Observatorio Bienes Comunes UCR, autor en Observatorio de Bienes Comunes

Mapaches y zopilotes mueren envenenados: ecosistemas en riesgo en el Caribe Sur

mayo 18, 2025

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Vecinos del Caribe Sur, en la localidad de Manzanillo, en las cercanías del Supermercado Las Veraneras, han alertado sobre un alarmante caso de envenenamiento de animales silvestres. En los últimos días, se han encontrado varios mapaches muertos en la zona, presuntamente tras consumir alimentos contaminados. Lo más preocupante es que zopilotes, al alimentarse de los restos, también están apareciendo sin vida, evidenciando un efecto en cadena devastador.

Las personas vecinas llamaron al 911 para reportar la situación, pero se les indicó que esto no constituía una emergencia y no se quiso actuar.

Este tipo de envenenamiento no solo es una grave violación a la vida silvestre, sino que altera profundamente los ecosistemas locales. Los mapaches y zopilotes cumplen funciones clave: los primeros como dispersores de semillas y los segundos como carroñeros que ayudan a evitar la propagación de enfermedades. Al morir, estas especies interrumpen la dinámica natural de control biológico y reciclaje de materia orgánica.

Además, el veneno puede llegar a otros niveles de la cadena alimentaria, afectando a depredadores o animales domésticos que entren en contacto con los cuerpos contaminados. La pérdida de estos animales puede generar desequilibrios ecológicos que se traducen en mayores plagas, proliferación de enfermedades y una degradación general de los ecosistemas.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades ambientales para investigar y tomar medidas inmediatas, y a la comunidad para rechazar cualquier forma de violencia contra la fauna silvestre. Proteger la vida silvestre es proteger la salud de todo el territorio.

Esta nota se realiza con el apoyo de Philippe Vangoidsenhoven, comprometido con la defensa de la vida y el equilibrio ecológico en el Caribe Sur.

¿Por qué preocuparse?

El Caribe Sur de Costa Rica es una región de enorme riqueza ecológica, hogar de una gran diversidad de especies que habitan los bosques, humedales, ríos y zonas costeras. Esta biodiversidad es parte esencial del equilibrio de los ecosistemas, del bienestar comunitario y de la identidad cultural de la región.

Sin embargo, la vida silvestre enfrenta múltiples amenazas, muchas veces invisibles o normalizadas: contaminación, pérdida de hábitat, atropellos, tenencia irresponsable de animales domésticos, uso de sustancias tóxicas y otras formas de agresión directa o indirecta. Estas acciones, intencionadas o no, ponen en riesgo no solo a los animales, sino también a la salud de las comunidades humanas.

El uso de venenos, por ejemplo, es una práctica especialmente peligrosa. No discrimina entre especies: puede afectar a animales silvestres, mascotas e incluso a personas. Además, puede contaminar fuentes de agua y generar efectos a largo plazo en la cadena alimentaria local. Lo que comienza como un intento de “control” de ciertas especies, termina convirtiéndose en un daño generalizado al entorno.

Ante esta realidad, hacemos un llamado a la conciencia y la corresponsabilidad. Proteger la vida silvestre no es solo una tarea de las instituciones, sino de todas las personas que habitan, visitan o se relacionan con estos territorios. Cada acción cuenta: desde evitar dejar basura en espacios naturales hasta participar en procesos de educación ambiental o denunciar prácticas dañinas.

Fortalecer la organización comunitaria, exigir presencia institucional efectiva y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida son pasos fundamentales para garantizar que el Caribe Sur siga siendo un territorio vivo, diverso y habitable para las generaciones presentes y futuras.

La convivencia armónica con la naturaleza no es un ideal lejano: es una práctica que empieza aquí y ahora, con responsabilidad, cuidado y compromiso colectivo.

El impacto del envenenamiento en ecosistemas sensibles: una amenaza silenciosa

Los ecosistemas sensibles —como humedales, bosques costeros, cuencas hidrográficas y corredores biológicos— cumplen funciones vitales para el equilibrio ambiental, la salud pública y la vida silvestre. Sin embargo, su fragilidad los hace especialmente vulnerables a prácticas humanas irresponsables, como el uso de venenos para controlar animales o resolver conflictos con la fauna.

Aunque a veces se recurre al envenenamiento como medida de “control” frente a especies silvestres o domésticas consideradas molestas, las consecuencias de esta práctica van mucho más allá del daño directo al animal objetivo. Se trata de una acción que genera efectos en cadena, muchas veces irreversibles:

⚠️ Efectos en la vida silvestre

Muerte directa de animales como mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos que entran en contacto con el veneno, sin importar su especie ni su función ecológica.
Contaminación de cadenas alimenticias: animales carroñeros o depredadores que consumen cuerpos envenenados también se ven afectados, lo que altera los equilibrios naturales del ecosistema.
Disminución de poblaciones clave, incluyendo especies polinizadoras o controladoras de plagas, lo que genera desequilibrios que afectan a toda la comunidad biótica.

⚠️ Riesgos para la salud humana y animal

Mascotas y animales domésticos pueden ingerir veneno o presas contaminadas, provocando intoxicaciones, sufrimiento y muerte.
Niñas, niños y personas adultas corren riesgo de exposición al manipular sin saber restos contaminados o fuentes de agua afectadas.
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas, con posibles consecuencias para el consumo humano y la agricultura.

⚠️ Impacto en el tejido comunitario

Este tipo de acciones muchas veces se hacen de forma anónima, generando desconfianza entre vecinos y debilitando la convivencia.
Se promueve una relación de violencia con la naturaleza, en lugar de buscar soluciones basadas en el diálogo, la educación y la corresponsabilidad.

🔄 Alternativas necesarias

Frente a estas amenazas, es urgente avanzar hacia modelos de gestión comunitaria del territorio que prioricen el respeto por la vida y la prevención de conflictos. Algunas acciones claves incluyen:

Fortalecer la educación ambiental y la sensibilización comunitaria.
Crear protocolos participativos para la atención de conflictos con fauna silvestre.
Denunciar el uso de venenos ante las autoridades competentes (MINAE, SENASA, Ministerio de Salud).
Promover espacios de organización local para la protección de ecosistemas.

