Durante la reciente sesión municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier y Francisco sobre por qué es fundamental que las personas vecinas participen en la elaboración del Plan Regulador, qué desafíos enfrenta el cantón, y cómo las decisiones de la Municipalidad afectan su vida diaria.
Sus testimonios reflejan la urgencia de generar espacios de diálogo reales, transparentes y abiertos a todas las personas.
No te pierdas estas voces: escucha el audio completo aquí
El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.
Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.
A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.
Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.
Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:
“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.
La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.
El “cálculo” político
La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.
El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.
El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?
En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.
Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón
En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.
Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.
Las experiencias vecinales lo confirman:
Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.
Intervención Javier Sánchez – CODECE
La Primera Declaración de La Habana (1960) no fue solo un discurso de otro tiempo: fue un grito colectivo por soberanía, autodeterminación y justicia social. Hoy, denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, es continuar esa tradición emancipadora. Lo paradójico es que quienes acusan de conspirar a las voces críticas son, muchas veces, los mismos que firman contratos con Chevron, empresa que además trabaja directamente con Israel, o venden petróleo al gigante imperial que financia guerras y sostiene a Israel. El verdadero rostro del imperialismo no está en quienes defienden la vida, sino en los acuerdos lucrativos que traicionan la dignidad de los pueblos.
Se han difundido textos que pretenden instalar la idea de que académicos, activistas y organizaciones socioambientales en Venezuela —entre ellos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— forman parte de una red de “injerencia extranjera” y de supuestas operaciones para desestabilizar al Estado venezolano.
Estas acusaciones no son nuevas: repiten, con ligeros matices, el guion habitual de quienes ven en toda crítica un acto de traición y en toda denuncia socioambiental un complot internacional. Lo novedoso hoy es el nivel de desproporción y simplificación, donde la etiqueta de “conspiración” sustituye cualquier debate real sobre el modelo extractivista y sus consecuencias sobre los pueblos y los territorios.
Apelar a la “injerencia” es un recurso cómodo para quienes no desean discutir lo esencial: que el Arco Minero del Orinoco y otros megaproyectos extractivos están provocando devastación ambiental, vulnerando derechos de comunidades indígenas y abriendo paso a dinámicas de corrupción y violencia. Señalar estos problemas no significa alinearse con agendas imperiales, sino ejercer el mínimo deber ético de defender la vida y la dignidad de los pueblos.
Convertir a organizaciones, fundaciones o académicos críticos en “agentes extranjeros” es una manera de evadir responsabilidades y de instalar un clima de miedo donde toda voz disonante se trata como sospechosa. En lugar de debate, estigmatización; en lugar de diálogo, disciplinamiento.
Resulta particularmente grave la hipocresía de sectores intelectuales que, en nombre de la defensa antiimperialista, callan ante la devastación ambiental y la represión interna, pero se activan de inmediato para deslegitimar a quienes levantan críticas fundamentadas.
Estos sectores dicen rechazar “las divisiones en el campo popular”, pero en la práctica reproducen un discurso que criminaliza, aísla y pone en riesgo a compañerxs de lucha. Su retórica se alimenta del mismo dispositivo que históricamente ha servido para perseguir la disidencia dentro de procesos revolucionarios: acusar de estar “del lado del enemigo” a quienes piensan distinto.
El mapa del poder global se entiende mejor siguiendo las rutas de las energías fósiles. Chevron, una de las principales transnacionales del sector, no solo ha devastado territorios en América Latina y África: también abastece directamente al Estado de Israel, sosteniendo con energía y capital la maquinaria de guerra que perpetra el genocidio contra el pueblo palestino.
Frente a esta realidad, el silencio de ciertos sectores intelectuales resulta ensordecedor. Quienes hoy se apresuran a acusar de “injerencistas” a Edgardo Lander y a quienes denuncian el extractivismo omiten deliberadamente esta complicidad estructural. Guardan silencio sobre cómo el capital que desangra a Venezuela, Ecuador o Nigeria también alimenta los crímenes de guerra en Gaza.
La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno venezolano, que en los discursos se presenta como aliado del pueblo palestino, mantiene negocios con Chevron, empresa vinculada directamente al sostenimiento energético de Israel. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se negocia con una corporación que abastece a su verdugo?
Estas incoherencias no son detalles secundarios: muestran hasta qué punto el antiimperialismo puede vaciarse de sentido cuando se convierte en una consigna sin práctica consecuente. La crítica que se intenta acallar con acusaciones de “traición” o “intervencionismo” no es más que la insistencia en desenmascarar estas relaciones de poder, allí donde se cruzan extractivismo, genocidio y negocio.
La verdadera fortaleza de cualquier proyecto emancipador no se mide por su capacidad de blindarse de toda crítica, sino por la disposición a escuchar y corregir. Deslegitimar a quienes cuestionan el extractivismo bajo el argumento de que “repiten tesis imperiales” no solo es injusto, sino peligroso: abre la puerta a que toda crítica social, ambiental o de derechos humanos sea catalogada como enemiga.
La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando la crítica se silencia, se impone el dogma; y cuando se criminaliza la diferencia, se erosiona la posibilidad de construir alternativas reales al capitalismo depredador.
Desde diferentes territorios y luchas, expresamos nuestra solidaridad con Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, así como con todas las personas y organizaciones que defienden la vida frente al extractivismo en Venezuela y en América Latina.
Su trabajo es parte de una larga tradición de pensamiento crítico y compromiso con los bienes comunes. Callar o atacar esa labor no fortalece ningún proceso popular: al contrario, lo debilita.
Defender la posibilidad de disentir, cuestionar y proponer alternativas no es un lujo, es una necesidad histórica. Frente a los intentos de disciplinamiento, reafirmamos que la solidaridad entre pueblos y movimientos no se construye repitiendo consignas, sino sosteniendo espacios de crítica, cuidado y dignidad compartida.
José Martí comprendió tempranamente que el imperialismo era, más que una amenaza externa, un sistema que pretendía moldear conciencias y subordinar economías. En textos como Nuestra América (1891), Martí advierte contra “los pueblos que se creen el ombligo del mundo” y llama a los latinoamericanos a gobernarse con sus propias realidades, no con recetas importadas.
Para Martí, la lucha contra el imperialismo no se reducía al enfrentamiento militar o político, sino a un proyecto cultural y ético de afirmación de la dignidad. Esa tradición martiana nos recuerda que criticar los proyectos extractivistas que entregan territorios a capitales extranjeros no es alinearse con el enemigo, sino precisamente honrar la vocación emancipadora de nuestros pueblos. Como escribió Martí, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Quienes hoy levantan críticas desde la ecología política siguen levantando trincheras de ideas frente a un modelo que, bajo el ropaje de “desarrollo”, repite lógicas coloniales.
Franz Fanon, en obras como Los condenados de la tierra (1961), señaló con claridad que la liberación no podía quedarse en la expulsión del colonizador externo: había que evitar que las élites locales reprodujeran las mismas lógicas de opresión y saqueo. Para Fanon, la descolonización era un proceso integral que exigía transformar las estructuras políticas, económicas y culturales, no simplemente cambiar de administradores.
Esta reflexión es fundamental hoy en Venezuela y en América Latina: se puede invocar la bandera antiimperialista mientras se perpetúan prácticas extractivistas que reproducen las formas coloniales de dominación sobre pueblos indígenas y territorios. Fanon advirtió contra el riesgo de sustituir el colonialismo europeo por “burguesías nacionales” que se enriquecen a costa de su pueblo. En ese sentido, la crítica a proyectos como el Arco Minero no debilita la lucha antiimperialista: la fortalece, porque desnuda cómo el colonialismo puede mutar y reaparecer bajo nuevas máscaras.
