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COMUNICADO DE PRENSA – Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

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Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

COMUNICADO DE PRENSA

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

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Philippe: vivir bajo amenaza por defender la naturaleza

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Advertencia de contenido:
Las imágenes y videos incluidos en este artículo pueden herir sensibilidades. Se recomienda discreción al visualizar el material. Desde la edición, se ha tomado la decisión de incluir aquellas imágenes y registros que involucran directamente a Philippe Vangoidsenhoven, ya que constituyen evidencia clara de la gravedad de las situaciones de violencia que ha enfrentado en su labor como defensor ambiental. Esta exposición responde también a la necesidad de prevenir discursos que tienden a deslegitimar las denuncias, sugiriendo que se trata de malentendidos o exageraciones. La visibilización es, en este caso, un acto de denuncia y una herramienta de concientización.

Defender el ambiente en América Latina: una lucha de alto riesgo

Le han gritado sapo más veces de las que puede contar. “Cuando una va a la ley, o llama a la ley, ya de una vez es un sapo”, dice Philippe, con una mezcla de resignación y firmeza. No lo dice como quien se victimiza, sino como quien ha aprendido a cargar con esa palabra —escupida desde carros, desde esquinas, desde obras ilegales— como si fuera parte del paisaje donde vive. Hay videos donde se escucha con claridad: insultos que buscan silenciar, intimidar, desgastar.

Y sin embargo, sigue.

En América Latina, defender la naturaleza puede costar la vida. La región ha sido sistemáticamente reconocida como una de las más peligrosas del mundo para quienes alzan la voz contra la destrucción ambiental. Según Global Witness, cientos de personas defensoras han sido asesinadas, criminalizadas o forzadas al silencio por enfrentarse a intereses económicos, estructuras de poder local y corrupción institucional.

En este contexto se inscribe la historia de Philippe Remi Karel Vangoidsenhoven, residente en Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica. Philippe es un defensor ambiental que ha dedicado su vida a documentar y denunciar delitos ecológicos como rellenos en humedales, construcciones ilegales en la zona marítimo-terrestre y el uso de maquinaria pesada en áreas protegidas. Ha interpuesto más de 200 denuncias en las últimas dos décadas. Su labor, lejos de recibir apoyo estatal, lo ha colocado en el centro de una persecución violenta y sostenida.

Piedra, sangre y cámaras encendidas

En abril de 2019, mientras documentaba la destrucción del humedal de Punta Uva mediante la excavación de zanjas para drenarlo, Philippe fue víctima de un ataque brutal. Uno de los responsables del daño ambiental, al reconocerlo, lo insultó y luego le lanzó una piedra con tal fuerza que atravesó su carro, impactó el parabrisas y le golpeó la mano. La herida fue tan severa que estuvo a punto de perder parte del dedo pulgar, lo que afectó seriamente su vida cotidiana y laboral. La evidencia, incluida la piedra y fotografías de la lesión, fue entregada a las autoridades, pero la respuesta institucional ha sido débil.

Este episodio no fue aislado: marcó el inicio de una escalada de violencia que evidencia el patrón de riesgo que enfrentan las personas defensoras en zonas donde convergen desarrollo turístico, impunidad y abandono estatal.

Una motosierra como amenaza de muerte

Un año antes, en marzo de 2018, Philippe vivió una de las situaciones más aterradoras de su vida. Mientras tomaba fotografías de maquinaria realizando trabajos irregulares en Playa Negra —con la intención de denunciar un posible daño ambiental— fue interceptado por un hombre que, al percatarse de su presencia, encendió una motosierra y se le acercó agresivamente, hasta colocar la hoja a escasos 10 o 15 centímetros de su rostro. Philippe, quien se encontraba en bicicleta, dejó caer el vehículo y, ante el peligro inminente, sacó su revólver —legalmente portado— para disuadir al atacante. El agresor huyó del lugar gritando que Philippe lo estaba amenazando, mientras este se dirigía de inmediato a la Fuerza Pública para denunciar lo ocurrido.

Lo paradójico es que, aunque Philippe intentó prevenir un daño mayor y acudió a las autoridades, fue arrestado con base en versiones tergiversadas por personas enemistadas con él. A pesar de que había pruebas fotográficas y testigos, fue procesado por «amenazas agravadas», mientras que el hombre que lo atacó con una motosierra nunca enfrentó cargos. Incluso, este último habría intentado apropiarse de la bicicleta de Philippe mientras él permanecía detenido. Posteriormente, el agresor habría huido del país tras vender irregularmente un terreno en la zona.

Este caso no solo revela el riesgo físico que enfrentan quienes denuncian delitos ambientales, sino también cómo la criminalización judicial opera como una forma de castigo y silenciamiento. A más de siete años del suceso, Philippe sigue esperando juicio y la devolución de su revólver, a pesar de la evidencia y su actuación en defensa propia.

Golpes, bastonazos y su propia arma en contra

El caso más dramático ocurrió en 2012, cuando fue agredido por dos hombres tras denunciar el uso ilegal de un “backhoe”(Retroexcavadora) en Playa Negra. Mientras intentaba documentar con su cámara, fue abordado, derribado al suelo y golpeado con un bastón. En el forcejeo, los agresores le arrebataron su revólver y llegaron a apuntarle a la cabeza con su propia arma. Fue gracias a la intervención de un testigo que su vida no terminó allí.

Tras el ataque, Philippe llegó herido al hospital y a la Fuerza Pública, con moretones y puntos de sutura. El parte médico confirmó la violencia sufrida. Sin embargo, los agresores no fueron sancionados y el caso no tuvo mayores consecuencias judiciales.

Exposición a personas peligrosas

Philippe también ha sido víctima de ataques directos por parte de personas vinculadas al narcotráfico en la región. En una ocasión, mientras pasaba frente a un bar conocido por ser manejado por un individuo relacionado con el narco —presunto responsable de un homicidio nunca esclarecido—, fue agredido con una lluvia de piedras. Una de ellas atravesó la ventanilla trasera de su vehículo y quebró el parabrisas. Aquel día recibió más de ocho pedradas: tres quedaron en el carro, dos en el cajón y otra en la cabina, siendo esta última la que quebró el parabrisas. A pesar de los antecedentes del agresor, no hubo consecuencias legales.

Criminalización, xenofobia y abandono

Además de los ataques físicos, Philippe ha sido blanco de una intensa campaña de difamación. Ha sido insultado en redes sociales, acusado de “frenar el desarrollo” y señalado por ser extranjero, a pesar de residir legalmente en el país. Incluso se declaró persona non grata por la Municipalidad de Talamanca, iniciativa que fue anulada por la Sala Constitucional tras una acción presentada.

En redes sociales se le ha dicho que “se regrese a su país” y ha recibido amenazas veladas de figuras locales. A pesar de todo esto, Philippe continúa denunciando las violaciones ambientales en su entorno, amparado por el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y la legitimidad para denunciar a quienes lo amenazan (Pueden ver una nota anterior al respecto).

Costos personales de la defensa ambiental

Más allá de las amenazas y agresiones, defender el medio ambiente también representa una carga económica constante. Philippe ha tenido que cubrir de su propio bolsillo los daños a su vehículo —como el reemplazo de parabrisas rotos en dos ocasiones, en represalia por sus labores de monitoreo, con un costo mínimo de 200.000 colones más instalación— además de gastos por gasolina, cámaras para su seguridad y documentación de los casos, copias de denuncias y hasta salarios para personas que atiendan su negocio mientras él realiza inspecciones. Todo esto sin contar el tiempo invertido y el esfuerzo físico, incluso con una pierna lesionada. A pesar de todo ello, continúa presentando denuncias ante las autoridades.

