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Curso-taller Defender lo común en tiempos de privatización: reflexiones sobre energía, democracia y futuro

junio 16, 2026

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La electricidad suele aparecer en el debate público como un asunto técnico. Se discuten tarifas, generación, competencia, eficiencia o infraestructura. Sin embargo, detrás de estas discusiones se encuentran preguntas mucho más profundas: ¿quién decide sobre los recursos estratégicos del país?, ¿qué papel debe desempeñar el Estado en la garantía de derechos?, ¿qué ocurre cuando servicios esenciales comienzan a organizarse bajo lógicas de mercado?, ¿cómo se construye democráticamente el futuro energético de una sociedad?

En el contexto de la discusión nacional sobre el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414), estas preguntas adquieren una renovada relevancia. Más allá de los aspectos técnicos del debate, la coyuntura invita a reflexionar sobre los procesos contemporáneos de privatización y sus implicaciones para la gestión de los bienes comunes.

Con frecuencia, la privatización se asocia exclusivamente con la venta de instituciones públicas. Sin embargo, la experiencia latinoamericana muestra que estos procesos suelen desarrollarse de manera más compleja. La apertura de mercados, la fragmentación institucional, la reducción de capacidades públicas, la construcción de narrativas de crisis y la redefinición de servicios esenciales como oportunidades de negocio forman parte de transformaciones que modifican profundamente la organización de sectores estratégicos.

Precisamente para profundizar en estas discusiones, el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica abre la convocatoria al curso-taller “Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica: Síndrome de la Bicicleta Desarmada”, un espacio de formación y reflexión dirigido al público en general, con especial interés en personas vinculadas a organizaciones sociales, colectivos comunitarios, movimientos ciudadanos, sindicatos, estudiantes y personas interesadas en comprender los desafíos contemporáneos de la democracia y los bienes comunes.

Un recorrido por cinco dimensiones del debate

El proceso formativo propone abordar la discusión desde cinco dimensiones complementarias.

La primera busca cuestionar las ideas convencionales sobre la privatización, explorando cómo estos procesos operan más allá de la venta de activos públicos y cómo transforman gradualmente las instituciones y los sentidos comunes que sostienen determinados modelos de desarrollo.

La segunda se concentra en analizar la construcción social y política de las crisis, examinando cómo ciertos problemas son narrados y utilizados para justificar reformas estructurales que, en otros contextos, encontrarían mayores resistencias.

La tercera recupera experiencias latinoamericanas para comprender las consecuencias sociales, económicas y políticas que han acompañado distintos procesos de liberalización y privatización de servicios públicos estratégicos.

La cuarta dimensión explora la disputa cultural e ideológica que acompaña estas transformaciones, analizando cómo se construyen imaginarios sobre el Estado, el mercado, la eficiencia y el interés público.

Finalmente, la quinta sesión invita a reflexionar sobre la gobernanza democrática de la energía, preguntándose quiénes deben participar en las decisiones sobre el futuro energético y qué alternativas existen para fortalecer una gestión orientada al bien común.

Una apuesta desde la educación popular

El curso se desarrollará desde una perspectiva de educación popular, promoviendo el diálogo de saberes, el análisis crítico y la construcción colectiva de conocimientos. Más que transmitir respuestas cerradas, busca generar herramientas para comprender las transformaciones que atraviesan sectores estratégicos de la sociedad y fortalecer las capacidades ciudadanas para participar informadamente en estos debates.

La propuesta parte de una idea sencilla pero fundamental: la energía no es únicamente una mercancía ni una infraestructura técnica. Es una condición indispensable para el ejercicio de derechos, la vida digna, la producción social y la construcción democrática del futuro.

Información del curso

Curso-Taller: Privatización, Bienes Comunes y Futuro Energético en Costa Rica. Síndrome de la Bicicleta Desarmada.

Fechas: 6, 13 y 27 de julio; 3 y 10 de agosto de 2026.

Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.

Modalidad: Presencial.

Costo: Gratuito.

