A partir de nuestro proceso de reflexión con personas vecinas de los Asentamientos de Monte Alto y otras partes de Alajuelita, reflexionamos sobre el contexto socioambiental y los desafíos que plantean para la organización comunitaria en torno al cuido del territorio.
El Gobierno de Costa Rica avanza hacia la desregulación y flexibilización de su normativa ambiental. Tras la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, ahora se presenta una propuesta para modificar el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales.
Esta tendencia se evidencia en los argumentos oficiales, donde se afirma que:
“La simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar los procesos que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo las cargas para los administrados.”(Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales – Ministerio de Salud, 2024)
Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿Quiénes realmente se benefician de esta flexibilización normativa? La propuesta no incluye mecanismos efectivos para garantizar la participación de las comunidades que podrían verse afectadas por vertidos de aguas residuales, ni contempla medidas claras para mitigar su impacto en el medio ambiente y la salud pública.
Los cuerpos de agua son esenciales para la vida, no solo por su uso en actividades humanas como el consumo, la agricultura o la industria, sino también por su papel fundamental en la conservación de ecosistemas y especies. La contaminación por vertidos no regulados amenaza la biodiversidad, afecta la calidad del agua potable y genera riesgos a la salud pública. Regulaciones claras y estrictas no solo protegen estos recursos, sino que también garantizan el acceso equitativo y sostenible a un bien común vital.
Nuestra infografía analiza expone las principales ausencias de la reforma y busca abrir el debate sobre las implicaciones de esta política de flexibilización ambiental que está marcando la gestión pública en Costa Rica.
Pueden ver la propuesta de reglamento aquí.
También recomendamos para profundizar la temática el libro «Calidad de agua: Salud de los ecosistemas y salud humana«, dónde se analiza cómo los vertidos de aguas residuales afectan la calidad del agua y los ecosistemas. Resalta la necesidad de regulaciones estrictas para mitigar la contaminación por nutrientes, metales pesados y contaminantes emergentes, promoviendo políticas sostenibles y tecnologías para el tratamiento adecuado de los vertimientos.
En los últimos años, hemos presenciado un aumento de casos relacionados con la contaminación de fuentes de agua, de las cuales dependen miles de personas para acceder al agua potable, casos como Cipreses de Oreamuno o Barranca de Puntarenas, han sido señales de alerta.
Estos eventos de contaminación, en muchas ocasiones, han estado vinculados a la creciente presión de actividades productivas como los monocultivos o prácticas agrícolas que manejan inadecuadamente los agrotóxicos, e incluso utilizan sustancias prohibidas.
Ante este contexto, el gobierno de la república, a través del Ministerio de Salud, propone una reforma mediante el decreto MS-AJ-CB-2932-2024, que modifica el decreto ejecutivo No. 38924-S del 12 de enero de 2015, conocido como el Reglamento para la Calidad del Agua Potable. La reforma establece el cambio de “Valores Máximos Admisibles” a “Valor de Alerta”.
Esta propuesta representa una flexibilización de la normativa ambiental, permitiendo una mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas en el agua potable destinada al consumo humano.
La contaminación de nuestras fuentes de agua por sustancias como el mancozeb y el clorotalonil es una muestra de la creciente fragilidad de nuestros territorios. Esto no solo afecta el consumo de agua potable, sino también provoca daños en los ecosistemas que dependen de esos cuerpos de agua.
Cualquier medida de protección y reconocimiento de la importancia de estos bienes comunes, como el agua para nuestras comunidades, no puede ser ignorada. Intentar flexibilizar la normativa vigente y permitir mayor tolerancia a la presencia de sustancias químicas puede tener un impacto negativo potencial en la salud humana y en los ecosistemas.
Por esta razón, les compartimos esta infografía que busca problematizar la actual propuesta y debatir sobre la pertinencia de la flexibilidad en la normativa ambiental.
La lucha por la tierra como bien común es el eje central del documento «Derecho a la Tierra en Finca Dos Ríos de Guácimo». A través del caso de esta finca ubicada en Guácimo, Limón, se analizan las tensiones entre las comunidades campesinas, que buscan garantizar su derecho a la tierra, y los intereses económicos que impulsan su privatización.
¿Por qué leerlo?
Este documento ofrece una mirada profunda y crítica sobre cómo las familias campesinas, a pesar de las amenazas de desalojo y el abandono estatal, han logrado gestionar la tierra de manera solidaria. Además, resalta la importancia de fortalecer el marco legal para proteger los bienes comunes y promover políticas públicas inclusivas que garanticen la seguridad alimentaria y la justicia social.
Accede al documento completo y descubre cómo las comunidades campesinas están transformando la adversidad en resistencia y esperanza.
Pueden descargar el documento aquí.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo enfrenta una crisis socioambiental crítica. El documento «Fiesta Bailable» expone las amenazas que enfrenta este ecosistema debido a la tala ilegal, la corrupción y el cambio de uso de suelo, poniendo en riesgo los bienes comunes naturales y los derechos de las comunidades afrocaribeñas e indígenas que habitan la región.
¿Por qué leerlo?
Este análisis revela cómo las comunidades locales han sido protagonistas en la defensa de Gandoca-Manzanillo, denunciando la destrucción de su territorio y articulando esfuerzos para protegerlo. Además, presenta propuestas clave para fortalecer la gobernanza participativa, combatir la corrupción y promover alternativas sostenibles que respeten la biodiversidad y las necesidades sociales.
