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Día del Campesino: entre el abandono estatal y la digna rabia de los productores indígenas en Talamanca

Este artículo se desarrolla a partir de una conversación con integrantes de la organización indígena Antonio Saldaña, un colectivo que lucha por los derechos de las personas productoras en Talamanca. En el marco del Día del Campesino, este colectivo alza la voz para denunciar que, mientras el país celebra simbólicamente a quienes trabajan la tierra, las comunidades indígenas continúan enfrentando condiciones de vida marcadas por el abandono institucional, la injusticia económica y la invisibilización sistemática.

Desde hace años, las personas indígenas que se dedican al cultivo de banano, cacao, plátano y otros productos tradicionales enfrentan una estructura de mercado profundamente desigual. “Nos siguen pagando miseria por el banano mientras las empresas exportadoras se llenan los bolsillos”, señalan desde la organización. Según denuncian, los precios los imponen intermediarios sin ningún control estatal, y los costos de producción superan muchas veces las ganancias obtenidas.

Lejos de las estadísticas oficiales que enarbolan el crecimiento del sector agroexportador, la realidad en los territorios indígenas es de precariedad. Las comunidades enfrentan dificultades para acceder a créditos, infraestructura básica y rutas adecuadas para comercializar sus productos. Además, enfrentan trabas burocráticas e institucionales que limitan su derecho a la tierra y a decidir sobre sus formas de producción.

La organización Antonio Saldaña subraya que esta situación no es nueva, pero se agrava cada año ante la indiferencia estatal y el avance del modelo extractivista que expulsa al campesinado de sus territorios o lo somete a condiciones laborales de cuasi esclavitud. “El Día del Campesino se ha convertido en una fecha decorativa, cuando en realidad debería ser un momento de lucha y memoria. No queremos felicitaciones, queremos justicia y autonomía para trabajar nuestra tierra en paz”, afirma una lideresa bribri.

La lucha de las comunidades en Talamanca no es solo por precios justos o por reconocimiento cultural: es una lucha por la vida, por el derecho a permanecer en los territorios sin ser empujadas a la pobreza o al éxodo. Frente al olvido institucional, las redes de solidaridad, las prácticas agroecológicas, el trueque, el trabajo comunal y los saberes ancestrales se convierten en actos cotidianos de resistencia y dignidad.

Este 15 de mayo, Día del Campesino, las comunidades indígenas de Talamanca nos recuerdan que sin justicia social, sin acceso a tierra, sin respeto a sus formas de vida y sin políticas que los escuchen, no hay nada que celebrar. En cambio, hay mucho por transformar.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Raíces de lucha campesina: mujeres rurales frente al abandono estatal

El abandono institucional que permitió la pérdida de una finca cultivada por mujeres durante más de dos décadas

En la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres organizadas bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza ha vivido, desde 2022, el despojo progresivo de una finca que cultivaron y protegieron durante más de 23 años. Este hecho, lejos de ser un conflicto aislado, refleja la gravedad de la inacción institucional, particularmente por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y las consecuencias del abandono estatal en territorios rurales fronterizos.

Durante más de dos décadas, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. La finca, conocida por ellas como “el pulmón de la esperanza”, fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño.

Todo esto cambió en febrero de 2022, cuando comenzaron a ingresar personas y sus familias al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Aunque muchas de estas familias provienen de comunidades cercanas, el conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, sus construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo.

Lejos de intervenir para proteger a quienes venían trabajando la tierra por décadas, el INDER se ha mantenido en una posición ambigua y pasiva. A pesar de múltiples gestiones, la institución no ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado, ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Peor aún, hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales.

A pesar de todo, las mujeres no se han rendido.

“Estamos firmes en esta lucha por alcanzar nuestro objetivo, que es la recuperación de la tierra y la obtención de la escritura que nos corresponde por derecho. Han pasado más de 30 años desde que se formó el asentamiento, de los cuales 27 han sido de ocupación y trabajo continuo, sosteniendo el territorio con esfuerzo, compromiso y dignidad. A pesar de los últimos tres años de usurpación, seguimos presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no nos iremos hasta lograr lo que es justo. Lo decimos con claridad: no se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo.”

El caso refleja un patrón doloroso: cuando los proyectos comunitarios, sobre todo los liderados por mujeres rurales, no son formalizados mediante títulos de propiedad, quedan a merced de intereses ajenos y de la inacción estatal. Esta omisión, más que una falla técnica, constituye una forma de violencia institucional que debilita los procesos comunitarios y contribuye al despojo silencioso de quienes sí cuidan y trabajan la tierra.