🌿 Proteger la vida es una responsabilidad de todas y todos

El envenenamiento no es solo un acto de crueldad, es una amenaza a la salud ecológica y comunitaria. En ecosistemas sensibles, cualquier acción destructiva tiene repercusiones amplificadas. Por eso, es fundamental actuar con conciencia, ética y compromiso por un futuro sostenible.

Los ecosistemas no pueden defenderse solos. Nuestra voz, nuestra organización y nuestra acción son parte de su defensa.

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Parásitos, tendidos eléctricos y asfalto: el grito silenciado del Caribe Sur

mayo 18, 2025

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⚠️ Advertencia: contenido sensible

Las imágenes que acompañan esta nota contienen escenas explícitas del sufrimiento de animales silvestres electrocutados y parasitados. Su contenido puede resultar perturbador o herir sensibilidades. Se publican con fines informativos y de denuncia, para visibilizar la gravedad de una problemática ambiental urgente en el Caribe Sur de Costa Rica.

Recomendamos discreción, especialmente para personas sensibles o menores de edad.

Gracias a los constantes monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica, esta nota busca visibilizar una problemática que ha ido en aumento y que continúa cobrando la vida de numerosos animales silvestres: la electrocución por cables del tendido eléctrico. Vangoidsenhoven ha documentado con rigor los casos, alertando sobre el grave impacto que esta tragedia silenciosa tiene en la biodiversidad local y sobre la urgente necesidad de acciones concretas para prevenirla. A estos eventos se suma la preocupante presencia de tórsalos —larvas parásitas que afectan a mamíferos y aves, debilitándolos seriamente—, así como el atropello frecuente de animales en las carreteras, lo que agrava aún más la situación de la fauna en una zona donde el desarrollo turístico y urbano avanza sin considerar adecuadamente la protección de los ecosistemas.

En esta región del país, la fauna silvestre enfrenta una amenaza creciente provocada por el cruce entre el desarrollo humano y una infraestructura eléctrica mal planificada. A diario se reportan casos de animales muertos al pie de postes eléctricos. Monos congo, perezosos, martillas y zorros pelones han sido víctimas recurrentes de este fenómeno. Las especies que antes se desplazaban de árbol en árbol, ahora se ven obligadas a utilizar los cables eléctricos como puentes debido a la fragmentación del bosque, exponiéndose a una muerte dolorosa e innecesaria. Nos alerta

“Vea, fíjese en esa foto del congo electrocutado… está repleto de tórsalos. Ese animal sufrió demasiado”.

El testimonio no solo evidencia el sufrimiento de los animales, sino también una creciente preocupación comunitaria: los cuerpos de los animales no solo muestran quemaduras, sino también infestaciones severas de parásitos, lo que podría indicar un deterioro profundo en su salud y en el equilibrio del ecosistema.

Un síntoma alarmante: fauna parasitada

Entre los hallazgos más inquietantes están los tórsalos, larvas de moscas parásitas que se desarrollan bajo la piel de mamíferos, aves e incluso humanos. Estas larvas provocan heridas abiertas, infecciones, debilitamiento del sistema inmunológico y un gran sufrimiento físico. Aunque su presencia puede considerarse natural en algunos entornos, la aparición masiva de tórsalos en animales electrocutados sugiere condiciones anormales.

¿Por qué ahora y por qué en tantos individuos? Expertos y pobladores plantean que los tórsalos podrían estar proliferando debido al debilitamiento generalizado de la fauna. Factores como la contaminación ambiental, el estrés provocado por la pérdida de hábitat, la desnutrición, la exposición a químicos y la constante interacción con infraestructura humana aumentan la vulnerabilidad de los animales a infecciones parasitarias. La fragmentación del bosque ha obligado a muchas especies a desplazarse por caminos peligrosos, como los cables eléctricos, lo que agrava aún más su exposición al peligro.

Esta situación no es solo una afección individual: puede afectar a poblaciones enteras, reducir su capacidad de reproducción, aumentar la mortalidad y alterar la dinámica ecológica. Observar animales con infestaciones severas debe alertarnos sobre un entorno que está fallando en proveer las condiciones básicas para la vida.

Impacto ecológico: más allá de las especies individuales

La electrocución y el debilitamiento de animales silvestres afectan mucho más que a las especies directamente implicadas. En ecosistemas complejos como el del Caribe Sur, cada especie cumple funciones clave para el equilibrio del bosque: los monos dispersan semillas, los perezosos influyen en la vegetación, los depredadores median el control de plagas. Su desaparición crea vacíos funcionales que afectan también a otras especies, e incluso a los humanos.

La pérdida de biodiversidad disminuye la resiliencia del ecosistema frente al cambio climático, altera procesos ecológicos fundamentales y debilita la sostenibilidad de los territorios. Las consecuencias se sienten en la salud de los suelos, la disponibilidad de agua, la productividad agrícola y el aumento del riesgo de enfermedades. Proteger a la fauna silvestre es proteger los tejidos vivos que sostienen la vida en esta región.

¿Desarrollo o destrucción? Una mirada crítica a la infraestructura eléctrica

La expansión del tendido eléctrico y la construcción de nuevas carreteras suelen celebrarse como signos de progreso, conectividad y desarrollo económico. Sin embargo, cuando estos avances se ejecutan sin planificación ambiental ni conciencia ecológica, generan consecuencias devastadoras para la vida silvestre.

En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y con una estrecha relación entre comunidades y ecosistemas, la infraestructura mal diseñada se convierte en una trampa mortal. No solo los cables eléctricos mal aislados matan a animales que usan las copas de los árboles para desplazarse. También las carreteras —cada vez más amplias, con tráfico más veloz y sin pasos de fauna— provocan atropellos diarios de especies como armadillos, zarigüeyas, serpientes, martillas y hasta perezosos.