El pensamiento de Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo asesinado en El Salvador en 1989, aporta una clave imprescindible: la verdad histórica se encuentra en los pueblos crucificados. Ellacuría sostenía que toda reflexión crítica debía partir de las víctimas del sistema, de los pobres, de quienes sufren la violencia estructural. Desde esa opción preferencial, la función de la intelectualidad y de las instituciones no es legitimar a los poderosos, sino develar las injusticias y ponerse del lado de quienes cargan la cruz de la historia.
Aplicado a la Venezuela actual, este legado nos obliga a escuchar a las comunidades indígenas y a los territorios devastados por el extractivismo, no a silenciarlos con acusaciones de conspiración. Ellacuría hablaba de la necesidad de una “civilización de la pobreza”, entendida no como miseria impuesta, sino como un proyecto donde los bienes comunes se compartan y la vida se defienda. Ese horizonte es incompatible con la criminalización de quienes, desde la ecología política, denuncian el sufrimiento de los pueblos y de la naturaleza.
Silvio Rodríguez nos recordó, en una de sus canciones más descarnadas, que hay voces que se visten de rebeldía pero suenan huecas, porque en realidad repiten lo que el poder les dicta. Esa imagen del “harapo” es demoledora: el disfraz de radicalidad que, al primer soplo del viento, deja ver su costura oportunista.
Hoy, algunos pseudointelectuales se presentan como guardianes de la revolución y portavoces de la “lucha antiimperialista”, pero sus discursos terminan coincidiendo con los intereses de los mismos Estados y aparatos que los financian. Usan la retórica de la patria y del pueblo, pero se acomodan a las estructuras que garantizan su prestigio, sus viajes, sus publicaciones y sus sueldos.
Mientras tanto, quienes se atreven a señalar los daños concretos —el extractivismo que arrasa, las comunidades indígenas que resisten, los territorios envenenados— son acusados de ser “injerencistas” o “agentes del imperio”. La ironía es brutal: los auténticos críticos son perseguidos, y los burócratas del pensamiento se envuelven en banderas para esconder su servidumbre.
La canción de Silvio nos deja una clave: la verdadera coherencia no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener la dignidad aun en la intemperie. Frente a los trajes de oropel de la pseudointelectualidad, reivindicamos las voces que, con harapos si hace falta, siguen defendiendo la vida, los pueblos y los bienes comunes.
El verdadero imperialismo no está en las voces críticas que denuncian la devastación ambiental ni en los colectivos que levantan trincheras de ideas para defender a los pueblos. El imperialismo se sostiene en los contratos con transnacionales como Chevron, en el sudor de quienes extraen petróleo que luego se vende al mismo Estados Unidos que financia guerras y sostiene a Israel en su política genocida contra Palestina.
Hablar de “injerencia” para acallar a académicos, ecologistas o movimientos sociales es una paradoja dolorosa, cuando las puertas del extractivismo se abren sin reparos al capital extranjero. Quienes hoy señalan con el dedo a Edgardo Lander y a otros compañeros deberían mirar de frente esa contradicción: ¿quién sirve más a los intereses imperiales, el que denuncia la expoliación de los pueblos o el que la administra con la excusa del desarrollo?
El antiimperialismo verdadero no se decreta: se ejerce en la defensa de la dignidad, en la coherencia frente al poder y en la capacidad de escuchar a los pueblos que resisten. Todo lo demás es un harapo que, tarde o temprano, deja ver su costura.
Antes de que alguien se espante, aclaramos: no se trata de conspiraciones fantasiosas ni de fake news… o bueno, depende de a quién le preguntes. Los videos que verán a continuación muestran a activistas y académicos desenmascarando la complicidad de grandes empresas y Estados en dinámicas de saqueo y violencia. Sí, incluso aquellos que algunos prefieren ignorar: como ese pequeño detalle sobre Chevron, su “misión liberadora” en Venezuela y su relación con Israel… pero shhh, mejor no decirlo demasiado fuerte. Prepárense para ver verdades incómodas que ciertos intelectuales suelen omitir mientras se disputan la etiqueta de antiimperialistas.
Chevron, la nueva aliada del antiimperialismo: abastece a Israel, pero no se preocupen… seguro es fake news, porque nadie querría arruinar sus nobles inversiones liberadoras en Venezuela.
Para que no nos acusen de inventar ni de ‘injerencistas’, usamos como fuente a Telesur: nada más revolucionario que enterarse por la TV del gobierno cómo Chevron y Venezuela sellan su ‘antiimperialismo’ con contrato y apretón de manos… mientras la misma Chevron abastece de gas a Israel para sostener el genocidio en Gaza.
Y para completar el guion, en el video de Telesur sobre Chevron aparece Ignacio Ramonet, el mismo que luego denuncia —con toda razón— que Israel mata periodistas. Una escena digna de tragicomedia: condenar al verdugo en Gaza mientras se aplaude al socio que trabaja por la «revolución» en Caracas. Antiimperialismo a la carta.
Atención: video de Grosfoguel denunciando a Israel… aunque estamos casi seguros de que se cortó justo cuando iba a mencionar a su socio secreto, Chevron. Ups, mejor no decir eso, que son solo ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.
Patricia Villegas celebra la resistencia palestina desde 1979… y en 2025 también celebra la reanudación de Chevron en Venezuela. Nada como combinar décadas de lucha por la soberanía con un poquito de ‘inversiones liberadoras’. Todo muy coherente, claro.
Maduro denuncia a Israel como el nuevo Hitler en Gaza… pero curiosamente nadie menciona que Hitler también hacía negocios con empresas cómplices. Mejor no decir eso, sobre todo si alguna de esas empresas rima con Chevron y da un tirón… a los pueblos mientras habla de ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.
Y ahora, para que no queden dudas de la “liberación energética” en acción, les presentamos los datos directamente de la propia Chevron. Sí, sí, esa misma empresa que Telesur celebra como “reanudando sus operaciones liberadoras” en Venezuela. No se preocupen: no vamos a dudar de la fuente oficial, porque ¿quién podría cuestionar a una corporación mientras construye gasoductos y suministra gas a uno de los Estados más militarizados del mundo? Prepárense para cifras, inversiones millonarias y producciones récord… todo muy coherente con la narrativa del progreso y la soberanía… para algunos.
