Pablo-Presbere

Presente vivo, memoria que lucha: conmemoramos a Pablo Presbere y Antonio Saldaña

Esta nota fue elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña, como parte de los esfuerzos por mantener viva la memoria, el legado y las luchas de nuestros líderes y lideresas ancestrales.
Porque resistir también es recordar, escribir y compartir desde nuestras voces.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Día de Pablu Presbere, símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos originarios.

“Para el pueblo bribri, no es un aniversario lo que celebramos. Es nuestra forma de vivir. Es memoria en acción, cada día, cada río, cada palabra que guardamos.”

En el corazón del territorio, seguimos caminando con el legado de nuestros grandes líderes: Pablo Presbere y Antonio Saldaña, quienes hasta hoy, siguen retumbando como símbolo de resistencia y compromiso con la vida. No los recordamos sólo por lo que hicieron, sino por lo que somos gracias a ellos.

Para muchos de nosotros, este territorio sigue siendo un paraíso natural. Vivimos dentro de un tesoro que heredamos y cuidamos porque nuestros ancestros lucharon por él. Ese legado no está en los libros, ni en papeles; está en la montaña, en los ríos, en la medicina, en las casas, en la comida, en el idioma… en todo lo que es nuestro y que aún respiramos.

Conmemoramos a Pablo Presbere no como una fecha aislada, sino como un acto continuo de resistencia y amor. Su lucha permitió que las generaciones actuales vivamos con más dignidad, con menos miedo y con más raíz.

No es fácil explicarlo, porque no es una historia que se dice: es un sentimiento que se vive todos los días. Porque para nosotros, no basta con predicar; lo que importa es accionar. Y accionar es cuidar la memoria, guardar la cultura, proteger el idioma, fortalecer los clanes, y mantener viva la esencia bribri.

Por eso existe el Colectivo Antonio Saldaña: como un espacio para seguir tejiendo esa memoria viva. Desde nuestros territorios, acompañamos procesos comunitarios, fortalecemos el conocimiento ancestral y defendemos la dignidad del pueblo bribri frente a las amenazas del olvido, la discriminación y la imposición cultural. Nuestra labor no es académica ni institucional: es espiritual, política y comunitaria. Nos mueve el compromiso con nuestras raíces y con las generaciones que vienen.

A través de encuentros, caminatas, reflexiones colectivas y acciones de defensa territorial, el colectivo busca mantener encendida la llama de lo que somos. Cada actividad es un acto de resistencia. Cada palabra en bribri, cada historia recuperada, cada joven que decide caminar con orgullo su identidad, es parte de esa lucha. No trabajamos solos: caminamos con los mayores, con las mujeres sabias, con los niños y niñas, con quienes sueñan un territorio libre y pleno. Porque la memoria no se hereda por sangre, sino por acción colectiva.

El legado de lucha no se hereda en papeles, sino en actos

El sistema que nos rodea ha tratado de borrar este legado. Nos dicen que el idioma bribri no sirve para encontrar trabajo, que nuestras medicinas no tienen valor, que nuestras formas de vida son atraso. Nos enseñan a olvidar. Pero nosotros sabemos que no es casualidad: es parte de un sistema que busca nuestra desaparición cultural.

Hoy, no hay balas ni cadenas como en el pasado, pero hay una muerte lenta: al idioma, a la identidad, a la medicina, a la educación propia. Lo sentimos cuando a las personas jóvenes les cuesta mantener el idioma. Cuando se nos dice que el buen vivir bribri, ya no sirve. Cuando se nos empuja a abandonar nuestras formas de conocimiento por otras impuestas.

Resistencia cotidiana, memoria para cuatro generaciones

En la tradición bribri, existe una norma profunda: cada generación tiene el deber de guardar, cuidar y conservar para su cuarta generación. Lo que hoy hacemos no es para nosotros, es para quienes vendrán. Nuestros abuelos lo hicieron por nosotros. Hoy, nos toca a nosotros hacerlo también.

Por eso, seguimos luchando. Contra el olvido. Contra las empresas. Contra instituciones públicas que no reconocen nuestra existencia. Seguimos luchando para que nuestras raíces no se corten.

Celebramos porque vivimos

El día de Pablo Presbere no es una efeméride más. Es una reafirmación de vida. Un acto político y espiritual. Es recordar que no somos un pueblo vencido. Que seguimos aquí, sembrando memoria, cuidando el territorio, hablando nuestro idioma, resistiendo con dignidad.

Gracias a quienes acompañan esta lucha. Gracias a quienes nos ayudan a escribir, a quienes escuchan. Este camino no es fácil, pero está lleno de sentido. Y como decimos entre nosotros:

“No tenemos todo escrito, pero lo guardamos en la memoria.”

Educación sin memoria propia: ¿cuál historia estamos enseñando?

Hablar del legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña no es sólo recordar el pasado: es exigir que su historia sea contada desde nuestra propia voz, desde la cosmovisión bribri y no como una «versión alternativa» dentro de los márgenes del sistema educativo nacional.

Cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) reduce nuestras memorias a un párrafo en los libros o las convierte en un relato exótico dentro de un temario oficial, lo que está haciendo es reproducir el colonialismo epistemológico. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde dónde se dice.

La historia de Pablo Presbere, por ejemplo, suele contarse desde una visión nacionalista y oficialista, donde se le reconoce como un “líder indígena rebelde”, pero sin profundizar en su rol como defensor del territorio, la espiritualidad bribri y el derecho a la autodeterminación. Es una historia despolitizada, neutralizada, vaciada de su raíz.

Esto fortalece formas sutiles (y no tan sutiles) de racismo y colonialismo, porque le dice a la niñez y juventud indígena que su forma de ver el mundo no tiene lugar en la escuela.

Que su idioma, sus luchas y sus memorias no son ciencia ni historia, sino «cultura», algo menor, anecdótico.

El resultado es una fractura profunda entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario, entre la historia enseñada y la historia vivida. Esa ruptura alimenta el desarraigo, el olvido y, en última instancia, la desaparición de formas de vida que han sostenido estos territorios por siglos.

Por eso, no basta con nombrar a Pablo Presbere en el currículo escolar. Lo urgente es transformar la educación pública para que reconozca y respete las memorias desde dentro, no como añadidos, sino como parte del corazón mismo de lo que entendemos por conocimiento, historia y dignidad.

