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¿Proteger o desalentar la vigilancia ciudadana? Humedal Carbón en riesgo y el uso cuestionable del derecho administrativo

with No Comment extractivismosMOVIMIENTOS

Comunicación a la que hace referencia esta nota:

AEL-00281-2025

AEL-00263-2025

CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-PH-032-2025

Humedal Carbón: ocupación ilegal, deterioro acelerado y evasivas institucionales
La Asociación de Desarrollo para la Ecología denunció de forma urgente, el pasado 29 de junio de 2025, una nueva ocupación ilegal en el Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, Talamanca. La denuncia advierte sobre un avance rápido y de gran escala de actividades no autorizadas que incluyen drenajes, rellenos, caminos y construcciones con maquinaria pesada. El humedal forma parte del Patrimonio Natural del Estado y se encuentra registrado en el inventario oficial de humedales del SINAC desde 2017, bajo la protección del Convenio Ramsar.

A través de una solicitud formal, se pidió la intervención directa del Programa Nacional de Humedales para coordinar acciones interinstitucionales, generar un informe técnico actualizado (incluyendo análisis de ortofotos y cambios de uso del suelo) y entregar un listado de las propiedades involucradas. La respuesta oficial, emitida por el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), señala que varias de estas informaciones no están disponibles, y redirige la responsabilidad hacia otras instituciones o incluso hacia la ciudadanía denunciante. Pese a los antecedentes de denuncias desde 2005, el SINAC admite que no se han producido medidas efectivas recientes para frenar la ocupación ni revertir los daños ecológicos. 

“Uso abusivo del derecho de petición”: ¿una estrategia para desalentar la acción ciudadana?
En su respuesta, el ACLAC incluyó una cita extensa del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición, sugiriendo que el activismo de seguimiento y denuncia podría interpretarse como un uso “torcido”, “ofensivo” o “hostigante” del aparato estatal. Este señalamiento llama la atención no solo por su tono, sino por el trasfondo político que revela: el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la criminalización indirecta de la vigilancia ambiental por parte de la ciudadanía.

Este tipo de argumentación institucional, en vez de fortalecer la rendición de cuentas, tiende a deslegitimar la participación activa en la defensa del bien común. En un contexto donde Costa Rica experimenta crecientes regresiones en su política ambiental —como la flexibilización de controles en zonas costeras y humedales—, el uso de figuras legales para silenciar o desgastar a quienes ejercen su derecho a solicitar información pública, representa un retroceso peligroso.

El caso del Humedal Carbón evidencia una tendencia preocupante: cuando las instituciones no producen ni entregan información clave sobre ecosistemas en riesgo, y al mismo tiempo intentan frenar el monitoreo ciudadano, lo que está en juego no es solo un ecosistema, sino el propio ejercicio democrático del control ciudadano sobre lo público.

Vigilancia ciudadana en acción: la labor de Marco Levy y la respuesta ética ante el intento de silenciamiento

Detrás de la denuncia presentada el 29 de junio se encuentra el trabajo sostenido de Marco Vinicio Levy, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, quien ha liderado por años la documentación, denuncia y monitoreo del deterioro del Humedal Carbón. Su labor no solo ha sido técnica y argumentada, sino también valiente ante la resistencia institucional que han enfrentado quienes defienden los ecosistemas del Caribe Sur.

Ante la insinuación institucional de que sus solicitudes podrían constituir un uso abusivo del derecho de petición, Levy respondió con firmeza el 10 de julio, reiterando el carácter legítimo de su gestión y recordando que, sin acceso a la información técnica, la ciudadanía no puede cumplir su deber constitucional de proteger el ambiente. Su carta subraya que exigir transparencia, generar alertas tempranas y contribuir a la justicia ambiental no es hostigamiento: es un acto de responsabilidad democrática.

La respuesta de la Asociación representa un contrapeso necesario frente a la opacidad y pasividad institucional. No busca sustituir al Estado, sino exigirle que cumpla con su función de garante del bien común. En un momento en que los marcos normativos y ambientales se ven debilitados, la acción ciudadana organizada, crítica y fundamentada se convierte en uno de los pilares más sólidos para la defensa de los territorios y los bienes comunes.

El derecho de petición en disputa: entre garantías democráticas y prácticas de deslegitimación institucional

La inclusión, por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC–SINAC), de un extracto del voto 01747-1999 de la Sala Constitucional sobre el ejercicio abusivo del derecho de petición no es un detalle menor. Su presencia en una respuesta administrativa, en el contexto de una solicitud de información ambiental, revela una tensión estructural cada vez más frecuente en América Latina: el choque entre la participación activa de la ciudadanía en la defensa del ambiente y las formas institucionales que buscan mantener el control sobre los marcos de decisión y acceso a la información.

Desde la perspectiva institucional, el señalamiento parece buscar anticiparse a futuras solicitudes, enmarcándolas como potencialmente excesivas, repetitivas o perturbadoras del funcionamiento público. Sin embargo, esta lectura parte de una interpretación burocrática del quehacer estatal, que tiende a ver las solicitudes ciudadanas como cargas administrativas, y no como expresiones de un derecho fundamental. En cambio, la respuesta de Marco Levy destaca con claridad una postura opuesta: si el Estado exige pruebas para actuar, debe entonces garantizar a la ciudadanía acceso a los insumos técnicos necesarios para generar esas pruebas. De lo contrario, se genera un círculo vicioso donde la falta de información impide la denuncia, y la falta de denuncia refuerza la inacción.

En materia ambiental y socioambiental, esta tensión no es menor. Los conflictos ambientales contemporáneos se caracterizan por una fuerte asimetría de información, en la que comunidades y defensores enfrentan barreras de acceso a datos técnicos, jurídicos y territoriales. Por eso, el derecho de petición no puede reducirse a un trámite: es una herramienta de fiscalización, de exigibilidad de derechos y de protección del interés público frente a los daños ecológicos.

La noción de “abuso del derecho de petición” se convierte entonces en una frontera peligrosa. Cuando se invoca desde los espacios administrativos en contextos de vigilancia ciudadana ambiental, no solo busca desactivar la crítica, sino también debilitar el tejido democrático que sostiene la defensa del bien común. Lejos de ser un problema de exceso de peticiones, lo que este caso revela es una falta de voluntad institucional para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, tal como lo exigen principios como el de transparencia activa del Acuerdo de Escazú.

Este no es un caso aislado. Es un síntoma de algo más profundo: un Estado que comienza a responder con sospecha y no con apertura a quienes ejercen su derecho a preguntar, a vigilar y a defender la vida en sus múltiples formas. En esta coyuntura, repensar el derecho de petición como un acto político y no solo jurídico, es clave para sostener una democracia ecológica real.

Fuente de las imagenes: Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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Dos décadas de advertencias ignoradas: Humedal Río Carbón sigue en riesgo en Playa Negra

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En la zona costera del Caribe Sur de Costa Rica, entre Playa Negra y el Parque Nacional Cahuita, se encuentra el Humedal Río Carbón, un ecosistema vital para la biodiversidad, la estabilidad climática y la vida de las comunidades locales. A pesar de su importancia ecológica y su protección legal bajo leyes nacionales e internacionales, este humedal enfrenta desde hace más de dos décadas un proceso de degradación sistemática: construcciones ilegales, rellenos, drenajes y tala de vegetación nativa han alterado profundamente su integridad.

Esta nota surge gracias al trabajo sostenido de Marco Levy Virgo, ciudadano limonense comprometido con la defensa ambiental y los derechos colectivos, quien desde 2005 ha documentado y denunciado estas afectaciones. Su labor ha sido fundamental para activar procesos institucionales, exigir responsabilidades y mantener viva la memoria de un conflicto socioambiental que sigue abierto.

El caso del Humedal Río Carbón revela con crudeza las tensiones entre el modelo turístico-inmobiliario que avanza sobre los bienes comunes y la débil acción de las instituciones llamadas a protegerlos. Más allá de un conflicto local, lo que está en juego es el futuro de los ecosistemas costeros, el respeto a la legalidad ambiental y la defensa del patrimonio natural del Estado.

En esta nota informativa te contamos qué está ocurriendo en Playa Negra, quiénes están implicados, cuáles leyes se han violentado y qué medidas urgen para detener la impunidad ecológica que amenaza al humedal Río Carbón.

¿Quién protege el Río Carbón?

A pesar de su importancia ecológica y su inclusión parcial dentro del Parque Nacional Cahuita, el Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra, enfrenta una grave amenaza por actividades ilegales de drenaje, relleno y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre.

Desde al menos el año 2002, distintas organizaciones, profesionales y vecinos han documentado el deterioro progresivo del ecosistema, por parte de personas y sus sociedades anónimas, quienes han desarrollado obras sin permisos legales, alterando de forma irreversible su equilibrio hídrico y biológico.

Las inspecciones realizadas por el Comité Local Forestal de Talamanca, funcionarios del SINAC, MINAE, Ministerio de Salud y Fuerza Pública, han constatado múltiples irregularidades: edificaciones levantadas sobre suelos saturados, apertura de canales de drenaje, tala de vegetación de humedal (como el «yolillo») y bloqueo de caminos públicos. Varias de estas obras se encuentran incluso dentro de los límites del Parque Nacional Cahuita.

¿Por qué es grave?

El Humedal Río Carbón está registrado en el inventario nacional de humedales y su conservación es obligatoria bajo la Convención Ramsar –un tratado internacional que Costa Rica ratificó en 1991. Los humedales como este son fundamentales para:

  • la protección de especies en peligro de extinción como la tortuga carey;

  • el control de inundaciones y calidad del agua;

  • la conectividad ecológica entre ecosistemas marino-costeros y terrestres.

Sin embargo, las autoridades locales, especialmente la Municipalidad de Talamanca, han sido señaladas por su inacción, otorgamiento irregular de permisos y ocultamiento de información pública. A pesar de órdenes explícitas de la Procuraduría General de la República para revocar los permisos y restaurar el humedal, no se ha actuado con firmeza.