| Proyecto | Año Descubrimiento / Desarrollo | Socios y participación de Chevron | Ubicación y características | Producción / Impacto |
|---|---|---|---|---|
| Leviatán | Descubierto 2010; desarrollo principal 2010-201x | Chevron Mediterranean Limited 39,66%; NewMed Energy 45,34%; Ratio Energies 15% | 130 km al oeste de Haifa, Mar Mediterráneo; cuatro pozos de producción a ~5 km de profundidad; gasoducto submarino e instalaciones de procesamiento | Producción de 12 mil millones m³ de gas/año; permite cesar uso de carbón en generación eléctrica para 2025; exportador significativo de gas |
| Tamar | Descubierto 2009; desarrollado en 4 años | Chevron Mediterranean Limited 25%; Isramco 28,75%; Tamar Petroleum 16,75%; Mubadala Energy 11%; Tamar Investment 2 11%; Dor Gas 4%; Union Energy & Systems 2 3,5% | 90 km al oeste de Haifa; 5 km de profundidad; superficie 100 km²; seis pozos de producción | Abastece ~70% del consumo eléctrico de Israel; reducción del uso de carbón, fueloil y diésel; mejora de calidad del aire |
| Mari-B | Descubierto 2000; suministro desde 2004. Actualmente agotado. | Chevron / Noble Energy junto con Delek, Delek Drilling y Avner | Parte del proyecto Yam Tethys | 28 mil millones m³ de gas natural; primera vez que el gas natural fluye a las costas de Israel; suministro al mercado local |
Chevron. (2025). Nuestros proyectos en Israel: Leviatán, Tamar y Mari-B. Recuperado de https://israel.chevron.com/en/our-businesses
¿Por qué hicimos esta nota? Omisiones y dobles estándares en la esfera intelectual y política
Ramón Grosfoguel ha denunciado consistentemente las políticas de Israel hacia Palestina y ha señalado violaciones de derechos humanos en diversos contextos. Sin embargo, en sus intervenciones públicas no se ha referido a los vínculos de empresas transnacionales como Chevron con Israel, a pesar de que estas corporaciones mantienen operaciones en territorios donde se perpetran políticas de guerra y ocupación.
Situación similar se observa en otros actores mediáticos e intelectuales. Ignacio Ramonet, por ejemplo, condena con firmeza ataques contra periodistas en Gaza, pero no aborda los vínculos corporativos que financian o sostienen indirectamente esas operaciones. Patricia Villegas, desde Telesur, celebra la resistencia palestina y la soberanía energética en América Latina, mientras la misma cobertura omite mencionar la reanudación de operaciones de Chevron en Venezuela, que abastece gas a Israel. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia agresiones en Gaza y las compara con episodios históricos de genocidio, pero no cuestiona la complicidad indirecta derivada de contratos con corporaciones transnacionales.
Estas ausencias no son inocentes. En el contexto de la campaña de criminalización desarrollada por el gobierno venezolano contra intelectuales y activistas críticos —como Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— la omisión de estos vínculos corporativos y económicos estratégicos se vuelve parte de un patrón de control discursivo. Se promueve la narrativa de “injerencia extranjera” para deslegitimar críticas al extractivismo y a la gestión estatal, mientras se silencia información que podría evidenciar contradicciones en la política oficial.
Desde la perspectiva crítica, estas omisiones evidencian cómo ciertos aspectos de la relación entre corporaciones y Estados quedan fuera del debate, mientras se enfatiza la condena a políticas estatales específicas. Señalar estas ausencias permite un análisis más completo del poder global y de las conexiones entre extractivismo, financiamiento de conflictos y narrativas auto-proclamadas como antiimperialistas, mostrando que la defensa de la soberanía no puede sostenerse en silencios estratégicos.
Vecinas y vecinos de Maquengal y San Luis de Upala, junto con cinco personas de Guatuso, se reunieron en Maquengal el pasado 3 de agosto, expresaron su profunda preocupación ante la reciente concesión para la extracción de materiales en el Río Frío. Mientras los documentos oficiales presentan a Maquengal como un caserío marginal, citando una escuela y un poblado, casi de paso, la realidad vivida por la comunidad revela otra historia: un territorio vivo, organizado y profundamente ligado a su río.
El EsIA del proyecto CDP Río Frío sostiene que:
La consulta a 31 personas refleja opiniones divididas y concluye que “no se prevé conflicto social significativo”.
El uso recreativo y turístico del río es secundario, reconocido solo por un 25,8% de las personas encuestadas.
Maquengal es descrito como un pueblo pequeño, con casas aisladas y servicios básicos mínimos.
La escuela cercana y los caminos comunales apenas son mencionados.
Los impactos sociales se limitan a variables como empleo, tránsito y servicios básicos, concluyendo que el proyecto no modificará los indicadores sociales y culturales de la zona.
Maquengal es descrito como un pueblo pequeño, con casas aisladas y servicios básicos mínimos; para este estudio se presenta prácticamente como un caserío, casi un pueblo fantasma, situación que indigna a las personas vecinas.
El EsIA clasifica a Maquengal como un simple “caserío”, casi un punto de paso sin relevancia, con pocas viviendas y servicios limitados. Esa definición técnica no es inocente: cuando un territorio se reduce a la categoría de caserío, se minimiza el valor de la vida que late en él.
Para quienes viven allí, Maquengal no es un punto en un mapa ni una suma de casas dispersas. Es un pueblo con historia, arraigo y vínculos colectivos. Ahí se han formado familias, se han criado generaciones y se han tejido relaciones de solidaridad. El río ha sido siempre el eje de esas vidas: lugar de recreación, de trabajo, de encuentro y de identidad.
Nombrar a Maquengal como caserío es una forma de desvalorización simbólica: sugiere que lo que ocurra ahí importa menos que en otros lugares, que sus habitantes no tienen el mismo derecho a decidir sobre su entorno, que sus afectaciones son menores porque se trata de “pocos habitantes”. Sin embargo, cada familia, cada niña y cada adulto que ha hecho su vida en torno al Río Frío sabe que ese espacio es mucho más que un caserío: es comunidad, es pueblo, es territorio vivido.
El contraste con la realidad es contundente. En el conversatorio, las personas vecinas dieron sus testimonios que:
No hubo información ni consulta previa. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, relataron las personas.
El río es espacio de vida, recreación y cultura, donde generaciones han convivido y compartido.
El camino público que daba acceso al río fue tomado por maquinaria pesada, cerrando un espacio de recreación y generando riesgos para la comunidad y la Escuela Palmital, ubicada a 400 metros.
Los impactos son acumulativos: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos, deterioro de caminos, reducción de caudal, desaparición de oportunidades de turismo comunitario y afectación al paisaje.
El daño no es solo ambiental, también es económico, social y cultural: se pierden ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida alternativos.
El análisis comparativo muestra un patrón preocupante:
El EsIA minimiza la dimensión social y cultural, reduciendo el valor del río a un recurso de extracción.
La comunidad, en cambio, lo entiende como su futuro colectivo y su identidad.
Al no reconocer seriamente el uso recreativo, el turismo rural y la seguridad de la comunidad, se invisibiliza la verdadera magnitud de los impactos.
Este caso no es aislado. Forma parte de un modelo de concesiones mineras en cauces públicos que prioriza los beneficios privados sobre los bienes comunes. Cuando lo social se relega a un apéndice técnico, se debilitan derechos fundamentales como la participación ciudadana y la consulta informada.
El problema no solo está en el documento, sino también en la insensibilidad con que profesionales e instituciones lo validan. El EsIA del CDP Río Frío fue elaborado por especialistas acreditados y revisado por instancias como SETENA y la Municipalidad de Guatuso, que terminaron avalando percepciones reducidas de la realidad.
Que un estudio presente a Maquengal como un caserío menor, que minimice la cercanía de una escuela y que reduzca el río a un recurso económico, refleja no solo un sesgo técnico, sino también un desprecio hacia la vida comunitaria.
La institucionalidad ambiental y municipal, al aprobar estos enfoques, reproduce un modelo de desarrollo que prioriza el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Se habla de empleos temporales, de “aprovechamiento de recursos” y de supuestas mejoras en infraestructura, pero se calla el costo real: la pérdida de un espacio de encuentro, la amenaza a la seguridad de niñas y niños, la frustración de proyectos de turismo rural y la erosión de la identidad cultural.
