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¿El fin de los derechos? Una lectura desde el informe global de Amnistía 2025

En abril de 2025, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. El diagnóstico es alarmante: el planeta atraviesa una encrucijada histórica, en la que fuerzas autoritarias, conflictos armados, regresiones democráticas, injusticias sistémicas y la violencia institucional convergen para erosionar décadas de avances.

El Análisis Global del informe señala cómo el sistema internacional basado en derechos se encuentra al borde del colapso. El Consejo de Seguridad de la ONU, paralizado por vetos geopolíticos, ha sido incapaz de frenar genocidios y crímenes de guerra. Gobiernos poderosos no solo ignoran sus obligaciones, sino que activamente socavan los principios del derecho internacional humanitario. La impunidad ha dejado de ser una excepción: es la norma.

Este colapso institucional no ocurre en el vacío: es también la expresión de una lógica más profunda de apropiación y despojo de los bienes comunes. Allí donde fallan los mecanismos de justicia y rendición de cuentas, avanzan los intereses que privatizan el agua, contaminan los ríos, destruyen bosques, controlan datos, militarizan territorios y cercan el conocimiento. La crisis de derechos humanos que denuncia Amnistía es inseparable de una crisis de sentido: la desconexión entre los marcos jurídicos y la defensa concreta de lo que hace posible la vida colectiva. Así, el informe nos invita —más allá del horror— a preguntarnos qué estamos dispuestos a defender como humanidad: no solo derechos individuales, sino los bienes que compartimos y que sostienen toda forma de dignidad.

Pueden descargar el informe aquí. Más información en el sitio web: https://www.amnesty.org/

 

El auge del autoritarismo se traduce en:
  • Represión generalizada de la disidencia y criminalización de defensores de derechos humanos, movimientos feministas, ambientalistas y voces críticas.

  • Restricciones severas a la libertad de expresión, asociación y protesta pacífica en al menos 21 países.

  • Incremento de leyes que buscan silenciar, etiquetar de “extremistas” o “terroristas” a movimientos sociales y medios de comunicación.

Mientras tanto, la transferencia irresponsable de armas continúa alimentando conflictos atroces en lugares como Sudán, Gaza, Ucrania y Myanmar. Todo ello ocurre con la complicidad de Estados que priorizan beneficios geopolíticos y económicos sobre la vida y la dignidad humana.

Frente a este panorama sombrío, la sociedad civil sigue siendo la primera línea de defensa. Son las comunidades organizadas, las víctimas que se convierten en líderes, y los movimientos globales quienes mantienen viva la llama de los derechos humanos. La pregunta urgente que deja este informe es: ¿qué estamos dispuestos a hacer para defender esa llama?

Crisis climática y desigualdad: derechos en llamas, justicia en suspenso

La sección climática del informe de Amnistía Internacional es una denuncia directa contra la inacción estatal, la codicia empresarial y la desigualdad histórica. No se trata solo de un problema ambiental: es una crisis multidimensional que agrava la pobreza, el desplazamiento, el hambre y las violencias estructurales.

El informe alerta de que el mundo avanza peligrosamente hacia un calentamiento de 3 °C si no se toman medidas inmediatas. En 2024, se confirmó que la temperatura global media ya había superado los 1.5 °C en comparación con la era preindustrial, y los impactos se hicieron sentir con fuerza:

  • Millones de personas desplazadas por eventos climáticos extremos, en especial en Asia y África.

  • Sequías prolongadas y hambrunas en regiones como Gaza, Sudán y Haití.

  • Incendios sin precedentes en Sudamérica, devastando bosques primarios.

  • Catástrofes múltiples en regiones vulnerables, con infraestructura débil y acceso precario a servicios básicos.

Pero el informe no se limita a los efectos. Amnistía denuncia que muchos Estados siguen subsidiando la industria de los combustibles fósiles, mientras postergan una transición energética justa. Las llamadas “soluciones verdes” como la captura de carbono o la explotación de “minerales críticos” se implementan sin evaluaciones de derechos humanos, provocando nuevos conflictos, especialmente en territorios indígenas.

Los países más responsables históricamente del calentamiento global siguen sin aportar fondos adecuados para adaptación climática, recurriendo a préstamos que endeudan aún más a los países del Sur Global. En 2024, el pago de la deuda en países de bajos ingresos superó los presupuestos de salud y educación.