Lo que se exige:

  • La paralización inmediata de todas las obras en el humedal.

  • El desalojo de los ocupantes ilegales.

  • La restitución del ecosistema a su estado original.

  • El traslado del caso a la Fiscalía Ambiental, por su complejidad y gravedad.

  • La investigación penal contra funcionarios que hayan incurrido en incumplimiento de deberes, prevaricato o exacción ilegal.

El caso de Playa Negra no es aislado. Representa un patrón de desprotección de los bienes comunes frente a intereses inmobiliarios y turísticos, con la complicidad –por acción u omisión– de instituciones públicas.

Proteger el Humedal Río Carbón es defender la vida, la biodiversidad y el derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Laxitud institucional y la defensa comunitaria como última frontera

Lo ocurrido en el Humedal Río Carbón no es un caso aislado ni accidental: es reflejo de un patrón preocupante de laxitud institucional ante la destrucción ambiental en zonas de alta vulnerabilidad ecológica y social. A pesar de contar con múltiples denuncias, informes técnicos, delimitaciones oficiales y dictámenes de la Procuraduría General de la República, las autoridades responsables —incluyendo la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio Público y órganos administrativos— han fallado sistemáticamente en aplicar la ley, sancionar a los infractores y detener la degradación de un ecosistema clave para el equilibrio de la costa caribeña.

Esta permisividad, sea por inacción, negligencia o complicidad, abre la puerta a formas de extractivismo inmobiliario y turístico que transforman humedales, bosques y zonas marítimo-terrestres en espacios de especulación, al margen de la normativa ambiental vigente. La lentitud de los procesos judiciales, la fragmentación de competencias y el uso opaco de los permisos municipales agravan aún más la situación, permitiendo que se consoliden ocupaciones ilegales y cambios irreversibles en el uso del suelo.

Frente a esta ausencia de garantías institucionales, ha sido el monitoreo comunitario, ético y persistente, encabezado por personas como Marco Levy, lo que ha permitido sostener la denuncia pública, recolectar evidencia y exigir la defensa del humedal como bien común. Su labor evidencia que, en contextos de vulnerabilidad ambiental y política, la ciudadanía organizada es la última frontera que impide el colapso ecológico.

La situación del Humedal Río Carbón nos recuerda que los bienes comunes naturales no se defienden solos. Requieren de comunidades vigilantes, redes de apoyo y voluntad política para resistir el avance del extractivismo. Sin justicia ambiental, no hay futuro para los territorios del Caribe Sur.

Imágenes de la inspección

Referencias

Barry, M. J. (2003). Evaluación preliminar del brazo este del estero de Hone Creek afuera del Parque Nacional Cahuita (Humedal entre La Barra y el Hotel Perla Negra).

Comité Local Forestal de Talamanca. (2001, 3 de julio). Denuncia por afectación ambiental al humedal Río Carbón, Playa Negra, Puerto Viejo. Consejo Regional Ambiental – Área de Conservación La Amistad Caribe, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

Alvarado Salazar, G. (2005, 8 de noviembre). Informe de inspección técnica en propiedad de Pavel Jaroslav en Playa Negra, Puerto Viejo. Comité Local Forestal de Talamanca, Subregión Cahuita, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Ministerio de Ambiente y Energía.

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El mar que avanza: Puerto Viejo pierde su zona pública costera

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Durante décadas, los mojones han servido como referencia visual para identificar la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Costa Rica. En Puerto Viejo, Caribe Sur, estos hitos fueron colocados hace más de 40 años con el fin de señalar los límites de la zona pública: los primeros 50 metros desde la línea de pleamar ordinaria, donde está prohibido construir.

Hoy, sin embargo, el mar ha llegado hasta esos mojones. Lo que antes era zona pública —de uso común, libre y no concesionable— ha sido devorado por la marea. El avance del mar ha hecho desaparecer físicamente esa franja de protección costera, y pone en riesgo calles, árboles centenarios, negocios e infraestructuras que antes parecían seguras.

Puerto Viejo: mojones en la orilla, permisos sobre arena

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven —basado en observación directa, registros fotográficos y diálogo constante con actores locales— permite reconstruir con detalle cómo ha avanzado el mar en sectores clave de Puerto Viejo, y cómo las instituciones siguen actuando como si nada hubiera cambiado.

Uno de los ejemplos más evidentes es el de la zona frente a la discoteca Stanford: “Ahí había 50 metros de zona pública. El mar se los comió por completo”, señala Philippe. Hoy, donde antes había playa, el agua choca directamente contra las construcciones.

En Beach Break, Cocles, la situación es igual de crítica. Un sábado, recuerda Philippe, la marea llegó hasta tocar la carretera. La Municipalidad y JAPDEVA reaccionaron con urgencia para evitar que el mar se llevara la vía pública: “Pusieron rocas de metro y medio de diámetro para detener el avance del mar. Si no lo hacían, esa calle ya no existiría”.

Antes de llegar al centro de Puerto Viejo, se han colocado rocas en los dos puentes nuevos para evitar que el mar erosione sus bases. Justo frente a Salsa Brava, el bar-discoteca ha colocado sacos llenos de arena para intentar frenar el embate del mar, que sigue golpeando la base del edificio, ubicado en plena zona pública. La situación es tan crítica que solo queda esperar a que el mar vuelva a golpear la costa para ver cómo se lleva esos sacos.

El avance del mar también pone en entredicho la legalidad de nuevas construcciones. Philippe ha documentado casos en que se otorgan permisos pegados a los mojones, a pesar de que funcionarios públicos admiten —aunque a regañadientes— que estos hitos no son válidos para medir la zona pública. Sin embargo, se continúan utilizando “porque moverlos implicaría declarar ilegales muchas construcciones ya existentes”. Esta práctica contradice lo establecido por la Ley 6043, que indica que la medición debe hacerse desde la línea de pleamar ordinaria.

Esta omisión deliberada alimenta un ciclo de irregularidades. En palabras de Philippe: “Ya lo tienen planeado todo. Están construyendo pegados al mojón, a pesar que el nivel del mar sube y sube”. Con esto, Philippe no se refiere únicamente a una inundación repentina, sino al constante accionar del oleaje, que golpea con fuerza y va socavando el terreno. Es un proceso continuo en el que el mar sube y baja, pero sus efectos acumulativos debilitan progresivamente la franja costera, haciendo aún más evidente la irresponsabilidad de construir en esa zona.

Philippe ha sido testigo directo de cómo estas decisiones se implementan en la práctica. En una inspección reciente, observó la construcción de un negocio justo frente al mojón, sobre un terreno que está siendo alcanzado por el mar. Esta estructura es fácilmente identificable, pues se ubica detrás de la parada de buses.

En conversación con el encargado, la respuesta fue clara: ‘Los mojones no se van a cambiar’, ya que hacerlo implicaría reconocer la ilegalidad de muchas edificaciones. Aunque admitió que el Estado debería actualizar las mediciones, también reconoció que no lo hará, pues —como reflexiona Philippe— esto implicaría un cambio drástico en la planificación territorial y una escalada de expropiaciones.

Incluso cuando solicitó información al funcionario regional del MINAE sobre la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre, la respuesta se limitó a un resumen de la normativa vigente, sin ningún compromiso de actualización. Por el contrario, el funcionario aseguró que seguiría utilizando los mojones como referencia, aun sabiendo que esto contradice el marco legal.

A partir de sus monitoreos, un funcionario admitió informalmente que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria y no desde los mojones. Sin embargo, esta admisión no ha generado ningún cambio institucional. Aunque en esa franja de 50 metros está prohibido construir, Philippe ha denunciado muchas edificaciones. Por ello, a pesar del evidente avance del mar, los permisos continúan otorgándose como si la línea costera no se hubiera desplazado.

Un ejemplo de esta situación es que muchas edificaciones que hace 30 años estaban fuera de la zona pública, hoy se encuentran dentro de ella debido al avance del mar. En estos casos, no deberían permitirse mejoras ni intervenciones; por el contrario, deben dejarse sin uso hasta que colapsen, para luego ser retiradas y así devolver ese espacio a la zona pública.

Uno de los casos recientes denunciados por Philippe ocurre en la entrada de Puerto Viejo, donde se deforestó, rellenó y construyó parcialmente sobre un posible humedal. Pese a la denuncia formal, las obras continúan, y el mar ya amenaza la estabilidad de la estructura. Para Philippe, ese edificio debería ser demolido.

Ignorar estos cambios y seguir construyendo como si el mar no se moviera es profundizar un modelo insostenible y de alto riesgo tanto para las personas como para la naturaleza.

Cuando los mojones ya no marcan el límite, sino el daño

El monitoreo comunitario muestra que, en muchos sectores, la línea de pleamar actual ha alcanzado o superado los mojones colocados hace décadas. Esto significa que la franja de uso público se ha perdido por completo, y que en algunos tramos las construcciones están hoy donde antes rompían las olas. Esta omisión legal y técnica normaliza la ocupación ilegal de una zona que el mar ha recuperado, dejando a las comunidades sin la protección ambiental y territorial que garantiza la ley.

Proyecto Old Harbour: ¿Parque lineal o infraestructura en zona de riesgo?

Mientras la franja costera retrocede visiblemente en Puerto Viejo, distintos actores institucionales y privados impulsan propuestas para «recuperar» el espacio público. Una de ellas es el Parque Lineal del Arte y la Cultura, que plantea construir una senda peatonal, ciclo vía, zonas adoquinadas, mobiliario urbano, iluminación y espacios para ferias y eventos frente al mar.

Aunque se presenta como una apuesta por la cultura, recreación y seguridad, el proyecto omite una realidad central: buena parte del trazado previsto se encuentra en zonas que el mar ya ha alcanzado o donde la zona pública ha sido invadida por construcciones. Instalar infraestructura permanente en una franja en retroceso ignora el riesgo climático y podría reforzar un modelo de ocupación que acelera la pérdida del espacio común.