La respuesta es corta, destrozos.
Sin embargo, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué tipo de desarrollo se impulsa cuando se ignora la voz de las comunidades?
Un desarrollo que destruye caminos públicos para abrir paso a maquinaria pesada.
Un desarrollo que reduce un río a cantera, invisibilizando su valor cultural y recreativo.
Un desarrollo que erosiona alternativas sostenibles como el turismo comunitario.
Este no es un desarrollo que fortalece comunidades ni que respeta los bienes comunes. Es un modelo extractivo que vende como progreso lo que en realidad es despojo.
Las comunidades de Maquengal lo tienen claro: “El río no se vende, se defiende”. Su lucha no es solo ambiental, es también por el respeto a la vida comunitaria, la cultura y la posibilidad de un desarrollo sostenible y justo.
Lo más doloroso de esta historia es la posibilidad de que la definición de caserío que hoy se impone desde un Estudio de Impacto Ambiental termine haciéndose realidad. Si persiste el desinterés de autoridades municipales, más preocupadas por ingresos rápidos que por el bienestar de sus comunidades, y si continúa la apatía de ciertos sectores vecinos, que no ven el valor del río hasta que ya es demasiado tarde, Maquengal corre el riesgo de convertirse en lo que los informes dicen que ya es: un caserío sin vida comunitaria, reducido a casas dispersas alrededor de un cauce herido.
La minería no metálica, con su ruido, polvo y maquinaria, no solo transforma el paisaje y el río. También erosiona silenciosamente los vínculos sociales, las oportunidades económicas sostenibles y el orgullo de pertenecer a un pueblo con historia. Bajo este modelo extractivo, el futuro no es el de un pueblo fuerte y organizado, sino el de un caserío debilitado, marginado y dependiente.
Así, la indiferencia y el interés económico fácil abren paso a una profecía autocumplida: la que convierte un pueblo con identidad en un caserío sin horizonte.
“Nosotros vemos que en el estudio ponen a Maquengal como si fuera un caserío despoblado, casi sin vida, y eso nos duele. Hablan de una escuela y de un lugar vacío, como si aquí no hubiera comunidad. También queremos dejar claro que, aunque hemos buscado apoyo en Guatuso, la verdad es que solo dos personas nos han acompañado en este proceso; en general no hemos recibido respaldo.
Lo que más nos preocupa es que un día suceda una tragedia con la tierra y el río, porque ya hemos advertido de los riesgos y no hemos sido escuchados. Hemos tenido el mínimo apoyo, pero nuestra voz queda como testimonio: si algo pasa, será porque no quisieron escuchar lo que hemos venido diciendo.”
En Escazú han aparecido en redes sociales mensajes políticos que, en apariencia, buscan defender la “técnica” y la “responsabilidad institucional” frente al Plan Regulador. Sin embargo, al revisar con cuidado sus afirmaciones y confrontarlas con el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), salta a la vista que se trata de discursos que manipulan los hechos, deslegitiman la organización vecinal y reducen la participación a un mero trámite. En resumen, según el INVU: es cierto que no es obligatoria la creación de una Comisión de Plan Regulador; también es cierto que se trata de una práctica recomendable, reconocida por el manual, porque articula a regidores, técnicos y ciudadanía; y es falso o, al menos, profundamente sesgado afirmar que la Comisión es irrelevante o un “estorbo político”, pues el INVU la define como un espacio fundamental de apoyo y seguimiento. En este análisis, mostramos por qué estas posturas no solo son equivocadas, sino también dañinas para la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática.
En los últimos días han circulado en redes sociales mensajes que sostienen que en el pasado el atraso del Plan Regulador de Escazú se debió a que algunos alcaldes lo dejaron en manos de una “comisión de Plan Regulador” sin el conocimiento técnico suficiente. Esta afirmación, aunque puede sonar creíble para quien no conoce el marco normativo, es una simplificación que tergiversa la realidad. El propio manual del INVU aclara que la Comisión de Plan Regulador es un órgano especializado designado o creado por la municipalidad, encargado de participar en las fases de elaboración y gestión, y de brindar acompañamiento al equipo planificador (INVU, 2017, p. 12). No se trata de un actor externo que sustituye a la Municipalidad, sino de una figura reconocida institucionalmente.
Al presentar a las comisiones como espacios incapaces o carentes de compromiso, se oculta que el rezago histórico de muchos cantones responde a problemas más estructurales: falta de recursos, ausencia de voluntad política sostenida, y deficiencias en la coordinación interinstitucional. No fue por “comisiones manipuladas”, sino por la debilidad del Estado en asegurar continuidad a los procesos de planificación. Así lo reconoce el manual al señalar que el INVU, junto con otras instituciones competentes, debe articular esfuerzos y acompañar a los gobiernos locales con equipos multidisciplinarios (INVU, 2017, p. 113).
Además, el manual indica con claridad que el Plan Regulador es un proceso técnico, político y participativo. Nunca ha sido exclusivamente un asunto de especialistas. La visión de que los técnicos “puros” deben controlar todo y los vecinos solo escuchar es contraria a lo que establece la normativa. Se requiere conocimiento especializado, sí, pero también una lectura social, cultural y ambiental que ningún grupo de técnicos puede abarcar por sí solo.
La narrativa que responsabiliza a las comisiones no es ingenua: al culpabilizar a estos espacios vecinales de los rezagos, se construye un enemigo conveniente para justificar el control centralizado por parte de la administración municipal. Se transmite la idea de que solo bajo el mando de un alcalde y su equipo técnico se puede avanzar, eliminando la dimensión política y social de la planificación.
Lo que está en juego aquí es la visión misma de cómo se gobierna el territorio: ¿como un proceso abierto y democrático, donde se reconocen las capacidades de múltiples actores, o como una tarea jerárquica donde la ciudadanía es vista como obstáculo? El manual del INVU, al incluir a las comisiones como actores válidos, desmiente la postura de quienes reducen su papel a un estorbo político.
Otro de los puntos centrales de los discursos que circulan es la idea de que la actual oposición al Plan Regulador responde a una campaña de desinformación impulsada por partidos políticos y candidatos en búsqueda de vitrina electoral. Esto sugiere que los vecinos solo se movilizan cuando están manipulados y que, en ausencia de estas fuerzas partidarias, la ciudadanía no tendría la capacidad ni el interés de organizarse. Se trata de una visión profundamente paternalista y despectiva hacia la ciudadanía.
El manual, en cambio, es enfático al señalar que la participación ciudadana es un requisito fundamental y no puede reducirse a un trámite simbólico. Se define como “un proceso de construcción de acuerdos donde la ciudadanía puede incidir en el contenido del plan” (INVU, 2017, p. 45). Es decir, no se trata de escuchar opiniones para luego desecharlas, sino de generar espacios donde esas opiniones influyan en la propuesta final.
Al sugerir que la organización comunitaria es solo fachada de partidos, se invisibiliza el hecho de que en muchos cantones —incluido Escazú— los procesos de cuestionamiento al Plan Regulador han surgido de vecinos preocupados por temas ambientales, patrimoniales o de desarrollo local. No todas las voces críticas responden a agendas electorales. Este tipo de acusaciones buscan restar legitimidad a la participación y evitar que se discuta el fondo de los problemas.
Además, la ley misma obliga a la participación: la Audiencia Pública está contemplada en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana como un acto legal y administrativo en el que el gobierno municipal debe someter a consulta el Plan Regulador. Presentarla como una concesión graciosa o como una amenaza partidaria es tergiversar su naturaleza. La participación no es una dádiva, es un derecho.