Las mujeres de Nueva Esperanza siguen organizadas, exigiendo el reconocimiento legal de su derecho histórico a la tierra y la intervención inmediata de las autoridades para resolver un conflicto que nunca debió haber escalado hasta este punto. Hoy, más que nunca, es urgente que el INDER y demás instituciones cumplan con su mandato: apoyar a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

Cuando el Estado calla: las consecuencias de no reconocer los derechos de las mujeres rurales

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza no es solo una muestra de abandono institucional, sino también una evidencia clara de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país.

La omisión prolongada del INDER, así como la inacción de instituciones como la Fuerza Pública, el Juzgado Agrario y el Ministerio de la Presidencia, ha tenido consecuencias materiales devastadoras: pérdida del acceso a la tierra, destrucción de infraestructura construida colectivamente, desaparición de documentos legales, daños ambientales irreversibles y la paralización total de un proyecto agroecológico comunitario.

Pero más allá de lo material, el impacto emocional, político y social ha sido profundo. Las mujeres han sufrido desilusión, desgaste, miedo y desesperanza. Algunas se han desvinculado del colectivo tras años de lucha infructuosa. Otras persisten, pero cargan con el dolor de ver destruido lo que fue su espacio de encuentro, su fuente de autonomía y su símbolo de dignidad. El silencio institucional no solo las despojó de su tierra, también intentó arrancarles el sentido de pertenencia, de comunidad y de propósito.

No reconocer ni regular el derecho al uso y propiedad de tierras por parte de colectivos organizados—y en particular por mujeres—refuerza desigualdades estructurales de género, clase y territorialidad. También envía un mensaje peligroso: que los derechos pueden ignorarse si quienes los ejercen no tienen poder político o económico.

Este caso expone cómo el Estado reproduce formas de violencia institucional encubiertas bajo trámites, tecnicismos o supuesta neutralidad. Lo que debió ser un proceso de regularización y reconocimiento legal, se transformó en un escenario de impunidad, donde la especulación, la reventa de terrenos y el clientelismo encontraron espacio fértil para crecer.

Ignorar a las mujeres que cuidan la tierra, que la regeneran y la ponen al servicio de su comunidad, es una forma de despojo con rostro institucional. Si el Estado no actúa para reparar este daño, no solo será cómplice de esta injusticia, sino que continuará erosionando la confianza de las personas en las instituciones democráticas.

¿Quiénes son las Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza?

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza nació hace más de 25 años en la comunidad de Caño Negro, cantón de Los Chiles, como una iniciativa de mujeres jefas de hogar comprometidas con la soberanía alimentaria, la producción agroecológica y el desarrollo comunitario. Durante 23 años cultivaron colectivamente una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización.

En esta parcela, desarrollaron prácticas de agricultura orgánica, evitando el uso de agroquímicos y apostando por la regeneración del suelo. Sembraban maíz, hortalizas y otros productos básicos, tanto para el consumo propio como para la venta. Lo que no se comercializaba, se repartía entre las asociadas. La producción era fruto del esfuerzo colectivo, y contaron con el acompañamiento técnico de personas estudiantes y profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como con apoyo de organizaciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Además del cultivo, la asociación construyó y mantuvo diversas infraestructuras comunitarias en la finca:

  • Invernadero productivo, diseñado para extender ciclos de cultivo.
  • Granero y bodega, para el almacenamiento de granos y herramientas.
  • Área de empaque y lavado, donde se preparaban las cosechas para su distribución.
  • Cocina colectiva y horno de pan, que servían tanto para la alimentación durante las jornadas de trabajo como para actividades de autogestión económica.
  • Casa de reuniones y oficina administrativa, donde resguardaban documentos y celebraban sus asambleas.
  • Un aula multiusos, destinada a cursos de formación para mujeres y jóvenes, equipada gracias al esfuerzo colectivo y donaciones externas.

La finca no solo era una unidad productiva, sino también un espacio de encuentro, formación y fortalecimiento comunitario, especialmente para mujeres rurales. Por su valor ambiental y simbólico, la llamaban “el pulmón de Nueva Esperanza”, ya que era el único proyecto orgánico de la zona, rodeado de cultivos convencionales.

Este proyecto representa un ejemplo vivo del impacto positivo que tienen las organizaciones de base cuando reciben condiciones mínimas de estabilidad y apoyo institucional. Su desmantelamiento, ante la vista y paciencia de las autoridades, es una pérdida no solo para las mujeres que lo sostuvieron, sino para toda la comunidad y para el país.