Más carreteras sin planificación significan más barreras ecológicas, más fragmentación del hábitat y menos posibilidades para que la fauna se desplace de forma segura. A esto se suma la velocidad con la que se conduce, especialmente en zonas rurales y turísticas, sin señales adecuadas ni respeto por la fauna local. El resultado: miles de animales mueren atropellados cada año, muchos de ellos especies vulnerables o clave para el ecosistema.

El “desarrollo” que no incorpora medidas de coexistencia con la naturaleza no es progreso, es una amenaza. Instalar electricidad y abrir caminos no puede hacerse a costa de la vida silvestre. La sostenibilidad exige que pensemos en pasos de fauna, límites de velocidad, reforestación y diseño de infraestructura amigable con los ecosistemas. Solo así podremos hablar de un desarrollo verdaderamente justo y duradero.

Acciones concretas para mitigar la electrocución de fauna

Para revertir esta situación, es urgente articular esfuerzos entre instituciones públicas, empresas eléctricas, organizaciones comunitarias y ciudadanía. Algunas medidas clave incluyen:

Aislar los cables eléctricos en zonas de alto tránsito de fauna, reduciendo el riesgo de electrocución.
Instalar puentes de dosel o pasos aéreos que permitan a los animales cruzar con seguridad sin depender del tendido eléctrico.
Realizar monitoreos comunitarios y reportes ciudadanos sobre animales electrocutados, para identificar zonas críticas y actuar preventivamente.
Promover la reforestación con especies nativas, restaurando la conectividad biológica entre árboles y evitando que los animales recurran a los cables.
Impulsar normativas y políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar criterios de protección de biodiversidad en sus diseños.
Capacitar a técnicos eléctricos, personal municipal y comunidades sobre cómo evitar daños a la fauna mediante intervenciones simples y efectivas.
Apoyar campañas locales de conservación y denuncia, lideradas por organizaciones, colectivos o personas defensoras del ambiente.

Estas acciones no solo salvan vidas animales, también protegen el equilibrio ecológico del que todos dependemos.

Tórsalos: un indicador del deterioro ambiental

La proliferación de tórsalos no debe verse como un evento aislado, sino como un indicador de alarma. Cuando un ecosistema saludable empieza a mostrar signos de infestaciones severas, significa que algo está fallando en sus procesos naturales de regulación. La presencia masiva de estos parásitos, especialmente en animales electrocutados, nos habla de seres vivos que ya estaban débiles antes de morir, y de un ambiente que no está cumpliendo su función protectora.

Factores como el cambio climático, el uso de pesticidas, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación están generando un entorno propicio para este tipo de desequilibrios. Ver animales con decenas de tórsalos en su cuerpo no puede ser tomado a la ligera. Es una señal clara de que debemos actuar con urgencia para restaurar el equilibrio natural y prevenir más sufrimiento innecesario.

Cuidar la vida silvestre es cuidar la vida común

La situación que enfrenta la fauna del Caribe Sur no es un asunto menor ni aislado: es un reflejo de la relación que mantenemos con la naturaleza. Si seguimos construyendo sin pensar en quienes habitan los ecosistemas, los resultados serán devastadores. Proteger a los animales no es un lujo ni un capricho ambientalista, es una responsabilidad ética y una condición necesaria para la vida en comunidad.

La vida en el Caribe Sur depende de un equilibrio entre desarrollo humano y respeto por los ecosistemas. No podemos permitir que más animales mueran en silencio. Exijamos acciones, generemos conciencia y seamos parte del cambio.

Galería

⚠️ Nota informativa sobre contenido sensible

Se encuentra disponible un conjunto de imágenes que documentan casos reales de electrocución de fauna silvestre en el Caribe Sur de Costa Rica. Estas fotografías muestran animales afectados por el tendido eléctrico, en algunos casos también infestados por parásitos como los tórsalos.

⚠️ Advertencia: Las imágenes contienen escenas explícitas de sufrimiento animal y pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Han sido recopiladas y puestas a disposición con fines informativos, educativos y de denuncia, para visibilizar una problemática ambiental urgente y promover acciones concretas que prevengan más muertes innecesarias.

📥 Si deseas acceder a estas imágenes para apoyar procesos de sensibilización, investigación o comunicación, puedes descargarlas aquí:

Agradecemos el uso responsable y ético de este material.

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Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense

mayo 16, 2025

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En el Caribe Sur de Costa Rica, la destrucción de humedales y ecosistemas forestales ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sostenida, violenta y, en muchos casos, normalizada. Testimonios recientes de personas que habitan la zona dan cuenta de un patrón repetitivo que amenaza no solo la biodiversidad, sino también el tejido social y cultural de las comunidades locales.

“Esa es la táctica que están usando todos: sacan la última madera del terreno, muchas veces con permisos ilegales, y luego vienen con maquinaria pesada para escarbar, secar y rellenar”, explica un vecino. Este “monoaprovechamiento”, como se le llama localmente, inicia con la tala masiva y la salida de madera en camiones, incluso con decomisos registrados por parte de las autoridades. En una segunda etapa, ingresan dragas y excavadoras que alteran el curso natural del agua, removiendo grandes cantidades de tierra. Posteriormente, el terreno es rellenado con material traído de otros sitios, a menudo de áreas montañosas como en Bribri, donde incluso se reporta el desmonte de lomas enteras para alimentar el negocio del relleno.

En zonas como Cahuita, Puerto Viejo y alrededores, este modelo destructivo se ha intensificado. En las últimas semanas, árboles han sido talados y quemados a plena vista del público. Aunque en algunos casos se han enviado a las autoridades —como una intervención de la Fiscalía que logró tapar un canal ilegal—, muchas otras acciones quedan sin respuesta. La falta de vigilancia y la limitada capacidad de fiscalización local permite que estos proyectos sigan avanzando.

La indignación de quienes sí denuncian es evidente: “Llamás a todo el mundo, pero nadie actúa. ¿Cómo puede ser que uno ve todo esto y nadie hace nada?”, se pregunta con frustración un residente, quien ha presentado múltiples denuncias sin éxito. La complicidad institucional, ya sea por omisión o por intereses económicos, parece estar en el centro del problema. En palabras del denunciante, “la municipalidad protege a estos clientes porque pagan muchos impuestos”.