Tampoco se menciona la existencia ni los límites legales de la ZMT, ni cómo enfrentar el hecho de que los 50 metros de uso público —inalienables y no concesionables por ley— ya han sido tragados por el mar en varios puntos. El proyecto parece responder más a una lógica de embellecimiento urbano y atracción turística que a una estrategia de adaptación climática o justicia territorial.

Puerto Viejo no necesita más cemento en la playa. Necesita políticas que reconozcan la transformación del territorio, fortalezcan el monitoreo comunitario y protejan el derecho colectivo a habitar la costa sin quedar expuestos ni desplazados por el avance del mar ni por proyectos que lo ignoran.

¿Qué dice la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida en la Ley 6043 de 1977 como una franja de 200 metros de ancho a partir de la línea de pleamar ordinaria. Esta franja se divide en dos partes:

  • Zona pública (primeros 50 metros): inalienable, imprescriptible y de uso público. Está prohibido construir o concesionar.

  • Zona restringida (150 metros siguientes): puede ser concesionada bajo regulación municipal.

La ley establece que la medición debe hacerse desde la pleamar ordinaria, no desde mojones antiguos. Si el mar ha avanzado, la zona pública también se ha desplazado con él.

Cambio climático y retroceso costero

El aumento del nivel del mar, provocado por el cambio climático, está alterando drásticamente la línea costera. Este fenómeno responde a múltiples factores interrelacionados: el derretimiento de glaciares y capas de hielo, la expansión térmica de los océanos por el aumento de la temperatura global, y la intensificación de tormentas y marejadas. Además, el cambio en las corrientes oceánicas y en los patrones de viento y precipitación está modificando el comportamiento de las olas y la distribución de sedimentos, lo que acelera aún más la erosión costera. Todo esto impacta directamente en ecosistemas y comunidades que habitan zonas cada vez más vulnerables

Según el IPCC, el nivel medio del mar ha subido 20 cm desde 1900, y podría aumentar entre 0.43 y 0.84 metros para 2100. En el Caribe, estos efectos se agravan por la combinación de mareas, tormentas y degradación de ecosistemas. En Costa Rica, el IMN y el MINAE indican que el nivel del mar en la costa caribeña crece a un ritmo promedio de 2.4 mm por año, afectando infraestructura, ecosistemas y comunidades.

Una discusión urgente: ¿Cómo defender la zona pública cuando el mar no deja huella fija?

Puerto Viejo ilustra una tensión central de este tiempo: la ley garantiza una franja pública costera, pero la realidad climática la está haciendo desaparecer. Persistir en el uso de mojones obsoletos como base para otorgar permisos invisibiliza una transformación territorial profunda.

Es urgente revisar la forma en que se aplica la ley, actualizando las mediciones con base en la pleamar real y reconociendo el desplazamiento del mar. También se requiere acción estatal decidida para proteger las zonas públicas costeras y frenar su ocupación mediante permisos o concesiones irregulares.

Cuando el mar se lleva lo que es de todas y todos

El aumento del nivel del mar no es solo un fenómeno ambiental: es una transformación del territorio que afecta la vida de las comunidades. En Puerto Viejo, donde el acceso libre a la playa es parte de la identidad local y de la economía comunitaria, su desaparición representa una pérdida colectiva.

Aunque pueda parecer insignificante, un aumento del nivel del mar de apenas 1 centímetro puede tener efectos profundos, especialmente en zonas costeras frágiles como el Caribe Sur. No se trata solo del número, sino de lo que implica: al subir el mar, la línea costera se desplaza tierra adentro, lo que puede provocar inundaciones más frecuentes y salinización de fuentes de agua dulce.

Además, ese “pequeño” aumento eleva la base sobre la cual actúan las mareas, las tormentas y las olas, haciendo que los eventos extremos sean más destructivos. El mar también socava la costa desde abajo: arrastra la arena que sostiene las raíces de los árboles y las construcciones, desestabilizándolos. Poco a poco, lo que era tierra firme se convierte en playa y, más tarde, en mar abierto. Así, las construcciones y ecosistemas que antes estaban protegidos quedan expuestos, erosionados o directamente destruidos.

Esta erosión del espacio público ocurre tanto por causas naturales como por decisiones políticas que legalizan lo irregular y colocan intereses privados sobre el bien común. Cuando se otorgan permisos con base en mojones de hace 40 años, se colabora activamente en la privatización de lo público.

El desafío inmediato es adaptarse a un entorno cambiante y vulnerable. A mediano y largo plazo, la lucha será por el derecho a permanecer en el territorio sin ser desplazados bajo la excusa del «riesgo». También se debe exigir al Estado que regule el litoral con base en conocimiento actualizado, monitoreo comunitario y justicia territorial. No se trata solo de mover mojones, sino de reconocer que el mar ya lo hizo.

Puerto Viejo es una advertencia, pero también puede ser el punto de partida para repensar cómo defender lo que es de todas y todos: la playa, el territorio y el derecho a habitar la costa con dignidad.

Esta imagen fue tomada en Playa Negra, llegando al río Hone, donde ya no queda rastro de la tierra oscura: todo es arena ahora. Los árboles que antes crecían allí se han secado por completo. Es un ejemplo claro y doloroso del impacto del avance del mar —cuando el agua salada invade las raíces, la vida desaparece.
Galería de registros sobre la subida del nivel del mar en el Caribe Sur de Costa Rica (2013–2025)

Esta galería reúne una selección de registros fotográficos y audiovisuales realizados por Philippe Vangoidsenhoven, que documentan los impactos visibles del aumento del nivel del mar en la costa del Caribe Sur de Costa Rica, desde la desembocadura del río Hone en Playa Negra hasta el centro de Manzanillo. Entre 2013 y 2025, este monitoreo ha capturado los efectos progresivos de la erosión costera, la pérdida de playas, la caída de árboles, el colapso de infraestructura y otros signos del avance del mar sobre el territorio. Más allá de la evidencia visual, este archivo es testimonio de una realidad vivida por las comunidades costeras, que enfrentan con resiliencia y preocupación los desafíos del cambio climático y la transformación acelerada de su entorno.

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Registro fotográfico 2014

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Registro fotográfico 2021

Registro fotográfico 2023

Registro fotográfico y audiovisual 2023

Registro audiovisual

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Puerto Viejo + Limpio: una comunidad que no se rinde frente a la basura

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La creciente acumulación de residuos en Puerto Viejo, Caribe Sur de Costa Rica, se ha convertido en un problema urgente de salud pública, deterioro ambiental y amenaza al turismo sostenible. Aunque es reconocido por su biodiversidad y riqueza cultural, el distrito enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos, especialmente en zonas turísticas, áreas de difícil acceso y espacios públicos sin señalización ni contenedores adecuados. El resultado: un manejo desbordado de la basura.

Restos de construcción abandonados, residuos orgánicos del comercio y el turismo, materiales peligrosos y desechos domésticos forman parte del paisaje cotidiano. Esta situación daña el entorno, pone en riesgo la vida silvestre y compromete la salud de residentes y visitantes. A ello se suma una débil regulación, escasa conciencia ambiental y limitada participación comunitaria en acciones sostenidas.

Puerto Viejo + Limpio: acción local con impacto colectivo

Como respuesta a la crisis de residuos en el Caribe sur, surge Puerto Viejo + Limpio, un proyecto de voluntariado ambiental que promueve la recolección comunitaria de desechos. Cada lunes a las 8 a.m., personas voluntarias recorren unos 3 km recogiendo residuos ordinarios y peligrosos, con materiales facilitados por la organización.

Aunque con recursos limitados —solo dos personas remuneradas y un promedio de cuatro voluntarios por jornada— el proyecto recolecta unas 60 bolsas aproximadamente bolsas de basura por día de actividad. esta constancia ha sido posible gracias al compromiso de ciertas personas de la comunidad y al apoyo económico solidario de actores locales como comercios y algunos particulares.

En mayo pasado, nueve comercios de Puerto Viejo donaron ₡163.000, lo que permitió cubrir una jornada semanal de limpieza de 8 horas, incluyendo remuneración simbólica y alimentación para el personal. Estos establecimientos son: Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s y Escape Caribeño. Este gesto muestra que, con voluntad compartida, es posible sostener iniciativas que cuidan el bien común.

Puerto Viejo + Limpio no solo recoge basura: visibiliza y moviliza a otras entidades e insittuciones a involucrarse en la problemática. promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la necesidad urgente de mejorar la señalización en playas, así como de fomentar prácticas responsables tanto en la comunidad como en el sector turístico.

No obstante, el proyecto opera con costos ajustados al mínimo necesario: se requiere cubrir alrededor de ₡50.500 por jornada, incluyendo salarios simbólicos, almuerzos, snacks, bolsas, guantes y herramientas básicas. Además, necesita materiales como rastrillos, carretillos, guantes reutilizables y señalización, junto con apoyo para impresión de materiales educativos y ciertos recursos para visibilizar la acción.

Para sostener esta labor, se abren canales de donación directa en especie o por medios electrónicos, y se invita a los comercios locales a aportar con limpieza frente a sus negocios, ofrecer vales de descuento para el voluntariado, o contribuir con productos y refrigerios. También es clave la colaboración en la difusión del proyecto, fortaleciendo su alcance y sensibilización tanto a visitantes como residentes.

En un contexto donde la desatención institucional y la presión turística ponen en riesgo la belleza y salud ambiental de Puerto Viejo, Puerto Viejo + Limpio demuestra que la organización comunitaria sí hace la diferencia. Esta iniciativa es una semilla de cambio que necesita del compromiso de más manos, más voces y más voluntades. Cuidar el entorno no es solo una tarea de unos pocos: es una responsabilidad compartida para proteger lo que nos sostiene. La basura no se esconde, se enfrenta; y hacerlo juntos es la única forma de transformar el presente y asegurar un futuro digno para este territorio.

Turismo sin gestión: la contradicción del paraíso contaminado

La imagen de playas vírgenes, selva exuberante y cultura afrocaribeña vibrante contrasta con la realidad de residuos esparcidos en caminos, ríos y playas. Puerto Viejo es uno de los destinos más visitados del Caribe costarricense, pero la infraestructura para tratar los desechos es insuficiente, deteriorada o inexistente.

