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Autonomía universitaria: legado emancipador, no escudo de poder

La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.

En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.

Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.

Pueden descargar el Manifiesto Liminar de Ia Reforma Universitaria deI 21 de Junio de 1918

Pueden descargar la infografía aquí.

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Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital

La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.

Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.

Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.

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Hone Creek cuando el MINAE se va, la draga vuelve: crónica de un humedal sitiado

En las cercanías de Hone Creek, en el Caribe Sur de Costa Rica, se documenta nuevamente un intento por alterar un ecosistema de humedal mediante el uso de maquinaria pesada. Este caso ha sido seguido de cerca por el ambientalista Philippe Vangoidsenhoven, quien desde marzo de 2024 ha denunciado la intervención con una draga, utilizada para nivelar y drenar el terreno. Gracias a su denuncia, las obras fueron paralizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), evitando en ese momento un daño ambiental mayor.

Las primeras imágenes del 15 de marzo de 2024 muestran claramente la presencia de agua en el terreno, confirmando la naturaleza de humedal. El 2 de abril, el MINAE intervino directamente en el sitio, lo que detuvo las labores de la draga. Aparentemente, la Fiscalía Ambiental también fue alertada en esa ocasión. Para el 8 de abril, las fotos muestran la draga detenida, y la maquinaria retirada temporalmente.

Sin embargo, en mayo de 2025, Philippe volvió al lugar y encontró nuevas señales de intervención: un zanjo reciente a la orilla de la calle, excavado con el mismo propósito de drenaje. “Este es el típico caso: se detiene por un tiempo, parece tranquilo, y de repente reanudan las obras”, comenta. Denuncia que estos intentos son sistemáticos, y que la falta de vigilancia constante permite que continúen impunes. El objetivo, dice, es claro: secar el humedal para modificar su uso.

La presión sobre los humedales del Caribe Sur se ha vuelto constante. A pesar de los esfuerzos institucionales, actores privados continúan intentando transformar estos ecosistemas. La evidencia es clara: el terreno sigue mostrando filtración de agua, vegetación característica y afectaciones por maquinaria. Para los procesos correspondientes, el mismo suelo revela su condición de humedal, lo que permite su reconocimiento legal y la posibilidad de su protección.

Este caso subraya la necesidad urgente de reforzar la vigilancia ambiental, sancionar a quienes reinciden en este tipo de daños, y reconocer que los humedales no solo son áreas protegidas, sino bienes comunes vitales para el equilibrio ecológico de la región.

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¿Qué implica continuar con las obras tras la intervención estatal?

La persistencia en realizar obras en zonas de humedal, incluso después de intervenciones por parte de instituciones como el MINAE o la Fiscalía Ambiental, revela una preocupante brecha entre las acciones de control y la efectividad real de las medidas de protección ambiental. Cuando el objetivo de fondo es el lucro —como suele ser el caso en intentos por secar humedales para urbanizar o explotar económicamente el terreno—, las paralizaciones temporales no son suficientes. Quienes impulsan estas transformaciones ilegales suelen adoptar una estrategia de desgaste: detienen momentáneamente, esperan a que pase la vigilancia y luego reanudan discretamente sus actividades.

Esta dinámica pone en evidencia la fragilidad institucional frente a intereses privados persistentes y bien financiados. Además, genera un efecto desalentador para quienes denuncian, pues ven cómo los esfuerzos por proteger el territorio son constantemente burlados. La impunidad de estos actos erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de fiscalización y refuerza la sensación de que los delitos ambientales se pueden cometer sin consecuencias duraderas.

Proteger los humedales requiere más que detener una maquinaria: implica seguimiento continuo, sanciones ejemplares y voluntad política real para frenar un modelo de desarrollo que prioriza el interés privado sobre los bienes comunes. Sin eso, estos ecosistemas seguirán siendo blanco de una presión que avanza a pasos silenciosos, pero constantes.

La importancia de los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica

Los humedales del Caribe Sur de Costa Rica son ecosistemas clave para la salud ambiental y el bienestar humano. Su función principal es la regulación del agua: actúan como esponjas naturales que absorben el exceso de lluvia, previniendo inundaciones y reduciendo el impacto de tormentas, un aspecto crucial en una zona con alta pluviosidad. Además, filtran contaminantes y sedimentos, mejorando la calidad del agua que llega a ríos y al mar Caribe.

Estos ecosistemas también son refugio de una gran diversidad biológica. Albergan especies endémicas y migratorias, como aves, peces y anfibios, muchas de ellas en riesgo. Para las comunidades locales, los humedales representan una fuente de vida y sustento, ya que ofrecen recursos como peces, plantas medicinales y materiales naturales.

Sin embargo, la expansión urbana, el turismo descontrolado y el cambio de uso del suelo amenazan su existencia. La eliminación o alteración de los humedales pone en riesgo la biodiversidad, aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y contribuye a la degradación del clima local. Protegerlos es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un desarrollo sostenible en la región.