Esta nota se realizó gracias a la participación de Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental comprometido con el seguimiento y monitoreo de estas prácticas ilegales en la región. Su trabajo sostenido ha sido clave para visibilizar la devastación y exigir respuestas ante la impunidad ambiental.

A pesar del temor, la impotencia y el desgaste, estas voces también nos recuerdan la importancia de no quedarse en silencio. Cada denuncia, cada foto, cada testimonio es una forma de documentar un proceso que pretende operar en la sombra. Frente a un modelo extractivo que actúa con rapidez, organización y recursos, la defensa del territorio necesita igual o mayor determinación.

La situación en el Caribe Sur evidencia una urgencia: la de detener el avance de este tipo de destrucción ambiental antes de que los humedales desaparezcan completamente y con ellos, la posibilidad de una vida en equilibrio con la naturaleza.

Cambio de uso del suelo en el Caribe Sur: una práctica organizada con consecuencias irreversibles

Lo que está ocurriendo en el Caribe Sur de Costa Rica no es solo una sucesión de hechos aislados de tala y relleno de humedales. Detrás de cada árbol caído y cada terreno drenado, existe un patrón de acción estructurado que responde a intereses económicos específicos, articulados con redes de impunidad institucional. Este cambio de uso del suelo —de humedales y bosques a áreas urbanizadas o comerciales— no solo viola normativas ambientales, sino que genera impactos ecológicos irreversibles.

Los testimonios recabados muestran cómo esta transformación del territorio sigue etapas claras: tala de árboles, extracción de madera, dragado con maquinaria pesada, desvío de aguas y relleno con tierra transportada desde otras zonas. Esta cadena de acciones, aparentemente legalizada a través de permisos dudosos o el silencio cómplice de autoridades locales, permite ocultar un daño profundo: la desaparición de ecosistemas clave como humedales, que cumplen funciones vitales en la regulación del agua, el control de inundaciones y el sustento de la biodiversidad.

El cambio de uso del suelo en zonas protegidas o ambientalmente sensibles implica, además, una ruptura del equilibrio ecológico que difícilmente puede revertirse. La compactación del suelo, la alteración de los ciclos hídricos y la pérdida de cobertura vegetal afectan no solo a especies animales y vegetales, sino también a las comunidades humanas que dependen de estos ecosistemas para su vida cotidiana, su cultura y su economía local.

Estas formas de ocupación del territorio, que avanzan en silencio o bajo apariencia de legalidad, responden a lógicas extractivas y especulativas: el valor económico del terreno aumenta una vez transformado, y las inversiones en infraestructura sustituyen los valores ecológicos por valores de mercado. El resultado es un proceso de gentrificación ambiental donde se priorizan intereses privados por encima del bien común y los derechos de las comunidades.

Frente a este escenario, es urgente reconocer que no se trata solo de delitos ambientales, sino de un modelo territorial que amenaza la sostenibilidad de la región. Visibilizar estos patrones, denunciar su lógica estructural y exigir una respuesta coherente del Estado no es solo una acción legal: es un acto de defensa del futuro.

El negocio detrás del relleno de humedales

El relleno de humedales ha dejado de ser una práctica aislada para convertirse en un negocio estructurado y lucrativo. Empresas dedicadas al movimiento de tierra y al raspado de lomas operan activamente en la zona, extrayendo grandes volúmenes de material que luego se usa para rellenar humedales, quebradas y zonas inundables. Este proceso, que incluye el uso frecuente de bagonetas, se realiza muchas veces sin permisos ambientales o con el aval de autoridades que hacen caso omiso a las denuncias. El relleno permite “recuperar” terrenos a bajo costo, que luego se valorizan para fines turísticos, habitacionales o comerciales. Esta cadena de ilegalidades genera ganancias para operadores privados, mientras acelera la pérdida irreversible de ecosistemas, la alteración de flujos de agua y el aumento del riesgo de inundaciones. Todo esto ocurre en medio de una débil fiscalización estatal y un modelo de desarrollo que prioriza la especulación sobre la protección ambiental.

Galería

Quema de árboles

Este registro fotográfico corresponde al 16 de mayo del 2025

Leer la realidad en el aula: una herramienta para educar con sentido y transformar el mundo – Nuevo cuaderno metodológico

mayo 16, 2025

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En tiempos marcados por el desencanto, las desigualdades y el vaciamiento de sentido en muchos espacios educativos, este cuaderno metodológico llega como una invitación urgente y poderosa: leer la realidad para no enseñarla en silencio.

📘 Leer la realidad en el aula, parte de la serie Huellas Cimarronas, es mucho más que un recurso didáctico: es una propuesta pedagógica viva que coloca en el centro la experiencia, el cuerpo, el conflicto, el territorio y la palabra. Inspirado en el pensamiento de Paulo Freire y nutrido por la práctica crítica de educadores como Miguel Escobar Guerrero y Merary Vieyra Carmona en la UNAM, este material propone una pedagogía ética, afectiva y situada.

🔍 ¿Qué encontrarás en este cuaderno?

Una guía metodológica para trabajar con docentes, estudiantes y comunidades desde la experiencia cotidiana.
Claves para mirar el aula como un territorio político y afectivo, donde las tensiones se convierten en oportunidades pedagógicas.
Módulos prácticos sobre escucha activa, conflicto, diálogo de saberes y acción transformadora.
Un glosario con conceptos clave como pedagogía afectiva, cultura del silencio, racionalidad inconsciente y digna rabia.
Actividades concretas para leer el contexto desde el aula y actuar colectivamente para transformarlo.

💡 Aportes destacados
Este cuaderno rescata la lectura de la realidad como un proceso colectivo, crítico y creativo, y propone herramientas como dramatizaciones (RAPS), entrevistas comunitarias, mapas afectivos y diseños pedagógicos basados en conflictos reales del entorno. Además, articula pensamiento freiriano, psicoanálisis social y saberes comunitarios, proponiendo una pedagogía afectiva que vincula deseo, afecto y acción colectiva.