Todo esto ocurre mientras las amenazas no cesan y la sensación de peligro se vuelve parte de lo cotidiano, incluso ha sufrido ataques directos a su negocio (se colocan imágenes y video de un evento). El costo no es solo económico o físico: también es emocional. Frente a una violencia que no da tregua y a un Estado ausente, Philippe se vio obligado a tomar decisiones difíciles para proteger su vida.

Medidas extremas para sobrevivir

Portar un arma no era parte del plan. No era algo que Philippe hubiera imaginado como parte de su vida cotidiana cuando empezó a denunciar delitos ambientales. Pero con el paso del tiempo, la violencia fue escalando. Las amenazas, los gritos desde los carros, la vigilancia constante… todo empezó a volverse más real, más cercano.

“Yo ando casi siempre solo en el campo”, explica. “Aquí la gente o está trabajando o tiene miedo. No siempre se puede contar con compañía. Y ya las cosas se estaban calentando”.

Fue entonces cuando tomó una decisión extrema: iniciar el proceso para obtener el permiso de portación de arma de fuego. No por gusto, ni por afán de confrontación, sino como una medida desesperada de autoprotección.

“Sentí que necesitaba algo para defenderme”, dice. Investigó, consiguió toda la información necesaria, y se preparó para los exámenes teóricos y prácticos. Finalmente, obtuvo el permiso.

Lo hizo, dice con claridad, por estar en esta lucha. Porque defender la naturaleza en un contexto como el de Talamanca no es solo un compromiso ético: puede ser una sentencia. Y porque las agresiones iban en aumento, y el Estado —el que debería proteger a quienes defienden el bien común— no aparecía por ninguna parte.

A la fecha, esa ausencia persiste. Mientras Philippe sigue caminando los humedales, las playas y las montañas, acompañado solo por su convicción y su arma, el Estado continúa en deuda: una deuda profunda con quienes, como él, arriesgan la vida por cuidar la vida de todos.

La impunidad cotidiana como forma de violencia

A pesar de las múltiples denuncias interpuestas por Philippe y de las pruebas contundentes —fotografías, videograbaciones, objetos utilizados en agresiones— presentadas ante diversas instancias judiciales, muchas de las personas involucradas en estos actos siguen circulando impunemente por su entorno cotidiano. No es raro que pasen cerca de su negocio, que lo insulten en voz alta o que lo increpen directamente, incluso en presencia de otras personas. Estos actos, aunque a veces sutiles y otras veces abiertamente hostiles, tienen un efecto acumulativo. Refuerzan su situación de vulnerabilidad y envían un mensaje claro: aquí, quienes defienden el ambiente están solos.

Cada encuentro no es solo una amenaza, sino un recordatorio doloroso de que, en lugar de protección, lo que ha recibido es abandono institucional. La sensación de desamparo se profundiza cuando el agresor se le aproxima sin ninguna consecuencia, colocándolo una y otra vez en una posición de inferioridad frente a quienes violan la ley con respaldo tácito de la impunidad.

¿A quién defiende la justicia?

A esta violencia impune se suma una experiencia aún más desoladora: dentro de los mismos procesos judiciales, Philippe ha tenido que enfrentar la falta de compromiso de quienes deberían representarlo legalmente. En varias ocasiones, sus propios defensores públicos —a pesar de contar con registros en video y pruebas físicas de los hechos— le han sugerido que concilie con sus agresores. La razón que le dan “ustede tiene el 50 por ciento de ganar el caso”.

Este tipo de recomendaciones, lejos de ser neutras, revelan una estructura judicial que no comprende ni reconoce el carácter específico de la defensa ambiental. Para Philippe, el mensaje es devastador: si ni siquiera su representante legal cree en la justicia, ¿entonces a quién defiende el sistema judicial? ¿A quién protege, si no es a quienes arriesgan su vida para que se cumpla la ley?

Este abandono jurídico no es anecdótico: es estructural. Y representa un obstáculo más en el ya riesgoso camino de las personas que, como Philippe, defienden la vida.

¿Hasta cuándo?

La historia de Philippe refleja un patrón claro y preocupante: la defensa de la naturaleza en Costa Rica —incluso en un país con reconocimiento internacional por su legislación ambiental— es una actividad de alto riesgo cuando entra en conflicto con intereses económicos, corrupción o estructuras de poder local.

Philippe no está solo. Es parte de una comunidad invisible de personas que luchan por los ríos, los bosques, la biodiversidad y el derecho colectivo a vivir en un entorno sano. Pero está expuesto, vulnerable y enfrentando un aparato institucional que, en lugar de protegerlo, lo revictimiza.

Costa Rica no puede seguir ignorando estas señales. Es urgente establecer mecanismos efectivos de protección para las personas defensoras del ambiente, garantizar justicia para las agresiones sufridas y desmantelar las estructuras de impunidad que permiten que estos hechos continúen.

Defender la naturaleza no puede ser una condena al exilio, al miedo o a la muerte.

Cuando la justicia no entiende a quién defiende la vida

Uno de los aspectos más alarmantes del caso de Philippe es cómo el sistema judicial costarricense ha tratado sus denuncias como si fueran querellas comunes entre particulares, sin considerar el contexto específico y el riesgo diferencial que enfrenta por ser defensor ambiental.

Philippe no denuncia hechos aislados: denuncia redes de ilegalidad ambiental, intereses económicos que operan al margen de la ley e incluso vínculos con actores públicos. Sin embargo, las instituciones que deberían protegerlo —Fiscalía, Fuerza Pública, Poder Judicial— han tramitado sus casos como si se tratara de conflictos personales. En varios procesos, ha terminado siendo investigado o denunciado por las mismas personas que lo agredieron, en un giro perverso donde la víctima termina criminalizada.

Este tratamiento burocrático, descontextualizado y ciego ante las amenazas estructurales es profundamente peligroso. Cuando la justicia no reconoce la relación directa entre la labor de defensa ambiental y la violencia recibida, se convierte en cómplice por omisión. Desprotege al defensor, legitima la impunidad y envía un mensaje desmovilizador al resto de la sociedad.

Las personas defensoras del ambiente requieren un enfoque diferenciado, como ya lo han recomendado organismos internacionales de derechos humanos. No pueden ser tratadas como cualquier ciudadano que interpone una querella: están en la primera línea de defensa de los bienes comunes y enfrentan riesgos excepcionales. Ignorar esto no solo es una falla legal; es una forma de violencia institucional.

Intimidar para silenciar: la violencia como arma de control

La violencia que enfrenta Philippe no es accidental ni aislada: forma parte de una estrategia más amplia de intimidación destinada a desactivar su labor como defensor ambiental. En contextos donde la defensa del territorio choca con intereses económicos, la intimidación se convierte en una herramienta poderosa: no busca solo castigar a quien denuncia, sino también enviar un mensaje disuasivo a toda la comunidad.

Philippe ha sido perseguido en la vía pública, insultado frente a instituciones judiciales, señalado en redes sociales y enfrentado a denuncias penales por haberse defendido de intentos de agresión. La sistematicidad de estos hechos —que combinan violencia física, acoso legal y campañas de desprestigio— demuestra que no se trata de simples conflictos personales, sino de una operación de desgaste y silenciamiento.

Esta intimidación tiene múltiples capas: intenta hacerle sentir que está solo, que su lucha no vale la pena, que el precio es demasiado alto. Busca desmoralizarlo, quebrar su voluntad y, en última instancia, desaparecerlo del territorio sin necesidad de asesinarlo físicamente. Es una forma de violencia psicológica que se mezcla con el abandono institucional y el racismo estructural contra quienes no se ajustan al modelo hegemónico de “desarrollo”.

La impunidad con que se permiten estas agresiones genera un efecto de advertencia para otras personas: “mejor no te metás, o te puede pasar lo mismo”. Esa es la función de la intimidación: sembrar miedo para cosechar silencio.

