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Parmenio Medina y una pregunta que sigue vigente: ¿para quién sirve la comunicación pública?

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A 25 años de la última entrevista de Parmenio Medina: una pregunta que la democracia aún no responde

Hace veinticinco años, pocos días antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina concedió la que sería su última entrevista televisiva. Más que una conversación sobre su situación personal, fue una profunda reflexión sobre el papel de la comunicación en una sociedad democrática.

En un momento en que enfrentaba la censura de su programa radial y denunciaba presiones por sus investigaciones periodísticas, Parmenio defendió una idea que hoy conserva toda su vigencia: el periodismo no existe para repetir lo que dice el poder, sino para investigar, contrastar y poner al servicio de la ciudadanía información que permita comprender la realidad.

Aquella entrevista no solo dejó el testimonio de un periodista comprometido con la verdad. También planteó una pregunta que continúa interpelando a Costa Rica: ¿para quién sirve la comunicación pública?

Veinticinco años después, el contexto tecnológico ha cambiado profundamente. La radio y la televisión ya no son los únicos espacios donde se disputa la opinión pública. Las redes sociales, las plataformas digitales y las estrategias de comunicación institucional ocupan hoy un lugar central en la construcción del debate público. Sin embargo, el desafío democrático sigue siendo el mismo: garantizar que la comunicación fortalezca el derecho de la ciudadanía a estar informada y no se convierta en una herramienta para administrar la percepción del poder.

Esta reflexión cobra especial relevancia en momentos en que el país discute el fortalecimiento presupuestario de la comunicación gubernamental y las prioridades del gasto público. Más allá de la coyuntura, la pregunta que planteaba Parmenio continúa abierta: ¿la comunicación financiada con recursos públicos está orientada a ampliar el derecho ciudadano a la información o a consolidar el relato de quienes gobiernan?

Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente honrar la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una discusión imprescindible para la democracia costarricense: la comunicación no es un fin en sí mismo. Es un bien público que debe contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo y la deliberación democrática.

A un cuarto de siglo de aquella última entrevista, el mejor homenaje a Parmenio quizá no sea mirar únicamente hacia el pasado, sino volver a formular las preguntas que él consideraba esenciales. Porque la calidad de una democracia también se mide por la calidad de la información con la que sus ciudadanos comprenden el presente y deciden su futuro.

Un debate que sigue abierto

El contexto ha cambiado profundamente desde 2001. Hoy la comunicación gubernamental no depende únicamente de conferencias de prensa o espacios en radio y televisión; también se despliega en redes sociales, plataformas digitales y sofisticadas estrategias audiovisuales. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece intacta. La reciente decisión de aumentar el presupuesto destinado a la comunicación de Casa Presidencial ofrece una oportunidad para volver a discutir qué espera una democracia de la comunicación pública y cuáles son los límites entre informar a la ciudadanía y construir una narrativa política.

La reciente aprobación de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial reabre una discusión que trasciende cualquier gobierno: ¿cuál debe ser el papel de la comunicación pública en una democracia? Veinticinco años después de su asesinato, el legado de Parmenio Medina ofrece claves para pensar esa pregunta.

Hace veinticinco años, en la última entrevista que concedió antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina dejó una reflexión que conserva una enorme vigencia. Para él, el debate sobre la comunicación nunca fue únicamente un asunto de libertad de expresión. Era, sobre todo, una discusión sobre democracia.

Durante aquella conversación defendió una idea sencilla pero profundamente exigente: el periodismo no puede limitarse a reproducir versiones oficiales. Su responsabilidad consiste en investigar, contrastar, profundizar y cuestionar el poder, porque una ciudadanía solo puede tomar decisiones libres cuando dispone de información rigurosa, plural e independiente.

En ese mismo diálogo se planteó otra reflexión que hoy merece volver al centro del debate. Se recordó que las frecuencias de radio y televisión son bienes públicos y que, precisamente por ello, la comunicación conlleva responsabilidades éticas que trascienden los intereses comerciales y políticos. Los medios no solo transmiten información: contribuyen a construir la manera en que una sociedad comprende la verdad, identifica los problemas públicos y delibera sobre su futuro.