El daño de esta narrativa es profundo. Al insistir en que la ciudadanía no puede organizarse sin ser manipulada, se genera desconfianza en cualquier iniciativa vecinal autónoma. Se establece un marco en el que la comunidad aparece siempre como sospechosa, como masa manipulable, incapaz de pensar por sí misma. Este tipo de discurso no solo erosiona la legitimidad del Plan Regulador, sino que degrada la relación entre ciudadanía e instituciones.
Algunos mensajes en redes también defienden que votar contra una moción ciudadana es “defender los criterios técnicos” y “evitar un error legal”. Aquí se instala otro mito: el de que las decisiones en ordenamiento territorial pueden tomarse únicamente con base en la técnica, como si lo técnico fuera neutral, apolítico y suficiente para guiar el futuro del cantón.
El manual es claro en contradecir esta visión. Define el ordenamiento territorial como un proceso administrativo, político y participativo, sustentado en soportes legales, técnicos y científicos, pero siempre atravesado por la negociación y la toma de decisiones entre diversos actores sociales (INVU, 2017, p. 13). Dejar por fuera lo político o lo participativo es desnaturalizar el proceso.
Los criterios técnicos son indispensables, pero no existen en el vacío. Están condicionados por intereses, visiones de desarrollo, prioridades ambientales y sociales. Un estudio de capacidad de uso del suelo, por ejemplo, no dicta por sí solo qué se debe hacer con un territorio: requiere interpretación, negociación y definición de prioridades. Creer que la técnica es suficiente es una manera de ocultar las decisiones políticas detrás de un lenguaje aparentemente objetivo.
Más aún, el manual advierte que la apropiación social del Plan Regulador es la única garantía de su vigencia y cumplimiento en el tiempo (INVU, 2017, p. 52). Un plan diseñado sin debate social puede ser aprobado formalmente, pero será débil en la práctica, porque carece del respaldo comunitario necesario para su implementación.
Por eso, el argumento de que “defender lo técnico” significa rechazar la moción vecinal es profundamente contradictorio: lo técnico exige abrir espacios de deliberación, no cerrarlos. Lo técnico no puede ser excusa para deslegitimar la política democrática.
Los discursos que circulan en redes y se presentan como defensa de la institucionalidad, en realidad la debilitan. Al presentar la crítica como “desinformación” y la participación ciudadana como manipulación, se genera un clima de confrontación donde la confianza en las instituciones se erosiona aún más. Paradójicamente, se acusa a la ciudadanía de crear caos, cuando en realidad son estos relatos los que producen desconfianza al negar el derecho de los vecinos a cuestionar y proponer.
El manual señala que uno de sus objetivos centrales es fortalecer la participación activa, consciente y democrática de diversos actores sociales en la elaboración y gestión de los Planes Reguladores (INVU, 2017, p. 4). La administración municipal debería ser la primera en defender este principio, pero al contrario, se construye un relato en el que los actores sociales son vistos como amenaza y obstáculo.
Este tipo de contradicciones hacen que la institucionalidad se enrede sobre sí misma. Se defiende un Plan Regulador en nombre de la técnica, pero se ataca la participación que lo hace legítimo. Se habla de responsabilidad, pero se descalifica a quienes ejercen su derecho a cuestionar. Se invoca la legalidad, pero se pasa por alto que la ley misma establece la consulta pública como obligación.
La consecuencia es una espiral de desconfianza: los vecinos sienten que sus preocupaciones son invisibilizadas; los políticos refuerzan la idea de que la ciudadanía es incapaz de organizarse sin manipulación; y el Plan Regulador, que debería ser una herramienta de unión y planificación colectiva, se convierte en símbolo de exclusión y conflicto.
Lo que se pierde en este proceso no es solamente un debate técnico sobre zonificación o uso de suelo. Lo que se erosiona es la posibilidad de construir una democracia local fuerte, donde los vecinos y el municipio puedan deliberar con confianza sobre el futuro común.
El Plan Regulador de Escazú no es un simple documento técnico, ni un campo de batalla electoral. Es, ante todo, una herramienta de futuro común. Pretender reducirlo a un asunto exclusivo de técnicos o a un botín político partidario no solo contradice el manual del INVU, sino que socava la confianza en las instituciones y en la democracia local.
El verdadero riesgo para Escazú no está en la crítica vecinal, sino en la incapacidad de la administración para abrirse al diálogo. Al etiquetar toda oposición como “desinformación”, se cierra el espacio de participación que la ley y el manual reconocen como esencial. Sin esa participación, cualquier plan corre el riesgo de fracasar en su implementación, porque carece del respaldo social que lo sostenga en el tiempo.
En un contexto donde la crisis de confianza en las instituciones es cada vez más aguda, insistir en discursos que infantilizan a la ciudadanía es una estrategia peligrosa. No hay democracia sin participación autónoma, crítica y organizada. Escazú merece un Plan Regulador que no solo ordene el territorio, sino que también fortalezca el tejido democrático.
Como bien lo recuerda el INVU:
“La apropiación social del Plan Regulador es la única garantía de su vigencia y cumplimiento en el tiempo” (INVU, 2017, p. 52).
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). (2017). Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. San José, Costa Rica.
Un aspecto que no puede pasar desapercibido es la facilidad con la que algunas figuras políticas difunden desinformación sobre el Plan Regulador en redes sociales, sin remitirse previamente a la documentación oficial que lo regula. Estos mensajes suelen acusar a las comisiones, desconfiar de la ciudadanía, invocar “criterios técnicos” como si fueran verdades absolutas y omitir la dimensión participativa del proceso. Pero estas afirmaciones se desmoronan cuando se contrastan con el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial, elaborado y aprobado por el INVU, donde se detallan los pasos, responsabilidades y principios que orientan el ordenamiento territorial.
Antes de descalificar a vecinos u organizaciones, es indispensable consultar este manual. Allí se establece con claridad que el ordenamiento territorial es un proceso político, técnico y participativo, en el cual la ciudadanía no solo tiene derecho a expresarse, sino un rol activo y vinculante (INVU, 2017, p. 13). Ignorar este marco normativo genera mensajes erróneos que confunden a la población y, al mismo tiempo, socavan la confianza en las instituciones públicas.
Además, el manual demuestra que el Plan Regulador no es propiedad de un alcalde, de un equipo técnico ni de un partido político: es una herramienta colectiva que debe construirse desde múltiples miradas. Presentarlo como un asunto exclusivo de especialistas, o usarlo como plataforma de campaña, no solo distorsiona su propósito, sino que alimenta la desinformación que obstaculiza el diálogo social.
Por eso, la invitación es clara: antes de difundir declaraciones en redes sociales que descalifican o polarizan, es necesario informarse en las fuentes oficiales. El manual del INVU no es un documento accesorio, es la base que define las etapas, principios y obligaciones que rigen a las municipalidades y a los actores sociales. Conocerlo es el primer paso para evitar que la discusión pública se vea contaminada por discursos engañosos o interesadamente sesgados.
Fortalecer el Plan Regulador implica, en primera instancia, un compromiso con la verdad y con la ciudadanía. Ese compromiso comienza con algo tan sencillo como leer las fuentes primarias y evitar la circulación de mensajes infundados. Solo así se puede construir confianza y garantizar que el debate democrático sobre el futuro de Escazú se sustente en evidencia, y no en consignas.