La memoria no es un favor. Es un derecho. Y su negación es otra forma de violencia colonial.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Sembrar para cuidar el agua: Reforestación para fortalece conciencia ambiental en Grecia

El pasado 20 de junio, comunidades organizadas, personas voluntarias e instituciones públicas se dieron cita en Grecia, Alajuela, para llevar a cabo una jornada de reforestación en las inmediaciones del río Agualote y varias nacientes que abastecen el sistema de agua administrado por la ASADA de San Roque de Grecia. Esta actividad buscó proteger las fuentes de agua que sostienen la vida cotidiana de cientos de personas, en un contexto donde la presión sobre los recursos hídricos crece día a día.

La jornada no fue solo una acción ambiental, sino también una experiencia educativa y comunitaria. Participaron personas de diferentes edades, desde estudiantes hasta personas adultas mayores, quienes sembraron árboles nativos en zonas estratégicas para la recuperación del bosque ribereño y la protección del suelo.

¿Qué está pasando?

Los cuerpos de agua en Costa Rica enfrentan una situación crítica. En zonas densamente pobladas como la Gran Área Metropolitana, la mayoría de los ríos —entre ellos el María Aguilar, el Torres y el Virilla— presentan altos niveles de contaminación por aguas residuales, desechos sólidos, agroquímicos y metales pesados. Se estima que más del 70 % de las aguas residuales del país no reciben tratamiento adecuado, lo que contribuye a la degradación acelerada de los ecosistemas acuáticos y pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

A este escenario se suma una infraestructura sanitaria insuficiente y rezagos históricos en la planificación urbana. Muchas zonas carecen de redes de alcantarillado efectivas, y las plantas de tratamiento existentes no cubren toda la demanda ni operan a plena capacidad. La expansión urbana desordenada, la impermeabilización del suelo y la falta de protección efectiva de las zonas de recarga hídrica agravan la presión sobre los cuerpos de agua, que han sido reducidos, canalizados o convertidos en basureros invisibles.

Sin embargo, también emergen signos de esperanza. Organizaciones comunitarias, colectivos juveniles, instituciones educativas y algunas municipalidades están impulsando iniciativas de recuperación ecológica, educación ambiental y, especialmente, jornadas de reforestación en cuencas urbanas y periurbanas. Estas acciones no solo embellecen los paisajes, sino que cumplen un rol crucial en la protección de nacientes, la mejora de la infiltración del agua y la reducción de la erosión.  Para que estos esfuerzos florezcan y tengan un impacto sostenible, se requiere una acción articulada entre instituciones públicas, sociedad civil y sector privado que reconozca a los ríos y mantos acuíferos no como canales de desecho, sino como parte esencial del tejido ecológico, social y cultural de nuestras comunidades.

Reforestar para garantizar el agua

La reforestación es una de las estrategias más efectivas para la conservación del agua. Los árboles juegan un rol fundamental en la infiltración del agua en el suelo, previenen la erosión, ayudan a mantener la humedad del ecosistema y protegen las nacientes. Además, forman corredores biológicos que favorecen la biodiversidad y fortalecen la resiliencia ante el cambio climático.

En zonas como San Roque de Grecia, donde la gestión del agua recae en organizaciones comunitarias como las ASADAS, cuidar las cuencas hidrográficas es una responsabilidad compartida entre habitantes, instituciones públicas y actores locales. Sin árboles que protejan las nacientes, se pone en riesgo el abastecimiento presente y futuro del recurso más vital: el agua.

Educación ambiental para la acción colectiva

Durante la jornada, se compartieron saberes sobre la importancia ecológica de las zonas de recarga hídrica, los efectos del monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos en la calidad del agua, y la necesidad de recuperar paisajes productivos sostenibles. Así, la reforestación fue también un espacio de formación y encuentro intergeneracional.

Actividades como esta permiten sembrar conciencia, no solo árboles. Forman personas más comprometidas con su entorno, capaces de reconocer los vínculos entre la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades.

Articulación con desafíos

Uno de los aprendizajes de esta jornada es que la protección del agua requiere una articulación más sólida entre actores comunitarios, gobiernos locales, instituciones ambientales y educativas. Aunque existen esfuerzos importantes, aún hay desafíos en la asignación de recursos, la planificación territorial y el acompañamiento técnico.

En un contexto donde el cambio climático y la expansión urbana afectan cada vez más las fuentes de agua, fortalecer las capacidades locales y promover la participación social son pasos indispensables para garantizar el derecho al agua.

Te invitamos a ver este video que resume la jornada, los testimonios de quienes participaron y las reflexiones surgidas sobre el cuidado del agua y del bosque:

El Observatorio de Bienes Comunes participó en esta actividad por invitación del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, en el marco del proceso de reflexión del Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes de Grecia.

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Puerto Viejo + Limpio: una comunidad que no se rinde frente a la basura

La creciente acumulación de residuos en Puerto Viejo, Caribe Sur de Costa Rica, se ha convertido en un problema urgente de salud pública, deterioro ambiental y amenaza al turismo sostenible. Aunque es reconocido por su biodiversidad y riqueza cultural, el distrito enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos, especialmente en zonas turísticas, áreas de difícil acceso y espacios públicos sin señalización ni contenedores adecuados. El resultado: un manejo desbordado de la basura.

Restos de construcción abandonados, residuos orgánicos del comercio y el turismo, materiales peligrosos y desechos domésticos forman parte del paisaje cotidiano. Esta situación daña el entorno, pone en riesgo la vida silvestre y compromete la salud de residentes y visitantes. A ello se suma una débil regulación, escasa conciencia ambiental y limitada participación comunitaria en acciones sostenidas.

Puerto Viejo + Limpio: acción local con impacto colectivo

Como respuesta a la crisis de residuos en el Caribe sur, surge Puerto Viejo + Limpio, un proyecto de voluntariado ambiental que promueve la recolección comunitaria de desechos. Cada lunes a las 8 a.m., personas voluntarias recorren unos 3 km recogiendo residuos ordinarios y peligrosos, con materiales facilitados por la organización.

