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Somos Cuenca: cuando el territorio empieza a hablarse a sí mismo

Durante cinco meses, organizaciones comunitarias, ASADAS, municipalidades, instituciones y la Universidad de Costa Rica se reunieron para mirar el territorio con otros ojos. Lo que comenzó como una invitación a “pensar en clave de cuenca” terminó convirtiéndose en un laboratorio vivo donde se cruzaron saberes, tensiones, vacíos, acuerdos y ganas de construir una forma distinta de habitar el agua.

El proceso Somos Cuenca no produjo recetas ni soluciones instantáneas. Hizo algo más difícil: permitió que el territorio se escuchara. Donde antes había islas, emergieron puentes; donde se veía solo un río, apareció una red de vida; donde existía fragmentación, surgieron puntos de encuentro.

Un balance del camino andado

1.De la mirada fragmentada a la cuenca como comunidad de vida: El primer gran giro fue conceptual y político: dejar de ver ríos aislados y reconocer el territorio como un sistema interdependiente donde conviven actores humanos y no humanos. Esa comprensión permitió desmontar la idea de que la gestión del agua es solo tarea de instituciones; es un entramado vivo que incluye suelos, bosques, lluvias, fauna y comunidades.

2. Reconocer que en la cuenca también hay poder: La discusión territorial reveló un paisaje lleno de tensiones: contaminación, debilidad estatal, falta de articulación, vacíos en la protección de ecosistemas, desigualdad en las responsabilidades y un modelo de desarrollo que a veces erosiona más de lo que construye.

3. De los problemas a las posibilidades: A partir de esas tensiones surgieron ejes comunes:

  • -Educación y sensibilización ambiental

  • -Gestión de aguas residuales

  • -Protección de flora y fauna

  • -Cumplimiento de leyes ambientales

  • -Coordinación comunitaria e interinstitucional

Esos cinco ejes se transformaron en un mapa para la acción, una especie de brújula que acompaña la construcción de acuerdos.

4. Del inventario de acciones a la articulación real: El proceso evidenció que ya existen muchas prácticas valiosas: limpiezas, reforestaciones, monitoreo, denuncias, educación comunitaria, trabajos técnicos de ASADAS y municipalidades. El desafío no es empezar de cero, sino conectar. La articulación apareció como un “tejido fino”, hecho de acciones locales que sostienen el día a día y acciones regionales que permiten incidir, compartir información y fortalecer la gobernanza.

Una lección para empezar

El proceso cerró con una idea clave: Lo local sostiene la vida; lo regional la organiza.

No se trata de uniformar territorios, sino de crear una red que respire al ritmo del agua y permita que las prácticas comunitarias aporten a un horizonte común.

La fuerza que ya tenemos: cómo nuestras acciones locales sostienen lo regional

En un territorio donde lo regional suele sentirse lejano —como una constelación a la que miramos sin saber muy bien cómo alcanzar— el proceso Somos Cuenca recordó algo esencial: la articulación no empieza en el mapa grande, sino en la práctica pequeña que conocemos bien. No se trata de “subir” a lo regional desde cero, sino de permitir que lo que ya hacemos, con nuestras manos y ritmos locales, encuentre resonancia más allá del barrio.

Cuando una comunidad limpia su río, monitorea una naciente, acompaña a una escuela, o denuncia un impacto ambiental, ahí ya hay un lenguaje compartido. Ese lenguaje nace de los saberes puestos en práctica: la memoria sobre cómo se movía el agua antes, la experiencia de sembrar en época seca, la intuición de quién cuida y quién depreda, la habilidad de organizarse aun con pocos recursos.

Priorizar desde nuestras propias prácticas no es un acto de modestia territorial, sino una estrategia de coherencia: caminar desde lo que sabemos hacer para construir vínculos que no se quiebren a la primera dificultad. Porque lo regional no es un nivel superior; es un tejido de puentes. Y para que esos puentes sean firmes, deben anclarse en lo que cada territorio ya domina, ya comprende, ya vive.

Lo regional, entonces, deja de ser una estructura lejana y se convierte en el eco ampliado de nuestras prácticas locales. No todas las acciones podrán viajar entre territorios, pero sí pueden viajar los aprendizajes, las alertas, los datos y las ganas. Cuando cada comunidad aporta desde lo que hace con sentido, lo regional deja de ser desafío y empieza a ser oportunidad.

En esa lógica, priorizar no es escoger lo más vistoso, sino lo más verdadero. Y lo más verdadero es siempre lo que nace de la práctica. Ahí, justo ahí, comienza la red.

Nuestros boletines

Cada boletín del proceso dejó una huella particular. Aquí una lectura síntesis —sin perder la textura del camino colectivo:

Boletín 1 – Ver el agua con otros ojos (17 de septiembre 2025)

El inicio del proceso invitó a desarmar la mirada fragmentada y pensar la cuenca como un todo vivo.

Este boletín condensó aprendizajes clave:

  • -La cuenca es una comunidad de vida, no un mapa técnico.

  • -Lo que ocurre arriba repercute abajo: las conexiones invisibles importan.

  • -Los actores no humanos sostienen la vida del territorio y deben ser parte de la planificación.

  • -Grecia forma parte de la cuenca del Río Grande de Tárcoles, uno de los sistemas más presionados de la región.

Identificó también conflictos centrales (contaminación, débil fiscalización, falta de articulación) y dejó ideas fuerza que se convertirían en el hilo conductor del proceso: “El agua nos une, la cuenca nos organiza”.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 2 – Nombrar lo común para poder cuidarlo (1 de octubre 2025)

La segunda sesión profundizó en el reconocimiento de actores humanos y no humanos. El boletín hizo visible algo esencial: la cuenca es un territorio en disputa, donde intereses productivos, comunitarios e institucionales chocan, se cruzan y a veces se complementan.

Este número sistematiza:

  • -La diversidad de actores presentes en la cuenca.

  • -Las funciones ecológicas clave (recarga, regulación climática, conectividad).

  • -Los vacíos territoriales y los desafíos para articular esfuerzos.

  • -Cinco dimensiones comunes que luego se volverían ejes estratégicos.

Este boletín es, en esencia, un mapa que organiza preocupaciones y posibilidades.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 3 – Tejiendo coincidencias (15 de octubre 2025)

Aquí el proceso dio un salto: ya no se trató solo de diagnosticar, sino de reconocer lo que cada actor ya está haciendo, y cómo esas acciones se complementan.

El boletín destaca tres ámbitos que se necesitan mutuamente:

  • -Lo comunitario (limpiezas, educación ambiental, vínculos territoriales).

  • -Lo técnico (infraestructura, protección de zonas de recarga, estándares).

  • -Lo político (denuncias, participación, defensa del caudal ecológico).

Además, introduce la idea de una “caja de herramientas” para un eventual Consejo de Cuenca, basada en prácticas que ya existen y pueden articularse.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 4 – De los relatos a los acuerdos (29 de octubre 2025)

Este boletín es quizá el más narrativo: recoge cuentos, metáforas y relatos que funcionaron como espejos del trabajo colectivo.

A través de historias sobre poder, desgaste, desigualdad en el trabajo y falsas promesas de “desarrollo”, emergió un aprendizaje profundo: cuidar la cuenca también es cuidar las relaciones.

El documento diferencia dos caminos claves:

  • -La educación ambiental como semilla local.

  • -La protección de flora y fauna como punto de encuentro más fuerte entre todas las organizaciones.

El mensaje es claro: no todo tiene que hacerse en conjunto, pero sí en conexión.

Pueden descargar el boletín aquí.

Boletín 5 – Lo local sostiene, lo regional conecta (12 de noviembre 2025)

El último boletín cerró el proceso con una clarificación estratégica:

  • -Las acciones locales son el pulso cotidiano.

  • -Las acciones regionales articulan y dan dirección.

Además, presenta el primer cronograma colectivo 2026, acuerdos de información compartida y la ficha común para monitoreo de limpiezas.

El boletín concluye que la organización regional no reemplaza a nadie: actúa como puente, permitiendo que datos, aprendizajes y denuncias se conecten para construir un mapa más grande de protección territorial.

Pueden descargar el boletín aquí.

Galería

Agradecemos a la empresa PANDUIT por facilitar el espacio donde se realizaron los talleres del proceso Somos Cuenca. Su disposición para abrir sus instalaciones permitió que organizaciones comunitarias, instituciones y actores locales se encontraran, dialogaran y avanzaran en la construcción colectiva de una visión de cuenca compartida.

