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Nueva esperanza Mujeres campesinas resisten el despojo: Agroecología y dignidad en el norte de Costa Rica + Documental

En el norte de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres campesinas ha cultivado durante más de dos décadas una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización comunitaria. Bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, estas mujeres desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica, convirtiendo la finca en “el pulmón de la esperanza”.

Sin embargo, desde febrero de 2022, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias comenzaron a ingresar al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Este conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo .

El abandono institucional

A pesar de múltiples gestiones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ha mantenido una posición ambigua y pasiva. No ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Incluso hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales .

Agroecología como resistencia

Durante más de 23 años, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño. La finca fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro .

Una lucha por la vida y el derecho

A pesar de los últimos tres años de usurpación, las mujeres siguen presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no se irán hasta lograr lo que es justo. Como expresan: “No se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo” .

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza es una muestra de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país. Es urgente que las autoridades cumplan con su mandato y apoyen a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

🎬 Para que vuelvan las mariposas: ver el pasado para entender el presente

El documental «Para que vuelvan las mariposas» (UNED) narra con sensibilidad y fuerza la historia de transformación liderada por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza: cómo, en medio de la devastación ambiental causada por la piña y la ganadería extensiva, levantaron un modelo agroecológico colectivo, restauraron suelos y devolvieron la vida a su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia, alimentos sanos: todo volvió gracias a su trabajo.

Hoy, sin embargo, ese legado está bajo amenaza. La finca donde se desarrolló esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con la anuencia silenciosa de instituciones estatales como el INDER. Lo que fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria se encuentra en disputa, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo una invitación a conocer una historia de éxito campesino. Es también una forma de comprender lo que está en juego ahora mismo: la lucha por la tierra, por el reconocimiento, y por la justicia que estas mujeres siguen defendiendo con dignidad.

🌱 Porque cuando las mariposas desaparecen, algo más profundo se está perdiendo. Y cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si se cuida la tierra y a quienes la cultivan.

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«Basurero» Regional de Osa : Línea del tiempo de un proyecto que amenaza la vida

Desde noviembre de 2024, el proyecto denominado Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Me’at”, ubicado en el cantón de Osa, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos técnicos, administrativos y legales, principalmente debido a su posible impacto ambiental sobre cuerpos de agua presentes en el terreno.

Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de manejo de residuos con un enfoque tecnológico, las evidencias recabadas por distintas instituciones señalan inconsistencias en la información suministrada y omisiones relevantes en el proceso de evaluación ambiental.

Una viabilidad ambiental impugnada

El 22 de noviembre de 2024, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un Recurso de Nulidad Absoluta contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto, marcando el inicio de una investigación formal. Posteriormente, el 14 de enero de 2025, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) emitió la Resolución N.º 0063-2025, que suspende cautelarmente los efectos de la licencia ambiental mientras se realiza una revisión a fondo.

El 22 de enero, la empresa desarrolladora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, intentando revertir la medida, lo que generó un proceso legal paralelo.

Presencia de cuerpos de agua: el punto crítico

La visita técnica de SETENA realizada el 13 de febrero de 2025 reveló un hallazgo determinante: la existencia de una quebrada claramente visible en el terreno no había sido considerada en el Estudio de Impacto Ambiental. En palabras del informe técnico: no hay forma de cómo no verla”, cuestionando así la veracidad y rigurosidad del estudio presentado.

El tema se profundizó aún más tras una inspección de la Dirección de Aguas del MINAE, el 6 de marzo de 2025, cuyo dictamen técnico (DA-UHTPSOG-0109-2025) confirmó la presencia de cinco cuerpos de agua en el sitio: dos quebradas (una intermitente y una permanente) y tres nacientes (dos intermitentes y una permanente).

Estos elementos ponen en duda la idoneidad del terreno para albergar un proyecto de gestión de residuos, debido al riesgo potencial de afectar fuentes hídricas que podrían tener funciones ecológicas y sociales relevantes para el territorio.

Resoluciones y procesos en curso

A lo largo de marzo y abril, SETENA emitió una serie de resoluciones que reflejan tanto la complejidad del caso como la necesidad de mayor claridad técnica:

  • La Resolución 0389-2025 del 12 de marzo suspende el análisis de fondo del recurso de nulidad, en tanto se concluye el proceso de fiscalización interna.

  • La Resolución 0388-2025 rechaza el recurso de revocatoria de la empresa y traslada el expediente al MINAE para continuar el proceso por la vía jerárquica.

  • El 25 de abril, SETENA publica la Resolución 0589-2025, corrigiendo errores materiales en documentos anteriores.

Mientras tanto, la empresa solicitó una prórroga de 12 meses para cumplir con requerimientos técnicos, la cual fue rechazada por SETENA. En su lugar, se le otorgó una extensión de 15 días hábiles, contados desde el 13 de mayo, para entregar la documentación específica solicitada.