Aunque con recursos limitados —solo dos personas remuneradas y un promedio de cuatro voluntarios por jornada— el proyecto recolecta unas 60 bolsas aproximadamente bolsas de basura por día de actividad. esta constancia ha sido posible gracias al compromiso de ciertas personas de la comunidad y al apoyo económico solidario de actores locales como comercios y algunos particulares.

En mayo pasado, nueve comercios de Puerto Viejo donaron ₡163.000, lo que permitió cubrir una jornada semanal de limpieza de 8 horas, incluyendo remuneración simbólica y alimentación para el personal. Estos establecimientos son: Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s y Escape Caribeño. Este gesto muestra que, con voluntad compartida, es posible sostener iniciativas que cuidan el bien común.

Puerto Viejo + Limpio no solo recoge basura: visibiliza y moviliza a otras entidades e insittuciones a involucrarse en la problemática. promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la necesidad urgente de mejorar la señalización en playas, así como de fomentar prácticas responsables tanto en la comunidad como en el sector turístico.

No obstante, el proyecto opera con costos ajustados al mínimo necesario: se requiere cubrir alrededor de ₡50.500 por jornada, incluyendo salarios simbólicos, almuerzos, snacks, bolsas, guantes y herramientas básicas. Además, necesita materiales como rastrillos, carretillos, guantes reutilizables y señalización, junto con apoyo para impresión de materiales educativos y ciertos recursos para visibilizar la acción.

Para sostener esta labor, se abren canales de donación directa en especie o por medios electrónicos, y se invita a los comercios locales a aportar con limpieza frente a sus negocios, ofrecer vales de descuento para el voluntariado, o contribuir con productos y refrigerios. También es clave la colaboración en la difusión del proyecto, fortaleciendo su alcance y sensibilización tanto a visitantes como residentes.

En un contexto donde la desatención institucional y la presión turística ponen en riesgo la belleza y salud ambiental de Puerto Viejo, Puerto Viejo + Limpio demuestra que la organización comunitaria sí hace la diferencia. Esta iniciativa es una semilla de cambio que necesita del compromiso de más manos, más voces y más voluntades. Cuidar el entorno no es solo una tarea de unos pocos: es una responsabilidad compartida para proteger lo que nos sostiene. La basura no se esconde, se enfrenta; y hacerlo juntos es la única forma de transformar el presente y asegurar un futuro digno para este territorio.

Turismo sin gestión: la contradicción del paraíso contaminado

La imagen de playas vírgenes, selva exuberante y cultura afrocaribeña vibrante contrasta con la realidad de residuos esparcidos en caminos, ríos y playas. Puerto Viejo es uno de los destinos más visitados del Caribe costarricense, pero la infraestructura para tratar los desechos es insuficiente, deteriorada o inexistente.

El crecimiento turístico ha traído consigo más residuos, pero no una gestión paralela de servicios públicos ni regulación ambiental eficaz. Así, muchos espacios naturales terminan convertidos en vertederos informales, afectando la biodiversidad y también la experiencia del visitante.

Esta contradicción revela una paradoja estructural: un territorio que genera riqueza gracias a su entorno natural, pero que carece de mecanismos sólidos para protegerlo. Es necesario repensar el modelo de desarrollo turístico en el Caribe sur, desde una visión ecológica, justa y sostenible.

El impacto silencioso: residuos en playas y ecosistemas costeros

Las playas y zonas costeras son más que postales turísticas: son ecosistemas frágiles con funciones vitales para la biodiversidad. En Puerto Viejo, donde la línea entre naturaleza y actividad humana es especialmente estrecha, la acumulación de basura amenaza directamente a especies que habitan manglares, ríos, arrecifes y bosques.

Plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones, atrapamientos y pérdida de hábitat en aves marinas, peces, monos o perezosos. Además del impacto ecológico, los residuos degradan la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino.

En un contexto de alta presión turística, la falta de gestión de residuos alimenta un ciclo de deterioro: más visitantes generan más desechos, pero sin cultura ambiental ni infraestructura, los residuos terminan en el mar, las playas y los senderos.

La limpieza costera no es un asunto estético: es una acción urgente para proteger los bienes comunes, la salud pública y el sustento económico de toda una región.

Puerto Viejo + Limpio en cifras: mayo 2025

Dimensiones

Datos

Periodo reportado

mayo de 2025

Total de bolsas recolectadas

254 bolsas

Días de recolección

Lunes por la mañana (8:00 a.m.)

Duración de la jornada

8 horas

Promedio de voluntarios

4 personas por jornada

Personas remuneradas

2 personas (una jornada semanal)

Zonas de recolección

Playa Negra, Playa de Puerto Viejo, Sendero a Cocles, vía urbana

Total de donaciones (mayo)

₡163.000

Comercios donantes (9)

Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s, Escape Caribeño

Apoyo destacado

Como en mi casa costeó semanalmente una jornada de 8 horas

Organización

Grupo Puerto Viejo + Limpio

Contacto: +506 6242 4859

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Comunidad de Salamá logra otro paso para frenar el “basurero”: Concejo Municipal de Osa declara inviable el proyecto privado

Tras meses de organización, análisis técnico y presión ciudadana, la comunidad de Salamá celebra un triunfo significativo en defensa de su territorio. El Concejo Municipal de Osa declaró como «inconveniente para los intereses del cantón» el proyecto privado de relleno sanitario y planta de generación eléctrica promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L (MOCIÓN-AM-012-2025-2028).

Este resultado no se dio en el vacío. Fue el fruto de un proceso amplio de incidencia política comunitaria, donde vecinas y vecinos, acompañados por organizaciones como el Proyecto Paso de la Danta y diversas instituciones públicas, documentaron y expusieron los vicios legales y riesgos ambientales del proyecto. Entre los hallazgos más relevantes se identificaron nacientes y quebradas no contempladas en los estudios iniciales, lo cual hizo inviable el desarrollo del relleno sanitario en el sitio propuesto.

Es importante recordar como un momento clave en el proceso de defensa territorial la intervención del diputado Ariel Robles, quien solicitó formalmente a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la anulación de la viabilidad ambiental del proyecto, argumentando, entre otros puntos, que la normativa prohíbe el vertido de aguas residuales en áreas silvestres protegidas como el Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Esta acción fue decisiva para que el proceso se encauzara hacia la reciente declaratoria de inviabilidad emitida por el Concejo Municipal.

Riesgos ambientales y sociales: ¿por qué era tan grave este proyecto?

