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Piden nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó formalmente la nulidad de la Ley 9223, denunciando su carácter fraudulento y su impacto en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Documentos técnicos respaldan la denuncia y evidencian omisiones, permisividad institucional y un patrón de urbanización encubierta en terrenos protegidos.

El 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología elevó una solicitud formal ante la Contraloría General, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se declare la nulidad total de la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”.

Según Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, esta ley constituye un fraude legal, promovido para favorecer intereses inmobiliarios a costa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), un sitio de importancia ecológica reconocido internacionalmente como sitio Ramsar 783.

Las principales demandas de la Asociación incluyen:

  • La nulidad de la ley por falta de sustento técnico y por vulnerar principios de conservación.

  • Investigación de funcionarios responsables de omitir y manipular informes ambientales.

  • Medidas urgentes para garantizar la protección del sitio Ramsar y de las personas defensoras ambientales en la región.

Documentos clave que sustentan la denuncia

📄 Informe del Tribunal Ambiental Administrativo (2011):
La finca conocida como Puket, ubicada dentro del área estatal del REGAMA, fue inspeccionada y se documentó una serie de alteraciones ambientales —tala, canales de drenaje, fraccionamiento de terreno— sobre un área de 9.1 hectáreas. El informe confirma que el terreno presenta características de bosque húmedo y humedal, reforzando su valor como patrimonio natural, y anticipa un posible cambio de uso del suelo encubierto bajo prácticas irregulares.

📄 Informe jurídico del SINAC (2019):
El documento SINAC-ACTO-AL-55-2019 expone las irregularidades en el proceso que dio origen a la Ley 9223: falta de expediente técnico válido, eliminación deliberada de recomendaciones técnicas, y omisión de criterios ambientales fundamentales. Además, evidencia que más de 200 permisos de uso han sido emitidos en áreas excluidas del REGAMA, sin controles ni criterios ambientales claros.

📄 Oficio TAA 0-361-2023:
El Tribunal Ambiental Administrativo, en respuesta a una solicitud de seguimiento, confirma que la finca Puket sigue en situación de impacto ambiental y que el informe técnico original (2011) permanece sin formalización en los expedientes. Esta falta de trazabilidad institucional revela un patrón de desatención frente a denuncias ambientales reiteradas.

¿De qué se trata la Ley 9223?

La Ley 9223, titulada oficialmente “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, fue promulgada con el objetivo aparente de regularizar la situación jurídica de las personas que habitan en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), particularmente en el Caribe Sur de Costa Rica. Se justificó como una medida para proteger los derechos de habitantes afrodescendientes y otros pobladores históricamente asentados en la región, quienes enfrentaban inseguridad jurídica debido a la superposición de sus viviendas y territorios con una zona protegida declarada como área silvestre protegida.

No obstante, diversas investigaciones, denuncias y documentos oficiales han revelado múltiples irregularidades en el proceso de aprobación de esta ley. Entre los principales cuestionamientos destacan:

  1. Ausencia de estudios técnicos adecuados para justificar la desafectación de 406 hectáreas del área protegida, incluyendo más de 200 hectáreas de bosque, algunas en excelente estado de conservación.
  2. Violación de principios ambientales fundamentales, como el principio precautorio y preventivo establecidos en la Ley de Biodiversidad.
  3. Modificaciones en el contenido técnico del informe del SINAC, eliminando recomendaciones y conclusiones críticas que desaconsejaban la exclusión de áreas boscosas y costeras.
  4. Otorgamiento de más de 200 permisos municipales en la zona desafectada, incluso durante el proceso de acción de inconstitucionalidad, sin garantías ambientales ni técnicas.
  5. Exclusión de terrenos estratégicos como el del antiguo Hotel Las Palmas-Hotel Suerre, que había sido recuperado por el Estado tras largos procesos judiciales, pero que fue eliminado del REGAMA sin justificación clara.

Además, los informes técnicos señalaban que la desafectación incluía zonas de humedal, bosque anegado y áreas con gran valor ecológico, sin que se hubieran aplicado estudios de impacto ambiental adecuados ni se valorara la funcionalidad ecológica de los ecosistemas implicados. Esto ha generado un serio riesgo de degradación ambiental del Sitio Ramsar 783, afectando directamente la biodiversidad y el patrimonio natural del Estado.

En resumen, la Ley 9223 ha sido ampliamente denunciada por ambientalistas y organizaciones sociales como una normativa hecha a la medida de intereses inmobiliarios y turísticos, y no como una respuesta real a las necesidades de las comunidades históricas del Caribe Sur. Diversos sectores han solicitado su nulidad total por fraude, omisiones técnicas y violaciones legales, especialmente en lo que respecta a la protección del ambiente y la gestión de áreas silvestres protegidas.

Una vigilancia que evidencia el vacío institucional

Más que llevar el caso a instancias nacionales, el esfuerzo sostenido de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología y de su presidente Marco Levy Virgo ha permitido visibilizar las incongruencias institucionales, la incapacidad de dar seguimiento efectivo a las denuncias y la forma en que muchos casos se cierran sin responder a la evidencia. Desde 2017, han documentado omisiones, contradicciones y negligencias que ponen en entredicho el cumplimiento del marco legal ambiental. Su labor no solo denuncia, sino que obliga a las instituciones a enfrentar el espejo de su inacción y a reconocer el papel fundamental de la vigilancia comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

Participación ambiental como garantía de lo común

La sistemática documentación de omisiones, contradicciones y negligencias que ha realizado la Asociación para el Desarrollo de la Ecología revela algo más profundo que un simple fallo administrativo: evidencia una institucionalidad ambiental que, en muchos casos, no logra cumplir con sus propias obligaciones de protección, seguimiento y cumplimiento. Frente a ello, el acompañamiento comunitario y la participación informada se convierten en pilares fundamentales no solo para denunciar, sino para sostener la legalidad ambiental desde las comunidades.

La vigilancia ejercida por las comunidades no es solo un ejercicio de denuncia, es una forma activa de cuidado colectivo de los bienes comunes. Cuando las instituciones no llegan, retroceden o desatienden, son las voces locales las que mantienen viva la defensa del patrimonio natural. Reconocer y fortalecer estos procesos es clave para asegurar que el marco legal ambiental no quede en papel, sino que se traduzca en acción, protección y justicia ecológica.

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De día patrimonio, de noche parqueo: seguimiento al caso del humedal intervenido en Puerto Viejo

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Cuando la noche cae, cae también la legalidad: el parqueo en Puerto Viejo

Durante el día, el terreno frente al bar en Puerto Viejo permanece vacío. No hay vehículos, no hay movimiento, apenas un rótulo oficial que indica que se trata de “Propiedad Patrimonio Natural del Estado”. Pero cuando cae la noche, todo cambia: el espacio se llena de carros y un pequeño rótulo anuncia lo que de día no se ve: “Parqueo”.

Este patrón revela algo más que un simple uso irregular del espacio. Deja entrever una conciencia plena de que se está actuando al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, una permisividad institucional que, por omisión o desinterés, lo tolera. No es un accidente que el lugar funcione únicamente en la noche; es una señal de que se sabe que no debería estar en uso.