A pesar del panorama desolador, el informe destaca acciones clave de resistencia:

  • Litigios climáticos exitosos en Europa, donde tribunales han declarado la responsabilidad de Estados por no reducir emisiones.

  • Movilización global por justicia climática, liderada por jóvenes, comunidades indígenas y activistas del Sur.

  • Procesos multilaterales, como la opinión consultiva en curso de la Corte Internacional de Justicia, impulsada por estudiantes de Vanuatu, que podrían establecer precedentes históricos.

La justicia climática no es una demanda ambientalista: es una cuestión de derechos humanos. Y el tiempo para actuar —con coraje, redistribución y escucha a las comunidades en resistencia— es ahora.

Centroamérica: fragmentos de crisis, territorios de resistencia

Aunque el informe 2025 de Amnistía Internacional no incluye una sección específica para Centroamérica, el Análisis Global proporciona elementos suficientes para una lectura situada y urgente de lo que ocurre en la región. Centroamérica encarna muchas de las tendencias que el informe denuncia a escala mundial: autoritarismo creciente, impunidad estructural, crisis migratoria, extractivismo sin control y retrocesos en derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas, juventudes y comunidades rurales.

Autoritarismo, persecución y cierre del espacio cívico

La región ha sido escenario de un desmantelamiento sistemático de la institucionalidad democrática y del espacio de participación social. En Nicaragua, el régimen ha perseguido, encarcelado o forzado al exilio a activistas, periodistas, religiosos y defensoras de derechos humanos, mientras cancela la personalidad jurídica de centenares de organizaciones. En El Salvador, el uso del régimen de excepción ha resultado en detenciones masivas y denuncias de tortura, en un contexto de militarización creciente. En Guatemala, las recientes elecciones mostraron tanto la esperanza popular de cambio como la reacción violenta de redes corruptas enquistadas en el aparato judicial.

Migración forzada y criminalización de personas en tránsito

El informe denuncia cómo la migración irregular ha sido utilizada como pretexto para políticas cada vez más punitivas. Centroamérica no es solo región de tránsito, sino también epicentro de desplazamientos forzados causados por violencia, pobreza estructural y crisis climática. Gobiernos como los de Estados Unidos y México aplican medidas que violan sistemáticamente el derecho de asilo y exponen a las personas migrantes a redes de trata, extorsión y violencia sexual. En Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas retornadas enfrentan estigmatización, exclusión y falta de políticas de reintegración digna.

Extractivismo, despojo y criminalización ambiental

Los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y agroindustriales continúan avanzando sin consulta previa ni consentimiento de las comunidades afectadas. Los pueblos indígenas y defensores ambientales enfrentan persecución, amenazas e incluso asesinatos, como lo evidencia la criminalización sistemática en territorios lenca, garífuna y bribri. El informe advierte cómo esta lógica —impulsada por intereses corporativos y tolerada por Estados— genera desplazamientos, rompe tejidos comunitarios y profundiza desigualdades históricas.

Vulnerabilidad climática estructural

Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de ser responsable de una ínfima parte de las emisiones globales. Huracanes, sequías prolongadas, erosión costera y pérdida de biodiversidad afectan gravemente la seguridad alimentaria, el acceso al agua y los derechos territoriales. La ausencia de políticas de adaptación con enfoque de derechos, y la continuidad de modelos de desarrollo extractivistas, agudizan la precariedad.

Gaza: genocidio en tiempo real, humanidad en suspenso

El informe 2025 de Amnistía Internacional no deja lugar a ambigüedades: lo ocurrido en Gaza durante 2024 constituye un genocidio. La organización documenta con firmeza que las acciones de Israel —apoyadas abiertamente por Estados Unidos, Alemania y otros gobiernos europeos— provocaron la muerte de miles de personas palestinas, la destrucción sistemática de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de más de un millón de personas.

Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y la toma de más de 250 rehenes, Israel desató una ofensiva militar de escala devastadora. El informe detalla cómo se ejecutaron ataques directos contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios, en una estrategia deliberada de castigo colectivo que viola de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores, niños y niñas enfrentaron condiciones inhumanas, sin acceso a alimentos, agua ni atención médica.