🌱 Este material está dirigido a docentes, colectivos pedagógicos, estudiantes, educadorxs populares y comunidades organizadas que creen en la educación como un acto de esperanza y resistencia.

🔗 Léelo, compártelo, siémbralo en tu práctica educativa.
Transformar el aula es empezar a transformar el mundo.

Pueden descargar el documento aquí.

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Día del Campesino: entre el abandono estatal y la digna rabia de los productores indígenas en Talamanca

mayo 15, 2025

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Este artículo se desarrolla a partir de una conversación con integrantes de la organización indígena Antonio Saldaña, un colectivo que lucha por los derechos de las personas productoras en Talamanca. En el marco del Día del Campesino, este colectivo alza la voz para denunciar que, mientras el país celebra simbólicamente a quienes trabajan la tierra, las comunidades indígenas continúan enfrentando condiciones de vida marcadas por el abandono institucional, la injusticia económica y la invisibilización sistemática.

Desde hace años, las personas indígenas que se dedican al cultivo de banano, cacao, plátano y otros productos tradicionales enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Nos siguen pagando miseria por el banano mientras las empresas exportadoras se llenan los bolsillos”, señalan desde la organización. Según denuncian, los precios los imponen intermediarios sin ningún control estatal, y los costos de producción superan muchas veces las ganancias obtenidas.

Lejos de las estadísticas oficiales que enarbolan el crecimiento del sector agroexportador, la realidad en los territorios indígenas es de precariedad. Las comunidades enfrentan dificultades para acceder a créditos, infraestructura básica y rutas adecuadas para comercializar sus productos. Además, enfrentan trabas burocráticas e institucionales que limitan su derecho a la tierra y a decidir sobre sus formas de producción.

La organización Antonio Saldaña subraya que esta situación no es nueva, pero se agrava cada año ante la indiferencia estatal y el avance del modelo extractivista que expulsa al campesinado de sus territorios o lo somete a condiciones laborales de cuasi esclavitud. “El Día del Campesino se ha convertido en una fecha decorativa, cuando en realidad debería ser un momento de lucha y memoria. No queremos felicitaciones, queremos justicia y autonomía para trabajar nuestra tierra en paz”, afirma una lideresa bribri.

La lucha de las comunidades en Talamanca no es solo por precios justos o por reconocimiento cultural: es una lucha por la vida, por el derecho a permanecer en los territorios sin ser empujadas a la pobreza o al éxodo. Frente al olvido institucional, las redes de solidaridad, las prácticas agroecológicas, el trueque, el trabajo comunal y los saberes ancestrales se convierten en actos cotidianos de resistencia y dignidad.

Este 15 de mayo, Día del Campesino, las comunidades indígenas de Talamanca nos recuerdan que sin justicia social, sin acceso a tierra, sin respeto a sus formas de vida y sin políticas que los escuchen, no hay nada que celebrar. En cambio, hay mucho por transformar.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.

Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.

Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Raíces de lucha campesina: mujeres rurales frente al abandono estatal

mayo 15, 2025

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El abandono institucional que permitió la pérdida de una finca cultivada por mujeres durante más de dos décadas

En la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres organizadas bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza ha vivido, desde 2022, el despojo progresivo de una finca que cultivaron y protegieron durante más de 23 años. Este hecho, lejos de ser un conflicto aislado, refleja la gravedad de la inacción institucional, particularmente por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y las consecuencias del abandono estatal en territorios rurales fronterizos.

Durante más de dos décadas, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. La finca, conocida por ellas como “el pulmón de la esperanza”, fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño.

Todo esto cambió en febrero de 2022, cuando comenzaron a ingresar personas y sus familias al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Aunque muchas de estas familias provienen de comunidades cercanas, el conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, sus construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo.

Lejos de intervenir para proteger a quienes venían trabajando la tierra por décadas, el INDER se ha mantenido en una posición ambigua y pasiva. A pesar de múltiples gestiones, la institución no ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado, ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Peor aún, hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales.

A pesar de todo, las mujeres no se han rendido.

“Estamos firmes en esta lucha por alcanzar nuestro objetivo, que es la recuperación de la tierra y la obtención de la escritura que nos corresponde por derecho. Han pasado más de 30 años desde que se formó el asentamiento, de los cuales 27 han sido de ocupación y trabajo continuo, sosteniendo el territorio con esfuerzo, compromiso y dignidad. A pesar de los últimos tres años de usurpación, seguimos presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no nos iremos hasta lograr lo que es justo. Lo decimos con claridad: no se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo.”

El caso refleja un patrón doloroso: cuando los proyectos comunitarios, sobre todo los liderados por mujeres rurales, no son formalizados mediante títulos de propiedad, quedan a merced de intereses ajenos y de la inacción estatal. Esta omisión, más que una falla técnica, constituye una forma de violencia institucional que debilita los procesos comunitarios y contribuye al despojo silencioso de quienes sí cuidan y trabajan la tierra.

Las mujeres de Nueva Esperanza siguen organizadas, exigiendo el reconocimiento legal de su derecho histórico a la tierra y la intervención inmediata de las autoridades para resolver un conflicto que nunca debió haber escalado hasta este punto. Hoy, más que nunca, es urgente que el INDER y demás instituciones cumplan con su mandato: apoyar a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

Cuando el Estado calla: las consecuencias de no reconocer los derechos de las mujeres rurales

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza no es solo una muestra de abandono institucional, sino también una evidencia clara de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país.

La omisión prolongada del INDER, así como la inacción de instituciones como la Fuerza Pública, el Juzgado Agrario y el Ministerio de la Presidencia, ha tenido consecuencias materiales devastadoras: pérdida del acceso a la tierra, destrucción de infraestructura construida colectivamente, desaparición de documentos legales, daños ambientales irreversibles y la paralización total de un proyecto agroecológico comunitario.

Pero más allá de lo material, el impacto emocional, político y social ha sido profundo. Las mujeres han sufrido desilusión, desgaste, miedo y desesperanza. Algunas se han desvinculado del colectivo tras años de lucha infructuosa. Otras persisten, pero cargan con el dolor de ver destruido lo que fue su espacio de encuentro, su fuente de autonomía y su símbolo de dignidad. El silencio institucional no solo las despojó de su tierra, también intentó arrancarles el sentido de pertenencia, de comunidad y de propósito.