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Gestión del riesgo desde los bienes comunes: una invitación a leer el nuevo Cuaderno de Estudio del Observatorio

En tiempos en que la crisis climática parece una tormenta que no deja de crecer, el Observatorio de Bienes Comunes propone algo distinto: cambiar la forma en que nombramos, pensamos y enfrentamos los desastres. El Cuaderno de Estudio N.º 6, “Gestión del riesgo desde los bienes comunes y la justicia socioecológica”, llega para desmontar la idea de que los desastres “son naturales” y devolver el protagonismo a las comunidades que cuidan territorios día a día.

Este cuaderno no es un manual técnico. Es una herramienta política y pedagógica para leer el territorio con otros ojos, comprender vulnerabilidades ocultas y construir justicia en medio de la crisis climática.

Desnaturalizar el desastre: cuando las palabras esconden responsabilidades

El documento parte de una afirmación firme: los desastres no vienen de la naturaleza, sino de desigualdades históricas y territorios debilitados por decisiones políticas y económicas.
Un huracán no destruye por sí mismo; lo hace cuando encuentra pobreza, deforestación, abandono estatal o urbanización desordenada.

El cuaderno ayuda a desmontar conceptos engañosos como “desastre natural”, “fenómeno imprevisible”, “humanidad culpable” o “volver a la normalidad”, mostrando cómo estos discursos encubren responsabilidades y perpetúan injusticias.

Bienes comunes y riesgo: el territorio como tejido vivo

El texto propone mirar los bienes comunes —el agua, los bosques, la tierra, pero también los vínculos comunitarios— como la red que sostiene la vida y determina el riesgo.
Cuando una cuenca se contamina, cuando se privatiza el acceso al agua o cuando las comunidades pierden poder de decisión, la vulnerabilidad aumenta.

El cuaderno invita a comprender la crisis climática no como una anomalía, sino como síntoma del deterioro de esos bienes comunes.

Justicia socioecológica: unir cuidado, derechos y territorio

El documento ofrece una de sus contribuciones más potentes: una mirada de justicia socioecológica que articula justicia social, ambiental, territorial e histórica.
Desde esta perspectiva, gestionar el riesgo implica preguntarse:

  • ¿quién contamina y quién cuida?

  • ¿quién decide y quién queda expuesto?

  • ¿por qué el impacto recae sobre pueblos indígenas, poblaciones empobrecidas, mujeres y territorios marginados?

La justicia socioecológica permite comprender la crisis climática como un problema de poder, no de fatalidad.

Paradigmas de emergencia: entre el asistencialismo y la dignidad

Inspirado en la Red Alforja, el cuaderno compara dos paradigmas que suelen aparecer durante emergencias:

  • El asistencialista, que trata a las personas como víctimas pasivas.

  • El liberador, que reconoce capacidades, promueve organización y convierte la reconstrucción en una oportunidad transformadora.

El segundo enfoque es el que sostiene la autonomía, fortalece tejido comunitario y evita que la “normalidad injusta” reaparezca intacta tras una crisis.

Módulos pedagógicos para la acción comunitaria

El documento integra cuatro módulos prácticos que combinan contenido conceptual con actividades participativas:

-Desnaturalizar el desastre

-Territorios como bienes comunes

-Emergencia y dignidad

-Gestión comunitaria del riesgo

Cada módulo invita a leer el territorio desde el saber local, mapear vulnerabilidades, analizar tensiones y diseñar planes colectivos de gestión del riesgo.

¿Por qué leer este cuaderno ahora?

Porque ofrece:

  • una lectura crítica del riesgo y la vulnerabilidad,

  • herramientas para procesos educativos y organizativos,

  • lenguaje que revela causas, no que las oculta,

  • actividades pensadas para comunidades, docentes, organizaciones y defensores territoriales,

  • un marco ético para enfrentar la crisis climática desde la defensa de los bienes comunes.

En pocas palabras, es un cuaderno para quienes no quieren resignarse a que la emergencia sea permanente.

Descargá y compartí el Cuaderno de Estudio N.º 6
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Democracia, territorio y bienes comunes en clave Mononoke

Costa Rica se acerca al ciclo electoral de 2026 en un momento en que el territorio —sus aguas, bosques, cuencas y comunidades— se ha convertido en el verdadero termómetro de la democracia. En este nuevo Documento de Trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, “Democracia, territorio y bienes comunes en clave Mononoke”, se propone una lectura socioambiental del país inspirada en la película La Princesa Mononoke, no como metáfora decorativa, sino como lente crítica para entender un conflicto que ya habitamos.

Cuando las elecciones pasan por el bosque

El documento parte de una afirmación contundente: hablar de democracia sin hablar de territorio es quedarse a mitad del cuento. Las disputas por el agua, el avance del turismo intensivo sobre humedales, la urbanización acelerada y la captura criminal de espacios estratégicos están redefiniendo quién decide y quién queda al margen.
Como en Mononoke, distintos actores ven el bosque —o el territorio— desde intereses contrapuestos: Estado tecnocrático, élites económicas, crimen organizado y comunidades que sostienen la vida cotidiana frente al deterioro institucional.

El agua: la herida que cambia todo

Una de las claves del documento es el lugar central del agua. Se la aborda no como «recurso», sino como ciclo vivo que sostiene culturas, economías y ecosistemas enteros. Herir el agua es herir el territorio completo.
Por eso, el texto propone una lectura que desplaza el lenguaje tecnocrático (“eficiencia”, “gestión”, “recurso”) y lo reemplaza por preguntas más profundas sobre límites ecológicos, justicia y redistribución del poder.

Monitoreo comunitario: criterio de verdad territorial

El análisis destaca un actor que suele quedar fuera del debate electoral: las comunidades que vigilan, documentan y alertan antes de que el Estado llegue —o a veces, pese a que nunca llegue—.
El documento muestra cómo este conocimiento situado:

  • -anticipa conflictos,

  • -expone el vacío institucional,

  • -confronta narrativas oficialistas,

  • y democratiza la vigilancia ambiental.

En tiempos electorales, estos datos no son insumos técnicos: son brújulas políticas.

Lo que dicen (y callan) los planes de gobierno

A partir de la matriz socioambiental construida en el proceso formativo, se identifican dos horizontes en disputa:

1. El modelo dominante (la “Ciudad de Hierro”):

  • -Ambiente como trámite técnico.

  • -Agua como recurso.

  • -Participación simbólica.

  • -Ausencia de conflictos territoriales.

2. El modelo alternativo:

  • -Bienes comunes como eje.

  • -Agua como ciclo.

  • -Gobernanza vinculante.

  • -Reconocimiento de defensoras.

  • -Justicia ambiental y restauración.

Esta distinción permite leer las propuestas no por sus promesas, sino por el tipo de país que configuran.

Los desafíos que siguen

El documento cierra con una serie de retos para el movimiento ecologista y los territorios: politizar el agua, disputar narrativas, fortalecer la protección de defensoras, usar monitoreo comunitario como contrapeso a los discursos electorales y reconocer que el territorio es un conflicto político, no un expediente.

La pregunta Mononoke para Costa Rica

Al final, todo se reduce a una pregunta que atraviesa la película y nuestro momento histórico:
¿Qué mundo queremos sostener cuando las presiones sobre la vida se vuelvan insostenibles?

El Observatorio propone una respuesta tan sencilla como exigente:
La democracia se mide en cuánta vida protege, no en cuántos trámites resuelve.

Leé y descargá el documento completo
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Cuando la tala se disfraza de legalidad: patrones que se repiten en el Caribe Sur

Durante años, el Caribe Sur ha sido escenario de una tala que avanza sin hacer ruido, mientras un puñado de papeles –permisos, regencias, declaraciones forestales– opera como una especie de blindaje administrativo. Las observaciones y análisis de Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado estos procesos por décadas, ayuda a iluminar la trama: no se trata simplemente de tala ilegal, sino de una legalidad que se retuerce para permitir lo que la ley dice que debe evitar.

El resultado es un paisaje que cambia sin que las instituciones registren el deterioro, y un bosque que desaparece mientras la documentación parece estar siempre “en regla”.

  1. Permisos que se reciclan: la legalidad en bucle

Una de las tendencias más persistentes es el uso reiterado de permisos forestales. Algunos se emplean más allá de su alcance; otros reaparecen para justificar aprovechamientos posteriores; otros simplemente se muestran como escudo ante cualquier inspección.

En la práctica, la presencia de un papel –sin verificación de fondo– se convierte en un salvoconducto para seguir extrayendo.

