento adicional (GWP*): Concepto técnico usado por países y empresas para recalcular sus emisiones de metano y aparentar neutralidad climática. Permite seguir produciendo carne y lácteos a gran escala sin reducir rebaños ni contaminación.

Bioeconomía: Palabra comodín del crecimiento verde. En teoría, busca producir en armonía con la naturaleza; en la práctica, legitima monocultivos para biocombustibles que compiten con la producción de alimentos, provocan deforestación y concentran tierras.

Alimentamos al mundo: Argumento clásico de la agroindustria para evitar regulaciones ambientales. Ignora que el planeta ya produce 1,5 veces más alimentos de los que necesita; el problema no es la producción, sino la desigualdad y el desperdicio.

La agroindustria es progreso y desarrollo: Discurso que presenta al agronegocio como motor económico y cultural. Invisibiliza el rol de la agricultura campesina y familiar, que produce la mayor parte de los alimentos del mundo, y desplaza las voces rurales en favor de corporaciones exportadoras.

La eficiencia es suficiente: Consigna usada por las grandes lecheras y cárnicas: producir “más con menos”. En realidad, aumentar la eficiencia sin limitar la producción incrementa las emisiones totales, consolidando un modelo agroindustrial dependiente de agroquímicos y monocultivos.

Los combustibles fósiles son el verdadero problema: Estrategia para desviar la atención. Si bien el petróleo y el gas son centrales en la crisis, el sistema alimentario consume el 15% de los combustibles fósiles del mundo y es responsable de una tercera parte del calentamiento global.

No habrá justicia climática si el debate global sigue ignorando el impacto del sistema alimentario. En la COP30, cuestionar a la agroindustria es tan urgente como desafiar a las petroleras: ambas sostienen un modelo que convierte la vida en mercancía.

Referencias:

Climate Observatory. (2025). Brasil y la paradoja del petróleo en la Amazonía: Informe de seguimiento de emisiones nacionales 2024-2025. Observatório do Clima.

Comisión EAT-Lancet. (2019). Alimentar al planeta de forma saludable dentro de los límites planetarios. The Lancet Commission.

Corte Internacional de Justicia. (2025). Opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y los derechos humanos. Naciones Unidas.

Ecologistas en Acción. (2025). Informe pre-COP30: Un balance crítico del Acuerdo de París y los desafíos hacia Belém. Ecologistas en Acción.

Greenpeace International. (2025). Cuenta atrás para la COP30: Evaluación de los compromisos climáticos globales y los riesgos del extractivismo en Brasil. Greenpeace.

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Cambio Climático. (2025). Nuevos compromisos de acción climática nacional (NDC) 2025: Síntesis global. UNFCCC.

Sherrington, Rachel, y Healy, Hazel. (2025, 26 de octubre). Ojo con estos 8 términos de lavado de imagen verde de la agroindustria en la COP30. Desmog. 

Captura-de-Pantalla-2023-03-08-a-las-19.55.04

Cercamientos a lo común: los derechos reproductivos ante la avanzada ultraconservadora en Centroamérica

El informe De España al mundo: la proyección global de la ultraderecha española contra los derechos sexuales y reproductivos (2025) revela cómo actores ultraconservadores españoles —como el Opus Dei, Hazte Oír, CitizenGO, la Political Network for Values (PNfV) y Vox— han extendido sus redes de influencia hacia América Latina y África, configurando un entramado transnacional que ataca los derechos sexuales y reproductivos.
Desde una lectura crítica de los bienes comunes sociales, esta ofensiva puede entenderse como un intento de cercar la autonomía de las personas y de restringir la dimensión pública del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, un bien común que sostiene la igualdad y la democracia.

En el caso centroamericano, la investigación muestra que la ofensiva no se limita a lo religioso o moral, sino que forma parte de proyectos de poder que buscan reinstalar jerarquías de género, clase y raza, bajo narrativas de defensa de la “familia” y la “vida”. Estas estrategias se articulan con redes españolas y estadounidenses que trasladan recursos, discursos y formación política hacia élites conservadoras locales.