El crecimiento turístico ha traído consigo más residuos, pero no una gestión paralela de servicios públicos ni regulación ambiental eficaz. Así, muchos espacios naturales terminan convertidos en vertederos informales, afectando la biodiversidad y también la experiencia del visitante.

Esta contradicción revela una paradoja estructural: un territorio que genera riqueza gracias a su entorno natural, pero que carece de mecanismos sólidos para protegerlo. Es necesario repensar el modelo de desarrollo turístico en el Caribe sur, desde una visión ecológica, justa y sostenible.

El impacto silencioso: residuos en playas y ecosistemas costeros

Las playas y zonas costeras son más que postales turísticas: son ecosistemas frágiles con funciones vitales para la biodiversidad. En Puerto Viejo, donde la línea entre naturaleza y actividad humana es especialmente estrecha, la acumulación de basura amenaza directamente a especies que habitan manglares, ríos, arrecifes y bosques.

Plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones, atrapamientos y pérdida de hábitat en aves marinas, peces, monos o perezosos. Además del impacto ecológico, los residuos degradan la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino.

En un contexto de alta presión turística, la falta de gestión de residuos alimenta un ciclo de deterioro: más visitantes generan más desechos, pero sin cultura ambiental ni infraestructura, los residuos terminan en el mar, las playas y los senderos.

La limpieza costera no es un asunto estético: es una acción urgente para proteger los bienes comunes, la salud pública y el sustento económico de toda una región.

Puerto Viejo + Limpio en cifras: mayo 2025

Dimensiones

Datos

Periodo reportado

mayo de 2025

Total de bolsas recolectadas

254 bolsas

Días de recolección

Lunes por la mañana (8:00 a.m.)

Duración de la jornada

8 horas

Promedio de voluntarios

4 personas por jornada

Personas remuneradas

2 personas (una jornada semanal)

Zonas de recolección

Playa Negra, Playa de Puerto Viejo, Sendero a Cocles, vía urbana

Total de donaciones (mayo)

₡163.000

Comercios donantes (9)

Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s, Escape Caribeño

Apoyo destacado

Como en mi casa costeó semanalmente una jornada de 8 horas

Organización

Grupo Puerto Viejo + Limpio

Contacto: +506 6242 4859

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Cuando el control se va, el daño queda: tala autorizada por orden judicial terminó agravando el impacto ambiental en terrenos del AyA

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Gracias al seguimiento constante del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, se ha documentado un caso alarmante de tala autorizada por orden judicial en terrenos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en una zona de humedales de alta fragilidad ecológica. Lo que debía ser una intervención controlada y técnica terminó derivando en malas prácticas: árboles talados desde la base, vegetación arrasada y afectación a ejemplares que no estaban contemplados en la resolución. Esta situación revela una peligrosa desconexión entre lo que dictan los tribunales y lo que ocurre realmente en el terreno.

Tras esta denuncia inicial sobre irregularidades en la tala de árboles en zonas ecológicamente frágiles, voces vecinales confirman que las prácticas cuestionadas no se detuvieron; por el contrario, se agravaron. Según el testimonio de una persona residente cercana, luego de una primera fase de supervisión por parte de profesionales del AyA y técnicos forestales, el proceso quedó completamente en manos de la empresa taladora. Fue entonces cuando se ejecutaron las peores prácticas: árboles que debían ser cortados cuidadosamente fueron derribados de forma violenta, provocando el arrastre de vegetación secundaria y la caída de al menos siete árboles jóvenes adicionales.

La tala, que inicialmente debía intervenir ocho árboles de forma progresiva y regulada, terminó afectando al menos quince, según cálculos de personas vecinas. Este abuso responde, en parte, a la ausencia de supervisión institucional una vez que los responsables se retiraron del sitio. “Cuando ya no vinieron los del AyA, ellos tumbaron los árboles a lo bruto”, señaló la persona denunciante.

Estos hechos revelan un patrón preocupante: las empresas contratadas incumplen los protocolos ambientales tan pronto dejan de ser observadas, y las instituciones no garantizan un seguimiento riguroso que asegure la ejecución responsable de las disposiciones judiciales. Frente a esta omisión, la vigilancia comunitaria ha sido clave para documentar lo que ocurre realmente en el terreno, alertar a la Fiscalía Ambiental y defender activamente el ecosistema local.

Actualmente, las acciones de tala se encuentran paralizadas y todo el material extraído permanece en el terreno del AyA. Esto ha sido posible gracias a la intervención de la Fiscalía Ambiental, que actuó tras recibir denuncias y evidencia sobre el incumplimiento de los protocolos. Si bien la tala ya provocó un daño significativo, esta pausa representa un respiro momentáneo y evidencia el impacto que puede tener la articulación entre la vigilancia comunitaria y las instituciones cuando se responde con prontitud.

La situación exige respuestas institucionales claras: no basta con dictar medidas desde el escritorio si no se vigila su cumplimiento. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta, demostrando que la defensa ambiental no descansa.

Sin vigilancia, el daño avanza

En este caso, la tala fue autorizada mediante una resolución judicial, lo que implicaba una obligación reforzada para garantizar su cumplimiento conforme a derecho y bajo estrictas medidas ambientales. Sin embargo, la falta de seguimiento institucional permitió que se actuara de forma contraria a lo establecido. La salida temprana de los funcionarios del AyA y del equipo técnico dejó la ejecución en manos de la empresa contratada, que incumplió los protocolos al talar árboles de forma entera, sin aplicar las prácticas progresivas estipuladas para evitar daños colaterales.

Este tipo de omisión no solo representa una falla administrativa, sino también una vulneración a los principios de legalidad y protección ambiental. Cuando las instituciones no garantizan la ejecución adecuada de las disposiciones judiciales, se corre el riesgo de que medidas excepcionales terminen causando un impacto ambiental mayor al que pretendían corregir. La ausencia de monitoreo no puede normalizarse. Urge que los entes públicos asuman su rol con seriedad, asegurando mecanismos de fiscalización continua y rendición de cuentas que eviten que estas prácticas se repitan.

Del papel al terreno: la desconexión que permite el daño

La situación vivida en los terrenos del AyA expone una falla estructural que va más allá de un caso puntual: la brecha entre las resoluciones judiciales y su cumplimiento efectivo en el territorio. Las decisiones tomadas desde los despachos, aunque formalmente legítimas, muchas veces no consideran las condiciones reales del entorno ni cuentan con mecanismos adecuados para garantizar su aplicación responsable. Esta desconexión deja espacio para que actores privados, como las empresas contratadas, actúen sin control, tergiversando el espíritu de la resolución y generando impactos mayores a los que se pretendía mitigar.

El caso también revela cómo el lenguaje técnico y jurídico puede volverse cómplice del deterioro ambiental cuando no está acompañado de una fiscalización efectiva. En contextos de alta fragilidad ecológica, no basta con autorizar medidas “controladas” si no se cuenta con estructuras que aseguren su cumplimiento integral, en tiempo real y con rendición de cuentas clara.

Frente a esta realidad, urge repensar el rol de las instituciones: no como simples emisoras de permisos o fallos, sino como garantes activos de la justicia ambiental. Y sobre todo, reconocer el papel insustituible que tienen las comunidades en alertar, documentar y exigir que lo dictado en el papel se traduzca en acciones reales que protejan la vida y el territorio.

Aquí pueden leer las notas de seguimiento de este caso:

Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.

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Tala “controlada” bajo la lupa comunitaria: evidencia de malas prácticas en terrenos del AyA

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Desde hace varios meses, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven ha venido realizando un monitoreo activo de las actividades de tala «controlada» en los terrenos utilizados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ubicados en zonas de alta fragilidad ecológica. Si bien esta tala fue ordenada por los tribunales de justicia, lo que debería ser una práctica regulada y responsable se ha convertido en motivo de alerta y preocupación, debido a múltiples irregularidades detectadas en el terreno.

 

Uno de los casos más recientes, documentado por el propio Vangoidsenhoven, evidencia la intervención sobre árboles de gran tamaño —algunos con diámetros superiores a un metro, en excelente estado de salud y con raíces intactas—. Si bien la tala autorizada fue para ocho árboles, en la actual intervención podrían haberse afectado al menos quince árboles jóvenes, debido a la falta de aplicación de buenas prácticas en el proceso. Según testimonios recogidos en el lugar, algunos de estos árboles podrían haber sido talados de forma completa, en lugar de aplicar el procedimiento recomendado de cortes progresivos desde la copa hacia la base, destinado a minimizar el impacto en el ecosistema. Esta práctica habría provocado el arrastre de árboles jóvenes, arbustos, bejucos y vegetación secundaria.

Tala descontrolada y arrastre de vegetación: impactos irreversibles en la regeneración del bosque

Cuando un árbol adulto cae de manera abrupta y sin planificación técnica:

  • Destruye la regeneración natural: Se eliminan los retoños y arbolitos que crecen bajo su sombra y que están destinados a reemplazarlo en el ciclo de vida del bosque.
  • Compacta el suelo: El impacto del tronco sobre la superficie degrada la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la germinación futura.
  • Rompe la conectividad ecológica: Las lianas, bejucos y epífitas que conectan copas y permiten el desplazamiento de fauna o la vida de otras plantas desaparecen.
  • Altera el microclima: La apertura brusca del dosel provoca cambios de luz, humedad y temperatura que afectan la biodiversidad del sotobosque.

Además, se ha documentado presunta contaminación de un arroyo adyacente debido al uso de motosierras y equipos mecánicos que habrían derramado aceite o combustible. Esto pone en riesgo el ecosistema acuático y contraviene de forma directa varias normativas ambientales. Es importante recordar que las zonas ribereñas tienen protección legal de al menos 15 metros a cada lado del cauce, y cualquier intervención forestal o mecánica en estas franjas constituye una infracción ambiental.