Es la legalidad como trámite, no como garantía.

  1. El bosque que dejan de llamar bosque

Quizá la maniobra más elocuente es la reclasificación territorial. Luego de años de extracción, ciertas fincas dejan súbitamente de figurar como bosque, aunque lo fueron durante décadas.

Ese simple cambio administrativo legitima lo que ocurre después: si “no es bosque”, entonces no cuenta como afectación, y tanto la tala como la siembra posterior quedan envueltas en una apariencia de normalidad.

Se borra la historia ecológica del lugar para que encaje con el presente que conviene.

  1. Reforestar para volver a talar: la plantación continua

Tras el agotamiento del bosque original, se siembran árboles destinados a ciclos muy cortos de aprovechamiento: troncos de 20 o 30 centímetros, cortados apenas alcanzan valor comercial.

Esta reforestación acelerada funciona como maquillaje verde: se presenta como manejo responsable, pero en realidad sostiene un negocio de extracción constante. Se siembra para talar, y se tala para volver a sembrar.

Es una sustitución progresiva del bosque por una fábrica de madera.

  1. El permiso como escudo y la retirada del Estado

Philippe describe una escena repetida: llega MINAE, se observa la tala, se muestra un permiso, y la inspección termina ahí.

La autoridad no revisa si el documento es válido, pertinente o coherente con lo que ocurre en el terreno. Tampoco investiga si existe un historial de aprovechamientos acumulados.

El papel pesa más que el daño.

  1. Cuando el control llega tarde —o no llega

La fiscalización institucional suele presentarse cuando ya no hay nada que ver: el bosque ya fue tumbado, acarreado o empujado con maquinaria.

Las visitas posteriores se encuentran con rebrotes o áreas recién sembradas y concluyen que “no hay afectación visible”.

Es un control que opera en diferido, sin capacidad de reconstruir lo que ocurrió antes.

El vacío temporal se vuelve parte del mecanismo.

  1. El transporte como punto crítico… y su límite

Durante años, el único control relativamente efectivo ha sido la revisión de furgones cargados de madera en carretera. Ahí sí se detienen camiones, se inspeccionan troncos y se piden documentos.

Pero incluso esa instancia es frágil: la corrupción, los arreglos informales o la presión local pueden diluir el impacto de estas revisiones.

Nada garantiza que el punto de control sea un verdadero cierre de brechas.

La ruta puede convertirse en coladero si quienes vigilan no cuentan con independencia o apoyo institucional.

  1. Conservación de oportunidad: cuando proteger es solo una pausa

En varios casos, las fincas ingresan a esquemas de conservación justo cuando se llega al límite de aprovechamiento. Durante esos años reciben beneficios económicos, mientras esperan a que los permisos vuelvan a activarse.

Una vez termina el periodo, el ciclo de tala se retoma.

Es una conservación que preserva el ingreso, no el bosque.

  1. Tala selectiva que termina siendo tala total

Lo que empieza como extracción de árboles grandes termina en un barrido casi completo del paisaje.

Primero se llevan los gigantes; luego los medianos; luego los más jóvenes; luego los sembrados; luego los recién sembrados.

El bosque se convierte en secuencia de diámetros decrecientes.

La selectividad inicial abre camino al agotamiento sistemático.

  1. La ciudadanía como última defensa

En medio de estas prácticas, Philippe aparece como uno de los pocos que insiste en denunciar, documentar y señalar las contradicciones.

Mientras muchos funcionarios operan en un margen estrecho —por miedo a sanciones internas, por presión comunitaria o por falta de apoyo—, son personas como él quienes sostienen la línea mínima para que estos casos no queden invisibilizados.

La defensa del bosque termina sostenida por quienes se rehúsan a acostumbrarse.

La tala de aprovechamiento como llave para urbanizar: el nuevo patrón en la costa

Philippe advierte sobre un mecanismo que se ha vuelto cada vez más común en zonas del Caribe Sur: usar los permisos de “tala de aprovechamiento” como antesala de procesos de urbanización, loteo y construcción. No se trata de un fenómeno aislado; es un método que se repite con precisión quirúrgica.

El libreto funciona así:

  • Primero se extrae la madera valiosa. Puede haber ocurrido hace años o recién; lo importante es que el bosque ya está debilitado o fragmentado.
  • Luego se solicita un permiso de aprovechamiento para tumbar lo que “queda”: árboles dispersos, especies menores, restos de cobertura.
    En el papel, la finca aparece con pocos árboles por superficie, lo cual facilita justificar el permiso.
  • Una vez ejecutada la tala y con el terreno ralo, las instituciones concluyen que “ya no es bosque”. Esta lectura ignora la historia reciente: hace 3, 5 o 10 años ese mismo terreno sí era bosque continuo, y su reducción está prohibida por ley desde 1995.
  • Con el bosque debilitado, inicia la segunda fase: el loteo. Se rellenan áreas, se trazan caminos, se subdividen las fincas y arranca el mercado inmobiliario. A veces se construyen casas de lujo; otras veces simplemente se venden los lotes.
  • La supervisión institucional llega tarde, atrapada en el “aquí y ahora”: mide la cobertura actual, ignora la pérdida previa y concluye que la zona “no cumple criterios de bosque”.
  • Este patrón se repite en Playa Negra y otros puntos de la costa: grandes extensiones de bosque convertidas en proyectos inmobiliarios bajo una secuencia bien conocida por quienes la ejecutan.

Philippe incluso describe episodios donde, al alertar a la fiscalía, las obras se detienen de inmediato, lo que confirma que el proceso avanza mientras nadie lo vea; cuando se investiga seriamente, se paraliza. Pero sin vigilancia sostenida, el ciclo vuelve a comenzar.

Este uso instrumental de la tala de aprovechamiento no solo fragmenta el bosque en todo el Caribe Sur: abre la puerta para que intereses privados —incluidos capitales opacos— remodelen la costa según su conveniencia, desplazando ecosistemas y encareciendo el territorio.

No es una coincidencia ni un error técnico.

Es una estrategia.

Y hoy es visible como uno de los patrones que más amenaza lo poco que queda del bosque costero en el Caribe Sur.

Una trama que se repite… y que urge detener

Lo que Philippe ha venido mostrando no son historias aisladas. Son patrones.

Son formas de burlar la ley a través de la propia ley.

Son ciclos que degradan el bosque mientras mantienen una apariencia de orden.

Nombrarlos, documentarlos y exponerlos es un paso necesario para frenar una dinámica que, de seguir así, convertirá los últimos bosques del Caribe Sur en simples viveros de aprovechamiento.

Cuando el caso se repite: de hechos aislados a un patrón que corroe la institucionalidad

Lo que Philippe describe no es la excepción geográfica ni temporal. Los relatos, los permisos que aparecen a última hora, la retirada de las autoridades ante cualquier papel, los ciclos de siembra–tala, las revisiones superficiales y la ausencia de seguimiento forman una secuencia que los actores locales reconocen, aceptan o reproducen como parte del “funcionamiento real” del Caribe Sur.

La suma de estos episodios crea un paisaje donde la ley deja de ser herramienta y se convierte en telón: está ahí, pero no orienta ni limita. Las prácticas se normalizan hasta el punto de que cualquier intento de control institucional queda atrofiado por tres fuerzas que se alimentan entre sí:

  1. La repetición sistemática de maniobras —permisos usados como escudo, reclasificación del bosque, extracción progresiva— crea una rutina de impunidad.
  2. Los actores conocen el libreto, saben qué decir, a quién mostrarle qué documento y en qué momento detenerse para luego continuar.
  3. Las instituciones operan desde una fragilidad aprendida, donde inspeccionar no es investigar, y observar no es intervenir.

Con el tiempo, el patrón deja de esconderse: se vuelve paisaje. Las autoridades llegan, ven un terreno ya alterado, revisan documentación fragmentada y, al no encontrar “evidencia inmediata”, se retiran. Así, cada omisión reafirma la idea de que el bosque puede ser desmontado sin consecuencias reales.

En este escenario, la institucionalidad no solo pierde autoridad; pierde memoria.
Cada caso se evalúa como si fuera el primero, sin reconstruir la secuencia previa ni identificar a los actores que la repiten. Y cuando el Estado no conecta los puntos, quienes desean explotar el bosque lo hacen por adelantado.

El resultado es una erosión silenciosa: un sistema que funciona sin funcionar, y un bosque que se desvanece mientras el papel certifica que todo está en orden.