Estado actual y necesidad de respuestas claras

El 12 de mayo de 2025, se incorporaron dos documentos clave al expediente:

  • Una solicitud de información por parte del área legal del MINAE.
  • La respuesta de SETENA, donde se aclara que el análisis técnico aún está en proceso y que no se ha emitido una posición final respecto al recurso de nulidad.
¿Qué debemos tener presente?

El caso del proyecto Ka Me’at pone en evidencia la importancia de que los procesos de evaluación ambiental sean rigurosos, transparentes y coherentes con la realidad del territorio. La confirmación oficial de que existen cuerpos de agua activos en el área del proyecto plantea serias dudas sobre la conveniencia de avanzar con una iniciativa de esta naturaleza en esa ubicación específica.

No se trata únicamente de una discusión técnica, sino de una decisión que podría tener consecuencias duraderas sobre los ecosistemas locales y el derecho de las comunidades a un ambiente sano y protegido.

Pueden descargar la infografía aquí:

PDFImagen

Detalle de documentos y eventos citados

El día 22 de noviembre 2024: Diputado Ariel Robles Barrantes interpuso un Recurso de Nulidad Absoluta contra esa viabilidad ambiental. Este es el folio: 98, nombre de archivo: 11519_2024_22112024122759_1.pdf

El día 14 de enero 2025: SETENA emite resolución N° 0063-2025 SETENA. Con esta resolución «Impone una medida cautelar de suspensión de los efectos de la Licencia de Viabilidad Ambiental otorgada». Este es el folio: 121, nombre de archivo: ART 032 RES 0063-2025 EXP D1-0815-2022.pdf

El día 22 de enero 2025: Mediante el Oficio «NOVA-2201-04-2025» la empresa presenta un recurso «RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 0063-2025-SETENA DE LAS 14 HORAS 51 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2025 DICTADA POR LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBEINTAL (SETENA) QUE DICTA MEDIDA CAUTELAR». Este es el folio: 123, nombre de archivo 00761_2025_221202515748_1.pdf

El día 13 de febrero 2025: SETENA visito la finca.  Rescatar el reporte sobre la quebrada: “Ahora bien, dado a que la quebrada es notoria en el campo (no hay forma de cómo no verla), no se entiende por qué el Consultor Ambiental la omitió “no sabemos las razones”, durante el proceso de EIA inicial que se presentó a la SETENA,” Folio: 134, Archivo: SETENA-DT-ASA-0294-2025_D1-0815-2022_VGA_Visita, oficio y otros.pdf

El día 06 de marzo 2025: Dirección de Aguas visitó la finca para dictaminar cuerpos de agua. Hay 5 reportados en total. Dictamen en oficio «DA-UHTPSOG-0109-2025» con fecha del 13 de Marzo 2025. Rescatar el por tanto: DA-UHTPSOG-0109-2025

Por tanto, se determina que lo observado en campo corresponde a dos quebradas y tres nacientes, de las cuales, dos nacientes son intermitentes, una naciente permanente, una quebrada permanente y una intermitente. Folio 140, Archivo: DA-UHTPSOG-0109-2025_Exp-42066-DI_Nuevo Dictamen.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0389-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025.

Según se puede interpretar se mantiene en espera el recurso de nulidad: «PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, se suspende el conocimiento de la gestión de Nulidad por el fondo hasta tanto se concluya con el proceso de fiscalización e investigación que se está realizando por parte del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental». Folio: 155, Archivo: RES-0389-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0388-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025. Según se puede interpretar se rechaza el recurso de revocatoria y se da paso a trasladar el expediente al Ministro de Ambiente.  Folio: 157, Archivo: RES-0388-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Según se interpreta el oficio «SETENA-AJ-0069-2025», se notifica a Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE. Folio: 159, Archivo: SETENA AJ-0069-2025 -D1- 0815-2022 Remisión a la DAJ-Apelación.pdf

El día 25 de abril 2025: Se publica la RESOLUCION N° 0589-2025-SETENA del día 09 de abril de 2025. Corrección de un error material un mal nombrado de un número de resolución. Archivo 163, Archivo: ART 015 RESOLUCION 0589-2025 EXPEDIENTE D1-0815-2022 SETENA.pdf

El día 8 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:170

Archivo: SETENA-DT-ASA-0928-2025_D1-0815-2022_VGA_Ampliación Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Error.pdf

Con consecutivo:  SETENA-DT-ASA-0928-2025.