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El Calypso en Costa Rica: Memoria viva del Caribe Afrodescendiente

El calypso es mucho más que música: es una forma de narrar la vida, denunciar injusticias y celebrar la identidad afrocaribeña. Aunque nació en Trinidad y Tobago, este género musical echó raíces profundas en la costa atlántica de Costa Rica, especialmente en Limón, gracias a la migración afrocaribeña de finales del siglo XIX.

En Costa Rica, el calypso ha sido históricamente una expresión de resistencia cultural. Sus letras, interpretadas en inglés criollo o «patwa», abordan desde el humor cotidiano hasta la crítica social, y han sido transmitidas de generación en generación, muchas veces al margen de los medios oficiales. Durante décadas fue invisibilizado, pero hoy es reconocido como patrimonio cultural inmaterial, y sigue vivo gracias al trabajo de comunidades, músicos y proyectos educativos.

 

Esta infografía resume los aspectos más relevantes del calypso limonense: su origen, instrumentos, temas, principales exponentes y su papel como símbolo de lucha y orgullo cultural. Una forma de acercarnos a la riqueza musical y política de esta tradición que sigue sonando en el corazón del Caribe costarricense.

Pueden descargar la infografía aquí

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Historias en movimiento: una mirada desde el lente del 1º de mayo

Artículo de María Jimena Tercero Herrera

Desde que tengo memoria, la imagen de personas tomando el espacio público siempre genera un sentimiento particular en el corazón; no hay forma de contemplar sin conmoverse. “La belleza está en la calle”, decía un afiche del Mayo del 68, y este 1º de mayo no fue la excepción: conforme pasaban las nueve, el parque de La Merced se fue llenando de colores, mientras los diversos colectivos —desde los sindicatos del sector público y privado, pasando por movimientos estudiantiles de las principales universidades del país, pueblos indígenas, partidos políticos y agrupaciones de la sociedad civil— se hacían presentes para conmemorar la dignidad y la memoria histórica de la clase trabajadora.

Las denuncias y reivindicaciones no se hicieron esperar. El fantasma que se desplegaba por las voces de la gente reflejaba los estragos posteriores a la aprobación del Plan Fiscal, a casi siete años de su puesta en marcha: la precarización del sector público en materia de educación, el congelamiento de salarios, el debilitamiento deliberado del sistema de salud pública y, por supuesto, las políticas de corte recortista en inversión social, que han sido ya una constante desde hace más de cuarenta año Asimismo, se reivindicó la defensa del Estado social de derecho y sus respectivas instituciones en un año marcado por la discusión alrededor de la privatización del ICE y la administración Chaves Robles atacando un órgano distinto de la institucionalidad costarricense cada miércoles.

La militancia y la cultura han sido cómplices, como lo han atestiguado un sinnúmero de movimientos sociales a lo largo de la historia. La manifestación de este año se caracterizó por el despliegue de bandas, mascaradas, bailes típicos, bombas, entre otras expresiones culturales que reivindican el derecho a una militancia donde se enraízan los afectos de la rabia y la alegría, reapropiándose no solo de la calle, sino del cuerpo mismo.

La denuncia frente a la amenaza creciente de la precarización laboral con necropolíticas que no dejan de ocupar el protagonismo en el discurso del oficialismo y parte del sector legislativo como las Jornadas 4×3 evidencian que los intereses de las clases trabajadoras nunca han estado en el centro de la discusión. De esta manera sindicatos del sector privado como UDECO denuncian las consecuencias de la aprobación de dicho proyecto a nivel de calidad de vida, la persecución de la sindicalización dentro del sector privado, la negligencia del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias por explotación laboral y garantías mínimas de seguridad.

Enmarcado en una coyuntura cuya vocación pretende deshumanizar a las personas privadas de libertad —de la mano con discursos de megacárceles, mano dura y la presentación del modelo bukelista como nuevo laboratorio de éxito punitivo—, la presencia de la agrupación Familia Penitenciaria Unida reivindicando no solo los derechos, sino la dignidad de las personas privadas de libertad, me pareció un despliegue de fuerza frente a la violencia (re)producida por el Estado. Su manifestación surge como respuesta a las nuevas restricciones del régimen de máxima seguridad anunciadas por el Ministerio de Justicia y Paz, en materia de visitas familiares y conyugales, encomiendas, llamadas telefónicas, entre otras.

Finalmente, la ocasión sirvió para visibilizar la solidaridad con el pueblo palestino, cuyo genocidio mediatizado no ha hecho más que mostrar la verdadera cara de la comunidad internacional. Conversando con algunas personas, afirman que Costa Rica no puede llamarse defensora de los Derechos Humanos sin condenar los crímenes de guerra por parte del Estado de Israel, ni mucho menos llevar a cabo un tratado de libre comercio con un país que sistemáticamente asesina niñeces, periodistas y personal de salud con la impunidad del mundo entero. “Si no gritamos frente a esta atrocidad que lleva más de 70 años en curso, no nos va quedar humanidad que defender después”, me decía una señora mayor.

El contar historias es un común denominador de las cosas que me con(mueven), la fotografía particularmente me ha permitido parar el tiempo en las movilizaciones con el objetivo de contemplar las numerosas personas y sus historias en movimiento. Les presento entonces, una pincelada de la vida haciéndose paso entre las grietas este día del orgullo de las clases populares.