Más allá del “país verde”: los límites del ambientalismo oficial

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde, comprometido con la sostenibilidad, la biodiversidad y la protección de los recursos naturales. Sin embargo, esa imagen muchas veces convive con una realidad mucho más compleja, donde quienes defienden el ambiente desde los territorios enfrentan abandono, hostigamiento y violencia sin una respuesta estatal efectiva.

El modelo de conservación costarricense ha privilegiado históricamente las áreas protegidas, los parques nacionales y los pagos por servicios ambientales. Aunque importante, este enfoque ha sido insuficiente para abordar los conflictos socioambientales en zonas rurales y costeras, donde la presión del turismo, la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la corrupción municipal desafían a diario la legalidad ambiental.

En estos espacios, la defensa del ambiente no la realizan los grandes organismos institucionales, sino personas como Philippe: ciudadanos que documentan, denuncian y arriesgan su integridad para hacer valer leyes que el propio Estado no cumple. Sin embargo, estas personas no son reconocidas como actoras legítimas ni protegidas de forma diferenciada. Lejos de eso, a menudo son tratadas como enemigas del desarrollo o como obstáculos para la “convivencia comunitaria”.

Costa Rica tiene una deuda pendiente: pasar del discurso oficial de sostenibilidad a una política real de protección para quienes cuidan los territorios desde abajo. Reconocer legal, política y públicamente a las personas defensoras del ambiente como figuras esenciales en la lucha contra el colapso ecológico no es solo una obligación ética, sino una necesidad urgente para sostener cualquier proyecto serio de conservación.

Mientras esa deuda no se salde, la etiqueta de “país verde” quedará incompleta, y casos como el de Philippe seguirán ocurriendo en silencio.

Nota importante:
En este artículo se incluyen imágenes y videos que documentan muestras de violencia física, verbal y psicológica que ha enfrentado Philippe Vangoidsenhoven en el ejercicio de su labor como defensor ambiental. Todo el material se presenta con la autorización expresa de Philippe y tiene un propósito ilustrativo y educativo. Su intención es visibilizar los riesgos que enfrentan las personas defensoras del ambiente en Costa Rica, así como la insuficiencia de la legislación actual, que las deja expuestas a situaciones de vulnerabilidad al no contar con medidas de protección adecuadas y efectivas.

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Oxfam alerta: la justicia de género está en riesgo ante el avance de los movimientos antiderechos

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A 30 años de Beijing, Oxfam alerta: el contrato social está en juego

En marzo de 2025, Oxfam lanzó un informe contundente que analiza el incumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Treinta años después, el panorama es alarmante: no se ha cumplido ni uno solo de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 sobre igualdad de género. El retroceso es evidente, y no solo por falta de voluntad política: la desigualdad estructural, el auge de movimientos antiderechos y un sistema económico extractivista están en el centro del problema.

Los hallazgos clave

  • Desigualdad estructural persistente: Las mujeres y personas LGTBQIA+ continúan enfrentando sistemas patriarcales y racistas que limitan su autonomía corporal, acceso a la salud sexual y reproductiva, y participación equitativa en la vida pública.

  • Retrocesos legislativos y violencia institucionalizada: Desde el resurgimiento de políticas como la «Ley Mordaza Global» hasta el debilitamiento del financiamiento a organizaciones feministas, los derechos conquistados están en riesgo.

  • Crisis y austeridad como excusa: La reducción del gasto público, el aumento de la deuda y las políticas de austeridad están erosionando los sistemas de protección social, afectando particularmente a las mujeres pobres y racializadas.

  • Trabajo de cuidados invisibilizado y no remunerado: Las mujeres continúan subvencionando la economía global con 12.500 millones de horas diarias de trabajo no remunerado, una situación que perpetúa la desigualdad.

  • Amenazas digitales y narrativas conservadoras: Las redes sociales se han convertido en campo fértil para difundir discursos antiderechos, promoviendo la radicalización y normalizando la discriminación.

¿Y ahora qué?

El informe propone cuatro líneas de acción urgentes:

Reconstruir un contrato social feminista, con políticas públicas centradas en la redistribución del poder y los recursos.

Reconocer los cuidados como un derecho y un bien público, no como una carga impuesta a las mujeres.

Garantizar derechos sexuales y reproductivos universales, incluyendo el aborto seguro y el acceso a servicios integrales de salud.

Financiar y proteger a los movimientos feministas y queer, reconociendo su rol clave en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

El desafío democrático

La consolidación de movimientos antiderechos amenaza con quebrar el contrato social entre los Estados y la ciudadanía. Esta ofensiva busca apropiarse del lenguaje de los derechos para avanzar agendas excluyentes. En este contexto, defender la igualdad de género no es un tema sectorial, es una cuestión central para la salud de nuestras democracias.

Democracia tenemos que hablar… porque sin igualdad de género, sin justicia reproductiva y sin respeto a la diversidad, la democracia se convierte en una promesa vacía.

Pueden descargar el informe aquí.

Para más información pueden visitar: https://www.oxfam.org/

Conceptos clave del informe «De lo personal al poder de lo colectivo» (Oxfam, 2025)

ConceptoDefinición / Explicación
Justicia de géneroProceso transformador que busca eliminar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas LGTBQIA+, garantizando derechos, redistribución de recursos y autonomía sobre el cuerpo y la vida.
Autonomía corporalDerecho de todas las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, sin coerción, violencia ni discriminación.
Movimientos antiderechosConjunto de actores políticos, religiosos y económicos que buscan restringir derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad de género y diversidad sexual, apelando a valores “tradicionales”.
Contrato socialAcuerdo implícito entre ciudadanía y Estado sobre derechos, deberes y acceso a recursos. El informe plantea reconstruirlo desde una perspectiva feminista, redistributiva e inclusiva.
Cuidados como bien públicoReconocimiento del trabajo de cuidados como una responsabilidad social compartida, no como una carga impuesta a las mujeres. Requiere inversión pública y políticas de redistribución.
Ley Mordaza Global (Global Gag Rule)Política de EE.UU. que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan información o servicios de aborto, incluso si lo hacen con fondos no estadounidenses. Tiene impacto mundial.
Smart economicsEnfoque que instrumentaliza a las mujeres como medio para alcanzar objetivos de desarrollo económico, sin cuestionar las raíces estructurales de la desigualdad de género.
Educación sexual integral (ESI)Proceso de enseñanza que aborda la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derechos humanos y adecuado a la edad, clave para el ejercicio de la autonomía corporal.
Bienes comunesRecursos y prácticas gestionados colectivamente para la sostenibilidad de la vida (agua, tierra, saberes, cuidados). El acceso y gestión de los comunes tiene un profundo vínculo con la justicia de género.
InterseccionalidadEnfoque que reconoce cómo distintas formas de opresión (género, raza, clase, sexualidad, discapacidad) se entrecruzan y afectan de forma diferenciada a las personas.
¿Qué es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing?

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es uno de los acuerdos más ambiciosos y fundamentales a nivel mundial sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Fue adoptada por 189 gobiernos en 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por Naciones Unidas en Beijing, China.

Este documento reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y traza una hoja de ruta para eliminar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y las niñas en todo el mundo.

La Plataforma de Acción se estructura en 12 esferas de especial preocupación, que incluyen:

  • La pobreza de las mujeres

  • El acceso a la educación y la salud

  • La violencia de género

  • La participación política y económica

  • Los derechos sexuales y reproductivos

  • La situación de las niñas, las mujeres indígenas y rurales

Uno de los compromisos más relevantes asumidos en Beijing fue el derecho de todas las mujeres a controlar su salud sexual y reproductiva, incluida su fertilidad, sin coerción ni discriminación. Además, el acuerdo insta a los Estados a tomar medidas urgentes y sostenidas para garantizar la igualdad sustantiva entre los géneros.

A treinta años de su adopción, el informe de Oxfam advierte que ningún país ha cumplido completamente con los compromisos de Beijing, y que los retrocesos actuales, impulsados por movimientos antiderechos y políticas de austeridad, amenazan con desmantelar décadas de avances.

Revisar hoy la Plataforma de Acción de Beijing no es un ejercicio de nostalgia, sino un llamado urgente a reconstruir un contrato social más justo, feminista e inclusivo.

¿Qué son los movimientos antiderechos?

Los llamados movimientos antiderechos son agrupaciones políticas, religiosas y sociales que se oponen a la ampliación y garantía de derechos humanos, en particular aquellos vinculados a la autonomía corporal, la igualdad de género y los derechos de las personas LGTBQIA+. Aunque se presentan bajo la defensa de los «valores tradicionales» o la «familia natural», sus acciones apuntan a restringir libertades fundamentales y revertir conquistas logradas por décadas de lucha feminista, decolonial y por la diversidad sexual.

Estos movimientos no son homogéneos, pero comparten algunas características:

  • Narrativas conservadoras y nacionalistas, que apelan a identidades culturales o religiosas como forma de excluir o perseguir a grupos minoritarios.

  • Financiamiento opaco y transnacional, muchas veces articulado desde redes de poder económico que ven en los derechos una amenaza a sus privilegios.

  • Apropiación del lenguaje de derechos humanos, para presentarse como víctimas de una supuesta «ideología de género» o «colonización cultural», distorsionando los principios democráticos.

  • Ataques coordinados a la educación sexual, los derechos reproductivos y la justicia de género, especialmente en contextos de crisis o retrocesos democráticos.

Lejos de ser fenómenos aislados, estos movimientos actúan de forma articulada en espacios nacionales e internacionales. Como señala el informe de Oxfam, su auge es también síntoma de un debilitamiento del contrato social: aprovechan el desencanto ciudadano, la desigualdad y las crisis para ofrecer soluciones autoritarias, excluyentes y regresivas.

Frente a esto, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la diversidad no puede postergarse. Reconocer y nombrar a estos actores como antiderechos es un paso necesario para fortalecer democracias inclusivas, justas y con verdadero pluralismo.

Bienes comunes y justicia de género: una relación inseparable

En la lucha por la justicia de género, hablar de bienes comunes —como el agua, la tierra, los saberes, los cuidados o el conocimiento— es hablar también de redistribución del poder y de resistencia ante el modelo extractivista y patriarcal que domina las decisiones económicas y políticas en gran parte del mundo.

Desde una mirada feminista e interseccional, los bienes comunes no son solo recursos materiales, sino espacios de vida sostenida colectivamente, donde se disputa quién cuida, quién decide, quién accede y quién se beneficia.

¿Por qué es esto clave para la justicia de género?

Las mujeres sostienen históricamente los comunes: ya sea gestionando el agua en comunidades rurales, cuidando de otras personas en redes barriales, o transmitiendo conocimientos ancestrales, las mujeres —y en particular las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes— han sido las principales defensoras y reproductoras de los bienes comunes.

El trabajo de cuidados es un común invisibilizado: la economía global depende del trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente en mujeres. Reconocer este trabajo como un bien común esencial implica democratizar su gestión, redistribuir responsabilidades y garantizar servicios públicos de calidad.

El despojo de bienes comunes refuerza las desigualdades: la privatización de territorios, semillas, cuerpos de agua o sistemas de salud golpea de forma más dura a las mujeres y disidencias, al reducir su autonomía, su salud y su capacidad de acción colectiva.

La defensa de los comunes es una estrategia política feminista: frente a la mercantilización de la vida, las luchas feministas por el derecho al aborto, el acceso a la tierra, el agua, la educación sexual integral y los sistemas comunitarios de cuidados, son también luchas por el reconocimiento, la sostenibilidad y la gobernanza democrática de los comunes.

Reimaginar el contrato social desde los cuidados y los comunes

El informe de Oxfam plantea que construir un nuevo contrato social implica reconocer los cuidados como un bien público y redistribuir el poder y los recursos. Esta perspectiva se alinea con las propuestas feministas que defienden la reapropiación de los bienes comunes como condición para una vida digna y sostenible, donde la justicia de género no sea una promesa, sino una práctica concreta.

Pueden descargar la infografía aquí.

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Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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El saqueo continúa: Oxfam revela cómo el neocolonialismo alimenta la desigualdad global

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¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.

Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.

Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”

Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.

 Algunos datos clave del informe:

  • En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.

  • Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.

  • Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.

  • El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.

La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.

Conceptos clave del informe

ConceptoExplicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonarioAcumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
ClientelismoEnriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolísticoCapacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economíaTransformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?

Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.

📥 Descargá el informe completo aquí
🔗 Más información en https://www.oxfam.org

Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?

El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?

En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.

¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?

Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.

La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.

Pensar el mundo como bien común

Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.

El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.

Pueden descargar la infografía

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Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

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Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental activo en el Caribe Sur, continúa con el seguimiento del caso relacionado con la tala de árboles en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas del AyA en Puerto Viejo.

Según el relato de Philippe, el proceso inició cuando una vecina solicitó al Juzgado Agrario permiso para talar dos árboles que presentaban riesgo hacia su vivienda. Sin embargo, la autorización final contempló la tala de ocho árboles, argumentando condiciones similares de peligro.

Durante una reunión pública organizada por el AyA, en la que estuvo presente Philippe, se habló únicamente de una tala ‘preventiva’ por razones de seguridad, tal como consta en los folletos informativos elaborados por la institución. En ningún momento se mencionó que la madera sería retirada o aprovechada, lo que generó preocupación en el seguimiento posterior.

En una visita reciente al sitio (24 de mayo 2025), Philippe observó que varios de los troncos ya no estaban, además de rastros de aserrín, lo cual indicaría procesamiento de madera en el lugar. Esta observación contrasta con lo dicho por el AyA y con lo establecido en la sentencia judicial, que exige coordinación con SINAC para cualquier disposición de la madera.

“No veo en ningún lado de la resolución que diga que se puede cortar el árbol en pedazos, montarlo y sacarlo. Solo habla de la tala por peligro. ¿Por qué se llevaron todo? Es raro. En el bosque, esos árboles caídos tienen su función ecológica”, señaló Philippe tras leer el fallo judicial.

De acuerdo con el análisis legal realizado, la sentencia del expediente 24-000326-0465-AG permite la corta de los árboles señalados, pero bajo estrictas condiciones: sin dañar la vegetación circundante, sin dejar residuos, y con obligación de coordinar con SINAC cualquier disposición de madera.

El retiro de los troncos sin evidencia de dicho trámite podría constituir una posible violación ambiental, lo que refuerza la importancia de este tipo de monitoreo comunitario. Además, es crucial considerar el manejo adecuado de los residuos de tala, como troncos, ramas y pedazos de madera, ya que estos cumplen funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas. Por ejemplo, la madera caída sirve como refugio para fauna silvestre, contribuye a la retención de humedad, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento del suelo. En bosques tropicales, estos elementos favorecen la regeneración natural y sostienen cadenas tróficas importantes, por lo que su remoción indiscriminada puede alterar significativamente los equilibrios ecológicos locales.

Philippe indica que la situación ya fue comunicada al Ministerio Público, y se mantienen abiertas las dudas sobre:

  • ¿Quién retiró los troncos?
  • ¿Se tramitó autorización ante SINAC?
  • ¿Qué destino tuvo la madera extraída?

Este caso refuerza la necesidad de transparencia y control ciudadano en los procesos que involucran recursos naturales y posibles impactos ambientales. El seguimiento continúa.

Visita de campo de Philippe: zona de humedal y protección de quebradas

Philippe también advierte que el área intervenida corresponde a un humedal, algo evidente al observar la vegetación característica, como hojas largas que sobresalen de las conocidas plantas como Orejas de Burro, típicas de estos ecosistemas. Además, uno de los árboles talados se encontraba a escasos metros de un arroyo visible en fotos y videos tomados en el lugar.

“Debemos tener claro que los arroyos, quebradas y ríos tienen un margen de 15 metros de protección en el que no se puede tocar absolutamente nada”, subrayó Philippe. Recordó que en una ocasión anterior, al consultar a Marcelo Pacheco —exfuncionario del MINAE— sobre un árbol caído en una quebrada, este le indicó que solo se puede mover para facilitar el flujo de agua, pero nunca retirarlo ni aprovecharlo, ya que está dentro de la zona de protección.

A juicio del defensor, lo ocurrido en este caso parece una estrategia para justificar la tala y posterior aprovechamiento de madera: “Estos son trucos para talar los árboles, los cortan en pedacitos. Por eso dicen que va a tardar tres semanas. Pero talar ocho árboles se hace en dos días si se sigue la normativa”.

Material informativo entregado por el AyA
La función ecológica de los árboles caídos

Aunque a simple vista puedan parecer desechos naturales, los árboles caídos cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Al descomponerse, sus troncos y ramas aportan nutrientes al suelo, favoreciendo la fertilidad y el crecimiento de nuevas plantas. Además, funcionan como refugio y fuente de alimento para muchas especies de insectos, hongos, aves, mamíferos y reptiles.

Los árboles caídos también ayudan a retener humedad en el suelo y a reducir la erosión en áreas boscosas. En cuerpos de agua cercanos, los troncos sumergidos proporcionan sombra, oxigenación y hábitat para peces y otros organismos acuáticos. Así, lejos de ser un desperdicio, los árboles caídos son parte vital del ciclo de la vida en los bosques y otros entornos naturales.

¿Cómo debe realizarse legalmente una tala por peligro y el retiro de madera?

En Costa Rica, incluso cuando se autoriza la tala de árboles por peligro, existen normativas ambientales estrictas que regulan el procedimiento y el destino del material extraído. Estos casos se rigen principalmente por la Ley Forestal N° 7575, la Ley de Biodiversidad, y reglamentaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

  1. Autorización judicial o técnica

Cuando se trata de árboles que representan un peligro, como en este caso, el derribo puede ser autorizado por un juez con base en informes técnicos de entidades como el SINAC o el AyA. Sin embargo, esta autorización no implica automáticamente permiso para disponer o retirar la madera.

  1. Permiso de aprovechamiento forestal

Para mover, transportar, almacenar o transformar la madera resultante, se requiere un permiso específico de aprovechamiento forestal, gestionado ante el SINAC. Este permiso detalla:

  • Qué tipo de madera será aprovechada.
  • Volumen estimado.
  • Destino final (uso propio, comercialización, etc.).
  • Medio de transporte y ruta.
  1. Guía de transporte

Además del permiso, el retiro de troncos o madera procesada debe ir acompañado de una guía de transporte forestal, que respalda la legalidad del traslado. Esta guía debe estar físicamente presente durante el transporte y ser entregada a solicitud de las autoridades.

¿Qué pasa si se omite este proceso?

El retiro o uso de madera sin estos permisos constituye una infracción a la Ley Forestal, y puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo:

  • Decomiso del material.
  • Multas.
  • Denuncias ante el Ministerio Público por posible delito ambiental.

Por eso, aunque la corta haya sido autorizada judicialmente por motivos de seguridad, el manejo posterior de la madera está estrictamente regulado. Cualquier omisión en este proceso levanta señales de alerta sobre una posible irregularidad.

Philippe afirma que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de nueva extracción: “Si vuelven a trabajar ahí, voy con las autoridades. No van a sacar más madera. Muchas veces ese material se usa para rellenar otros humedales, y eso no puede ser. Si se tala por peligro, se deja el árbol ahí y se acabó el trabajo”.

Material fotográfico sobre los cambios en la región

Las siguientes imágenes, correspondientes a los años 2004 y 2023, muestran la transformación del paisaje en el área cercana a la planta de tratamiento del AyA. En la imagen de 2004 se observa una cobertura boscosa densa y continua, característica de una zona con baja intervención humana. Sin embargo, al comparar con la imagen de 2023, se evidencia una notable reducción del área boscosa, sustituida progresivamente por infraestructuras y asentamientos urbanos. Este contraste ilustra el avance sostenido del proceso de urbanización y el cambio en el uso del suelo, que ha fragmentado los espacios naturales y modificado significativamente la cobertura vegetal de la zona.

2004

2023

Material audiovisual de la visita de campo del 24 de mayo 2025

Estas imágenes se incorporan con fines estrictamente educativos y de interés público, en el marco de una reflexión crítica sobre el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura boscosa y los casos de tala en contextos de posible riesgo ambiental y seguridad pública, con el objetivo de comprender cómo se llevan a cabo estas intervenciones y sus implicaciones.

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Río Virilla: Entre la devastación ambiental y la resistencia comunitaria

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En el límite cantonal entre Moravia y Santo Domingo —y en la frontera provincial entre San José y Heredia—, el río Virilla ha sido víctima de una serie de intervenciones ilegales y ambientalmente destructivas. Desde 2008, vecinos y organizaciones han denunciado las acciones de la empresa logística, que adquirió un terreno antes utilizado como tajo para la construcción de la ruta 32, bajo la figura de interés nacional.

A partir de esta compra, se inició trabajos sobre el lecho mismo del río: construyó un relleno que redujo el cauce, provocando un “estrangulamiento” de la corriente, alterando su curso natural y afectando los límites territoriales cantonales y provinciales. La zona, de alta importancia ecológica, forma parte de un corredor biológico, es área de recarga acuífera y hábitat de una rica biodiversidad. Las actividades incluyeron corte de árboles, movimientos de tierra, depósitos de toneladas de escombros y contaminación por residuos provenientes del mantenimiento de vehículos pesados y contenedores.

Además de la evidente devastación ambiental, la comunidad ha señalado con firmeza la omisión sistemática de las autoridades municipales, que durante años no actuaron ante las denuncias. Fue gracias a la organización y presión constante de vecinos y colectivos que se logró finalmente una orden de demolición sobre las construcciones ilegales.

Este caso evidencia la urgencia de proteger los bienes demaniales como el río Virilla, no solo por su valor ecológico, sino por su función vital en el ciclo hidrográfico y como fuente de agua para muchas comunidades. También pone en el centro la pregunta sobre el rol del Estado frente a los intereses empresariales, y el poder transformador de la acción comunitaria organizada.

Lucha legal en curso

En 2020, la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Ministerio de Salud por su omisión en atender las denuncias sobre los daños al río Virilla. A pesar de las órdenes judiciales para resolver el expediente ambiental y ejecutar acciones concretas —como la clausura del sitio, la remoción de estructuras ilegales y la protección del cauce—, la desobediencia ha sido reiterada.

A inicios de 2024, la Sala volvió a constatar la inejecución de lo ordenado y advirtió que quienes ocupan actualmente los cargos en el Ministerio de Salud y el TAA deben cumplir de inmediato la sentencia, bajo pena de incurrir en delito de desobediencia. La falta de acceso al sitio por parte de las autoridades y la renuncia de juezas del TAA han impedido una resolución efectiva, evidenciando cómo los vacíos institucionales permiten la impunidad ambiental.

Este caso, documentado en el expediente 20-012211-0007-CO, sigue abierto, y su desenlace será clave para sentar precedentes sobre la defensa efectiva de los bienes comunes en Costa Rica.

¿Qué pasa cuando se estrangula un río? Consecuencias ambientales y sociales

El “estrangulamiento” de un río es una forma grave de alteración ambiental que ocurre cuando se reduce artificialmente su cauce natural, por ejemplo, mediante rellenos, construcciones o desvíos. Este tipo de intervención, como ha ocurrido en el caso del río Virilla en Costa Rica, genera una serie de impactos ambientales y sociales que comprometen la salud de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades.