Asunto:  

Corrección error material oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y ampliación de lo solicitado en el Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y SETENA-DT-ASA-2170-2024

Número del expediente: D1-0815-2022-SETENA

Nombre del proyecto: Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat

Detalle más relevante:

Se rechaza la solicitud, se da 15 días hábiles de plazo a partir del 13 de Mayo 2025. “Analizada la justificación presentada por el desarrollador, se determina que no procede otorgar la ampliación por el plazo de 12 meses como lo solicita el desarrollador, lo anterior debido a que esta Secretaría no ordenó al desarrollador presentar un nuevo criterio que justifique la presentación de Solicitud de Modificación de Criterio Técnico sobre Fuentes de Agua ante la Dirección de Aguas del MINAE. El trámite efectuado ante la Dirección de Aguas de MINAE en la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur (UHTPS), es una gestión no vinculada con lo solicitado por esta Secretaría en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Lo requerido por la SETENA se basa en los criterios técnicos vigentes DA-UHTPSOG-0130-2023 y DA-UHTPSOG-0109-2025, emitidos por dicha Dirección los cuales son de carácter vinculante para con SETENA en el proceso investigación que se lleva a cabo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto es procedente concederle la prórroga, por un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 13 de mayo de 2025; para la presentación de la información solicitada en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025.”

El día 9 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:167

Archivo: Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Mayo 2025.pdf

Con consecutivo:  NOVA-3004–09-2025.

Asunto:  Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025.

Detalle más relevante: Empresa Solicitaba 12 meses para hacer actividades.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 172

Archivo: Oficio DAJ-MINAE-0574-2025 (Legal-MINAE)  a SETENA  D1-0815-2022.pdf

Oficio:  DAJ-DAJ-MINAE-0574-2025

Asunto:  Solicitud de información Expediente D1-0815-2022

Puntos Relevantes:

-Si ASA, ha procedido a analizar la información aportada al expediente requerida en los oficios: SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-2210-2024 2024

-Indicar  ¿En qué estado se encuentra dicho análisis?

-Indicar la fecha exacta en que fue aportada la respuesta al expediente, de conformidad con los plazos dados por SETENA.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 174

Archivo SETENA-SG-0595-2025 RESPUESTA OFICIO DAJ-MINAE-0574-2025.pdf

Asunto:  

Respuesta a oficio DAJ-MINAE-0574-2025

Oficio:  SETENA-SG-0595-2025

Punto Relevante:

Esta Secretaría no ha dado por concluido el análisis de la información solicitada mediante los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Una vez que el desarrollador presente la información requerida, esta será evaluada en conjunto con el área legal, con el fin de emitir una respuesta al señor diputado Ariel Robles en relación con el incidente de nulidad de la resolución N.° 0193-2024-SETENA.

La vigilancia comunitaria: un pilar en la defensa del ambiente

Este seguimiento detallado al caso del proyecto Ka Me’at no ha sido impulsado únicamente por instancias técnicas o legislativas, sino que ha contado con el trabajo incansable de personas organizadas en las comunidades de Osa, quienes han ejercido su derecho —y también su deber— de monitorear, cuestionar y exigir transparencia en los procesos ambientales que les afectan directamente.

A través del análisis de expedientes, visitas al sitio, presentación de recursos, articulación con actores institucionales y generación de información pública, la comunidad ha logrado visibilizar contradicciones y vacíos técnicos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos.

Este proceso demuestra que la participación activa y vigilante de la ciudadanía es clave para proteger los bienes comunes, como el agua, los suelos y la biodiversidad. El derecho a un ambiente sano no se defiende solo desde los escritorios: se construye todos los días desde el territorio, desde las asambleas comunales, desde la organización solidaria y el compromiso colectivo.

La experiencia de Osa es un ejemplo de democracia ambiental viva, donde las voces locales se levantan con fundamento y convicción para recordar que ningún desarrollo es viable si pasa por encima del equilibrio ecológico ni de la vida digna de las personas.

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#HostigamientoAmbiental: cuando la defensa del territorio se convierte en blanco digital

Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.

Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur

En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.

Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:

Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“¿Por qué no se regresa a su país a joder?”
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”

Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.

Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:

Deshumanización

Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.

“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”

Criminalización

Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.

“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.”
“¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”

Estigmatización como extranjero

Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.

“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?”
“Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”

Incitación al odio y violencia simbólica

Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”

Legitimación institucional del hostigamiento

Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.

“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
“El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”

Aislamiento social

Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.

“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.”
“No los necesitamos.”

Cerrar filas frente al odio

Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.

No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.

Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur

En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.

Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.

La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.

Compartimos el recurso de amparo mediante el cual se anula la declaratoria de personas non gratas.

¿De qué estamos hablando?

  1. Desprestigio sistemático y campañas de odio
    Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
  2. Xenofobia y discursos de exclusión
    Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
  3. Incitación al desplazamiento
    Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
  4. Amenazas veladas y explícitas
    Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
  5. Uso instrumental de canales institucionales
    Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
  6. Normalización del discurso de odio
    Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.

Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica

La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:

  1. Estigmatizar y criminalizar
    Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
  2. Aislar comunitariamente
    Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
  3. Avalar simbólicamente la violencia
    Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
  4. Violar derechos humanos
    Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
  5. Potenciar la violencia digital
    Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.

Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente

La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.

Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.

El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.

Defender la tierra no debe significar exponerse al odio

El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.

Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.

Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental

La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:

  1. Fortalecer la seguridad digital
  • Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
  • No compartas datos sensibles públicamente.
  • Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
  • Usa VPN y navegadores privados.
  • Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
  1. Documentar y denunciar los ataques
  • Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
  • Reporta los contenidos en las plataformas.
  • Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
  1. Activar el cuidado colectivo
  • Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
  • Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
  • Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
  1. Visibilizar y politizar la violencia digital
  • Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
  • Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
  • Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.

 Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales

En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.

  1. Auge del extractivismo y criminalización

La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.

  1. Digitalización de las agresiones

Los ataques se manifiestan a través de:

  • Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
  • Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
  • Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
  • Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
  1. Estigmatización mediática e institucional

Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.

  1. Género y violencia digital

Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.

  1. Falta de protección y acceso a justicia

Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.

Instrumentos y patrones comunes

  • Difamación y campañas de desprestigio.
  • Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
  • Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
  • Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
  • Exposición pública de datos personales (doxing).
  • Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.

Implicaciones para las personas víctimas

La violencia digital puede generar:

  • Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
  • Afectaciones emocionales y de salud mental.
  • Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
  • Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
  • Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza

En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios.

AspectoViolencia FísicaViolencia Digital
DefiniciónUso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurrePresencial (hogar, calle, instituciones, etc.).En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Medios utilizadosCuerpo, armas, objetos físicos.Internet, redes sociales, mensajes, videos, imágenes, bots.
EvidenciaHeridas visibles, partes médicas, testimonios.Capturas de pantalla, correos, registros digitales.
VisibilidadPuede ser más evidente para testigos directos.Puede pasar desapercibida o normalizarse fácilmente.
PerpetradoresGeneralmente identificables.Puede ser anónima o provenir de múltiples usuarios (colectiva).
Impacto en la víctimaFísico (heridas, discapacidad), psicológico, emocional.Psicológico, emocional, reputacional; también físico (estrés).
Duración de efectosInmediatos, pero pueden ser duraderos o permanentes.Pueden ser prolongados por la persistencia del contenido digital.
Mecanismos de denunciaPolicía, servicios de salud, instituciones judiciales.Plataformas digitales, policía cibernética, organismos legales.
Relación con otras violenciasPuede estar relacionada con violencia sexual, doméstica, estructural.Frecuentemente se cruza con acoso, censura, persecución política.
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El Rugido Silenciado en Talamanca: Donde el Jaguar Habita, el Estado Olvida y el Banano Paga Miseria

Crisis en la Producción de Banano en Talamanca: Explotación, Precios Injustos y la Lucha por la Dignidad.

Este artículo se desarrolla a partir de una entrevista con la organización «Antonio Saldaña», un colectivo que lucha por los derechos de los productores indígenas en Talamanca y que ha denunciado la grave crisis que enfrentan las comunidades debido a la explotación y los bajos precios impuestos en la comercialización del banano.

El Presidente de la República ha adoptado al jaguar como símbolo de su gobierno. En sus discursos, lo menciona como emblema de fuerza, liderazgo y orgullo nacional. Sin embargo, en Talamanca, donde el jaguar aún camina libre, los verdaderos guardianes de esta especie han sido abandonados. Los pueblos indígenas Bribris y Cabécares han protegido estas tierras por generaciones, asegurando la existencia del jaguar y la conservación del territorio. Pero mientras el gobierno se apropia del símbolo, ignora y margina a quienes realmente han luchado por su preservación.

Parte fundamental de esta protección es su sistema de producción tradicional y diversificado, basado en la armonía con la naturaleza. A diferencia del monocultivo industrial que degrada la tierra y amenaza la biodiversidad, los pueblos indígenas han mantenido un modelo agrícola sostenible, respetando los ciclos naturales y asegurando el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este sistema enfrenta una crisis profunda, ya que los productores indígenas se ven obligados a vender su banano a precios de miseria, sin apoyo para fortalecer su modelo de producción ni acceso a mercados justos.

Esta contradicción se refleja en la crisis que enfrentan los productores de banano. La economía de estas comunidades se encuentra en un estado de precariedad extrema debido a la imposición de precios injustos y la indiferencia del gobierno. Se glorifica al jaguar en las campañas políticas, pero se olvida a los pueblos indígenas que lo protegen. El gobierno se presenta como defensor de la naturaleza, pero deja en el abandono a quienes sostienen los ecosistemas que permiten la existencia de esa fauna icónica.

Precios Miserables y Control de Intermediarios

Los productores han denunciado que las empresas intermediarias imponen precios extremadamente bajos, sin considerar los costos de producción y las dificultades logísticas que implica trabajar en un territorio alejado de los grandes centros comerciales. Hace años, el precio por kilo de banano alcanzó los 82 colones, pero actualmente se ha desplomado a 60 colones. Esta cifra es insuficiente para cubrir los gastos básicos de las familias productoras.