Inscripciones: https://forms.gle/kGH5wD4stUxqR6CNA

Los cupos son limitados.

Para más información pueden descargar la convocatoria aquí.

Síndrome de la Bicicleta Desarmada: ¿Armonización o liberalización? La disputa por el futuro de la electricidad en Costa Rica

junio 10, 2026

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Interrumpimos brevemente este análisis para un comentario editorial de nuestro corresponsal especial, Ken Brockman:

—Estimada audiencia. El tema de hoy es fascinante. Diversos sectores han descubierto que el ICE está atrasado, que no innovó lo suficiente y que no logró adaptarse a las nuevas tecnologías energéticas. Un hallazgo verdaderamente sorprendente.

Los científicos aún investigan cómo ocurrió este misterioso fenómeno. Las principales hipótesis apuntan a extraterrestres, maldiciones ancestrales o alguna fuerza sobrenatural imposible de identificar. Aunque una línea secundaria de investigación sugiere que quizás tuvo algo que ver una larga serie de decisiones políticas que limitaron su capacidad de inversión, planificación y desarrollo. Pero esa teoría sigue siendo considerada demasiado incómoda para el horario familiar.

Lo que sí parece claro es la secuencia de los acontecimientos: primero se cuestiona a una institución pública, luego se le restringe, después se le fragmenta, más tarde se señala que ya no responde como antes y finalmente se utiliza ese deterioro como prueba irrefutable de que es necesario reemplazar el modelo que la hizo posible.

Los especialistas han bautizado este fenómeno como el Síndrome de la Bicicleta Desarmada: consiste en quitarle una rueda a una bicicleta, después la cadena, luego los pedales, para finalmente presentar un estudio técnico concluyendo que la bicicleta tiene serios problemas de movilidad. O, para usar un ejemplo más directo, es como romperle las piernas a alguien y años después presentar un proyecto para privatizar las caminatas porque la persona ya no corre tan rápido.

Y aquí aparece un detalle particularmente interesante para los investigadores. Resulta que muchos de los sectores y actores que hoy señalan el supuesto atraso del ICE y promueven el proyecto de armonización son los mismos que durante años impulsaron decisiones que contribuyeron a restringir, debilitar o limitar la capacidad de acción de la institución. Un giro argumental tan inesperado como encontrar al pirómano dirigiendo la comisión especial sobre prevención de incendios.

Pero volvamos a la seriedad que exige el tema.

Porque la pregunta importante no es si el ICE enfrenta desafíos tecnológicos. Por supuesto que los enfrenta. Como cualquier institución pública del mundo, necesita modernizarse, innovar y adaptarse a nuevos escenarios energéticos.

La verdadera pregunta es otra: ¿estamos discutiendo cómo fortalecer la capacidad pública para enfrentar esos desafíos o estamos utilizando un deterioro políticamente inducido para justificar una transformación que algunos sectores vienen impulsando desde hace años?

Y con esa reflexión cerramos esta edición especial. Porque, al final, aquí no se discuten vatios. Se discuten derechos. Y también memoria.

Fin de la transmisión

Porque cuando hablamos de electricidad no hablamos únicamente de cables, plantas o mercados. Hablamos del acceso al agua, a la educación, a la salud, a la comunicación y, en última instancia, de las condiciones materiales que hacen posible una vida digna.

La discusión sobre el Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414) ha sido presentada principalmente como un debate técnico. Se habla de eficiencia, modernización, competencia y actualización institucional. Sin embargo, detrás del lenguaje especializado se encuentra una discusión profundamente política: ¿quién debe planificar, coordinar y controlar uno de los bienes estratégicos más importantes para la vida colectiva?

La energía eléctrica no es una mercancía cualquiera. Su acceso condiciona la salud, la educación, la producción, las comunicaciones y las posibilidades mismas de una vida digna. Por ello, la forma en que una sociedad organiza su sistema eléctrico expresa una determinada concepción sobre el papel del Estado, los bienes comunes y el interés público.