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¿Quién cuida la tierra cuando el Estado no se queda? Rotan los fiscales, resiste la comunidad

Una visita que revela lo que aún falta

Continuamos con los recorridos que realiza Philippe, una voz clave en la vigilancia comunitaria del Caribe Sur. En esta ocasión, regresó a la loma donde semanas atrás operaba una draga, removiendo tierra y abriendo zanjos en una zona de gran sensibilidad ecológica. Las imágenes recientes muestran que los zanjos han sido rellenados, como parte de acciones de contención impulsadas por la fiscalía tras las denuncias comunitarias. No obstante, Philippe advierte que aún queda pendiente intervenir el otro lado del terreno: “ya no es una quebrada, es un río; eso lo tienes que tapar también”, señala con preocupación. Esta observación pone de manifiesto cómo las intervenciones ilegales siguen generando transformaciones profundas en el paisaje, alterando el curso natural del agua y afectando el equilibrio ecológico.

La vigilancia comunitaria como barrera contra la impunidad

Estas acciones reflejan intentos importantes, aunque insuficientes, por frenar el avance de actividades que violentan los territorios del Caribe Sur. La respuesta ha sido posible gracias a la organización de comunidades y personas defensoras que, ante la inacción o lentitud de las instituciones, han asumido la labor de documentar, alertar y exigir respuestas. En este contexto, el control y la vigilancia comunitaria no solo son estrategias de resistencia, sino una forma concreta de ejercer derechos y proteger bienes comunes que están siendo erosionados. Sin estas acciones colectivas, muchos de estos daños quedarían invisibilizados y avanzarían con total impunidad.

Alta rotación institucional: una amenaza silenciosa

Una de las principales amenazas para la efectividad de las medidas de protección es la discontinuidad en el accionar institucional. Philippe subraya con preocupación la alta rotación del personal fiscal, especialmente de quienes tienen a cargo casos ambientales. Esta inestabilidad compromete el seguimiento de los procesos y genera vacíos de información: los fiscales recién llegados desconocen el contexto, los actores involucrados y el historial de intervenciones. Como consecuencia, los casos se dilatan, las medidas cautelares se debilitan o incluso se desestiman, lo cual beneficia directamente a quienes buscan explotar el territorio al margen de la ley.

Permanencia y especialización: claves para una justicia ambiental efectiva

La permanencia y especialización del personal judicial es clave para garantizar que las normas ambientales se apliquen de manera oportuna y eficaz. Cuando un fiscal permanece en su puesto, puede construir un conocimiento profundo del territorio, establecer relaciones de confianza con las comunidades y acumular experiencia sobre los patrones de afectación ambiental. Esta continuidad es indispensable para emitir criterios técnicos sólidos, sostener acusaciones ante los tribunales y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares. La alta rotación, en cambio, desarticula procesos, debilita la institucionalidad y, en muchos casos, neutraliza los esfuerzos de defensa comunitaria.

Un llamado urgente a fortalecer el rol del Estado

En este escenario, es urgente repensar la gestión institucional en materia ambiental. No basta con tener leyes y fiscalías especializadas si no se garantiza la estabilidad, formación y presencia territorial del personal responsable. La defensa del ambiente no puede depender únicamente de la voluntad y sacrificio de las comunidades; requiere también un Estado coherente, comprometido y con capacidad sostenida para actuar. La experiencia del Caribe Sur deja una lección clara: sin continuidad en la acción judicial, la impunidad se fortalece, y los ecosistemas —ya vulnerables— corren un riesgo aún mayor.

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Alianzas necesarias: defensores ambientales y fiscalía, una relación clave

La relación entre las comunidades defensoras del ambiente y la fiscalía ambiental no es solo estratégica, sino esencial para una protección efectiva del territorio. Las personas defensoras son quienes habitan, recorren y conocen profundamente los ecosistemas; son las primeras en detectar cambios, denunciar afectaciones y documentar pruebas. Su conocimiento empírico y su compromiso sostenido aportan información valiosa que puede ser utilizada en procesos judiciales, siempre que exista un canal de comunicación abierto, respetuoso y continuo con las autoridades.

Cuando esta relación se fortalece —basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad—, se generan condiciones para que la fiscalía actúe con mayor precisión, rapidez y pertinencia. Sin embargo, la alta rotación del personal fiscal interrumpe estos vínculos, obliga a reiniciar procesos de sensibilización y formación, y debilita la cooperación institucional con los territorios. Esto no solo ralentiza la justicia, sino que puede poner en riesgo a las personas defensoras, al exponerlas nuevamente sin respuesta institucional clara.

Construir y sostener alianzas entre defensoras/es ambientales y fiscalías especializadas es un paso indispensable para enfrentar de manera estructural los delitos ambientales. No se trata solo de intercambiar información, sino de reconocer a las comunidades como actores legítimos en la defensa del bien común y asegurar que las instituciones del Estado actúen en sintonía con esa legitimidad. En territorios amenazados por extractivismos ilegales, esa relación puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.