A esta crisis se suma una nueva directriz informal que obliga a los productores a vender solo la mitad de su producción, sin ofrecer ninguna solución para el sobrante. Esto significa que, si antes una familia vendía 200 kilos y obtenía 12,000 colones, ahora solo puede vender 100 kilos, reduciendo su ingreso a 6,000 colones. Mientras tanto, los costos de traslado siguen siendo altos, con productores que deben viajar hasta una hora y media para entregar sus productos, asumiendo todos los costos sin apoyo.

Una Economía en Ruinas: Sin Opciones y Sin Respuesta del Gobierno

El problema del bajo precio no solo afecta al banano, sino también a otros productos agrícolas de la zona, como el plátano y el cacao. La falta de mercados locales y la ausencia de ferias cantonales limitan aún más las oportunidades de venta directa, obligando a los productores a depender de las grandes empresas que controlan la comercialización y fijan los precios de manera arbitraria.

Las comunidades han intentado buscar soluciones mediante diálogos con instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Municipalidad. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta concreta ni medidas que ayuden a revertir la crisis.

En una carta enviada al Ministro de Agricultura y Ganadería, Victor Carvajal Porras, la organización «Antonio Saldaña» ha denunciado que Talamanca se encuentra en una de las peores condiciones socioeconómicas del país. La zona presenta altos índices de pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, embarazo adolescente y problemas de salud mental. Esta vulnerabilidad ha sido aprovechada por los intermediarios, quienes continúan lucrando mientras las comunidades ven cómo sus condiciones de vida se deterioran cada día más.

La contradicción es evidente: el gobierno habla de proteger la biodiversidad, pero abandona a los pueblos indígenas, quienes han sido los verdaderos guardianes de los bosques. Se promueven discursos sobre sostenibilidad, pero se permite que los productores indígenas sean explotados por intermediarios sin que se tomen medidas para garantizar su bienestar.

El jaguar sigue rugiendo en los discursos oficiales, pero en Talamanca sus guardianes luchan en silencio contra el hambre, la exclusión y la indiferencia estatal.

El Llamado a la Acción: Precios Justos y Mercados Alternativos

Los productores de Talamanca exigen la implementación de medidas urgentes que les permitan recibir un pago justo por su trabajo. Entre las propuestas destacan:

Apertura de mercados nacionales e internacionales para la comercialización del banano y otros productos a precios justos.

Simplificación de trámites burocráticos para la venta en el mercado local y nacional.

Creación de ferias cantonales que permitan a los productores vender directamente al consumidor.

Regulación de los precios del banano para evitar la explotación de los intermediarios.

Apoyo estatal para cubrir los costos logísticos y mejorar las condiciones de producción.

La organización «Antonio Saldaña» continuará visibilizando esta problemática y luchando por los derechos de las comunidades indígenas productoras de Talamanca. Es urgente que el gobierno y la sociedad tomen conciencia de esta crisis y tomen medidas concretas para evitar que más familias caigan en la pobreza extrema debido a la explotación del mercado agrícola.

El gobierno puede seguir usando el jaguar como su símbolo, pero en Talamanca saben la verdad: los jaguares no necesitan discursos, necesitan bosques, y los bosques necesitan a sus guardianes. Ignorar a los pueblos indígenas mientras se lucra con su identidad no es proteger al jaguar, es despojarlo de su verdadero hogar.

Derechos de los Pueblos Indígenas y Protección Económica

Costa Rica ha ratificado diversos instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y establecen la obligación del Estado de proteger sus medios de vida, incluyendo su actividad económica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica, establece en su artículo 4 que los gobiernos deben adoptar medidas especiales para salvaguardar las instituciones, bienes, cultura y medio de vida de los pueblos indígenas. Además, en su artículo 6, exige que se consulte a estos pueblos sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, incluyendo el acceso a mercados y condiciones de producción.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) reconoce en su artículo 20 el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas económicos y medios de subsistencia, asegurando protección contra condiciones de explotación. También, el artículo 26 establece que tienen derecho a poseer, utilizar y controlar sus tierras y recursos, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones justas para su desarrollo económico.

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha establecido precedentes que obligan a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas para los pueblos indígenas, protegiendo su autonomía económica y su derecho a un desarrollo sostenible.

En el contexto de Talamanca, la situación actual de los productores de banano refleja un incumplimiento grave de estos compromisos internacionales. La falta de políticas estatales para garantizar precios justos, la dependencia forzada de intermediarios y la ausencia de mercados accesibles contradicen el marco normativo internacional que Costa Rica ha ratificado y debe cumplir.

El Estado Costarricense: Obligaciones y Retos Pendientes

Dado el reconocimiento de estos instrumentos internacionales, el gobierno costarricense tiene la responsabilidad de:

  • Garantizar precios justos y condiciones de comercialización dignas para los pueblos indígenas, evitando la explotación de intermediarios.