Esa aparente coordinación entre horarios, uso encubierto y ausencia de control muestra un tipo de supuesta complicidad silenciosa, donde distintos actores —comerciales, técnicos y administrativos— se acomodan en los márgenes de la ley para no confrontarla directamente. Se aprovechan de las grietas del sistema: un rótulo sin sello y una vigilancia que se apaga cuando anochece.

El mensaje es claro y preocupante: la conservación en este país parece tener horario, y fuera de él, lo común se convierte en recurso privado.

Frente a esto, urge repensar el papel de las instituciones y fortalecer los mecanismos de control real, no simbólico. Porque mientras la legalidad duerme, la urbanización del humedal avanza en silencio.

Una historia que se repite

A pesar de los avances aparentes en la protección del terreno intervenido frente al conocido bar de Puerto Viejo —donde desde 2020 se documentó una tala “legal” seguida por el relleno de un humedal y su conversión en parqueo comercial—, el seguimiento realizado por Philippe Vangoidsenhoven evidencia que el uso indebido del espacio continúa.

Aunque se colocó un rótulo oficial que indica que el terreno forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no se instalaron sellos ni cintas de clausura apenas un alambre. Este detalle, aparentemente menor, ha permitido que el sitio siga siendo utilizado como parqueo por las noches, desdibujando los límites entre conservación y apropiación privada. “De día patrimonio natural, de noche parqueo”, resume Philippe, quien ha continuado monitoreando el sitio y enviando evidencia.

Los testimonios del activista retratan un escenario de agotamiento ciudadano frente a la inacción institucional. A pesar de haber denunciado reiteradamente la situación, los avances son mínimos. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, confiesa. La intervención oficial que se dio —con cierre del portón y desalojo del espacio— quedó inconclusa por falta de medidas efectivas de control y seguimiento.

Lo más grave es que el terreno fue rellenado hasta llegar a un arroyo colindante, parte del ecosistema del humedal. Según Philippe, incluso se colocaron tubos para permitir el paso del agua bajo la tierra, lo que representa una alteración severa del cauce natural.

Este caso vuelve a poner en evidencia la debilidad de las acciones estatales frente al despojo ambiental: permisos cuestionables, sellos que no se colocan, funcionarios que no responden, y un terreno que, aunque marcado como protegido, sigue siendo apropiado de facto para el turismo comercial.

La vigilancia ambiental, cuando descansa únicamente en el esfuerzo ciudadano, no solo es frágil, sino profundamente injusta. Urge una revisión crítica de los mecanismos de fiscalización y seguimiento por parte de las instituciones responsables, y un compromiso real con la defensa de los bienes comunes costeros.

El cansancio de quienes vigilan

En medio de esta cadena de omisiones, hay una dimensión que no siempre se visibiliza: el desgaste de quienes vigilan. “Yo ni siquiera quise llamar a la policía. Ya me cansé”, dice Philippe con frustración. La sensación de hablarle al vacío, de documentar una y otra vez sin ver consecuencias reales, erosiona el compromiso y el sentido de seguir insistiendo.

Estos procesos no solo deterioran el territorio; también agotan a las personas que, desde su propia responsabilidad ética y afectiva con el lugar, insisten en sostener la denuncia y el cuidado. La vigilancia ambiental no puede depender únicamente de quienes lo hacen voluntariamente y sin apoyo. Si el sistema institucional no escucha ni actúa, termina deslegitimando la participación ciudadana y dejando en abandono no solo los bienes comunes, sino también a quienes los defienden.

Repensar la conservación: más allá del horario institucional

Lo ocurrido en este pequeño pero significativo terreno de Puerto Viejo nos interpela sobre el modelo actual de conservación ambiental. No basta con declarar un sitio como patrimonio natural del Estado si esa declaración no se traduce en acciones concretas, permanentes y articuladas.

La conservación no puede tener horario de oficina. La naturaleza no descansa por la noche, y quienes buscan apropiarse de ella tampoco. Por eso, es urgente repensar las estrategias institucionales: fortalecer la formación de las fuerzas policiales en temas ambientales, establecer protocolos claros de actuación ante denuncias, y socializar las medidas cautelares y de protección vigentes en cada territorio.

El monitoreo ambiental debe ser más que un acto puntual o simbólico: requiere continuidad, coordinación entre instituciones y, sobre todo, seguimiento. Solo así se puede garantizar que las decisiones tomadas —como una clausura, una medida de protección o una delimitación de zona— no queden en el papel, sino que tengan efectos reales sobre el territorio.

Este caso muestra con claridad que sin una estrategia integral de conservación, los bienes comunes seguirán siendo vulnerables. Y peor aún: seguirán dependiendo del esfuerzo aislado y cansado de quienes, como Philippe, insisten en cuidar lo que es de todas y todos.

Si desean más información pueden consultar la nota «Caribe Sur en venta: entre la tala ‘legal’, el relleno del humedal y la urbanización del común» que aborda el seguimiento de Philippe a este humedal.
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Puerto Viejo se Organiza: Primer Encuentro de Entidades por la Gestión Ambiental Comunitaria

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El pasado 20 de junio, Puerto Viejo + Limpio convocó el primer encuentro de entidades dedicadas a la preservación del medio ambiente en la zona de Talamanca. Participaron un total de 10 organizaciones: Planet Conservation, Sloth Conservation, Raising Coral, UNOPS, Jaguar Rescue Center, Coral Conservation, Embajadores y Embajadoras del Mar, Guardianes del Bosque y COASTS.

El objetivo del encuentro fue iniciar una red de trabajo entre organizaciones para actuar conjuntamente en acciones y campañas dedicadas al reciclaje y la correcta gestión de residuos. A pesar de que no sea una actividad directa de cada organización, la gran cantidad de basura está afectando directa e indirectamente el trabajo que se realiza.

Durante el encuentro se debatió sobre la gran problemática que está afectando indudablemente a la vida animal dentro y fuera del mar; coincidiendo todas las organizaciones en que la falta de recursos para la correcta gestión de residuos y el incumplimiento por parte de la administración está provocando un descontrol que ya está generando daños irreparables en los ecosistemas naturales de Puerto Viejo.

Se generó también un mapeo visual de las acciones relativas a los residuos sólidos que se están haciendo actualmente entre todas las organizaciones, y se observó que la mayoría de actividades se concentran en la zona centro de Puerto Viejo y alrededores, quedando sin atender el resto de áreas de Talamanca.

Se coincidió entonces en la insuficiencia de fondos económicos que permitan sostener un mantenimiento de limpieza continuo y digno del territorio, así como en la importancia de potenciar la educación ambiental en centros educativos y espacios juveniles.

Se concluyó este primer encuentro con varias propuestas de trabajo colaborativo para un fin común: reducir el impacto de contaminación que están generando día tras día los residuos en el cantón de Talamanca.

La fuerza de las articulaciones comunitarias

La articulación entre organizaciones, colectivos e iniciativas locales representa una de las respuestas más potentes frente a los desafíos ambientales y sociales que atraviesa el Caribe Sur. En territorios como Talamanca, donde las respuestas institucionales suelen ser fragmentadas, lentas o insuficientes, estos espacios de encuentro permiten construir diagnósticos compartidos, identificar necesidades comunes y sumar esfuerzos hacia metas colectivas. La riqueza de estas articulaciones no está solo en la cantidad de actores reunidos, sino en la posibilidad de construir confianza, generar sinergias y sostener procesos en el tiempo.