En paralelo, el régimen de apartheid y ocupación en Cisjordania se volvió más violento, con un aumento de las detenciones arbitrarias, asesinatos y ataques de colonos israelíes protegidos por el Estado. Esta dinámica —sostiene Amnistía— refleja no solo una política de ocupación prolongada, sino un sistema diseñado para deshumanizar y eliminar al pueblo palestino.

Silencios cómplices, resistencias éticas

El informe también señala con dureza la complicidad activa de gobiernos occidentales, en particular el abuso del veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solo el 25 de marzo de 2024 se logró aprobar una resolución para un alto el fuego, que además fue debilitada por declaraciones de que no era vinculante.

En contraste, la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, junto con las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra líderes de Israel y Hamás, marcan un momento crucial: la posibilidad de que la justicia internacional sea más que una promesa selectiva. Sin embargo, algunos países han reaccionado con hostilidad ante estas acciones, lo que evidencia el doble rasero con el que se trata la legalidad internacional cuando afecta a aliados estratégicos.

Mientras los Estados titubean o justifican, la sociedad civil global ha alzado la voz con fuerza. En universidades, sindicatos, redes de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y barrios enteros, se ha gritado por un alto al fuego, por justicia, por humanidad. Esa resistencia también ha sido reprimida, etiquetada de “terrorista”, censurada y criminalizada.

Gaza nos interpela a todos

La historia de Gaza no es solo una tragedia lejana. Es un espejo doloroso del tipo de mundo que estamos permitiendo: uno en el que el cálculo geopolítico vale más que una vida humana, donde la impunidad de unos convive con la criminalización de otros, y donde el derecho internacional se aplica como privilegio, no como principio.

Difundir lo que ocurre en Gaza, escuchar a quienes resisten desde allí, y actuar frente a nuestras propias estructuras de poder y silencio es una tarea ética ineludible. Como dice el informe: “2024 nos deshumanizó”. La pregunta es si 2025 marcará el inicio de una restauración de esa humanidad o el umbral de su colapso definitivo.

De los derechos negados a los bienes comunes defendidos

El informe 2025 de Amnistía Internacional nos enfrenta a una verdad incómoda: el mundo que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, con sus promesas de justicia, dignidad y derechos universales, está siendo desmantelado pieza por pieza. El autoritarismo, la lógica de guerra, el extractivismo corporativo y la exclusión sistemática han vuelto a ocupar el centro de la escena internacional. Pero esta crisis no es solo legal o política: es también una disputa por el sentido común de lo común.

En cada página del informe resuenan no solo los derechos que se vulneran, sino también los bienes que se destruyen o privatizan: el agua, los territorios, los saberes colectivos, el conocimiento, los cuerpos, la salud, los bosques, el aire, el clima. Bienes que deberían ser protegidos por todos y para todos, pero que hoy están sometidos al despojo por intereses privados, lógicas de acumulación y pactos de impunidad entre poderes estatales y económicos.

Hablar de bienes comunes es, entonces, hablar de otra forma de entender los derechos humanos: no como garantías individuales que se gestionan desde arriba, sino como tejidos sociales, ecológicos y culturales que se defienden desde abajo. Es recordar que el derecho a un medioambiente sano no se agota en protocolos internacionales, sino que se vive en el acceso al agua limpia, en la soberanía alimentaria, en la defensa de los territorios ancestrales. Que el derecho a la educación y a la información no es compatible con monopolios tecnológicos ni plataformas que censuran contenidos vitales. Que la libertad de expresión no florece sin comunidades vivas, organizadas y conectadas por vínculos solidarios.

Frente a un mundo que naturaliza el saqueo y despolitiza el dolor, los bienes comunes emergen como horizonte ético y político. Un horizonte que no se decreta desde los tratados, sino que se construye con luchas locales, con resistencias comunitarias, con redes globales de solidaridad.

La conclusión del informe es clara: resistir ya no es solo un derecho, es una necesidad urgente y legítima. Pero resistir también implica imaginar y crear. Crear nuevas formas de justicia, nuevas formas de convivencia, nuevas instituciones al servicio de la vida y no del lucro.

Gaza, Centroamérica, el clima, la censura, los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres, las juventudes: todos esos fragmentos que el informe pone sobre la mesa no son solo zonas de dolor, son también territorios de posibilidad.