La mejor herramienta contra la desinformación es la información pública puesta al servicio de todas las personas.
14 de agosto de 2025
El Colectivo Antonio Saldaña expresa su profunda indignación y enérgico repudio ante los hechos ocurridos en el Territorio Indígena Brörán de Térraba los días 10 y 11 de agosto de 2025, documentados en el informe de alerta emitido por la defensa del Mayor Pablo Sibar Sibar, autoridad tradicional y defensor de derechos humanos, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo sucedido —la invasión de una finca destinada a conservación y gestión comunitaria del agua, la emisión de certificaciones fraudulentas por parte de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, el respaldo policial a un despojo territorial, y la negación de acceso efectivo a la justicia— constituye una grave violación de los derechos colectivos del pueblo Brörán. Se trata de un acto de despojo orquestado con participación directa de estructuras estatales (ADI, Fuerza Pública) y con la aquiescencia del Estado costarricense.
El Colectivo Antonio Saldaña recuerda que las ADI son estructuras impuestas por el Estado costarricense que no representan la institucionalidad legítima de los pueblos indígenas, y cuya actuación —como en este caso— viola el derecho a la libre determinación y a mantener las propias instituciones, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Exigimos:
Advertimos que cualquier daño a la integridad física o la vida de Pablo Sibar Sibar o de los defensores indígenas que permanecen en resguardo será responsabilidad directa del Estado costarricense.
El Colectivo Antonio Saldaña reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa del territorio, la libre determinación y la justicia histórica para los pueblos indígenas de Costa Rica.
Informe de Alerta de Situación de Riesgo documenta la grave e inminente amenaza contra el defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la CIDH. El documento expone hechos recientes de usurpación territorial en el Territorio Indígena de Térraba, la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) y la tolerancia de autoridades estatales, así como la denegación de acceso efectivo a la justicia. El informe alerta sobre el riesgo extremo que enfrenta el defensor y responsabiliza al Estado costarricense por cualquier daño a su integridad física o vida, en el marco de obligaciones internacionales incumplidas.
En las últimas semanas, el vecino y activista Philippe Vangoidsenhoven ha documentado nuevas intervenciones ilegales en humedales, zonas públicas y áreas protegidas del Caribe Sur. Sus recorridos, cámara en mano, han registrado desde rellenos con material de construcción en Playa Negra hasta tala y quema de vegetación en propiedades cercanas a quebradas, con indicios de futuros desarrollos comerciales.
Estos casos no son hechos aislados. Philippe acumula más de 25 denuncias —muchas ahora bajo su nombre— en un trayecto de apenas 2,5 km, todas respaldadas por fotografías, videos y ubicación exacta. Sin embargo, las respuestas institucionales suelen ser tardías o inconsistentes, y en ocasiones, las mismas autoridades parecen desconocer la normativa que deberían aplicar.
El propio monitoreo revela un patrón preocupante: oficiales y funcionarios con criterios personales que contravienen la ley, como la aceptación de chapeas en zonas de protección alegando razones de “seguridad”, sin considerar el daño ecológico y la prohibición expresa en la legislación ambiental. Este vacío de formación técnica y jurídica en quienes deben fiscalizar abre la puerta a interpretaciones arbitrarias, debilitando la protección de los ecosistemas y generando un clima de impunidad.
En un contexto donde la presión inmobiliaria sobre la zona marítimo terrestre y humedales es cada vez mayor, la vigilancia ciudadana se convierte en un pilar para la defensa ambiental. Pero sin una capacitación sólida de las autoridades y un compromiso real con la aplicación de la ley, las denuncias seguirán acumulándose sin que el deterioro ambiental se detenga.
Caso 1: Relleno municipal en humedal de Playa Negra
Durante un desplazamiento hacia Puerto Viejo, Philippe observó maquinaria municipal depositando material en un área de Playa Negra que corresponde a un humedal dentro de la zona marítimo-terrestre. Este sitio ya había sido rellenado años atrás con el argumento de construir un centro educativo, pero en su momento se permitió la intervención alegando que no figuraba en la lista oficial de humedales. Posteriormente, la Fiscalía Ambiental confirmó que sí se trataba de un humedal protegido y ordenó paralizar las obras. A pesar de ello, el relleno volvió a ejecutarse, evidenciando un incumplimiento reiterado
Caso 2: Tala total y preparación para un supermercado
En otro punto, Philippe documentó la tala de todos los árboles de un terreno, el desecho de la biomasa y el posterior relleno del área. En el lugar se instaló un rótulo con permisos visibles, y según información recabada, el objetivo sería instalar un supermercado. Aunque la municipalidad colocó un sello de clausura, la afectación ya estaba consumada: la cobertura vegetal desapareció y con ella, hábitats y funciones ecológicas clave.
Caso 3: Quema en área cercana a quebrada y hostigamiento vecinal
En una propiedad próxima a una quebrada, Philippe registró la quema de vegetación, presuntamente provocada con gasolina por un vecino. El fuego afectó árboles y un panal de zompopas de gran tamaño, y generó humo denso que alcanzó varias viviendas. El hecho desencadenó tensiones y amenazas, en un contexto donde “limpiezas” y aperturas de paso se mezclan con conflictos interpersonales. Para Philippe, la situación representa un doble riesgo: el daño ambiental y la creciente hostilidad hacia quienes denuncian.
Caso 4: Reincidencia en zona cerca de “Flor de China” (más sobre este caso aquí)
Más recientemente, Philippe constató la colocación de nuevo material en un área cercana a Flor de China, previamente denunciada por rellenos ilegales. El lugar cuenta con un rótulo oficial que lo identifica como “Patrimonio del Estado”, lo que debería implicar su protección absoluta. Sin embargo, el depósito se realizó a plena vista, sin que la señalización ni las denuncias anteriores frenaran la intervención. La reiteración del daño en un mismo sitio confirma la falta de seguimiento efectivo por parte de las autoridades.
En varios de los operativos presenciados, Philippe ha encontrado a oficiales y funcionarios que aplican criterios personales por encima de la normativa, por ejemplo, defendiendo el “chapeo” en zonas protegidas bajo el argumento de prevenir robos. Esta visión desconoce el papel del sotobosque en la protección de suelos y fauna, y contradice lo que establece la legislación ambiental. En otros casos, incluso reconociendo que un área es de protección, se decide continuar con intervenciones bajo justificaciones subjetivas.
La falta de capacitación técnica y jurídica de quienes deben fiscalizar y hacer cumplir la ley permite que decisiones arbitrarias debiliten la protección ambiental. En un escenario de creciente presión inmobiliaria, esta deficiencia institucional se convierte en un factor que alimenta la impunidad, dejando la carga de la vigilancia casi exclusivamente en manos de la ciudadanía organizada.
La pregunta que queda es: ¿qué ocurre cuando quienes deben aplicar la ley no lo hacen de forma correcta, y la única defensa real del ambiente recae sobre personas que no cuentan con ninguna garantía institucional, cobertura ni reconocimiento legal para protegerse?
En el pasado, fue parte del programa Covirenas —un mecanismo de voluntariado del MINAE—, pero le fue retirado el carnet después de intervenir para documentar una acción ilegal como las que hoy sigue reportando. En aquella ocasión, su participación se dio con el objetivo de dar seguimiento y poder atestiguar las razones de las medidas que tomarían las autoridades ante el evento, además de aportar su conocimiento sobre el caso. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que, en lugar de aprovechar su colaboración, se le sancionó y se le excluyó del programa.