El proyecto pretendía instalarse en una región de alto valor ecológico y social, entre los corredores biológicos Fila Cruces y Osa, en un área que abarca más de 60 hectáreas. Se estimaba que recibiría 3,000 toneladas diarias de basura, una carga ambiental desproporcionada para la capacidad del ecosistema.

Uno de los principales peligros identificados era la generación de lixiviados, líquidos altamente contaminantes que resultan del contacto del agua con los residuos sólidos. Estos lixiviados podrían infiltrarse en el suelo y contaminar acuíferos y nacientes que abastecen a comunidades como Finca Puntarenas y Salamá, donde muchas familias dependen de pozos artesanales y ríos para su consumo diario.

Además del riesgo al agua, se señalaban posibles alteraciones al flujo hídrico natural, pérdida de biodiversidad, afectación a humedales cercanos como el Térraba-Sierpe, y conflictos socioambientales derivados del aumento en el tráfico pesado, olores desagradables y el cambio abrupto en el uso del suelo. En una región caracterizada por su fragilidad ecológica y riqueza biocultural, estos impactos habrían sido devastadores

¿Qué significa la decisión del Concejo?

La declaración de “inconveniencia” del proyecto por parte del Concejo Municipal no implica automáticamente su cancelación definitiva, ya que existen trámites que dependen de entidades nacionales como SETENA, MINAE o la Dirección de Aguas. Sin embargo, la decisión del gobierno local tiene un peso político y técnico relevante, ya que puede bloquear permisos esenciales como:

  • El uso del suelo municipal.
  • Las licencias de construcción.
  • La patente comercial.

En la práctica, sin estos avales municipales, el avance del proyecto se vuelve extremadamente difícil, especialmente cuando ya existe una resolución de inviabilidad técnica y ambiental sustentada en evidencia.

Participación ciudadana: la clave para revertir el rumbo

Durante tres sesiones mesas de trabajo —dos facilitadas por el Alcalde Minor Anchía y la última por la Vicealcaldesa Aura Fórester y con participación de actores como SETENA, la Fiscalía Ambiental y MINAE— la comunidad logró posicionar sus conocimientos, preocupaciones y propuestas. El esfuerzo colectivo y la persistencia organizada fueron determinantes para que el municipio reconociera la legitimidad de la oposición vecinal.

En el documento oficial aprobado en mayo de 2025, el Concejo no solo rechaza el proyecto privado, sino que instruye a la Alcaldía a desarrollar una propuesta pública de gestión de residuos sólidos, elaborada desde la institucionalidad local y con participación ciudadana. Este nuevo enfoque será trabajado en los seis distritos del cantón con el apoyo de síndicos y comunidades organizadas.

Un precedente para el futuro

Este caso marca un hito en la defensa del bien común en Osa. La comunidad no solo frenó una iniciativa riesgosa, sino que obligó a las autoridades a repensar un modelo más sostenible, democrático y transparente de gestión de residuos. El proceso también pone en evidencia el valor de las alianzas entre poblaciones locales, ONGs, académicos y funcionarios públicos comprometidos con el respeto a la legalidad ambiental.

Desde Salamá, se envía un mensaje claro: la participación ciudadana informada y organizada tiene el poder de incidir en las decisiones políticas, especialmente cuando están en juego la salud ambiental, el acceso al agua y el futuro de las comunidades rurales.

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Protocolo sin voz: la denuncia del Colectivo Antonio Saldaña ante la exclusión indígena en la construcción del protocolo de consulta en Costa Rica

Colectivo Antonio Saldaña alza la voz: basta de falsas consultas en territorios indígenas

Desde el territorio indígena bribri de Talamanca, queremos expresar de forma clara y directa nuestro rechazo al modo en que se han venido desarrollando los procesos para establecer “protocolos” de consulta indígena en Costa Rica. Consideramos que se trata de un proceso profundamente excluyente, que reproduce las mismas lógicas coloniales e impuestas que durante décadas nos han marginado de las decisiones que nos afectan directamente.

A pesar de que la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT son muy claros en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que afecte nuestros territorios, la realidad es que dicho derecho ha sido constantemente ignorado o manipulado por los gobiernos de turno.

En nuestro territorio, por ejemplo, solo en una ocasión se intentó impulsar una propuesta de protocolo de consulta en conjunto con el gobierno. Fue durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. En ese momento se presentó un proyecto con una solicitud de apenas 18 millones de colones para facilitar un proceso de consulta real, adaptado a nuestras condiciones. A pesar de ello, el gobierno solo realizó una reunión y luego abandonó completamente el proceso. Nunca se retomó ni se dio respuesta a nuestras solicitudes posteriores.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Lo que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa, sin una vinculación efectiva con los territorios, es repetir los errores del pasado. Nos preocupa que se siga confiando el trabajo a consultorías externas, las cuales tienen un histórico de hacer procesos superficiales, sin consultar realmente a la población. Hemos visto casos en los que se contratan consultores con sumas de hasta 40 millones de colones, quienes realizan una o dos reuniones con muy poca participación, y luego presentan informes diciendo que hicieron «consulta».

En nuestro territorio han pasado decenas de consultorías en temas ambientales, sociales, de niñez, entre otros, sin que hasta el día de hoy tengamos un solo resultado positivo o un proyecto que realmente beneficie a la comunidad. Por el contrario, hemos sido usados para justificar el uso de recursos sin que haya ningún cambio real. Es una burla.

Nos preocupa, además, que se esté utilizando la información previa como si fuera consulta. Esto es una manipulación inaceptable del principio de consulta libre, previa e informada. La información no puede sustituir la consulta real.

Nuestra posición es clara: no nos oponemos a los proyectos en nuestros territorios. Lo que exigimos es que estos proyectos sean buenos, pertinentes y adaptados a nuestras necesidades y realidades. Lo que queremos es que se cumpla el derecho a ser consultados de verdad, y no solo en el papel.

Llevamos años solicitando esto de manera individual y colectiva. No es un capricho. Es un derecho. Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestras necesidades se ignoran y se manipulan. Hoy, nuestro territorio enfrenta problemas graves de infraestructura, transporte, economía y producción. Vivimos porque sembramos. Sobrevivimos porque seguimos siendo autosostenibles. Pero eso no significa que no tengamos derecho a ser escuchados.