Hoy más que nunca, los derechos humanos no deben ser un lenguaje técnico para abogados o diplomáticos, sino una herramienta viva para defender los bienes que nos sostienen y los vínculos que nos hacen humanos.

Derechos en crisis: lo que dicen los números
TemaDato clave¿Quién lo dice? / ¿Qué implica?
Gaza y genocidio+1 millón de personas palestinas desplazadas forzosamentePor bombardeos y destrucción sistemática en Gaza
 Miles de civiles palestinos asesinados en 2024Amnistía califica estos hechos como genocidio
Conflictos armados20+ países con crímenes de guerra documentadosIncluye Ucrania, Sudán, Myanmar, Etiopía, Siria, entre otros
Desplazamiento forzado global110 millones de personas desplazadas en 2024Cifra récord mundial; mezcla de pobreza, violencia y crisis climática
Libertad de prensa124 periodistas asesinados en 20242/3 de las víctimas eran palestinas, muertas por ataques de Israel
Crisis climática1.5 °C de aumento promedio global en 2024Primer año completo en que se supera ese umbral
 3 °C proyección de aumento para finales de sigloSegún datos citados por el PNUMA
Pobreza y desigualdadSe frenó casi completamente la reducción de la pobreza globalSegún el Banco Mundial; riesgo de una “década perdida” (2020–2030)
Derechos de mujeres1 femicidio cada 33 horas en Argentina en 2024Dato nacional destacado dentro del análisis regional
Libertades civiles21 países con leyes que restringen la libertad de expresiónIncluye desde Afganistán hasta Alemania, India y Tayikistán
Personas LGBTI6 países europeos legalizaron o ampliaron derechos LGBTI en 2024Entre ellos: Tailandia, Grecia, República Checa
 Al menos 4 países africanos reforzaron leyes anti-LGBTIGhana, Malí, Malawi, Uganda
Rendición de cuentas6 órdenes de detención de la CPI contra líderes israelíes, de Hamás y de LibiaEmitidas en 2024 por crímenes de guerra y lesa humanidad
Desinformación digital / censuraMeta y TikTok eliminaron contenidos sobre aborto en EE. UU.Parte de una ofensiva digital contra derechos sexuales y reproductivos
Regulación tecnológica0 tratados vinculantes sobre IA o vigilancia aprobados globalmenteAvances mínimos; predominan “códigos voluntarios”
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Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch
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Educación, Diversidad y Bienes Comunes Sociales: Un Llamado a la Inclusión

El 29 de enero de 2025, el Gobierno de Costa Rica anunció la eliminación de las guías de educación sexual del currículo escolar y la suspensión de la conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, que se celebraba el 17 de mayo. Estas decisiones han generado un debate significativo en la sociedad costarricense.

Las guías de educación sexual, implementadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaban diseñadas para educar a los estudiantes sobre relaciones saludables, sexualidad responsable y respeto a la diversidad sexual y de género. Su objetivo era promover una comprensión integral de la sexualidad y fomentar un ambiente inclusivo en las instituciones educativas. En cambio, para la actual administración, estás guías son «Manuales de Erotismo» que promueven la perversión.

El Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, establecido mediante el Decreto Ejecutivo N° 37071-S en 2012, buscaba sensibilizar a la población sobre la discriminación hacia las personas LGBTQ+ y promover acciones para erradicarla. La eliminación de esta conmemoración ha suscitado preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ+.

Según la Ministra de Educación Pública Anna Katharina Müller

“No consideramos pertinente continuar promoviendo la celebración de esta celebración, porque reconocemos a todas las personas, independientemente de sus características, en la dignidad, derechos y deberes” (29 enero 2024).

¿Por qué preocuparnos?

El reciente retiro de las guías de educación sexual y la eliminación del Día Nacional contra la Homofobia en Costa Rica resaltan la importancia de defender los bienes comunes sociales como herramientas clave para construir sociedades más justas e inclusivas. La educación, los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad no deben depender de coyunturas políticas, sino ser pilares fundamentales del bienestar colectivo.

Promover una educación inclusiva y garantizar espacios de respeto y equidad permite combatir la subalternización de comunidades LGBTQ+ y fortalecer la cohesión social. Los bienes comunes sociales —como la educación pública, la cultura y los derechos fundamentales— deben protegerse para garantizar que ninguna minoría quede excluida.