Una discusión que vuelve al presente

La reciente aprobación, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial ha abierto un debate sobre las prioridades del gasto público en un contexto donde el propio Gobierno ha insistido en la necesidad de la austeridad y ha planteado la posibilidad de un ajuste fiscal.

Más allá de las posiciones políticas sobre esa decisión, el episodio invita a formular una pregunta más profunda: ¿qué modelo de comunicación pública queremos fortalecer?

Toda democracia necesita que el Estado comunique. Informar sobre políticas públicas, explicar decisiones, facilitar el acceso a los servicios y rendir cuentas forma parte de sus obligaciones. La comunicación institucional es una función legítima y necesaria. Sin embargo, la legitimidad de esa comunicación no depende únicamente de los recursos que recibe, sino del propósito que persigue.

Informar no es lo mismo que construir una narrativa

Existe una diferencia fundamental entre comunicar para garantizar el derecho ciudadano a la información y comunicar para fortalecer la posición política de quienes gobiernan. La comunicación orientada al interés público busca ampliar la capacidad de la ciudadanía para comprender la realidad. Explica decisiones, ofrece datos verificables, transparenta procesos, reconoce errores cuando existen y facilita que las personas construyan su propio criterio.

La comunicación orientada principalmente al ejercicio del poder persigue un objetivo distinto: administrar la percepción pública. Prioriza determinados temas, enfatiza los logros, reduce la visibilidad de los conflictos y procura consolidar un relato favorable para quienes ejercen el gobierno.

La diferencia puede parecer sutil, pero tiene profundas implicaciones democráticas.

Cuando la comunicación pública deja de fortalecer el derecho ciudadano a la información y comienza a privilegiar la gestión de la imagen política, la deliberación democrática se empobrece. La ciudadanía recibe más mensajes, pero no necesariamente dispone de mejores herramientas para comprender la realidad, evaluar las políticas públicas o exigir rendición de cuentas.

El legado de Parmenio

En la apertura de aquella última entrevista, Parmenio advertía que los medios de comunicación tenían la capacidad de influir en la manera en que las personas distinguen entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira. Esa afirmación resulta aún más pertinente en una época donde la comunicación gubernamental se despliega no solo en radio y televisión, sino también en redes sociales, plataformas digitales y estrategias permanentes de producción audiovisual.

Su legado no consiste únicamente en haber denunciado hechos de corrupción o en haber defendido la libertad de prensa. También radica en haber comprendido que la calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad de la información que reciben sus ciudadanos.

Por eso, cuando un Estado decide fortalecer su aparato de comunicación, la discusión no debería limitarse al monto de los recursos asignados.

Las preguntas verdaderamente relevantes son otras:

  • -¿La inversión fortalecerá el derecho de la ciudadanía a recibir información útil, verificable y oportuna?
  • -¿Contribuirá a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas?
  • -¿Facilitará el acceso a información pública o incrementará la capacidad del gobierno para posicionar su propio relato?
  • -¿Qué mecanismos existen para garantizar que la comunicación financiada con recursos públicos sirva al conjunto de la ciudadanía y no únicamente a quienes ejercen el poder?
Una pregunta para toda democracia

Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente mantener viva la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una pregunta que sigue interpelando a cualquier sociedad democrática.

¿Está la comunicación pública al servicio del interés de la ciudadanía o de la consolidación del poder político?

La respuesta no depende de un gobierno en particular. Depende de la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia, de la independencia del periodismo para fiscalizar al poder y del compromiso ciudadano con el derecho a una información plural, crítica y verificable.

Porque una democracia sólida no se construye solamente con elecciones libres. También necesita una comunicación pública que informe antes que persuada, que rinda cuentas antes que promocione y que fortalezca la deliberación democrática antes que la propaganda.

Referencias:

Canal Trece Nuestro Canal – YouTube. (2001). La última entrevista de Parmenio Medina en TV (Canal 13)

CRHoy. (2026). Oficialismo avala aumento de ¢70 millones para prensa de Casa Presidencial.

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La democracia sitiada por su propio discurso- Última intervención Rodrigo Chaves 2026

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El discurso de Rodrigo Chaves es un documento hecho para movilizar, no para convocar. Su potencia no está en abrir espacios, sino en cerrarlos: en nombrar enemigos, celebrar batallas y erigirse como la voz de un “pueblo despierto” frente a una “casta” que todo lo bloquea. Pero si lo que nos interesa es cómo se construye —o se deshilacha— el tejido social, el balance es mucho más sombrío.