Este primer encuentro marca un hito porque permite tejer redes que trascienden las acciones aisladas y crean una plataforma para la incidencia, la presión política y la acción directa. El problema de los residuos no reconoce fronteras organizativas: afecta a todas por igual y, por eso, solo desde la colaboración es posible avanzar. Las articulaciones comunitarias no solo resuelven problemas prácticos; también reconfiguran las relaciones sociales, fortalecen el tejido comunitario y abren caminos para una gobernanza territorial más justa, inclusiva y sostenible.

Más allá de recoger basura

Recolectar basura es apenas la parte visible de una tarea mucho más compleja y transformadora. Lo que Puerto Viejo + Limpio y otras iniciativas similares están haciendo es visibilizar una problemática estructural y, al mismo tiempo, construir alternativas desde lo cotidiano. Detrás de cada jornada de limpieza hay pedagogía en práctica, denuncia, organización, incidencia y esperanza. Se trata de una práctica política en el sentido más profundo: cuidar el entorno como una forma de cuidar la vida, defender el bien común y ejercer ciudadanía activa.

Además, estas acciones no solo se dirigen al manejo de residuos, sino que promueven valores como la corresponsabilidad, la solidaridad y el compromiso comunitario. Al involucrar a comercios, voluntarios, visitantes y organizaciones, se está tejiendo una cultura del cuidado que desafía la lógica del descarte —no solo de objetos, sino también de territorios y personas. En ese sentido, recoger basura es también recuperar dignidad, revalorizar lo común y afirmar que el derecho a un ambiente sano es irrenunciable.

El cambio es posible… y ya comenzó

El encuentro realizado es una prueba más de que el cambio es posible cuando se trabaja desde lo colectivo. Frente al abandono institucional y a la presión del turismo masivo, las organizaciones participantes están sembrando una red de cuidado del territorio. Cada bolsa recogida, cada cartel educativo colocado y cada conversación sostenida entre colectivos son parte de una transformación más profunda: la de una comunidad que no se resigna, que se organiza, y que defiende su derecho a un ambiente sano. Estos esfuerzos nos recuerdan que otro Puerto Viejo no solo es necesario, sino también alcanzable.

Para más información pueden contactar a Puerto Viejo + Limpio al teléfono (+506) 6242-4859 o al correo puertoviejomaslimpio@gmail.com

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El aeropuerto que pretende enterrar la memoria

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“Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”

Rodrigo Chaves Robles

 

Evaluación arqueológica del proyecto Aeropuerto Internacional del Sur

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a través del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR), anunció la conclusión satisfactoria de la evaluación arqueológica en el área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur, en Palmar Sur de Osa. El estudio abarcó 131,5 hectáreas en cuatro fincas, tuvo un costo de $560.000 USD, y se desarrolló entre marzo y noviembre de 2024, con recursos aportados por COCESNA y supervisión de la Dirección General de Aviación Civil.

El proceso fue liderado por un equipo del Departamento de Antropología e Historia del MNCR, con participación de personal contratado localmente, lo que, según el MCJ, aseguró la inclusión comunitaria. La Comisión Arqueológica Nacional aprobó el informe final presentado por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa, lo que habilita la continuidad del proyecto aeroportuario.

El estudio consistió en más de 2.750 pozos de prueba y análisis de laboratorio. Si bien se determinó la ausencia de arquitectura monumental, se identificaron zonas con alta densidad de restos cerámicos y líticos en las fincas 9 y 10, que datan del periodo Chiriquí (800–1550 d.C.). Se recomienda realizar excavaciones de rescate en esas áreas, así como supervisar los movimientos de tierra durante la construcción y redefinir los polígonos arqueológicos existentes.

El informe también sugiere continuar investigaciones para comprender mejor la ocupación histórica del delta, y considera necesario evaluar el posible impacto sobre el sitio declarado Patrimonio Mundial en Finca 6. Este aspecto será abordado en una futura evaluación de impacto patrimonial.

El MCJ y el INDER iniciaron una devolución de resultados a la comunidad, incluyendo encuentros con pobladores locales, instituciones y organizaciones comunales. Se anunció que el rescate arqueológico se ejecutará en el primer trimestre de 2026, y que próximamente se iniciarán estudios ambientales, geológicos e hidráulicos como parte del desarrollo del Plan Maestro Aeroportuario.

Por qué debemos proteger los bienes comunes culturales más allá de la monumentalidad

En diversas regiones de América Latina, megaproyectos como represas, carreteras, complejos turísticos o aeropuertos se presentan como oportunidades de «desarrollo» sobre territorios considerados vacíos o subutilizados. Cuando estos espacios fueron habitados por pueblos indígenas hoy extintos, y no hay presencia de arquitectura monumental visible, se afirma que no hay obstáculos para intervenirlos. Esta afirmación, sin embargo, desconoce el valor de esos territorios como bienes comunes culturales: espacios donde persisten memorias colectivas, vínculos ancestrales con el paisaje y restos materiales e inmateriales de enorme significación.

La ausencia de arquitectura monumental no equivale a la ausencia de cultura. Y la extinción de un pueblo indígena no justifica la eliminación de su legado. Esta nota propone una reflexión crítica sobre el patrimonio arqueológico y cultural como parte de los bienes comunes, una categoría que interpela el modelo de desarrollo extractivo y mercantilizador del territorio, y que nos obliga a repensar el sentido de lo que compartimos como sociedad.

El paisaje como memoria: territorio, cultura y bien común

Para muchas culturas originarias de América Latina, el territorio es mucho más que un soporte físico para la vida. Es un espacio vivo, habitado por memorias, espíritus, historias, rutas, cantos y silencios. En este sentido, el territorio se convierte en paisaje cultural, una categoría reconocida por la UNESCO que permite pensar el valor del espacio más allá de la presencia de estructuras materiales visibles.

El paisaje cultural es, entonces, una expresión de los bienes comunes culturales: no se trata de una propiedad privada ni de un recurso a explotar, sino de una herencia compartida que se transmite entre generaciones. María Pesoa (2016) propone comprender estos paisajes como espacios donde la geografía y la historia se entrelazan, y donde la ausencia de arquitectura monumental no significa ausencia de significado.

En muchas ocasiones, los lugares que hoy parecen «vacíos» o sin valor arqueológico han sido antiguos centros ceremoniales, rutas de intercambio, zonas funerarias o escenarios de vida cotidiana. Desconocer esto es negar la posibilidad de construir una relación respetuosa y solidaria con la memoria territorial de quienes nos antecedieron.

Lo que permanece aunque no se vea: culturas extinguidas y legado vivo

Uno de los argumentos que más se repite para justificar la intervención sobre territorios con ocupación indígena antigua es que «ya no existe el pueblo». Sin embargo, esta afirmación ignora que la desaparición de una cultura como colectividad biológica no implica la desaparición de su legado. La tierra guarda rastros, silencios, marcas y memorias que no pertenecen a nadie en particular, pero que nos interpelan a todos como sociedad.