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Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega


En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

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¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025

El presidente de la República ha presentado su informe de labores correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual expone los avances más significativos que ha considerado para el país. Por esta razón, nos ha interesado analizar el texto para identificar las principales dimensiones ambientales destacadas en su discurso. A partir de este análisis, buscamos responder la pregunta: ¿qué tipo de política ambiental promueve la administración Chaves Robles?

A continuación, se exponen los principales hallazgos estructurados en siete ejes analíticos, que permiten comprender tanto los énfasis del informe como sus vacíos más relevantes en materia socioambiental. Este ejercicio de análisis crítico no solo pretende aportar a la comprensión académica del discurso oficial, sino también fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, al visibilizar las prioridades, omisiones y contradicciones de la política pública ambiental. Revisar y cuestionar las narrativas institucionales es esencial para promover una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en las decisiones que afectan los territorios, los bienes comunes y los derechos socioambientales.

Pueden descargar el informe de labores aquí.

Uno de los hallazgos más reveladores del Informe de Labores 2024–2025 del gobierno es la ausencia de un apartado específico dedicado al ambiente. En un contexto nacional e internacional donde la crisis climática y ecológica exige respuestas claras, esta omisión resulta significativa. No solo limita la posibilidad de evaluar con rigor el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, sino que también refleja una priorización política que deja al ambiente como un tema disperso o subordinado a otros ejes. Esta invisibilidad institucional del tema ambiental contrasta con la imagen que el país ha cultivado históricamente como referente en políticas verdes.

¿Qué implica la ausencia del ambiente en el informe de labores presidencial?
La omisión de una sección específica sobre ambiente en el informe de labores del gobierno refleja una despriorización política del tema en la agenda nacional. En un país que ha construido parte de su identidad internacional sobre la sostenibilidad, la falta de un capítulo ambiental estructurado no solo debilita la rendición de cuentas sobre compromisos climáticos y conservación, sino que también invisibiliza los conflictos socioambientales que afectan a comunidades rurales, indígenas y costeras. Esta ausencia impide una evaluación integral del desempeño gubernamental en torno a la biodiversidad, el uso del territorio, el acceso al agua, la justicia ambiental o el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización. En términos de gobernanza, también indica una visión fragmentada del desarrollo, donde el ambiente no es visto como eje transversal de las políticas públicas, sino como un componente accesorio subordinado a otras prioridades.

A falta de un eje ambiental explícito, es necesario inferir la política ambiental del gobierno a partir de referencias fragmentadas distribuidas en otros capítulos del informe. Estas menciones permiten identificar ciertas dimensiones clave en la acción pública: la conexión entre ambiente y productividad local, la reestructuración institucional del MINAE, las acciones en zonas rurales e indígenas, y la política energética orientada a inversión y electrificación. A continuación, se examinan estas dimensiones para comprender qué tipo de política ambiental se impulsa en los hechos, pese a su ausencia formal en la estructura del informe.

1. Conservación asociada a productividad

Uno de los elementos más recurrentes en el informe es la vinculación entre conservación ambiental y desarrollo económico local. Bajo esta lógica, se promueve una visión en la que los ecosistemas son valorados principalmente por su capacidad de generar beneficios económicos sostenibles.

Se destacan iniciativas como:

  1. Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) en territorios indígenas, que se articulan con los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREP) y proyectos productivos locales.
  2. El apoyo a las economías azules, que se expresa en la entrega de motores “limpios” y subsidios a pescadores artesanales.

Este enfoque plantea una conservación orientada a resultados económicos, lo cual merece una revisión crítica sobre su impacto real en la autonomía territorial y la sostenibilidad ecológica a largo plazo.

2. Reforma institucional ambiental

El informe también menciona una reestructuración administrativa general del Estado, dentro de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ocupa un lugar relevante.

En el caso del sector ambiental, esta reforma se orienta a una mayor centralización y coordinación interinstitucional, aunque sin especificar los alcances políticos ni las implicaciones para órganos técnicos clave como el SINAC. Este punto es crucial, pues podría afectar la autonomía técnica y operativa de entidades descentralizadas con competencias ambientales.

3. Alianzas con actores privados y comunitarios

Otro de los pilares del discurso presidencial es la corresponsabilidad en la gestión ambiental, la cual se traduce en diversas formas de articulación con sectores comunitarios y privados.

Aportes señalados:

  1. Contratos con territorios indígenas en el marco del Contrato para la Reducción de Emisiones de Forestales (CREF).
  2. Proyectos socioproductivos impulsados por instituciones como el IMAS.
  3. Promoción de tecnologías de bajo impacto para actividades productivas locales.

Estas alianzas reflejan una estrategia de participación indirecta, que si bien reconoce el papel de actores locales, no siempre garantiza procesos de decisión autónomos ni mecanismos efectivos de consulta.

4. Conservación y gestión ambiental

A lo largo del informe se subrayan múltiples aportes en infraestructura y cobertura institucional. Sin embargo, al examinar estos datos , emergen tensiones entre conservación simbólica y gestión participativa real.

Aportes señalados:

  1. Inversión en infraestructura dentro de áreas protegidas.
  2. Validación de los Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) por 19 territorios indígenas.
  3. Incentivos económicos por contratos de reducción de emisiones.