  • Fomentar la autonomía económica de los pueblos indígenas, mediante incentivos para mercados locales y apoyo a la producción.

  • Asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre políticas agrícolas y económicas que los afectan directamente.

  • Implementar mecanismos de protección económica que impidan la vulnerabilidad extrema de estas comunidades frente a prácticas abusivas del mercado.

El caso de los productores de banano en Talamanca es un reflejo de la deuda histórica del Estado costarricense con sus pueblos indígenas. La crisis actual no es solo un problema económico, sino una violación de derechos humanos que requiere acciones inmediatas para garantizar condiciones de vida dignas y el respeto a la autonomía productiva de estas comunidades.

Orgánico, pero Injusto: Cómo las Certificaciones No Garantizan Precios Dignos

Las certificaciones orgánicas suelen presentarse como una garantía de comercio justo y sostenibilidad. En teoría, aseguran que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales que deberían beneficiar tanto a los consumidores como a los productores. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas de Talamanca, esta certificación no se traduce en precios justos ni en mejores condiciones de vida.

A pesar de cumplir con los requisitos de producción orgánica, los productores indígenas siguen enfrentando precios bajos impuestos por intermediarios. Mientras los consumidores  pagan un alto valor por productos «orgánicos y sostenibles», quienes los cultivan reciben una fracción mínima de ese precio. Además, los costos asociados a la certificación (trámites, auditorías y cumplimiento de normativas) recaen sobre los productores, sin que esto garantice un beneficio económico real.

El caso del banano en Talamanca demuestra que la certificación orgánica, por sí sola, no protege a los productores de la explotación ni corrige las desigualdades del mercado. Sin un acceso directo a mejores mercados, sin regulación de los precios y sin apoyo estatal para fortalecer su autonomía económica, las comunidades indígenas continúan atrapadas en un sistema que se disfraza de justo, pero que sigue perpetuando la exclusión y el abuso.

¿Quiénes Son los Intermediarios y Cómo Afectan a los Productores Indígenas?

Los intermediarios son empresas o personas que compran productos agrícolas directamente a los productores para luego revenderlos en mercados nacionales e internacionales. En teoría, su función es facilitar la comercialización y distribución de los productos, pero en la práctica, muchas veces imponen precios injustos y condiciones desventajosas para quienes cultivan la tierra.

En el caso de los productores indígenas de Talamanca, los intermediarios compran el banano a precios extremadamente bajos, a veces incluso imponiendo restricciones sobre la cantidad que pueden vender. Mientras los productores apenas sobreviven con ingresos insuficientes, estos intermediarios aumentan su margen de ganancia al vender el producto a precios mucho más altos en el mercado.

El problema radica en que las comunidades indígenas no tienen acceso directo a los mercados ni a infraestructura para comercializar su producción sin depender de los intermediarios. Esto crea un ciclo de explotación donde los productores trabajan largas jornadas, asumen los costos de producción y transporte, pero reciben una paga que no cubre ni lo básico para vivir.

Regular la actividad de los intermediarios y generar mercados alternativos donde los productores puedan vender de manera justa es una de las demandas urgentes de las comunidades indígenas de Talamanca.

El Muro Silencioso: Cómo el Racismo Institucional Margina a los Productores Indígenas en Talamanca

El racismo institucional es una de las principales barreras que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica. En el caso de los productores de banano en Talamanca, esta discriminación se manifiesta en la indiferencia del Estado ante sus demandas, la falta de políticas de apoyo y el ninguneo sistemático por parte de las instituciones.

A pesar de que el territorio Bribri enfrenta altos niveles de pobreza, precarización laboral y falta de acceso a servicios básicos, las autoridades no han tomado medidas para garantizar condiciones dignas para sus productores. Organizaciones como «Antonio Saldaña» han denunciado que los trámites para buscar soluciones son excesivamente burocráticos y las respuestas, cuando llegan, son tardías o insuficientes.

El racismo institucional se evidencia en la ausencia de mercados accesibles para los productos indígenas, en la falta de programas de financiamiento y en la imposición de normas comerciales que no consideran la realidad de estas comunidades. Mientras tanto, los intermediarios y las grandes empresas se benefician de su vulnerabilidad, perpetuando un sistema de explotación.

Este tipo de discriminación no es un caso aislado, sino un patrón histórico de exclusión que se repite en diversas comunidades indígenas del país. La lucha por precios justos no es solo una cuestión económica, sino también un acto de resistencia contra un sistema que invisibiliza y margina a los pueblos indígenas.

Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Derecho a una Vida Digna

Los derechos de los pueblos indígenas van mucho más allá de la visión folclórica o decorativa con la que suelen ser tratados en la política tradicional. No se trata solo de reconocer su cultura en discursos o de exhibir sus símbolos en eventos oficiales, sino de garantizar condiciones reales para una vida digna, basada en autonomía, justicia y equidad.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que los Estados deben garantizar el acceso a tierras, recursos, educación, salud y mercados justos, sin discriminación ni explotación. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades indígenas siguen enfrentando pobreza, exclusión y la imposición de modelos económicos que no respetan su forma de vida.

En el caso de Talamanca, los productores indígenas no solo deben luchar contra los bajos precios del banano y la explotación de intermediarios, sino también contra la indiferencia de un Estado que los deja fuera de sus políticas económicas y de desarrollo. Mientras el gobierno se apropia de su simbología, como el jaguar, las comunidades que protegen la tierra y la biodiversidad son marginadas y empobrecidas.

Respetar los derechos de los pueblos indígenas implica asegurar su bienestar material y su derecho a decidir sobre sus territorios y economías. No es suficiente con reconocerlos en la cultura oficial; es necesario garantizar que puedan vivir con dignidad, sin explotación ni olvido.

Esta nota fue desarrollada por

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Meleruk consigue fallo a favor en su lucha por el acceso al agua

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Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.

Un problema que ha persistido por años

Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.

El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:

📌 Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
📌 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro.
📌 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua.
📌 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva.
📌 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente.
📌 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable.
📌 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional.
📌 2025 (febrero)La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.

Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado

¿Qué ordena la resolución?

La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe:
Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva.
Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.

Pueden descargar aquí la resolución.

Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas

Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en:
💧 El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
💧 La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos.
💧 La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.

El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.

Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.
¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?

El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.

💧 Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.

🌱 Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.

⚖️ Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.

🚰 El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.

La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica.

Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua

El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.

A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.

Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.

Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.

El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.

Crédito fotografías:

Dylanna Rodríguez

Filidencia Cubillo

 

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¿Problemas en el Paraíso? – Philippe Vangoidsenhoven habla sobre Puerto Viejo

Visitamos el Caribe Sur para conocer las implicaciones que está teniendo la oleada de urbanización y cercamiento que está afectado a las zonas boscosas. Philippe Vangoidsenhoven defensor ambiental que ha mantenido sus labores de vigilancia y denuncia por más de 25 años, y que ha presentado más de 200 denuncias ambientales, nos presenta las tensiones que vienen afectando y la poca respuesta institucional para el cuido y resguardo de los bienes naturales.

Esta entrevista toma mayor importancia dado que el 21 de mayo del 2024 la Municipalidad de Talamanca fue allanada por presuntos permisos irregulares, Philipp es de las personas que mayor monitoreo, vigilancia y denuncia ha permitido visibilizar y documentar las implicaciones de toda esta situación.

Algunas notas periodísticas al respecto:

Allanan por presunto permiso ilegal para extraer madera la Municipalidad de Talamanca – La República

Allanan Municipalidad de Talamanca por tala de árboles en Manzanillo – CRHOY

Allanan Municipalidad de Talamanca por investigación relacionada con permiso para tala de árboles – Amelia Rueda

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La nariz no engaña y Sentires y Saberes: ¿Cómo han sido las transformaciones del capital agroindustrial en Río Cuarto?

¿Cómo han sido las transformaciones del capital agroindustrial en Río Cuarto? Conversamos con Héctor Dávila para conocer con más detalle las implicaciones en la producción piñera en Río Cuarto que ha tenido la transición desde la producción nacional hasta la transnacional, reflexionamos como estos cambios impactan la condiciones laborales y la vida comunitaria.

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Documento de trabajo: Despegando con el extractivismo: ¿Aeropuerto en Osa?

A partir  del interés por parte de la actual administración por impulsar el Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, que inicialmente se planificaría construir en las Finca 8, Finca 9, Finca 10 y Finca 11,  ubicadas en Palmar Sur de Osa. Según los defensores, este megaproyecto tiene como objetivo por un lado, generar un ambiente de negocios e inversiones en la zona sur de Costa Rica, a través de facilitar la llegada de vuelos de turistas a la región Brunca. Se pretende con esto, impulsar la inversión en infraestructura y fuentes de empleo vinculadas.

Sin embargo, parece olvidarse que para hacer el aeropuerto deben desalojar cientos de familias rurales y campesinas, y también de esta manera destruir sus medios de vida, también, alterar el patrimonio arqueológico y someter a un mayor estrés a los humedales de Térraba Sierpe.

¿Por qué la actual administración sigue presionando por este megaproyecto? 

Por esta razón, les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de los megaproyectos. Cuando hablamos de estas iniciativas, siempre es importante cuestionar ¿De quién es la demanda? ¿Quiénes asumen los costos y beneficios del proyecto?

Pueden descargar el documento aquí.