En este marco, el arqueólogo Rubén Schmidt Dias (2016) sostiene que el silencio patrimonial no es casual, sino que responde a una política de invisibilización. Reconocer un territorio como portador de bienes comunes culturales implica desafiar el paradigma del progreso lineal y abrir la posibilidad de una historia más diversa, donde las voces ausentes también tienen derecho a ser escuchadas.

La protección de estos territorios no debe depender de si hay una comunidad reclamante o de si se pueden monetizar sus vestigios. Debe partir del principio de responsabilidad ética hacia la memoria colectiva y del derecho de las generaciones futuras a conocer y valorar esa diversidad.

Normas, derechos y disputas sobre el valor de lo común

Diversos marcos normativos internacionales reconocen que el patrimonio cultural no se limita a lo visible ni a lo monumental. El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención del Patrimonio Mundial establecen que los Estados deben garantizar la protección del territorio, la memoria y la identidad como derechos colectivos.

Iván Merino Calle (2021) subraya que los bienes comunes culturales son aquellos que, aunque no estén bajo custodia de una comunidad viva, constituyen parte de la diversidad cultural de la humanidad y deben ser preservados como tales. Asimismo, un estudio de Levrand publicado por la Revista de Derecho Privado (2022), destaca que la propiedad privada no puede imponerse sobre el derecho colectivo a la memoria, sobre todo cuando se trata de bienes de interés histórico, arqueológico o simbólico.

La disputa no es sólo legal, sino profundamente política: ¿qué se considera valioso?, ¿qué merece ser conservado?, ¿qué intereses deciden el destino de un territorio que guarda rastros de la historia precolombina?

lo que no se ve también nos pertenece

Construir un aeropuerto sobre un territorio que fue habitado por una cultura ancestral —hoy sin herederos visibles, sin templos ni monumentos— es borrar una parte de la historia en silencio. Es actuar como si la memoria colectiva fuera un obstáculo para el desarrollo, y no una fuente de riqueza social y espiritual.

Los bienes comunes culturales nos invitan a pensar en lo compartido, en aquello que no se puede poseer individualmente pero que sostiene nuestra identidad colectiva. Son vestigios, paisajes, saberes, nombres antiguos, cantos olvidados y formas de habitar que desafían la lógica del mercado. Defenderlos no es un gesto nostálgico, sino un acto de responsabilidad con la memoria y de compromiso con el futuro.

¿Solo lo monumental merece ser protegido? Crítica al sesgo y alternativas emergentes

El criterio de monumentalidad ha sido durante décadas un filtro excluyente en las políticas de conservación patrimonial. Bajo esta lógica, solo aquellos restos visibles, imponentes y duraderos —como pirámides, templos o esculturas en piedra— han sido considerados valiosos, mientras que los contextos culturales sin esas características han sido catalogados como secundarios o descartables. Esta visión ha justificado la omisión institucional y el avance de megaproyectos sobre sitios de enorme valor simbólico e histórico.

Sin embargo, este enfoque está siendo crecientemente cuestionado. Diversos sectores de la arqueología contemporánea, la antropología crítica y la gestión cultural comunitaria sostienen que el patrimonio no puede reducirse a lo monumental ni a lo visible. La noción de arqueología del paisaje, por ejemplo, propone estudiar el territorio como una totalidad habitada y transformada por las culturas humanas, integrando rutas, campos agrícolas, depósitos de desechos, marcadores rituales y prácticas cotidianas que no dejan huellas espectaculares, pero que son profundamente significativas.

Asimismo, las perspectivas decoloniales han problematizado cómo el monumentalismo reproduce jerarquías civilizatorias, privilegiando aquellas culturas que se parecen más al canon arquitectónico europeo, y relegando otras formas de conocimiento, espiritualidad y organización espacial. En esta línea, se propone valorar también el patrimonio inmaterial y las relaciones socioecológicas con el entorno: saberes sobre plantas, animales, aguas, técnicas de construcción no permanentes y cosmologías territoriales.

Estas nuevas aproximaciones coinciden en rechazar una visión del patrimonio como inventario de objetos y proponen, en cambio, entenderlo como un campo de relaciones sociales, políticas y simbólicas. Bajo este paradigma, los bienes comunes culturales no se limitan a lo que puede ser expuesto en un museo o declarado como monumento nacional, sino que incluyen también lo intangible, lo cotidiano, lo desplazado, lo olvidado.

El desafío, entonces, es doble: desmontar los criterios de exclusión que han operado bajo el ropaje de la “técnica”, y construir marcos de reconocimiento que valoren la diversidad de formas culturales sin jerarquías coloniales. Solo así será posible avanzar hacia una protección del patrimonio que sea realmente democrática, participativa y respetuosa de los territorios como espacios de memoria viva.

Criterios para valorar territorios como bienes comunes culturales (más allá de lo monumental)

  1. Vínculo simbólico y espiritual con el paisaje
    • Reconocer los territorios donde existieron prácticas ceremoniales, narrativas míticas, lugares sagrados o hitos espirituales, aunque no haya estructuras visibles.
    • Valoración basada en significados culturales, no en formas arquitectónicas.
  2. Persistencia de toponimias y oralidades locales
    • Rescatar el valor patrimonial de los nombres de lugares, relatos y memorias transmitidas oralmente.
    • Las toponimias pueden ser huellas vivas de antiguas territorialidades indígenas.
  3. Rastro arqueológico no monumental (microcontextos)
    • Incluir sitios con evidencias dispersas como fragmentos cerámicos, fogones, herramientas, estructuras de uso cotidiano o basureros prehispánicos.
    • Estos elementos permiten reconstruir modos de vida no centrados en la monumentalidad.
  4. Relaciones ecosistémicas históricas (patrimonio biocultural)
    • Identificar la gestión ancestral del territorio a través de terrazas agrícolas, canales, diversidad genética de cultivos o prácticas de manejo del agua.
    • Integra la dimensión ecológica como parte del legado cultural.
  5. Existencia de rutas, senderos y usos ancestrales del espacio
    • Reconocimiento de caminos ceremoniales, rutas de intercambio o corredores rituales invisibilizados por el paradigma urbanístico moderno.
    • Su valor está en la función, no en la forma.
  6. Memoria colectiva y apropiación comunitaria actual
    • Aunque no haya una comunidad indígena originaria vigente, se puede valorar el sitio desde su importancia para la identidad, educación y conciencia histórica de comunidades locales actuales.
  7. Potencial de investigación y conocimiento
    • Los sitios con posibilidad de generar conocimiento sobre culturas poco estudiadas, aunque no tengan visibilidad monumental, deben protegerse por su valor científico y educativo.
  8. Representación de procesos históricos silenciados
    • Valor patrimonial de lugares vinculados con el genocidio indígena, desplazamientos, colonialismo o extinción cultural forzada.
    • Su conservación es un acto de reparación simbólica.
  9. Inclusión de voces locales y saberes situados
    • Las decisiones sobre el valor patrimonial no deben depender solo de peritajes técnicos, sino incluir las percepciones, memorias y afectos de actores territoriales.
  10. Principio precautorio
  • Ante la duda o el desconocimiento arqueológico, se debe aplicar el principio de precaución: mejor proteger y estudiar antes que destruir sin saber.