5. Cambio climático

El tema del cambio climático ocupa un lugar relevante en el informe, aunque con un énfasis en soluciones tecnológicas, centradas en la electrificación, energías limpias y conectividad digital.

Aportes señalados:

  1. Electrificación rural.
  2. Descarbonización.
  3. Impulso a energías renovables y red 5G como motor de innovación.

6. Dimensión socioambiental

En esta sección del informe se hace referencia a proyectos en territorios indígenas y rurales, pero desde un enfoque más asistencialista.

Aportes señalados:

  1. Reconocimiento económico a la conservación indígena.
  2. Proyectos productivos (pesca, turismo, emprendimientos).
  3. Mejora en telecomunicaciones rurales.

7. Gestión pública

El informe menciona esfuerzos de articulación institucional, pero no presenta una visión clara ni mecanismos de control social y evaluación ambiental independiente.

Aportes señalados:

  1. Coordinación entre entidades como IMAS, MICITT, INDER y MINAE.
  2. Inclusión del tema ambiental en algunos proyectos de desarrollo territorial.

El ambiente entre líneas: lo que revelan las leyes mencionadas sobre las prioridades ambientales del gobierno

Identificar los proyectos de ley y leyes mencionadas en el informe de labores presidencial permite entender con mayor claridad qué tipo de política ambiental impulsa realmente el gobierno, más allá de los discursos generales o compromisos internacionales. La selección, el énfasis y el tratamiento que se da a ciertas iniciativas legislativas reflejan prioridades políticas concretas, orientaciones ideológicas y formas de concebir la relación entre ambiente, desarrollo y Estado. 

El informe destaca algunas iniciativas vinculadas al ambiente, aunque de forma indirecta y dispersa. Se mencionan proyectos como el contrato de préstamo con el Banco Mundial para descarbonización (Exp. 24.425), un convenio con la Agencia Francesa para agropaisajes sostenibles (Exp. 24.583), y la Ley de Promoción del Seguro Agropecuario, que abordan temas climáticos desde una lógica de productividad y financiamiento. También se alude a la Ley 7200 en el contexto de generación eléctrica privada. Sin embargo, se omiten proyectos clave en los que se ha participado activamente en su discusión y promoción. Esta omisión no solo evidencia la fragmentación de las políticas, sino también la falta de interés por integrar estos temas fundamentales en una estrategia coherente de sostenibilidad. En conjunto, las menciones ambientales adoptan una visión meramente instrumental, en la que el medio ambiente queda subordinado a objetivos económicos, sin ser considerado parte esencial de un enfoque integral de desarrollo.

Política ambiental en pocas palabras

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¿Qué no profundiza?

Aunque el informe presidencial de labores expone diversas acciones en materia ambiental, persisten vacíos y omisiones significativos que limitan una comprensión integral de los retos socioambientales del país. La siguiente enumeración identifica los principales aspectos que no son abordados en profundidad o que permanecen ausentes en el documento, destacando dimensiones críticas relacionadas con la participación, la justicia socioecológica, la equidad territorial y la sostenibilidad ecosistémica. Estas omisiones no solo restringen la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también reflejan la necesidad de fortalecer enfoques más inclusivos, integrales y participativos en las políticas públicas ambientales.

  1. Predomina una lógica instrumental que concibe al ambiente principalmente como proveedor de servicios —especialmente de carbono— sin integrar una visión ecosistémica más amplia que considere cuencas, suelos y humedales.
  2. Se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la participación ambiental activa e inclusiva de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y los territorios, lo cual limita las oportunidades de incidencia de actores clave, incluyendo organizaciones ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas.
  3. No se emiten alertas ecológicas sobre amenazas críticas como los monocultivos, la expansión urbana acelerada o las crisis hídricas locales.
  4. La respuesta estatal tiende a privilegiar la modernización urbana, sin atender de manera suficiente las desigualdades territoriales ni los impactos diferenciados del cambio climático en zonas rurales e indígenas.
  5. Se omiten sectores clave en las emisiones de carbono, como el agronegocio y las industrias contaminantes, los cuales permanecen sin un abordaje explícito.
  6. No se visibilizan los procesos de consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
  7. Se invisibilizan los conflictos territoriales relacionados con la criminalización de líderes, el acaparamiento de tierras y la escasez de agua.

9. Carece de una perspectiva intercultural e integral que reconozca los marcos normativos y epistemológicos propios de los pueblos indígenas.

10. Hay una falta de transparencia sobre los impactos, los indicadores utilizados y los mecanismos de auditoría social disponibles.

11. Persiste una fragmentación institucional que limita la posibilidad de una planificación ecológica de carácter nacional y articulado.

12. Falta una estrategia clara de adaptación comunitaria, esencial ante la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

13. Se excluye a actores sociales clave de los procesos de toma de decisiones.

14. Se omite por completo la crisis de gestión de residuos sólidos, a pesar de su creciente impacto ambiental y social en comunidades urbanas y rurales. Esta ausencia invisibiliza una problemática estructural que involucra contaminación de suelos y fuentes hídricas, saturación de rellenos sanitarios y falta de infraestructura para el reciclaje, evidenciando la falta de prioridad estatal hacia una transición efectiva hacia modelos de economía circular.

