Les compartimos esta infografía sobre la pesca de arrastre, para reflexionar sobre el contexto actual y las implicaciones que representa para nuestras comunidades.
Pueden descargar la infografía aquí.
Observatorio Bienes Comunes: Segundo Boletín Sentires y Saberes Defensoras y defensores ambientales ¿Quién les cuida?
El Acuerdo de Escazú se conocerá esta semana en el congreso (octubre 2020), durante dos años no ha sido mucha su difusión en el país, ¿A qué se puede deber esto? El Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica les queremos compartir a través de este Boletín algunas claves de lectura para esta situación, ¿De qué habla este acuerdo? ¿A quiénes defiende?
El pasado 28 de septiembre del 2018, 23 países firmaron el Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados.
Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado.
Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la declaración de Río, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resulta inquietante al menos que un país como Costa Rica, que ha tratado de caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tuviera como pendiente la ratificación de un Acuerdo que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.
Algunas implicaciones de este acuerdo podrían explicar la demora, ya que viene a garantizar derechos que han sido obviados durante décadas, acceso oportuno a la información en temas ambientales, mecanismos de participación y protección jurídica a esas personas defienden el ambiente y han sido expuestas a presiones de intereses económicos muy fuertes que terminan desgastando sus vidas personales y familiares.
Esta oposición procura justificar esta negativa al acuerdo argumentando que Impide el acceso a nuevas tecnologías, a la inversión en infraestructura, también señalan que es una amenaza a la confidencialidad de la información empresarial, que provoca altos costos al Estado relacionados a la protección de los y las defensores ambientales o por último que nos expondría como sociedad a interminables procesos de consulta. En definitiva, argumentos que no explican la no idoneidad del acuerdo, sino que invitan a pensar ¿Qué tipo de democracia aspiran estos sectores?
¿Qué nos dice esto sobre la posición interna de Costa Rica con respecto a las y los defensores ambientales? ¿Qué relación tiene este lento camino y los procesos de criminalización de la protesta social vividos en los últimos años? ¿Cuáles intereses están en juego a partir de las dimensiones del Acuerdo? ¿Qué visión de participación política se está imponiendo? ¿Cuáles deudas socioambientales Costa Rica sigue teniendo abiertas?
Estas preguntas y más son parte de la información que procura problematizar este boletín, para que sea una herramienta que enriquezca el análisis de todas las personas interesadas y permita comprender el contexto que atraviesa nuestro país en torno a la temática socioambiental; ¿de dónde partimos?, los intereses en conflicto, las ausencias y los desafíos que encaramos como sociedad.
Desigualdad e injusticia climática: Escenarios de agotamiento de los Bienes Comunes Naturales
¿Estoy loco, para ver lo que otros no ven, o están locos los responsables de todo lo que estoy viendo?
León Tostoi
El pasado mes de septiembre 2020, OXAFAM presentó el informe “Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono Por qué la justicia climática debe estar en el centro de la recuperación tras la pandemia de COVID-19” donde expuso las profundas brechas en torno a las emisiones de carbono y el nivel de ingreso.
En este marco es importante señalar que la crisis climática es provocada por el accionar humano sobre los bienes comunes naturales, pero las diferencias de impacto saltan a la vista, cómo por ejemplo nuestra atmósfera, que a lo largo del tiempo ha acumulado las emisiones de carbono, en detalle la deuda ecológica entre 1800-1988, se refleja de una forma desigual; 83.7% producido en el hemisferio norte contra apenas un 16.3% del hemisferio sur.
Este informe que nos presenta OXFAM nos alerta que a pesar de las bajas emisiones que se reportan motivo de las medidas COVID 19, la crisis climática sigue, y que, ante los compromisos del Acuerdo Climático de París, estamos muy cerca de superar el límite de mantener el calentamiento global del 1,5 C, agudizando así el deterioro de los bienes comunes naturales.
Sin embargo, la gran contribución de este informe reside en que nos ayuda a problematizar una pregunta incómoda para algunos sectores de nuestras sociedades, ¿Quiénes son responsables del incremento de estas emisiones (1990-2015)?
Al respecto esto, el informe nos trae algunos datos importantes de reseñar, por ejemplo; el 10% más rico generó el 52% de emisiones totales de carbono, de estas el 1% de la población mundial más rica generó 15% de las emisiones, sin embargo, apenas el 50% más pobre de la población mundial generó el 7%.
Un ejemplo que nos aporta es respecto de las emisiones totales relacionadas a la dimensión del transporte; solamente el 10% de los hogares más ricos consume de esto el 45% del transporte terrestre y el 75% aviación.
Con estos y otros datos más, el informe logra concluir que por lo menos el 5% más rico es responsable del 37% del incremento total de las emisiones del período de estudio.
También es importante señalar, que unos de los sectores que hoy atenta más contra los Bienes Comunes Naturales como lo es la Agroindustria, llega a representar el 30% total de las emisiones de carbono, esto resultado de la suma de sus dimensiones de agrocadena: agricultura, industria, energía y transporte (Ecologistas en Acción, 2010).
Con estos datos que les presentamos, podemos llegar a una primera idea, el actual crecimiento económico garantiza la satisfacción del consumo más rico, no está centrado en la mejora de las condiciones de vida. Por ejemplo, la mitad de la población mundial vive con menos de $5,50 al día.
Pero ¿qué nos dice esto?