No reconocer ni regular el derecho al uso y propiedad de tierras por parte de colectivos organizados—y en particular por mujeres—refuerza desigualdades estructurales de género, clase y territorialidad. También envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden ignorarse si quienes los ejercen no tienen poder político o económico.

Este caso expone cómo el Estado reproduce formas de violencia institucional encubiertas bajo trámites, tecnicismos o supuesta neutralidad. Lo que debió ser un proceso de regularización y reconocimiento legal, se transformó en un escenario de impunidad, donde la especulación, la reventa de terrenos y el clientelismo encontraron espacio fértil para crecer.

Ignorar a las mujeres que cuidan la tierra, que la regeneran y la ponen al servicio de su comunidad, es una forma de despojo con rostro institucional. Si el Estado no actúa para reparar este daño, no solo será cómplice de esta injusticia, sino que continuará erosionando la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

¿Quiénes son las Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza?

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza nació hace más de 25 años en la comunidad de Caño Negro, cantón de Los Chiles, como una iniciativa de mujeres jefas de hogar comprometidas con la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y el desarrollo comunitario. Durante 23 años cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización.

En esta parcela, desarrollaron prácticas de agricultura orgánica, evitando el uso de agroquímicos y apostando por la regeneración del suelo. Sembraban maíz, hortalizas y otros productos básicos, tanto para el consumo propio como para la venta. Lo que no se comercializaba, se repartía entre las asociadas. La producción era fruto del esfuerzo colectivo, y contaron con el acompañamiento técnico de personas estudiantes y profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como con apoyo de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del cultivo, la asociación construyó y mantuvo diversas infraestructuras comunitarias en la finca:

Invernadero productivo, diseñado para extender ciclos de cultivo.
Granero y bodega, para el almacenamiento de granos y herramientas.
Área de empaque y lavado, donde se preparaban las cosechas para su distribución.
Cocina colectiva y horno de pan, que servían tanto para la alimentación durante las jornadas de trabajo como para actividades de autogestión económica.
Casa de reuniones y oficina administrativa, donde resguardaban documentos y celebraban sus asambleas.
Un aula multiusos, destinada a cursos de formación para mujeres y jóvenes, equipada gracias al esfuerzo colectivo y donaciones externas.

La finca no solo era una unidad productiva, sino también un espacio de encuentro, formación y fortalecimiento comunitario, especialmente para mujeres rurales. Por su valor ambiental y simbólico, la llamaban “el pulmón de Nueva Esperanza”, ya que era el único proyecto orgánico de la zona, rodeado de cultivos convencionales.

Este proyecto representa un ejemplo vivo del impacto positivo que tienen las organizaciones de base cuando reciben condiciones mínimas de estabilidad y apoyo institucional. Su desmantelamiento, ante la vista y paciencia de las autoridades, es una pérdida no solo para las mujeres que lo sostuvieron, sino para toda la comunidad y para el país.

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Finca Dos Ríos: sembrando dignidad en el Día del Campesino que no llega

mayo 15, 2025

with No Comment COMUNIDADES extractivismos

Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.

Finca Dos Ríos, ubicada en Guacimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.

“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia

Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.

A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.

Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.

Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.

Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria

Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.

En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.

Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.

Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.

Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días.

Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.

Finca Dos Ríos ¿Cómo llegamos a esto?

mayo 14, 2025

with No Comment COMUNIDADES

En Finca Dos Ríos, Guácimo, más de un centenar de familias campesinas enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y la lucha por el derecho a la tierra. Tras la quiebra de una empresa bananera, muchas de estas personas ocuparon legalmente los terrenos que habían trabajado durante años. Hoy, sus historias revelan un panorama de amenazas de desalojo, cobros injustificados e inseguridad jurídica, en medio del abandono estatal. En este video, son ellas y ellos quienes toman la palabra: comparten sus vivencias, su resistencia y su llamado urgente a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.

«Basurero» Regional de Osa : Línea del tiempo de un proyecto que amenaza la vida

mayo 14, 2025

with No Comment extractivismos TERRITORIOS

Desde noviembre de 2024, el proyecto denominado “Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Me’at”, ubicado en el cantón de Osa, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos técnicos, administrativos y legales, principalmente debido a su posible impacto ambiental sobre cuerpos de agua presentes en el terreno.

Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de manejo de residuos con un enfoque tecnológico, las evidencias recabadas por distintas instituciones señalan inconsistencias en la información suministrada y omisiones relevantes en el proceso de evaluación ambiental.

Una viabilidad ambiental impugnada

El 22 de noviembre de 2024, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un Recurso de Nulidad Absoluta contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto, marcando el inicio de una investigación formal. Posteriormente, el 14 de enero de 2025, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) emitió la Resolución N.º 0063-2025, que suspende cautelarmente los efectos de la licencia ambiental mientras se realiza una revisión a fondo.

El 22 de enero, la empresa desarrolladora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, intentando revertir la medida, lo que generó un proceso legal paralelo.

Presencia de cuerpos de agua: el punto crítico

La visita técnica de SETENA realizada el 13 de febrero de 2025 reveló un hallazgo determinante: la existencia de una quebrada claramente visible en el terreno no había sido considerada en el Estudio de Impacto Ambiental. En palabras del informe técnico: “no hay forma de cómo no verla”, cuestionando así la veracidad y rigurosidad del estudio presentado.

El tema se profundizó aún más tras una inspección de la Dirección de Aguas del MINAE, el 6 de marzo de 2025, cuyo dictamen técnico (DA-UHTPSOG-0109-2025) confirmó la presencia de cinco cuerpos de agua en el sitio: dos quebradas (una intermitente y una permanente) y tres nacientes (dos intermitentes y una permanente).

Estos elementos ponen en duda la idoneidad del terreno para albergar un proyecto de gestión de residuos, debido al riesgo potencial de afectar fuentes hídricas que podrían tener funciones ecológicas y sociales relevantes para el territorio.