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Finca Dos Ríos: sembrando dignidad en el Día del Campesino que no llega

Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.

Finca Dos Ríos, ubicada en Guacimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.

“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia 

Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.

A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona  que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.

Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.

Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.

Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria

Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.

En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.

Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.

Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.

Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días.

Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.

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Finca Dos Ríos ¿Cómo llegamos a esto?

En Finca Dos Ríos, Guácimo, más de un centenar de familias campesinas enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre y la lucha por el derecho a la tierra. Tras la quiebra de una empresa bananera, muchas de estas personas ocuparon legalmente los terrenos que habían trabajado durante años. Hoy, sus historias revelan un panorama de amenazas de desalojo, cobros injustificados e inseguridad jurídica, en medio del abandono estatal. En este video, son ellas y ellos quienes toman la palabra: comparten sus vivencias, su resistencia y su llamado urgente a la justicia y al respeto de sus derechos fundamentales.

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«Basurero» Regional de Osa : Línea del tiempo de un proyecto que amenaza la vida

Desde noviembre de 2024, el proyecto denominado Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Me’at”, ubicado en el cantón de Osa, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos técnicos, administrativos y legales, principalmente debido a su posible impacto ambiental sobre cuerpos de agua presentes en el terreno.

Aunque el proyecto se presenta como una propuesta de manejo de residuos con un enfoque tecnológico, las evidencias recabadas por distintas instituciones señalan inconsistencias en la información suministrada y omisiones relevantes en el proceso de evaluación ambiental.

Una viabilidad ambiental impugnada

El 22 de noviembre de 2024, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un Recurso de Nulidad Absoluta contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto, marcando el inicio de una investigación formal. Posteriormente, el 14 de enero de 2025, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) emitió la Resolución N.º 0063-2025, que suspende cautelarmente los efectos de la licencia ambiental mientras se realiza una revisión a fondo.

El 22 de enero, la empresa desarrolladora presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, intentando revertir la medida, lo que generó un proceso legal paralelo.

Presencia de cuerpos de agua: el punto crítico

La visita técnica de SETENA realizada el 13 de febrero de 2025 reveló un hallazgo determinante: la existencia de una quebrada claramente visible en el terreno no había sido considerada en el Estudio de Impacto Ambiental. En palabras del informe técnico: no hay forma de cómo no verla”, cuestionando así la veracidad y rigurosidad del estudio presentado.

El tema se profundizó aún más tras una inspección de la Dirección de Aguas del MINAE, el 6 de marzo de 2025, cuyo dictamen técnico (DA-UHTPSOG-0109-2025) confirmó la presencia de cinco cuerpos de agua en el sitio: dos quebradas (una intermitente y una permanente) y tres nacientes (dos intermitentes y una permanente).

Estos elementos ponen en duda la idoneidad del terreno para albergar un proyecto de gestión de residuos, debido al riesgo potencial de afectar fuentes hídricas que podrían tener funciones ecológicas y sociales relevantes para el territorio.

Resoluciones y procesos en curso

A lo largo de marzo y abril, SETENA emitió una serie de resoluciones que reflejan tanto la complejidad del caso como la necesidad de mayor claridad técnica:

  • La Resolución 0389-2025 del 12 de marzo suspende el análisis de fondo del recurso de nulidad, en tanto se concluye el proceso de fiscalización interna.

  • La Resolución 0388-2025 rechaza el recurso de revocatoria de la empresa y traslada el expediente al MINAE para continuar el proceso por la vía jerárquica.

  • El 25 de abril, SETENA publica la Resolución 0589-2025, corrigiendo errores materiales en documentos anteriores.

Mientras tanto, la empresa solicitó una prórroga de 12 meses para cumplir con requerimientos técnicos, la cual fue rechazada por SETENA. En su lugar, se le otorgó una extensión de 15 días hábiles, contados desde el 13 de mayo, para entregar la documentación específica solicitada.

Estado actual y necesidad de respuestas claras

El 12 de mayo de 2025, se incorporaron dos documentos clave al expediente:

  • Una solicitud de información por parte del área legal del MINAE.
  • La respuesta de SETENA, donde se aclara que el análisis técnico aún está en proceso y que no se ha emitido una posición final respecto al recurso de nulidad.
¿Qué debemos tener presente?

El caso del proyecto Ka Me’at pone en evidencia la importancia de que los procesos de evaluación ambiental sean rigurosos, transparentes y coherentes con la realidad del territorio. La confirmación oficial de que existen cuerpos de agua activos en el área del proyecto plantea serias dudas sobre la conveniencia de avanzar con una iniciativa de esta naturaleza en esa ubicación específica.