Tendencias regionales

La región centroamericana exhibe una serie de tendencias preocupantes:

  • Captura institucional y jurídica: en países como Guatemala y El Salvador, las élites vinculadas al Opus Dei y a organizaciones “provida” han logrado bloquear reformas legales y judiciales, imponiendo marcos regresivos que penalizan totalmente el aborto y obstaculizan la educación sexual integral.

  • Convergencia transnacional: redes como PNfV y CitizenGO utilizan la retórica de la “defensa de los valores” para articular campañas digitales, congresos y formación de cuadros políticos que difunden la ideología antigénero.

  • Colonialidad persistente: la apelación a la “hispanidad” y al legado católico sirve como vehículo cultural y simbólico para justificar un tutelaje moral sobre América Latina, replicando lógicas coloniales.

El espejo costarricense: cuando los derechos conquistados empiezan a ceder

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Los derechos reproductivos como bienes comunes sociales

Esta dimensión de los derechos son más que libertades individuales: constituyen una infraestructura colectiva que sostiene la autonomía, la equidad y la democracia. Son bienes que requieren de instituciones, saberes y redes de cuidado compartidas.

Su defensa implica reconocer que el cuerpo, la salud y la sexualidad son territorios comunes, no propiedad del Estado ni de las iglesias. La ofensiva ultraconservadora busca privatizar este bien común, subordinándolo a la moral religiosa y al control patriarcal, restringiendo la capacidad de las mujeres y disidencias para decidir sobre su vida y su futuro.

Proteger estos derechos exige fortalecer la educación sexual integral, las redes feministas y los espacios de deliberación ciudadana. También implica comprender la interdependencia entre justicia social, justicia de género y justicia epistemológica: sin acceso equitativo al conocimiento y a la autodeterminación corporal, no hay democracia viva.

Bordar la esperanza: cuerpos, saberes y futuro compartido

La defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Centroamérica —y particularmente en Costa Rica— enfrenta un nuevo escenario de disputa que trasciende el ámbito cultural y entra de lleno en el terreno electoral y político.

A medida que se acercan los comicios de 2026, emergen nuevas tensiones entre los movimientos ciudadanos que defienden los bienes comunes sociales y los bloques políticos que buscan capitalizar el malestar social con discursos moralistas y autoritarios.

En varios países de la región, los sectores ultraconservadores están rearticulando su poder a través de alianzas entre iglesias evangélicas, sectores católicos integristas, partidos populistas y redes transnacionales de la ultraderecha española y latinoamericana. Estos actores han aprendido a traducir la narrativa antigénero en propuestas electorales que apelan al “orden”, la “familia” y la “soberanía moral”, convirtiendo los cuerpos, la educación y la sexualidad en campos de batalla ideológica.

En Costa Rica, la reforma restrictiva de la norma técnica sobre aborto terapéutico y la eliminación de la educación sexual integral son síntomas de una ofensiva más amplia que busca disputar el sentido mismo de la democracia: si esta debe sostenerse en la igualdad y la autonomía o en un orden jerárquico tutelado por valores religiosos. Las elecciones de 2026 se anuncian así como un punto de inflexión donde se pondrá a prueba la fuerza de las redes feministas, estudiantiles y ciudadanas que defienden lo común frente a la captura institucional de los bienes públicos por intereses conservadores.

Desde la perspectiva de los bienes comunes sociales, lo que está en juego no es solo la legislación sobre aborto o educación sexual, sino la posibilidad misma de sostener una democracia de lo común, basada en la deliberación, la justicia y el cuidado compartido.

Frente al intento de cercar los cuerpos y los saberes, el desafío es repolitizar lo común, convertir la defensa de la autonomía reproductiva y la igualdad en una causa democrática central y transversal.