Hoy, sin respaldo institucional, continúa con su labor de monitoreo por convicción y sentido de responsabilidad, asumiendo los riesgos que eso implica. El problema es que, si la ley no es correctamente aplicada por quienes tienen la obligación de hacerlo, y quienes la defienden desde la ciudadanía quedan expuestos, el sistema de protección ambiental se sostiene únicamente por un frágil hilo de voluntad individual.
Próxima sesión clave Martes 19 de agosto: El Concejo Municipal de Escazú discutirá nuevamente el tema tras recibir el dictamen de su Comisión Jurídica. Organizaciones como CODECE y vecinos llaman a llenar la sala para exigir que se respete la figura de la Comisión Especial y, con ella, la voz y voto de la comunidad en la planificación del territorio.
El pasado 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú rechazó —por cinco votos contra dos— restituir la Comisión Especial del Plan Regulador, el mecanismo que permitía a personas y comunidades participar de manera directa en la definición del futuro territorial del cantón. Los dos votos a favor, emitidos por Mario Arce y Marcela Quesada, representan la posición minoritaria que defendió activamente la participación ciudadana frente a un Concejo mayoritariamente cerrado a la inclusión vecinal (Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller). En su lugar, se mantiene la figura de una supuesta “Oficina del Plan Regulador” sin representación vecinal, lo que, en la práctica, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso y a talleres sin carácter vinculante.
Esta decisión, lejos de ser un asunto meramente administrativo, refleja un modelo institucional donde la participación se concibe como un trámite formal, no como un ejercicio efectivo de incidencia.
La Constitución Política (artículo 9) establece que Costa Rica es una república “popular, representativa y participativa”. Esto implica que el pueblo no solo elige representantes, sino que también tiene derecho a involucrarse directamente en la toma de decisiones públicas.
En materia urbanística, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) es clara:
El Plan Regulador es el instrumento que orienta el desarrollo del territorio y define usos de suelo, zonas de protección y áreas de expansión.
La ley y su reglamento reconocen a las Comisiones Especiales del Plan Regulador como órganos que integran representación técnica y ciudadana, con voz y voto en todas las fases: diagnóstico, formulación, aplicación y revisión.
La participación no se limita a “opinar” en audiencias públicas; debe garantizarse en todo el ciclo de planificación.
Reducir la participación ciudadana a una única audiencia de consulta o a talleres recopilatorios —que, según la Ley de Planificación Urbana, no son vinculantes en cuanto a sus resultados— contradice el espíritu participativo de la norma y debilita el control ciudadano sobre decisiones que pueden modificar de forma significativa e irreversible el entorno ambiental, social y económico del territorio.
Un error frecuente en la gestión pública es confundir consulta con participación.
Consultar es pedir opinión (a veces, tarde y sin consecuencias reales en la decisión).
Participar es tener espacios permanentes y con capacidad de incidencia en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y planes.
En los planes reguladores, la verdadera participación significa:
Acceso temprano a la información y a los estudios técnicos.
Derecho a proponer modificaciones y escenarios.
Poder de decisión en las comisiones mixtas donde se delibera el contenido del plan.
Seguimiento y evaluación de la aplicación de lo aprobado.
Cuando las comunidades son excluidas de las fases iniciales y solo se les convoca para validar (o no) un documento ya cerrado, la participación se convierte en un ejercicio simbólico.
En el fondo, la decisión del Concejo Municipal no es un hecho aislado: es un síntoma de una tendencia peligrosa en la gestión pública, donde se vacían de contenido los mecanismos de participación establecidos por la ley.
Al eliminar la Comisión Especial del Plan Regulador y delegar todo en una oficina técnica sin representación ciudadana:
Se concentra el poder en pocas manos, reduciendo el control social.
Se invisibiliza el conocimiento local que aportan comunidades, asociaciones y personas con experiencia directa sobre las necesidades y particularidades del territorio.
Se rompe la confianza institucional, pues la ciudadanía percibe que sus aportes no tienen valor real en las decisiones finales.
Se sienta un precedente que otros municipios podrían imitar, debilitando progresivamente la cultura democrática.
En términos políticos, se trata de una regresión: se pasa de un modelo de democracia participativa a uno meramente representativo y tecnocrático, donde las decisiones se toman puertas adentro, bajo la lógica de que “los expertos saben mejor”. Este enfoque no solo contradice el marco legal costarricense, sino que también erosiona la legitimidad de las políticas urbanas y abre la puerta a decisiones con sesgo político o económico.
La manera en que se construye un plan regulador tiene efectos que duran décadas. No es un documento técnico más:
Define cómo y dónde se puede construir, qué áreas se protegen, dónde habrá comercio, industria o vivienda.
Determina el uso y la conservación de recursos naturales, incluyendo agua, suelos, bosques y zonas de riesgo.
Moldea la identidad cultural y paisajística del cantón, influenciando su atractivo, su calidad de vida y su cohesión social.
Cuando se excluye a la ciudadanía de estas decisiones, se corre el riesgo de:
Facilitar la especulación inmobiliaria y la urbanización descontrolada.
Desproteger áreas de alto valor ambiental o patrimonial por falta de presión comunitaria.
Aumentar conflictos socioambientales, ya que las decisiones se perciben como impuestas y no consensuadas.
Perder oportunidades de desarrollo inclusivo, porque se ignoran visiones, propuestas y necesidades que solo emergen del diálogo con quienes habitan el territorio.
En términos democráticos, lo que está en juego es el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y en términos prácticos, lo que se arriesga es la sostenibilidad misma del territorio: un plan regulador sin participación activa puede ser funcional para intereses privados, pero es incapaz de garantizar un equilibrio entre desarrollo, justicia social y protección ambiental.
La pregunta clave es: ¿sirve para algo “consultar” si al final las decisiones ya están tomadas, o si las observaciones llegan demasiado tarde para incidir? La participación real demanda más que un espacio formal: exige reconocimiento, análisis y transformación de lo consultado en el contenido final del plan.
“¿Y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?”
Mafalda – Quino
Las cosas suceden porque sí; sencillamente, tocaba. La ley de la inercia es difícil de evitar: si te tropiezas y no recuperás el equilibrio, terminás en el suelo. Así fue como conocí al protagonista de esta columna. Sin más, llegó. Resulta que un domingo nos encontramos por la inercia de la conflictividad socioambiental en Costa Rica. En el Caribe Sur le llaman tala y relleno de humedales. Así conocí a Philippe Vangoidsenhoven, precisamente mientras denunciaba daños ambientales en Playa Negra. Pero pronto entendí que su experiencia —tan complicada como pronunciar su apellido por primera vez— se extiende a todo el Caribe Sur..
Desde entonces, una pregunta me ha perseguido constantemente: ¿qué vive esta persona que parece tener dos vidas? Una dedicada a subsistir y arreglárselas como puede, y otra entregada, a capa y espada, a la defensa de los ecosistemas del Caribe Sur, incluso pagando de su propio bolsillo todo lo necesario para documentar y presentar las denuncias.
Nunca se lo he preguntado de forma tan directa, porque podría sonar entrometido. Al final de cuentas, solo soy uno más que llega desde la universidad pública a hacerle preguntas obvias, de esas que —no me cabe duda— debe estar cansado y harto, casi tanto como de la poco sana costumbre de ser demandado y tener que ir a Bribri un día sí y otro también.