Algunas ideas que nos permiten partir de este informe:
Hay un consumo desproporcionado de los sectores más ricos
Las personas en pobreza y exclusión hacen frente a los efectos de cambio climático de manera directa
Las generaciones futuras verán perjudicada su calidad de vida, ya que encontrarán un agotamiento acelerado de los Bienes Comunes Naturales
La coyuntura del COVID 19 demostró que se pueden tomar medidas radicales ante una amenaza
Es por esta razón que, a partir de la lectura de este informe, podemos proponer algunas medidas que se pueden explorar para abordar la crisis climática:
Impuestos a la riqueza
Apoyos a sectores que desarrollan modos de producción alternativos
Prohibiciones y restricciones sobre actividades contaminantes
Ante este escenario que atravesamos de agotamiento generalizado de los Bienes Comunes Naturales, es importante profundizar en las experiencias de gestión de los bienes comunes como un aporte más para enfrentar las repercusiones de la actual injusticia climática, estos procesos nos enseñan a construir relaciones a partir de la horizontalidad de los sujetos y protegiendo con sus acciones la reproducción de la vida.
Fuentes:
Gore, T. (2020). Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono Por qué la justicia climática debe estar en el centro de la recuperación tras la pandemia de COVID-19. OXFAM. Tomado de: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-es.pdf
Ecologistas en Acción (2010) Agricultura y cambio climático N 67. Recuperado de: https://www.ecologistasenaccion.org/19945/agricultura-y-cambio-climatico/
Equipo de trabajo del Observatorio de Bienes Comunes: agua y tierra
Programa Kioscos Socioambientales
Centro de Investigación y Estudios Políticos
Era Verde: Observando los Bienes Comunes
Conozca más sobre el observatorio de bienes comunes del Programa Kioscos Socio-ambientales- CIEP
¿Cuál pandemia? Extractivismos recargados
“Las raciones fueron nuevamente reducidas para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y, en realidad, aumentaban de peso.” George Orwell - Rebelión en la Granja
Por Luis Andrés Sanabria Zaniboni/Observatorio de Bienes Comunes
2 septiembre, 2020
En los últimos meses a raíz de las medidas económicas tomadas y no tomadas por el Gobierno ante la pandemia, hemos visto deterioradas las condiciones socioeconómicas de una gran parte de la población, agudizando las desigualdades de nuestra sociedad; pero como era de esperar algunos sectores no han sido impactados de la misma manera, entre ellos la industria extractiva. Podemos preguntarnos: ¿a qué tipo de cuarentena se han sujetado?
Lo primero que pensamos es: ¿qué son los extractivismos? Estos son parte de un modelo socioeconómico, productivo y político que se basa en la extracción de los bienes naturales (principalmente) con el fin de obtener materias primas con poco valor agregado y procesamiento sensibles a ser vendidas en los mercados. Para ello diversos actores sociales procuran facilitar su operación mediante exoneración fiscal, para optimizar sus ganancias. Entre algunas actividades están las conocidas tradicionalmente como la minería o exploración petrolera, pero en Costa Rica con más intensidad está la agroindustria a través de los monocultivos (piña, azúcar, banano, palma africana) o megaproyectos.
Estas actividades tienen profundas secuelas en nuestro país, su creciente intensidad y extensión ha impactado de forma irreversible en las comunidades y los ecosistemas. El uso indiscriminado de agroquímicos nocivos para la vida humana y el ambiente, así como la necesaria deforestación para su desarrollo son muestras de sus “externalidades en el agotamiento de los bienes naturales”.
Con la llegada del COVID-19 se mostró cómo los sectores extractivistas miraban para otro lado, y las autoridades refrendaron esto. Amparados en la “necesidad” de resguardar la economía, las implicaciones del “martillo y el baile” se diferenciaron entre lo urbano y rural, en uno se corre por cumplir con el cierre, pero en otros continúa el baile de la indiferencia y la explotación.
Si quisiéramos caracterizar las desigualdades presentes en el país, basta con retratar la división del trabajo y su manifestación a través de la clase y el género, cómo se entrelazan para mostrarnos a los perdedores y ganadores, donde el migrante o el pobre viven en carne propia las violencias de una actividad económica que no puede parar. Pero la acumulación de la riqueza sigue estando en manos de esas empresas opacas, casi ausentes hasta para tributar.
Pero su actividad no se mide solamente por su producción, sino también en las capacidades que generan para modificar a su favor las condiciones mediante las que operan. Por ejemplo, desde las cámaras empresariales hemos visto deseos expresos de una desregulación de la legislación ambiental (estudios de impacto ambiental, requisitos y otros) para hacerla más “amigable” con los negocios. Usando la excusa del ingreso en la OCDE se quiere modificar reglamentos para facilitar la introducción de paquetes tecnológicos que sirven de insumos a la producción agroindustrial, pero en definitiva son más agroquímicos, algunos restringidos en muchos países; pero también algunos reglamentos sobre las condiciones laborales de las personas, apostando a una normalización “legal” de la precarización a la que están expuestas.
¿Por qué hablar de esto? Porque les ha ido tan bien que son “punta de lanza” de la reactivación económica, coronados con el discurso presidencial con su apuesta al cultivo del cáñamo (monocultivo), pero también dio espacio para retomar las intenciones de algunos sectores por activar la minería de oro o la exploración petrolera, antes detenidas por decretos y leyes, pero hoy se perfilan como moneda de cambio en la política nacional. Es así como estamos siendo testigos que estos extractivismos sin cuarentena deterioran nuestro ambiente y atizan la desigualdad política y económica en el país.
Imagen carácter ilustrativo toma de Wikipedia
Fuente: Semanario Universidad
Voces y Polìtica: Lanzamiento del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra
Un proyecto nuevo que nace de la alianza entre Programa Kioscos Socio-ambientales UCR y el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP UCR. Se trata del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra. Un espacio que pretende generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica.
Participaron: Diana Ojeda, Zuiri Mendez, Alonso Ramárez, Daniel Fernández y Luis Sanabria