Hasta el día de hoy, sentimos que hemos sido utilizados por los gobiernos para justificar sus agendas, pero nunca como interlocutores válidos. Exigimos que se nos respete y que cualquier protocolo de consulta sea construido desde y con los territorios.

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Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

Desde hace varios meses, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven ha venido realizando un monitoreo activo de las actividades de tala «controlada» en los terrenos utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en zonas de alta fragilidad ecológica. Si bien esta tala fue ordenada por los tribunales de justicia, lo que debería ser una práctica regulada y responsable se ha convertido en motivo de alerta y preocupación, debido a múltiples irregularidades detectadas en el terreno.

 

Uno de los casos más recientes, documentado por el propio Vangoidsenhoven, evidencia la intervención sobre árboles de gran tamaño —algunos con diámetros superiores a un metro, en excelente estado de salud y con raíces intactas—. Si bien la tala autorizada fue para ocho árboles, en la actual intervención podrían haberse afectado al menos quince árboles jóvenes, debido a la falta de aplicación de buenas prácticas en el proceso. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos de estos árboles podrían haber sido talados de forma completa, en lugar de aplicar el procedimiento recomendado de cortes progresivos desde la copa hacia la base, destinado a minimizar el impacto en el ecosistema. Esta práctica habría provocado el arrastre de árboles jóvenes, arbustos, bejucos y vegetación secundaria.

Tala descontrolada y arrastre de vegetación: impactos irreversibles en la regeneración del bosque

Cuando un árbol adulto cae de manera abrupta y sin planificación técnica:

  • Destruye la regeneración natural: Se eliminan los retoños y arbolitos que crecen bajo su sombra y que están destinados a reemplazarlo en el ciclo de vida del bosque.
  • Compacta el suelo: El impacto del tronco sobre la superficie degrada la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la germinación futura.
  • Rompe la conectividad ecológica: Las lianas, bejucos y epífitas que conectan copas y permiten el desplazamiento de fauna o la vida de otras plantas desaparecen.
  • Altera el microclima: La apertura brusca del dosel provoca cambios de luz, humedad y temperatura que afectan la biodiversidad del sotobosque.

Además, se ha documentado presunta contaminación de un arroyo adyacente debido al uso de motosierras y equipos mecánicos que habrían derramado aceite o combustible. Esto pone en riesgo el ecosistema acuático y contraviene de forma directa varias normativas ambientales. Es importante recordar que las zonas ribereñas tienen protección legal de al menos 15 metros a cada lado del cauce, y cualquier intervención forestal o mecánica en estas franjas constituye una infracción ambiental.

Omisiones legales a simple vista

Las observaciones hechas por el monitoreo comunitario permiten identificar posibles omisiones a normas ambientales clave en Costa Rica, entre ellas:

  1. Ley Forestal No. 7575
    • Artículo 14: Prohíbe la tala y cualquier intervención en zonas de protección alrededor de cuerpos de agua.
    • Artículo 17: Protege las áreas de regeneración natural, incluso en propiedades privadas.
  2. Ley de Vida Silvestre No. 7317
    • Reconoce la importancia del ecosistema completo, no solo de árboles adultos, incluyendo fauna, flora menor y estructuras ecológicas.
  3. Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE
    • Define zonas de protección obligatoria de 15 metros a cada lado de cauces permanentes, donde está prohibida cualquier actividad de chapea o tala.
  4. Ley de la Biodiversidad No. 7788
    • Exige un enfoque integral y ecosistémico en la gestión de los recursos naturales, reconociendo la interacción entre todos los componentes vivos y no vivos del bosque.
  5. Artículo 50 de la Constitución Política
    • Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

(Imagen: Presencia de hidrocarburos en el agua.)

El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.

Más allá de los casos específicos relacionados con el AyA, existen otras prácticas extendidas en el Caribe Sur que también amenazan la integridad de los ecosistemas. Estas acciones, aunque no siempre vinculadas directamente a proyectos de infraestructura, forman parte del mismo patrón de transformación territorial bajo lógicas que privilegian el control y la “limpieza” del paisaje.

La chapea: una amenaza silenciosa a la continuidad del bosque

Otra práctica ampliamente cuestionada en el Caribe Sur, es la chapea indiscriminada del sotobosque. Aunque a veces se presenta como una “limpieza” del terreno, en realidad, elimina de raíz la regeneración forestal: bejucos, lianas, bromelias, arbustos y otras especies fundamentales para la salud del ecosistema.

Como explica Philippe:

“Si uno chapea constantemente, el bosque va a morir. Puede tardar 100 o 200 años, pero sin hijos que crezcan, no hay reemplazo para los árboles viejos que caen. Lo que queda es un palo solito, sin vida, sin conexión.”

Estas plantas sostienen el equilibrio hídrico, forman parte de la red trófica de animales y aves, y permiten la sucesión ecológica. Su desaparición progresiva transforma al bosque en una estructura hueca, sin capacidad de regeneración ni resiliencia frente al cambio climático.

¿Qué entiende el MINAE por “bosque”?

Uno de los aspectos más discutidos por observadores y defensores ambientales es la visión reduccionista con que el MINAE define los ecosistemas forestales. En la práctica institucional, muchas veces se considera bosque únicamente cuando hay árboles adultos visibles, ignorando las fases intermedias del crecimiento, la estructura del sotobosque, la presencia de epífitas, y la fauna que depende de esta complejidad.

El resultado es una política permisiva ante la degradación paulatina del bosque, donde se autoriza tala y chapea sin tomar en cuenta los efectos acumulativos, ni el carácter interdependiente de los ecosistemas tropicales.

“El bosque no es solo árboles grandes. Es todo el sistema. Sin regeneración, sin lianas, sin conexión entre copas, el bosque pierde su esencia”, insiste Philippe.

Estas vigilantes y monitoreando

Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de fiscalización ambiental y de reconocer el valor de las redes de vigilancia comunitaria, como las que operan en Talamanca. Las instituciones no pueden seguir operando bajo una lógica de cumplimiento formal mientras en el terreno ocurren prácticas destructivas que afectan la integridad ecológica de los territorios.

La defensa del bosque comienza con entenderlo en su totalidad, y continúa con la denuncia, la organización comunitaria y la presión colectiva para que se respeten tanto la ley como el equilibrio de la naturaleza.