Estos criterios pueden ser utilizados para fundamentar denuncias ciudadanas, propuestas de políticas públicas, acciones de defensa del patrimonio o evaluaciones de impacto cultural y arqueológico. También ayudan a resignificar territorios invisibilizados como parte del tejido común de la memoria.

Bibliografía

Levrand, Norma  (2022). Intersecciones entre la propiedad privada y el derecho al patrimonio cultural: Dos casos de estudio en Argentina. Revista de Derecho Privado, 43, 129-160. https://www.redalyc.org/journal/4175/417572654006/

Merino Calle, I. (2021). El patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas: bienes comunes ligados a la identidad de la comunidad. Cultura – Hombre – Sociedad, 30(2), 149-159. https://www.researchgate.net/publication/360395938

Ministerio de Cultura y Juventud. (2025, 4 de julio). Ministerio de Cultura y Juventud concluyó satisfactoriamente evaluación arqueológica del área de impacto del proyecto del Aeropuerto Internacional el Sur. https://www.mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ministerio-de-cultura-y-juventud-concluyo-satisfactoriamente-evaluacion

Muñoz Solano, Daniela. (2023, 21 de febrero). Chaves sobre construcción de aeropuerto en zona patrimonial: “Que ahí pueda haber algo no es justificación para atrasar por más de una década el progreso”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-sobre-construccion-de-aeropuerto-en-zona-patrimonial-que-ahi-pueda-haber-algo-no-es-justificacion-para-atrasar-por-mas-de-una-decada-el-progreso/

Pesoa, M. (2016). Paisajes culturales: Entre historia, geografía y proyecto. En G. Dalla-Corte, J. Ortega y M. Pesoa (Eds.), Iberoamérica, España, Cataluña: Intercambios desde la geografía y la historia (pp. 189-200). Casa América Catalunya / UNAM. https://www.researchgate.net/publication/310588670

Schmidt Dias, R. (2016). Patrimonio, memoria y silencio: El legado arqueológico indígena y la política de la invisibilidad en Brasil. Revista Journal of Community Archaeology & Heritage, 3(1), 27-42. https://doi.org/10.1080/20518196.2015.1127216

Créditos imágenes: Semanario Universidad

Mapa: Kioscos Socioambientales

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Convocatoria – Elecciones 2026: Curso-taller para leer críticamente las propuestas socioambientales

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¿Cómo se entrelazan los discursos democráticos con los conflictos territoriales? ¿Qué implicaciones tienen las elecciones del 2026 para las luchas ambientales y comunitarias?

En un contexto de creciente crisis socioecológica y de profundización de los conflictos socioambientales en Costa Rica, el Observatorio de Bienes Comunes lanza su nuevo curso-taller presencial: “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Esta iniciativa surge como parte de la propuesta más amplia “Democracia, tenemos que hablar…”, que busca abrir espacios de formación, reflexión colectiva y articulación política desde los territorios, en un momento de evidente erosión democrática.

🔍 ¿Por qué este curso-taller?

A pesar de que Costa Rica se proyecta internacionalmente como una democracia sólida y ambientalmente ejemplar, muchas comunidades enfrentan exclusión en la toma de decisiones y sufren las consecuencias de políticas que favorecen la mercantilización del ambiente y los territorios. Ante esto, urge construir herramientas colectivas para desmontar las narrativas dominantes y fortalecer las capacidades de análisis frente a las elecciones de 2026.

El curso-taller propone un enfoque desde la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña, reconociendo los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento, y la acción colectiva como horizonte para la transformación social.

🎯 Objetivos del curso

  • Fortalecer las capacidades de acompañamiento comunitario desde una mirada crítica de los procesos educativos y políticos.

  • Sensibilizar sobre el valor de las prácticas cotidianas construidas en los territorios como parte esencial de la resistencia.

  • Reflexionar colectivamente sobre el vínculo entre la participación, el conocimiento situado y las luchas por la transformación social.

🗓️ Fechas y contenidos

Cada sesión abordará una temática clave para comprender el vínculo entre política, territorio y propuestas electorales:

Democracia en disputa – 8 de agosto

El desarrollo como dogma – 15 de agosto

Política ambiental dominante – 22 de agosto

Protesta social y criminalización – 29 de agosto

Elecciones 2026 y lectura crítica de propuestas socioambientales – 5 de septiembre

🕘 Todas las sesiones serán de 9:00 a.m. a 12:00 m.d. en la Universidad de Costa Rica, San Pedro.

📌 Es necesario asistir a todas las sesiones para completar el proceso.

👥 ¿A quién va dirigido?

El curso está abierto al público general, con especial interés en personas que forman parte de organizaciones, colectivos sociales, culturales y políticos. Queremos construir un espacio donde se encuentren saberes, trayectorias y estrategias diversas para defender el bien común.

Pueden descargar el documento de convocatoria aquí.
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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

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Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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¿Democracia ambiental en retroceso? Acceso a la información y el caso costarricense

with No Comment PARTICIPACIÓNReflexión

La reciente publicación de la UNESCO y la CEPAL, El acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe: Síntesis de decisiones de órganos garantes y jurisprudencia seleccionada (2024), plantea una pregunta urgente: ¿cómo se garantiza este derecho en contextos donde la participación ambiental se erosiona y los marcos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, siguen sin ser ratificados?

El informe ofrece un análisis exhaustivo del estado actual del derecho de acceso a la información ambiental en la región, con base en decisiones de tribunales y órganos garantes emitidas entre 2018 y 2023. Su enfoque pone de relieve cómo este derecho no sólo permite el ejercicio de la participación y la justicia ambiental, sino que constituye una herramienta fundamental para proteger otros derechos humanos, como el acceso a la salud, al agua o a un ambiente sano.

Una mirada regional: avances desiguales y desafíos comunes

El estudio muestra que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han reconocido el derecho de acceso a la información en sus constituciones o leyes, y muchos han adoptado marcos legales específicos. No obstante, la implementación efectiva es altamente desigual.

Pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, sólo 15 países lo han ratificado. Su adopción es crucial: se trata del primer tratado ambiental regional que vincula el derecho a la información con la participación pública y la justicia ambiental, y que reconoce de forma explícita la protección de personas defensoras del ambiente.

El informe destaca buenas prácticas y avances en jurisprudencia en varios países, pero también evidencia obstáculos persistentes: barreras burocráticas, falta de información en formatos accesibles, uso abusivo de excepciones, e incluso negación sistemática a entregar información de interés público. Esto es especialmente grave en contextos de extractivismo, urbanización desordenada o conflictos socioambientales.

El caso costarricense: discursos verdes, prácticas opacas

En Costa Rica, el derecho de acceso a la información ambiental está reconocido en decretos y en la Ley Orgánica del Ambiente, pero no existe una ley integral sobre acceso a la información pública ni se ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto contrasta con su reputación internacional como referente ambiental.

El informe subraya que sin marcos legales robustos y mecanismos independientes de garantía, este derecho se diluye. La ausencia del Acuerdo de Escazú deja un vacío normativo importante, especialmente en lo relativo a:

  • Estándares claros de acceso y entrega de información.
  • Participación efectiva en decisiones que afectan territorios.
  • Protección específica para personas defensoras.

En los últimos años, Costa Rica ha visto una disminución progresiva de espacios formales de participación ambiental, aumento de conflictos territoriales no transparentados y casos de criminalización de liderazgos comunitarios. Todo esto profundiza la desconfianza hacia las instituciones y debilita los mecanismos democráticos.