No se trata únicamente de una discusión técnica, sino de una decisión que podría tener consecuencias duraderas sobre los ecosistemas locales y el derecho de las comunidades a un ambiente sano y protegido.

Pueden descargar la infografía aquí:

PDFImagen

Detalle de documentos y eventos citados

El día 22 de noviembre 2024: Diputado Ariel Robles Barrantes interpuso un Recurso de Nulidad Absoluta contra esa viabilidad ambiental. Este es el folio: 98, nombre de archivo: 11519_2024_22112024122759_1.pdf

El día 14 de enero 2025: SETENA emite resolución N° 0063-2025 SETENA. Con esta resolución «Impone una medida cautelar de suspensión de los efectos de la Licencia de Viabilidad Ambiental otorgada». Este es el folio: 121, nombre de archivo: ART 032 RES 0063-2025 EXP D1-0815-2022.pdf

El día 22 de enero 2025: Mediante el Oficio «NOVA-2201-04-2025» la empresa presenta un recurso «RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 0063-2025-SETENA DE LAS 14 HORAS 51 MINUTOS DEL 14 DE ENERO DE 2025 DICTADA POR LA COMISIÓN PLENARIA DE LA SECRETARIA TECNICA AMBEINTAL (SETENA) QUE DICTA MEDIDA CAUTELAR». Este es el folio: 123, nombre de archivo 00761_2025_221202515748_1.pdf

El día 13 de febrero 2025: SETENA visito la finca.  Rescatar el reporte sobre la quebrada: “Ahora bien, dado a que la quebrada es notoria en el campo (no hay forma de cómo no verla), no se entiende por qué el Consultor Ambiental la omitió “no sabemos las razones”, durante el proceso de EIA inicial que se presentó a la SETENA,” Folio: 134, Archivo: SETENA-DT-ASA-0294-2025_D1-0815-2022_VGA_Visita, oficio y otros.pdf

El día 06 de marzo 2025: Dirección de Aguas visitó la finca para dictaminar cuerpos de agua. Hay 5 reportados en total. Dictamen en oficio «DA-UHTPSOG-0109-2025» con fecha del 13 de Marzo 2025. Rescatar el por tanto: DA-UHTPSOG-0109-2025

Por tanto, se determina que lo observado en campo corresponde a dos quebradas y tres nacientes, de las cuales, dos nacientes son intermitentes, una naciente permanente, una quebrada permanente y una intermitente. Folio 140, Archivo: DA-UHTPSOG-0109-2025_Exp-42066-DI_Nuevo Dictamen.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0389-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025.

Según se puede interpretar se mantiene en espera el recurso de nulidad: «PRIMERO: De conformidad con las razones de Hecho y Derecho de la presente resolución, se suspende el conocimiento de la gestión de Nulidad por el fondo hasta tanto se concluya con el proceso de fiscalización e investigación que se está realizando por parte del departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental». Folio: 155, Archivo: RES-0389-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Se publica una resolución de SETENA, Resolución 0388-2025 SETENA del día 12 de Marzo 2025. Según se puede interpretar se rechaza el recurso de revocatoria y se da paso a trasladar el expediente al Ministro de Ambiente.  Folio: 157, Archivo: RES-0388-2025.pdf

El día 26 de marzo 2025: Según se interpreta el oficio «SETENA-AJ-0069-2025», se notifica a Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE. Folio: 159, Archivo: SETENA AJ-0069-2025 -D1- 0815-2022 Remisión a la DAJ-Apelación.pdf

El día 25 de abril 2025: Se publica la RESOLUCION N° 0589-2025-SETENA del día 09 de abril de 2025. Corrección de un error material un mal nombrado de un número de resolución. Archivo 163, Archivo: ART 015 RESOLUCION 0589-2025 EXPEDIENTE D1-0815-2022 SETENA.pdf

El día 8 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:170

Archivo: SETENA-DT-ASA-0928-2025_D1-0815-2022_VGA_Ampliación Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Error.pdf

Con consecutivo:  SETENA-DT-ASA-0928-2025.