Para profundizar la reflexión, pueden ver el Podcast elaborado por Interferencias:
También pueden consultar la tesis Mora, José  (2022). Multiterritorialidaes y conflictos por la tierra en Costa Rica: el caso del Antiguo Distrito Bananero de Palmar. [Tesis de Maestría Académica en Geografía, Universidad de Costa Rica]. Repositorio Institucional, Universidad de Costa Rica). Disponible en https://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/86925
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Bienes naturales en Costa Rica: ¿directo a la tormenta?

Luis Andrés Sanabria Zaniboni – Observatorio Bienes Comunes
“Viviendo sobre un ring donde siempre ganan los malvados
Líderes y jefes juegan sucio los dos
Mientras el resto alza la voz gritando a Dios: ¡Ven, baja y sálvanos!”.
“Sucio”. Akapellah ft. Nach.

Durante el 2023 hemos podido visitar comunidades que atraviesan escenarios de agotamiento y contaminación de los bienes comunes naturales, pero, también, junto a esto. un desmejoramiento acelerado de su calidad de vida. Se intensifica la explotación laboral, afectaciones a la salud, el envenenamiento del agua, tierra y aire, sumado a esto, sus formas de vida se van alterando, ya no pueden mantener sus cultivos ni animales; además, desaparecen sus sitios de recreo y de turismo local. ¿Cómo podríamos caracterizar este escenario?

A primera vista, en la mayoría de los territorios se encuentra presente una actividad extractiva ejecutada, o al menos promovida, por el Gobierno local, tal como la minería no metálica o agroindustria. Este vínculo Gobierno local-empresa resulta una alianza ganar-ganar, ingresos frescos y favores por “allá”, son algunos de los comentarios que se repiten de una comunidad a otra; sin embargo, la factura de las consecuencias las siguen pagando las comunidades vecinas a estos proyectos.

A pesar de que el Gobierno local en muchas ocasiones está cooptado por estas iniciativas extractivas, las comunidades siguen buscando respaldo en la institucionalidad del país, acuden a diversas instancias, en ocasiones encuentran quejas de las personas funcionarias que repiten que los recortes presupuestarios imposibilitan sus funciones, pero, a pesar de esto, les prestan atención. En otras ocasiones, encuentran oídos sordos. Es evidente la complacencia con los sectores empresariales.

De parte de los actores empresariales hay, por un lado, una competencia en las comunidades locales por cooptar las organizaciones, tales como las asociaciones de desarrollo y, por otro desprestigiar a los colectivos que cuestionan sus acciones, ya sea señalandolos como “enemigos de la comunidad” o realizando otras formas de intimidación más “personal”.

A esto se suma la actitud de una institucionalidad nacional que ha pactado una forma de política ambiental centrada en la mercantilización de la naturaleza, es decir, el “capital natural”. Este vínculo entre negocios y gestión del medio ambiente trae consigo el necesario despojo del territorio de las comunidades, en beneficio de los grupos empresariales que puedan invertir y lucrar con la actividad.

La naturaleza, en este escenario, se ve cerrada a sectores particulares, destinados a la conservación y explotación turística, pero todo aquel vínculo comunitario, campesino o indígena se ve desplazado y ninguneado.

Nos acercamos a una tormenta perfecta, el proceso de mercantilización se va legitimando en nuestra sociedad desde el momento en que nuestra institucionalidad ha dado la espalda a todas aquellas personas y comunidades que levantan su voz para denunciar que no es suficiente conservar ante el impacto extractivo.

La participación ambiental es la línea roja institucional para reconocer la voracidad de un sistema político-económico ecocida; la naturaleza no se trata de zonas de conservación, son tejidos que se recrean a través de nuestras relaciones de interacción. Cuando aquellas comunidades que han vivido junto a la naturaleza dicen que algo está pasando y no se toma la atención necesaria, no seamos ingenuos, estamos en la tormenta.

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/bienes-naturales-en-costa-rica-directo-a-la-tormenta/

Puede descargar el artículo de opinión aquí.

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Exploración de hidrocarburos en Costa Rica ¿Es buena idea?

A partir del comunicado de prensa de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) en torno a la propuesta de una «política energética equilibrada con base en los recursos naturales potenciales disponibles en el país». En donde exponen la relevancia y necesidad de generar a través de «en la producción y en el uso equilibrado de todos los recursos naturales, tanto renovables como no renovables.»

Esta política dice representar el interés por «aportar al Estado recursos fiscales a través del sector energético nacional, que se necesitan para satisfacer las demandas del país en esta materia, y mejorar significativamente la competitividad para fortalecer el crecimiento económico y el progreso social.»

Dentro de las propuestas diseñadas se encuentra la exploración de hidrocarburos, ante lo cual nos pusimos a reflexionar ¿Qué significa esta actividad? y ¿Qué implicaciones tienen para las comunidades y sus territorios?.

Con esto de telón de fondo, les compartirmos una infografía para abrir la reflexión en torno a qué implicaciones tiene la exploración de hidrocarburos.

Comunicado de prensa UCCAEP

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