En palabras simples: defender los derechos sexuales y reproductivos hoy es defender la democracia misma.

Glosario de conceptos clave
  • Bienes comunes sociales: recursos, derechos y prácticas colectivas que sostienen la vida social y no deben ser mercantilizados ni apropiados por élites políticas o religiosas.

  • Ofensiva antigénero: estrategia transnacional de actores ultraconservadores que buscan revertir los avances en derechos sexuales, reproductivos y de género.

  • Ideología de género: categoría fabricada por sectores conservadores para desacreditar el feminismo y las políticas de igualdad, presentada falsamente como amenaza cultural.

  • Cercamiento del cuerpo: proceso de apropiación y control del cuerpo y la sexualidad mediante leyes, discursos y moralismos que restringen la autonomía individual.

  • Ultraderecha transnacional: red política y cultural que articula actores religiosos, mediáticos y partidarios con el objetivo de construir hegemonía a través de la “guerra cultural”.

Pueden descargar la infografía aquí:

PDF – Imagen

WhatsApp Image 2025-11-02 at 12.47.07 PM (2)

“Nos sentimos ciudadanos de tercera categoría”: Hablan desde Calle Álvarez en Guatuso

En Sentirles y Saberes, el Observatorio de Bienes Comunes visitó la comunidad de Calle Álvarez, en Guatuso, para conversar con don Pedro Luis Martínez habitante nativo de la zona y testigo de cómo las decisiones —o la falta de ellas— impactan directamente la vida cotidiana de su comunidad.

A menos de 300 metros del Río Frío, las familias de Calle Álvarez viven entre el riesgo constante de las inundaciones y el abandono institucional. Don Pedro relata cómo, pese a los años de solicitudes y promesas, siguen sin acceso seguro al centro del cantón cada vez que el río crece. Lo más indignante, dice, es que el mismo municipio que extrae material del río argumente no tener recursos para lastrear la calle del barrio.

En la conversación, emergen temas que van más allá de lo ambiental: la desigualdad territorial, la exclusión política y el derecho a una vida digna, especialmente en comunidades rurales que, como señala don Pedro, son vistas por las autoridades “como si no contaran porque aquí hay pocos votantes”.

Escuchar esta entrevista es asomarse a la política real, la que se vive en los caminos, en los hogares y en las decisiones que afectan la vida diaria. Porque la política no termina con el voto: se expresa también en el abandono o en la atención que reciben las comunidades.

🎧 Escuchá la entrevista completa con Pedro Martínez en Calle Álvarez, Guatuso.

Galería

WhatsApp Image 2025-05-08 at 4.57.24 PM (7)

Defender la vida en tiempos de extractivismo: la escalera de la violencia y los derechos en riesgo

El escalamiento de la violencia y el incumplimiento de los derechos

En Violencias y Derechos en los Extractivismos, Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini proponen una lectura integral de las relaciones entre extractivismo, derechos y violencia en América Latina. Una de sus principales contribuciones es la idea de la “escalera de la violencia”, presentada como un instrumento conceptual que permite identificar y analizar cómo las violaciones de derechos se acumulan y escalan hasta formas extremas de agresión.

Los autores explican que la violencia en los extractivismos no comienza con las armas ni con la represión policial: inicia mucho antes, en los incumplimientos institucionales y normativos que erosionan los derechos de las comunidades y de la naturaleza. La falta de información, la negación del derecho a la consulta, la manipulación de procesos de participación y las reformas legales para flexibilizar los controles ambientales son los primeros peldaños de una escalera que conduce, casi inevitablemente, a formas más graves de violencia.

En los niveles siguientes aparecen la criminalización de la protesta, la estigmatización de líderes comunitarios, el uso del sistema judicial para desmovilizar resistencias y, finalmente, la represión directa, los desalojos forzosos y las agresiones físicas o asesinatos. La escalera de la violencia permite, así, leer el conflicto extractivo como un proceso estructural, donde las violaciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son parte del funcionamiento mismo del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales.