Un cambio de paradigma

Durante décadas Costa Rica desarrolló un modelo eléctrico basado en la planificación pública de largo plazo, encabezada principalmente por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este modelo permitió construir una de las coberturas eléctricas más altas de América Latina y el Caribe, ampliar el acceso a regiones históricamente excluidas y desarrollar una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables.

El proyecto de armonización plantea una transformación significativa de ese modelo. Aunque mantiene la propiedad pública de determinadas infraestructuras y no propone la venta del ICE, introduce una nueva arquitectura institucional basada en la creación de un Mercado Eléctrico Nacional, la apertura de espacios para nuevos agentes privados y la reorganización de las funciones de planificación y operación del sistema.

La pregunta fundamental es si esta reforma fortalece el modelo solidario construido durante décadas o si representa una transición hacia una lógica de mercado en la gestión de la electricidad.

La energía convertida en mercado

Uno de los elementos centrales del proyecto es la creación de un Mercado Eléctrico Nacional donde diversos agentes podrán comprar, vender y comercializar energía bajo reglas de competencia.

El discurso oficial sostiene que la competencia permitirá reducir costos, aumentar la eficiencia y atraer inversiones. No obstante, esta visión parte de una premisa ideológica específica: que los mecanismos de mercado son la mejor forma de organizar sectores estratégicos.

La experiencia internacional demuestra que esta afirmación está lejos de ser una verdad universal. En numerosos países los procesos de liberalización eléctrica produjeron concentración económica, debilitamiento de la capacidad pública de planificación y una creciente influencia de actores privados sobre decisiones estratégicas.

La discusión, por tanto, no es únicamente económica. También es democrática. ¿Quién define las prioridades energéticas del país? ¿Las necesidades colectivas o las señales del mercado?

De la planificación pública a la planificación indicativa

Otro cambio relevante es la sustitución de la planificación pública tradicional por un modelo denominado “planificación indicativa”.

Bajo este esquema, el Estado deja de identificar directamente los proyectos estratégicos para el desarrollo eléctrico. En su lugar, diversos agentes presentan proyectos que compiten entre sí mediante mecanismos de mercado y subastas.

La diferencia puede parecer técnica, pero sus implicaciones son profundas.

En el modelo histórico, la planificación partía de una visión integral del desarrollo nacional. En el nuevo esquema, la expansión del sistema depende cada vez más de las decisiones de inversión de actores individuales y de los incentivos económicos disponibles.

Se produce así un desplazamiento silencioso: la planificación deja de ser un instrumento central de conducción pública y se convierte progresivamente en un mecanismo de orientación para mercados.

ECOSEN y la fragmentación institucional

El proyecto propone además la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una nueva institución que asumiría funciones de operación, coordinación y administración del mercado eléctrico.

Sus defensores argumentan que esto permitirá una gestión más especializada e independiente. Sin embargo, también implica trasladar competencias que históricamente han estado concentradas en instituciones públicas consolidadas.

En muchos procesos de reforma neoliberal la fragmentación institucional ha sido un paso previo a la apertura de mercados. No se eliminan necesariamente las instituciones existentes, pero sí se redistribuyen sus funciones, reduciendo su capacidad de conducción estratégica.

La pregunta no es únicamente quién opera el sistema, sino quién adquiere capacidad real para orientar su futuro.

Nuevos actores, nuevas relaciones de poder

El proyecto incorpora figuras como comercializadores, agregadores de demanda y grandes consumidores con acceso directo al mercado.

Estas figuras crean nuevas oportunidades de negocio dentro del sector eléctrico y modifican la estructura tradicional de relaciones entre productores, distribuidores y usuarios.

La apertura de nuevos espacios económicos suele presentarse como sinónimo de democratización. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados eléctricos tienden a concentrarse alrededor de actores con capacidad financiera, tecnológica y jurídica para competir en condiciones favorables.

Por ello, resulta legítimo preguntarse quiénes serán los principales beneficiarios de estas transformaciones y quiénes asumirán los riesgos asociados.