Casos que lo evidencian: cuando el patrón se vuelve territorio

Las observaciones de Philippe no se quedan en análisis generales. Son fruto de recorrer, denunciar y documentar situaciones concretas a lo largo del Caribe Sur. Cada caso apunta a lo mismo: tala de aprovechamiento utilizada para abrir camino al loteo, la venta y la construcción, mientras la institucionalidad responde tarde, o simplemente avala.

Estos son algunos de los ejemplos que él mismo ha acompañado:

  • Camino hacia Cahuita
    Talaron los últimos árboles para lotear y vender con fines de construcción. Philippe denunció la situación, pero la respuesta institucional fue que “no era bosque” y que “todo estaba bien”. La urbanización avanzó sin obstáculos.
  • Calle hacia Cahuita (otro punto del mismo sector)
    El patrón se repite: los últimos árboles fueron talados, se dividió la finca en lotes, se vendieron y luego se construyó. No hubo impedimento ni cuestionamiento.

Terreno en Puerto Viejo
Eliminación total de los árboles. En este sitio pasa una quebrada que fue intubada, ocultando su presencia para poder aplanar y preparar el terreno para construir. Un ecosistema convertido en plataforma inmobiliaria.

Playa Negra
Zona de bosque y humedal. Se eliminaron la mayoría de los árboles, se rellenó y se inició el loteo para venta. Lo que era un ecosistema costero se transformó en una operación comercial acelerada.

  • Punta Uva / REGAMA
    Philippe y otras personas lograron detener temporalmente una carga de madera. El sitio estaba siendo talado y los troncos cargados.
    Al llegar con MINAE, la institución ratificó que “todo estaba bien” porque existía un permiso emitido por un ingeniero forestal.
  • El caso terminó exponiendo algo de mayor escala: ese mismo funcionario fue arrestado posteriormente en la investigación del caso Pacheco Dent, donde se demostró la existencia de permisos ilegales para tala dentro de REGAMA, incluyendo áreas de bosque, humedal y patrimonio natural del Estado. El permiso fue declarado ilegal.

Estos ejemplos muestran que el problema no es hipotético ni excepcional: ocurre en sitios distintos, con actores distintos, pero con la misma secuencia.

La tala se presenta como legal, la urbanización avanza, las denuncias chocan con la inercia institucional y los ecosistemas desaparecen sin dejar huella en los expedientes.

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Calle Álvarez: cuando el abandono institucional se vuelve parte del paisaje

En Guatuso, a escasos metros del Río Frío, la comunidad de Calle Álvarez vive una paradoja que se repite en muchos territorios rurales del país: estar cerca del centro, pero lejos de las decisiones. Esa distancia simbólica —que se mide más en prioridades institucionales que en kilómetros— ha dejado a más de 30 familias atrapadas entre las inundaciones y una institucionalidad que aparece sólo para administrar excusas.

Como parte del trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, visitamos la comunidad para conversar con vecinos y conocer de primera mano la situación. Don Pedro Luis Martínez, habitante nativo de la zona, abre una ventana a un abandono que ya dejó de parecer coyuntural. Durante años, la comunidad ha solicitado un acceso seguro para evitar quedar incomunicada cada vez que el río crece. La respuesta que reciben es un eco repetido: “la inversión es muy alta”. Un mantra que, con el tiempo, se vuelve sentencia.

La ironía —esa que abunda en los conflictos socioambientales— es que el mismo municipio que declara no tener recursos para lastrear la calle mantiene como política activa la extracción de material del propio Río Frío. Piedra y arena salen todos los días del cantón, mientras las calles del barrio se transforman en barriales en invierno y nubes de polvo en verano. El recurso se va; el problema se queda.

El abandono institucional no sólo se siente: se interpreta. “Aquí nos tratan como ciudadanos de tercera categoría”, dice don Pedro. En esa frase se condensa el peso del ninguneo histórico que cargan muchas comunidades rurales. No es solo la calle intransitable; es la sensación de que las decisiones públicas se calculan según la cantidad de votos, no según la dignidad de las personas.

Proyectos a cualquier precio

Mientras Calle Álvarez espera soluciones básicas, las autoridades permiten —e incluso promueven— proyectos habitacionales en zonas de alta vulnerabilidad, contradiciendo criterios elementales de planificación territorial. Se construye donde no se debe, sin estudios actualizados, sin control sobre la extracción de materiales y sin tomar en serio el incremento de eventos extremos ligado al cambio climático.

La comunidad, conocedora de su territorio, observa cómo se levantan nuevos proyectos mientras ellos siguen aislados con cada crecida del río. Esa disonancia revela un patrón ya familiar: el desarrollo que avanza sin brújula termina costando caro, especialmente a quienes menos margen tienen para asumir el impacto.

La política más allá del voto

Calle Álvarez no está lejos. No es remota. No es “dispersa”, como algunos intentan justificar. Está a menos de 500 metros del centro del cantón. Lo que sí está lejos —y cada vez más— es la voluntad institucional de construir con las comunidades y no a pesar de ellas.

Este caso recuerda algo esencial: la política no se reduce al acto del voto. Se expresa, sobre todo, en cómo las instituciones cuidan, escuchan y garantizan condiciones de vida digna para todas las personas. Cuando una comunidad queda aislada con cada lluvia, cuando se permite construir en zonas de riesgo, cuando el río se debilita por la extracción mientras sus vecinos piden auxilio, ahí también se está haciendo política… y su ausencia también deja huella.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes seguiremos acompañando este caso y señalando las responsabilidades institucionales que, lejos de ser abstractas, determinan la seguridad y la vida cotidiana de comunidades como Calle Álvarez.

Desigualdades socioambientales que se sienten en el cuerpo

El caso de Calle Álvarez no es un accidente ni una excepción perdida en la periferia del país. Es un espejo donde se reflejan las desigualdades socioambientales que atraviesan Costa Rica y que se profundizan cuando la gestión del territorio responde más a intereses económicos o electorales que al bienestar colectivo.

La extracción de materiales sin control efectivo, la construcción de proyectos habitacionales en zonas de riesgo, la falta de planificación y la ausencia de inversión pública básica no son fallas aisladas: son mecanismos que producen vulnerabilidad. La gente no “es vulnerable” por naturaleza; se vuelve vulnerable cuando las instituciones no cumplen su función.

En comunidades como Calle Álvarez, estas decisiones terminan acumulándose en la vida cotidiana: calles que se hunden o se deshacen, aislamiento durante inundaciones, emergencias sin acceso, enfermedades agravadas por el polvo, hogares que nunca están del todo seguros. La desigualdad se manifiesta en el terreno, en la piel, en la manera en que las crecidas del río golpean más fuerte a quienes menos han sido escuchados.

Cuando el Estado permite que la fragilidad del territorio avance y que las personas queden expuestas, la vulnerabilidad deja de ser un riesgo natural y se convierte en un efecto político. Por eso este caso importa, y por eso seguiremos acompañándolo: porque revela cómo las decisiones —y las omisiones— siguen marcando quién puede vivir con dignidad y quién queda esperando soluciones que nunca llegan.

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Cuando la consulta se anuncia al aire: alertas del Colectivo Antonio Saldaña ante la normalización de convocatorias ajenas a los pueblos

En los territorios indígenas, la consulta no es un trámite ni un evento anunciado a última hora por radio. Es un proceso tejido con vínculos, memoria y autoridad. Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña expresamos nuestra preocupación por las formas de convocatoria que se están naturalizando tanto en instituciones gubernamentales como en algunas organizaciones locales del territorio.

En días recientes, la Municipalidad, en conjunto con ADITIBRI, difundió por emisora una invitación “para formar una comisión del mecanismo de consulta”. El aviso llegó el mismo día por la mañana, sin diálogo previo y sin respetar los tiempos, protocolos y canales propios de las autoridades tradicionales. Llamar a una autoridad por un anuncio radial es desconocer su lugar, su rol y la relación que sostiene al territorio. Eso no es consulta: es reducción.

Nos preocupa, además, que algunas organizaciones indígenas están comenzando a replicar los mismos esquemas del sistema estatal costarricense, copiando prácticas que excluyen a mayores, ignoran formas tradicionales de comunicación y reproducen atropellos que se supone deberían denunciar. Cuando una organización que dice representar a su pueblo convoca utilizando mecanismos ajenos —y ajenos, además, a las generaciones mayores que no usan ni dependen de la tecnología— está reforzando la misma lógica que históricamente ha lesionado los derechos colectivos.