Este instrumento resulta especialmente pertinente porque no solo denuncia los hechos de violencia visibles, sino que revela las formas invisibles e institucionalizadas de violencia, aquellas que se ejercen desde el Estado a través de políticas públicas, marcos legales y decisiones administrativas que facilitan la expansión de los extractivismos. Gudynas denomina a este tipo de prácticas extrahecciones: extracciones que, al vulnerar derechos y apoyarse en la violencia estructural, exceden la simple extracción de recursos para convertirse en mecanismos de despojo.

En este sentido, la “escalera de la violencia” no es solo una metáfora analítica: es una herramienta política y pedagógica que permite a comunidades, movimientos y defensores de derechos identificar tempranamente los procesos de escalamiento y visibilizar la responsabilidad estatal y empresarial en cada etapa. Su utilidad radica en ofrecer un lenguaje común para conectar las luchas locales con un marco más amplio de comprensión de las violencias del desarrollo.

Un marco urgente ante el aumento de la criminalización ambiental

La pertinencia de esta herramienta se hace aún más evidente en el contexto actual de creciente violencia contra las personas defensoras del ambiente y los territorios. El más reciente informe de Global Witness alerta que América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza, y que la mayoría de los ataques están vinculados a proyectos extractivos y agroindustriales.

En Costa Rica, estos riesgos se agravan por la decisión estatal de rechazar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca precisamente garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de las personas defensoras ambientales. Esta negativa deja en evidencia una brecha entre el discurso ambiental del país y la protección real de quienes sostienen la defensa de los bienes comunes.

Frente a ese escenario, la “escalera de la violencia” propuesta por Gudynas, Gandarillas y Campanini se vuelve una herramienta analítica y ética indispensable: permite identificar tempranamente las señales de escalamiento, comprender las responsabilidades estatales y empresariales, y fortalecer la acción colectiva desde una mirada de derechos humanos y de la naturaleza.

Un libro necesario para pensar los derechos en tiempos de extractivismo

Publicado por el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica (2019) constituye una referencia ineludible para quienes buscan comprender la relación entre el modelo extractivista y la crisis de los derechos humanos en la región.

A partir de una amplia revisión de casos y del informe sombra presentado ante el Examen Periódico Universal de Bolivia (ONU, 2019), el libro muestra cómo los extractivismos —mineros, petroleros o agroindustriales— generan una erosión sostenida del marco de derechos. Sus autores analizan conceptos como efectos derrame, violencia institucionalizada y neoconstitucionalismo latinoamericano, destacando las contradicciones entre las Constituciones que reconocen derechos de la naturaleza y las políticas que los vulneran en nombre del desarrollo.

Más allá del diagnóstico, la obra propone instrumentos para la acción, como las Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos (EIDH), que deberían acompañar los estudios de impacto ambiental para garantizar la protección efectiva de las personas y los territorios.

Descargá el libro

Violencias y Derechos en los Extractivismos. Extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica
Autores: Eduardo Gudynas, Marco Gandarillas y Oscar Campanini
Editorial: LaLibre / CLAES / CEDIB (2019)
Descarga aquí.

Pueden descargar el esquema aquí:

PDF – Imagen

Créditos de imagen: Foto mural de Jairo Voz de Guanacaste. Evidencia de ataque al parabrisas y mano vendada por agresión recibida de Philippe Vangoidsenhoven.

Mattelart

Armand Mattelart: un legado vivo en la reflexión crítica sobre la comunicación como bien común

El fallecimiento de Armand Mattelart, uno de los pensadores más lúcidos del campo de la comunicación, marca la partida de una figura imprescindible para comprender las relaciones entre cultura, poder y globalización. Su vida intelectual estuvo guiada por un compromiso ético y político con la emancipación de los pueblos, la defensa de la diversidad cultural y la crítica a las formas de dominación que se esconden tras el discurso del progreso técnico y la “libre comunicación”.