Una disputa sobre los bienes comunes

La discusión sobre el proyecto de armonización no debería reducirse a cálculos tarifarios o modelos regulatorios. Lo que está en juego es una definición más profunda sobre el papel de la energía dentro de la sociedad costarricense.

Si la electricidad es concebida como un bien común estratégico, la prioridad debe ser garantizar el acceso universal, la solidaridad territorial, la sostenibilidad socioambiental y la planificación democrática de largo plazo.

Si, por el contrario, la energía es entendida principalmente como un mercado, la eficiencia económica y la competencia tenderán a convertirse en los criterios predominantes para organizar el sistema.

La verdadera discusión no es técnica. Es una discusión sobre el país que queremos construir.

Más allá de la armonización

La palabra armonización sugiere consenso, equilibrio y coordinación. Sin embargo, detrás de este proyecto existen intereses, visiones de desarrollo y concepciones distintas sobre el papel del Estado y los bienes comunes.

Por ello, antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable abrir una discusión pública amplia e informada. No se trata solamente de reorganizar instituciones o crear nuevos mercados. Se trata de decidir quién controlará la energía en Costa Rica durante las próximas décadas.

La historia demuestra que las transformaciones más profundas rara vez se presentan como rupturas. Con frecuencia llegan bajo el lenguaje de la modernización, la eficiencia y la actualización institucional. Precisamente por eso es necesario debatir no solo los mecanismos propuestos, sino también el modelo de sociedad que estos ayudan a construir.

La electricidad como derecho social y bien común

Hablar de electricidad únicamente en términos de mercados, tarifas o eficiencia económica es olvidar que detrás de cada kilovatio consumido existen personas, comunidades y territorios que dependen de este servicio para ejercer otros derechos fundamentales.

La electricidad permite el acceso al agua potable mediante sistemas de bombeo, sostiene el funcionamiento de escuelas, hospitales y universidades, posibilita las comunicaciones, la producción de alimentos y el desarrollo de actividades económicas. En la actualidad, incluso el acceso a la información, la educación virtual y numerosos servicios públicos dependen de una conexión eléctrica permanente. Por ello, la electricidad no puede entenderse únicamente como una mercancía: constituye una condición básica para la vida digna.

Reconocer la electricidad como un derecho social implica asumir que su provisión no puede depender exclusivamente de criterios de rentabilidad o de la capacidad de pago de las personas. Significa aceptar que toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o condición económica, debe tener garantizado un acceso seguro, continuo y asequible a este servicio esencial.

Esta visión fue uno de los pilares que orientó históricamente la construcción del sistema eléctrico costarricense. La electrificación rural, la expansión de la cobertura nacional y la búsqueda de tarifas solidarias respondieron a la idea de que la energía debía servir al desarrollo del país en su conjunto y no únicamente a la generación de ganancias.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre el proyecto de armonización trasciende las cuestiones regulatorias. Lo que está en juego es si la electricidad continuará siendo concebida como un instrumento para garantizar bienestar colectivo, cohesión social y desarrollo territorial equilibrado, o si pasará a organizarse principalmente a partir de las dinámicas propias de los mercados eléctricos.

Defender la electricidad como derecho social no significa rechazar la innovación tecnológica, la participación de nuevos actores o la necesidad de mejorar la gestión del sistema. Significa recordar que la energía es demasiado importante para quedar subordinada exclusivamente a criterios comerciales. La pregunta central no es quién puede generar más electricidad o quién puede venderla más barato. La pregunta fundamental es al servicio de quién debe estar organizado el sistema eléctrico nacional.

En tiempos de crisis climática, desigualdad creciente y disputas por los bienes comunes, defender la electricidad como derecho social es también defender una idea de país donde la energía sea un patrimonio colectivo orientado al bienestar de las generaciones presentes y futuras, y no simplemente un espacio más para la competencia y la acumulación económica.