Más que reconocer a la diversidad sexual como una minoría, es esencial comprender cómo ciertas identidades son subalternizadas, es decir, marginadas y excluidas de los espacios de poder y decisión. Sin políticas educativas que fomenten el respeto y la equidad, se perpetúan estructuras de desigualdad.

📌 Descubre nuestra infografía sobre minoría, minoritario y subalternidad, y únete a la conversación por una sociedad más justa e inclusiva.

PDFImagen

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La emigración como derecho humano: Reflexión ante la deportación

Ante las vergonzosas acciones del Gobierno de Estados Unidos al implementar mecanismos de deportación de personas migrantes (eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un «estado de emergencia en la frontera», el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes, traslado de las personas en aviones militares y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales), recordamos que la emigración es un derecho humano. Este derecho se basa en el principio de libertad de movimiento, reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13). Esto incluye la posibilidad de salir de cualquier país, incluido el propio, y regresar.

Puntos clave a tener en cuenta:

  1. Derecho a buscar mejores condiciones de vida: La migración es una herramienta para escapar de la pobreza, la violencia o la persecución.
  2. Reconocimiento de contextos forzados: Los refugiados y desplazados necesitan protección especial bajo el derecho internacional.
  3. Responsabilidad compartida: Los Estados tienen la obligación de garantizar vías seguras y respetar los derechos de las personas migrantes.

Les compartimos unas palabras de Eduardo Galeano sobre la relación entre emigración y solidaridad, recordándonos que no debemos olvidar estos valores esenciales.

Textos de Eduardo Galeano:

Envenado. Los emigrantes, ahora. Revista de Pensamiento Penal.

Los emigrantes no se van porque quieran, sino porque los echan. Revista Temas de Nuestra América.

Les invitamos a reflexionar y problematizar este contexto adverso que enfrenta la lucha por los derechos humanos.

PDFImagen

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Una vez más, racismo institucional

Este 19 de setiembre del 2024 se dictaminó la absolución de Juan Eduardo Varela por el homicidio del líder indígena Jehry Rivera, una resolución que decide evadir  las acciones de violencia perpetradas, remarca que es una «cosa»  entre indígenas, delega la responsabilidad a un «Estado» que no ha asumido la responsabilidad y enuncia un posicionamiento sesgado a favor de la legitimación del despojo territorial indígena tildándolo de estar rodeado de «aspectos oscuros» y un deber de respeto a una supuesta «institucionalidad».

A pesar que un señor identificado como Juan Eduardo Varela Rojas confesó en una actividad pública frente al viceministro de Justicia (2021), haber sido la persona que asesinó a Jehry Rivera Rivera.

El párrafo anterior, nos lleva de nuevo a la necesidad constante de problematizar las instituciones que están presentes en nuestras sociedades, tribunales que deciden «abstenerse» de su responsabilidad, que aluden a un «Estado» que no ha tomado las acciones para la resolución del conflicto, que es un asunto entre indígenas y que hay una institucionalidad que debe ser respetada, que al mismo tiempo, debemos entender que es aquel «Estado» que no ha asumido su responsabilidad.

Esta maraña de contrasentidos, representa lo que podemos comprender como «Racismos Institucional», es decir esas formas y modos que nuestras instituciones (incluido el Poder Judicial) ha interiorizado a través de los diversos trayectos históricos la «superioridad» de una supuesta «blanquitud», que se manifiesta en  ideas, nociones, estereotipos y prácticas de discriminación, marginación y exclusión que diversos pueblos indígenas, afrodescendientes han sido víctimas.

Estos legados de violencia de los procesos de colonialismo y esclavitud, siguen entramado en nuestras sociedades, por esta razón, ante la presencia de actos como este, así como muchos otros, se vuelve una obligación ética, política y pedagógica revindicar una justicia epistémica y levantar la voz y denunciar su presencia y rechazar la normalización de estos discursos, instituciones y prácticas.

Les compartimos esta infografía para invitar a esta reflexión.