Lee el documento completo y únete a la reflexión sobre la importancia de proteger los bienes comunes naturales y garantizar la justicia ambiental en el Caribe Sur de Costa Rica.
Pueden descargar el documento aquí.
El documento «Trayectos y luchas de los exestibadores» analiza la experiencia de los antiguos trabajadores portuarios de Limón, Costa Rica, quienes enfrentaron la pérdida de sus derechos laborales tras las reformas neoliberales de 1995. Este relato histórico destaca la resistencia y organización comunitaria como claves en la defensa de la justicia social frente al despojo económico.
¿Por qué leerlo?
Este texto visibiliza una lucha que trasciende generaciones: familias enteras que, a partir de la memoria histórica y la cohesión comunitaria, han defendido el trabajo digno y los bienes comunes sociales. La historia de los exestibadores es un llamado a repensar los modelos de desarrollo y a fortalecer la equidad social en contextos de exclusión.
Profundiza la historia de los exestibadores y reflexiona cómo el impulso del compañerismo y la acción colectiva son dimensiones para sostener e impulsar la defensa de los derechos laborales.
Desde Finca Dos de Guácimo nos reportan la grave situación que enfrentan las familias debido a los recientes temporales. Las afectaciones en la producción agrícola y el deterioro de su calidad de vida reflejan una realidad alarmante, marcada por la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable.
El principal problema es la contaminación de los pozos, que ha dejado a las familias sin una fuente segura de agua. Las alternativas para conseguir agua potable son extremadamente limitadas: los caminos inundados dificultan el traslado y los ríos cercanos están contaminados. Aunque la opción más cercana es acudir al centro de Guácimo, esta resulta inviable para la mayoría debido a la distancia y las precarias condiciones de las vías.
Conflicto de tierras y falta de apoyo institucional
La situación se complica porque las tierras están en conflicto legal y no están inscritas formalmente. Esta irregularidad impide que las instituciones brinden ayuda, dejando a las familias en un estado de desprotección.
A pesar de los esfuerzos de líderes comunitarios, como las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Guácimo para mejorar los caminos, el impacto del temporal ha retrasado los avances logrados.
Este conflicto no es nuevo. Desde hace 25 años, las autoridades competentes, incluyendo el Poder Judicial, han postergado una resolución sobre el estatus de estas tierras. Mientras tanto, la incertidumbre pone en riesgo la vida y el sustento de quienes dependen de estas parcelas para sobrevivir.
Los más afectados
Las familias campesinas que trabajan y viven en Finca Dos Ríos son las principales perjudicadas. Su esfuerzo por mantener la producción agrícola choca contra un panorama desolador: no tienen acceso a agua potable, carecen de electricidad, enfrentan caminos intransitables y no reciben el apoyo necesario para hacer frente a emergencias.
Es urgente que las instituciones tomen medidas concretas para resolver el conflicto de tierras y brindar asistencia inmediata a quienes más lo necesitan. La vida y el bienestar de estas familias no pueden seguir en el limbo.
Luis Alberto Soto, dirigente comunal, nos explica el contexto de las acciones llevadas a cabo en las comunidades de Júpiter I y Júpiter II durante el año 2024. Desde el comité pro-desarrollo del asentamiento, han desempeñado un papel clave como interlocutores con el INDER para la gestión de diversos proyectos. Uno de sus logros más recientes ha sido la rehabilitación de 7 kilómetros de caminos. Además, comparte sus reflexiones sobre los desafíos que enfrentan al entablar un diálogo con instituciones que no están acostumbradas a la participación comunitaria.
Es importante señalar que como parte del seguimiento del Comité, se realizó una respuesta pública al INDER, ante la solicitud de que esta instancia funcionara como fiscalizadora, sin apoyo de la institución.
En esta nota que compartimos, se reconoce la importancia de asumir un rol fiscalizador y de control en la ejecución de obras, pero es fundamental establecer límites claros.
Argumentan que, en proyectos donde la comunidad no dispone de recursos propios, no resulta aceptable que se le utilice como recurso o mano de obra gratuita.
Conversamos con Rocío Porras que pertenece a la Comisión de Rescate y Seguimiento del Río Agualote, que nos contextualiza la importancia para Grecia de esta microcuenta y nos habla de todas las labores que han realizado para la protección de este río y los desafíos que tienen la participación comunitaria para el cuido de nuestros bienes comunes naturales.
*Crédito fotografía: Comisión Seguimiento y Rescate Río Agualote , CSRRA Grecia.
Cumplimos una semana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, una vez más ha sido organizada por un país dependiente de las energías fósiles y que se caracteriza por ejercer una política represiva ante las opiniones críticas. ¿Qué implica todo esto?
A partir de la cobertura que ha realizado el medio digital Climática que es una «revista especializada en informar y formar sobre el calentamiento global, sus causas y sus consecuencias». Reflexionamos sobre quienes son los sectores que han tenido acceso a participar en este espacio de negociaciones y su contexto.
Reflexionamos sobre las implicaciones que tiene el país anfitrión, sobre las ausencias en torno a la representación de los sectores y sobre quienes han logrado colocar su agenda en discusión.