Asunto:  

Corrección error material oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y ampliación de lo solicitado en el Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025 y SETENA-DT-ASA-2170-2024

Número del expediente: D1-0815-2022-SETENA

Nombre del proyecto: Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat

Detalle más relevante:

Se rechaza la solicitud, se da 15 días hábiles de plazo a partir del 13 de Mayo 2025. “Analizada la justificación presentada por el desarrollador, se determina que no procede otorgar la ampliación por el plazo de 12 meses como lo solicita el desarrollador, lo anterior debido a que esta Secretaría no ordenó al desarrollador presentar un nuevo criterio que justifique la presentación de Solicitud de Modificación de Criterio Técnico sobre Fuentes de Agua ante la Dirección de Aguas del MINAE. El trámite efectuado ante la Dirección de Aguas de MINAE en la Unidad Hidrológica Térraba Pacífico Sur (UHTPS), es una gestión no vinculada con lo solicitado por esta Secretaría en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Lo requerido por la SETENA se basa en los criterios técnicos vigentes DA-UHTPSOG-0130-2023 y DA-UHTPSOG-0109-2025, emitidos por dicha Dirección los cuales son de carácter vinculante para con SETENA en el proceso investigación que se lleva a cabo.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto es procedente concederle la prórroga, por un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día 13 de mayo de 2025; para la presentación de la información solicitada en los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025.”

El día 9 de Mayo 2025: Ingresa el archivo Folio:167

Archivo: Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025_Mayo 2025.pdf

Con consecutivo:  NOVA-3004–09-2025.

Asunto:  Respuesta Oficio SETENA-DT-ASA-0559-2025.

Detalle más relevante: Empresa Solicitaba 12 meses para hacer actividades.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 172

Archivo: Oficio DAJ-MINAE-0574-2025 (Legal-MINAE)  a SETENA  D1-0815-2022.pdf

Oficio:  DAJ-DAJ-MINAE-0574-2025

Asunto:  Solicitud de información Expediente D1-0815-2022

Puntos Relevantes:

-Si ASA, ha procedido a analizar la información aportada al expediente requerida en los oficios: SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-2210-2024 2024

-Indicar  ¿En qué estado se encuentra dicho análisis?

-Indicar la fecha exacta en que fue aportada la respuesta al expediente, de conformidad con los plazos dados por SETENA.

Día 12 de Mayo 2025:

Se sube archivo confeccionado en 28 Marzo 2025

Folio: 174

Archivo SETENA-SG-0595-2025 RESPUESTA OFICIO DAJ-MINAE-0574-2025.pdf

Asunto:  

Respuesta a oficio DAJ-MINAE-0574-2025

Oficio:  SETENA-SG-0595-2025

Punto Relevante:

Esta Secretaría no ha dado por concluido el análisis de la información solicitada mediante los oficios SETENA-DT-ASA-2170-2024 y SETENA-DT-ASA-0559-2025. Una vez que el desarrollador presente la información requerida, esta será evaluada en conjunto con el área legal, con el fin de emitir una respuesta al señor diputado Ariel Robles en relación con el incidente de nulidad de la resolución N.° 0193-2024-SETENA.

La vigilancia comunitaria: un pilar en la defensa del ambiente

Este seguimiento detallado al caso del proyecto Ka Me’at no ha sido impulsado únicamente por instancias técnicas o legislativas, sino que ha contado con el trabajo incansable de personas organizadas en las comunidades de Osa, quienes han ejercido su derecho —y también su deber— de monitorear, cuestionar y exigir transparencia en los procesos ambientales que les afectan directamente.

A través del análisis de expedientes, visitas al sitio, presentación de recursos, articulación con actores institucionales y generación de información pública, la comunidad ha logrado visibilizar contradicciones y vacíos técnicos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos.

Este proceso demuestra que la participación activa y vigilante de la ciudadanía es clave para proteger los bienes comunes, como el agua, los suelos y la biodiversidad. El derecho a un ambiente sano no se defiende solo desde los escritorios: se construye todos los días desde el territorio, desde las asambleas comunales, desde la organización solidaria y el compromiso colectivo.

La experiencia de Osa es un ejemplo de democracia ambiental viva, donde las voces locales se levantan con fundamento y convicción para recordar que ningún desarrollo es viable si pasa por encima del equilibrio ecológico ni de la vida digna de las personas.

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Todo lo que no se compra: Mujica y la defensa de lo común

En tiempos donde el mercado parece ocupar cada rincón de nuestras vidas, la figura de José “Pepe” Mujica se alza como un faro ético y político. Expresidente de Uruguay, exguerrillero y referente mundial por su estilo de vida austero, Mujica nos invita a repensar lo que realmente tiene valor en la vida: los bienes comunes.