La discusión sobre la armonización eléctrica es apenas una expresión de un debate mucho más amplio. ¿Qué ocurre cuando bienes esenciales para la vida son reorganizados bajo la lógica del mercado? ¿Qué enseñanzas dejan las experiencias de privatización en América Latina? ¿Qué papel juegan la organización social, la participación ciudadana y la defensa de los bienes comunes en estas disputas?

Estas son algunas de las preguntas que aborda el documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica, donde se exploran conceptos clave para comprender las reformas eléctricas, las experiencias regionales de privatización y resistencia, y los desafíos que enfrenta Costa Rica en la definición de su futuro energético.

El documento completo ya está disponible para descarga aquí.

“Tranquilo Icético, eso no es privatización” Dice Electrón mientras convierte derechos en mercados: Documento de trabajo

mayo 25, 2026

with No Comment Reflexión

Mientras el país discute la llamada “armonización” del mercado eléctrico, hay una pregunta mucho más profunda que frecuentemente queda fuera del debate: ¿la privatización ocurre únicamente cuando una institución pública se vende… o también cuando se debilita, se fragmenta y se reorganiza lentamente bajo la lógica del mercado?

La discusión actual sobre electricidad en Costa Rica suele presentarse como un tema técnico:
-tarifas,
-competencia,
-eficiencia,
-modernización.

Pero detrás de ese lenguaje existe una disputa política mucho más grande sobre quién controla la energía, quién toma las decisiones estratégicas y bajo qué intereses se organiza el futuro energético del país.

Durante décadas, América Latina escuchó el mismo discurso:
-que abrir mercados traería competencia,
-que la competencia bajaría tarifas,
-y que lo privado sería automáticamente más eficiente.

Sin embargo, la experiencia regional dejó otra historia:
-concentración económica,
-captura corporativa,
-aumento tarifario,
-socialización de pérdidas,
-y debilitamiento de la capacidad pública para planificar sectores estratégicos.

Y quizás por eso resulta tan simbólico volver a mirar aquella vieja disputa entre Icético y Electrón. Mientras Icético promovía el ahorro energético y el uso responsable de la electricidad como un bien colectivo, Electrón aparecía asociado al derroche, el consumo excesivo y una lógica donde la energía parecía infinita y desconectada de cualquier responsabilidad social. Décadas después, esa metáfora adquiere un nuevo significado: la discusión ya no es solamente sobre apagar una luz innecesaria, sino sobre qué modelo energético se quiere construir y quién se beneficia cuando la electricidad deja de entenderse como derecho para convertirse cada vez más en mercado.

Chile, Argentina, Colombia y Puerto Rico muestran que muchas veces la llamada “competencia” terminó convirtiéndose en oligopolios privados con enorme poder político y económico.

Por eso el nuevo documento de trabajo Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica propone ampliar la mirada.

Porque privatizar no siempre significa vender una institución de un día para otro.

A veces significa:
-abrir progresivamente mercados,
-tercerizar funciones,
debilitar capacidades públicas,
-reducir inversión estatal,
-crear narrativas permanentes de crisis,
-o instalar la idea de que lo público es incapaz de sostener la vida colectiva.

Y ahí es donde aparece Electrón.

No el personaje ingenuo de las campañas institucionales del pasado, sino el nuevo Electrón: el que llega hablando de “armonización”, “competitividad”, “flexibilización”, “modernización del mercado”, y “eficiencia regulatoria”.

Un Electrón que insiste en que nadie quiere privatizar nada… mientras el mercado gana cada vez más espacio dentro de sectores estratégicos.

Icético, mientras tanto, todavía recuerda otra historia.

Recuerda cuando electrificar territorios rurales no era rentable pero sí necesario.
Recuerda cuando hablar de electricidad implicaba hablar de bienestar colectivo y no únicamente de clientes.
Recuerda que muchas instituciones públicas nacieron precisamente porque el mercado no garantizaba acceso universal ni integración territorial.