¿Qué aporta el informe?

El documento de UNESCO y CEPAL ofrece:

  • Un marco normativo actualizado (internacional, regional y nacional).
  • Conceptos clave como “transparencia activa”, “principio de máxima publicidad” o “grupos en situación de vulnerabilidad”.
  • Una selección de decisiones judiciales y administrativas que amplían el alcance del derecho a la información ambiental.
  • Recomendaciones para mejorar la legislación, fortalecer la institucionalidad garante y garantizar el acceso universal y equitativo a la información.
Democracia ambiental: mucho más que buenas intenciones

A la luz del informe, se vuelve evidente que el debilitamiento institucional de la participación ambiental, junto con la opacidad de decisiones clave sobre el uso del territorio, profundizan las brechas de justicia ambiental.

Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar pasos firmes hacia una democracia ambiental real: con información abierta, participación sustantiva y protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Porque como señala el informe:

“El acceso a la información ambiental no es un fin en sí mismo, sino un medio esencial para ejercer otros derechos, proteger el ambiente y construir un desarrollo verdaderamente sostenible.”

¿Qué significa realmente el acceso a la información ambiental? ¿Por qué es clave para proteger nuestros territorios y ejercer nuestros derechos?

A partir del informe de la UNESCO y la CEPAL, preparamos una infografía con conceptos esenciales, ideas fuerza y los principales aportes del documento. Un recurso útil para estudiantes, organizaciones, activistas y cualquier persona interesada en la justicia ambiental.

Explorá, compartí y usala como punto de partida para seguir defendiendo el derecho a saber… y a decidir.

PDF – Imagen

Glosario esencial sobre acceso a la información ambiental

1. Información ambiental
Todo dato sobre el estado del medio ambiente, recursos naturales, riesgos ambientales, impactos reales o potenciales, así como medidas de protección, gestión o normativa ambiental.

2. Acceso a la información
Derecho de toda persona a solicitar y recibir información pública, sin necesidad de justificar su interés. Aplica tanto a instituciones estatales como a otras entidades obligadas por ley.

3. Transparencia activa
Obligación del Estado de generar y difundir información ambiental de forma sistemática, oportuna, accesible y comprensible, sin necesidad de que haya una solicitud previa.

4. Transparencia pasiva
Derecho de las personas a obtener información ambiental cuando la solicitan expresamente, y deber del Estado de entregarla dentro de plazos establecidos.

5. Principio de máxima publicidad
Todo lo que no esté expresamente clasificado como reservado debe ser público. Las excepciones deben ser limitadas, proporcionales y justificadas.

6. Sujetos obligados
Entidades públicas (y en algunos casos privadas) que tienen la obligación de proporcionar información ambiental bajo su control, como ministerios, municipios, empresas concesionarias, etc.

7. Grupos en situación de vulnerabilidad
Poblaciones que enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos, como pueblos indígenas, personas defensoras ambientales, mujeres rurales o personas en zonas remotas. El acceso debe garantizarse con medidas diferenciadas.

8. Acuerdo de Escazú
Primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Incluye también la protección de personas defensoras.

9. Justicia ambiental
Acceso equitativo a los beneficios del ambiente y a la posibilidad de reclamar ante afectaciones. Implica garantizar el derecho a un ambiente sano con perspectiva de derechos humanos.

10. Derecho a un ambiente sano
Derecho reconocido en la mayoría de constituciones de América Latina. Es base para la vida digna y para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

11. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Instrumentos técnicos y legales para analizar los efectos de un proyecto o actividad sobre el ambiente. Su acceso es clave para la participación pública informada.

12. Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (Escazú)
Órgano no judicial ni punitivo que acompaña a los Estados Parte en la implementación del Acuerdo de Escazú, promoviendo buenas prácticas y cooperación.

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¿Hasta la última piedra? El Río Frío bajo amenaza por minería no metálica

with No Comment extractivismos

La comunidad de Maquengal en Guatuso vuelve a alzar la voz. Esta vez, con más urgencia que nunca.

A pesar de años de las advertencias comunitarias y las evidencias sobre el daño ambiental, la administración anterior de la Municipalidad de Guatuso aprobó una nueva concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más. Mientras tanto, maquinaria pesada ya está escarbando en la poza ubicada cerca de la base del puente de cemento, removiendo material de forma intensiva y alterando drásticamente el cauce del río.

El impacto es tangible. Las pozas ya no están, la sedimentación impide la navegación, las corrientes disminuyen, los espacios de recreación se han vuelto inseguros, y los bordes del río se erosionan visiblemente. Lo que antes era parte del paisaje vivo de la comunidad, hoy es un recuerdo en peligro de desaparecer.

“Esto ha venido a matar el río. Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR, el humedal de Caño Negro, que no estamos cuidando”, expresó una persona vecina. El Río Frío no solo es un símbolo cultural y económico para la región, sino el principal afluente del Humedal Caño Negro, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y protegido bajo la Convención RAMSAR.

Cuando se arranca el río, se arranca la vida

La extracción sin regulación no solo pone en riesgo ecosistemas: también daña infraestructura pública, propiedades privadas y genera condiciones propicias para inundaciones y pérdida de suelos. Este riesgo es más que una posibilidad futura: ya está ocurriendo en la poza cercana a la base del puente de cemento que une Maquengal con la Amapola, donde actualmente maquinaria remueve material sin un monitoreo claro. Las alteraciones al cauce y al entorno inmediato podrían comprometer la estabilidad del propio puente, aumentar la erosión de las riberas y agravar las afectaciones aguas abajo.

Es decir, el afán por “sacar hasta la última piedra” termina dejando un vacío que se siente en lo ambiental, lo social y lo económico. La remoción del lecho del río no solo altera su curso natural, sino que también pone en riesgo la seguridad y el bienestar de quienes viven a su alrededor.

El caso de Maquengal es más que una denuncia: es una lección de participación ambiental comunitaria. En marzo de este año, durante el Festival del Agua, vecinas y vecinos entregaron cartas al alcalde Carlos Sequeira y a autoridades ambientales, recordando el compromiso asumido de hacer un diagnóstico ecológico del cantón. Esta solicitud no es caprichosa: es una necesidad urgente, especialmente cuando ya se están interviniendo zonas sensibles del río sin un control efectivo y con impactos visibles que podrían ser irreversibles.

Voces por la protección del Río Frío

En Maquengal, la defensa del río no es un asunto técnico ni lejano: es cotidiano, vivido, sentido. Las personas vecinas se preguntan por qué se insiste en extraer piedra del Río Frío, mientras existen otros cauces que podrían asumir esa carga sin tanta afectación.

“¿Por qué todas las piedras grandes se las llevan del Río Frío? ¿Por qué no se hace un equilibrio con otros ríos como el Celeste, el Venado o el Samen, que también tienen bastante piedra? Aquí ya están sacando hasta las piedras grandes, las que le dan forma al río, las que sostienen sus orillas.”

La preocupación va más allá de Maquengal. Vecinos de otras zonas del cantón han señalado cómo el dragado también ha afectado humedales y otros afluentes del Río Frío. En lugares como Buenavista, donde el mismo río Celeste ofrecía pozas naturales, hoy las familias recuerdan con tristeza cómo esos espacios desaparecieron.

