El caso de Costa Rica: entre la prohibición y el debate actual
En Costa Rica, la minería metálica a cielo abierto fue prohibida en 2010 tras un intenso debate ambiental y social marcado por preocupaciones sobre la contaminación del agua, la deforestación y la transformación del paisaje. La discusión estuvo estrechamente vinculada al conflicto socioambiental generado por el proyecto minero en Crucitas de Cutris, uno de los episodios más emblemáticos del debate ambiental en el país.
En años recientes, algunos sectores políticos y empresariales han planteado revisar esa prohibición con el argumento de que permitir minería industrial regulada podría ayudar a combatir la minería ilegal en zonas donde ya se registran actividades extractivas clandestinas.
Sin embargo, la evidencia comparada en América Latina sugiere que ambos fenómenos responden a lógicas económicas y organizativas diferentes.
La minería industrial suele operar mediante grandes inversiones, tecnología especializada, permisos ambientales y cadenas formales de exportación. En contraste, la minería ilegal tiende a organizarse a través de redes informales flexibles, con menor inversión inicial, movilidad territorial y una alta capacidad de adaptación a las fluctuaciones del precio internacional del oro.
Investigaciones sobre economías criminales vinculadas a la minería muestran que la actividad ilegal no depende necesariamente de la ausencia de minería formal, sino de factores institucionales y territoriales, como la debilidad de los controles estatales, la existencia de mercados internacionales para el oro y la posibilidad de introducir minerales ilegales en circuitos comerciales aparentemente legales (OEA, 2021; Insight Crime, 2020).
Por esta razón, distintos estudios sostienen que combatir la minería ilegal requiere principalmente políticas de gobernanza territorial, entre ellas:
-fortalecimiento de la presencia estatal en zonas mineras
-sistemas de trazabilidad y certificación del origen del mineral
-control financiero sobre las redes de comercialización
-supervisión de exportaciones y empresas intermediarias
-alternativas económicas para comunidades dependientes de actividades extractivas informales
Sin estos elementos institucionales, modificar la legislación minera por sí sola difícilmente resuelve el problema.
Redes de tráfico de oro y empresas de papel en Costa Rica
Un caso reciente en Costa Rica ilustra con claridad cómo la minería ilegal puede integrarse en estructuras criminales complejas con mecanismos financieros sofisticados, más allá de la actividad extractiva en sí misma.
De acuerdo con un reportaje publicado por InSight Crime el 2 de septiembre de 2020, el periodista Zachary Goodwin documentó la desarticulación de una red dedicada a extraer oro ilegalmente y exportarlo mediante empresas fachada.
A finales de agosto de 2020, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público de Costa Rica realizaron 32 allanamientos en todo el país y detuvieron a 27 personas vinculadas con la red criminal. Durante los operativos se decomisaron lingotes de oro, drogas, dinero en efectivo y documentación de exportaciones presuntamente falsificada.
La investigación había iniciado en abril de 2019 cuando funcionarios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría detectaron un volumen inusualmente alto de exportaciones de oro en la documentación comercial.
Este hallazgo permitió descubrir una estructura criminal organizada en múltiples niveles, que incluía equipos responsables de:
Según el entonces director del OIJ, Walter Espinoza, los documentos decomisados indican que la organización habría generado al menos 60 millones de dólares en ventas internacionales de oro (Goodwin, 2020).
Origen del oro ilegal
El oro provenía principalmente de dos zonas:
En el caso de Crucitas, la extracción ilegal se intensificó después de que el Estado costarricense cancelara en 2011 la concesión minera otorgada a la empresa Infinito Gold Ltd..
Tras la cancelación del proyecto, la infraestructura parcialmente construida fue aprovechada por mineros ilegales, incluidos grupos que cruzaban la frontera desde Nicaragua.
