Además, el expresidente ha amenazado con utilizar a los marines del Camp Pendleton para contener la migración, en abierta violación a la ley Posse Comitatus, que impide el uso del ejército en funciones policiales internas. Por primera vez en seis décadas, se desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización del gobernador Gavin Newsom, lo que fue percibido como un grave precedente autoritario (Democracy Now!, 2025d).
Un Estado de vigilancia tecnoautoritario
El programa migratorio trumpista no solo actúa con botas en las calles: se apoya también en plataformas digitales de vigilancia masiva. Empresas como Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, han diseñado bases de datos que cruzan información del IRS, Seguridad Social, registros electorales y licencias de conducir. Estos sistemas permiten a ICE rastrear y perfilar personas sin supervisión judicial, todo en nombre de la «seguridad nacional» (Democracy Now!, 2025b).
La opacidad y el carácter privatizado de estos sistemas son especialmente preocupantes. La vigilancia se convierte así en una herramienta para reforzar desigualdades raciales, económicas y políticas, consolidando lo que algunos analistas ya llaman un régimen de apartheid digital.
Voces desde las comunidades migrantes
Frente a esta avanzada represiva, organizaciones como la Haitian Bridge Alliance han denunciado no solo la violencia directa, sino también la deslegalización masiva de personas que contaban con permisos otorgados por la administración Biden. «Hay un trato desigual que refleja un racismo estructural profundo. Mientras los refugiados ucranianos son acogidos, a las personas caribeñas y latinoamericanas se les criminaliza», afirmó Guerline Jozef, directora de la organización (Democracy Now!, 2025c).
Los testimonios abundan: padres detenidos en sus casas frente a sus hijos, comunidades enteras viviendo con miedo a ser deportadas, trabajadoras esenciales siendo perseguidas pese a haber sostenido al país durante la pandemia.
El Sur como frontera interna
Un fenómeno clave es la expansión de lo que se ha llamado «Detention Alley», una franja de cárceles migratorias privadas en Texas, Luisiana y Misisipi, operadas por corporaciones como GEO Group. Allí, miles de personas son encarceladas en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios básicos y sin debido proceso legal. El programa 287(g), una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) de Estados Unidos, que permite a policías locales actuar como agentes de ICE, se ha expandido a más de 500 agencias, reforzando la criminalización cotidiana de la migración (Democracy Now!, 2025a).
Más allá de la ciudadanía: pensar las luchas migrantes desde la autonomía
Las protestas en Los Ángeles no son solo un acto defensivo. Son, también, una expresión política que desafía los límites del orden estatal y de la noción tradicional de ciudadanía. Desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones, como plantea la investigadora María Gabriela Rho (2021), estas luchas deben ser entendidas no solo como demandas de inclusión legal, sino como actos que desbordan y transforman los regímenes existentes.
La migración, en este enfoque, es vista como una fuerza activa que antecede y desestabiliza los dispositivos de control estatal. Lejos de reducirse a peticiones por derechos formales, las luchas migrantes son prácticas cotidianas, invisibles o visibles, que construyen comunidad, sostienen vida y confrontan el orden racial-capitalista desde sus márgenes.
«Las migraciones deben comprenderse dentro de campos de conflicto configurados por las relaciones entre las subjetividades y las prácticas de insubordinación de las personas migrantes y los controles políticos, jurídicos y violencias que intentan gobernarlas» (Rho, 2021).