Aspectos a considerar

El informe 2024–2025 plantea una narrativa optimista sobre la política ambiental, centrada en infraestructura, pagos por servicios y avances tecnológicos. Sin embargo, identificamos limitaciones estructurales:

  • Predomina una visión tecnocrática, que no aborda las raíces del conflicto ambiental.

  • Se omiten los principales desafíos del modelo extractivista y las voces de comunidades afectadas.

  • Falta una política ambiental integral, basada en justicia territorial, interculturalidad y participación real.

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Lo que no dice el informe: vacíos y desafíos

Para completar el análisis, es necesario destacar aquellos elementos ausentes en el discurso presidencial, pero fundamentales para evaluar la política ambiental costarricense:

  1. Desalineación entre discurso verde y decisiones controversiales (como la reactivación minera).
  2. Retrocesos en participación, transparencia y presupuesto ambiental.
  3. Débil ejecución de políticas claves como el Plan de Descarbonización.
  4. Amenazas crecientes sobre la biodiversidad (monocultivos, tala en el Caribe Sur, expansión urbana desordenada, pesca no sostenible).

La política ambiental del gobierno se revela fragmentada y subordinada a las prioridades del crecimiento económico, lo que limita su capacidad de responder a los desafíos socioecológicos de manera integral. Avanzar hacia una sostenibilidad real exige transformaciones profundas, entre ellas:

  • Superar la lógica del “capitalismo verde” y transitar hacia un modelo de justicia socioecológica que priorice la equidad y el respeto por los límites ecológicos.

  • Reconocer y garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales sobre sus territorios y recursos, asegurando también su protección y seguridad frente a las amenazas y criminalización.

  • Establecer mecanismos robustos de fiscalización, transparencia y gobernanza local que fortalezcan el control social y la rendición de cuentas.

Y lo que no interesa…
Costa Rica sin Escazú: vulnerabilidad de las personas defensoras y vacíos en participación

Un aspecto notable en la política ambiental reciente es la ausencia de referencias y compromisos explícitos con el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Aunque Costa Rica fue uno de los países impulsores de su adopción, su falta de ratificación y su exclusión en las políticas públicas reflejan un retroceso preocupante en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.

La no adhesión al Acuerdo limita la creación de mecanismos vinculantes que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ambiental inclusiva. Además, debilita la capacidad institucional para proteger a las personas defensoras ambientales frente a las crecientes amenazas, hostigamientos y criminalización que enfrentan, particularmente en contextos de conflictos socioambientales.

En un país históricamente reconocido por su liderazgo ambiental, esta omisión envía señales contradictorias respecto a los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad. La ausencia del Acuerdo de Escazú no solo priva a las comunidades y organizaciones de herramientas legales más robustas, sino que también limita las posibilidades de avanzar hacia una justicia socioambiental integral y participativa.

*La fotografía corresponde a la radiografía de la fractura en el dedo de Philippe Vangoidsenhoven, ocasionada por la agresión de una persona implicada en actos de daño ambiental, ocurrida mientras él realizaba labores de monitoreo. 

Para el seguimiento legislativo:

📌 Proyectos de ley ambientales relevantes en la Asamblea Legislativa (2024–2025)

Caudales Ecológicos en Minería (Exp. 24.722): Introduce límites a concesiones mineras y protege caudales ecológicos, con participación comunitaria y controles contra la concentración empresarial.

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.º 20.212) procura la modernizar la legislación hídrica en Costa Rica, sustituyendo la normativa vigente desde 1942. Diversas voces han señalado preocupaciones respecto a su contenido y posibles implicaciones.

Armonización del Sistema Eléctrico (Exp. 23.414): Propone trasladar la rectoría del sector eléctrico al MINAE y abrir mayor participación privada, generando preocupaciones por tarifas y concentración de poder.

Economía Circular (Exp. 23.847): Busca crear un marco legal para reducir, reutilizar y reciclar materiales, desacoplando crecimiento económico del uso intensivo de recursos.

Ley Marco de Cambio Climático (Exp. 24.588): Establece coordinación interinstitucional y da rango legal a la Dirección de Cambio Climático, fortaleciendo su rol estratégico.

Resiliencia Climática (Exp. 24.300): Formaliza la Dirección de Cambio Climático y asegura su financiamiento, enfocándose en adaptación y fortalecimiento institucional.