Cuando la réplica se vuelve riesgo: efectos de adoptar esquemas externos dentro del territorio

La preocupación no se limita a las instituciones. También observamos un fenómeno silencioso y profundo: algunas organizaciones indígenas están incorporando los formatos estatales como si fueran formas naturales de relacionarse con su propio pueblo. Ese gesto, que a primera vista podría parecer “práctico”, tiene impactos culturales y políticos de fondo.

Adoptar convocatorias improvisadas, anuncios radiales o comunicaciones digitales como método principal implica trasladar al territorio una lógica burocrática que no nace de la comunidad. Con ello, se debilita la palabra de las autoridades tradicionales,

se reducen los espacios de deliberación interna y se empuja la toma de decisiones hacia ritmos y formatos que no pertenecen al pueblo.

Este proceso genera un efecto particularmente grave: normaliza que la consulta pueda acomodarse a la conveniencia institucional, como si fuera un procedimiento administrativo y no un derecho colectivo con raíces culturales. Lo que se replica sin cuestionar termina desplazando las prácticas propias, erosionando la autonomía desde dentro y dejando a la comunidad atrapada entre dos formas de poder: el externo que impone y el interno que lo reproduce.

Cuando las organizaciones indígenas replican estos modelos, dejan de cuestionar la estructura que las presiona y, sin proponérselo, contribuyen a que esa estructura se instale aún más en la vida comunitaria. Lo que antes era defensa se convierte en repetición; lo que era autonomía se vuelve trámite.

Por eso señalamos con firmeza: estas prácticas no respetan la autonomía, no reconocen a las autoridades tradicionales y no constituyen procesos de consulta legítimos.

La consulta debe construirse desde los pueblos, con sus tiempos, sus espacios y su palabra. No desde anuncios improvisados que vacían de sentido los derechos.

¿Qué exige una convocatoria legítima según la normativa internacional y las prácticas propias?

La normativa internacional —Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU, estándares interamericanos— coincide con la sabiduría de los propios pueblos en puntos esenciales que deben guiar cualquier proceso de consulta:

  • -Respeto por los mecanismos tradicionales de comunicación. La convocatoria debe hacerse según las formas del pueblo, no según la comodidad institucional.
  • -Información clara, completa y comprensible. La comunidad debe saber de qué se trata, con qué impactos y qué alternativas existen.
  • -Tiempo suficiente y razonable. La consulta debe ser previa, no reactiva ni apresurada.
  • -Libertad real para aceptar, rechazar o modificar la propuesta. Sin presiones de instituciones, empresas ni organizaciones locales.
  • -Participación plena de las autoridades tradicionales. Su rol no se sustituye ni se minimiza.
  • -Espacios definidos por la comunidad. La consulta debe darse donde y como el pueblo lo decide.
  • -Transparencia y seguimiento. Los acuerdos deben respetarse y cumplirse.

El Colectivo Antonio Saldaña seguirá acompañando, denunciando y defendiendo los procesos que nacen desde el territorio —porque los derechos no se anuncian al aire: se viven, se acuerdan y se respetan.

Colectivo Antonio Saldaña

28 de noviembre del 2025

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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“Lo que el río revela”: denuncias desde Maquengal sobre los daños ambientales en el río Frío

En Maquengal, Guatuso, el río Frío sigue transformándose a un ritmo alarmante. Esta vez, la comunidad documentó en video los daños provocados por la minería no metálica, mostrando lo que a simple vista cualquier visitante logra apreciar, pero que durante años ha sido ignorado por las instituciones encargadas de fiscalizar estas actividades.

El registro fue realizado por un vecino de Maquengal, quien ha acompañado por años el monitoreo comunitario del río. Su voz, cargada de indignación y tristeza, funciona como una bitácora visual de un ecosistema que se está agotando frente a la indiferencia institucional.

Un paisaje alterado por la extracción

En el video, se señala uno a uno los puntos más críticos del daño ambiental. La profundidad del cauce —que según él ya supera varios metros—, el arrasamiento de la vegetación en las isletas, y las enormes “lágrimas” o cortes verticales creados por el dragado constante, evidencian un río que ha sido forzado a cambiar.

El vecino nos muestra cómo la maquinaria ha removido piedras y sedimentos para abrir caminos dentro del mismo cauce, dejando montículos artificiales que alteran el flujo del agua y dañan la retención natural del río. Esto no solo fragmenta el ecosistema, sino que aumenta el riesgo de inundaciones, erosión y pérdida irreversible de biodiversidad.

La profundidad del daño: un río excavado más allá del límite permitido

El vecino explica que los concesionarios habrían profundizado el cauce mucho más de lo que establece la normativa técnica. Mientras la regla indica un máximo de un metro y medio en el cauce, las mediciones empíricas de la comunidad sugieren que el dragado habría alcanzado hasta tres metros.

“Hace falta venir con una varilla para medir dónde estaba el nivel y dónde está ahora” indica el vecino, señalando las paredes verticales creadas por la extracción continua.

Su preocupación es directa: la muerte del río es un proceso silencioso, pero evidente. Cada metro de profundidad perdido es, también, un metro de vida que desaparece.

El paisaje que antes sostenía vida

El video rememora un río que antes era espacio de pesca, juego, encuentro y vida comunitaria.
“Muchos años pudimos bañarnos, pescar, caminar de noche a la luz de la luna… hoy todo eso se está perdiendo”, lamenta el vecino.

La pérdida de retención natural, el arrastre de piedras grandes, la desaparición de refugios para peces y aves, y la alteración del flujo del agua están desencadenando un proceso de degradación que amenaza incluso a Caño Negro, ya que el río Frío es uno de sus aportes principales.

Una economía que destruye más de lo que produce

El vecino denuncia un comportamiento empresarial que prioriza el lucro rápido sobre cualquier consideración ambiental o social: “Cuatro gatitos están haciendo dinero con lo que es de todos, mientras el río se destruye.”

La comunidad cuestiona también la expansión simultánea de equipos entre Upala y Maquengal, lo cual evidencia un modelo de explotación intensiva desconectado de la realidad ecológica y social de la zona.

División en la comunidad: entre la defensa del río y la normalización del daño

Una parte de la comunidad se ha organizado para defender el río, pero el veicno reconoce con preocupación que existen personas que justifican la destrucción o la consideran parte “normal” de las concesiones. Ese discurso —dice— debilita la capacidad colectiva para exigir protección ambiental y abre espacio para que el daño avance sin oposición sólida.

Los conocimiento de las comunidades sigue siendo ignorado

La denuncia registrada en este video expone una verdad que se repite en muchos territorios: las instituciones ambientales no están escuchando a las comunidades. Setena, geología, municipalidades y otras instancias han minimizado o descartado observaciones que son obvias para quienes viven a la orilla del río.

El testimonio del vecino es el de una persona que conoce el río desde adentro, que lo ha caminado durante décadas y que puede identificar, sin instrumentos sofisticados, cuándo un ecosistema está sufriendo. Sin embargo, su conocimiento —como el de tantos vecinos y vecinas de Maquengal— ha sido sistemáticamente ninguneado.

Mientras los informes técnicos normalizan la extracción, la comunidad registra daños que ninguna inspección oficial ha querido reconocer. La brecha entre la mirada institucional y la experiencia territorial se vuelve una forma de violencia: una que deslegitima saberes locales y facilita el avance de concesiones que ponen en riesgo los bienes comunes.

El video es más que una denuncia: es un llamado urgente a detener la destrucción y a reconocer que la defensa del río solo es posible si se escucha a quienes lo viven, lo sienten y lo cuidan todos los días.

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MAG reclasifica drones como equipos de fumigación terrestre: ¿avance tecnológico o flexibilización regulatoria?

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció este 28 de noviembre la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 45310, mediante el cual se establece una nueva normativa técnica para regular las aplicaciones terrestres de agroquímicos, incluyendo por primera vez al uso de drones agrícolas o RPAS dentro de esta categoría. El cambio elimina la clasificación anterior que consideraba a los drones como herramientas de fumigación aérea, lo que implicaba un nivel de regulación más exigente por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)*.

En su comunicado, el MAG afirma que esta actualización “define criterios operativos, requisitos técnicos y parámetros de seguridad para productores, operadores y demás actores del sector agropecuario” y que busca “ordenar el uso de estas tecnologías y mejorar la precisión en las aplicaciones”, incorporando lineamientos para la sostenibilidad ambiental y la reducción de riesgos.

Sin embargo, el núcleo del cambio es la reclasificación de los drones como equipos de aplicación terrestre, lo cual habilita el uso de productos aprobados para bombas de motor o bombas de espalda —categoría menos regulada— y excluye únicamente los productos más peligrosos o de uso restringido. Según el ministro Víctor Carvajal, esta medida “elimina muchas limitaciones” al simplificar los requisitos necesarios para la utilización de drones en agricultura.

Desde una mirada técnica y socioambiental, este cambio no es menor. Implica modificar la forma en que el Estado entiende y regula un método que, aunque operado desde tierra, dispersa sustancias químicas desde el aire.

Un cambio regulatorio que reduce controles y amplía el margen de uso

Hasta ahora, los drones estaban sujetos a la regulación de fumigación aérea:
– Necesitaban supervisión del SFE.
– Los productos aplicados debían ser aprobados explícitamente para uso aéreo.
– Se consideraban los riesgos de deriva, exposición humana y afectación a cuerpos de agua.

Con el nuevo decreto, los drones pasan a operar bajo los estándares de las aplicaciones terrestres, mucho menos estrictos. Esto implica:
– Menos controles directos del SFE.
– Mayor cantidad de agroquímicos disponibles para uso con drones.
– Menos análisis previo sobre la deriva y el impacto en comunidades vecinas.

La justificación oficial apela a la precisión tecnológica y a la modernización productiva. Pero desde los territorios, donde comunidades y ecosistemas ya enfrentan altos niveles de exposición a agroquímicos, esta flexibilización puede agravar riesgos existentes.

Implicaciones socioambientales: ¿quién asume los riesgos?

Las zonas rurales donde ya hay conflictos por fumigaciones —como comunidades cercanas a monocultivos de piña, banano o hortalizas— podrían experimentar un aumento en la frecuencia de aplicaciones y una disminución en la capacidad de control institucional.

Aunque el decreto establece distancias mínimas de no aplicación y cercas vivas como barreras naturales, estos mecanismos han demostrado ser insuficientes cuando no se fiscalizan adecuadamente. Además, la efectividad real de una cerca viva para frenar la deriva aérea es limitada si no se acompaña de controles estrictos sobre clima, volúmenes aplicados y condiciones de operación.

A esto se suma que la clasificación como “terrestre” puede invisibilizar los impactos que siguen siendo aéreos, porque la dispersión del agroquímico no ocurre sobre el suelo, sino en forma de gotas que viajan por encima de él. En un país donde los conflictos socioambientales asociados a agroquímicos ya son numerosos y persistentes, el cambio normativo puede aumentar tensiones y desigualdades territoriales.

Tecnología como solución: una mirada educativa y crítica

La narrativa con la que se presenta esta modificación se apoya fuertemente en la idea de que la tecnología es una solución casi automática a los problemas del sector. Los drones son descritos como herramientas más modernas, precisas y seguras, lo cual podría generar la impresión de que reducen de forma significativa los riesgos asociados al uso de agroquímicos.

Sin embargo, es fundamental comprender que los drones son dispositivos aéreos, aunque se operen desde tierra. Esto significa que su funcionamiento depende de condiciones climáticas y que existe riesgo de deriva: el agroquímico puede desplazarse fuera del área de aplicación y llegar a comunidades, cuerpos de agua y ecosistemas cercanos.

La tecnología puede aportar mejoras, pero no elimina la naturaleza del riesgo. Tampoco cambia el modelo agrícola que demanda grandes volúmenes de insumos químicos. Cuando se presenta la tecnología como panacea, se corre el riesgo de ocultar preguntas esenciales:
– ¿Por qué se utilizan tantos agroquímicos en primer lugar?
– ¿Qué impactos generan sobre las personas y los bienes comunes?
– ¿Qué alternativas productivas podrían reducir esa dependencia?

En este sentido, el decreto puede interpretarse como una flexibilización regulatoria que utiliza el prestigio de la innovación para justificar un acceso más amplio a agroquímicos. El debate público se desplaza hacia la herramienta —el dron— y se aleja del modelo que reproduce impactos socioambientales profundos.

La verdadera sostenibilidad requiere algo más que nuevos dispositivos: necesita procesos de participación, escucha territorial, reducción del uso de químicos y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. La tecnología puede complementar, pero no sustituir el análisis crítico ni la protección de los derechos de las comunidades.

¿Qué podemos aprender del caso de Entre Ríos? Un espejo para nuestras luchas socioambientales

El reciente fallo judicial de Entre Ríos, Argentina —que prohibió de manera cautelar las fumigaciones con drones en una zona rural tras confirmarse daño genotóxico crónico en una niña de 12 años— deja varias lecciones valiosas para pensar las disputas ambientales en nuestra región. El caso, impulsado por el padre de la niña y organizaciones socioambientales, logró que la Justicia reconociera algo esencial: cuando la tecnología avanza más rápido que la regulación, los riesgos recaen sobre las comunidades, especialmente sobre niñas, niños y personas trabajadoras del campo.

Lo más significativo del fallo es que no se limita a suspender una práctica puntual. También cuestiona la legislación vigente y la insuficiencia de las distancias de protección establecidas para fumigaciones terrestres y aéreas. La jueza subrayó que la ausencia de registros, protocolos y habilitaciones para drones pulverizadores convierte su uso en ilegal y, por lo tanto, incompatible con la garantía del derecho a la salud y a un ambiente sano. Esto sienta un precedente poderoso para otros territorios donde las comunidades denuncian fumigaciones incontroladas y exposición crónica a agrotóxicos.

La medida revela además el peso que puede tener la evidencia científica cuando se articula con la movilización comunitaria. Los estudios genéticos que confirmaron el daño en la niña fueron determinantes para que la Cámara en lo Contencioso Administrativo actuara con el principio de precaución: ante la duda, proteger la vida. En un contexto donde las normativas suelen responder más a intereses productivos que a estándares sanitarios, la sentencia abre un camino para discutir qué entendemos por “desarrollo” y quiénes asumen sus costos.

Este caso también expone un patrón que se repite en diversos países latinoamericanos: la brecha entre la realidad tecnológica del modelo agroindustrial y la capacidad del Estado para regularlo. Mientras las empresas implementan sistemas avanzados de aplicación de plaguicidas, los marcos legales permanecen desfasados, sin incorporar nuevas dinámicas de riesgo ni mecanismos de control. En esa brecha, las comunidades quedan desprotegidas, y sus denuncias —como ocurre frecuentemente en Costa Rica— suelen ser minimizadas o descartadas por falta de “pruebas suficientes”.

Finalmente, la experiencia de Aldea Salto recuerda algo fundamental para el Caribe, Centroamérica y cualquier territorio que enfrenta conflictos ambientales: los derechos no se garantizan solos. Requieren de vigilancia social, organización comunitaria, articulación entre actores, acompañamiento legal y, sobre todo, del reconocimiento pleno de que el conocimiento local es tan válido como cualquier otra fuente de evidencia. Así como en Entre Ríos una familia impulsó un cambio judicial con impacto nacional, nuestras comunidades también tienen la capacidad de abrir precedentes y transformar prácticas que dañan la salud, el ambiente y los bienes comunes.

Tipos de fumigación y sus riesgos

1. Fumigación terrestre tradicional: La realizan personas operando bombas de espalda o motobombas.
Riesgos: exposición directa de trabajadores, contaminación del suelo, escurrimientos hacia ríos y quebradas, riesgo de intoxicación aguda.

2. Fumigación con bombas de motor: Usa equipos más potentes que dispersan el químico a mayor distancia.
Riesgos: mayor alcance de la nube química, aumento del riesgo de exposición a terceros, dificultad para controlar volúmenes aplicados.

3. Fumigación aérea: Incluye avionetas o helicópteros.
Riesgos: alta probabilidad de deriva, afectación a viviendas, escuelas y cuerpos de agua; uso principalmente en monocultivos intensivos.

4. Fumigación mediante drones (RPAS): Tecnología operada desde tierra, pero que dispersa químicos desde el aire.
Riesgos: deriva según viento y clima, exposición comunitaria, posibilidad de aumento en frecuencia de aplicaciones, percepción de “seguridad” que podría reducir controles.

*En Costa Rica, la supervisión SFE se refiere a la Supervisión del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) encargada de regular, controlar y fiscalizar todo lo relacionado con:
¿Qué supervisa el SFE?
-Uso, comercialización y aplicación de agroquímicos
Controla que los plaguicidas y otros productos agrícolas se registren, vendan y utilicen de manera autorizada y conforme a la ley.
-Movilización y control de organismos vegetales
Supervisa plagas, enfermedades y riesgos fitosanitarios para proteger la agricultura nacional.
-Certificaciones fitosanitarias
Emite permisos, verificaciones y certificaciones para exportaciones e importaciones agrícolas.
-Buenas prácticas agrícolas
Vigila que las fincas cumplan con normas de manejo adecuado de agroquímicos, almacenamiento, equipos y distancias de seguridad.
-Inspecciones en campo
Puede realizar visitas para verificar denuncias, revisar condiciones de aplicación, equipos de fumigación, registros y cumplimiento de la normativa vigente.
¿Por qué es importante la supervisión del SFE?
El SFE es una de las instituciones clave para evitar daños ambientales y riesgos a la salud humana asociados al uso de agroquímicos. Su supervisión permite:
-Prevenir contaminación de agua, suelos y ecosistemas.
-Reducir intoxicaciones en personas trabajadoras y comunidades.
-Controlar prácticas ilegales o uso de productos no autorizados.
-Garantizar que la producción agrícola cumpla estándares de inocuidad.

Referencias:

Noticias Ambientales. (2025, 12 noviembre). Tras el caso de una niña con daño genético, la Justicia de Entre Ríos prohíbe las fumigaciones con drones. Noticias Ambientales. https://noticiasambientales.com/medio-ambiente/tras-el-caso-de-una-nina-con-dano-genetico-la-justicia-de-entre-rios-prohibe-las-fumigaciones-con-drones/ Noticias Ambientales

Chacón, Vinicio. (2025, 28 noviembre). MAG emite norma técnica que clasifica a los drones como equipos de aplicación terrestre de agroquímicos. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/mag-emite-norma-tecnica-que-clasifica-a-los-drones-como-equipos-de-aplicacion-terrestre-de-agroquimicos/

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Cuando la obstrucción se vuelve política de muerte: el bloqueo a las licencias de cuido

La decisión del presidente Rodrigo Chaves de mantener bloqueado el proyecto de ley 25.240, indispensable para asegurar el pago de las licencias de cuido a personas cuidadoras de pacientes terminales o menores con enfermedades graves, ha dejado de ser un simple diferendo legislativo. La insistencia del Ejecutivo en no convocar el proyecto, pese a los llamados de diputaciones, mujeres cuidadoras, la DESAF, el ministro de Trabajo e incluso la Contraloría, evidencia una estrategia que produce daño y administra el sufrimiento como herramienta política. Esto es lo que varios marcos teóricos reconocen como necropolítica: la capacidad del Estado de decidir quién puede vivir en condiciones dignas y quién queda expuesto a la vulnerabilidad extrema.

A pesar de que la CCSS aprobó ₡2.700 millones para hacer frente al pago, la falta de la reforma legal —reconocida por todas las instituciones técnicas— sigue impidiendo jurídicamente la transferencia de recursos por encima del 0,5% del Fodesaf. El Presidente continúa afirmando que la ley no es necesaria, aun cuando la propia Contraloría insiste en que la legislación vigente limita el uso de esos fondos y requiere una corrección legal expresa. En este vacío deliberado, miles de familias que cuidan vidas frágiles han sido empujadas a resistir sin ingresos durante meses.

Las manifestaciones de las cuidadoras frente a Casa Presidencial durante varios días seguidos, así como su presencia en la Asamblea Legislativa, no son un gesto simbólico: son una respuesta desesperada a una omisión estatal que afecta la salud, la seguridad económica y la estabilidad emocional de quienes cuidan. Negar la urgencia, dilatar la reforma y colocar la responsabilidad en otras instituciones constituye una forma de violencia institucional sobre cuerpos ya agotados.

Frente a la reactivación temporal de los pagos gracias a la presión social y a la institucionalidad —especialmente la Sala IV y la Contraloría— no debe perderse de vista lo central: mientras el Ejecutivo mantenga la reforma detenida, la vulnerabilidad —y el riesgo de nuevos impagos— permanece abierta.

¿Qué implica que un gobierno ejerza esta capacidad de disposición sobre la vida?

Cuando un Gobierno de la República utiliza su control institucional para administrar la vulnerabilidad, negar derechos reconocidos o colocar a ciertos grupos en condiciones extremas como herramienta política, se modifica algo más profundo que una discusión legislativa: se transforma la naturaleza misma del pacto democrático.

Un gobierno que actúa con esta capacidad de disposición sobre la vida de las personas manda mensajes claros y peligrosos a la población:

1. Que los derechos pueden convertirse en favores: La no convocatoria del proyecto 25.240 demuestra que, si el Ejecutivo lo desea, derechos garantizados por ley pueden volverse inestables, sujetos al humor político del día.

2. Que la institucionalidad puede ser instrumentalizada: Cuando se descarta lo que advierten ministerios, DESAF o Contraloría, el mensaje es que la evidencia técnica importa menos que la narrativa política.

3. Que hay vidas que valen menos en la ecuación estatal: Un Estado que deja a familias sin ingresos sabe lo que hace: produce precariedad selectiva sobre quienes menos capacidad de defensa tienen.

4. Que el cuidado deja de ser un valor público: Al debilitar las licencias de cuido, el Estado comunica que la reproducción de la vida ya no es prioridad colectiva, sino un costo trasladado a los hogares.

5. Que el poder puede operar por desgaste: La dilación calculada muestra una forma de gobernar mediante agotamiento emocional y administrativo, no mediante soluciones.

6. Que el Ejecutivo concentra la decisión sobre quién puede esperar: El control de la agenda legislativa se convierte en una herramienta para definir qué vidas son urgentes y cuáles pueden posponerse.

7. Que la legalidad puede usarse sin romperla, pero vaciándola: La necropolítica no siempre se ejerce con represión abierta: también opera desde la omisión estratégica, que daña sin admitir responsabilidad.

¿Qué es la necropolítica y por qué importa aquí?

El concepto de necropolítica, desarrollado por el filósofo Achille Mbembe, describe cómo los Estados determinan quién puede vivir en condiciones dignas y quién es expuesto a la precariedad, el abandono o la muerte lenta. No se trata solo de violencia directa, sino de decisiones que configuran territorios de vida y territorios de sufrimiento.

En este caso, la necropolítica se expresa en:

  • -La decisión consciente de no convocar un proyecto sabiendo que sin él no se puede pagar el subsidio.

  • -La administración del tiempo como forma de castigo político.

  • -La incertidumbre y el desgaste emocional como mecanismos de disciplinamiento.

  • -La creación de cuerpos sacrificables: mujeres pobres, madres solas, personas cuidadoras agotadas.

Un gobierno ejerce necropolítica cuando hace de la vida un terreno de disputa y del sufrimiento un instrumento de control.

El cercamiento de los bienes comunes sociales: cuando la vida se vuelve frágil

Las licencias de cuido forman parte de los bienes comunes sociales: estructuras colectivas que sostienen la vida, el bienestar y el cuidado. No son favores ni asistencialismo; son instituciones creadas para garantizar que la sociedad no deje atrás a quienes más lo necesitan.

Bloquear el proyecto 25.240 es una forma de cercamiento de esos bienes comunes. Así como los cercamientos históricos privatizaron lo colectivo, hoy asistimos a un proceso donde los sistemas públicos de apoyo se reducen, se condicionan o se vuelven inestables, trasladando la carga a las familias.

Este cercamiento se manifiesta en:

  • -La restricción deliberada de un derecho ya reconocido.

  • -El debilitamiento de los fondos públicos que sostienen la protección social.

  • -El traslado de responsabilidades estatales a hogares vulnerables.

  • -La precarización del cuidado como actividad esencial para la vida.

Ambas dimensiones —necropolítica y cercamiento— convergen en un mismo mensaje: la vida digna deja de ser prioridad estatal y se convierte en un privilegio gestionado políticamente.

Cuando el Estado decide quién puede esperar

La Sala IV ordenó a la CCSS y al Ministerio de Trabajo reactivar y pagar de inmediato las licencias de cuido, recordando que los derechos a la salud y a la protección familiar no pueden detenerse por falta de presupuesto. En respuesta, la Caja aprobó un presupuesto extraordinario que incluye los fondos necesarios para saldar las licencias pendientes y retomar los trámites que estaban paralizados desde agosto. Además, la Sala resolvió varios amparos a favor de las personas afectadas, obligando a las instituciones a garantizar estos subsidios sin excusas ni retrasos.