Un «nosotros» que excluye

Chaves construye un relato binario: patriotas contra privilegiados, Ejecutivo contra instituciones que frenan, pueblo contra medios mentirosos. No hay lugar para el disenso legítimo, para la incomodidad fértil, para ese otro que piensa distinto pero habita el mismo barrio, la misma cuenca, la misma acera.

Habla de “la vieja casta que había capturado nuestra patria” y asegura que “ellos trataron de frenar al gobierno”. Señala también a “aquellos medios de comunicación que, con información falsa o tergiversada, servían a sus intereses”. En ningún momento reconoce que dentro de ese “ellos” hay personas con visiones legítimas, electas democráticamente o con funciones constitucionales. Todo el que se opone queda, por definición, del lado del problema.

El tejido social no se construye declarando enemigos. Se teje reconociendo al adversario como parte de una trama compartida, conflictiva pero común. Aquí no hay trama: hay trincheras. Y cuando Chaves afirma que “peleé porque no tenía alternativa”, está diciendo —aunque no lo nombre— que la deliberación, los acuerdos parciales y las conversaciones incómodas son prescindibles. Lo que se erosiona entonces no es solo el diálogo: es la confianza, ese pegamento invisible y frágil que sostiene cualquier comunidad.

Las instituciones: ¿lastre o andamio?

El presidente arremete contra la Asamblea Legislativa anterior, la Contraloría y el Poder Judicial. Las acusa de frenar, de proteger privilegios, de resistirse al cambio. “Intentamos cambiarlo, pero encontramos muchas murallas en la institucionalidad”, afirma. Más adelante insiste: “las instituciones peor valoradas son, precisamente, las que más se resisten a cambiar”.

Puede haber razón en algunos de esos reclamos. Pero el problema no es la crítica: es el encuadre total. Cuando se lee el discurso completo, la impresión que queda es que todo aquello que no se alinea con el Ejecutivo deviene obstáculo ilegítimo.

Esa visión es peligrosa para la vida colectiva. Una sociedad no se sostiene solo con eficiencia ni con crecimiento. Se sostiene con frenos y contrapesos, con instituciones que incomodan precisamente porque están diseñadas para hacerlo. No son fines en sí mismas —y en eso el señalamiento al privilegio enquistado es pertinente—, pero tampoco son simples murallas. Son andamios. Y cuando se deslegitima el andamiaje entero, el tejido social no queda liberado: queda sin sostén.

El héroe solitario y el pueblo que respalda

A lo largo del discurso, el protagonista es casi siempre el presidente. “Me presento… con la frente en alta”, “peleé fuerte”, “luché arriesgando mi libertad”, “confronté enérgicamente”. La primera persona del singular no es un recurso: es la estructura narrativa.

El pueblo aparece, sí, pero como respaldo. Como fuerza que legitima, como voz que se expresó en las urnas. Chaves celebra que “este noble pueblo despertó” y agradece a “ese millón doscientas mil personas que le dijeron sí a la continuidad”. Sin embargo, el pueblo no aparece como sujeto activo de la vida cotidiana.

No hay mención a organizaciones vecinales, cooperativas, asambleas territoriales, redes de cuido, comedores comunales, ni a los acueductos rurales gestionados por las propias comunidades. Nada de eso entra en el relato.

Y sin embargo, es ahí donde se sostiene la vida. Una familia que come tranquila, un niño que vuelve de la escuela con esperanza, una cocina encendida al caer la noche —esa imagen con la que cierra el discurso— no depende solo de un gobierno fuerte ni de indicadores macroeconómicos. Depende de vínculos, de organización, de confianza acumulada, de bienes comunes cuidados colectivamente. De todo eso, el discurso guarda silencio.

La oposición: ¿sabotaje o función democrática?

Chaves es contundente: “Vivimos cuatro años de una oposición aberrante”. Acusa bloqueo, judicialización y mezquindad. “Oponerse por oponerse no es ideología. Es mezquindad”, afirma. Y traza una línea clara: “la oposición tiene derecho a criticar, pero no a sabotear al país”.