Por eso la discusión sobre la Ley de Armonización no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una disputa histórica mucho más amplia que Costa Rica viene viviendo desde hace décadas: la tensión entre entender la electricidad como derecho colectivo o como oportunidad de negocio.

El documento también recupera algo que suele desaparecer del discurso oficial: el papel de la protesta social y de los sujetos colectivos en la defensa de los bienes comunes.

Desde Cochabamba hasta el Combo ICE, las resistencias latinoamericanas muestran que muchas conquistas democráticas nacieron precisamente cuando la sociedad organizada decidió cuestionar aquello que parecía inevitable.

Porque al final la pregunta no es solamente qué modelo eléctrico quiere el país.

La pregunta es también:
-¿quién decidirá el futuro energético de Costa Rica?,
-¿el mercado?,
-¿las corporaciones?,
-¿o la sociedad organizada?

Y quizá por eso Icético sigue desconfiando cada vez que escucha a Electrón decir:
—“Tranquilo… eso no es privatización”.

Ya disponible el documento completo: Privatización, crisis y resistencia social: la disputa por la energía eléctrica en Costa Rica. Pueden descargarlo aquí.

Conversación en una subestación cualquiera

—Icético, tenés que entender que el mundo cambió —dijo Electrón mientras abría una presentación titulada “Armonización Competitiva para la Modernización Energética”.

Icético frunció el ceño.

—Eso tiene demasiadas palabras para decir algo peligroso.

—No seás dramático. Nadie está hablando de privatizar.

—Ajá… ¿y entonces por qué cada cinco minutos decís “mercado”, “competencia” y “eficiencia”?

Electrón sonrió.

—Porque hay que modernizar. Lo público ya no puede hacerlo todo.

—Curioso —respondió Icético—. Antes decían que el ICE era ejemplo mundial.

—Bueno, sí, pero ahora ocupa “flexibilizarse”.

—¿Flexibilizarse?

—Abrirse.
Competir.
Adaptarse.
Asociarse.
Tercerizar algunas cosas.
Armonizar el mercado.

Icético suspiró.

—Qué increíble la capacidad que tienen para inventar palabras nuevas y evitar decir “privatización”.

Electrón cerró el PowerPoint.

—Mirá, nadie quiere vender el ICE.

—Pero sí quieren que pierda generación, planificación, control del sistema y capacidad financiera.

—Eso suena muy ideológico.

—Y “armonización” suena como si una consultora hubiera escrito una canción de cuna para empresarios.

Electrón ignoró el comentario.

—La competencia baja tarifas.

Icético soltó una carcajada.

—Claro. Preguntale a Chile. O a Puerto Rico. O a Colombia.

—Aquí va a ser diferente.

—Todos dicen eso antes de abrir sectores estratégicos.

Hubo un silencio incómodo.

—¿Y entonces qué proponés? —preguntó Electrón.

Icético miró hacia las líneas eléctricas.

—Empezar por dejar de discutir la electricidad como si fuera solamente un negocio.

—Eso suena viejo.

—No. Lo viejo es creer que el mercado siempre viene a salvarlo todo.

Crédito de imágenes y video: Grupo ICE

PRONUNCIAMIENTO ANTE EL PROYECTO DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO: IMPACTOS SOBRE LA SOBERANÍA, LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL AMBIENTE -Colectivo Antonio Saldaña

mayo 24, 2026

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Una propuesta que amenaza derechos fundamentales

El denominado “Proyecto de Armonización del Mercado Eléctrico” representa una iniciativa legal que, lejos de modernizar el sector, atenta directamente contra lo dispuesto en la Constitución Política en materia de protección ambiental. Asimismo, vulnera el Estado Social de Derecho al facilitar la intervención de inversiones extranjeras y privadas sin un control efectivo por parte del Estado costarricense, lo que constituye una violación flagrante de nuestra soberanía nacional.