Desde su chacra modesta en las afueras de Montevideo hasta los foros internacionales, Mujica ha defendido con firmeza una visión profundamente humana, donde el bienestar colectivo, la naturaleza y el tiempo libre deben estar por encima de la lógica del consumo y la acumulación.

Pensar lo común desde la vida cotidiana

La coherencia entre su discurso y su práctica política lo convierte en un referente singular. Mujica no sólo habló de sencillez, la vivió: renunció a lujos, donó gran parte de su salario como presidente y optó por una vida rural que simboliza su rechazo al consumismo como forma de vida.

Pero no se trata solo de austeridad personal. Para Mujica, vivir con menos no es sacrificio, sino una forma de liberar tiempo y energía para lo que realmente importa: el amor, la comunidad, la reflexión, el cuidado mutuo. En su visión, el tiempo, la naturaleza, la democracia y la vida en comunidad son bienes que deben cuidarse colectivamente, sin ser privatizados ni explotados.

Una ética política para cuidar lo que es de todos

En su discurso ante Naciones Unidas en 2013, Mujica planteó una de sus críticas más profundas al modelo de desarrollo global: “Nos están diciendo que tenemos que gastar y gastar, y que para eso tenemos que trabajar como esclavos”. Frente a ese modelo, propuso recuperar la libertad, entendida no como la acumulación de bienes, sino como la posibilidad de vivir con dignidad y en armonía con otros seres humanos y con la tierra.

Su pensamiento articula con fuerza la defensa de los bienes comunes. Es decir, aquellos elementos esenciales para la vida que no pueden reducirse a mercancía: el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, pero también la educación, la salud, el tiempo, la cultura, el lenguaje y los vínculos humanos.

Una infografía para compartir y reflexionar

La infografía “Todo lo que no se compra: Mujica y la defensa de lo común” recoge estos aspectos clave de su pensamiento y los conecta con debates urgentes sobre sostenibilidad, justicia socioecológica y democracia. Está pensada como una herramienta pedagógica y crítica, útil para procesos formativos, espacios comunitarios y debates políticos.

Te invitamos a descargarla, compartirla y utilizarla para abrir conversaciones sobre cómo queremos vivir y qué estamos dispuestos a defender colectivamente.

Porque, como dice el propio Mujica:

“La vida no es para comprar cosas, es para abrazar causas.”

Pueden descargar la infografía aquí

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Tacares nos llama: una jornada de acción y conciencia ambiental

Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.

La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.

La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.

Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.

Desafíos persistentes en la gestión de residuos en Costa Rica: el caso del río Tacares

La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.

Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.

Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.

El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.

Los ríos como espacio socioeducativo: sembrando conciencia desde la acción

Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.

Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.

Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.

Galería
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#HostigamientoAmbiental: cuando la defensa del territorio se convierte en blanco digital

Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.

Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur

En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.

Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:

Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“¿Por qué no se regresa a su país a joder?”
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”

Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.

Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:

Deshumanización

Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.

“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”

Criminalización

Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.

“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.”
“¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”

Estigmatización como extranjero

Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.

“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?”
“Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”

Incitación al odio y violencia simbólica

Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.

“Ojalá me lo tope, lo despedazo.”
“Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”

Legitimación institucional del hostigamiento

Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.

“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
“El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”

Aislamiento social

Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.

“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.”
“No los necesitamos.”

Cerrar filas frente al odio

Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.

No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.

Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur

En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.

Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.

La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.

Compartimos el recurso de amparo mediante el cual se anula la declaratoria de personas non gratas.

¿De qué estamos hablando?

  1. Desprestigio sistemático y campañas de odio
    Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
  2. Xenofobia y discursos de exclusión
    Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
  3. Incitación al desplazamiento
    Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
  4. Amenazas veladas y explícitas
    Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
  5. Uso instrumental de canales institucionales
    Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
  6. Normalización del discurso de odio
    Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.

Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica

La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:

  1. Estigmatizar y criminalizar
    Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
  2. Aislar comunitariamente
    Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
  3. Avalar simbólicamente la violencia
    Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
  4. Violar derechos humanos
    Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
  5. Potenciar la violencia digital
    Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.

Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente

La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.

Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.

El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.

Defender la tierra no debe significar exponerse al odio

El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.

Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.

Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental

La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:

  1. Fortalecer la seguridad digital
  • Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
  • No compartas datos sensibles públicamente.
  • Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
  • Usa VPN y navegadores privados.
  • Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
  1. Documentar y denunciar los ataques
  • Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
  • Reporta los contenidos en las plataformas.
  • Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
  1. Activar el cuidado colectivo
  • Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
  • Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
  • Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
  1. Visibilizar y politizar la violencia digital
  • Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
  • Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
  • Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.

 Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales

En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.

  1. Auge del extractivismo y criminalización

La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.

  1. Digitalización de las agresiones

Los ataques se manifiestan a través de:

  • Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
  • Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
  • Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
  • Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
  1. Estigmatización mediática e institucional

Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.

  1. Género y violencia digital

Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.

  1. Falta de protección y acceso a justicia

Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.

Instrumentos y patrones comunes

  • Difamación y campañas de desprestigio.
  • Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
  • Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
  • Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
  • Exposición pública de datos personales (doxing).
  • Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.

Implicaciones para las personas víctimas

La violencia digital puede generar:

  • Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
  • Afectaciones emocionales y de salud mental.
  • Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
  • Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
  • Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza

En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios.

AspectoViolencia FísicaViolencia Digital
DefiniciónUso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurrePresencial (hogar, calle, instituciones, etc.).En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
Medios utilizadosCuerpo, armas, objetos físicos.Internet, redes sociales, mensajes, videos, imágenes, bots.
EvidenciaHeridas visibles, partes médicas, testimonios.Capturas de pantalla, correos, registros digitales.
VisibilidadPuede ser más evidente para testigos directos.Puede pasar desapercibida o normalizarse fácilmente.
PerpetradoresGeneralmente identificables.Puede ser anónima o provenir de múltiples usuarios (colectiva).
Impacto en la víctimaFísico (heridas, discapacidad), psicológico, emocional.Psicológico, emocional, reputacional; también físico (estrés).
Duración de efectosInmediatos, pero pueden ser duraderos o permanentes.Pueden ser prolongados por la persistencia del contenido digital.
Mecanismos de denunciaPolicía, servicios de salud, instituciones judiciales.Plataformas digitales, policía cibernética, organismos legales.
Relación con otras violenciasPuede estar relacionada con violencia sexual, doméstica, estructural.Frecuentemente se cruza con acoso, censura, persecución política.
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Autonomía universitaria: legado emancipador, no escudo de poder

La autonomía universitaria fue uno de los logros más trascendentales de la Reforma de Córdoba de 1918. Nacida del impulso estudiantil frente al autoritarismo y el elitismo, esta conquista no se pensó como un privilegio corporativo ni como refugio para el poder impune, sino como garantía de una universidad democrática, crítica y comprometida con el pueblo.

En la actualidad, sin embargo, este legado está siendo distorsionado. En medio de cuestionamientos legítimos a la gestión de autoridades en la Universidad de Costa Rica (UCR), la autonomía ha sido invocada no como herramienta de democratización, sino como barrera frente a la rendición de cuentas. Esta actitud desconoce principios esenciales de la Reforma: el cogobierno efectivo, la renovación periódica del poder universitario y el deber de responder ante la comunidad que se representa.

Por eso publicamos hoy esta infografía: para recordar que defender la autonomía universitaria no es proteger cargos o estructuras cerradas, sino garantizar que la universidad sirva al bien común, fomente el pensamiento crítico y se rija por la ética pública. Usar este principio para justificar prácticas sin legitimidad política o social es traicionar su esencia. Reivindicar Córdoba implica actuar con coherencia con sus ideales.

Pueden descargar el Manifiesto Liminar de Ia Reforma Universitaria deI 21 de Junio de 1918

Pueden descargar la infografía aquí.

PDFImagen

Autonomía universitaria y bienes comunes: una alianza vital

La universidad pública no es un servicio ni un producto: es un bien común social, construido colectivamente y sostenido por la sociedad para garantizar el derecho a una educación crítica, libre y transformadora. En este marco, la autonomía universitaria no es un fin en sí mismo, sino una condición para que ese bien común se mantenga vivo, accesible y comprometido con el bien común.

Proteger la autonomía significa defender la capacidad de la universidad para pensar desde y para el pueblo, sin subordinaciones al mercado ni al poder político. Pero también implica abrir sus decisiones al control social, al diálogo democrático y al sentido ético de lo público.

Cuando se usa la autonomía para bloquear la participación, cerrar el debate o blindar estructuras de poder, se niega su función como garantía del carácter común, colectivo y transformador de la universidad. Por eso, defender la autonomía es también defender que la universidad siga siendo bien común y no capital simbólico o espacio corporativo.

