La comunicación como bien común social
Desde las perspectivas críticas de la comunicación popular y la educación popular —como las desarrolladas por Raúl Leis y por diversas corrientes latinoamericanas— la comunicación es mucho más que una infraestructura técnica o un mercado de servicios. Es un espacio donde se construyen sentidos, memorias, identidades y poder social. La comunicación sostiene la vida democrática porque permite que las personas participen, expresen sus experiencias, compartan saberes y construyan proyectos colectivos.
Entendida como bien común social, la comunicación debe gestionarse bajo principios de:
-acceso equitativo,
-participación democrática,
-protección de la diversidad cultural y -lingüística,
-garantía de derechos,
-responsabilidad pública,
-y no mercantilización de lo esencial para la vida colectiva.
El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, define qué voces pueden circular en la esfera pública y cuáles quedan silenciadas. Cuando se gestiona como mercancía y no como bien común, se profundizan desigualdades, se debilita la pluralidad y se reduce la capacidad de la sociedad para generar diálogo, organización y cultura propia.
Estos enfoques democráticos subrayan que la comunicación forma parte de la construcción de identidad y de la afirmación cultural. Allí donde se restringe el acceso a la palabra, se restringe también la posibilidad de comprender, transformar y decidir sobre la propia vida. Por eso, un proceso de subasta sin criterios diferenciales, sin participación real y sin reconocer desigualdades históricas puede erosionar derechos fundamentales.
El lugar de los medios comunitarios: voces esenciales para la democracia
Los medios comunitarios ocupan un rol insustituible dentro del ecosistema comunicacional. Según organismos como la UNESCO y organizaciones sociales que trabajan y analizan sobre medios comunitarios y comunicación popular, estos espacios permiten que comunidades rurales, indígenas, urbanas populares, juveniles, culturales y territoriales produzcan y circulen sus propias narrativas, lejos de las lógicas centralizadas y comerciales.
Son plataformas de cohesión social, educación, identidad cultural y memoria colectiva. Son instrumentos para que las personas ejerzan el derecho a la palabra y para que sectores históricamente silenciados se expresen desde su propia perspectiva, con sus propias voces y códigos culturales.
Sin embargo, estos medios suelen operar con bajos recursos y modelos autogestionarios. Por eso, cuando el acceso al espectro se define por capacidad de pago, los medios comunitarios quedan excluidos, aún cuando cumplen funciones públicas esenciales que los medios comerciales no sustituyen.
Las relatorías de libertad de expresión del sistema interamericano han sido claras: los Estados deben garantizar acceso diferenciado y equitativo al espectro para medios comunitarios, públicos y privados. Esto implica no solo cupos, sino modelos de gestión, financiamiento y regulación que reconozcan su carácter social y las desigualdades existentes.
En Costa Rica, dejar por fuera a los medios comunitarios en una subasta diseñada bajo lógicas competitivas es debilitar la diversidad democrática del país y limitar el derecho a la comunicación de cientos de comunidades.
Defender el espectro como bien común es defender la democracia
La subasta del espectro, tal como está planteada, no es un simple proceso administrativo: es un punto de inflexión sobre el modelo de comunicación que Costa Rica quiere construir. Un modelo donde la competencia económica predomina sobre los derechos puede profundizar desigualdades, limitar la pluralidad y reducir la participación ciudadana en la esfera pública.
Por el contrario, un enfoque basado en bienes comunes sociales permitiría garantizar acceso equitativo, diversidad cultural, protección de identidades, fortalecimiento de medios comunitarios y promoción de una democracia comunicacional robusta.
El debate debería centrarse no solo en contratos y plazos, sino en una pregunta esencial:
¿cómo se asegura que la comunicación siga siendo un derecho y un bien colectivo, y no una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar?
La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo del país en materia de libertad de expresión, pluralismo y justicia comunicacional.