El problema es que esa línea no es objetiva: la define quien habla desde el poder. ¿Dónde termina la fiscalización y empieza el sabotaje? ¿Quién decide cuándo una oposición es legítima y cuándo es destructiva?

Es cierto: hay oposiciones que paralizan sin proponer. Pero también lo es que una democracia sin oposición incómoda es una democracia debilitada. El discurso no abre la posibilidad de una oposición que dialogue; más bien sugiere que el límite aceptable es no interferir con lo que el Ejecutivo considera urgente.

Cuando el disenso se aproxima discursivamente al sabotaje, lo que se pone en riesgo no es una élite abstracta: es la posibilidad misma de construir acuerdos donde quepan también quienes no ganaron.

La luz de la cocina y lo que no se ve

La metáfora final es poderosa: una casa humilde, al caer la noche, con una luz encendida en la cocina, una familia compartiendo la cena. Es una imagen que convoca afecto, estabilidad, sentido.

Pero esa luz no se sostiene sola. Depende de condiciones concretas: aceras transitables, agua potable, acceso a salud, transporte digno, espacios públicos, redes de apoyo. Depende, en otras palabras, de un tejido social vivo.

El presidente afirma que “este gobierno encendió una chispa” y que “fue el pueblo quien la convirtió en llama”. Sin embargo, el discurso no muestra cómo esa llama se traduce en el fortalecimiento de lo común: agua, territorio, energía, educación comunitaria, salud de proximidad.

Se mencionan proyectos: Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, Crucitas, reformas laborales. Infraestructura, inversión, crecimiento. Pero no aparece el fortalecimiento comunitario, ni la participación, ni la gestión colectiva de los bienes que sostienen la vida.

La pregunta que queda

Al final, el discurso deja una pregunta incómoda: ¿Costa Rica cambió para que sus habitantes confíen más entre sí, se organicen mejor y decidan juntos lo que es común? ¿O cambió para consolidar un gobierno fuerte respaldado por un pueblo alineado?

Chaves afirma que “el respeto no se impone. Se gana con resultados” y señala el respaldo electoral como prueba. Pero el apoyo en las urnas y la confianza cotidiana no son equivalentes. Se puede respaldar un gobierno y, al mismo tiempo, sentir que los lazos sociales se debilitan, que el barrio se fragmenta, que el diálogo se vuelve más difícil.

La respuesta no está en el discurso. Pero esa ausencia también habla.

Porque gobernar no es solo enfrentar privilegios ni estabilizar la economía. Es, también —y quizá sobre todo— recomponer la confianza, habilitar la palabra del otro, sostener las redes invisibles que impiden que una vida quede sola cuando todo lo demás falla.

De eso no habla este discurso. Y en una democracia que aspira a estar viva, ese silencio pesa.

¿Qué política se está configurando?

Más allá de nombres propios, lo que este discurso deja ver es una forma de hacer política que desplaza el conflicto desde el terreno de lo discutible hacia el de lo moralmente incuestionable. No se trata solo de diferencias de criterio o de proyecto país: se trata de una narrativa donde quien está de un lado encarna al pueblo y quien está del otro queda asociado al bloqueo, al privilegio o a la distorsión.

Este tipo de política no busca tramitar el desacuerdo, sino ordenarlo. No convoca a la complejidad, sino que la simplifica en una disputa entre quienes “permiten avanzar” y quienes “estorban”. En ese marco, el disenso deja de ser un recurso democrático y pasa a ser un problema a gestionar o a neutralizar.

Hay, además, un desplazamiento importante: la política deja de centrarse en la construcción colectiva de lo común y se reorganiza en torno a la figura de conducción fuerte, capaz de enfrentar obstáculos, asumir costos y avanzar pese a resistencias. El resultado es una relación vertical donde el pueblo respalda, pero no necesariamente co-construye.

Desde estas líneas discursivas, la continuidad no aparece como una profundización del debate democrático, sino como la extensión de un estilo. Una política que se legitima en la confrontación, que mide su eficacia en términos de avance frente a enemigos identificados, y que corre el riesgo de debilitar los espacios intermedios donde se teje lo colectivo.

Si esa continuidad se expresa en una figura como Laura Fernández Delgado, la pregunta no es únicamente programática. Es, sobre todo, política en el sentido más profundo: ¿se abrirá espacio para recomponer vínculos, reconocer la pluralidad y fortalecer lo común? ¿O se consolidará una lógica donde gobernar es, ante todo, imponerse sobre aquello que incomoda?

Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna. Es cómo se gobierna.

Y, sobre todo, con quiénes se construye país.

Crédito de imágenes: El Observador / El Financiero

Pueden descargar el discurso completo aquí.
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Organizaciones sociales marchan en San José por el derecho al agua y en defensa de la CCSS

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El miércoles 24 de abril miles de personas marcharon en San José, principalmente por el derecho al agua y la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la misma en términos generales puso en cuestionamiento la línea neoliberal y recortista de este gobierno.

Una de las manifestantes de las comunidades que salieron a marchar por el acceso al agua (Alajuelita, Hatillo, Moravia, Guadalupe, Tibás) indicó lo siguiente “… todos los pueblos debemos de unirnos y el pueblo de Alajuelita se tiene que unir para poder recibir agua potable como tiene que ser, sin sentirnos que nos están marginando”.

Representantes de enfermería se manifestaron por “atrasos salariales, pagos de dos, tres, cuatro meses, inclusive; además de eso tenemos un terrible problema de subcontratación (…) estamos exigiendo condiciones laborales dignas”.

Por su parte, personal de la Universidad (AFITEC) “es importante que las universidades se sumen ya que estamos luchando por una mejor educación pública (…) la gente de Cartago necesita un hospital ya, exigimos que el gobierno construya ya un hospital para Cartago”. Mientras del movimiento estudiantil (FEUNA) se expresó “hoy 24 de abril se cumplen 54 años desde la vez que el movimiento estudiantil frena un proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, debe ser obligatorio que las personas estudiantes de universidades públicas salgamos a las calles a defender ese legado de lucha frente a un gobierno neoliberal y recortista”.

En cuanto al sector campesino (Comisión Sureña) “por el derecho al agua, no es posible que el gobierno quiera construir un aeropuerto en Osa cuando las comunidades no tienen agua, no es posible que el campesino no pueda tener tierra porque el INDER no sea Capaz de atender nuestras necesidades” y quienes marcharon de los pueblos indígenas, “nuestras demandas son tierra, dignidad, cultura propia, autonomía y apoyamos las luchas de los compañeros de la Caja, del sector salud, los compañeros del agua”.

La importancia de esta marcha radica en la unión de distintos sectores y la expresión de querer luchar por proteger un bien común, como lo es el agua frente a la crisis que atraviesa el país, además de defender el derecho a la salud frente a las distintas problemáticas que existen en la Caja, eso junto a las muestras de apoyar otras luchas, más allá de las propias.

Reportaje realizado por Sthefanny Jara Asistente Observatorio BC

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La nariz no engaña: Elecciones Municipales en Río Cuarto ¿Qué balance hacemos?

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Conversamos con Carlos Rodríguez, Elena Trigueros y Héctor Dávila para conocer su balance en torno a las elecciones municipales en Río Cuarto, ¿En qué contexto se encuentra Río Cuarto? ¿Qué desafíos representa la continuidad del alcalde relecto? ¿Qué pasa con la dimensión ambiental? Son parte de las reflexiones con las que dialogamos en esta ocasión.

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Participación Ambiental en Costa Rica – Dr. Fernando Cruz Pdte.Corte Suprema de Justicia Costa Rica

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Nos acompaña en esta ocasión el Dr. Fernando Cruz Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica con quien conversamos sobre la situación de la Participación Ambiental en Costa Rica. Desde la Declaración de Río de 1992 la Participación Ambiental ha atravesado períodos de apoyo y otros de retrocesos ¿Cuál es la condición actual en Costa Rica? ¿Cuáles desafíos podemos identificar? y ¿Cómo afecta esto la democratización de nuestras sociedades? Estas son algunas de las cuestiones que abordamos en esta entrevista.

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Memorias Colectivas como Bienes Comunes: Memorias Colectivas en Argentina – Entrevista con Alba Pereyra Lanzillotto

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En esta ocasión compartirnos con Alba Pereyra Lanzillotto sobre las Memorias Colecivas, y en especial la lucha por la Memoria en Argentina, abordamos con ella sobre ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Qué territorios se disputan para su revindicación? ¿Qué prácticas están relacionadas para su cuidado?

Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.