“Han sacado manzanas enteras de humedal. Lo vemos en Llanos, lo vemos en Buenavista, y el gobierno local no hizo nada. Antes la gente se bañaba en Semana Santa, ahora las pozas ya no están.”

Frente a este abandono institucional, muchas personas se preguntan qué ha hecho el gobierno local en todos estos años.

“¿Qué ha estado haciendo la municipalidad mientras todo esto pasa? La población sí ha estado observando, denunciando, pero las veredas del río se destruyen, los humedales se secan, y seguimos sin respuestas claras. ¿A dónde vamos a llegar si no se detiene esto?”

Las voces del territorio, lejos de ser ruido, son un llamado urgente: dejar descansar al río, repensar las prioridades, y cuidar lo que aún late antes de que lo borren hasta la última piedra.

¿Desarrollo para quién?

Las comunidades no están en contra del desarrollo. Están en contra del saqueo, del uso intensivo de un bien común para el lucro de unos pocos, sin respetar los límites ecológicos ni los derechos de quienes viven en el territorio. Mientras se extrae el material, las personas vecinas de Maquengal pierden el potencial turístico del Río Frío, que antes atraía visitantes por su belleza natural y su biodiversidad. Pero aún más grave: pierden también su espacio recreativo local, el lugar donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas compartían, se bañaban, pescaban y construían sus vidas cotidianas.

Como expresan con firmeza sobre la relación entre el humedal de Caño Negro y el río Frío: “no se puede seguir vendiendo al mundo un sitio de valor ambiental si no se está cuidando ni monitoreando”.

Frente al extractivismo, la comunidad propone un camino distinto:

  • Priorizar proyectos que beneficien el bienestar.

  • Regular con criterios ambientales.

  • Evaluar los daños acumulados y restaurar los ecosistemas.

  • Escuchar y respetar la voz de quienes han vivido, cuidado y defendido el río toda su vida.

Participar es un derecho, manternos es un deber

El Acuerdo de Escazú y la Ley Orgánica del Ambiente reconocen el derecho de las personas a participar en las decisiones ambientales. Y eso es precisamente lo que hace Maquengal: ejercer su derecho a defender un río que aún vive, que aún canta, pero que está siendo silenciado a golpe de retroexcavadora.

No podemos permitir que la minería no metálica borre nuestras pozas, nuestros recuerdos, nuestra seguridad, nuestra biodiversidad.

Porque cuando se agota hasta la última piedra, lo que queda es el vacío de lo que fuimos.

¿Qué es la minería no metálica y por qué afecta tanto?

La minería no metálica es la extracción de materiales como arena, piedra, grava, caliza, arcilla y otros minerales que no contienen metales. En Costa Rica, esta actividad se realiza principalmente para abastecer la industria de la construcción: carreteras, puentes, edificios y desarrollos inmobiliarios.

Aunque no se trate de oro o cobre, los impactos ambientales de esta minería pueden ser igual de devastadores, especialmente cuando se realiza en cauces de ríos o zonas sensibles:

  • Modifica el cauce natural del río, alterando sus flujos y aumentando el riesgo de

  • Provoca erosión en las riberas, afectando árboles, vegetación y vida

  • Contribuye a la sedimentación, lo que daña la calidad del agua y reduce el hábitat de muchas especies acuáticas.

  • Disminuye el caudal, afectando a las personas que dependen del río para consumo, agricultura o recreación.

  • Fragmenta los ecosistemas, afectando la biodiversidad y debilitando la capacidad de los humedales de cumplir funciones clave, como el control de inundaciones o la regulación del clima local.

Cuando esta actividad no se regula adecuadamente, se convierte en una forma de extractivismo destructivo que sacrifica el largo plazo en nombre de un beneficio inmediato y desigual.
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Inquilinas e inquilinos en lucha: voces desde Los Ángeles

with No Comment MOVIMIENTOSPARTICIPACIÓN

En medio de una crisis habitacional global, miles de personas enfrentan desalojos, aumentos abusivos de alquiler y condiciones de vida precarias. En Los Ángeles, una de las ciudades más desiguales del mundo, el Sindicato de Inquilinos ha surgido como una fuerza organizada que resiste la lógica del mercado inmobiliario y defiende el derecho a una vivienda digna.

En este video conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, quienes comparten sus experiencias de lucha, organización y esperanza. A través del sindicalismo inquilino y la educación popular, estas comunidades están construyendo alternativas desde abajo para transformar su realidad.

🚪 ¿Qué pasa cuando quienes alquilan se organizan?
🏙️ ¿Cómo se construye una ciudad desde el derecho, no desde el privilegio?

👉 Dale play y sumate a esta conversación sobre defensa colectiva, justicia habitacional y transformación social.

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Zona pública en peligro: construcciones, abandono y apropiación en la franja costera

with No Comment extractivismosTERRITORIOS

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con la defensa del territorio costero, realizó como parte de su labor de monitoreo ambiental un recorrido por un conocido punto de la costa caribeña sur, frecuentado por surfistas y turistas. Lo que encontró vuelve a confirmar las alertas sobre una situación que se repite cada vez con más frecuencia: ocupación irregular de la zona pública y la playa, generando alteraciones en el ecosistema y evidenciando la omisión de deberes por parte de las autoridades municipales.

En las inmediaciones de beach break(lugar donde las olas rompen sobre un fondo de arena, en lugar de sobre un arrecife o roca), en Cocles —una franja de aproximadamente 300 metros conocida como zona dedicada al surf, como muchas otras ubicadas frente al mar— se observan siembras de cocoteros directamente sobre la arena de la playa. Estas intervenciones se suman a la presencia de construcciones que, aunque utilizan materiales como madera redonda para disimular su carácter permanente, cumplen funciones claras dentro del negocio: brindar servicios, delimitar espacios o establecer una presencia física sobre el terreno.

¿Regenerar o encubrir?

La regeneración costera es una necesidad urgente ante los efectos del cambio climático y la erosión. Sin embargo, en este caso, se observa un uso distorsionado del concepto: la siembra de cocoteros no responde a un criterio técnico de restauración ecológica, sino a una apropiación encubierta del espacio público. Se plantan árboles grandes, ajenos al ecosistema originario, con el objetivo de marcar presencia y generar sombra para uso comercial, desplazando especies nativas como el almendro de playa o el jobo.

Este tipo de prácticas transforma la fisonomía de la playa, impide la regeneración natural de la flora local y promueve una imagen homogénea que invisibiliza la diversidad biológica propia del territorio. Además, generan un efecto psicológico de “territorio ocupado”, disuadiendo el uso libre por parte de otras personas.

Construcciones disfrazadas: apropiación sin permiso

Una práctica cada vez más común en esta zona es la instalación de estructuras que se presentan como temporales, ecológicas o móviles, pero que en realidad son parte del funcionamiento permanente de los negocios. Al usar materiales naturales o poco visibles, se busca evitar sanciones y pasar desapercibidos ante la inspección municipal. Algunas de estas construcciones incluso cuentan con conexiones eléctricas y servicio de internet, lo que evidencia su carácter permanente y funcional.