Cuando se reduce el ancho del cauce, se impide el flujo libre del agua, aumentando el riesgo de inundaciones en época de lluvias y acelerando la erosión de las riberas. Esto no solo afecta la estabilidad del terreno, sino que rompe el equilibrio del ciclo hidrológico, impactando la recarga de acuíferos y la regulación natural de caudales.

Además, al eliminar vegetación ribereña y deforestar, se pierde cobertura vegetal esencial para la vida silvestre, lo que genera fragmentación de hábitats, disminución de biodiversidad y degradación de corredores biológicos. El vertido de residuos —como aceites, sólidos o químicos— en zonas de uso industrial cerca del cauce agrava la contaminación y puede afectar la calidad del agua para consumo humano y agrícola.

Desde el punto de vista legal, estas acciones constituyen una violación a los principios de protección del dominio público hídrico establecidos en el Código Civil (art. 261) y en la Ley de Aguas, ya que los ríos son bienes demaniales inalienables, imprescriptibles y no sujetos a apropiación privada.

El estrangulamiento de un río no solo es un atentado ecológico: es también un acto de injusticia ambiental que vulnera derechos colectivos y debilita la resiliencia de los territorios ante el cambio climático.

Aquí pueden descargar el fallo judicial: Exp: 20-012211-0007-CO Res. Nº 2024004425

Documento de evidencia fotográfica del comité ProDefensa del Río Virilla

Contexto ecológico del río Virilla: una cuenca en crisis

El río Virilla, eje hídrico fundamental del Valle Central costarricense, enfrenta una crisis ambiental profunda producto de décadas de contaminación y presión urbanística. A pesar de su papel clave como corredor biológico y su rica biodiversidad en zonas de bosque húmedo premontano, el río ha sido convertido en receptor de aguas residuales, desechos sólidos y descargas industriales no reguladas. Las nacientes en la Cordillera Volcánica Central, que deberían ser áreas de protección prioritaria, también se ven afectadas por el avance urbano y el uso inadecuado del suelo. Esta situación refleja una desatención institucional prolongada, que ha permitido que el desarrollo económico se imponga sobre la salud ecosistémica. Iniciativas como la instalación de bardas recolectoras de plásticos y programas de educación ambiental representan esfuerzos importantes, pero insuficientes si no se acompañan de una fiscalización efectiva, inversión estatal y participación comunitaria vinculante. El caso del río Virilla ilustra con claridad cómo los conflictos ambientales no son solo disputas técnicas, sino escenarios donde se confrontan modelos de desarrollo, derechos territoriales y prioridades políticas.

Un río herido, un abastecimiento en riesgo

Aunque muchas veces lo pensamos como un problema lejano o ajeno, la crisis ambiental del río Virilla tiene una relación directa con la forma en que accedemos al agua potable, especialmente en cantones como Santo Domingo de Heredia y Moravia. Este río, que serpentea al fondo de los barrancos del Valle Central, recoge las aguas —y las heridas— de una de las zonas más urbanizadas y contaminadas del país. Lo que muchos no ven es que, en esa misma cuenca, existen pozos, nacientes y tomas superficiales que abastecen a comunidades enteras.

En Santo Domingo, por ejemplo, el agua que llega a las casas proviene de nacientes y quebradas que forman parte del entramado hídrico que desemboca en el Virilla. Algunas de estas fuentes están expuestas, sin una protección suficiente frente a la contaminación por aguas negras, residuos sólidos o agroquímicos. En Moravia, el panorama es similar: el crecimiento urbano ha arrinconado zonas de recarga acuífera y ha incrementado el escurrimiento superficial, arrastrando contaminantes hacia ríos y quebradas.

El Virilla, entonces, no solo refleja el abandono ambiental de décadas: también anticipa las crisis futuras si no se protegen las fuentes de agua que aún sobreviven en su cuenca. Cada descarga sin tratar, cada proyecto urbanístico que se impone sobre una naciente, cada quebrada convertida en canal de desechos, debilita la capacidad de las comunidades de acceder a agua limpia y segura.

Este vínculo entre el río y el grifo —entre lo ambiental y lo cotidiano— es el que debemos visibilizar. Porque cuidar el Virilla no es solo un acto simbólico o ecológico: es una necesidad urgente para sostener la vida en nuestras casas, escuelas y barrios.

¿Qué es un bien demanial?

El río Virilla es un bien demanial, es decir, un bien de dominio público del Estado que pertenece a toda la ciudadanía y está destinado al uso común o al servicio público. Según el Artículo 261 del Código Civil de Costa Rica, forman parte del dominio público “los ríos, arroyos y quebradas que corren por cauces naturales y sus riberas hasta donde llegan las más altas crecientes ordinarias”. Estos bienes no pueden ser privatizados ni alterados sin autorización expresa, ya que cumplen funciones ecológicas, sociales y territoriales fundamentales. Modificar el cauce, rellenarlo o construir sobre él constituye una violación al ordenamiento jurídico y a los derechos colectivos.

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Nueva esperanza Mujeres campesinas resisten el despojo: Agroecología y dignidad en el norte de Costa Rica + Documental

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En el norte de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres campesinas ha cultivado durante más de dos décadas una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización comunitaria. Bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, estas mujeres desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica, convirtiendo la finca en “el pulmón de la esperanza”.

Sin embargo, desde febrero de 2022, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias comenzaron a ingresar al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Este conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo .

El abandono institucional

A pesar de múltiples gestiones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ha mantenido una posición ambigua y pasiva. No ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Incluso hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales .

Agroecología como resistencia

Durante más de 23 años, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño. La finca fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro .

Una lucha por la vida y el derecho

A pesar de los últimos tres años de usurpación, las mujeres siguen presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no se irán hasta lograr lo que es justo. Como expresan: “No se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo” .

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza es una muestra de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país. Es urgente que las autoridades cumplan con su mandato y apoyen a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

🎬 Para que vuelvan las mariposas: ver el pasado para entender el presente

El documental «Para que vuelvan las mariposas» (UNED) narra con sensibilidad y fuerza la historia de transformación liderada por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza: cómo, en medio de la devastación ambiental causada por la piña y la ganadería extensiva, levantaron un modelo agroecológico colectivo, restauraron suelos y devolvieron la vida a su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia, alimentos sanos: todo volvió gracias a su trabajo.

Hoy, sin embargo, ese legado está bajo amenaza. La finca donde se desarrolló esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con la anuencia silenciosa de instituciones estatales como el INDER. Lo que fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria se encuentra en disputa, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo una invitación a conocer una historia de éxito campesino. Es también una forma de comprender lo que está en juego ahora mismo: la lucha por la tierra, por el reconocimiento, y por la justicia que estas mujeres siguen defendiendo con dignidad.

🌱 Porque cuando las mariposas desaparecen, algo más profundo se está perdiendo. Y cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si se cuida la tierra y a quienes la cultivan.
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Silencio ante la infestación: el drama de los monos aulladores del Caribe costarricense

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A pesar de que el Caribe de Costa Rica es mundialmente conocido por su biodiversidad y riqueza natural, un drama silencioso se desarrolla en lo alto de sus árboles: los monos aulladores (Alouatta palliata) están siendo severamente infestados por larvas de mosca bot (Cuterebra baeri), un parásito con alta especificidad que amenaza su salud y bienestar. Sin embargo, esta situación crítica ha pasado casi desapercibida.

 

Gracias a las denuncias realizadas por Philippe en una nota anterior sobre los impactos del tendido eléctrico y la presencia de tórsalos en primates, estableció contacto con él la Asociación YISKI, lo que permitió acceder a este estudio conducido por la Asociación Awá Ciencia y Conservación, en coordinación con el SINAC. El informe reveló que todos los monos congo (Alouatta palliata) muestreados presentaban infestaciones severas, con más de seis larvas por individuo, además de cicatrices de infecciones previas. Esta cifra duplica o triplica lo reportado en estudios anteriores.