Impacto sobre los pueblos indígenas: violación del Convenio 169 de la OIT

Para los pueblos originarios, este proyecto implica un nuevo menoscabo a su autodeterminación y autonomía. Se continúa violentando los tratados internacionales firmados por el Estado costarricense, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su artículo 6, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, es sistemáticamente ignorado. Además, la promoción de proyectos extractivos, como los hidroeléctricos, afectaría gravemente a las poblaciones originarias.

Exigimos, por tanto, el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la realización de estudios rigurosos que determinen los impactos ambientales del proyecto en los territorios indígenas. No es admisible que, después de tantos años de evidencia, se siga desvalorizando el daño que los proyectos hidroeléctricos causan en estas comunidades.

¿Quién decide sobre los territorios y los bienes comunes?

El posicionamiento de los pueblos originarios frente a este proyecto revive una discusión que Costa Rica intenta eludir sistemáticamente: ¿quién decide sobre los territorios, los ríos y los bienes comunes de la nación?

El debate sobre el mercado eléctrico no es meramente técnico o económico. Es, fundamentalmente, un debate sobre soberanía, democracia y el modelo de país que deseamos. Detrás de términos como “modernización”, “competitividad” o “apertura del mercado” se esconden decisiones concretas que transforman territorios, alteran ecosistemas y destruyen formas de vida comunitaria.

La apresurada apertura a intereses privados y extranjeros genera preocupaciones legítimas: por un lado, el debilitamiento del rol rector del Estado en sectores estratégicos; por otro, la merma de la capacidad real de las comunidades para incidir en decisiones que afectan directamente sus territorios. Cuando la energía deja de entenderse como un bien público y se concibe principalmente como un espacio de inversión y rentabilidad, los territorios se convierten, inevitablemente, en zonas de sacrificio al servicio de proyectos concebidos lejos de las comunidades.

La memoria histórica de los pueblos originarios

Los pueblos indígenas no hablan desde el miedo abstracto ni desde una oposición vacía al desarrollo. Hablan desde la memoria histórica.

Durante décadas, los proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura se han diseñado sin la participación efectiva de los pueblos originarios, a pesar de que sus impactos recaen directamente sobre sus territorios, sus ríos, sus prácticas culturales y sus condiciones de vida. Esta exclusión histórica constituye una forma más de marginación estructural.

Con demasiada frecuencia, se convoca a los pueblos indígenas cuando las decisiones ya están tomadas, reduciendo la consulta a un mero trámite institucional en lugar de un verdadero proceso de diálogo y consentimiento. Esa lógica reproduce una relación desigual en la que las comunidades son vistas como obstáculos administrativos, no como sujetos políticos titulares de derechos colectivos.

En este contexto, la defensa de la consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT no es un simple requisito legal. Es una lucha por el reconocimiento de la dignidad política de los pueblos originarios y de su derecho a decidir sobre todo aquello que afecte sus territorios y sus formas de vida.

La huella del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

La memoria del Proyecto Hidroeléctrico Diquís sigue viva en los pueblos indígenas de Costa Rica. Ese proceso dejó profundas heridas en torno al derecho a la consulta, la autonomía territorial y los impactos de los megaproyectos impulsados sin consentimiento previo, libre e informado.

El caso Diquís evidenció cómo, bajo los discursos de progreso y desarrollo nacional, se pueden invisibilizar las consecuencias sociales, culturales y ambientales que recaen sobre comunidades concretas. Para muchos pueblos indígenas, no se trataba únicamente de electricidad, sino de desplazamiento, transformación del territorio, afectación de sitios sagrados y culturales, y pérdida del control sobre espacios vitales para la vida comunitaria.

Recordar esta experiencia es también recordar que el desarrollo no puede construirse a costa de los derechos de los pueblos. La historia reciente demuestra que cuando las comunidades son excluidas de las decisiones estratégicas del país, las heridas sociales permanecen mucho después de que los debates institucionales han terminado.

La importancia de levantar la voz

En medio del debate actual sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico, resulta fundamental la intervención de colectivos y organizaciones como el Colectivo Antonio Saldaña, porque vuelven a colocar en el centro a voces históricamente relegadas de la discusión pública.