¿Qué es un bosque? Más allá de la visión técnica

Desde una mirada técnica-institucional, el bosque suele definirse de forma reducida: una extensión de terreno con árboles adultos, cierta densidad de cobertura arbórea y altura mínima. Esta concepción, utilizada en muchas normativas y por el propio Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiende a ignorar elementos fundamentales del ecosistema forestal, como su dinámica regenerativa, su complejidad estructural y sus interrelaciones biológicas.

Pero desde una perspectiva ecológica integral, un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo, compuesto por:

  • Estructuras múltiples: Dosel, sotobosque, capa de regeneración, suelo vivo.
  • Diversidad de formas de vida: Árboles, arbustos, herbáceas, hongos, bejucos, epífitas, líquenes, bacterias, fauna aérea, terrestre y acuática.
  • Procesos ecológicos dinámicos: Regeneración natural, ciclos de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, sucesión ecológica.
  • Conectividad funcional: Relaciones de mutualismo, cadenas tróficas, vínculos hídricos y climáticos.

Un bosque no es estático ni homogéneo. Es una red compleja de relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y su salud depende precisamente de esa diversidad y de su capacidad de autorregenerarse. Eliminar, simplificar o romper estas relaciones —como sucede con la tala inadecuada o la chapea indiscriminada— transforma un ecosistema resiliente en un espacio degradado y vulnerable.

El bosque como bien común

Reconocer esta complejidad lleva a un cambio de paradigma: los bosques no pueden ser tratados como simples recursos maderables o zonas de “aprovechamiento racional”. Son bienes comunes, sistemas esenciales para el equilibrio climático, el ciclo del agua, la vida silvestre y la salud comunitaria. Su valor no es solo económico, sino ecológico, cultural y espiritual.

En contextos como Talamanca, donde los territorios indígenas y rurales conviven con áreas de conservación, el bosque es también memoria, medicina, alimento, vida. De ahí que los monitoreos comunitarios —como el que realiza Philippe y otras personas de la zona— no solo documentan daños: defienden una forma de relación con la naturaleza que es colectiva, respetuosa y con visión de largo plazo.

Monitoreo comunitario: defensa activa del bien común

Frente a una institucionalidad que muchas veces falla en prevenir o detener las malas prácticas, la vigilancia socioambiental ejercida por las comunidades se convierte en una herramienta vital de defensa territorial. No se trata solo de evidenciar irregularidades, sino de proteger activamente los ciclos de vida que sostienen la existencia misma del bosque.

Este tipo de monitoreo, ejercido con conocimiento local, sensibilidad ecológica y compromiso ético, nos recuerda que:

  • El bosque no se defiende desde una oficina. Se defiende caminándolo, observándolo, y exigiendo respeto.
  • Los bienes comunes no son propiedad del Estado ni del mercado. Son responsabilidad compartida de las comunidades.
  • No hay justicia ambiental sin justicia territorial y participación comunitaria.
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El abandono del campo tiene rostro de mujer: desigualdad, agroindustria y luchas agroecológicas en Costa Rica

En muchas regiones rurales de Costa Rica, el imaginario dominante ha instalado la agroindustria —piña, caña, ganadería extensiva— como la única forma viable de trabajo agrícola. Esta percepción no es casual: responde a décadas de políticas públicas que han privilegiado el agronegocio sobre los modelos campesinos, diversificados y sostenibles.

Sin embargo, esta visión presenta grietas profundas. La experiencia de las mujeres campesinas de Nueva Esperanza, en Caño Negro, Los Chiles, es un ejemplo claro de que otro modelo es posible. Organizadas en la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, durante más de dos décadas cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo digno y organización comunitaria. Bajo principios de agricultura orgánica, este terreno se convirtió en un verdadero “pulmón de la esperanza” para la región.

Desde febrero de 2022, sin embargo, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local, comenzaron a ocupar la finca, revendiendo lotes e interviniendo con violencia simbólica y material el proyecto colectivo. Esto culminó en un desalojo de facto: las mujeres perdieron acceso a sus tierras, construcciones y documentos, mientras presenciaban la destrucción de cercas vivas y estructuras construidas con años de esfuerzo.

El caso de Nueva Esperanza revela no solo la fragilidad jurídica de las iniciativas campesinas, sino también la urgencia de replantear el rumbo del desarrollo rural en Costa Rica. Frente a un modelo hegemónico que concentra tierras y externaliza costos sociales y ambientales, experiencias como esta demuestran que sí existen alternativas que generan alimento, cuidado del territorio, salud ambiental y comunidad.

Nueva Esperanza: sembrar alternativas en medio del monocultivo

Durante más de 20 años, un grupo de mujeres campesinas organizadas desarrolló una experiencia agroecológica ejemplar en Caño Negro, Los Chiles. Transformaron una finca en un espacio productivo y formativo, donde se cultivaba sin agroquímicos, se protegían humedales y se promovía la soberanía alimentaria.

Esta iniciativa no solo mostró que es posible producir sin destruir: también demostró que el campo puede ofrecer empleos dignos, liderados por mujeres, con impactos positivos tanto en lo social como en lo ambiental.

Pero esta historia, lejos de ser celebrada y fortalecida, fue debilitada por el abandono estatal. 

El Estado que no llega… o llega tarde

Desde 2022, la finca de Nueva Esperanza ha sido progresivamente despojada. Personas externas, supuestamente con respaldo de la Asociación de Desarrollo Local, ingresaron al terreno, revendiéndolo por lotes y destruyendo la infraestructura colectiva construida con esfuerzo comunitario y apoyo institucional.

A pesar de múltiples denuncias, gestiones y una orden judicial de desalojo, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) no ha actuado para restituir los derechos de las mujeres campesinas. La falta de titulación, de acompañamiento legal y de voluntad política ha dejado esta experiencia —como tantas otras— a la deriva.

Esta inacción no es una excepción: es parte de un patrón más amplio de desatención estructural. Diversos informes y estudios destacan las barreras que enfrentan las mujeres rurales en Costa Rica:

  • Acceso a la tierra: Solo el 15,6% de las fincas en el país están a nombre de mujeres, representando apenas el 8,1% de la superficie total de las fincas registradas por personas físicas (PNUD, 2022).