 

La investigación, realizada en los parques nacionales Cahuita y Puerto Vargas entre 2019 y 2020, identificó la especie Cuterebra baeri como la responsable. Aunque se conoce desde hace décadas, no existen estrategias concretas de monitoreo ni control sostenido por parte de las autoridades ambientales, a pesar de la posibilidad de que el fenómeno esté en aumento, agravado por el cambio en el uso del suelo y la creciente presión del turismo.

Más preocupante aún es la falta de atención mediática y política hacia esta amenaza, que compromete no solo la salud de una especie clave para los ecosistemas tropicales, sino también la integridad de los hábitats que dependen de estos dispersores de semillas.

La investigación recomienda monitoreos periódicos, estudios sobre los efectos del turismo, y precauciones ante el uso de insecticidas que podrían tener consecuencias ecológicas aún más graves. Sin embargo, hasta ahora, estas recomendaciones no han sido asumidas con la urgencia que la situación amerita.

El silencio institucional y mediático frente a este problema revela una preocupante tendencia: la salud de la fauna silvestre sigue estando relegada a un segundo plano, incluso cuando los datos muestran signos alarmantes.

¿Será necesario esperar a una crisis mayor para actuar?

Pueden descargar el informe aquí “Grado de infestación y variables ambientales favorecederos de la infestación por larvas de la mosca(s) bot en monos aulladores del Caribe de Costa Rica.”

Galería

Turismo, insecticidas y su impacto en una crisis poco visible

El estudio no solo alerta sobre la severidad de la infestación por mosca bot en monos aulladores del Caribe costarricense, sino que también llama la atención sobre factores externos que podrían estar intensificando el problema, especialmente el turismo mal manejado y el uso inadecuado de insecticidas.

El turismo como factor de estrés ambiental

La relación entre turismo y salud de la fauna silvestre es compleja. En la Reserva Lamanai en Belice*, investigaciones han vinculado altos niveles de parasitismo con zonas de fuerte actividad turística. ¿Por qué sucede esto?

  • Reducción del dosel forestal en zonas turísticas: más luz solar, mayor temperatura y alteraciones microclimáticas pueden favorecer el desarrollo de la mosca bot.
  • Efectos de borde (zonas donde el bosque se encuentra con áreas abiertas o construidas) que alteran los ecosistemas.
  • Estrés fisiológico en los animales debido a la constante presencia humana y al ruido, lo cual puede debilitar su sistema inmunológico y aumentar su vulnerabilidad a parásitos.

Aunque en Costa Rica esta relación aún no está completamente estudiada, el informe recomienda investigar con urgencia el impacto del turismo sobre los niveles de infestación en primates, especialmente en parques con alta afluencia de visitantes como Cahuita.

¿Insecticidas para controlar la mosca bot?

Si bien podría pensarse que los insecticidas son una solución directa al problema, el informe advierte que su uso indiscriminado puede tener efectos colaterales graves:

  • Riesgos para otras especies: los insecticidas pueden afectar insectos polinizadores, aves y otros animales no objetivo.
  • Contaminación del suelo y cuerpos de agua, alterando la salud de todo el ecosistema.
  • Afectación directa a los monos: algunos compuestos, como los organofosforados, pueden ser más dañinos para el animal que las propias larvas.

En su lugar, se propone un enfoque más integral: monitoreo periódico, control biológico y prevención basada en la comprensión de las variables ambientales que favorecen al parásito.

Urbanización y pérdida de bosque: una amenaza creciente para los primates

En el Caribe sur de Costa Rica, la presión sobre los ecosistemas proviene del crecimiento urbano y turístico. Este cambio en el uso del suelo —que reemplaza bosques por construcciones, caminos y espacios abiertos— podría estar jugando un papel clave en el aumento de las infestaciones por mosca bot en monos aulladores.

¿Cómo afecta la urbanización al parasitismo?

  • Reducción de la cobertura boscosa: El reemplazo de bosque por infraestructura reduce el dosel forestal, lo que altera el microclima y favorece ambientes más secos y cálidos donde la mosca bot puede reproducirse con mayor facilidad.
  • Fragmentación del hábitat: Al dividir el bosque en parches aislados por urbanizaciones, los monos quedan confinados en espacios más pequeños. Esta cercanía constante entre individuos facilita la transmisión de parásitos como las larvas de mosca bot.
  • Mayor presencia humana y estrés en la fauna: La urbanización trae consigo tráfico, ruido, contaminación lumínica y perturbaciones constantes. Estos factores pueden debilitar el sistema inmunológico de los monos, aumentando su vulnerabilidad a infecciones.
  • Suelo expuesto y pérdida de complejidad vegetal: Las larvas de la mosca bot completan parte de su ciclo en el suelo. La sustitución del sotobosque natural por jardines o superficies compactadas puede alterar el ciclo del parásito de formas aún poco estudiadas, pero potencialmente peligrosas.

Conceptos Científicos Relevantes del Estudio sobre Mosca Bot y Monos Aulladores

Concepto

Explicación

Importancia en el estudio

Mosca bot (Cuterebra baeri)

Insecto parásito que deposita sus huevos en el ambiente; sus larvas ingresan al cuerpo del hospedero, donde se desarrollan bajo la piel.

Es la principal especie identificada en la infestación de los monos aulladores del Caribe. Tiene alta especificidad parasitaria con esta especie.

Parasitismo específico

Relación en la que el parásito afecta principalmente a una sola especie hospedera.

Cuterebra baeri parasita casi exclusivamente a los monos aulladores, lo que hace a esta especie particularmente vulnerable.

Ciclo de vida del parásito

Abarca desde la deposición del huevo hasta su madurez: los huevos eclosionan por estímulos como el calor y el CO₂ del animal, y las larvas se desarrollan por etapas en el cuello del mono.

Conocer el ciclo ayuda a planificar momentos críticos para el monitoreo o control de infestaciones.

Grado de infestación

Número de larvas presentes en un solo individuo.

En este estudio se reportaron hasta 6 o más larvas por mono, indicando infestaciones severas.

Vectores oportunistas

Otros organismos (bacterias, hongos o insectos) que aprovechan las heridas abiertas por las larvas para infectar al hospedero.

Las heridas causadas por las larvas pueden facilitar infecciones adicionales, agravando el estado de salud de los monos.

Impacto fisiológico

Efectos en el cuerpo, como pérdida de grasa subcutánea, debilitamiento y estrés.

La infestación reduce las reservas energéticas de los monos, afectando su salud general y su supervivencia.

Variables ambientales (uso del suelo, turismo)

Factores como deforestación, agricultura o alta presencia de turistas que alteran el hábitat natural.

Zonas agrícolas y turísticas parecen favorecer la presencia de moscas bot, por lo que se recomienda investigar su relación con el aumento de infestaciones.

Créditos de la investigación: Esta investigación fue posible por la denuncia y fotografías de Marta Castro, el apoyo de la Asociación YISKI, la labor científica de Andrea Chaves y Ricardo Jiménez (Asociación Awá Ciencia y Conservación), SINAC, así como a CVVS-UNED y la ADI del T.I. Kéköldi.

*Síntesis de los hallazgos

Estos estudios, realizados en la Reserva Arqueológica de Lamanai en Belice, evidencian que:

  • El turismo intensivo se asocia con mayores niveles de parasitismo por mosca bot (Alouattamyia baeri) en monos aulladores negros (Alouatta pigra).

  • Los monos expuestos a turistas mostraron mayor estrés fisiológico y cambios de comportamiento, como evasión y alteración en el uso del hábitat, lo que puede debilitar su sistema inmune y hacerlos más susceptibles a parásitos.