Durante el recorrido realizado por Philippe se evidencia también el uso nocturno del sitio, con intensa iluminación, lo que comprueba que todas estas instalaciones son de uso permanente. A esto se suma que varias zonas del Caribe sur son parte de rutas de anidamiento de tortugas, y este tipo de instalaciones luminosas en la playa puede repercutir negativamente en estos procesos naturales, provocando la desorientación de las tortugas durante su ciclo reproductivo.

Todo lo anterior demuestra que estos elementos no son neutros: alteran profundamente la dinámica del espacio, sustituyen el uso colectivo por un uso comercial, promueven desigualdad —ya que mientras a algunas personas se les exige operar dentro de sus propiedades, otras extienden su actividad directamente sobre la playa— y generan impactos negativos en los ecosistemas costeros, afectando procesos naturales como el anidamiento de tortugas y la regeneración de la vegetación autóctona.

Abandono institucional y urgencia de acción

Lo registrado por Philippe es un ejemplo más del abandono institucional en la protección de la playa. A pesar de múltiples denuncias, los mecanismos de control municipal y estatal no están respondiendo con firmeza ni coherencia. Esta inacción permite que se normalicen prácticas irregulares que vulneran el derecho colectivo y ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio.

La recuperación de la zona pública costera no solo es una responsabilidad legal del Estado, sino también una tarea urgente para la protección de nuestros ecosistemas, el acceso equitativo al espacio común y la defensa del bien común frente al avance de la privatización encubierta.

La ausencia institucional que habilita abusos… e ingenuidades

La falta de monitoreo y presencia efectiva por parte de las autoridades encargadas de velar por la zona pública —como municipalidades, MINAE o el Instituto Costarricense de Turismo— no solo permite que se consoliden prácticas ilegales, sino que crea un ambiente de ambigüedad normativa que habilita tanto abusos intencionados como transgresiones por desconocimiento.

En contextos donde no hay reglas claras aplicadas ni fiscalización visible, florecen las llamadas “zonas grises”: espacios donde se aprovecha la debilidad institucional para apropiarse de bienes comunes sin mayores consecuencias. Esto beneficia especialmente a quienes cuentan con recursos o conexiones para avanzar con obras, instalar negocios o modificar el entorno, incluso dentro de la franja pública.

Pero esta falta de control también genera un efecto menos visible, aunque igualmente preocupante: muchas personas que dependen de actividades económicas de pequeña escala (alquiler de bicicletas, ventas, servicios turísticos) reproducen prácticas irregulares sin saber que están violentando la legislación, simplemente porque no existe acompañamiento, orientación ni procesos formativos desde las instituciones competentes.

Este vacío institucional no solo expone el bien común al deterioro, sino que también crea desigualdad frente a la ley: mientras algunos actores operan en la informalidad con total impunidad, otros reciben sanciones selectivas, y muchos más ni siquiera saben con certeza qué se puede o no hacer en la zona costera.

Revertir esta situación exige más que fiscalización. Implica fortalecer la presencia institucional con enfoque preventivo, educativo y transparente, que combine vigilancia con procesos de diálogo comunitario y apoyo técnico. Solo así podremos construir una relación justa, sostenible y compartida con nuestro litoral.

¿Por qué importa la zona pública costera? Un bien común vital y vivo

La zona pública costera —los primeros 50 metros contados desde la pleamar ordinaria— no es solo una franja de tierra. Es un espacio protegido por ley, concebido como espacio común, de libre acceso y uso colectivo. Su función es social, ambiental y cultural. Es un lugar donde confluyen biodiversidad, recreación, modos de vida y valores simbólicos que son parte del tejido de nuestras comunidades costeras.

Este espacio no pertenece a ningún negocio, empresa ni persona particular, por más tiempo que lleve operando en sus inmediaciones. Pertenece a toda la ciudadanía y debe ser resguardado con criterios de equidad y sostenibilidad.

Dentro de esta zona, la vegetación autóctona cumple funciones ecológicas esenciales:

  • Sostiene la tierra y previene la erosión, al fijar el suelo con sus raíces.
  • Ofrece sombra y refugio para personas, aves, insectos y otros seres que habitan la costa.
  • Protege frente al avance del mar, actuando como una barrera natural ante el oleaje y las tormentas.
  • Favorece la biodiversidad, al mantener un entorno compatible con las especies nativas del ecosistema costero.
  • Preserva la identidad del lugar, aportando a la memoria ecológica y cultural de la comunidad.

Cuando se sustituyen estas especies por cocoteros u otras plantas introducidas con fines ornamentales o comerciales, no solo se altera el paisaje: se debilita el ecosistema costero y se pierde la memoria viva del territorio.

Defender la zona pública costera es, por tanto, defender un espacio que nos protege, nos conecta y nos pertenece a todas y todos. Reforestar con especies nativas, respetar los usos comunes y exigir que se respete la ley no es una actitud radical: es un compromiso mínimo con la vida y con el futuro de nuestras costas.

¿Qué hacemos? Actividades económicas que respetan la zona pública costera

Frente a las múltiples formas de ocupación indebida de la franja costera, también existen experiencias que demuestran que es posible desarrollar actividades económicas sostenibles sin invadir ni privatizar lo que es público. Estas prácticas respetuosas del entorno no solo son legales, sino que refuerzan el vínculo comunitario y el valor ambiental de la zona.

A continuación, algunos ejemplos de buenas prácticas:

  1. Turismo responsable sin infraestructura fija en la playa

Algunos emprendimientos turísticos han optado por ofrecer servicios (clases de surf, yoga, tours guiados) que se realizan sin instalar estructuras permanentes ni delimitar espacios en la playa. Usan señalización móvil, promueven el respeto por la biodiversidad y orientan a los visitantes sobre el valor del ecosistema.

  1. Venta ambulante consciente

Personas vendedoras de comida, bebidas o artesanías utilizan puestos móviles, sin anclajes ni estructuras fijas, que se retiran al final del día. Esta práctica permite aprovechar la dinámica del turismo sin generar apropiación territorial ni residuos permanentes en la zona pública.

  1. Alquiler de bicicletas, tablas o equipos fuera de la zona pública

Emprendimientos de alquiler de equipos para actividades recreativas han instalado sus locales dentro de propiedades privadas o concesiones legales, sin extenderse sobre la franja costera. Algunas de estas iniciativas incluso ofrecen información sobre cómo cuidar el entorno mientras se usa el equipo.

  1. Restauración ecológica participativa

Colectivos comunitarios y negocios conscientes han impulsado procesos de reforestación con especies nativas, retirando residuos y promoviendo la educación ambiental. Estas acciones mejoran el entorno sin necesidad de ocuparlo ni modificarlo para beneficio propio.

  1. Educación ambiental como propuesta económica

Algunos emprendimientos ofrecen recorridos guiados o talleres educativos sobre flora costera, historia local o conservación, contribuyendo al conocimiento y al aprecio por la zona sin alterar el espacio físico ni imponer su uso.

Estas experiencias muestran que es posible generar ingresos, atraer turismo y sostener modos de vida en la costa sin apropiarse de la zona pública ni degradar su valor ecológico. La clave está en el respeto por el entorno, el cumplimiento de la normativa y una visión que entienda el bien común como una base, no como un obstáculo.

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