Nuestro pronunciamiento no solo expresa preocupaciones ambientales o jurídicas; representa también un ejercicio de memoria, defensa territorial y participación política desde los pueblos originarios. En un contexto dominado por visiones tecnocráticas y empresariales de la energía, estas voces recuerdan que detrás de cada proyecto existen comunidades, historias, culturas y derechos colectivos.

La participación de los pueblos indígenas en este debate amplía la discusión democrática y obliga al país a preguntarse: ¿qué modelo energético queremos construir y para quién lo construimos? Escuchar estas voces no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para repensar colectivamente el bienestar, la energía, la soberanía y la justicia ambiental.

Hacia una discusión sobre justicia energética

El debate sobre la reforma y privatización del mercado eléctrico también nos exige hablar de justicia energética.

La energía no puede entenderse únicamente como una mercancía o un espacio de rentabilidad económica. La electricidad sostiene la vida cotidiana, la producción, la comunicación, el acceso a derechos y las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Por eso, discutir el futuro del sistema eléctrico implica preguntarse: ¿quién produce la energía?, ¿quién se beneficia de ella?, ¿quién asume los costos ambientales y territoriales?, ¿y quién queda excluido de las decisiones?

Hablar de justicia energética significa reconocer que los impactos y beneficios de los proyectos energéticos no se distribuyen de manera equitativa. Mientras algunos sectores obtienen ganancias económicas, muchas comunidades —especialmente los pueblos indígenas, los territorios rurales y las poblaciones históricamente marginadas— sufren las consecuencias ambientales, sociales y culturales.

También implica cuestionar aquellos modelos de desarrollo que conciben los territorios como meros espacios disponibles para la extracción o la generación de rentabilidad. Desde la perspectiva de la justicia energética, los ríos, bosques y territorios no son simples recursos: son espacios de vida, memoria, identidad y reproducción comunitaria.

En este sentido, las voces de los pueblos originarios aportan elementos fundamentales para repensar la relación entre energía y vida colectiva. Sus luchas nos recuerdan que la defensa de los territorios no es una demanda sectorial, sino una discusión central sobre el tipo de país que Costa Rica desea construir.

Por todo ello, la discusión energética no debería limitarse a cifras de mercado, competitividad o apertura económica. Debe incorporar, necesariamente, preguntas sobre democracia, participación, derechos colectivos, sostenibilidad y protección de los bienes comunes. Hablar de justicia energética es reconocer que el acceso y la gestión de la energía forman parte de una discusión más amplia sobre dignidad, soberanía y justicia social y ambiental.

Colectivo Antonio Saldaña

Responsable: Filidencia Cubillo Morales
Cédula: 70680258

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Bioinsumos corporativos: Interés genuino o negocio interesado

septiembre 3, 2024

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Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?

Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.

Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.

El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.

Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.

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¿Qué pasó en el Encuentro Popular por la Salud del Cantón de Limón?

junio 17, 2024

with No Comment MOVIMIENTOS NOTICIAS PARTICIPACIÓN

Conversamos con Luis Soto miembro de la coordinación de FRENASS Caribe para conocer las primeras impresiones en torno a las reflexiones y debates que se dieron durante el Encuentro Popular por la Salud del Cantón de Limón que se realizó el pasado 15 de junio del 2024. Le preguntamos a partir del debate ¿Cuál contexto atraviesa la seguridad social en el Cantón?

Sentires y Saberes: ¿La Caja esta quebrada o la quieren quebrar? Conversamos con Deivis Ovares

octubre 19, 2023

with No Comment extractivismos PARTICIPACIÓN

Conversamos con Deivis Ovares Morales trabajador de la CCSS, dirigente sindical y coordinador de Frente Nacional por la Seguridad Social para reflexionar sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, sus antecedentes y contexto actual. Profundizamos sobre las acciones políticas que están erosionando el sistema de salud pública de Costa Rica.

Los materiales que nos propone Deivis para reflexionar: