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La protesta social no es delito: cuando la defensa de los bienes comunes se convierte en amenaza para el poder (Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch)

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Este texto se basa en el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que documenta cómo distintos gobiernos han intensificado la criminalización y represión de las protestas sociales en todas las regiones del mundo. A través de casos emblemáticos y datos sistematizados, el informe revela las amenazas que enfrentan quienes defienden derechos, territorios y bienes comunes mediante la acción colectiva.

La protesta social es una forma de acción colectiva que busca incidir en decisiones públicas, denunciar injusticias o defender derechos y territorios. Desde huelgas hasta marchas, bloqueos o intervenciones creativas, se trata de una expresión legítima de la democracia participativa. Sin embargo, en distintos países, protestar se ha vuelto una actividad peligrosa, criminalizada y reprimida por gobiernos que ven en ella una amenaza a su autoridad o a los intereses económicos que representan.

Estrategias de criminalización y represión

La criminalización de la protesta social adopta distintas formas:

  • Reformas legales que amplían las causas de detención o sancionan la organización de protestas como «terrorismo» o «sedición».

  • Protocolos de «orden público» que habilitan el uso excesivo de la fuerza, incluso letal.

  • Persecución judicial, despidos o represalias contra quienes protestan.

  • Uso de tecnología para vigilar, identificar y reprimir activistas.

Estas medidas vulneran el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Casos recientes de represión a la protesta

  • Argentina: el gobierno de Javier Milei implementó un protocolo que prohíbe cortes de vías, habilita a las fuerzas de seguridad a reprimir con armas de fuego y promueve arrestos preventivos. Más de 1.100 personas resultaron heridas en protestas, incluyendo periodistas.

  • Reino Unido: se aprobaron leyes que criminalizan protestas pacíficas, especialmente las ambientales. Activistas han sido condenados hasta por cinco años de prisión por bloquear carreteras.

  • Mozambique: tras protestas por elecciones irregulares, más de 4.000 personas fueron arrestadas, incluyendo menores de edad, con reportes de tortura y violencia sexual.

  • El Salvador y Serbia: se documenta el uso sistemático de vigilancia, despidos, intimidación y censura contra quienes denuncian abusos de poder o defienden derechos.

Costa Rica: tensiones entre tradición democrática y respuestas autoritarias

Aunque Costa Rica mantiene una imagen internacional de estabilidad democrática, en 2024 se intensificaron las tensiones entre movilización social y respuesta estatal. La protesta por el acceso al agua en Hatillo derivó en detenciones arbitrarias y denuncias de represión contra liderazgos comunitarios (CRHoy, 2024). Colectivos ecologistas y estudiantiles también reportaron vigilancia, multas y uso desproporcionado de la fuerza policial durante manifestaciones (Semanario Universidad, 2024).

Además, se reportó un aumento significativo de agresiones a la prensa: 40 víctimas registradas en 2024, la mayoría vinculadas a ataques verbales o campañas de desprestigio por parte del Poder Ejecutivo (Infosegura, 2025; COLPER, 2024). La protesta social ha sido deslegitimada desde discursos oficiales, mientras se mantiene viva entre sectores que defienden la educación pública, el ambiente y los derechos humanos.

Protesta social y bienes comunes: una relación vital

Muchas de las luchas actuales por agua, territorios, educación, salud o ambiente tienen en la protesta una herramienta clave para defender los bienes comunes. Cuando se reprime el derecho a protestar, se reprime también la posibilidad de disputar colectivamente el rumbo de nuestras sociedades.

La protesta no es solo una queja, es también una afirmación de otros mundos posibles. Defenderla es defender la democracia viva y los bienes comunes que nos permiten sostener la vida en comunidad.

Referencias:

Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica (COLPER). (2024). Informe sobre agresiones a la prensa en Costa Rica. https://www.colper.or.cr

CRHoy. (2024, marzo 14). Vecinos de Hatillo denuncian represión durante protesta por agua. https://www.crhoy.com

El País. (2025, enero 17). Obstáculos para el ejercicio del derecho a la protesta: Human Rights Watch alerta sobre las medidas del gobierno de Milei. https://elpais.com

Human Rights Watch. (2025). Informe Mundial 2025. https://www.hrw.org/es/world-report/2025

Infosegura. (2025). Indicadores de democracia y libertad de expresión en Centroamérica. https://infosegura.org

Semanario Universidad. (2024, febrero 6). Policía ingresa a la UCR tras protesta ambiental. https://semanariouniversidad.com

The Guardian. (2025, enero 16). UK accused of undermining democratic rights with climate protest crackdown. https://www.theguardian.com

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Ni las dosis “aceptables” son seguras: glifosato provoca tumores en animales según nuevo estudio internacional

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Un nuevo estudio científico realizado por el Instituto Ramazzini y publicado en Environmental Health en 2025 confirma lo que muchas comunidades y movimientos sociales han venido denunciando desde hace años: la exposición prolongada al glifosato y sus formulaciones comerciales puede provocar múltiples tipos de cáncer, incluso desde etapas prenatales (Panzacchi et al., 2025).

¿Qué investigó este estudio?
Durante más de dos años, los investigadores administraron glifosato y dos herbicidas comerciales a ratas Sprague–Dawley desde antes de su nacimiento hasta la vejez. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles «seguros» actualmente autorizados en la Unión Europea: desde la Ingesta Diaria Aceptable (ADI) hasta el Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL) (Panzacchi et al., 2025).

Glifosato: el herbicida más usado del mundo
El glifosato es el ingrediente activo de los herbicidas más utilizados a nivel global, como Roundup y RangerPro. Aunque es ampliamente promovido por la industria como «seguro», su uso ha estado rodeado de controversias desde que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) lo clasificó como probablemente cancerígeno para los humanos (Grupo 2A) (Guyton et al., 2015).
Ahora, diez años después, el nuevo estudio del Ramazzini Institute refuerza de forma contundente esa advertencia.

¿Qué encontraron?
Los resultados son alarmantes:

  1. Aumento significativo de cánceres: incluyendo leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso, entre otros.
  2. Tumores raros con inicio temprano: muchas muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida.
  3. Efectos desde la vida prenatal: la exposición comenzó en las madres gestantes, reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Según los autores, estas pruebas en animales constituyen una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, y son consistentes con los datos epidemiológicos en humanos (Panzacchi et al., 2025).

¿Por qué debería preocuparnos?
Aunque los estudios en ratas no pueden extrapolarse automáticamente a humanos, los resultados elevan preocupaciones legítimas sobre la seguridad de la exposición crónica al glifosato, especialmente durante el embarazo y la infancia.
Sabemos que el glifosato ha sido detectado en alimentos, agua y polvo doméstico (Benbrook, 2016). Y sin embargo, sigue siendo el pilar de los modelos agrícolas industriales, incluso en zonas altamente pobladas o cerca de escuelas, viviendas y fuentes de agua.

¿Y ahora qué?
Este estudio debería ser una alerta de salud pública. Las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, tienen la responsabilidad de reevaluar los límites de exposición permitidos, garantizar una vigilancia epidemiológica activa y promover alternativas agroecológicas que no pongan en riesgo la salud de las personas.
La evidencia está sobre la mesa: el uso masivo de glifosato no es solo un problema agrícola, es un problema de salud humana.

¿Qué significa que el riesgo esté en las “formulaciones comerciales”?
Cuando hablamos de glifosato, no solo nos referimos al ingrediente activo aislado. En el mercado, este compuesto se vende mezclado con otros químicos que facilitan su absorción en las plantas: estas son las llamadas formulaciones comerciales. Marcas como Roundup o RangerPro, por ejemplo, combinan el glifosato con aditivos conocidos como coadyuvantes, que muchas veces no son revelados completamente al público ni a las autoridades regulatorias (Mesnage & Antoniou, 2018).
¿Por qué esto importa? Porque varios estudios —incluido este del Instituto Ramazzini— han demostrado que estas formulaciones pueden ser aún más tóxicas que el glifosato por sí solo (Panzacchi et al., 2025). En otras palabras: aunque se evalúe la «seguridad» del ingrediente activo aislado, en la vida real las personas están expuestas a mezclas más complejas y potencialmente más dañinas.
El hecho de que incluso a dosis consideradas “seguras” por la Unión Europea se observe un aumento de cánceres en animales, implica que los actuales estándares regulatorios no están protegiendo adecuadamente la salud pública.
Este hallazgo interpela de forma directa a los sistemas de evaluación de riesgos: ¿cómo se están autorizando productos cuyas fórmulas completas permanecen en muchos casos bajo secreto comercial? ¿Por qué las evaluaciones toxicológicas siguen centradas en ingredientes activos aislados, y no en las formulaciones tal y como se utilizan en el campo?
La evidencia es clara: la exposición real incluye mucho más que glifosato, y esa realidad debe reflejarse en las políticas de regulación y protección ambiental. Es urgente avanzar hacia un enfoque precautorio, transparente y centrado en las personas.

Glifosato: ¿qué es y por qué está en el centro de una disputa global?
El glifosato es un herbicida de amplio espectro ampliamente utilizado en la agricultura industrial desde los años 70. Aunque ha sido promovido como una herramienta “eficiente y segura” para el control de malezas, hoy está en el centro de una intensa disputa científica, política y social por sus efectos sobre la salud y el ambiente.

¿Qué es el glifosato?

Químicamente, el glifosato es un compuesto que inhibe una enzima esencial (EPSP sintasa) en la vía del shikimato, un proceso biológico que permite a las plantas producir ciertos aminoácidos. Esta inhibición provoca la muerte de las plantas consideradas «malas hierbas».

Fue patentado por la multinacional Monsanto en 1974 bajo el nombre comercial Roundup, y desde entonces se ha convertido en el herbicida más utilizado del planeta. Su uso se disparó aún más en los años 90, cuando Monsanto introdujo cultivos genéticamente modificados resistentes al glifosato, como la soya y el maíz transgénico(Fagan, Antoniou, y Robinson, 2016).  

¿Medidas simbólicas o protección real? El caso de EE. UU. y la Unión Europea

En los últimos años, frente al creciente escrutinio científico y social, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han adoptado medidas que intentan responder —al menos en apariencia— a las preocupaciones sobre el glifosato. Sin embargo, estas acciones han sido parciales y cuestionadas.

En 2021, Bayer anunció que retiraría el glifosato de los productos de jardinería y uso doméstico en EE. UU., reconociendo de forma implícita el riesgo de litigios por los efectos en la salud. No obstante, la venta para uso agrícola masivo continuó sin restricciones. Es decir, mientras se reduce la exposición en los jardines urbanos, se mantiene (y muchas veces se intensifica) en zonas rurales, agrícolas y cercanas a fuentes de agua y alimentos.

Por su parte, la Unión Europea renovó temporalmente la autorización del glifosato en 2023, a pesar de la fuerte oposición de organizaciones científicas, ambientales y sociales (Kwiatkowski et al., 2020). La renovación se dio en un contexto de informes técnicos controvertidos, críticas por falta de transparencia en las evaluaciones de riesgo, y evidencias crecientes de sus efectos nocivos.

¿Son suficientes estas medidas?

El reciente estudio del Instituto Ramazzini (2025) demuestra que incluso a dosis «autorizadas» y desde etapas prenatales, el glifosato y sus formulaciones pueden inducir tumores en múltiples órganos, varios de ellos raros, agresivos y de inicio temprano (Panzacchi et al., 2025). Esto plantea una pregunta ineludible:

¿Qué sentido tiene limitar su uso doméstico mientras se permite su aplicación en los cultivos que abastecen nuestra alimentación?

Estas políticas parecen más una estrategia de control reputacional que una respuesta efectiva de salud pública. No basta con retirar el producto del estante del supermercado si su rastro permanece en el agua, los alimentos, el polvo doméstico y el cuerpo de personas expuestas en las zonas rurales.

Frente a la contundencia de los datos científicos actuales, las medidas tomadas hasta ahora lucen insuficientes, inconsistentes y tardías. Lo que se requiere es un cambio estructural en la forma de evaluar, regular y limitar los plaguicidas, basado en el principio precautorio, la ciencia independiente y la protección de las poblaciones más vulnerables.

Glifosato y Costa Rica: uso intensivo, alertas sanitarias y debates regulatorios

¿Qué tan presente está el glifosato en Costa Rica?

Costa Rica figura entre los países con mayor consumo de pesticidas por hectárea en el mundo, con cifras que oscilan entre 10–35 kg/ha al año (López Delgado, Arias Cruz, y Arias Alfaro, 2016). Desde su introducción en 1982, el uso de glifosato creció de 36 t de ingrediente activo a unos 1 761 t en 2013. El 90 % de los plaguicidas usados en el país son considerados altamente peligrosos, y el glifosato se posiciona como el herbicida más usado, presente en cultivos como palma africana, arroz, café, banano, cítricos y pasturas.

Alertas y prohibiciones locales

En 2019, el Ministerio de Salud prohibió el uso de glifosato y otros herbicidas industriales en áreas públicas, incluyendo aceras, parques y escuelas, por riesgos graves para la salud (Salazar Villanea y Corrales Aguilar, 2021).

Al menos 21 municipalidades, además de instituciones como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica, restringieron o prohibieron su uso en sus instalaciones.

A mediados de la última década, un proyecto de decreto nacional para restringir su uso quedó “congelado” por falta de interés político (Zúñiga y Aguilar, 2018).

Impactos en la salud pública y el ambiente

Un informe de 2022 de la ONU, OPS y PNUD alerta que del 2014 al 2020 se registraron 58 muertes por intoxicaciones con plaguicidas. El glifosato fue uno de los agroquímicos más relacionados con intoxicaciones leves (Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Organización de las Naciones Unidas, 2022).

Estudios de la Universidad Nacional y la UCR evidencian que el 90 % del uso de plaguicidas en Costa Rica es altamente tóxico, y que el glifosato es una de las sustancias clave en esta lista (López Delgado et al., 2016).

Se han detectado mezclas de hasta 30 plaguicidas en ríos y polvo de escuelas cercanas a zonas agrícolas, con presencia comprobada en colmenas, perezosos y ecosistemas acuáticos.

Debates y caminos regulatorios

Ante las crecientes alertas, se elaboraron informes oficiales con la intención de prohibir, restringir o reforzar los controles sobre el glifosato, citando los riesgos cancerígenos y crónicos.

No obstante, hasta la fecha no se han aplicado restricciones nacionales contundentes. La normativa sectorial ofrece normativas locales, pero carece de una prohibición o reducción nacional coordinada.

Organismos académicos y científicos, como la Academia Nacional de Ciencias, han promovido proyectos de ley que buscan incorporar el principio precautorio, separación de funciones regulatorias y seguimiento epidemiológico (Academia Nacional de Ciencias, 2017).

¿Es suficiente la respuesta de Costa Rica?

Las acciones hasta ahora han sido fragmentadas: restricciones locales, alertas nacionales y declaraciones de crisis ambiental, pero no un cambio estructural. Frente al nuevo estudio del Instituto Ramazzini (2025), que reveló tumores en ratas expuestas desde etapas prenatales a dosis «seguras», se evidencia que:

  • La presencia continua de glifosato en cultivos, aire, agua y hogares implica que la salud humana sigue expuesta, especialmente en zonas rurales.

  • Las restricciones municipales y el etiquetado verde del producto no garantizan protección si el herbicida se mantiene en la cadena agrícola y ambiental.

  • Costa Rica necesita un marco regulatorio nacional, basado en ciencia independiente, vigilancia de exposiciones, monitoreo ambiental y sustitución por alternativas menos tóxicas.

Hacia un futuro saludable

El país cuenta con un excelente punto de partida: una academia activa, una institucionalidad sensible y ciudadanos conscientes. El próximo paso debería ser transformar estas condiciones en:

  • Una prohibición nacional del uso agrícola del glifosato,

  • Alternativas agroecológicas y sistemas de manejo integrado de malezas,

  • Vigilancia epidemiológica en zonas vulnerables,

  • Etiquetado claro y transparencia total de las formulaciones utilizadas.

Solo así Costa Rica podrá asegurar su derecho constitucional a un ambiente sano y proteger la salud de sus ciudadanos frente a amenazas químicas invisibles pero profundas.

Cronología crítica del glifosato

1974 – Monsanto lanza al mercado el herbicida Roundup, con glifosato como ingrediente activo.

1996 – Comienza la era de los transgénicos resistentes al glifosato: se autoriza en EE. UU. la primera soya «Roundup Ready».

2000s – Diversos estudios independientes alertan sobre efectos tóxicos en células humanas y animales de laboratorio, incluso en dosis bajas.

2015 – La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), parte de la OMS, clasifica al glifosato como «probablemente cancerígeno para humanos» (Grupo 2A), lo que desata una ola de controversias científicas y demandas judiciales.

2016–2019 – En EE. UU., miles de personas presentan demandas contra Monsanto (adquirida por Bayer en 2018), alegando que el uso de Roundup les causó linfoma no Hodgkin. En varios juicios se dictan sentencias millonarias a favor de los demandantes.

2020–2022 – Bayer anuncia que retirará el glifosato de los productos para uso doméstico en EE. UU., aunque mantiene su venta para uso agrícola. La Unión Europea renueva su autorización temporalmente, en medio de intensos cuestionamientos.

2025 – El Instituto Ramazzini publica el estudio más extenso hasta la fecha, demostrando que el glifosato y sus formulaciones comerciales provocan cáncer en ratas incluso a dosis permitidas por autoridades sanitarias europeas. Se observa aparición de tumores desde etapas tempranas de vida.

Créditos de imágenes Semanario Universidad

Referencias:

Academia Nacional de Ciencias. (2017). Informe sobre el principio precautorio y la regulación de plaguicidas en Costa Rica. San José, Costa Rica.
https://www.anc.cr/publicaciones/Informe_principio_precautorio_plaguicidas_ANC.pdf

Benbrook, Charles (2016). Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe, 28(1), 3.
https://doi.org/10.1186/s12302-016-0070-0

Fagan, John, Antoniou, Michael N., y Robinson, Claire. (2016). GMO Myths and Truths: A Citizen’s Guide to the Evidence on the Safety and Efficacy of Genetically Modified Crops and Foods (3rd ed.). Earth Open Source.
https://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2016/09/GMO-Myths-and-Truths-edition3.pdf

Guyton, Kathryn Z., Loomis, Dana, Grosse, Yann, El Ghissassi, Fatiha, Benbrahim-Tallaa, Lamia, Guha, Neela, Scoccianti, Chiara, Mattock, Heidi, y Straif, Kurt. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. The Lancet Oncology, 16(5), 490–491.
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)70134-8

Kwiatkowski, Carol F., Naidenko, Olga V., Douvris, Catherine, y Andrews, David Q. (2020). Navigating the scientific uncertainties of PFAS risk. Environmental Science & Technology Letters, 7(5), 343–351.
https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255

López Delgado, María, Arias Cruz, Alejandra, y Arias Alfaro, Luis. (2016). Situación del uso de plaguicidas en Costa Rica: diagnóstico y recomendaciones para una política pública nacional. Heredia: Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), Universidad Nacional.
https://www.una.ac.cr/archivos_pdf/plaguicidas_CR_2016_iret.pdf

Mesnage, Robin, y Antoniou, Michael N. (2018). Ignoring adjuvant toxicity falsifies the safety profile of commercial pesticides. Frontiers in Public Health, 5, 361.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00361

Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Organización de las Naciones Unidas. (2022). Informe sobre intoxicaciones agudas por plaguicidas en Costa Rica, 2014–2020. San José, Costa Rica.
https://www.undp.org/es/costa-rica/publicaciones/informe-intoxicaciones-agudas-plaguicidas-costa-rica-2014-2020

Panzacchi, Simona, Tibaldi, Eva, De Angelis, Luana, Falcioni, Laura, Giovannini, Rita, Gnudi, Federica, Iuliani, Martina, Manservigi, Marco, Manservisi, Fabiana, Manzoli, Isabella, Menghetti, Ilaria, Montella, Rita, Noferini, Roberta, Sgargi, Daria, Strollo, Valentina, Truzzi, Francesca, et al. (2025). Carcinogenic effects of long-term exposure from prenatal life to glyphosate and glyphosate-based herbicides in Sprague–Dawley rats. Environmental Health, 24(36).
https://doi.org/10.1186/s12940-025-01187-2

Salazar Villanea, José Joaquín, y Corrales Aguilar, Laura. (2021). Riesgos sanitarios y prohibición del glifosato en áreas públicas de Costa Rica. Ministerio de Salud de Costa Rica.
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/descargas/institucional/informes/1862-riesgos-glifosato-espacios-publicos/download

Zúñiga, Margarita, y Aguilar, Diana. (2018). Municipalidades por territorios libres de glifosato: experiencias desde el poder local. Revista Ambientico, 269, 4–9.
https://www.catie.ac.cr/resources/publicaciones/ambientico/ambientico269.pdf

Cabuyal

La Zona Marítimo Terrestre en riesgo: la moción del PUSC (22.553) y el avance de la mercantilización costera

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Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su liderazgo en conservación ambiental, enfrenta hoy una amenaza seria a la protección de sus zonas costeras. La llamada Zona Marítimo Terrestre (ZMT), esa franja de 200 metros contados desde la pleamar, ha sido históricamente resguardada como un bien público. Este espacio no solo garantiza el acceso libre a las costas, sino que cumple una función vital en la protección de ecosistemas y en la vida de comunidades que por generaciones han habitado estos territorios.

Sin embargo, una propuesta legislativa —la moción 22.553 presentada por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)— amenaza con debilitar profundamente esa vocación pública. Lo que se presenta como un esfuerzo para “ordenar” la ocupación en la ZMT, en realidad podría abrir las puertas a su mercantilización definitiva.

¿Qué propone la moción?

La moción busca facilitar la regularización de construcciones y ocupaciones dentro de la ZMT, incluso en áreas de alto valor ambiental y cultural. Bajo el pretexto de dar seguridad jurídica, se plantea legalizar intervenciones que ya han transformado ecosistemas costeros sensibles, como manglares, humedales y playas comunales, a menudo con fines turísticos o inmobiliarios.

Esta propuesta implica un cambio de fondo: de una lógica de protección y uso colectivo, a una lógica de propiedad privada y rentabilidad económica.

¿Por qué es importante la ZMT?

La ZMT no es un simple espacio geográfico; es una zona vital para el equilibrio ecológico y social del país. Alberga ecosistemas costeros esenciales, como playas, dunas, esteros y manglares, que actúan como barreras naturales frente a tormentas y marejadas. Es además un lugar donde comunidades afrodescendientes, indígenas y pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida y cultura.

Preservar la ZMT es, por tanto, preservar la biodiversidad, el acceso público al mar y la justicia ambiental. Desregularla en favor de intereses privados significa debilitar estos derechos y aumentar los conflictos territoriales y ambientales en nuestras costas.

¿Qué implicaciones tendría aprobar esta moción?

La moción 22.553:

  1. Reduce el carácter público de la ZMT, facilitando concesiones privadas;
  2. Permite legalizar construcciones previas, muchas de ellas irregulares o ambientalmente dañinas;
  3. No establece mecanismos claros de protección diferenciada para comunidades costeras u originarias;
  4. Aumenta la presión sobre ecosistemas frágiles, incentivando prácticas como el relleno de humedales o la tala en zonas protegidas.

En contextos ya tensionados por conflictos socioambientales —como los del Caribe Sur costarricense— esta propuesta institucionaliza la ocupación comercial en detrimento del interés común.

La moción en detalle
¿Qué cambia con la moción 22.553 respecto a la legislación vigente?

Bajo la Ley Nº 6043 de 1977, la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida como un bien público, inalienable e imprescriptible, y su uso está estrictamente regulado para preservar ecosistemas, garantizar el acceso público y proteger a las comunidades costeras. La división entre zona pública (50 m) y zona restringida (150 m), así como las restricciones sobre construcciones y actividades económicas, responden a un enfoque de protección ambiental y uso común.

La moción 22.553 del PUSC, sin embargo, introduce una serie de reformas que debilitan este régimen protector:

Norma actual (Ley 6043)Propuesta de moción 22.553
Prohíbe construcciones sin concesión en la zona restringida.Permite regularizar ocupaciones y construcciones previas, incluso sin concesión.
Ordena demolición y desalojo ante ocupación ilegal.Abre mecanismos para legalizar y consolidar dichas ocupaciones.
Prioriza función ecológica y acceso público.Favorece usos turísticos, comerciales o privados ya existentes.
Exige control y fiscalización estatal rigurosa.Reduce la capacidad sancionatoria al legitimar hechos consumados.

Este giro normativo vacía de contenido principios clave de la Ley 6043, como la imprescriptibilidad, la función ecológica de la ZMT y la obligatoriedad del Estado de protegerla. La legalización de ocupaciones pasadas abre un peligroso precedente: quienes hayan intervenido irregularmente zonas protegidas podrían verse premiados con derechos de uso o concesiones retroactivas.

Desde una perspectiva jurídica y socioecológica, la moción 22.553 desnaturaliza el carácter de bien común de la ZMT y debilita el marco normativo que ha permitido conservar, hasta ahora, parte del litoral costarricense frente al avance del turismo masivo y el extractivismo urbano.

Flexibilización ambiental: una puerta abierta al despojo

La moción 22.553 no es un caso aislado. Forma parte de una tendencia creciente en América Latina y en Costa Rica hacia la flexibilización de normas ambientales en nombre del “desarrollo” y la “seguridad jurídica”. Este tipo de reformas suelen justificarse como mecanismos para atraer inversión o resolver ocupaciones irregulares, pero en la práctica terminan legalizando el daño ya hecho, debilitando los controles públicos y trasladando el poder de decisión a intereses privados.

En el caso de la Zona Marítimo Terrestre, esta flexibilización significa permitir que intervenciones comerciales —a menudo hechas sin estudios técnicos, sin participación comunitaria y en territorios ambientalmente frágiles— sean posteriormente legitimadas por vía legal. Este patrón premia la ilegalidad, promueve el extractivismo inmobiliario y erosiona la confianza en las instituciones ambientales.

Además, la flexibilización ambiental no afecta a todos por igual. Las comunidades costeras, pueblos indígenas y defensores ambientales, que muchas veces carecen de recursos legales y financieros, enfrentan un proceso de desplazamiento silencioso, mientras grandes capitales encuentran respaldo institucional para ocupar, transformar y lucrar con territorios que son bienes comunes.

En un contexto de crisis climática, pérdida acelerada de biodiversidad y creciente desigualdad territorial, flexibilizar no es neutral: es desproteger. Es abrir la puerta al despojo y al deterioro irreversible de lo que debería cuidarse colectivamente. Por eso, esta moción no puede verse solo como una reforma técnica, sino como un serio retroceso político, ético y ambiental.

Lo que se pierde con la moción 22.553: cambios en la gestión de la ZMT

Aspecto

Legislación vigente

Moción 22.553 (propuesta)

Carácter de la ZMT

Bien de dominio público, inalienable, imprescriptible y no transferible.

Se mantiene el carácter público, pero se abre la posibilidad de regularizar ocupaciones privadas.

Uso del suelo en la ZMT

Requiere concesión otorgada bajo estrictos criterios de uso, priorizando protección ambiental y acceso público.

Permite legalizar construcciones existentes sin concesión previa, flexibilizando condiciones.

Comunidades locales y originarias

No hay prioridad explícita, pero la legislación permite valorar arraigo histórico y uso tradicional.

No se garantiza ningún trato diferenciado ni preferencia para comunidades tradicionales o indígenas.

Protección de ecosistemas

Actividades sujetas a estudios de impacto ambiental y regulación por parte del MINAE y municipalidades.

Facilita la regularización de intervenciones previas, incluso si han afectado ecosistemas sensibles.

Fiscalización ambiental y territorial

La gestión es compartida entre el Instituto Costarricense de Turismo, municipalidades y MINAE.

Debilita la fiscalización al legalizar hechos consumados, reduciendo la capacidad de control ambiental.

Acceso y función social

La ZMT debe garantizar el acceso libre al mar, turismo responsable y sostenibilidad.

Riesgo de privatización funcional al permitir formalizar usos comerciales y turísticos ya instalados.

Implicaciones en el contexto climático

Considerada zona vulnerable, con restricciones para proteger frente a eventos climáticos extremos.

Ignora los riesgos del aumento del nivel del mar, no incorpora principios de adaptación climática.

Una defensa urgente en tiempos de crisis climática

En el contexto actual de cambio climático y subida acelerada del nivel del mar, debilitar la protección de la ZMT es una decisión insostenible. Esta franja costera cumple una función crucial como zona de amortiguamiento natural, reduciendo los impactos de la erosión, la salinización de suelos y las inundaciones. Además, protege infraestructura crítica, fuentes de agua dulce y territorios habitados por comunidades vulnerables.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel del mar continuará aumentando durante las próximas décadas, lo que hace imprescindible fortalecer —no debilitar— la gestión pública y ecológica de las zonas costeras. Legalizar usos que comprometan esta función sería una forma de ceguera política ante una crisis planetaria.

Por una ZMT viva, común y participativa

Frente a esta propuesta regresiva, urge reafirmar la ZMT como un bien común: un espacio de convivencia entre naturaleza y comunidad, que debe ser cuidado colectivamente, con una gestión democrática y con justicia territorial. Es vital reforzar los mecanismos de protección ambiental, el respeto a los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades costeras, y rechazar su transformación en mercancía.

La costa no es una propiedad privada. La ZMT no es un terreno de inversión. Es un territorio de vida, y su defensa es hoy más urgente que nunca.

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Infraestructura sanitaria en la playa de Puerto Viejo: ¿qué nos dice sobre el uso del espacio público?

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En el monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven, se registró que, frente al mar en el centro de Puerto Viejo, se encontró una alcantarilla ubicada en plena zona pública, justo al borde de la playa. Según los trabajadores del sitio, se trata de parte del sistema de tratamiento de aguas negras del distrito. Aunque no hay evidencia de una descarga directa al mar, la presencia de esta infraestructura en la franja costera despierta preguntas importantes.

Partimos del supuesto de que los permisos fueron otorgados conforme a derecho y que los procesos constructivos se realizaron según la normativa vigente, particularmente por tratarse de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área con regulaciones ambientales específicas. En Costa Rica, la franja de los primeros 50 metros desde la pleamar es zona pública protegida: no se puede construir allí, salvo en casos excepcionales de interés público.

Si bien los sistemas sanitarios son esenciales, su colocación en espacios naturales altamente sensibles, como las playas, puede generar impactos indirectos: compactación del suelo, alteración del paisaje, cambio en los usos del espacio público y percepción de riesgo por parte de la comunidad y las personas visitantes.

Más allá de su legalidad, este tipo de intervenciones nos invita a repensar el modelo de ocupación del litoral. ¿Cómo equilibramos la necesidad de servicios con la protección de lo común? ¿Quién decide qué infraestructura es compatible con un entorno costero?

Puerto Viejo vive entre el turismo, la naturaleza y la memoria de un pueblo que cuida el mar. Cada decisión sobre su territorio —incluso una alcantarilla— deja una marca en esa historia compartida.

Lo que no siempre se ve: impactos silenciosos en la zona pública costera

Aunque este tipo de infraestructura no descargue directamente en el mar, su sola presencia en la franja pública costera puede provocar efectos menos visibles, pero no por ello menos importantes:

  • Compactación del suelo: La instalación de infraestructura subterránea suele requerir maquinaria pesada y excavación. Esto altera las dinámicas del suelo arenoso costero, reduce su capacidad de infiltración y puede afectar el crecimiento de vegetación adaptada a ese entorno.

  • Alteración del paisaje: Una tapa de alcantarilla, una caseta técnica o una tubería expuesta interrumpen la continuidad visual del entorno natural. En zonas como Puerto Viejo, donde el paisaje tiene valor cultural, turístico y ecológico, estos cambios afectan la identidad del lugar.

  • Cambio en los usos del espacio público: La gente podría evitar usar ciertas áreas de la playa por temor a olores, contaminación o por considerar que ya no son apropiadas para la recreación. Así, un bien común —la playa— se vuelve parcialmente inaccesible, afectando el derecho al disfrute del espacio público.

  • Percepción de riesgo: Aunque técnicamente la infraestructura funcione bien, su ubicación puede generar dudas sobre su mantenimiento, la posibilidad de filtraciones o su relación con enfermedades. Esto erosiona la confianza comunitaria en la gestión del territorio y en las instituciones.

Estos impactos «secundarios» son claves para pensar en una planificación verdaderamente participativa y con justicia ambiental, donde lo público no sea lo que queda libre, sino lo que se cuida con prioridad.

La zona pública que el mar se lleva: observaciones desde el campo

Un aspecto clave que a menudo se omite en la discusión sobre la ZMT es que el mar sigue avanzando tierra adentro, erosionando la zona pública costera. Según Philippe Vangoidsenhoven, esta transformación es evidente a simple vista: “Hoy día, la zona pública ya no tiene 50 metros en muchos lugares, tiene como máximo 20 metros”, comenta, tras años de observar el litoral de Puerto Viejo.

Los mojones utilizados históricamente como referencia para delimitar la ZMT fueron colocados hace décadas, pero ya no reflejan la realidad actual. Aunque la ley establece que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria —la línea entre la arena de playa y el suelo más firme—, en la práctica se sigue utilizando la ubicación de los mojones, aun cuando el mar ha rebasado esos puntos.

Esta erosión tiene implicaciones legales, ambientales y políticas: donde antes había zona pública protegida, ahora se encuentra infraestructura, comercio o calles. Como relata Vangoidsenhoven, incluso se han propuesto proyectos para construir muros o malecones desde Playa Negra hasta Salsa Brava, para contener al mar, aunque eso signifique perder más costa natural. “La municipalidad ha llegado a poner rocas de emergencia para salvar la carretera”, recuerda. Y al fondo del asunto: si se reconociera la pérdida efectiva de la zona pública, muchos terrenos “privados” en realidad estarían en dominio público y requerirían expropiaciones.

La ZMT, entonces, no solo está en disputa por las construcciones legales o ilegales, sino también por la geografía cambiante que redefine constantemente qué es público y qué no. “Yo no necesito estudios complejos”, dice Philippe, “yo lo veo todos los días: estamos perdiendo la zona pública”.

¿Servicios o conservación? Decidir sobre lo común en la costa

La instalación de infraestructura sanitaria en zonas públicas costeras nos enfrenta a un dilema fundamental: ¿cómo asegurar servicios básicos sin debilitar el tejido natural y social que sostiene la vida en la costa?

En teoría, las decisiones sobre este tipo de obras deberían surgir de procesos de planificación participativa, con base en estudios técnicos, evaluaciones ambientales y diálogo comunitario. Sin embargo, en la práctica, muchas veces se decide desde arriba: por criterios de eficiencia técnica, disponibilidad de terreno o urgencia operativa, sin considerar suficientemente el valor simbólico, cultural y ecológico del lugar intervenido.

Por eso, preguntas como “¿quién decide?” y “¿con qué criterios?” son fundamentales. No se trata solo de cumplir requisitos legales o técnicos, sino de preguntarse si esa infraestructura:

  • Respeta el carácter de bien común del espacio intervenido.

  • Responde a una demanda real de la comunidad o es parte de una expansión urbana orientada al turismo.

  • Puede ubicarse en otro sitio con menos impacto, sin comprometer su funcionalidad.

  • Cuenta con mecanismos de fiscalización social y rendición de cuentas.

Equilibrar servicios y protección del territorio no es solo un tema técnico: es un tema político. Implica reconocer que el entorno costero no es un espacio vacío disponible para resolver problemas urbanos, sino un territorio vivo, habitado y en disputa. Decidir sobre lo común requiere abrir espacios reales de participación, donde la comunidad tenga voz activa y vinculante en el destino de su playa, su salud y su futuro.
Otras formas de hacer: alternativas para intervenir lo público en la costa

La presencia de infraestructura sanitaria en espacios sensibles como las playas no tiene que asumirse como inevitable ni definitiva. Existen otras formas de planificar e intervenir lo público que combinan la garantía de derechos con el respeto por los ecosistemas y la cultura local.

Algunas alternativas que podrían explorarse incluyen:

  • Infraestructura descentralizada y de bajo impacto: Soluciones como biodigestores, humedales artificiales o sistemas de tratamiento localizados pueden reducir la necesidad de grandes obras en zonas costeras, minimizando su huella ecológica y visual.

  • Ubicación estratégica fuera de la ZMT: En lugar de utilizar espacios públicos altamente simbólicos como la playa, se pueden identificar terrenos alternativos dentro del tejido urbano o en zonas ya intervenidas, que permitan cumplir la misma función sin comprometer el uso colectivo del litoral.

  • Diseño sensible al paisaje: En los casos donde la infraestructura debe ubicarse cerca de la costa, se puede optar por diseños integrados al entorno, con materiales naturales, soluciones paisajísticas y mínima exposición visual, reduciendo el impacto estético y ambiental.

  • Planificación participativa con justicia territorial: Incluir activamente a comunidades locales, organizaciones territoriales y actores ambientales en el diseño, ubicación y seguimiento de este tipo de proyectos garantiza mayor legitimidad, pertinencia y sostenibilidad a largo plazo.

Repensar cómo se hacen las cosas no es un lujo, sino una necesidad en contextos como Puerto Viejo, donde cada intervención pública deja huella en un ecosistema frágil y en un tejido social que defiende su forma de vida. Si queremos territorios vivos, debemos imaginar políticas públicas que no solo “resuelvan”, sino que cuiden, escuchen y reparen.

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¿Democracia o espectáculo? Una guía crítica para el momento electoral que se avecina

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Con las elecciones nacionales del 2026 a la vuelta de la esquina, la política costarricense se enfrenta al desafío de campañas cada vez más dominadas por la imagen, el conflicto y la emocionalidad. En este contexto, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra presenta su más reciente documento de trabajo:
“La construcción del poder en tiempos de marketing político”.

Inspirado en el documental Get Me Roger Stone (Netflix, 2017), este folleto analiza cómo se fabrican hoy los liderazgos políticos y cómo el marketing ha desplazado a los partidos y al debate de ideas. A través de claves como la personalización de la política, la fabricación de enemigos y la lógica del escándalo, se ofrece una herramienta de reflexión para docentes, estudiantes, comunicadores y ciudadanía crítica.

Este material forma parte de la iniciativa “Democracia, tenemos que hablar…”, y busca nutrir el diálogo público desde una mirada que defiende lo colectivo, lo ético y lo común frente a la mercantilización de la política.

Descargá el documento completo aquí.

Que la campaña no nos tome por sorpresa: es hora de debatir cómo se construye hoy el poder… y para quién.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Indemnización o apropiación: ¿De quién es la historia de las recuperaciones?

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Cuando el INDER blanquea la lucha por la tierra de los pueblos originarios

En junio de 2025, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) difundió en sus redes sociales un mensaje celebratorio: “En el año 2024 se lograron indemnizar un total de 14 fincas en 7 territorios indígenas del país”. En su narrativa, esta acción es presentada como un logro del Gobierno de la República y de la Mesa Técnica Interinstitucional de Asuntos Indígenas, destacando territorios como Cabagra y China Kichá entre los supuestamente beneficiados.

Es cierto que el INDER ha realizado procesos de indemnización de fincas en algunos territorios indígenas. Sin embargo, lo problemático no radica en el hecho mismo de las indemnizaciones, sino en el modo en que la narrativa oficial las presenta: invisibilizando sistemáticamente el proceso de recuperación directa impulsado por las comunidades desde hace más de una década, y omitiendo el costo humano, político y cultural de esas luchas. En lugar de reconocer esta historia, el Estado se coloca como protagonista exclusivo de una supuesta solución técnica, institucional y pacífica, apropiándose simbólicamente de logros que no le pertenecen.

Esta estrategia institucional alcanza tintes paradójicos. En una de las actividades oficiales de la Mesa Técnica —realizada en 2022 en Buenos Aires de Puntarenas— el presunto asesino del líder indígena Jerhy Rivera se presentó públicamente, confesó el crimen, y fue aplaudido por parte del público presente. Este hecho reveló el profundo nivel de impunidad y complicidad que puede operar incluso en espacios institucionales que se presentan como mecanismos de “diálogo” y “reparación”.

Detrás de esta postal institucional de “avance en derechos”, se esconde una historia mucho más compleja, dolorosa y profundamente política: la larga y valiente lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios ancestrales frente al despojo, la violencia y el racismo estructural. Lejos de hacer justicia a esta memoria, el comunicado del INDER se inscribe en una estrategia más amplia de blanqueamiento institucional del conflicto territorial indígena, que despoja a los pueblos no solo de su tierra, sino también de su relato y de su protagonismo histórico.

En esta nota proponemos un recorrido por los principales hitos de la recuperación de tierras desde 2010, las implicaciones políticas y sociales vividas por los pueblos, las formas en que el Estado ha intentado neutralizar o apropiarse de la lucha, y una reflexión final sobre la tierra como bien común, no como propiedad ni mercancía.
Una década de recuperación y resistencia: línea del tiempo crítica (2010–2025)

2010 – Los pueblos originarios de Costa Rica presentan ante la Asamblea Legislativa su propuesta de Ley de Desarrollo Autónomo, elaborada colectivamente para garantizar su derecho a decidir sobre sus territorios, autoridades y formas de vida. Ante la indiferencia del poder legislativo, surge una nueva consigna que marcará la década siguiente: “Hacemos la autonomía en los territorios”.
Comienza así una nueva etapa de recuperación directa de tierras usurpadas, especialmente en territorios del sur como bribri de Salitre, bribri de Cabagra, cabécar de China Kichá y bröran de Térraba.

2012–2018 – Los procesos de recuperación se intensifican. Las comunidades logran retomar importantes extensiones de tierra, a pesar de las constantes agresiones por parte de terratenientes, fuerzas policiales e incluso funcionarios públicos.
Los ataques incluyen:

– quema de cultivos,

– destrucción de viviendas,

– amenazas de muerte,

– campañas de criminalización en medios de comunicación locales.

El Estado, lejos de garantizar derechos, se mantiene ausente o cómplice.

2015 –Ante las crecientes denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga medidas cautelares para los pueblos bribri de Salitre y bröran de Térraba. A pesar de ello, las agresiones continúan y el Estado costarricense incumple reiteradamente las recomendaciones internacionales.

2019- El conflicto alcanza un punto crítico con el asesinato de Sergio Rojas, reconocido líder bribri de Salitre y miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Rojas fue ejecutado por sicarios vinculados a intereses terratenientes en su propia casa.
El crimen sigue impune hasta hoy, marcando una herida profunda para el movimiento indígena y evidenciando la negligencia estatal.

2020- Apenas un año después, en febrero, es asesinado Jerhy Rivera, líder brörán de Térraba. Recibió cinco disparos por la espalda durante una acción de recuperación en la zona de Mano de Tigre.
Ambos crímenes revelan que la lucha por la tierra en Costa Rica sigue costando vidas. La pandemia por COVID-19 no detuvo las recuperaciones; al contrario, las comunidades indígenas fortalecieron su organización y estrategias de cuidado territorial ante la ausencia del Estado.

2022- Durante una actividad oficial de la Mesa Técnica Interinstitucional en Buenos Aires de Puntarenas, Luis Eduardo Varela Rojas, acusado por la Fiscalía como autor del homicidio de Jerhy Rivera, confiesa públicamente el crimen y es aplaudido por parte de los asistentes. Este acto evidencia la continuidad de la impunidad y el riesgo que corren los pueblos indígenas incluso en espacios institucionales que supuestamente velan por sus derechos.

2021–2023- Pese al miedo, la impunidad y la criminalización, los pueblos continúan recuperando tierra y reafirmando su autonomía. Mientras tanto, el Estado insiste en reconocer únicamente a las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI) como interlocutores válidos, aunque muchas comunidades las consideran estructuras impuestas y ajenas a su legitimidad.

2025- El INDER publica su comunicado sobre la “indemnización” de fincas en territorios indígenas. En lugar de reconocer que esas tierras fueron recuperadas por las comunidades con riesgo y sacrificio, el Estado se presenta como promotor de una solución técnica, institucional y pacífica.
Este gesto, aparentemente inofensivo, constituye en realidad una operación simbólica de blanqueamiento del conflicto y de apropiación del relato indígena.

¿Cómo entender esto? Blanqueamiento institucional: borrar el conflicto, borrar a los pueblos

El blanqueamiento institucional es una forma de violencia simbólica. Consiste en ocultar los procesos históricos reales de lucha y despojo para sustituirlos por un relato neutral, administrativo o benevolente. Este relato:

  1. Presenta las indemnizaciones como logros de buena voluntad estatal, ignorando la presión, las muertes y las recuperaciones previas.
  2. Evita nombrar el racismo estructural que sostiene el despojo de tierras en Costa Rica.
  3. Invisibiliza a las verdaderas autoridades tradicionales (como los consejos de mayores o liderazgos comunitarios), al validar exclusivamente a las ADI.
  4. Institucionaliza la narrativa, al imponer la idea de que el progreso solo es posible dentro de los marcos legales del Estado, deslegitimando la acción directa de los pueblos.
  5. Neutraliza el conflicto en nombre de la paz social, borrando el hecho de que ha sido la resistencia indígena la que ha mantenido viva la posibilidad de justicia.

Este proceso no es nuevo. Es la continuación del colonialismo por otros medios.

Tierra, bienes comunes y defensa de la vida

Para los pueblos originarios, la tierra no es una propiedad que se compra, se vende o se “indemniza”. Es un territorio ancestral, un espacio de vida colectiva, espiritualidad, memoria y organización comunitaria. La tierra es madre y principio de reciprocidad. Es un bien común en el sentido más profundo del término.

Recuperar tierras, entonces, no es solo resolver un problema legal o habitacional. Es reparar una herida histórica, ejercer soberanía cultural y política, reactivar la vida comunitaria y reestablecer un equilibrio roto por siglos de despojo.

Frente a un modelo de desarrollo basado en la acumulación, la propiedad privada y el extractivismo, los pueblos indígenas nos recuerdan que los bienes comunes no se mercantilizan: se cuidan colectivamente.

Lo que está en juego

Lo que el Estado no dice en sus comunicados es que la lucha por la tierra sigue activa. Que los asesinos de Sergio y Jerhy siguen libres. Que muchas familias indígenas aún viven bajo amenaza. Que la institucionalidad prefiere el silencio antes que enfrentar el racismo estructural que la atraviesa.

Lo que está en juego no es solo la propiedad de unas hectáreas. Es la dignidad de los pueblos, su derecho a existir en sus propios términos, su posibilidad de futuro.

Cuando el INDER celebra la indemnización de fincas como si fueran conquistas estatales, sin nombrar a quienes han resistido, luchado y muerto por ellas, no solo falta a la verdad: contribuye activamente a la impunidad y a la continuidad del despojo.

Y más aún: perpetúa una lógica en la que el Estado se presenta como garante de derechos, mientras en sus propias actividades oficiales se aplaude públicamente a quienes atentan contra la vida de los defensores territoriales. Esa contradicción no es anecdótica: es estructural.

Mientras el crimen se normaliza en actos institucionales, hablar de reparación o justicia es una farsa. Solo el compromiso con una justicia territorial y restaurativa —que parta del reconocimiento pleno de la memoria, la autonomía y la dignidad de los pueblos originarios— puede empezar a saldar esta deuda histórica.

Esta justicia no puede limitarse a castigos individuales ni a simples indemnizaciones: debe incluir la devolución efectiva de territorios, el respeto a las formas propias de organización y resolución de conflictos, la reparación simbólica y colectiva, y el reconocimiento de la verdad histórica del despojo y la violencia. En otras palabras, una justicia que se construya con y desde los pueblos, no en su nombre pero sin ellos.

Referencias

Delfino.cr. (2022, 24 de agosto). Pueblos indígenas de la zona sur registraron 63 agresiones durante el 2021. Delfino.cr. https://delfino.cr/2022/08/pueblos-indigenas-de-la-zona-sur-registraron-63-agresiones-durante-el-2021

Delfino.cr. (2023, 7 de febrero). Frente Nacional de Pueblos Indígenas confirma que seguirán adelante con recuperaciones de tierras. https://delfino.cr/2023/02/frente-nacional-de-pueblos-indigenas-confirma-que-seguiran-adelante-con-recuperaciones-de-tierras

Delfino.cr. (2023, 21 de marzo). Celebrar para resistir: Pueblo indígena de Salitre conmemoró el cuarto aniversario del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Delfino.cr. https://delfino.cr/2023/03/celebrar-para-resistir-pueblo-indigena-de-salitre-conmemoro-el-cuarto-aniversario-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz

Pomareda García, Fabiola. (2022, 18 de agosto). Presunto asesino de indígena Jerhy Rivera confiesa el asesinato en actividad oficial en Buenos Aires, donde lo aplauden y vitorean. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/presunto-asesino-de-indigena-jerhy-rivera-confiesa-el-asesinato-en-actividad-oficial-en-buenos-aires-donde-lo-aplauden-y-vitorean/

Mora Calderón, José Antonio, y Solís Aguilar, David. (2020). Recuperaciones de tierras de pueblos originarios en Costa Rica: La pandemia como contexto. En Senti-pensarnos tierra: Número 1 (pp. 81–86). Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad de Costa Rica. https://www.uned.ac.cr/extension/images/ifcmdl/Senti-pensarnos-tierra.pdf

Moya Aburto, César, Gutiérrez Slon, Juan Antonio, Delgado Morales, Mariana, y Sivas Sivas, Pablo. (2020). Acciones comunitarias e institucionales en territorios indígenas frente a la enfermedad global: Duwé. Rupturas, 10(Especial COVID-19), 101–110. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/issue/view/275

Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2023, 4 de octubre). ¿Qué ha pasado con las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/127-que-ha-pasado-con-las-recuperaciones

Programa de Identidades, Cultura y Ciudadanía del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED). (2024, 15 de mayo). ¿En qué punto están las recuperaciones? https://cicde.uned.ac.cr/blog/145-en-que-punto-las-recuperaciones

Voces Nuestras. (2021, 11 de agosto). Las recuperaciones de tierras de pueblos originarios son legítimas y justas, afirman. https://vocesnuestras.org/las-recuperaciones-de-tierras-de-pueblos-originarios-son-legitimas-y-justas-afirman/

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Los Ángeles se levanta contra la represión migratoria: protestas, militarización y vigilancia bajo la administración Trump

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En medio de un clima de creciente tensión migratoria en Estados Unidos, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles para rechazar las políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien busca regresar al poder en 2025. Las protestas denuncian un aparato de persecución profundamente reforzado, donde la tecnología, la represión policial y el racismo estructural se entrelazan para criminalizar y expulsar a comunidades migrantes enteras (Democracy Now!, 2025a).

Redadas, miedo y resistencia

Una de las escenas que encendió la indignación colectiva fue la redada en un restaurante de San Diego, donde agentes de ICE detonaron granadas de estruendo mientras arrestaban trabajadores migrantes. Estos operativos, lejos de ser aislados, forman parte de un plan coordinado para realizar hasta 3,000 arrestos diarios en caso de un eventual retorno de Trump al poder (Democracy Now!, 2025c). Las acciones han sido calificadas por activistas como «terrorismo de Estado» contra las comunidades racializadas.

Además, el expresidente ha amenazado con utilizar a los marines del Camp Pendleton para contener la migración, en abierta violación a la ley Posse Comitatus, que impide el uso del ejército en funciones policiales internas. Por primera vez en seis décadas, se desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles sin autorización del gobernador Gavin Newsom, lo que fue percibido como un grave precedente autoritario (Democracy Now!, 2025d).

Un Estado de vigilancia tecnoautoritario

El programa migratorio trumpista no solo actúa con botas en las calles: se apoya también en plataformas digitales de vigilancia masiva. Empresas como Palantir, fundada por el magnate Peter Thiel, han diseñado bases de datos que cruzan información del IRS, Seguridad Social, registros electorales y licencias de conducir. Estos sistemas permiten a ICE rastrear y perfilar personas sin supervisión judicial, todo en nombre de la «seguridad nacional» (Democracy Now!, 2025b).

La opacidad y el carácter privatizado de estos sistemas son especialmente preocupantes. La vigilancia se convierte así en una herramienta para reforzar desigualdades raciales, económicas y políticas, consolidando lo que algunos analistas ya llaman un régimen de apartheid digital.

Voces desde las comunidades migrantes

Frente a esta avanzada represiva, organizaciones como la Haitian Bridge Alliance han denunciado no solo la violencia directa, sino también la deslegalización masiva de personas que contaban con permisos otorgados por la administración Biden. «Hay un trato desigual que refleja un racismo estructural profundo. Mientras los refugiados ucranianos son acogidos, a las personas caribeñas y latinoamericanas se les criminaliza», afirmó Guerline Jozef, directora de la organización (Democracy Now!, 2025c).

Los testimonios abundan: padres detenidos en sus casas frente a sus hijos, comunidades enteras viviendo con miedo a ser deportadas, trabajadoras esenciales siendo perseguidas pese a haber sostenido al país durante la pandemia.

El Sur como frontera interna

Un fenómeno clave es la expansión de lo que se ha llamado «Detention Alley», una franja de cárceles migratorias privadas en Texas, Luisiana y Misisipi, operadas por corporaciones como GEO Group. Allí, miles de personas son encarceladas en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios básicos y sin debido proceso legal. El programa 287(g), una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act, INA) de Estados Unidos, que permite a policías locales actuar como agentes de ICE, se ha expandido a más de 500 agencias, reforzando la criminalización cotidiana de la migración (Democracy Now!, 2025a).

Más allá de la ciudadanía: pensar las luchas migrantes desde la autonomía

Las protestas en Los Ángeles no son solo un acto defensivo. Son, también, una expresión política que desafía los límites del orden estatal y de la noción tradicional de ciudadanía. Desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones, como plantea la investigadora María Gabriela Rho (2021), estas luchas deben ser entendidas no solo como demandas de inclusión legal, sino como actos que desbordan y transforman los regímenes existentes.

La migración, en este enfoque, es vista como una fuerza activa que antecede y desestabiliza los dispositivos de control estatal. Lejos de reducirse a peticiones por derechos formales, las luchas migrantes son prácticas cotidianas, invisibles o visibles, que construyen comunidad, sostienen vida y confrontan el orden racial-capitalista desde sus márgenes.

«Las migraciones deben comprenderse dentro de campos de conflicto configurados por las relaciones entre las subjetividades y las prácticas de insubordinación de las personas migrantes y los controles políticos, jurídicos y violencias que intentan gobernarlas» (Rho, 2021).

Vigilancia y represión como erosión de los bienes comunes sociales

Más allá del impacto directo sobre las comunidades migrantes, las políticas migratorias represivas basadas en la vigilancia masiva y la criminalización del movimiento humano erosionan un conjunto más amplio de bienes comunes sociales. Estos bienes, que incluyen la confianza pública, el acceso equitativo a servicios, la convivencia intercultural, el derecho a la ciudad y la solidaridad comunitaria, son desgastados por regímenes que privilegian el control y el castigo sobre el cuidado y la justicia.

La construcción de un Estado vigilante y militarizado no solo afecta a quienes se encuentran en situación migratoria irregular. A mediano y largo plazo, también mina los vínculos sociales que sostienen la democracia, al debilitar el tejido comunitario y normalizar formas de exclusión institucionalizada. Cuando la vigilancia se privatiza y se tecnifica, los derechos básicos dejan de ser universales para transformarse en privilegios selectivos.

Desde la perspectiva de los bienes comunes, la libre movilidad, la vida digna y la organización social basada en la cooperación no son meros derechos individuales, sino fundamentos colectivos. Su erosión afecta a todas las personas, más allá de su estatus migratorio. Defenderlos implica rechazar el miedo como forma de gobierno, y sostener espacios donde florezcan el cuidado mutuo, la inclusión y la justicia social.

El derecho a moverse, el deber de resistir

Las movilizaciones en Los Ángeles expresan algo más que indignación: son una afirmación de humanidad, de comunidad y de derechos que no caben en las categorías estrechas de los regímenes migratorios actuales. Frente a la amenaza de un segundo mandato de Trump y la profundización del control tecnoautoritario, la defensa de los derechos de las personas migrantes se vuelve una lucha global, que interpela no solo al sistema legal, sino a los fundamentos mismos de la democracia y la justicia.

Las calles hablan. Y en Los Ángeles, gritan: ¡Nadie es ilegal en tierras robadas!

Glosario de conceptos

ICE (Immigration and Customs Enforcement)
Agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos, incluyendo detenciones y deportaciones.

Redada (Raid)
Operativo policial o federal para arrestar a personas, en este caso migrantes, generalmente en lugares de trabajo o viviendas.

Granadas de estruendo (Flashbang grenades)
Dispositivos usados por fuerzas de seguridad para aturdir o desorientar temporalmente a personas durante operativos.

Camp Pendleton
Base militar de los Marines de Estados Unidos en California, mencionada por su posible uso para operaciones migratorias.

Ley Posse Comitatus
Ley estadounidense que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en tareas policiales dentro del país, para evitar militarización interna.

Guardia Nacional
Fuerza militar estatal que puede ser activada en emergencias; su despliegue sin autorización del gobernador es controvertido y raro.

Palantir
Empresa tecnológica estadounidense que desarrolla software de análisis de datos y vigilancia, utilizada por agencias de seguridad.

Peter Thiel
Magnate tecnológico y fundador de Palantir, conocido por su apoyo político y vínculos con la administración Trump.

IRS (Internal Revenue Service)
Agencia federal encargada de la recaudación de impuestos en Estados Unidos.

GEO Group
Corporación privada que opera cárceles y centros de detención migratoria en Estados Unidos y otros países.

Detention Alley
Término usado para describir la concentración de centros de detención migratoria privados en estados del sur de Estados Unidos, como Texas, Luisiana y Misisipi.

Haitian Bridge Alliance
Organización comunitaria que trabaja en defensa de los derechos de migrantes haitianos y caribeños.

Un espejo de nuestra realidad y una advertencia urgente

Las luchas por los derechos de las personas migrantes en Los Ángeles no solo tienen relevancia local o nacional en Estados Unidos; su significado trasciende fronteras y nos interpela profundamente en América Latina y el Caribe. La criminalización de la movilidad humana y la militarización de las fronteras que hoy se viven al norte se reflejan también en nuestra región, donde millones de personas enfrentan desplazamientos forzados por razones económicas, políticas y ambientales, y son sistemáticamente perseguidas, excluidas y estigmatizadas.

Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad se ha agravado con la expansión global de un modelo de control basado en la vigilancia masiva y el uso de tecnologías digitales que, en muchos casos, son fabricadas y exportadas desde Estados Unidos. Empresas como Palantir o grupos vinculados a la industria de la seguridad venden y adaptan estas herramientas a gobiernos y fuerzas policiales en América Latina y el Caribe, contribuyendo a fortalecer regímenes autoritarios y sistemas de represión que violan derechos humanos fundamentales.

Así, las estrategias que hoy criminalizan a las comunidades migrantes en Estados Unidos funcionan también como un laboratorio para el control social que luego se implementa en nuestros países. La militarización de las fronteras, la cooperación entre agencias migratorias y policiales, y la vigilancia digital afectan a quienes migran, pero también a las poblaciones vulnerables dentro de nuestras propias sociedades, erosionando los bienes comunes sociales como la confianza, la solidaridad y la convivencia intercultural.

El lado humano de esta problemática es fundamental. Las familias que huyen, los trabajadores y trabajadoras que sostienen economías enteras, las comunidades que resisten desde sus territorios, todas estas vidas muestran que la movilidad humana es una expresión legítima de búsqueda de dignidad y justicia. La criminalización de estos movimientos no solo deshumaniza, sino que amenaza el derecho universal a moverse libremente, a construir comunidad y a vivir sin miedo.

Por ello, mirar las protestas en Los Ángeles y denunciar las políticas represivas es también una forma de visibilizar las conexiones globales de estas luchas y fortalecer la solidaridad con quienes enfrentan la violencia migratoria en todas partes. Defender la libertad de movimiento y rechazar el control autoritario es una tarea urgente para América Latina y el Caribe, porque lo que sucede en el norte nos alcanza y nos define como región.

Pueden descargar la infografía aquí

Image–PDF

Referencias

Democracy Now! (2025a). Thousands protest Trump immigration plans in LA, denounce ICE raids & threat of military on streets. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/makena_kelly

Democracy Now! (2025b). Elon Musk’s SpaceX Starbase fuels fears of surveillance state as it partners with ICE & Border Patrol. 9 de mayo de 2025. https://www.democracynow.org/2025/5/9/starbase

Democracy Now! (2025c). Guerline Jozef: Trump is unleashing a «war on immigrants» & will legalize cruelty against migrants. 3 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/3/guerline_jozef

Democracy Now! (2025d). Trump claims powers to deploy troops nationwide without governors’ approval if elected again. 9 de junio de 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/9/trump_presidential_powers_national_guard

Rho, M. G. (2021). Ciudadanía y luchas migrantes. Debates desde la autonomía de las migraciones. Revista Reflexiones, 100(2), 1–19. https://doi.org/10.15517/rr.v100i2.43440

Créditos de imagenes: Democracy Now, Le Monde y Reuters

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Promesas en alta mar, omisiones en tierra firme: lo que Niza revela sobre la política oceánica

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Del 9 al 13 de junio de 2025, la ciudad de Niza, Francia, acoge la tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos (UNOC3), copatrocinada por Costa Rica y Francia. Esta cumbre, bajo el lema “Unidos por la ciencia, unidos por los océanos”, tiene como propósito central ampliar las soluciones científicas, técnicas e innovadoras para enfrentar la crisis oceánica global (ONU, 2025).

El evento reúne a más de 10.000 participantes, entre ellos 70 jefaturas de Estado, representantes multilaterales, científicos, activistas y actores del sector económico-marítimo. En línea con la Agenda 2030, busca acelerar el cumplimiento del ODS 14: Vida submarina, actualmente uno de los objetivos más rezagados (ONU, 2023).

Tres ejes estratégicos orientan la conferencia:

  1. La ratificación e implementación del Tratado Global de los Océanos (BBNJ) (ONU, 2024).
  2. La transición hacia una economía azul justa y sostenible (Greenpeace, 2024).
  3. La producción y acceso abierto al conocimiento científico marino, como base para una gobernanza oceánica inclusiva (UNESCO, 2023).

Crédito imagen: Vicerrectoría Acción Social UCR

Un planeta marino bajo presión: cifras que interpelan

Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Regulan el clima, capturan CO₂, generan oxígeno y sostienen medios de vida esenciales como la pesca y el turismo (FAO, 2022). Sin embargo, los indicadores actuales alertan sobre una crisis sin precedentes:

  1. El 90 % de las poblaciones de peces comerciales están sobreexplotadas o al límite biológico (FAO, 2022).
  2. Ecosistemas costeros como manglares y arrecifes desaparecen tres veces más rápido que los bosques terrestres.
  3. Para 2050, podría haber más plástico que peces en el mar por peso (Jambeck et al., 2015).
  4. En Costa Rica, el nivel del mar ha aumentado en promedio 3 mm anuales, afectando a más de 300 comunidades costeras (PNUD, 2023; SINAC, 2024).

La crisis oceánica no es solo ambiental: es también geopolítica. Los mares se han transformado en escenarios de disputa entre intereses extractivos, estrategias corporativas disfrazadas de sostenibilidad y luchas territoriales por el control de recursos (Roberts, 2023).

Una cumbre necesaria… pero aún insuficiente

La gravedad del deterioro marino exige respuestas estructurales urgentes. Sin embargo, la acción política y diplomática avanza a un ritmo muy inferior al que impone la emergencia.

El Tratado Global de los Océanos, adoptado en 2023 tras dos décadas de negociaciones, aún no ha entrado en vigor: solo 31 de los 60 países requeridos lo han ratificado (ONU, 2024; Smith, 2024). Las trabas no son técnicas, sino geopolíticas.

Mientras tanto, la minería submarina gana impulso. Empresas promueven la extracción de metales raros en ecosistemas profundos, poco conocidos y altamente vulnerables, sin regulación internacional clara (ISA, 2023).

Al mismo tiempo, el discurso de la economía azul aparece cada vez más en foros y políticas. Pero en muchos casos, esta se limita a un maquillaje verde del extractivismo, priorizando inversiones empresariales por encima de los derechos de comunidades costeras, la salud marina o la soberanía territorial (Observatorio de Economía Azul, 2024).

Como advirtió Greenpeace:

“El multilateralismo global no está funcionando: si seguimos así, solo tendremos océanos muertos por conservar” (Greenpeace, 2024).

La responsabilidad sigue pendiente

Las grandes potencias continúan evadiendo sus responsabilidades. Mientras los países industrializados dilatan compromisos financieros y ecológicos, las corporaciones presionan para suavizar regulaciones. A su vez, muchos Estados del Sur Global, atrapados en crisis de deuda, ceden soberanía marina a cambio de inversiones sin garantías ambientales ni beneficios sostenibles (UNDP, 2023).

La paradoja es evidente: quienes menos contaminan, serán los primeros en perder sus costas, sus arrecifes, sus medios de vida… y sus memorias (PNUD, 2024).

Costa Rica: entre la diplomacia ambiental y las omisiones internas

Costa Rica goza de reconocimiento internacional por su diplomacia climática. La coorganización de UNOC3 refuerza su imagen como país comprometido con la protección marina. No obstante, esta proyección contrasta con vacíos estructurales y decisiones internas que cuestionan su coherencia política.

Pese a haber ratificado el Tratado BBNJ y ampliado sus áreas marinas protegidas, el país enfrenta contradicciones preocupantes:

  1. No ha ratificado el Acuerdo de Escazú, esencial para garantizar el acceso a la información ambiental y proteger a las personas defensoras (PNUD, 2024).
  2. Impulsa una reforma para facilitar la minería metálica, incluso en zonas sensibles (Legislativo CR, 2025; MINAE, 2024).
  3. La narrativa de “economía azul” carece de mecanismos claros para evitar su captura por el capital transnacional (Greenpeace, 2024).
  4. Las comunidades costeras permanecen excluidas de la gobernanza marina y sus saberes no se reflejan en instrumentos técnicos como las cuentas oceánicas (MINAE, 2025).

El liderazgo ambiental costarricense parece más sostenido en el discurso diplomático que en transformaciones profundas. Las políticas marinas siguen fragmentadas, con débil articulación institucional, escasa fiscalización y limitados recursos públicos (SINAC, 2024).

Más allá del foro internacional: tareas pendientes

La participación costarricense en Niza debe ir más allá del posicionamiento simbólico. La cumbre representa una oportunidad para revisar críticamente la política marina nacional. Algunas acciones urgentes incluyen:

  1. Aplicar el Tratado BBNJ con enfoque de gobernanza participativa y equidad territorial (ONU, 2024).
  2. Rechazar la minería submarina y cualquier nueva forma de extractivismo en zonas marino-costeras vulnerables (ISA, 2023).
  3. Fortalecer la protección de ecosistemas clave, como el Caribe Sur y el Pacífico Norte (PNUD, 2023).
  4. Promover educación intercultural en comunidades costeras, valorando sus saberes tradicionales (UNESCO, 2023).
  5. Asegurar financiamiento climático para medidas de adaptación, restauración y planificación costera (PNUD, 2024).

Sin una política interna coherente, los compromisos globales podrían terminar como promesas vacías. La defensa de los océanos empieza en casa.

Economía azul: ¿camino hacia la sostenibilidad o nuevo rostro del extractivismo?

La “economía azul” ha ganado terreno como concepto central en los discursos internacionales sobre desarrollo sostenible marino. Presentada como una vía para conciliar crecimiento económico, protección ambiental y bienestar humano en las zonas costeras y oceánicas, esta narrativa ha sido promovida por instituciones multilaterales, gobiernos y organismos financieros como una “solución de triple impacto”. Sin embargo, el informe de Greenpeace advierte que esta noción está siendo cooptada por intereses corporativos, y carece de salvaguardas sólidas para garantizar su coherencia ambiental, social y climática.

Según Greenpeace, en muchos casos la economía azul reproduce las lógicas del extractivismo clásico, disfrazadas de innovación o sostenibilidad. Proyectos como la pesca industrial “reconocida”, el turismo masivo en ecosistemas frágiles, la bioprospección sin regulación o las promesas de minería en los fondos marinos son presentados como parte de esta agenda, sin evaluar adecuadamente sus impactos ecológicos ni su contribución real al bienestar local.

Crédito imagen: Semanario Universidad.

La captura corporativa de la economía azul

El informe destaca que la economía azul está cada vez más dominada por actores del capital transnacional, cuyas operaciones tienen efectos profundamente desiguales. Las grandes empresas —en especial del sector pesquero, energético y biotecnológico— concentran los beneficios, mientras las comunidades costeras enfrentan la pérdida de acceso a recursos tradicionales, desplazamiento, deterioro ambiental y exclusión de los procesos de gobernanza.

Greenpeace señala que, en ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen una gobernanza justa, la economía azul corre el riesgo de convertirse en una plataforma para profundizar el control corporativo sobre los bienes comunes marinos. El resultado: una economía azul sin azules profundos, donde la protección es secundaria frente al rendimiento económico.

¿Qué falta en la economía azul?

El informe insiste en que cualquier modelo de economía azul verdaderamente transformador debe:

  1. Reconocer los derechos y la participación activa de las comunidades locales e indígenas en la gestión de los territorios marino-costeros.
  2. Evitar el “lavado azul”, es decir, el uso de retórica ambiental para legitimar proyectos destructivos.
  3. Establecer límites claros y vinculantes a las actividades de alto impacto ecológico, como la pesca industrial o la minería submarina.
  4. Asegurar un reparto justo de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos marinos y las tecnologías emergentes.
  5. Desarrollar métricas integrales, que evalúen no solo el crecimiento económico, sino también la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar colectivo.

En suma, el informe de Greenpeace plantea que la economía azul no puede ser sostenible si está al servicio del capital financiero global. La sostenibilidad marina no es una etiqueta, sino una práctica que requiere regulación, justicia ambiental, soberanía territorial y participación democrática.

Tratado Global de los Océanos y el desafío 30×30: una síntesis del análisis de Greenpeace

(Pueden descargar el informe de Greenpeace aquí)

En 2023, la ONU adoptó el Tratado Global de los Océanos, un hito diplomático tras casi dos décadas de negociaciones. Se trata del primer acuerdo legalmente vinculante centrado en la conservación de la biodiversidad marina en aguas internacionales, conocidas como alta mar, que cubren aproximadamente el 61 % de los océanos del mundo.

Este tratado es fundamental para alcanzar el objetivo 30×30, que busca proteger al menos el 30 % del océano global para el año 2030. Sin embargo, el tiempo apremia: la entrada en vigor del tratado depende de que al menos 60 países lo ratifiquen antes de 2025. Hasta ahora, solo la mitad ha dado ese paso.

Amenazas crecientes que no dan tregua

La necesidad de acción es urgente. El informe de Greenpeace documenta un preocupante aumento de las presiones humanas sobre los ecosistemas oceánicos:

  • Entre 2018 y 2022, las horas de pesca industrial en alta mar aumentaron un 8,5 %, alcanzando los 4,4 millones de horas anuales.

  • En las áreas propuestas para conservación bajo el marco 30×30, la presión pesquera creció aún más: +22,5 % en ese mismo periodo.

  • A ello se suman amenazas acumulativas como:

    • Calentamiento, acidificación y desoxigenación de los océanos

    • Contaminación plástica y química

    • Minería submarina emergente, con riesgos irreversibles

    • Tráfico marítimo intensivo, con impactos por ruido, hidrocarburos y derrames

Zonas prioritarias para la conservación

Para ejemplificar cómo se puede aplicar el tratado, Greenpeace identifica tres regiones oceánicas críticas que deberían ser protegidas de manera inmediata:

  1. Montes submarinos Emperador (Pacífico Norte): cordilleras volcánicas profundas ricas en biodiversidad.
  2. Mar de los Sargazos (Atlántico Norte): ecosistema único donde convergen especies migratorias.
  3. Sur del mar de Tasmania y elevación de Lord Howe (Hemisferio Sur): hábitat clave para aves marinas y especies endémicas.

Estas zonas reúnen las condiciones ecológicas y científicas necesarias para ser designadas como Áreas Marinas Protegidas (AMP) bajo el nuevo tratado.

¿Qué recomienda Greenpeace?

Para que el Tratado Global de los Océanos se convierta en una herramienta efectiva —y no en una promesa vacía—, Greenpeace plantea tres acciones urgentes:

  • Ratificar el tratado antes de 2025, asegurando su entrada en vigor y operatividad.

  • Establecer una Comisión Preparatoria, con funciones claras en ciencia, gobernanza y financiamiento.

  • Iniciar de inmediato la planificación de santuarios oceánicos, basados en evidencia científica y participación internacional.

El tiempo de actuar es ahora

La salud de los océanos está en juego. De su equilibrio depende el clima, la alimentación de millones de personas y la biodiversidad planetaria. El Tratado Global de los Océanos representa una oportunidad histórica para cambiar el rumbo y frenar el colapso ecológico en alta mar.

La comunidad internacional tiene las herramientas, el conocimiento y los datos. Lo que falta es voluntad política.

Referencias utilizadas
FAO. (2022). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Recuperado de https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
Greenpeace. (2024). Del Tratado Global de los Océanos a la protección en alta mar. Greenpeace International. Recuperado de https://www.greenpeace.org/static/planet4-international-stateless/2024/01/474d7771-30×30-from-global-ocean-treaty-to-protection-at-sea-spanish-full-report.pdf
IPCC. (2023). Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change. Recuperado de https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ipcc.ch
ISA. (2023). Status of Deep-sea Mining Activities. International Seabed Authority. Recuperado de https://www.isa.org.jm/faq-for-media/isa.org.jm
Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771. Recuperado de https://jambeck.engr.uga.edu/wp-content/uploads/2022/02/science.1260352-Jambeck-et-al-2015.pdf
Legislativo Costa Rica. (2025). Proyecto de reforma minera en zonas costeras sensibles. Asamblea Legislativa de Costa Rica. Recuperado de https://ciarglobal.com/costa-rica-presenta-proyecto-de-ley-para-autorizar-la-mineria-en-crucitas/ciarglobal.com
MINAE. (2024). Informe de gestión ambiental costera. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica. Recuperado de https://minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/SEPLASA/Informe%20cierre%20PNDIP-2024.pdfminae.go.cr
MINAE. (2025). Documentos oficiales de copatrocinio y participación en UNOC3. Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/documentos/unoc3/037%20COSTA%20RICA%20SIDE%20EVENT%20DESCRIPTION.aspxminae.go.cr
Observatorio de Economía Azul. (2024). Análisis crítico de la economía azul en Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/documentos/unoc3/037%20COSTA%20RICA%20SIDE%20EVENT%20DESCRIPTION.aspx
ONU. (2023). Informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
ONU. (2024). Ratificación del Tratado BBNJ y avances globales. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
ONU. (2025). Documento oficial de la 3.ª Conferencia de la ONU sobre los Océanos. Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
PNUD. (2023). Informe sobre vulnerabilidad costera y cambio climático en Centroamérica. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-and-energy/climate_change/vulnerability-and-adaptation-to-climate-change-in-latin-america.html
PNUD. (2024). Acceso a la justicia ambiental y el Acuerdo de Escazú. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-and-energy/climate_change/vulnerability-and-adaptation-to-climate-change-in-latin-america.html
Roberts, J. (2023). Global Marine Governance and the South. Ocean Policy Journal, 14(2), 45-60.
SINAC. (2024). Monitoreo del nivel del mar y sus impactos en comunidades costeras. Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Costa Rica. Recuperado de https://www.minae.go.cr/organizacion/vicegestionestrategica/SEPLASA/Informe%20cierre%20PNDIP-2024

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Protocolo sin voz: la denuncia del Colectivo Antonio Saldaña ante la exclusión indígena en la construcción del protocolo de consulta en Costa Rica

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Colectivo Antonio Saldaña alza la voz: basta de falsas consultas en territorios indígenas

Desde el territorio indígena bribri de Talamanca, queremos expresar de forma clara y directa nuestro rechazo al modo en que se han venido desarrollando los procesos para establecer “protocolos” de consulta indígena en Costa Rica. Consideramos que se trata de un proceso profundamente excluyente, que reproduce las mismas lógicas coloniales e impuestas que durante décadas nos han marginado de las decisiones que nos afectan directamente.

A pesar de que la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT son muy claros en el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma libre, previa e informada sobre cualquier proyecto que afecte nuestros territorios, la realidad es que dicho derecho ha sido constantemente ignorado o manipulado por los gobiernos de turno.

En nuestro territorio, por ejemplo, solo en una ocasión se intentó impulsar una propuesta de protocolo de consulta en conjunto con el gobierno. Fue durante las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. En ese momento se presentó un proyecto con una solicitud de apenas 18 millones de colones para facilitar un proceso de consulta real, adaptado a nuestras condiciones. A pesar de ello, el gobierno solo realizó una reunión y luego abandonó completamente el proceso. Nunca se retomó ni se dio respuesta a nuestras solicitudes posteriores.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Nosotros vivimos en un territorio extenso, con 33 comunidades y una población aproximada de 16 mil personas. No contamos con transporte público interno, ni con infraestructura adecuada para realizar grandes reuniones. Hay ríos que cruzar en bote, personas mayores que requieren traducción, y una serie de condiciones que hacen extremadamente difícil la participación si no hay una logística adaptada a nuestra realidad. Sin embargo, estas condiciones nunca son tomadas en cuenta por las instituciones.

En lugar de ello, hemos sido testigos de cómo sucesivos gobiernos impulsan protocolos sin nuestra participación, y cuando no aceptamos esas condiciones, simplemente nos excluyen del proceso. Así fue con el decreto emitido por el gobierno anterior: como el territorio bribri de Talamanca no firmó ni estuvo de acuerdo con el contenido, quedamos fuera del decreto. Desde entonces, nadie nos ha vuelto a consultar sobre el tema.

Lo que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa, sin una vinculación efectiva con los territorios, es repetir los errores del pasado. Nos preocupa que se siga confiando el trabajo a consultorías externas, las cuales tienen un histórico de hacer procesos superficiales, sin consultar realmente a la población. Hemos visto casos en los que se contratan consultores con sumas de hasta 40 millones de colones, quienes realizan una o dos reuniones con muy poca participación, y luego presentan informes diciendo que hicieron «consulta».

En nuestro territorio han pasado decenas de consultorías en temas ambientales, sociales, de niñez, entre otros, sin que hasta el día de hoy tengamos un solo resultado positivo o un proyecto que realmente beneficie a la comunidad. Por el contrario, hemos sido usados para justificar el uso de recursos sin que haya ningún cambio real. Es una burla.

Nos preocupa, además, que se esté utilizando la información previa como si fuera consulta. Esto es una manipulación inaceptable del principio de consulta libre, previa e informada. La información no puede sustituir la consulta real.

Nuestra posición es clara: no nos oponemos a los proyectos en nuestros territorios. Lo que exigimos es que estos proyectos sean buenos, pertinentes y adaptados a nuestras necesidades y realidades. Lo que queremos es que se cumpla el derecho a ser consultados de verdad, y no solo en el papel.

Llevamos años solicitando esto de manera individual y colectiva. No es un capricho. Es un derecho. Sin embargo, seguimos viendo cómo nuestras necesidades se ignoran y se manipulan. Hoy, nuestro territorio enfrenta problemas graves de infraestructura, transporte, economía y producción. Vivimos porque sembramos. Sobrevivimos porque seguimos siendo autosostenibles. Pero eso no significa que no tengamos derecho a ser escuchados.

Hasta el día de hoy, sentimos que hemos sido utilizados por los gobiernos para justificar sus agendas, pero nunca como interlocutores válidos. Exigimos que se nos respete y que cualquier protocolo de consulta sea construido desde y con los territorios.