Desde los años setenta, Mattelart desnudó las estructuras ideológicas que moldean las industrias culturales y los sistemas mediáticos. Su mirada se forjó en el cruce entre la sociología, la economía política de la comunicación y el análisis histórico, siempre con una sensibilidad latinoamericana que lo llevó a interrogar los vínculos entre dependencia, imperialismo y cultura. Su pensamiento contribuyó decisivamente a construir una geopolítica crítica de la comunicación, entendida no como mero intercambio de información, sino como terreno donde se disputa el sentido, la memoria y las condiciones de lo común.

La comunicación como campo de poder: una lectura desde Geopolítica de la cultura

En Geopolítica de la cultura (2002), Mattelart profundiza en los procesos de mundialización de la comunicación y la cultura, mostrando cómo la desregulación neoliberal transformó el “mercado de la cultura” en una arena estratégica para las políticas hegemónicas. El libro recorre temas que van desde la información en tiempos de guerra y la expansión de las redes publicitarias transnacionales, hasta la construcción ideológica de la “sociedad global de la información” y las utopías tecnológicas de las redes digitales.

Mattelart advierte que detrás de los discursos sobre la globalización cultural y las autopistas de la información se esconde un proceso de homogeneización y concentración del poder simbólico. Frente a esta lógica, plantea la necesidad de pensar la cultura y la comunicación como dimensiones centrales de los proyectos de emancipación democrática:

“Ante el creciente predominio del proceso de cosificación mercantil, poco a poco se abre paso una toma de conciencia que examina la problemática del estatuto de la cultura hasta el corazón mismo de los proyectos de emancipación democrática.” (Prólogo, p. 5).

Su lectura de la “cultura como bien público común” se presenta como una nueva utopía capaz de contraponerse a la lógica del mercado y de reivindicar la comunicación como espacio de participación, diálogo y pluralidad.

Aportes esenciales de Armand Mattelart para comprender la comunicación como bien común social

-La comunicación como territorio político
La comunicación no es un simple flujo de mensajes, sino un espacio donde se construyen hegemonías y resistencias.

-La cultura como bien público común
En “La diversidad cultural: entre historia y geopolítica”, Mattelart defiende la cultura como patrimonio colectivo frente a su mercantilización.

–La crítica a las utopías tecnológicas
En “Las utopías de la red”, alerta sobre la ideología de la “democracia de mercado” que disfraza desigualdades de participación.

-La memoria y el sentido de las palabras
En el Epílogo, propone “restablecer el sentido de las palabras”, rescatar el lenguaje de su vaciamiento tecnocrático.

-Diversidad cultural y democracia global
La defensa de la diversidad cultural es, para él, una condición de toda democracia real y plural.

Una comunicación contestataria y comprometida con la liberación

El pensamiento de Armand Mattelart es también una invitación a construir una comunicación contestataria, capaz de desenmascarar las formas de dominación que atraviesan los discursos, los medios y las tecnologías. Frente al orden informacional global que convierte la comunicación en mercancía, Mattelart reivindica la palabra como instrumento de emancipación y la comunicación como práctica de liberación colectiva.

Su trabajo dialoga con las tradiciones críticas latinoamericanas —desde la educación popular hasta el pensamiento decolonial— al concebir la comunicación como espacio de encuentro entre saberes, territorios y memorias. Su legado nos desafía a repensar el lugar de la comunicación en las luchas sociales: no solo como herramienta para denunciar, sino como acto creador de comunidad, conciencia y esperanza.

Defender una comunicación contestataria, en clave mattelartiana, es defender el derecho de los pueblos a narrarse por sí mismos, a romper el monopolio del relato dominante y a imaginar otros mundos posibles desde la palabra, la cultura y la acción colectiva.