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Política Trans: Reflexiones desde la práctia política de Dayana Hernández

Cómo forma de celebrar y revindicar la práctica política de Dayana Hernández, les compartimos esta infografía que desarrollamos a partir de una entrevista que le realizaron durante el 2021 desde «Distintas latitudes» la periodista Karla Pérez, si gustan pueden leer la entrevista compelta aquí 

Este material procura ofrecer algunas dimensiones como forma de invitación a profundizar qué es la política desde la experiencia de las personas trans, sus contextos, desafíos y esperanzas que procuran denunciar y revindicar en la búsqueda de construir su calidad de vida, pero más allá de eso, esos mundos donde quepamos todas las personas.

Esperamos este material, contribuya a seguir profundizan sobre el pensamiento y práctica política de las personas Trans, para construir espacios inclusivos, solidarios, colaborativos y afectivos para seguir luchando y construyendo esos mundos.

Nota del Semanario Universidad sobre Dayana Hernández.

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Foto tomada de la nota del Semanario Universidad.

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Cop28 o los límites del ambientalismo corporativo

Aprovechamos el cierre de la Conferencia de las Partes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), que se llevó a cabo entre el 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái. Este espacio se presenta por parte de los gobiernos y la elite burocrática internacional, como un esfuerzo «articulado» para abordar la crisis socioecológica que estamos viviendo.

Con esta puesta en escena, son muchos los actores que se dan cita en estos eventos, desde jefes de Estado, CEO empresariales, farádula internacional hasta organizaciones ecologistas y ambientalistas.

Entre muchas de las discusiones que se abren paso a lo largo de los días de eventos, hay tres temas que marcan las discordias, el acuerdo por la elminación de los combustibles fósiles, la responsabilidad financiera del Norte global (principal emisor de gases de efecto invernadero) para desarrollar iniciativas de reparación y adaptación en los países más vulnerabilizados y por último la ausencia total del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en la abordajes que se realizan durante estas negociaciones.

Cuando surgen los borradores  y documentos finales, queda una leve sensación de que no todas las voces han sido tomadas en cuenta, mucho menos aquellas que están siendo afectadas directamente por las consecuencias de la crisis socioecológica en el Sur global.

Es así, que les invitamos a pensar en la posibilidad, que dentro de estos espacios de la COP28, lo que realmente se está posicionando es una versión de ambientalismo corporativo que procura mantener las líneas de negocios de las corporaciones, a pesar de la agudización que provocan sus actividades productivas.

Para profundizar esto, les compartimos esta infografía que recupera los vacíos más relevantes que deja esta COP28.

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Derechos Humanos y mundo digital ¿Debemos preocuparnos? Nos acompaña Daniel Bedoya-Access Now

En esta ocasión estaremos conversando sobre tecnologías, internet, derechos humanos, redes sociales, acoso, seguridad digital entre otros temas. En nuestras sociedades cada vez se vuelve más importante y pertinente hablar de esto, y que desde nuestros esfuerzos organizativos se considere dentro de las labores y análisis que realizamos el monitoreo de estos medios digitales. Justamente para conversar sobre esto, nos acompaña Daniel Bedoya ingeniero eléctrico, y quien trabaja para la organización Access Now como parte del Centro de Operaciones de Seguridad, quienes dan soporte a personas defensoras de derechos humanos a nivel mundial. Página web Access Now: https://www.accessnow.org/

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El presente de Ignacio Ellacuría: Aportes para el debate de su pensamiento – Enrique Téllez Fabiani / Sentires y Saberes

En esta ocasión conversamos sobre el presente del pensamiento de Ignacio Ellacuría y sus posibles contribuciones para problematizar nuestro presente. ¿Qué significa una filosofía de la liberación? ¿Qué aportes teóricos podemos encontrar en Ellacuría? ¿Cómo problematizar nuestras relaciones a partir de la materialidad, la crítica y la negatividad?
En esta conversación el Dr. Enrique Téllez nos invita a rescatar los aportes no sólo filosóficos, sino tambíén la práctica que llevó el padre Ellacuría a cuestionar las relaciones dominantes de su contexto histórico.
Les invitamos a consultar dos textos del Dr. Téllez que nos ayudan a enriquecer estas reflexiones:

IGNACIO ELLACURÍA: PRAXIS Y LA REALIDAD HISTÓRICA.

Tres lugares para una crítica: el campo, la catedral y la Universidad en El Salvador (1977-1989)