Referencias para las citas:

Delfino.cr. (2023, agosto 1). Rodrigo Chaves abierto a valorar la exploración de gas natural en Costa Rica. Recuperado de https://delfino.cr/2023/08/rodrigo-chaves-abierto-a-valorar-la-exploracion-de-gas-natural-en-costa-rica

El País. (2024, mayo 2). Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024. Recuperado de https://www.elpais.cr/2024/05/02/701194/

Semanario Universidad. (2024, julio 22). Chaves comienza su gira por Guanacaste con dardos contra los ecologistas. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-comienza-su-gira-por-guanacaste-con-dardos-contra-los-ecologistas/

La República. (2024, julio 23). Rodrigo Chaves sobre tala en Gandoca – Manzanillo: “Cortaron 23 árboles”. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-sobre-tala-en-gandoca-manzanillo-cortaron-23-arboles

Delfino.cr. (2024, julio 8). Rodrigo Chaves sostiene que oro de Crucitas se puede explotar de manera responsable. Recuperado de https://delfino.cr/2024/07/rodrigo-chaves-sostiene-que-oro-de-crucitas-se-puede-explotar-de-manera-responsable

Ojo al Clima. (2022, noviembre 16). Comercio de productos agrícolas “libres de deforestación”: la propuesta tica que busca socios en COP27. Recuperado de https://ojoalclima.com/articles/comercio-de-productos-agricolas-libres-de-deforestacion-la-propuesta-tica-que-busca-socios-en-cop27

Surcos Digital. (2022, abril 26). Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach. Recuperado de https://surcosdigital.com/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

Tattenbach, F. (2022, octubre 3). Ministro de Ambiente sobre Acuerdo de Escazú: “Podría ser mucho más inconveniente”. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ministro-de-ambiente-sobre-acuerdo-de-escazupodria/RVD7G7P3KZGLFJQTU3E3SH2HMI/story/

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Trabajar no debe doler: por salud, seguridad y dignidad laboral

Nota elaborada por: Andrea Picado Morales

Miles de personas tomaron las calles de la capital para respeto a sus derechos laborales, exigir entornos de trabajos seguros y saludables,  y un alto a la precarización laboral

Dentro de la jornada, destacan las consignas en contra de la explotación laboral, el deterioro de la salud física y mental de quienes trabajan, y la falta de acción del institucional ante estas problemáticas. Carteles como “Trabajamos hasta que el cuerpo colapsa” y “¿Cuántas lágrimas caben en un contrato?” resumieron el clamor popular que se hizo sentir en la manifestación. Las personas trabajadoras denunciaron una creciente sobrecarga laboral que, lejos de ser reconocida, es normalizada por empresas que priorizan sus ganancias sobre la dignidad humana.

“Nos exigen como si fuéramos máquinas, y cuando ya no rendimos, nos desechan”, expresaban en su protesta, reflejando la percepción de ser tratados como recursos reemplazables y no como personas con derechos. La crítica se dirigió también a la inacción institucional, porque el papel aguanta lo que le escriban, pero ¿dónde están los mecanismos que deberían protegerles?, cuestionaron quienes participaron en la marcha.

Organizaciones sociales y sindicales coincidieron en la urgencia de garantizar entornos laborales seguros y saludables, donde el ejercicio del trabajo no implique sacrificar la salud ni la vida. Aseguran que la precarización laboral está alcanzando niveles alarmantes y que la indiferencia institucional solo agrava la crisis.

Este 1° de mayo se dejó en claro que las demandas no son simples reclamos: son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La salud, la seguridad y el respeto en el trabajo no son privilegios, son condiciones básicas que toda persona merece. En un país que se dice democrático, justo y solidario, el trabajo digno no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las personas trabajadoras alzaron la voz para recordarlo: sus derechos no se negocian, se respetan.

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Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí

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Alteración de laderas en Bribrí: riesgos ecológicos y sociales de la remoción de tierra

Seguimiento a actividades de extracción de tierra en Bribrí

Continuamos dando seguimiento al caso relacionado con la empresa quebradora ubicada en Bribrí, donde se ha observado la operación de maquinaria pesada sobre una loma colindante con su predio principal. De acuerdo con testimonios de personas vecinas y registros fotográficos recopilados, dicha maquinaria estaría realizando labores de remoción de tierra, alterando de manera visible la conformación natural del terreno.

Durante las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se habría indicado que el movimiento de tierra observado corresponde a un deslizamiento natural. No obstante, las evidencias gráficas documentadas muestran la presencia activa de maquinaria, lo que ha generado inquietud en la comunidad respecto al verdadero origen y propósito de dichas intervenciones.

Como se detalló en una nota anterior, esta empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de las autoridades debido a actividades fuera de las áreas autorizadas en su concesión minera. En aquella ocasión, fue requerida a implementar medidas correctivas específicas, las cuales, según consta en la documentación oficial disponible, fueron acatadas.

Actualmente, según información del Catastro Minero, la empresa mantiene abiertos tres procesos administrativos, todos vinculados a actividades de extracción en Cauce de Dominio Público (principalmente arenas y gravas de ríos y quebradas). Sin embargo, es importante señalar que la remoción de tierra en lomas o montañas constituye una actividad distinta, que debe tramitarse mediante una concesión minera de explotación específica, acompañada de los respectivos estudios y permisos ambientales.

Frente a la situación actual, miembros de la comunidad han presentado consultas formales ante la Municipalidad local, con el objetivo de esclarecer el marco jurídico aplicable a la remoción de tierra en terrenos de ladera, considerando que la legislación vigente establece requisitos estrictos para este tipo de actividades fuera de cauces públicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las personas no han recibido una respuesta oficial que clarifique estos aspectos, más allá de un listado general de requisitos.