  • Acceso al crédito: En regiones como la zona sur del país, apenas entre un 7% y un 19% de los agricultores accedieron a crédito en el último año. En el caso de las mujeres, solo el 2% pudo hacerlo (Land Portal, 2023).

  • Asistencia técnica: Solo el 3,1% de los campos dirigidos por mujeres reciben asistencia técnica. Además, apenas el 38,4% de las organizaciones lideradas por mujeres tienen acceso al crédito, frente al 61% de aquellas dirigidas por hombres (FAO, 2023).

Estos datos reflejan que, más allá del discurso institucional, la desigualdad de género en el campo persiste en múltiples dimensiones: acceso a tierra, financiamiento, asistencia técnica y participación efectiva en los sistemas productivos.

Una contradicción estructural

Mientras se habla de «descarbonización» y de «paz con la naturaleza», el modelo que predomina en el campo es extractivista, contaminante y concentrador de tierras. El discurso oficial impulsa la agroecología como alternativa, pero no le otorga recursos, ni tierras, ni políticas públicas eficaces.

En la práctica, existe una tendencia estructural a priorizar la agroindustria en la asignación de recursos públicos, dejando a la agricultura familiar y campesina —donde las mujeres desempeñan un papel central— en una situación de marginalidad y vulnerabilidad.

Lo que se está consolidando es una visión falsa: que la agroindustria es la única actividad rentable, y que todo lo demás es nostalgia rural. En ese marco, experiencias transformadoras como la de Nueva Esperanza quedan invisibilizadas, desprotegidas o directamente atacadas.

¿Qué está en juego?

Defender modelos agrícolas alternativos no es un gesto romántico. Es una necesidad urgente frente a la crisis climática, la inseguridad alimentaria y el deterioro social en las zonas rurales.

La agroecología no es solo una técnica: es una apuesta política, social y ambiental por otro tipo de campo. Uno que cultiva vida, no monocultivos.

Costa Rica tiene en sus comunidades rurales el conocimiento, la experiencia y la voluntad para construir un modelo agrícola justo y sostenible. Lo que falta es voluntad institucional para reconocerlo, protegerlo y hacerlo crecer.

Referencias

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Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental activo en el Caribe Sur, continúa con el seguimiento del caso relacionado con la tala de árboles en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas del AyA en Puerto Viejo.

Según el relato de Philippe, el proceso inició cuando una vecina solicitó al Juzgado Agrario permiso para talar dos árboles que presentaban riesgo hacia su vivienda. Sin embargo, la autorización final contempló la tala de ocho árboles, argumentando condiciones similares de peligro.

Durante una reunión pública organizada por el AyA, en la que estuvo presente Philippe, se habló únicamente de una tala ‘preventiva’ por razones de seguridad, tal como consta en los folletos informativos elaborados por la institución. En ningún momento se mencionó que la madera sería retirada o aprovechada, lo que generó preocupación en el seguimiento posterior.

En una visita reciente al sitio (24 de mayo 2025), Philippe observó que varios de los troncos ya no estaban, además de rastros de aserrín, lo cual indicaría procesamiento de madera en el lugar. Esta observación contrasta con lo dicho por el AyA y con lo establecido en la sentencia judicial, que exige coordinación con SINAC para cualquier disposición de la madera.

“No veo en ningún lado de la resolución que diga que se puede cortar el árbol en pedazos, montarlo y sacarlo. Solo habla de la tala por peligro. ¿Por qué se llevaron todo? Es raro. En el bosque, esos árboles caídos tienen su función ecológica”, señaló Philippe tras leer el fallo judicial.

De acuerdo con el análisis legal realizado, la sentencia del expediente 24-000326-0465-AG permite la corta de los árboles señalados, pero bajo estrictas condiciones: sin dañar la vegetación circundante, sin dejar residuos, y con obligación de coordinar con SINAC cualquier disposición de madera.

El retiro de los troncos sin evidencia de dicho trámite podría constituir una posible violación ambiental, lo que refuerza la importancia de este tipo de monitoreo comunitario. Además, es crucial considerar el manejo adecuado de los residuos de tala, como troncos, ramas y pedazos de madera, ya que estos cumplen funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas. Por ejemplo, la madera caída sirve como refugio para fauna silvestre, contribuye a la retención de humedad, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento del suelo. En bosques tropicales, estos elementos favorecen la regeneración natural y sostienen cadenas tróficas importantes, por lo que su remoción indiscriminada puede alterar significativamente los equilibrios ecológicos locales.

Philippe indica que la situación ya fue comunicada al Ministerio Público, y se mantienen abiertas las dudas sobre:

  • ¿Quién retiró los troncos?
  • ¿Se tramitó autorización ante SINAC?
  • ¿Qué destino tuvo la madera extraída?

Este caso refuerza la necesidad de transparencia y control ciudadano en los procesos que involucran recursos naturales y posibles impactos ambientales. El seguimiento continúa.

Visita de campo de Philippe: zona de humedal y protección de quebradas

Philippe también advierte que el área intervenida corresponde a un humedal, algo evidente al observar la vegetación característica, como hojas largas que sobresalen de las conocidas plantas como Orejas de Burro, típicas de estos ecosistemas. Además, uno de los árboles talados se encontraba a escasos metros de un arroyo visible en fotos y videos tomados en el lugar.

“Debemos tener claro que los arroyos, quebradas y ríos tienen un margen de 15 metros de protección en el que no se puede tocar absolutamente nada”, subrayó Philippe. Recordó que en una ocasión anterior, al consultar a Marcelo Pacheco —exfuncionario del MINAE— sobre un árbol caído en una quebrada, este le indicó que solo se puede mover para facilitar el flujo de agua, pero nunca retirarlo ni aprovecharlo, ya que está dentro de la zona de protección.

A juicio del defensor, lo ocurrido en este caso parece una estrategia para justificar la tala y posterior aprovechamiento de madera: “Estos son trucos para talar los árboles, los cortan en pedacitos. Por eso dicen que va a tardar tres semanas. Pero talar ocho árboles se hace en dos días si se sigue la normativa”.

Material informativo entregado por el AyA
La función ecológica de los árboles caídos

Aunque a simple vista puedan parecer desechos naturales, los árboles caídos cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Al descomponerse, sus troncos y ramas aportan nutrientes al suelo, favoreciendo la fertilidad y el crecimiento de nuevas plantas. Además, funcionan como refugio y fuente de alimento para muchas especies de insectos, hongos, aves, mamíferos y reptiles.

