En Escazú, la defensa del derecho a participar en las decisiones sobre el territorio sigue siendo un campo de disputa. Lo que comenzó en agosto como una movilización vecinal para reactivar la Comisión del Plan Regulador, hoy se ha convertido en una controversia política e institucional sobre los límites y alcances de la participación ciudadana.
Apenas dos meses atrás, las comunidades celebraban un logro: la reinstalación de la Comisión del Plan Regulador, luego de que el Concejo Municipal revocara su decisión de sustituirla por una oficina técnica. Aquella rectificación fue fruto de la presión social y de un diálogo que parecía abrir una nueva etapa de colaboración entre la Municipalidad y la ciudadanía. Sin embargo, las semanas siguientes mostraron que la tensión entre apertura y control apenas comenzaba.
Del acuerdo al estancamiento
El Movimiento Pro Comisión Plan Regulador —integrado por vecinos y liderazgos comunales de los tres distritos— había acordado con la Alcaldía que, en un plazo de dos meses, se convocarían las asambleas distritales ampliadas para elegir a las personas representantes ante la Comisión.
Pero en septiembre, mientras la comunidad esperaba esas convocatorias, surgió un nuevo obstáculo: el despacho del alcalde presentó una propuesta de reforma al reglamento interno de la Comisión.
El documento COR-AL-2690-2025 propone modificar nueve artículos del reglamento, todos relacionados con los mecanismos de participación. Entre otros cambios, amplía los plazos de inscripción hasta seis meses, exige formularios y juramentaciones previas, y otorga a los Concejos de Distrito la potestad de validar quiénes pueden participar en las asambleas.
Aunque el texto se presenta como una actualización para dar mayor orden y transparencia, el movimiento ciudadano advirtió que los nuevos requisitos podrían congelar la reactivación de la Comisión y burocratizar la participación, restringiendo el acceso a quienes no puedan cumplir con las exigencias administrativas.
Las cartas ciudadanas y el debate jurídico
Ante esta situación, el movimiento envió dos cartas formales: la primera, dirigida al alcalde el 6 de octubre, solicitando que se cumplieran los acuerdos alcanzados en agosto y se definieran de inmediato las fechas de las asambleas distritales; y la segunda, el 13 de octubre, dirigida a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal, denunciando la obstrucción del proceso participativo y el menoscabo de los derechos vecinales.
En esta última, las personas firmantes recordaron que la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública garantizan el derecho ciudadano a incidir en los asuntos locales, y señalaron que los plazos o formalidades no pueden usarse para invalidar ese derecho. “Nadie está obligado a lo imposible”, subrayan en el documento, responsabilizando a la administración de los atrasos y citando los artículos 223 a 225 de la LGAP, que ordenan interpretar los procedimientos en favor de la participación.
La Comisión de Jurídicos del Concejo, sin embargo, terminó dividida: dos votos a favor y dos en contra del dictamen de legalidad de la reforma. El tema pasó así al pleno del Concejo Municipal, que deberá resolverlo en sesión del martes 28 de octubre a las 7 pm.
“Demostraron sus verdaderas intenciones”
En este punto, la discusión jurídica dio paso a una percepción más política. Para las personas líderes comunitarias, la secuencia de acciones revela una estrategia deliberada para debilitar la Comisión y restringir la participación vecinal.
“Con la aprobación del acuerdo de julio, cuando desconvocaron la Comisión y llamaron a conformar la oficina técnica, se retrataron de cuerpo entero —señaló una persona lideresa del movimiento—. Solo la presión ciudadana de agosto los hizo retroceder. Pero después de eso, han buscado por distintos mecanismos el bloqueo y la obstrucción del proceso.”
Según explica, los síndicos de los Concejos de Distrito no han convocado las asambleas y, en cambio, promovieron esta reforma integral del reglamento que “modifica nueve artículos, todos vinculados con la participación”. Para el movimiento, esta propuesta constituye un “atentado total” contra el espíritu de apertura ciudadana que se logró recuperar en agosto.
De aprobarse, afirman, la reforma obstaculizaría al menos por seis meses la conformación de la Comisión, postergando una vez más el inicio de los debates sobre el futuro territorial de Escazú.
La defensa de una participación viva
El movimiento ciudadano insiste en que el Plan Regulador no es un asunto técnico sino profundamente político, pues define cómo se habita y se proyecta el cantón. Por eso, la participación no puede reducirse a un trámite o a un conjunto de requisitos administrativos.
“Participar no es llenar un formulario”, repiten quienes han acompañado este proceso desde hace años. Es incidir en las decisiones, aportar conocimientos locales y defender el derecho colectivo a imaginar el territorio de manera justa y sostenible.
Para las comunidades, el desafío no es oponerse al orden ni a la legalidad, sino impedir que esas palabras se conviertan en excusas para excluir. En sus propias palabras, “la participación no se regula: se ejerce”.
Lo que viene
La votación del Concejo Municipal será decisiva. De aprobarse la reforma, la Comisión del Plan Regulador podría quedar suspendida por varios meses; de rechazarse, se abriría nuevamente la puerta a la elección de representantes distritales y al diálogo ciudadano.
Mientras tanto, el Movimiento Pro Comisión Plan Regulador prepara nuevas acciones de difusión y movilización para mantener el tema en la agenda pública. Su apuesta es clara: que el futuro del territorio se construya desde la comunidad, y no desde los escritorios.
En medio de este pulso entre institucionalidad y ciudadanía, Escazú vuelve a ser escenario de una lección democrática: que la participación no se garantiza por decreto, sino que se defiende ejerciéndola.