  • Se enfatiza la necesidad de gestionar cuidadosamente el ecoturismo, ya que incluso visitantes bien intencionados pueden generar impactos negativos si no se controlan los niveles de exposición.

Referencias

  • Treves, A., & Carlson, A. E. (2012). Botfly parasitism and tourism on the endangered black howler monkey of Belize. Journal of Medical Primatology, 41(4), 206–209. https://doi.org/10.1111/jmp.12001

  • Grossberg, R., Treves, A., & Naughton-Treves, L. (2003). The incidental ecotourist: Measuring visitor impacts on endangered howler monkeys at a Belizean archaeological site. Environmental Conservation, 30(1), 40–51. https://doi.org/10.1017/S0376892903000045

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De paraíso natural a botín inmobiliario: crónica de una tala anunciada

with No Comment extractivismos

Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional de país verde, defensor de la biodiversidad y ejemplo de sostenibilidad. Se nos reconoce por haber eliminado el ejército para invertir en educación y ambiente, por nuestros parques nacionales y por ser hogar de un 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, este relato se cae a pedazos cuando se confronta con la realidad que se vive en muchas regiones del país, especialmente en la costa Caribe Sur, donde la tala de árboles, la expansión inmobiliaria y la permisividad institucional amenazan con destruir lo que aún queda de bosque.

En esta zona, que forma parte del Corredor Biológico Talamanca-Caribe y que ha sido históricamente un refugio de vida silvestre y cultura viva, los proyectos urbanísticos avanzan a paso firme. La desregulación ambiental no es un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el desarrollo turístico e inmobiliario sobre la protección de los ecosistemas. La Ley Forestal y la institucionalidad ambiental están siendo debilitados, reinterpretados o ignorados sistemáticamente, por no decir complíce. Es más fácil conseguir un permiso para talar que para reforestar. Y eso lo saben bien quienes viven día a día la destrucción del territorio.

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en la región, lo vive con rabia e impotencia. Denuncia cómo en las cercanías de Playa Negra se otorgan permisos para talar árboles centenarios, o en Puerto Viejo, bajo pretextos como el «riesgo para la propiedad», sin criterios técnicos sólidos ni procesos transparentes. «Una vecina pidió permiso para talar dos árboles que estaban inclinados hacia su casa —relata—. Acudió a los juzgados, vino alguien a revisar, y con esos datos el juez autorizó la tala. Pero lo que ocurre es que, además de esos dos, el juez aprobó talar seis más, supuestamente también por representar un peligro. En total, ocho árboles. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones así? La señora ahora está avergonzada, porque me llamó inicialmente preocupada, están talando a toda máquina», cuenta, mientras describe cómo ha acudido a la Fiscalía Ambiental, al MINAE, a reuniones comunitarias, y aún así la tala continúa. Las fotos que toma documentan un crimen ambiental que parece no tener culpables. «Yo no soy policía ni fiscal», dice con frustración, mientras constata que la impunidad es parte del sistema.

La normativa ambiental en Costa Rica, hoy está atravesada por vacíos legales, falta de fiscalización y corrupción. Los permisos para construcción en zonas boscosas, cerca de quebradas o en terrenos de alto valor ecológico se otorgan sin estudios técnicos rigurosos, sin consulta comunitaria y sin considerar el impacto acumulativo. Esto se ve agravado por una municipalidad que responde más rápido a los intereses de empresas constructoras que a los llamados de atención de las comunidades.

De bosque a concreto: el costo silencioso del progreso

Las imágenes comparativas de los años 2005 y 2023 muestran una transformación significativa del paisaje, caracterizada por una notable disminución de la cobertura boscosa. En la imagen de 2005 se observa un entorno predominantemente cubierto por vegetación, mientras que en la de 2023 se evidencia una expansión de áreas urbanizadas a expensas del bosque. Esta deforestación tiene implicaciones críticas, tanto ecológicas como sociales: se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos hidrológicos y se incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Además, el avance urbano sin una planificación sostenible puede afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al cambio climático. Este tipo de transformación resalta la urgencia de implementar políticas de ordenamiento territorial que prioricen la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Fotos de la tala "legal" señalada en las fotos en 2025
La tala avanza, la vida retrocede

La impunidad se normaliza en discursos oficiales que hablan de «desarrollo sostenible», mientras se permite rellenar humedales, destruir corredores biológicos y talar árboles centenarios para construir hoteles boutique, casas de lujo y piscinas. El modelo de «progreso» que se impulsa desde el gobierno responde a intereses económicos a corto plazo, y deja por fuera los derechos de las personas, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Lo que se pierde con cada árbol no es solo sombra o paisaje: se pierde hábitat, se pierden servicios ecosistémicos, se pierde la posibilidad de un futuro sostenible.

En muchos casos, la tala no ocurre en zonas alejadas o invisibles, sino frente a nuestras narices, a la orilla de las carreteras o en pleno centro de las comunidades. Philippe lo resume con dureza: «Solo vemos lo que se alcanza desde la calle. No queremos imaginar los desastres que ocurren más adentro, donde la propiedad privada impide monitorear lo que pasa en el bosque». Esta destrucción silenciosa es aún más peligrosa, porque pasa sin testigos, sin protesta, sin documentación. La desprotección es generalizada, pero especialmente grave en territorios donde las comunidades han sido históricamente marginadas.

Urge una respuesta política y ciudadana clara. No podemos seguir tolerando que la institucionalidad ambiental esté al servicio del mercado. No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de protección del bosque bajo el pretexto de “progreso”. La biodiversidad que aún tenemos no es un recurso más: es la base de la vida. Y defenderla no es solo un acto ecológico, es un acto ético y político. Cada árbol talado sin justificación es una muestra más de que Costa Rica ha dejado de priorizar la vida.

Es hora de mirar más allá del eslogan. Costa Rica ya no es el ejemplo que fue. Y si no hacemos algo —desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía crítica— pronto solo quedará el recuerdo de un país que alguna vez se creyó verde.

Más allá de la tala legal: lo que está en juego en el Caribe Sur

Reducir la discusión sobre la deforestación al tema de la tala legal o ilegal resulta insuficiente cuando se trata de un territorio tan delicado como el Caribe Sur costarricense. En esta región, caracterizada por su biodiversidad única y su riqueza cultural, cada hectárea de bosque perdido implica mucho más que un cambio de uso de suelo: representa una fractura en los ecosistemas que sostienen la vida.

El Caribe Sur no es un espacio cualquiera. Sus sistemas naturales —bosques costeros, humedales, cuencas hidrográficas, corredores biológicos— operan en interdependencia con comunidades que por generaciones han vivido en estrecha relación con la tierra. Cuando el bosque desaparece, no solo se pierde hábitat, se debilitan las funciones ecológicas que amortiguan el cambio climático, regulan el agua, y permiten la reproducción de especies vitales para la seguridad alimentaria y cultural de la población local.

Por ello, impulsar actividades extractivas, aunque legales, sin un enfoque ecosistémico y de justicia territorial, equivale a ignorar la fragilidad de un entorno ya presionado por el turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y las brechas históricas en la gobernanza ambiental. Proteger el Caribe Sur no es solo conservar árboles; es garantizar la continuidad de un tejido social y ecológico que no admite sustituciones.

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Cuidando nuestros ríos: Limpieza del río Tacares

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Este video reúne entrevistas con personas voluntarias y vecinas que comparten sus experiencias en jornadas de limpieza de ríos y actividades de educación socioambiental. A través de sus testimonios, exploramos cómo estas acciones transforman no solo el entorno natural, sino también los vínculos sociales y el sentido de pertenencia.

El río no es solo agua que corre: es historia, memoria colectiva y vida cotidiana. Reconocer su dimensión sociohistórica nos invita a repensar nuestra relación con el territorio y a asumir un compromiso activo con su cuidado. Porque cuidar el río es también cuidarnos entre nosotros.