Los árboles caídos también ayudan a retener humedad en el suelo y a reducir la erosión en áreas boscosas. En cuerpos de agua cercanos, los troncos sumergidos proporcionan sombra, oxigenación y hábitat para peces y otros organismos acuáticos. Así, lejos de ser un desperdicio, los árboles caídos son parte vital del ciclo de la vida en los bosques y otros entornos naturales.

¿Cómo debe realizarse legalmente una tala por peligro y el retiro de madera?

En Costa Rica, incluso cuando se autoriza la tala de árboles por peligro, existen normativas ambientales estrictas que regulan el procedimiento y el destino del material extraído. Estos casos se rigen principalmente por la Ley Forestal N° 7575, la Ley de Biodiversidad, y reglamentaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

  1. Autorización judicial o técnica

Cuando se trata de árboles que representan un peligro, como en este caso, el derribo puede ser autorizado por un juez con base en informes técnicos de entidades como el SINAC o el AyA. Sin embargo, esta autorización no implica automáticamente permiso para disponer o retirar la madera.

  1. Permiso de aprovechamiento forestal

Para mover, transportar, almacenar o transformar la madera resultante, se requiere un permiso específico de aprovechamiento forestal, gestionado ante el SINAC. Este permiso detalla:

  • Qué tipo de madera será aprovechada.
  • Volumen estimado.
  • Destino final (uso propio, comercialización, etc.).
  • Medio de transporte y ruta.
  1. Guía de transporte

Además del permiso, el retiro de troncos o madera procesada debe ir acompañado de una guía de transporte forestal, que respalda la legalidad del traslado. Esta guía debe estar físicamente presente durante el transporte y ser entregada a solicitud de las autoridades.

¿Qué pasa si se omite este proceso?

El retiro o uso de madera sin estos permisos constituye una infracción a la Ley Forestal, y puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo:

  • Decomiso del material.
  • Multas.
  • Denuncias ante el Ministerio Público por posible delito ambiental.

Por eso, aunque la corta haya sido autorizada judicialmente por motivos de seguridad, el manejo posterior de la madera está estrictamente regulado. Cualquier omisión en este proceso levanta señales de alerta sobre una posible irregularidad.

Philippe afirma que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de nueva extracción: “Si vuelven a trabajar ahí, voy con las autoridades. No van a sacar más madera. Muchas veces ese material se usa para rellenar otros humedales, y eso no puede ser. Si se tala por peligro, se deja el árbol ahí y se acabó el trabajo”.

Material fotográfico sobre los cambios en la región

Las siguientes imágenes, correspondientes a los años 2004 y 2023, muestran la transformación del paisaje en el área cercana a la planta de tratamiento del AyA. En la imagen de 2004 se observa una cobertura boscosa densa y continua, característica de una zona con baja intervención humana. Sin embargo, al comparar con la imagen de 2023, se evidencia una notable reducción del área boscosa, sustituida progresivamente por infraestructuras y asentamientos urbanos. Este contraste ilustra el avance sostenido del proceso de urbanización y el cambio en el uso del suelo, que ha fragmentado los espacios naturales y modificado significativamente la cobertura vegetal de la zona.

2004

2023

Material audiovisual de la visita de campo del 24 de mayo 2025

Estas imágenes se incorporan con fines estrictamente educativos y de interés público, en el marco de una reflexión crítica sobre el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura boscosa y los casos de tala en contextos de posible riesgo ambiental y seguridad pública, con el objetivo de comprender cómo se llevan a cabo estas intervenciones y sus implicaciones.

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Nueva esperanza Mujeres campesinas resisten el despojo: Agroecología y dignidad en el norte de Costa Rica + Documental

En el norte de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres campesinas ha cultivado durante más de dos décadas una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización comunitaria. Bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, estas mujeres desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica, convirtiendo la finca en “el pulmón de la esperanza”.

Sin embargo, desde febrero de 2022, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias comenzaron a ingresar al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Este conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo .

El abandono institucional

A pesar de múltiples gestiones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ha mantenido una posición ambigua y pasiva. No ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Incluso hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales .

Agroecología como resistencia

Durante más de 23 años, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño. La finca fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro .

Una lucha por la vida y el derecho

A pesar de los últimos tres años de usurpación, las mujeres siguen presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no se irán hasta lograr lo que es justo. Como expresan: “No se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo” .

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza es una muestra de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país. Es urgente que las autoridades cumplan con su mandato y apoyen a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

🎬 Para que vuelvan las mariposas: ver el pasado para entender el presente

El documental «Para que vuelvan las mariposas» (UNED) narra con sensibilidad y fuerza la historia de transformación liderada por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza: cómo, en medio de la devastación ambiental causada por la piña y la ganadería extensiva, levantaron un modelo agroecológico colectivo, restauraron suelos y devolvieron la vida a su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia, alimentos sanos: todo volvió gracias a su trabajo.

Hoy, sin embargo, ese legado está bajo amenaza. La finca donde se desarrolló esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con la anuencia silenciosa de instituciones estatales como el INDER. Lo que fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria se encuentra en disputa, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo una invitación a conocer una historia de éxito campesino. Es también una forma de comprender lo que está en juego ahora mismo: la lucha por la tierra, por el reconocimiento, y por la justicia que estas mujeres siguen defendiendo con dignidad.

🌱 Porque cuando las mariposas desaparecen, algo más profundo se está perdiendo. Y cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si se cuida la tierra y a quienes la cultivan.

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Cuidando nuestros ríos: Limpieza del río Tacares

Este video reúne entrevistas con personas voluntarias y vecinas que comparten sus experiencias en jornadas de limpieza de ríos y actividades de educación socioambiental. A través de sus testimonios, exploramos cómo estas acciones transforman no solo el entorno natural, sino también los vínculos sociales y el sentido de pertenencia.

El río no es solo agua que corre: es historia, memoria colectiva y vida cotidiana. Reconocer su dimensión sociohistórica nos invita a repensar nuestra relación con el territorio y a asumir un compromiso activo con su cuidado. Porque cuidar el río es también cuidarnos entre nosotros.