Omisiones legales a simple vista

Las observaciones hechas por el monitoreo comunitario permiten identificar posibles omisiones a normas ambientales clave en Costa Rica, entre ellas:

  1. Ley Forestal No. 7575
    • Artículo 14: Prohíbe la tala y cualquier intervención en zonas de protección alrededor de cuerpos de agua.
    • Artículo 17: Protege las áreas de regeneración natural, incluso en propiedades privadas.
  2. Ley de Vida Silvestre No. 7317
    • Reconoce la importancia del ecosistema completo, no solo de árboles adultos, incluyendo fauna, flora menor y estructuras ecológicas.
  3. Decreto Ejecutivo No. 33903-MINAE
    • Define zonas de protección obligatoria de 15 metros a cada lado de cauces permanentes, donde está prohibida cualquier actividad de chapea o tala.
  4. Ley de la Biodiversidad No. 7788
    • Exige un enfoque integral y ecosistémico en la gestión de los recursos naturales, reconociendo la interacción entre todos los componentes vivos y no vivos del bosque.
  5. Artículo 50 de la Constitución Política
    • Establece el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

(Imagen: Presencia de hidrocarburos en el agua.)

El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.El hecho de que estos actos ocurran en terrenos de una institución pública como el AyA es especialmente grave, y plantea interrogantes sobre la eficacia de la fiscalización por parte del MINAE y otros entes reguladores. Los permisos, aunque existentes, no eximen a quienes los ejecutan de respetar el marco legal ni de evitar daños colaterales.

Más allá de los casos específicos relacionados con el AyA, existen otras prácticas extendidas en el Caribe Sur que también amenazan la integridad de los ecosistemas. Estas acciones, aunque no siempre vinculadas directamente a proyectos de infraestructura, forman parte del mismo patrón de transformación territorial bajo lógicas que privilegian el control y la “limpieza” del paisaje.

La chapea: una amenaza silenciosa a la continuidad del bosque

Otra práctica ampliamente cuestionada en el Caribe Sur, es la chapea indiscriminada del sotobosque. Aunque a veces se presenta como una “limpieza” del terreno, en realidad, elimina de raíz la regeneración forestal: bejucos, lianas, bromelias, arbustos y otras especies fundamentales para la salud del ecosistema.

Como explica Philippe:

“Si uno chapea constantemente, el bosque va a morir. Puede tardar 100 o 200 años, pero sin hijos que crezcan, no hay reemplazo para los árboles viejos que caen. Lo que queda es un palo solito, sin vida, sin conexión.”

Estas plantas sostienen el equilibrio hídrico, forman parte de la red trófica de animales y aves, y permiten la sucesión ecológica. Su desaparición progresiva transforma al bosque en una estructura hueca, sin capacidad de regeneración ni resiliencia frente al cambio climático.

¿Qué entiende el MINAE por “bosque”?

Uno de los aspectos más discutidos por observadores y defensores ambientales es la visión reduccionista con que el MINAE define los ecosistemas forestales. En la práctica institucional, muchas veces se considera bosque únicamente cuando hay árboles adultos visibles, ignorando las fases intermedias del crecimiento, la estructura del sotobosque, la presencia de epífitas, y la fauna que depende de esta complejidad.

El resultado es una política permisiva ante la degradación paulatina del bosque, donde se autoriza tala y chapea sin tomar en cuenta los efectos acumulativos, ni el carácter interdependiente de los ecosistemas tropicales.

“El bosque no es solo árboles grandes. Es todo el sistema. Sin regeneración, sin lianas, sin conexión entre copas, el bosque pierde su esencia”, insiste Philippe.

Estas vigilantes y monitoreando

Estos hallazgos evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de fiscalización ambiental y de reconocer el valor de las redes de vigilancia comunitaria, como las que operan en Talamanca. Las instituciones no pueden seguir operando bajo una lógica de cumplimiento formal mientras en el terreno ocurren prácticas destructivas que afectan la integridad ecológica de los territorios.

La defensa del bosque comienza con entenderlo en su totalidad, y continúa con la denuncia, la organización comunitaria y la presión colectiva para que se respeten tanto la ley como el equilibrio de la naturaleza.

¿Qué es un bosque? Más allá de la visión técnica

Desde una mirada técnica-institucional, el bosque suele definirse de forma reducida: una extensión de terreno con árboles adultos, cierta densidad de cobertura arbórea y altura mínima. Esta concepción, utilizada en muchas normativas y por el propio Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), tiende a ignorar elementos fundamentales del ecosistema forestal, como su dinámica regenerativa, su complejidad estructural y sus interrelaciones biológicas.

Pero desde una perspectiva ecológica integral, un bosque es mucho más que un conjunto de árboles. Es un sistema vivo, compuesto por:

  • Estructuras múltiples: Dosel, sotobosque, capa de regeneración, suelo vivo.
  • Diversidad de formas de vida: Árboles, arbustos, herbáceas, hongos, bejucos, epífitas, líquenes, bacterias, fauna aérea, terrestre y acuática.
  • Procesos ecológicos dinámicos: Regeneración natural, ciclos de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, sucesión ecológica.
  • Conectividad funcional: Relaciones de mutualismo, cadenas tróficas, vínculos hídricos y climáticos.

Un bosque no es estático ni homogéneo. Es una red compleja de relaciones entre elementos bióticos y abióticos, y su salud depende precisamente de esa diversidad y de su capacidad de autorregenerarse. Eliminar, simplificar o romper estas relaciones —como sucede con la tala inadecuada o la chapea indiscriminada— transforma un ecosistema resiliente en un espacio degradado y vulnerable.

El bosque como bien común

Reconocer esta complejidad lleva a un cambio de paradigma: los bosques no pueden ser tratados como simples recursos maderables o zonas de “aprovechamiento racional”. Son bienes comunes, sistemas esenciales para el equilibrio climático, el ciclo del agua, la vida silvestre y la salud comunitaria. Su valor no es solo económico, sino ecológico, cultural y espiritual.

En contextos como Talamanca, donde los territorios indígenas y rurales conviven con áreas de conservación, el bosque es también memoria, medicina, alimento, vida. De ahí que los monitoreos comunitarios —como el que realiza Philippe y otras personas de la zona— no solo documentan daños: defienden una forma de relación con la naturaleza que es colectiva, respetuosa y con visión de largo plazo.

Monitoreo comunitario: defensa activa del bien común

Frente a una institucionalidad que muchas veces falla en prevenir o detener las malas prácticas, la vigilancia socioambiental ejercida por las comunidades se convierte en una herramienta vital de defensa territorial. No se trata solo de evidenciar irregularidades, sino de proteger activamente los ciclos de vida que sostienen la existencia misma del bosque.

Este tipo de monitoreo, ejercido con conocimiento local, sensibilidad ecológica y compromiso ético, nos recuerda que:

  • El bosque no se defiende desde una oficina. Se defiende caminándolo, observándolo, y exigiendo respeto.
  • Los bienes comunes no son propiedad del Estado ni del mercado. Son responsabilidad compartida de las comunidades.
  • No hay justicia ambiental sin justicia territorial y participación comunitaria.
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Philippe: vivir bajo amenaza por defender la naturaleza

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Advertencia de contenido:
Las imágenes y videos incluidos en este artículo pueden herir sensibilidades. Se recomienda discreción al visualizar el material. Desde la edición, se ha tomado la decisión de incluir aquellas imágenes y registros que involucran directamente a Philippe Vangoidsenhoven, ya que constituyen evidencia clara de la gravedad de las situaciones de violencia que ha enfrentado en su labor como defensor ambiental. Esta exposición responde también a la necesidad de prevenir discursos que tienden a deslegitimar las denuncias, sugiriendo que se trata de malentendidos o exageraciones. La visibilización es, en este caso, un acto de denuncia y una herramienta de concientización.

Defender el ambiente en América Latina: una lucha de alto riesgo

Le han gritado sapo más veces de las que puede contar. “Cuando una va a la ley, o llama a la ley, ya de una vez es un sapo”, dice Philippe, con una mezcla de resignación y firmeza. No lo dice como quien se victimiza, sino como quien ha aprendido a cargar con esa palabra —escupida desde carros, desde esquinas, desde obras ilegales— como si fuera parte del paisaje donde vive. Hay videos donde se escucha con claridad: insultos que buscan silenciar, intimidar, desgastar.

Y sin embargo, sigue.

En América Latina, defender la naturaleza puede costar la vida. La región ha sido sistemáticamente reconocida como una de las más peligrosas del mundo para quienes alzan la voz contra la destrucción ambiental. Según Global Witness, cientos de personas defensoras han sido asesinadas, criminalizadas o forzadas al silencio por enfrentarse a intereses económicos, estructuras de poder local y corrupción institucional.

En este contexto se inscribe la historia de Philippe Remi Karel Vangoidsenhoven, residente en Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Philippe es un defensor ambiental que ha dedicado su vida a documentar y denunciar delitos ecológicos como rellenos en humedales, construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre y el uso de maquinaria pesada en áreas protegidas. Ha interpuesto más de 200 denuncias en las últimas dos décadas. Su labor, lejos de recibir apoyo estatal, lo ha colocado en el centro de una persecución violenta y sostenida.

Piedra, sangre y cámaras encendidas

En abril de 2019, mientras documentaba la destrucción del humedal de Punta Uva mediante la excavación de zanjas para drenarlo, Philippe fue víctima de un ataque brutal. Uno de los responsables del daño ambiental, al reconocerlo, lo insultó y luego le lanzó una piedra con tal fuerza que atravesó su carro, impactó el parabrisas y le golpeó la mano. La herida fue tan severa que estuvo a punto de perder parte del dedo pulgar, lo que afectó seriamente su vida cotidiana y laboral. La evidencia, incluida la piedra y fotografías de la lesión, fue entregada a las autoridades, pero la respuesta institucional ha sido débil.

Este episodio no fue aislado: marcó el inicio de una escalada de violencia que evidencia el patrón de riesgo que enfrentan las personas defensoras en zonas donde convergen desarrollo turístico, impunidad y abandono estatal.

Una motosierra como amenaza de muerte

Un año antes, en marzo de 2018, Philippe vivió una de las situaciones más aterradoras de su vida. Mientras tomaba fotografías de maquinaria realizando trabajos irregulares en Playa Negra —con la intención de denunciar un posible daño ambiental— fue interceptado por un hombre que, al percatarse de su presencia, encendió una motosierra y se le acercó agresivamente, hasta colocar la hoja a escasos 10 o 15 centímetros de su rostro. Philippe, quien se encontraba en bicicleta, dejó caer el vehículo y, ante el peligro inminente, sacó su revólver —legalmente portado— para disuadir al atacante. El agresor huyó del lugar gritando que Philippe lo estaba amenazando, mientras este se dirigía de inmediato a la Fuerza Pública para denunciar lo ocurrido.

Lo paradójico es que, aunque Philippe intentó prevenir un daño mayor y acudió a las autoridades, fue arrestado con base en versiones tergiversadas por personas enemistadas con él. A pesar de que había pruebas fotográficas y testigos, fue procesado por «amenazas agravadas», mientras que el hombre que lo atacó con una motosierra nunca enfrentó cargos. Incluso, este último habría intentado apropiarse de la bicicleta de Philippe mientras él permanecía detenido. Posteriormente, el agresor habría huido del país tras vender irregularmente un terreno en la zona.

Este caso no solo revela el riesgo físico que enfrentan quienes denuncian delitos ambientales, sino también cómo la criminalización judicial opera como una forma de castigo y silenciamiento. A más de siete años del suceso, Philippe sigue esperando juicio y la devolución de su revólver, a pesar de la evidencia y su actuación en defensa propia.

Golpes, bastonazos y su propia arma en contra

El caso más dramático ocurrió en 2012, cuando fue agredido por dos hombres tras denunciar el uso ilegal de un “backhoe”(Retroexcavadora) en Playa Negra. Mientras intentaba documentar con su cámara, fue abordado, derribado al suelo y golpeado con un bastón. En el forcejeo, los agresores le arrebataron su revólver y llegaron a apuntarle a la cabeza con su propia arma. Fue gracias a la intervención de un testigo que su vida no terminó allí.

Tras el ataque, Philippe llegó herido al hospital y a la Fuerza Pública, con moretones y puntos de sutura. El parte médico confirmó la violencia sufrida. Sin embargo, los agresores no fueron sancionados y el caso no tuvo mayores consecuencias judiciales.

Exposición a personas peligrosas

Philippe también ha sido víctima de ataques directos por parte de personas vinculadas al narcotráfico en la región. En una ocasión, mientras pasaba frente a un bar conocido por ser manejado por un individuo relacionado con el narco —presunto responsable de un homicidio nunca esclarecido—, fue agredido con una lluvia de piedras. Una de ellas atravesó la ventanilla trasera de su vehículo y quebró el parabrisas. Aquel día recibió más de ocho pedradas: tres quedaron en el carro, dos en el cajón y otra en la cabina, siendo esta última la que quebró el parabrisas. A pesar de los antecedentes del agresor, no hubo consecuencias legales.

Criminalización, xenofobia y abandono

Además de los ataques físicos, Philippe ha sido blanco de una intensa campaña de difamación. Ha sido insultado en redes sociales, acusado de “frenar el desarrollo” y señalado por ser extranjero, a pesar de residir legalmente en el país. Incluso se declaró persona non grata por la Municipalidad de Talamanca, iniciativa que fue anulada por la Sala Constitucional tras una acción presentada.

En redes sociales se le ha dicho que “se regrese a su país” y ha recibido amenazas veladas de figuras locales. A pesar de todo esto, Philippe continúa denunciando las violaciones ambientales en su entorno, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y la legitimidad para denunciar a quienes lo amenazan (Pueden ver una nota anterior al respecto).

Costos personales de la defensa ambiental

Más allá de las amenazas y agresiones, defender el medio ambiente también representa una carga económica constante. Philippe ha tenido que cubrir de su propio bolsillo los daños a su vehículo —como el reemplazo de parabrisas rotos en dos ocasiones, en represalia por sus labores de monitoreo, con un costo mínimo de 200.000 colones más instalación— además de gastos por gasolina, cámaras para su seguridad y documentación de los casos, copias de denuncias y hasta salarios para personas que atiendan su negocio mientras él realiza inspecciones. Todo esto sin contar el tiempo invertido y el esfuerzo físico, incluso con una pierna lesionada. A pesar de todo ello, continúa presentando denuncias ante las autoridades.

Todo esto ocurre mientras las amenazas no cesan y la sensación de peligro se vuelve parte de lo cotidiano, incluso ha sufrido ataques directos a su negocio (se colocan imágenes y video de un evento). El costo no es solo económico o físico: también es emocional. Frente a una violencia que no da tregua y a un Estado ausente, Philippe se vio obligado a tomar decisiones difíciles para proteger su vida.

Medidas extremas para sobrevivir

Portar un arma no era parte del plan. No era algo que Philippe hubiera imaginado como parte de su vida cotidiana cuando empezó a denunciar delitos ambientales. Pero con el paso del tiempo, la violencia fue escalando. Las amenazas, los gritos desde los carros, la vigilancia constante… todo empezó a volverse más real, más cercano.

“Yo ando casi siempre solo en el campo”, explica. “Aquí la gente o está trabajando o tiene miedo. No siempre se puede contar con compañía. Y ya las cosas se estaban calentando”.

Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: iniciar el proceso para obtener el permiso de portación de arma de fuego. No por gusto, ni por afán de confrontación, sino como una medida desesperada de autoprotección.

“Sentí que necesitaba algo para defenderme”, dice. Investigó, consiguió toda la información necesaria, y se preparó para los exámenes teóricos y prácticos. Finalmente, obtuvo el permiso.

Lo hizo, dice con claridad, por estar en esta lucha. Porque defender la naturaleza en un contexto como el de Talamanca no es solo un compromiso ético: puede ser una sentencia. Y porque las agresiones iban en aumento, y el Estado —el que debería proteger a quienes defienden el bien común— no aparecía por ninguna parte.

A la fecha, esa ausencia persiste. Mientras Philippe sigue caminando los humedales, las playas y las montañas, acompañado solo por su convicción y su arma, el Estado continúa en deuda: una deuda profunda con quienes, como él, arriesgan la vida por cuidar la vida de todos.

La impunidad cotidiana como forma de violencia

A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por Philippe y de las pruebas contundentes —fotografías, videograbaciones, objetos utilizados en agresiones— presentadas ante diversas instancias judiciales, muchas de las personas involucradas en estos actos siguen circulando impunemente por su entorno cotidiano. No es raro que pasen cerca de su negocio, que lo insulten en voz alta o que lo increpen directamente, incluso en presencia de otras personas. Estos actos, aunque a veces sutiles y otras veces abiertamente hostiles, tienen un efecto acumulativo. Refuerzan su situación de vulnerabilidad y envían un mensaje claro: aquí, quienes defienden el ambiente están solos.

Cada encuentro no es solo una amenaza, sino un recordatorio doloroso de que, en lugar de protección, lo que ha recibido es abandono institucional. La sensación de desamparo se profundiza cuando el agresor se le aproxima sin ninguna consecuencia, colocándolo una y otra vez en una posición de inferioridad frente a quienes violan la ley con respaldo tácito de la impunidad.

¿A quién defiende la justicia?

A esta violencia impune se suma una experiencia aún más desoladora: dentro de los mismos procesos judiciales, Philippe ha tenido que enfrentar la falta de compromiso de quienes deberían representarlo legalmente. En varias ocasiones, sus propios defensores públicos —a pesar de contar con registros en video y pruebas físicas de los hechos— le han sugerido que concilie con sus agresores. La razón que le dan “ustede tiene el 50 por ciento de ganar el caso”.

Este tipo de recomendaciones, lejos de ser neutras, revelan una estructura judicial que no comprende ni reconoce el carácter específico de la defensa ambiental. Para Philippe, el mensaje es devastador: si ni siquiera su representante legal cree en la justicia, ¿entonces a quién defiende el sistema judicial? ¿A quién protege, si no es a quienes arriesgan su vida para que se cumpla la ley?

Este abandono jurídico no es anecdótico: es estructural. Y representa un obstáculo más en el ya riesgoso camino de las personas que, como Philippe, defienden la vida.

¿Hasta cuándo?

La historia de Philippe refleja un patrón claro y preocupante: la defensa de la naturaleza en Costa Rica —incluso en un país con reconocimiento internacional por su legislación ambiental— es una actividad de alto riesgo cuando entra en conflicto con intereses económicos, corrupción o estructuras de poder local.

Philippe no está solo. Es parte de una comunidad invisible de personas que luchan por los ríos, los bosques, la biodiversidad y el derecho colectivo a vivir en un entorno sano. Pero está expuesto, vulnerable y enfrentando un aparato institucional que, en lugar de protegerlo, lo revictimiza.

Costa Rica no puede seguir ignorando estas señales. Es urgente establecer mecanismos efectivos de protección para las personas defensoras del ambiente, garantizar justicia para las agresiones sufridas y desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que estos hechos continúen.

Defender la naturaleza no puede ser una condena al exilio, al miedo o a la muerte.

Cuando la justicia no entiende a quién defiende la vida

Uno de los aspectos más alarmantes del caso de Philippe es cómo el sistema judicial costarricense ha tratado sus denuncias como si fueran querellas comunes entre particulares, sin considerar el contexto específico y el riesgo diferencial que enfrenta por ser defensor ambiental.

Philippe no denuncia hechos aislados: denuncia redes de ilegalidad ambiental, intereses económicos que operan al margen de la ley e incluso vínculos con actores públicos. Sin embargo, las instituciones que deberían protegerlo —Fiscalía, Fuerza Pública, Poder Judicial— han tramitado sus casos como si se tratara de conflictos personales. En varios procesos, ha terminado siendo investigado o denunciado por las mismas personas que lo agredieron, en un giro perverso donde la víctima termina criminalizada.