Una lectura clave: Para leer al Pato Donald

Entre sus obras más conocidas, Para leer al Pato Donald (1971), escrita junto a Ariel Dorfman, marcó un punto de inflexión en los estudios críticos de la comunicación y la cultura. El libro analiza los cómics de Disney como herramientas de colonización simbólica y construcción de un imaginario imperial. A través de un lenguaje accesible y provocador, los autores desmontan las narrativas aparentemente inocentes de la cultura de masas, mostrando cómo reproducen jerarquías raciales, de clase y de poder. Esta obra pionera reveló que toda comunicación es política, y que la cultura popular puede ser tanto espacio de dominación como de resistencia.

Invitación a leer y descargar Geopolítica de la cultura

El Observatorio de Bienes Comunes invita a leer y descargar el libro Geopolítica de la cultura de Armand Mattelart, una obra fundamental para comprender cómo la cultura, la información y la comunicación se convirtieron en campos estratégicos de disputa en el mundo contemporáneo.

Descargar aquí.

Legado y vigencia

Armand Mattelart nos legó una mirada profunda sobre el papel de la comunicación en la configuración de las sociedades contemporáneas. En tiempos en que la desinformación, la concentración mediática y la mercantilización del conocimiento siguen erosionando los vínculos sociales, su pensamiento invita a recuperar la comunicación como un bien común social: un derecho de los pueblos a compartir sus saberes, a participar en la construcción del sentido y a imaginar colectivamente otros mundos posibles.

Su obra, atravesada por un compromiso ético con la vida, la justicia y la diversidad, continúa siendo un faro para quienes creemos en una comunicación al servicio de la dignidad y no del mercado.

Explorá el legado de Armand Mattelart
Te invitamos a ver y compartir nuestra infografía sobre uno de los pensadores más influyentes en el análisis crítico de la comunicación.

Un recorrido por sus ideas sobre la cultura, la diversidad y la comunicación como bien común.

Pueden descargar la infografía aquí.

PDF – Imagen

IMG_4656

Cuidando el río Frío: resultados del monitoreo comunitario en Maquengal – Sentires y Saberes

El programa Sentires y Saberes, del Observatorio de Bienes Comunes, el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP–UCR, volvió a la comunidad de Maquengal, en Guatuso, para recorrer el río Frío y escuchar a quienes más lo conocen: sus vecinas y vecinos. Durante casi ocho horas de caminata, compartieron recuerdos, preocupaciones y esperanzas frente al deterioro acelerado del cauce.

Lo que más preocupa a la comunidad

Yadira Campos, Minor Atencio y Emigdio Barrantes «Millo»  narraron su tristeza e indignación ante los daños que el río Frío sufre cada día: la disminución del caudal, el desvío del cauce, la erosión de las riberas y la desaparición de antiguos pasos y zonas recreativas.

También señalaron la falta de respuesta institucional, marcada por la indiferencia de la Setena y la municipalidad, así como la ausencia de visitas técnicas, pese a las reiteradas denuncias. Recordaron que una carta enviada al Presidente fue remitida al Ministro de Ambiente sin obtener respuesta, y que en otra ocasión, solo gracias a la insistencia, la fiscalía aceptó recibir una denuncia.

Para la comunidad, estos daños no solo afectan la biodiversidad, sino también la vida cotidiana, la seguridad de las viviendas y la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas o turísticas.

Síntesis del monitoreo comunitario

El recorrido cubrió desde la antigua concesión en la finca de Fernando Murillo hasta Maquengal, alrededor de unos 7 kilómetros. Algunos de los hallazgos más críticos incluyen:

  • -Extracción intensiva de material y dragados que desvían el cauce.

  • -Pérdida de vegetación ribereña, que agrava la erosión.

  • -Profundización del lecho y disminución del caudal, con muerte de hábitats acuáticos.

  • -Afectaciones a propiedades vecinas, actividades agropecuarias y pérdida de tierra.