Un informe gubernamental citado en la investigación indicó que entre 2018 y 2019 la minería ilegal en Crucitas se expandió en aproximadamente 70 hectáreas, lo que representó un aumento del 156 % del área explotada. Además, la actividad habría contaminado al menos 35 cuerpos de agua en la región (Goodwin, 2020).
Lavado de oro mediante comercio internacional
El aspecto más relevante del caso no fue únicamente la extracción ilegal, sino el sistema de lavado de activos asociado al comercio internacional del oro.
La investigación determinó que la red utilizaba empresas de comercio exterior y empresas de papel para exportar lingotes de oro a ciudades estadounidenses como:
-Miami
-Los Ángeles
-Houston
Para hacerlo, los implicados falsificaban documentos de exportación que permitían introducir el oro en los mercados internacionales como si fuera de origen legal.
Las autoridades también identificaron la participación de al menos un funcionario del Ministerio de Hacienda, quien habría asesorado a la organización en mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito del metal. Las investigaciones indicaron que podrían existir otros funcionarios involucrados.
Este tipo de mecanismos coincide con las tipologías de lavado de activos vinculadas a minería ilegal identificadas por la Organización de los Estados Americanos, donde se documenta el uso de exportadoras, intermediarios comerciales y manipulación de documentación para introducir oro ilegal en mercados internacionales (OEA, 2021).
Posibles vínculos con otras economías criminales
Durante los operativos también se decomisaron narcóticos y dinero en efectivo, lo que llevó a los fiscales a abrir una investigación paralela para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico.
Diversos estudios sobre economías criminales en América Latina muestran que la minería ilegal puede integrarse con otras actividades ilícitas, incluyendo contrabando, tráfico de drogas, lavado de activos y corrupción institucional.
De hecho, investigaciones regionales han señalado que la minería ilegal ha llegado a competir con el narcotráfico como una de las economías criminales más lucrativas en algunas regiones, impulsada por el aumento sostenido del precio internacional del oro (Insight Crime, 2019; OEA, 2021).
Implicaciones para el debate sobre minería en Costa Rica
El caso de Crucitas es especialmente relevante para el debate actual sobre la política minera en Costa Rica porque muestra que la minería ilegal no opera únicamente como actividad artesanal aislada, sino dentro de redes financieras, comerciales y logísticas más amplias.
El caso evidencia al menos tres dinámicas importantes:
1.La minería ilegal puede integrarse en estructuras empresariales y financieras complejas.
2.El lavado de oro depende frecuentemente de canales comerciales formales, como exportadoras o intermediarios.
3.La expansión de la minería ilegal no necesariamente depende de la ausencia de minería legal, sino de la existencia de mercados internacionales y mecanismos de lavado.
Por esta razón, distintos análisis sobre crimen organizado y minería en América Latina advierten que la simple legalización o apertura de proyectos mineros industriales no garantiza la reducción de la minería ilegal.
En muchos contextos, ambos mercados pueden coexistir e incluso entrelazarse a través de cadenas de comercialización, intermediarios y sistemas financieros que permiten mezclar minerales legales e ilegales.
Un debate que requiere más evidencia
El caso de la declaración y posterior retractación del empresario Rob McEwen no demuestra por sí mismo la existencia de una relación sistemática entre empresas mineras y organizaciones criminales. Sin embargo, sí revela un aspecto relevante de las economías extractivas contemporáneas: las economías legales e ilegales pueden coexistir dentro de los mismos territorios.
Esta coexistencia plantea desafíos complejos para la regulación pública, la gobernanza territorial y los mecanismos de supervisión estatal.
Por esa razón, cuando se afirma que legalizar la minería resolverá la minería ilegal, resulta necesario examinar con mayor detenimiento la evidencia comparada y las dinámicas reales de las economías criminales.
La experiencia internacional sugiere que el problema no es únicamente jurídico, sino también institucional y territorial. En muchos casos, lo legal y lo ilegal no se separan simplemente por una norma, sino por la capacidad efectiva del Estado para regular, supervisar y controlar los territorios donde se desarrollan estas actividades.