Este tratamiento burocrático, descontextualizado y ciego ante las amenazas estructurales es profundamente peligroso. Cuando la justicia no reconoce la relación directa entre la labor de defensa ambiental y la violencia recibida, se convierte en cómplice por omisión. Desprotege al defensor, legitima la impunidad y envía un mensaje desmovilizador al resto de la sociedad.

Las personas defensoras del ambiente requieren un enfoque diferenciado, como ya lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos. No pueden ser tratadas como cualquier ciudadano que interpone una querella: están en la primera línea de defensa de los bienes comunes y enfrentan riesgos excepcionales. Ignorar esto no solo es una falla legal; es una forma de violencia institucional.

Intimidar para silenciar: la violencia como arma de control

La violencia que enfrenta Philippe no es accidental ni aislada: forma parte de una estrategia más amplia de intimidación destinada a desactivar su labor como defensor ambiental. En contextos donde la defensa del territorio choca con intereses económicos, la intimidación se convierte en una herramienta poderosa: no busca solo castigar a quien denuncia, sino también enviar un mensaje disuasivo a toda la comunidad.

Philippe ha sido perseguido en la vía pública, insultado frente a instituciones judiciales, señalado en redes sociales y enfrentado a denuncias penales por haberse defendido de intentos de agresión. La sistematicidad de estos hechos —que combinan violencia física, acoso legal y campañas de desprestigio— demuestra que no se trata de simples conflictos personales, sino de una operación de desgaste y silenciamiento.

Esta intimidación tiene múltiples capas: intenta hacerle sentir que está solo, que su lucha no vale la pena, que el precio es demasiado alto. Busca desmoralizarlo, quebrar su voluntad y, en última instancia, desaparecerlo del territorio sin necesidad de asesinarlo físicamente. Es una forma de violencia psicológica que se mezcla con el abandono institucional y el racismo estructural contra quienes no se ajustan al modelo hegemónico de “desarrollo”.

La impunidad con que se permiten estas agresiones genera un efecto de advertencia para otras personas: “mejor no te metás, o te puede pasar lo mismo”. Esa es la función de la intimidación: sembrar miedo para cosechar silencio.

Más allá del “país verde”: los límites del ambientalismo oficial

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde, comprometido con la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, esa imagen muchas veces convive con una realidad mucho más compleja, donde quienes defienden el ambiente desde los territorios enfrentan abandono, hostigamiento y violencia sin una respuesta estatal efectiva.

El modelo de conservación costarricense ha privilegiado históricamente las áreas protegidas, los parques nacionales y los pagos por servicios ambientales. Aunque importante, este enfoque ha sido insuficiente para abordar los conflictos socioambientales en zonas rurales y costeras, donde la presión del turismo, la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la corrupción municipal desafían a diario la legalidad ambiental.

En estos espacios, la defensa del ambiente no la realizan los grandes organismos institucionales, sino personas como Philippe: ciudadanos que documentan, denuncian y arriesgan su integridad para hacer valer leyes que el propio Estado no cumple. Sin embargo, estas personas no son reconocidas como actoras legítimas ni protegidas de forma diferenciada. Lejos de eso, a menudo son tratadas como enemigas del desarrollo o como obstáculos para la “convivencia comunitaria”.

Costa Rica tiene una deuda pendiente: pasar del discurso oficial de sostenibilidad a una política real de protección para quienes cuidan los territorios desde abajo. Reconocer legal, política y públicamente a las personas defensoras del ambiente como figuras esenciales en la lucha contra el colapso ecológico no es solo una obligación ética, sino una necesidad urgente para sostener cualquier proyecto serio de conservación.

Mientras esa deuda no se salde, la etiqueta de “país verde” quedará incompleta, y casos como el de Philippe seguirán ocurriendo en silencio.

Nota importante:
En este artículo se incluyen imágenes y videos que documentan muestras de violencia física, verbal y psicológica que ha enfrentado Philippe Vangoidsenhoven en el ejercicio de su labor como defensor ambiental. Todo el material se presenta con la autorización expresa de Philippe y tiene un propósito ilustrativo y educativo. Su intención es visibilizar los riesgos que enfrentan las personas defensoras del ambiente en Costa Rica, así como la insuficiencia de la legislación actual, que las deja expuestas a situaciones de vulnerabilidad al no contar con medidas de protección adecuadas y efectivas.

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Silencio ante la infestación: el drama de los monos aulladores del Caribe costarricense

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A pesar de que el Caribe de Costa Rica es mundialmente conocido por su biodiversidad y riqueza natural, un drama silencioso se desarrolla en lo alto de sus árboles: los monos aulladores (Alouatta palliata) están siendo severamente infestados por larvas de mosca bot (Cuterebra baeri), un parásito con alta especificidad que amenaza su salud y bienestar. Sin embargo, esta situación crítica ha pasado casi desapercibida.

 

Gracias a las denuncias realizadas por Philippe en una nota anterior sobre los impactos del tendido eléctrico y la presencia de tórsalos en primates, estableció contacto con él la Asociación YISKI, lo que permitió acceder a este estudio conducido por la Asociación Awá Ciencia y Conservación, en coordinación con el SINAC. El informe reveló que todos los monos congo (Alouatta palliata) muestreados presentaban infestaciones severas, con más de seis larvas por individuo, además de cicatrices de infecciones previas. Esta cifra duplica o triplica lo reportado en estudios anteriores.

 

La investigación, realizada en los parques nacionales Cahuita y Puerto Vargas entre 2019 y 2020, identificó la especie Cuterebra baeri como la responsable. Aunque se conoce desde hace décadas, no existen estrategias concretas de monitoreo ni control sostenido por parte de las autoridades ambientales, a pesar de la posibilidad de que el fenómeno esté en aumento, agravado por el cambio en el uso del suelo y la creciente presión del turismo.

Más preocupante aún es la falta de atención mediática y política hacia esta amenaza, que compromete no solo la salud de una especie clave para los ecosistemas tropicales, sino también la integridad de los hábitats que dependen de estos dispersores de semillas.

La investigación recomienda monitoreos periódicos, estudios sobre los efectos del turismo, y precauciones ante el uso de insecticidas que podrían tener consecuencias ecológicas aún más graves. Sin embargo, hasta ahora, estas recomendaciones no han sido asumidas con la urgencia que la situación amerita.

El silencio institucional y mediático frente a este problema revela una preocupante tendencia: la salud de la fauna silvestre sigue estando relegada a un segundo plano, incluso cuando los datos muestran signos alarmantes.

¿Será necesario esperar a una crisis mayor para actuar?

Pueden descargar el informe aquí “Grado de infestación y variables ambientales favorecederos de la infestación por larvas de la mosca(s) bot en monos aulladores del Caribe de Costa Rica.”

Galería

Turismo, insecticidas y su impacto en una crisis poco visible

El estudio no solo alerta sobre la severidad de la infestación por mosca bot en monos aulladores del Caribe costarricense, sino que también llama la atención sobre factores externos que podrían estar intensificando el problema, especialmente el turismo mal manejado y el uso inadecuado de insecticidas.

El turismo como factor de estrés ambiental

La relación entre turismo y salud de la fauna silvestre es compleja. En la Reserva Lamanai en Belice*, investigaciones han vinculado altos niveles de parasitismo con zonas de fuerte actividad turística. ¿Por qué sucede esto?

  • Reducción del dosel forestal en zonas turísticas: más luz solar, mayor temperatura y alteraciones microclimáticas pueden favorecer el desarrollo de la mosca bot.
  • Efectos de borde (zonas donde el bosque se encuentra con áreas abiertas o construidas) que alteran los ecosistemas.
  • Estrés fisiológico en los animales debido a la constante presencia humana y al ruido, lo cual puede debilitar su sistema inmunológico y aumentar su vulnerabilidad a parásitos.

Aunque en Costa Rica esta relación aún no está completamente estudiada, el informe recomienda investigar con urgencia el impacto del turismo sobre los niveles de infestación en primates, especialmente en parques con alta afluencia de visitantes como Cahuita.

¿Insecticidas para controlar la mosca bot?

Si bien podría pensarse que los insecticidas son una solución directa al problema, el informe advierte que su uso indiscriminado puede tener efectos colaterales graves:

  • Riesgos para otras especies: los insecticidas pueden afectar insectos polinizadores, aves y otros animales no objetivo.
  • Contaminación del suelo y cuerpos de agua, alterando la salud de todo el ecosistema.
  • Afectación directa a los monos: algunos compuestos, como los organofosforados, pueden ser más dañinos para el animal que las propias larvas.

En su lugar, se propone un enfoque más integral: monitoreo periódico, control biológico y prevención basada en la comprensión de las variables ambientales que favorecen al parásito.

Urbanización y pérdida de bosque: una amenaza creciente para los primates

En el Caribe sur de Costa Rica, la presión sobre los ecosistemas proviene del crecimiento urbano y turístico. Este cambio en el uso del suelo —que reemplaza bosques por construcciones, caminos y espacios abiertos— podría estar jugando un papel clave en el aumento de las infestaciones por mosca bot en monos aulladores.

¿Cómo afecta la urbanización al parasitismo?

  • Reducción de la cobertura boscosa: El reemplazo de bosque por infraestructura reduce el dosel forestal, lo que altera el microclima y favorece ambientes más secos y cálidos donde la mosca bot puede reproducirse con mayor facilidad.
  • Fragmentación del hábitat: Al dividir el bosque en parches aislados por urbanizaciones, los monos quedan confinados en espacios más pequeños. Esta cercanía constante entre individuos facilita la transmisión de parásitos como las larvas de mosca bot.
  • Mayor presencia humana y estrés en la fauna: La urbanización trae consigo tráfico, ruido, contaminación lumínica y perturbaciones constantes. Estos factores pueden debilitar el sistema inmunológico de los monos, aumentando su vulnerabilidad a infecciones.
  • Suelo expuesto y pérdida de complejidad vegetal: Las larvas de la mosca bot completan parte de su ciclo en el suelo. La sustitución del sotobosque natural por jardines o superficies compactadas puede alterar el ciclo del parásito de formas aún poco estudiadas, pero potencialmente peligrosas.