  • -Destrucción del acceso comunitario al río, antes usado como espacio recreativo.

La comunidad insistió en la urgencia de que las instituciones realicen inspecciones presenciales, consulten a quienes habitan la zona y detengan nuevas concesiones cerca del Parque Nacional Tenorio.

Escuchar para acompañar

El diálogo con las vecinas y vecinos de Maquengal no solo documenta los impactos del extractivismo, sino que también muestra la resistencia y organización de una comunidad que defiende su río como un bien común.

🎧 Acompañá estas voces y escuchá el audio completo: desde Guatuso, siguen cuidando la vida del río Frío.

Galería
WhatsApp Image 2025-10-22 at 2.54.09 PM (1)

Rendir cuentas mirando atrás: el MINAE responde al informe de la Contraloría culpando al pasado

Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.

Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.

Eludir responsabilidades no es gestión ambiental

El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.

El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.

El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.

Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso

La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.

  • En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

  • En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.

  • En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.

Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.

De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico

Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.

El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.

Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.

Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades

La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.

En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.

Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.

Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:

  • Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.

  • Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.

  • Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.

En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.

Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.

Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir

La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.

El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.

Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.

Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.

Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables

El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.

Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.

Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.

Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.

Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.

Manual para convivir con un fantasma ministerial

Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.

Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.

Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.

El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.

Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.

Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.

Fuentes:

Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena

Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/

Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/

Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/

39430-1024x683

Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis

El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) confirma una preocupación que desde hace años levantan las comunidades costeras, campesinas e indígenas: la protección ambiental en Costa Rica se encuentra debilitada por omisiones institucionales y riesgos de corrupción.

La auditoría examinó 59 expedientes de proyectos con viabilidad ambiental aprobada, principalmente en zonas costeras, y concluyó que la gestión del riesgo de corrupción en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) incumple de manera significativa el marco normativo y técnico. En el 74 % de los casos revisados, se detectaron deficiencias graves que comprometen la transparencia, la trazabilidad y la protección efectiva de los ecosistemas.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de Portalón de Quepos, donde la SETENA otorgó viabilidad ambiental sin inspección de campo y basándose en un estudio elaborado por un consultor que actuaba simultáneamente como regente forestal. Posteriormente, el SINAC confirmó la existencia de bosque y ecosistemas frágiles, y se documentaron 16 incumplimientos ambientales.

La Contraloría advierte que este tipo de prácticas erosionan la confianza ciudadana y exponen al país a un uso abusivo de los instrumentos ambientales, donde la aprobación de proyectos puede responder más a intereses privados que al bien común.

¿Qué es la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

La EIA es un instrumento preventivo de la política ambiental del Estado. Toda obra, actividad o proyecto que pueda alterar el ambiente debe someterse a este proceso antes de su ejecución, con el fin de identificar, mitigar o compensar impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades.

La SETENA, creada en 1995, es la entidad encargada de analizar los estudios, autorizar las viabilidades ambientales y dar seguimiento a su cumplimiento. En teoría, la EIA busca equilibrar desarrollo y protección ambiental; sin embargo, en la práctica, ha derivado en un proceso burocrático, con escasos controles, baja transparencia y débil participación pública.