Resoluciones y procesos en curso

A lo largo de marzo y abril, SETENA emitió una serie de resoluciones que reflejan tanto la complejidad del caso como la necesidad de mayor claridad técnica:

La Resolución 0389-2025 del 12 de marzo suspende el análisis de fondo del recurso de nulidad, en tanto se concluye el proceso de fiscalización interna.
La Resolución 0388-2025 rechaza el recurso de revocatoria de la empresa y traslada el expediente al MINAE para continuar el proceso por la vía jerárquica.
El 25 de abril, SETENA publica la Resolución 0589-2025, corrigiendo errores materiales en documentos anteriores.

Mientras tanto, la empresa solicitó una prórroga de 12 meses para cumplir con requerimientos técnicos, la cual fue rechazada por SETENA. En su lugar, se le otorgó una extensión de 15 días hábiles, contados desde el 13 de mayo, para entregar la documentación específica solicitada.

Estado actual y necesidad de respuestas claras

El 12 de mayo de 2025, se incorporaron dos documentos clave al expediente:

Una solicitud de información por parte del área legal del MINAE.
La respuesta de SETENA, donde se aclara que el análisis técnico aún está en proceso y que no se ha emitido una posición final respecto al recurso de nulidad.

¿Qué debemos tener presente?

El caso del proyecto Ka Me’at pone en evidencia la importancia de que los procesos de evaluación ambiental sean rigurosos, transparentes y coherentes con la realidad del territorio. La confirmación oficial de que existen cuerpos de agua activos en el área del proyecto plantea serias dudas sobre la conveniencia de avanzar con una iniciativa de esta naturaleza en esa ubicación específica.

No se trata únicamente de una discusión técnica, sino de una decisión que podría tener consecuencias duraderas sobre los ecosistemas locales y el derecho de las comunidades a un ambiente sano y protegido.

Pueden descargar la infografía aquí:

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Detalle de documentos y eventos citados

El día 22 de noviembre 2024: Diputado Ariel Robles Barrantes interpuso un Recurso de Nulidad Absoluta contra esa viabilidad ambiental. Este es el folio: 98, nombre de archivo: 11519_2024_22112024122759_1.pdf

El día 14 de enero 2025: SETENA emite resolución N° 0063-2025 SETENA. Con esta resolución «Impone una medida cautelar de suspensión de los efectos de la Licencia de Viabilidad Ambiental otorgada». Este es el folio: 121, nombre de archivo: ART 032 RES 0063-2025 EXP D1-0815-2022.pdf

El día 22 de enero 2025: Mediante el Oficio «NOVA-2201-04-2025» la empresa presenta un recurso «RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 0063-2025-SETENA DE LAS 14 HORAS 51 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2025 DICTADA POR LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBEINTAL (SETENA) QUE DICTA MEDIDA CAUTELAR». Este es el folio: 123, nombre de archivo 00761_2025_221202515748_1.pdf

El día 13 de febrero 2025: SETENA visito la finca. Rescatar el reporte sobre la quebrada: “Ahora bien, dado a que la quebrada es notoria en el campo (no hay forma de cómo no verla), no se entiende por qué el Consultor Ambiental la omitió “no sabemos las razones”, durante el proceso de EIA inicial que se presentó a la SETENA,” Folio: 134, Archivo: SETENA-DT-ASA-0294-2025_D1-0815-2022_VGA_Visita, oficio y otros.pdf

El día 06 de marzo 2025: Dirección de Aguas visitó la finca para dictaminar cuerpos de agua. Hay 5 reportados en total. Dictamen en oficio «DA-UHTPSOG-0109-2025» con fecha del 13 de Marzo 2025. Rescatar el por tanto: DA-UHTPSOG-0109-2025

Por tanto, se determina que lo observado en campo corresponde a dos quebradas y tres nacientes, de las cuales, dos nacientes son intermitentes, una naciente permanente, una quebrada permanente y una intermitente. Folio 140, Archivo: DA-UHTPSOG-0109-2025_Exp-42066-DI_Nuevo Dictamen.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0389-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025.

Según se puede interpretar se mantiene en espera el recurso de nulidad: «PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, se suspende el conocimiento de la gestión de Nulidad por el fondo hasta tanto se concluya con el proceso de fiscalización e investigación que se está realizando por parte del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental». Folio: 155, Archivo: RES-0389-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0388-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025. Según se puede interpretar se rechaza el recurso de revocatoria y se da paso a trasladar el expediente al Ministro de Ambiente. Folio: 157, Archivo: RES-0388-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Según se interpreta el oficio «SETENA-AJ-0069-2025», se notifica a Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE. Folio: 159, Archivo: SETENA AJ-0069-2025 -D1- 0815-2022 Remisión a la DAJ-Apelación.pdf

El día 25 de abril 2025: Se publica la RESOLUCION N° 0589-2025-SETENA del día 09 de abril de 2025. Corrección de un error material un mal nombrado de un número de resolución. Archivo 163, Archivo: ART 015 RESOLUCION 0589-2025 EXPEDIENTE D1-0815-2022 SETENA.pdf

El día 8 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:170

Archivo: SETENA-DT-ASA-0928-2025_D1-0815-2022_VGA_Ampliación Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Error.pdf

Con consecutivo: SETENA-DT-ASA-0928-2025.

Asunto:

Corrección error material oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y ampliación de lo solicitado en el Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y SETENA-DT-ASA-2170-2024

Número del expediente: D1-0815-2022-SETENA

Nombre del proyecto: Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat

Detalle más relevante:

Se rechaza la solicitud, se da 15 días hábiles de plazo a partir del 13 de Mayo 2025. “Analizada la justificación presentada por el desarrollador, se determina que no procede otorgar la ampliación por el plazo de 12 meses como lo solicita el desarrollador, lo anterior debido a que esta Secretaría no ordenó al desarrollador presentar un nuevo criterio que justifique la presentación de Solicitud de Modificación de Criterio Técnico sobre Fuentes de Agua ante la Dirección de Aguas del MINAE. El trámite efectuado ante la Dirección de Aguas de MINAE en la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur (UHTPS), es una gestión no vinculada con lo solicitado por esta Secretaría en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Lo requerido por la SETENA se basa en los criterios técnicos vigentes DA-UHTPSOG-0130-2023 y DA-UHTPSOG-0109-2025, emitidos por dicha Dirección los cuales son de carácter vinculante para con SETENA en el proceso investigación que se lleva a cabo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto es procedente concederle la prórroga, por un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 13 de mayo de 2025; para la presentación de la información solicitada en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025.”