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Desalojo en Chorreras: cuando la conservación se usa para expulsar a quienes han vivido a pesar de la frontera

Las imágenes de un campesino de 70 años arreando su ganado bajo la lluvia en Chorreras, San Carlos, han circulado ampliamente como un recordatorio doloroso de cómo se están gestionando los territorios rurales en Costa Rica. Su llanto, mientras abandona la finca donde ha vivido y trabajado durante casi un cuarto de siglo, reabre un debate que va más allá de un operativo puntual: ¿cómo trata el Estado a las comunidades que han logrado sostener su vida a pesar de la frontera, del abandono institucional y de las contradicciones históricas de la política territorial?

Este giro en el título permite visibilizar algo central: las familias campesinas no solo han habitado la franja fronteriza; han vivido allí a pesar de las condiciones adversas, del aislamiento, de la falta de inversión pública y del estigma que recae sobre quienes construyen vida y arraigo en territorios de alta complejidad política. El desalojo de Chorreras no se explica sin reconocer esta persistencia social y cotidiana.

Lo que ocurre en Chorreras no es un episodio administrativo ni una simple ejecución judicial. Es la manifestación de un conflicto socioambiental más profundo, donde se cruzan la ecología política, la gestión de bienes comunes, la criminalización selectiva y las tensiones arraigadas entre el Estado y las comunidades rurales que han sostenido sus vidas —no gracias a las instituciones, sino muchas veces a pesar de ellas— en la línea fronteriza norte.

Una comunidad marcada por la frontera y por la historia

Chorreras está ubicada en la franja fronteriza norte, dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Durante décadas fue una comunidad como muchas otras en la ruralidad costarricense: con escuela, iglesia, caminos y fincas trabajadas por familias que construyeron allí su proyecto de vida. La presencia campesina no era la excepción, sino la norma.

Sin embargo, en los últimos años el territorio ha sido redefinido por el Estado no como comunidad productiva, sino como un espacio de amenaza: una zona “cargada de ocupaciones irregulares”, asociada a minería ilegal, tráfico y otros delitos. Esa narrativa —insistida por el Minae y otras instituciones— no distingue historias, trayectorias ni modos de vida. Todo se fusiona en una categoría única: ocupación ilegal.

Este giro en el discurso estatal es clave. Las mismas familias que por décadas ayudaron a sostener la frontera —muchas veces sin apoyo institucional alguno— ahora son tratadas como intrusas, sospechosas o actores de riesgo.

El desalojo y la construcción de la ilegalidad

Las imágenes del desalojo muestran a Óscar Rojas, un finquero de 70 años, guiando 16 vacas por un camino enlodado. “Casi 25 años de estar aquí y hoy me tiran afuera como cualquier delincuente”, dice entre lágrimas. Su testimonio revela una contradicción central: mientras el gobierno habla de “coligalleros ilegales que ingresaron este año”, el operativo está afectando también a familias de larga data.

La ecología política permite entender esta tensión. Cuando el Estado enfrenta una crisis territorial —como la minería ilegal en Crucitas— suele recurrir a respuestas rápidas basadas en la criminalización y la homogenización. En vez de distinguir responsabilidades, se construye una categoría totalizante que confunde a campesinos con actores de economías ilícitas. Esta estrategia, usada históricamente en procesos de conservación excluyente, legitima desalojos sin diálogo y sin análisis social.

Así, la conservación se convierte en herramienta de expulsión y no de justicia ambiental.

Una conservación sin gente: desposesión en nombre de la naturaleza

Aunque la ley define la franja fronteriza como propiedad del Estado, eso no significa que sea un territorio vacío o sin historia. Por décadas ha funcionado como un bien común de facto, donde comunidades han gestionado el territorio a partir de economías campesinas, ganadería familiar y relaciones sociales que sostienen la vida rural.

La intervención estatal actual rompe ese tejido, imponiendo un modelo vertical de conservación en el que:

  • -no se reconocen derechos consuetudinarios de quienes habitan desde hace décadas,

  • -se ignoran las funciones sociales que cumple la presencia campesina en zonas fronterizas,

  • -y se privilegia un enfoque policial-militar sobre uno socioambiental.

El resultado es una forma de desposesión ambiental: se protege la naturaleza, pero desplazando a quienes históricicamente la han habitado y cuidado. Se preserva el bosque, pero a costa de la vida campesina. Se “recupera” territorio, pero sin reconocer la complejidad de los lazos construidos entre gente y paisaje.

El peso de las decisiones estatales: de Crucitas a Chorreras

El gobierno justifica los desalojos señalando que la zona es un punto de acceso hacia Crucitas, donde opera la minería ilegal. Pero esta explicación omite un dato fundamental: la crisis de Crucitas es resultado directo de decisiones estatales —concesiones, permisos, abandono y fallas de fiscalización— que generaron un territorio fracturado y vulnerable.

Mientras los grandes responsables permanecen impunes, la respuesta institucional recae sobre quienes menos poder tienen: familias campesinas que han vivido ahí mucho antes del auge del oro. Es un patrón común en América Latina: cuando los conflictos socioambientales escalan, la carga se desplaza hacia los márgenes, hacia los mismos territorios que el Estado históricamente dejó abandonados.

El caso de Chorreras revela la incapacidad estatal para diferenciar actores dentro de un territorio complejo. No es lo mismo una familia con 25 años de arraigo que un grupo que ingresa recientemente para actividades ilegales. Pero la política pública actúa como si lo fuera.

Promesas rotas y uso político del territorio

La indignación en Chorreras también se explica porque, en 2023, el propio gobierno había prometido entregar documentos equivalentes a escrituras para regularizar la situación de las familias de la franja fronteriza. Hoy esas mismas familias están siendo desalojadas bajo la acusación de ser ilegales.

Esta contradicción pone en evidencia el uso político y estratégico del territorio fronterizo. Las promesas se activan en momentos de necesidad electoral o de exposición pública; los desalojos se ejecutan luego, cuando las comunidades dejan de ser útiles para la narrativa gubernamental.

El diputado Geison Valverde lo señaló con claridad: el gobierno se escuda en el argumento de que “solo cumple una orden judicial”, aunque fue uno de sus propios ministerios el que impulsó la denuncia.

¿Qué modelo de soberanía queremos en la frontera?

Lo que está en juego en Chorreras no es solo la aplicación de una resolución judicial. Es una disputa por el modelo de relación entre Estado, comunidades y territorios rurales. La soberanía no se construye expulsando campesinos. Se construye reconociendo sus derechos, dialogando con su conocimiento, fortaleciendo sus proyectos y articulando políticas que integren conservación, producción y vida digna.

Desde una perspectiva de justicia socioambiental, cualquier proceso en la franja fronteriza debe incluir:

  • -reconocimiento de derechos de ocupación histórica,

  • -participación comunitaria real en la gestión del refugio y del territorio,

  • -distinción clara entre actividades ilícitas y prácticas campesinas,

  • -desarrollo rural como política de seguridad y no solo como inversión social,

  • -y un enfoque de conservación con gente, no contra la gente.

¿Qué defensa? Bienes comunes o privación

El desalojo de Chorreras nos obliga a preguntarnos qué significa “proteger la naturaleza” y quién asume los costos de esa protección. Si la conservación se construye expulsando a quienes han vivido por décadas en la frontera, lo que se está defendiendo no son los bienes comunes, sino una versión vaciada de territorio: sin campesinos, sin historia y sin voces comunitarias.

Las lágrimas de Don Óscar no solo reflejan la pérdida de una finca. Reflejan la fractura de un país que, en nombre del orden y la conservación, está desmantelando el tejido social que sostiene sus territorios más frágiles.

La ecología política nos recuerda que no hay naturaleza sin gente y que no hay frontera segura sin comunidades fuertes. Recuperar esa verdad es el primer paso para una política que proteja tanto los ecosistemas como la dignidad de quienes han vivido y trabajado en ellos durante generaciones.

Referencias:

Pomareda, Fabiola. (2025, julio 21). Familias de Chorreras notificadas de desalojo apelarán decisión judicial y no abandonarán sus hogares, afirman. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/familias-de-chorreras-notificadas-de-desalojo-apelaran-decision-judicial-y-no-abandonaran-sus-hogares-afirman/

Pomareda, Fabiola. (2025, noviembre 28). Campesinos de Chorreras muestran desalojo: “Así se despide uno de una finca, sacando el ganado, como si fuéramos delincuentes o narcotraficantes”. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/campesinos-de-chorreras-muestran-desalojo-asi-se-despide-uno-de-una-finca-sacando-el-ganado-como-si-fueramos-delincuentes-o-narcotraficantes/