Conceptos Científicos Relevantes del Estudio sobre Mosca Bot y Monos Aulladores

Concepto

Explicación

Importancia en el estudio

Mosca bot (Cuterebra baeri)

Insecto parásito que deposita sus huevos en el ambiente; sus larvas ingresan al cuerpo del hospedero, donde se desarrollan bajo la piel.

Es la principal especie identificada en la infestación de los monos aulladores del Caribe. Tiene alta especificidad parasitaria con esta especie.

Parasitismo específico

Relación en la que el parásito afecta principalmente a una sola especie hospedera.

Cuterebra baeri parasita casi exclusivamente a los monos aulladores, lo que hace a esta especie particularmente vulnerable.

Ciclo de vida del parásito

Abarca desde la deposición del huevo hasta su madurez: los huevos eclosionan por estímulos como el calor y el CO₂ del animal, y las larvas se desarrollan por etapas en el cuello del mono.

Conocer el ciclo ayuda a planificar momentos críticos para el monitoreo o control de infestaciones.

Grado de infestación

Número de larvas presentes en un solo individuo.

En este estudio se reportaron hasta 6 o más larvas por mono, indicando infestaciones severas.

Vectores oportunistas

Otros organismos (bacterias, hongos o insectos) que aprovechan las heridas abiertas por las larvas para infectar al hospedero.

Las heridas causadas por las larvas pueden facilitar infecciones adicionales, agravando el estado de salud de los monos.

Impacto fisiológico

Efectos en el cuerpo, como pérdida de grasa subcutánea, debilitamiento y estrés.

La infestación reduce las reservas energéticas de los monos, afectando su salud general y su supervivencia.

Variables ambientales (uso del suelo, turismo)

Factores como deforestación, agricultura o alta presencia de turistas que alteran el hábitat natural.

Zonas agrícolas y turísticas parecen favorecer la presencia de moscas bot, por lo que se recomienda investigar su relación con el aumento de infestaciones.

Créditos de la investigación: Esta investigación fue posible por la denuncia y fotografías de Marta Castro, el apoyo de la Asociación YISKI, la labor científica de Andrea Chaves y Ricardo Jiménez (Asociación Awá Ciencia y Conservación), SINAC, así como a CVVS-UNED y la ADI del T.I. Kéköldi.

*Síntesis de los hallazgos

Estos estudios, realizados en la Reserva Arqueológica de Lamanai en Belice, evidencian que:

  • El turismo intensivo se asocia con mayores niveles de parasitismo por mosca bot (Alouattamyia baeri) en monos aulladores negros (Alouatta pigra).

  • Los monos expuestos a turistas mostraron mayor estrés fisiológico y cambios de comportamiento, como evasión y alteración en el uso del hábitat, lo que puede debilitar su sistema inmune y hacerlos más susceptibles a parásitos.

  • Se enfatiza la necesidad de gestionar cuidadosamente el ecoturismo, ya que incluso visitantes bien intencionados pueden generar impactos negativos si no se controlan los niveles de exposición.

Referencias

  • Treves, A., & Carlson, A. E. (2012). Botfly parasitism and tourism on the endangered black howler monkey of Belize. Journal of Medical Primatology, 41(4), 206–209. https://doi.org/10.1111/jmp.12001

  • Grossberg, R., Treves, A., & Naughton-Treves, L. (2003). The incidental ecotourist: Measuring visitor impacts on endangered howler monkeys at a Belizean archaeological site. Environmental Conservation, 30(1), 40–51. https://doi.org/10.1017/S0376892903000045

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De paraíso natural a botín inmobiliario: crónica de una tala anunciada

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Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional de país verde, defensor de la biodiversidad y ejemplo de sostenibilidad. Se nos reconoce por haber eliminado el ejército para invertir en educación y ambiente, por nuestros parques nacionales y por ser hogar de un 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, este relato se cae a pedazos cuando se confronta con la realidad que se vive en muchas regiones del país, especialmente en la costa Caribe Sur, donde la tala de árboles, la expansión inmobiliaria y la permisividad institucional amenazan con destruir lo que aún queda de bosque.

En esta zona, que forma parte del Corredor Biológico Talamanca-Caribe y que ha sido históricamente un refugio de vida silvestre y cultura viva, los proyectos urbanísticos avanzan a paso firme. La desregulación ambiental no es un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el desarrollo turístico e inmobiliario sobre la protección de los ecosistemas. La Ley Forestal y la institucionalidad ambiental están siendo debilitados, reinterpretados o ignorados sistemáticamente, por no decir complíce. Es más fácil conseguir un permiso para talar que para reforestar. Y eso lo saben bien quienes viven día a día la destrucción del territorio.

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en la región, lo vive con rabia e impotencia. Denuncia cómo en las cercanías de Playa Negra se otorgan permisos para talar árboles centenarios, o en Puerto Viejo, bajo pretextos como el «riesgo para la propiedad», sin criterios técnicos sólidos ni procesos transparentes. «Una vecina pidió permiso para talar dos árboles que estaban inclinados hacia su casa —relata—. Acudió a los juzgados, vino alguien a revisar, y con esos datos el juez autorizó la tala. Pero lo que ocurre es que, además de esos dos, el juez aprobó talar seis más, supuestamente también por representar un peligro. En total, ocho árboles. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones así? La señora ahora está avergonzada, porque me llamó inicialmente preocupada, están talando a toda máquina», cuenta, mientras describe cómo ha acudido a la Fiscalía Ambiental, al MINAE, a reuniones comunitarias, y aún así la tala continúa. Las fotos que toma documentan un crimen ambiental que parece no tener culpables. «Yo no soy policía ni fiscal», dice con frustración, mientras constata que la impunidad es parte del sistema.

La normativa ambiental en Costa Rica, hoy está atravesada por vacíos legales, falta de fiscalización y corrupción. Los permisos para construcción en zonas boscosas, cerca de quebradas o en terrenos de alto valor ecológico se otorgan sin estudios técnicos rigurosos, sin consulta comunitaria y sin considerar el impacto acumulativo. Esto se ve agravado por una municipalidad que responde más rápido a los intereses de empresas constructoras que a los llamados de atención de las comunidades.

De bosque a concreto: el costo silencioso del progreso

Las imágenes comparativas de los años 2005 y 2023 muestran una transformación significativa del paisaje, caracterizada por una notable disminución de la cobertura boscosa. En la imagen de 2005 se observa un entorno predominantemente cubierto por vegetación, mientras que en la de 2023 se evidencia una expansión de áreas urbanizadas a expensas del bosque. Esta deforestación tiene implicaciones críticas, tanto ecológicas como sociales: se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos hidrológicos y se incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Además, el avance urbano sin una planificación sostenible puede afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al cambio climático. Este tipo de transformación resalta la urgencia de implementar políticas de ordenamiento territorial que prioricen la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Fotos de la tala "legal" señalada en las fotos en 2025
La tala avanza, la vida retrocede

La impunidad se normaliza en discursos oficiales que hablan de «desarrollo sostenible», mientras se permite rellenar humedales, destruir corredores biológicos y talar árboles centenarios para construir hoteles boutique, casas de lujo y piscinas. El modelo de «progreso» que se impulsa desde el gobierno responde a intereses económicos a corto plazo, y deja por fuera los derechos de las personas, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Lo que se pierde con cada árbol no es solo sombra o paisaje: se pierde hábitat, se pierden servicios ecosistémicos, se pierde la posibilidad de un futuro sostenible.

En muchos casos, la tala no ocurre en zonas alejadas o invisibles, sino frente a nuestras narices, a la orilla de las carreteras o en pleno centro de las comunidades. Philippe lo resume con dureza: «Solo vemos lo que se alcanza desde la calle. No queremos imaginar los desastres que ocurren más adentro, donde la propiedad privada impide monitorear lo que pasa en el bosque». Esta destrucción silenciosa es aún más peligrosa, porque pasa sin testigos, sin protesta, sin documentación. La desprotección es generalizada, pero especialmente grave en territorios donde las comunidades han sido históricamente marginadas.

Urge una respuesta política y ciudadana clara. No podemos seguir tolerando que la institucionalidad ambiental esté al servicio del mercado. No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de protección del bosque bajo el pretexto de “progreso”. La biodiversidad que aún tenemos no es un recurso más: es la base de la vida. Y defenderla no es solo un acto ecológico, es un acto ético y político. Cada árbol talado sin justificación es una muestra más de que Costa Rica ha dejado de priorizar la vida.

Es hora de mirar más allá del eslogan. Costa Rica ya no es el ejemplo que fue. Y si no hacemos algo —desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía crítica— pronto solo quedará el recuerdo de un país que alguna vez se creyó verde.

Más allá de la tala legal: lo que está en juego en el Caribe Sur

Reducir la discusión sobre la deforestación al tema de la tala legal o ilegal resulta insuficiente cuando se trata de un territorio tan delicado como el Caribe Sur costarricense. En esta región, caracterizada por su biodiversidad única y su riqueza cultural, cada hectárea de bosque perdido implica mucho más que un cambio de uso de suelo: representa una fractura en los ecosistemas que sostienen la vida.

El Caribe Sur no es un espacio cualquiera. Sus sistemas naturales —bosques costeros, humedales, cuencas hidrográficas, corredores biológicos— operan en interdependencia con comunidades que por generaciones han vivido en estrecha relación con la tierra. Cuando el bosque desaparece, no solo se pierde hábitat, se debilitan las funciones ecológicas que amortiguan el cambio climático, regulan el agua, y permiten la reproducción de especies vitales para la seguridad alimentaria y cultural de la población local.

Por ello, impulsar actividades extractivas, aunque legales, sin un enfoque ecosistémico y de justicia territorial, equivale a ignorar la fragilidad de un entorno ya presionado por el turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y las brechas históricas en la gobernanza ambiental. Proteger el Caribe Sur no es solo conservar árboles; es garantizar la continuidad de un tejido social y ecológico que no admite sustituciones.