El día 9 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:167

Archivo: Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Mayo 2025.pdf

Con consecutivo: NOVA-3004–09-2025.

Asunto: Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025.

Detalle más relevante: Empresa Solicitaba 12 meses para hacer actividades.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 172

Archivo: Oficio DAJ-MINAE-0574-2025 (Legal-MINAE) a SETENA D1-0815-2022.pdf

Oficio: DAJ-DAJ-MINAE-0574-2025

Asunto: Solicitud de información Expediente D1-0815-2022

Puntos Relevantes:

-Si ASA, ha procedido a analizar la información aportada al expediente requerida en los oficios: SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-2210-2024 2024

-Indicar ¿En qué estado se encuentra dicho análisis?

-Indicar la fecha exacta en que fue aportada la respuesta al expediente, de conformidad con los plazos dados por SETENA.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 174

Archivo SETENA-SG-0595-2025 RESPUESTA OFICIO DAJ-MINAE-0574-2025.pdf

Asunto:

Respuesta a oficio DAJ-MINAE-0574-2025

Oficio: SETENA-SG-0595-2025

Punto Relevante:

Esta Secretaría no ha dado por concluido el análisis de la información solicitada mediante los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Una vez que el desarrollador presente la información requerida, esta será evaluada en conjunto con el área legal, con el fin de emitir una respuesta al señor diputado Ariel Robles en relación con el incidente de nulidad de la resolución N.° 0193-2024-SETENA.

Pueden consultar toda esta documentación en el sitio web de SETENA

La vigilancia comunitaria: un pilar en la defensa del ambiente

Este seguimiento detallado al caso del proyecto Ka Me’at no ha sido impulsado únicamente por instancias técnicas o legislativas, sino que ha contado con el trabajo incansable de personas organizadas en las comunidades de Osa, quienes han ejercido su derecho —y también su deber— de monitorear, cuestionar y exigir transparencia en los procesos ambientales que les afectan directamente.

A través del análisis de expedientes, visitas al sitio, presentación de recursos, articulación con actores institucionales y generación de información pública, la comunidad ha logrado visibilizar contradicciones y vacíos técnicos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos.

Este proceso demuestra que la participación activa y vigilante de la ciudadanía es clave para proteger los bienes comunes, como el agua, los suelos y la biodiversidad. El derecho a un ambiente sano no se defiende solo desde los escritorios: se construye todos los días desde el territorio, desde las asambleas comunales, desde la organización solidaria y el compromiso colectivo.

La experiencia de Osa es un ejemplo de democracia ambiental viva, donde las voces locales se levantan con fundamento y convicción para recordar que ningún desarrollo es viable si pasa por encima del equilibrio ecológico ni de la vida digna de las personas.

Todo lo que no se compra: Mujica y la defensa de lo común

mayo 14, 2025

with No Comment JUSTICIA ECOLÓGICA

En tiempos donde el mercado parece ocupar cada rincón de nuestras vidas, la figura de José “Pepe” Mujica se alza como un faro ético y político. Expresidente de Uruguay, exguerrillero y referente mundial por su estilo de vida austero, Mujica nos invita a repensar lo que realmente tiene valor en la vida: los bienes comunes.

Desde su chacra modesta en las afueras de Montevideo hasta los foros internacionales, Mujica ha defendido con firmeza una visión profundamente humana, donde el bienestar colectivo, la naturaleza y el tiempo libre deben estar por encima de la lógica del consumo y la acumulación.

Pensar lo común desde la vida cotidiana

La coherencia entre su discurso y su práctica política lo convierte en un referente singular. Mujica no sólo habló de sencillez, la vivió: renunció a lujos, donó gran parte de su salario como presidente y optó por una vida rural que simboliza su rechazo al consumismo como forma de vida.

Pero no se trata solo de austeridad personal. Para Mujica, vivir con menos no es sacrificio, sino una forma de liberar tiempo y energía para lo que realmente importa: el amor, la comunidad, la reflexión, el cuidado mutuo. En su visión, el tiempo, la naturaleza, la democracia y la vida en comunidad son bienes que deben cuidarse colectivamente, sin ser privatizados ni explotados.

Una ética política para cuidar lo que es de todos

En su discurso ante Naciones Unidas en 2013, Mujica planteó una de sus críticas más profundas al modelo de desarrollo global: “Nos están diciendo que tenemos que gastar y gastar, y que para eso tenemos que trabajar como esclavos”. Frente a ese modelo, propuso recuperar la libertad, entendida no como la acumulación de bienes, sino como la posibilidad de vivir con dignidad y en armonía con otros seres humanos y con la tierra.

Su pensamiento articula con fuerza la defensa de los bienes comunes. Es decir, aquellos elementos esenciales para la vida que no pueden reducirse a mercancía: el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, pero también la educación, la salud, el tiempo, la cultura, el lenguaje y los vínculos humanos.

Una infografía para compartir y reflexionar

La infografía “Todo lo que no se compra: Mujica y la defensa de lo común” recoge estos aspectos clave de su pensamiento y los conecta con debates urgentes sobre sostenibilidad, justicia socioecológica y democracia. Está pensada como una herramienta pedagógica y crítica, útil para procesos formativos, espacios comunitarios y debates políticos.

Te invitamos a descargarla, compartirla y utilizarla para abrir conversaciones sobre cómo queremos vivir y qué estamos dispuestos a defender colectivamente.

Porque, como dice el propio Mujica:

“La vida no es para comprar cosas, es para abrazar causas.”

Pueden descargar la infografía aquí

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