Gracias a nuestras conversaciones y mensajes de WhatsApp, hoy puedo escribir este artículo y tratar de sanar esa curiosidad que aquí expongo: ¿cómo será un día en la vida de una persona defensora ambiental? Ojalá esta columna sirva también de guía para las personas universitarias, para que no repitan preguntas obvias.
Lo primero que uno suele preguntar es: ¿ya hizo la denuncia?, ¿llamó a la policía?, ¿reportó al MINAE? Craso error. Lo primero que viven estas personas es un laberinto colmado de obstáculos burocráticos y legales. Las autoridades muchas veces actúan con lentitud o desinterés ante sus denuncias, lo que impide frenar los daños a tiempo. En algunos casos, incluso se otorgan permisos irregulares para actividades que violan normativas ambientales.
Pero supongamos que no puede haber una pared tan alta. Pues sí la hay. Muchas de estas actividades representan intereses muy fuertes. Y aquí viene la segunda cuestión: no basta con un aparato indiferente, sino que también sufren persecución por parte de intereses económicos que buscan garantizar sus ganancias a toda costa.
Es algo “normal” que incomoden. Por eso se exponen a que tanto el Estado como esos intereses promuevan su criminalización y estigmatización. Es frecuente ver sus imágenes en redes sociales como si fueran los incómodos del barrio, enemigos públicos o personas no gratas por negarse a un supuesto “desarrollo”. Esto escala, porque el Estado alimenta esa narrativa, dando cabida a demandas que buscan desestimular, desacreditar o silenciar su labor.
¿Cómo les silencian? Hasta es insulto la pregunta. A Philippe lo han amenazado en la puerta de su negocio, le han matado a sus perros, le han roto el parabrisas, le han lanzado el celular al otro lado del humedal, le han quebrado un dedo y golpeado la cabeza.
Tal vez se pregunten a esta altura: ¿cómo permite Dios tal injusticia? La respuesta es tan simple como triste: hay una ausencia de garantías de protección para las personas defensoras del ambiente. En todo ese entramado legal, no existen mecanismos eficaces ni sostenidos de protección institucional. Es decir, su figura no está contemplada: se les trata como a cualquier otra persona, sin considerar los riesgos de esta labor.
Y cuando creemos que no puede ser peor, surge otra pregunta que deberíamos haber hecho desde el inicio: ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Porque esa simple pregunta puede marcar la diferencia. Estas personas están en un riesgo físico y emocional constante. Todo lo anterior —agresiones, amenazas, hostigamiento— las expone a un peligro real para su integridad.
Así que, cuando escuchemos o leamos la palabra “defensores ambientales”, acerquémonos desde sus experiencias, valoremos sus saberes y prácticas. Y, lo más importante, antes de cualquier cosa, preguntemos siempre: ¿cómo estás?
Observatorio de Bienes Comunes
El martes 12 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró una sesión que evidenció la participación activa y la inconformidad de la ciudadanía en asuntos locales. Vecinos, organizaciones comunitarias y la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) acudieron para exigir la restitución de la Comisión Especial del Plan Regulador. Esta comisión, que permite la representación vecinal en la planificación urbana, habría sido desactivada mediante un acuerdo aprobado el 29 de julio, según denuncian los ciudadanos.
Durante la sesión, la moción presentada por la ciudadanía para restablecer la comisión fue sometida a votación. El resultado fue de 2 votos a favor y 5 en contra, por lo que la propuesta no avanzó.
Votaron en contra: Ricardo López, Laura Fonseca, Adriana Solís, José Tino Campos y Sigrid Miller. Votaron a favor: Mario Arce y Marcela Quesada.
La inconformidad de los vecinos y organizaciones refleja que la situación no ha concluido: la defensa de la participación ciudadana en la planificación urbana de Escazú continúa, subrayando la relevancia de la vigilancia comunitaria en la toma de decisiones municipales y en la construcción de un desarrollo sostenible y participativo.
En la sesión del 29 de julio (Acuerdo AC-314-2025), cinco regidores aprobaron revocar acuerdos previos que conformaban la Comisión Especial del Plan Regulador, trasladando sus funciones a una oficina técnica municipal. Esto, afirman las organizaciones, reduce la participación ciudadana a una sola audiencia pública al final del proceso, sin carácter vinculante.
CODECE y colectivos locales recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron modificaciones parciales al plan regulador que ampliaron zonas comerciales sin un debate comunitario amplio, ignorando en su mayoría las observaciones vecinales.
Durante la sesión, se presentó formalmente una moción para revocar parcialmente el acuerdo AC-314-2025 y reactivar el proceso de conformación de la Comisión Especial, respaldándose en la Ley de Planificación Urbana, el Reglamento interno vigente y acuerdos municipales anteriores que mantienen vigente la figura de la Comisión.
Esta moción subraya que:
Personas vecinas, mostraron su decepción ante lo que consideran un Concejo “cerrado” y “desconectado de la ciudadanía”, advirtiendo que se recordará qué partidos “están de espaldas a la comunidad”.
Recuerdan también que la votación del 29 de julio tuvo un trasfondo político más que técnico, y que las justificaciones dadas por quienes apoyaron el cambio fueron insuficientes.
Durante la sesión del 12 de agosto, vecinos y organizaciones sociales entregaron al Concejo Municipal dos textos clave: una carta de preocupación y una moción formal para restituir la Comisión Especial del Plan Regulador.
En la carta, las organizaciones recuerdan que:
La moción presentada ese día solicita:
El documento también expone que, según la Ley de Planificación Urbana, la Comisión es el órgano legalmente habilitado para participar en todas las fases de elaboración, modificación y aplicación del plan regulador, garantizando así transparencia y control ciudadano.
En resumen, los papeles entregados no solo cuestionan la legalidad y pertinencia del acuerdo de julio, sino que también proponen un camino concreto para restaurar la participación real y efectiva en la planificación territorial del cantón.
La decisión de postergar la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador —remitiendo la moción a la Comisión Jurídica en lugar de resolverla de inmediato— es interpretada por muchos como un reflejo de una institucionalidad que se aleja de la ciudadanía.
En la práctica, esta demora prolonga un estado en el que las comunidades permanecen sin un canal formal de incidencia directa en las decisiones sobre el territorio. Mientras tanto, el control y la definición de cambios al plan regulador recaen exclusivamente en instancias internas del gobierno local, sin representación electa por distrito.
Esta dinámica erosiona la confianza pública: las personas perciben que los mecanismos de participación, aunque reconocidos en la ley, se vuelven meramente decorativos cuando no se activan en los momentos cruciales. Además, envía un mensaje preocupante: que la planificación del territorio puede avanzar sin un diálogo continuo con quienes lo habitan y cuidan.
En un contexto donde la Constitución reconoce el gobierno como “popular, representativo y participativo” (artículo 9), cada aplazamiento sin justificación suficiente debilita el principio de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones, y alimenta la sensación de que las decisiones responden más a lógicas internas o intereses particulares que al interés general.
La moción presentada el 12 de agosto fue enviada a la Comisión Jurídica del Concejo, que deberá emitir un criterio legal. Este dictamen regresará al plenario municipal el próximo martes, donde se decidirá si se restablece la Comisión Especial o se mantiene el modelo de oficina técnica.
Las organizaciones llaman a llenar el Concejo nuevamente en esa sesión, advirtiendo que solo con presión ciudadana se podrá revertir una decisión que, a su juicio, limita la transparencia y abre la puerta a intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