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Hone Creek cuando el MINAE se va, la draga vuelve: crónica de un humedal sitiado

En las cercanías de Hone Creek, en el Caribe Sur de Costa Rica, se documenta nuevamente un intento por alterar un ecosistema de humedal mediante el uso de maquinaria pesada. Este caso ha sido seguido de cerca por el ambientalista Philippe Vangoidsenhoven, quien desde marzo de 2024 ha denunciado la intervención con una draga, utilizada para nivelar y drenar el terreno. Gracias a su denuncia, las obras fueron paralizadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), evitando en ese momento un daño ambiental mayor.

Las primeras imágenes del 15 de marzo de 2024 muestran claramente la presencia de agua en el terreno, confirmando la naturaleza de humedal. El 2 de abril, el MINAE intervino directamente en el sitio, lo que detuvo las labores de la draga. Aparentemente, la Fiscalía Ambiental también fue alertada en esa ocasión. Para el 8 de abril, las fotos muestran la draga detenida, y la maquinaria retirada temporalmente.

Sin embargo, en mayo de 2025, Philippe volvió al lugar y encontró nuevas señales de intervención: un zanjo reciente a la orilla de la calle, excavado con el mismo propósito de drenaje. “Este es el típico caso: se detiene por un tiempo, parece tranquilo, y de repente reanudan las obras”, comenta. Denuncia que estos intentos son sistemáticos, y que la falta de vigilancia constante permite que continúen impunes. El objetivo, dice, es claro: secar el humedal para modificar su uso.

La presión sobre los humedales del Caribe Sur se ha vuelto constante. A pesar de los esfuerzos institucionales, actores privados continúan intentando transformar estos ecosistemas. La evidencia es clara: el terreno sigue mostrando filtración de agua, vegetación característica y afectaciones por maquinaria. Para los procesos correspondientes, el mismo suelo revela su condición de humedal, lo que permite su reconocimiento legal y la posibilidad de su protección.

Este caso subraya la necesidad urgente de reforzar la vigilancia ambiental, sancionar a quienes reinciden en este tipo de daños, y reconocer que los humedales no solo son áreas protegidas, sino bienes comunes vitales para el equilibrio ecológico de la región.

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Galería situación 2024
¿Qué implica continuar con las obras tras la intervención estatal?

La persistencia en realizar obras en zonas de humedal, incluso después de intervenciones por parte de instituciones como el MINAE o la Fiscalía Ambiental, revela una preocupante brecha entre las acciones de control y la efectividad real de las medidas de protección ambiental. Cuando el objetivo de fondo es el lucro —como suele ser el caso en intentos por secar humedales para urbanizar o explotar económicamente el terreno—, las paralizaciones temporales no son suficientes. Quienes impulsan estas transformaciones ilegales suelen adoptar una estrategia de desgaste: detienen momentáneamente, esperan a que pase la vigilancia y luego reanudan discretamente sus actividades.

Esta dinámica pone en evidencia la fragilidad institucional frente a intereses privados persistentes y bien financiados. Además, genera un efecto desalentador para quienes denuncian, pues ven cómo los esfuerzos por proteger el territorio son constantemente burlados. La impunidad de estos actos erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de fiscalización y refuerza la sensación de que los delitos ambientales se pueden cometer sin consecuencias duraderas.

Proteger los humedales requiere más que detener una maquinaria: implica seguimiento continuo, sanciones ejemplares y voluntad política real para frenar un modelo de desarrollo que prioriza el interés privado sobre los bienes comunes. Sin eso, estos ecosistemas seguirán siendo blanco de una presión que avanza a pasos silenciosos, pero constantes.

La importancia de los humedales en el Caribe Sur de Costa Rica

Los humedales del Caribe Sur de Costa Rica son ecosistemas clave para la salud ambiental y el bienestar humano. Su función principal es la regulación del agua: actúan como esponjas naturales que absorben el exceso de lluvia, previniendo inundaciones y reduciendo el impacto de tormentas, un aspecto crucial en una zona con alta pluviosidad. Además, filtran contaminantes y sedimentos, mejorando la calidad del agua que llega a ríos y al mar Caribe.

Estos ecosistemas también son refugio de una gran diversidad biológica. Albergan especies endémicas y migratorias, como aves, peces y anfibios, muchas de ellas en riesgo. Para las comunidades locales, los humedales representan una fuente de vida y sustento, ya que ofrecen recursos como peces, plantas medicinales y materiales naturales.

Sin embargo, la expansión urbana, el turismo descontrolado y el cambio de uso del suelo amenazan su existencia. La eliminación o alteración de los humedales pone en riesgo la biodiversidad, aumenta la vulnerabilidad ante inundaciones y contribuye a la degradación del clima local. Protegerlos es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y garantizar un desarrollo sostenible en la región.