Aspecto clavePropósito original de la EIAProblemas actuales identificados por la CGR
Prevención de daños ambientalesEvaluar antes de construir o intervenir ecosistemasViabilidades otorgadas sin inspecciones o con estudios incompletos
Participación ciudadanaGarantizar control social sobre proyectosInformación desactualizada y limitada en la web
Transparencia y trazabilidadDocumentar cada decisión técnicaExpedientes con documentos sin fecha o ausentes
Responsabilidad profesionalExigir independencia y registro de consultoresConsultores actúan como regentes y responsables del mismo proyecto
Seguimiento posteriorVerificar cumplimiento ambientalSeguimiento reactivo, sin base de datos ni alertas
Control institucionalEvitar conflictos de interésFalta de rotación, controles débiles y opacidad
Principales hallazgos del informe de la Contraloría
CategoríaHallazgoDatos relevantesImplicaciones
Verificación técnicaEvaluaciones superficiales o incompletas74 % de los expedientes con inconsistencias; 2 casos con estudios erróneosViabilidades ambientales inválidas
Seguimiento ambientalMonitoreo reactivo y limitadoSETENA desconoce número total de proyectos activos (algunos desde 1995)Falta de control y riesgo de daño ambiental
Inspecciones de campoInsuficientes o inexistentesEn 2025 no hubo planificación de inspeccionesRiesgo de afectaciones no detectadas
Registro de consultoresFalta de control y contradicciones reglamentariasConsultores no inscritos o con roles múltiplesConflictos de interés
Transparencia públicaInformación desactualizada12 de 48 expedientes sin publicarSe debilita el control ciudadano
Ética e integridadSin controles hacia actores externosSin mecanismos de prevención entre funcionarios y consultoresExposición a la corrupción
Presupuesto insuficienteRecorte del 73 % en fondos para inspecciones₡21 millones menos para supervisiónPérdida de capacidad institucional
Un problema estructural: la EIA como trámite y no como garantía

Desde su creación, la SETENA ha acumulado críticas por convertir la Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite más que en un verdadero instrumento de gestión pública. Las comunidades lo han vivido en carne propia: denuncian rellenos en humedales, tala en zonas marítimo-terrestres, destrucción de riberas y expansión inmobiliaria en bosques costeros sin respuestas efectivas del Estado.

Etapa del proceso EIAIntención originalFalla estructural observada
Valoración inicialEvaluar objetivamente la viabilidad ambientalDependencia de estudios privados sin revisión técnica real
Emisión de viabilidadGarantizar compatibilidad entre desarrollo y ambienteAprobaciones con información incompleta o errónea
SeguimientoVerificar cumplimiento ambientalSin sistema de alertas ni inspecciones regulares
Participación ciudadanaFortalecer el control socialProcesos poco accesibles y opacos
Control y sanciónCorregir daños o revocar permisosNula ejecución de garantías ambientales
Cuando quienes exigen “rigurosidad técnica” son quienes menos la practican

El informe también desnuda una contradicción histórica: durante años, comunidades y personas defensoras del ambiente han sido descalificadas por “no tener estudios técnicos”, mientras las instituciones y consultores que sí los elaboran incurren en graves fallas técnicas y éticas.

Cada vez que una comunidad denuncia un daño ambiental, se le responde que “no hay evidencia técnica” o que “la SETENA ya aprobó el proyecto”. Pero la Contraloría muestra que esas resoluciones se basan en documentos sin fecha, estudios que no corresponden al proyecto real y consultores con conflictos de interés.

La autoridad que deslegitima la voz comunitaria en nombre de la técnica carece de rigor técnico en su propio trabajo. Este doble estándar —que invalida saberes locales mientras protege la opacidad institucional— es una forma de violencia epistémica y política, que niega el conocimiento territorial y legitima la impunidad.

Hoy, el Estado confirma lo que las comunidades sabían: las omisiones no eran percepciones, eran realidades encubiertas. Escuchar y reconocer esos saberes será esencial para reconstruir una institucionalidad ambiental al servicio de la vida.

Desde los bienes comunes: volver a confiar en el cuidado compartido

El informe de la Contraloría no solo evidencia fallas administrativas: expone una crisis de confianza pública. Desde la perspectiva de los bienes comunes naturales, revela un Estado que ha perdido su capacidad de cuidar colectivamente lo que pertenece a todas y todos: el agua, los bosques, el suelo y la biodiversidad.

Revertir esta situación exige repolitizar la protección ambiental, fortalecer la transparencia, garantizar participación real y reconocer el valor del conocimiento comunitario en la gestión pública.

No se trata solo de reformar reglamentos, sino de reconstruir la ética pública del cuidado compartido.