Cabe destacar que la remoción de tierra en zonas de ladera, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los del Caribe Sur, puede tener consecuencias ambientales graves. Entre ellas se incluyen el aumento de la erosión, la pérdida de cobertura vegetal, la afectación de acuíferos y un incremento en el riesgo de deslizamientos, afectando tanto a la biodiversidad como a la seguridad de las comunidades humanas.

Por estas razones, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen un abordaje riguroso, transparente y preventivo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, en resguardo de los bienes comunes y de la estabilidad ecológica de la región.

Impactos de la extracción de tierra en la flora y fauna de ecosistemas frágiles

La extracción de tierra en lomas y montañas genera una serie de impactos significativos sobre la flora y fauna local, afectando particularmente ecosistemas frágiles como los del Caribe Sur de Costa Rica. La remoción de grandes volúmenes de suelo altera profundamente los procesos ecológicos que sostienen la vida en estos territorios.

Uno de los principales efectos es la destrucción directa de la cobertura vegetal. La remoción de árboles, arbustos y otras plantas elimina especies de importancia ecológica y destruye hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y reptiles. Esta pérdida de vegetación expone el suelo a la erosión, lo que puede degradar fuentes de agua cercanas y fragmentar corredores biológicos vitales.

Además, el ruido y la vibración ocasionados por maquinaria pesada perturban a la fauna silvestre, alterando sus patrones de comportamiento, desplazando a especies sensibles y afectando sus ciclos de reproducción y alimentación. Muchas especies locales, algunas endémicas o en riesgo de extinción, dependen de condiciones específicas de humedad, temperatura y cobertura, las cuales son alteradas significativamente por la actividad extractiva.

La fragmentación del hábitat representa otro efecto grave. La apertura de caminos y la remoción de tierra intensiva crean barreras físicas que dificultan el desplazamiento de los animales, reducen el acceso a fuentes de alimento y agua, y limitan las posibilidades de intercambio genético entre poblaciones, comprometiendo la biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, la alteración de los patrones hidrológicos como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal puede modificar el curso natural de quebradas y nacientes, afectando no solo a las especies acuáticas, sino también a toda la cadena ecológica que depende del acceso a agua limpia y continua.

En suma, la extracción de tierra en zonas de ladera compromete la estabilidad ecológica de los ecosistemas, afectando no solo a la biodiversidad inmediata, sino también a los servicios ambientales esenciales que sustentan la calidad de vida de las comunidades humanas cercanas. Por ello, es fundamental que estas actividades sean sometidas a controles ambientales rigurosos y que se privilegien alternativas que minimicen el daño a los ecosistemas naturales.

Algunas de las especies que habitan esta zona y que han sido captadas por las personas vecinas desde sus patios
Cuadro informativo para diferenciar los tipos de concesión

Aspecto

Extracción en río (OMA – Materiales de arrastre)

Extracción en loma/montaña (tierra sólida)

Tipo de material

Materiales sueltos: arena, grava, piedras de cauces de ríos o quebradas.

Tierra, tosca, arcilla, material de laderas, suelos consolidados.

Permiso

Permiso especial para materiales de arrastre. Se tramita como concesión en cauce público. Requiere derecho de uso municipal.

Concesión minera de explotación (sobre tierra firme). Implica inscripción del área en el Registro Nacional y requiere propiedad o consentimiento del dueño.

Autoridades involucradas

Dirección de Geología y Minas (DGM) + Municipalidad (permiso de uso de cauce).

DGM + Municipalidad (uso de suelo) + SETENA (viabilidad ambiental formal).

Proceso

Más sencillo: solicitud en DGM + aval de Municipalidad + posible evaluación ambiental básica.

Más complejo: solicitud formal de concesión minera, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), certificación de uso de suelo, publicación de edictos, análisis técnico profundo.

Trámite ambiental

En muchos casos basta un formulario D1 ante SETENA.

Normalmente es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.

Tiempos de tramitación

Puede resolverse en varios meses si toda la documentación está completa.

Puede tardar más de un año debido a estudios, audiencias y trámites ante SETENA.

Restricciones comunes

No extraer cerca de nacientes, quebradas protegidas o zonas vulnerables.

Prohibido en áreas de conservación, zonas de recarga acuífera o terrenos con alta pendiente sin medidas de control de erosión.

Fiscalización

Inspecciones periódicas de DGM y SETENA, pero menos intensas.

Fiscalización constante, reportes periódicos de cumplimiento ambiental y visitas de control.

Reforestación/Restauración

No siempre exigida si es en cauces activos.

Obligatoria: presentar plan de restauración de suelos y reforestación después de la explotación.

¿Por qué importa?

Aunque los casos específicos pueden variar, preocupa que buena parte del material extraído de laderas y montañas en la región esté siendo utilizado para el relleno de humedales en el Caribe Sur. Esta práctica no solo contribuye a la pérdida de ecosistemas vitales, sino que también profundiza los impactos ecológicos derivados de actividades extractivas poco reguladas. En zonas con alta fragilidad ambiental, como esta región, la alteración de terrenos naturales y el uso de suelos removidos para modificar humedales representan una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio hidrológico y a la seguridad territorial de las comunidades locales.