Tras la publicación del informe de la Contraloría General de la República (CGR) que concluye que la gestión del riesgo de corrupción en la SETENA es “débil e inoportuna”, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) reaccionó culpando al gobierno anterior por las deficiencias señaladas.
Sin embargo, esta respuesta resulta preocupante. A tres años de haber asumido funciones, el actual jerarca Franz Tattenbach no solo ha mantenido la estructura debilitada de la SETENA, sino que ha promovido una mayor concentración de poder en la figura del ministro, reduciendo los espacios de participación y autonomía técnica de los órganos ambientales.
Eludir responsabilidades no es gestión ambiental
El MINAE justifica los hallazgos del informe alegando que el Decreto Ejecutivo N.° 42837-MINAE (2021) eliminó la obligatoriedad de las inspecciones previas a las viabilidades ambientales. No obstante, el informe de la Contraloría no se limita a ese punto: documenta un patrón estructural de omisión, descontrol y ausencia de trazabilidad que se mantiene bajo la actual administración.
El estudio de la CGR muestra que el 74 % de los expedientes revisados presentan debilidades de control, y que en el 90 % se otorgaron viabilidades sin inspección de campo. Además, señala que la SETENA no realiza auditorías ambientales ni aplica garantías de cumplimiento, pese a que el Decreto Ejecutivo N.° 36815 (vigente desde 2011) la obliga a hacerlo.
El intento del MINAE de desvincularse de estas fallas ignora su propia responsabilidad en el presente, en un contexto donde las decisiones ministeriales han limitado la independencia técnica y la transparencia institucional.
Concentrar el poder: el patrón detrás del discurso
La respuesta del MINAE debe leerse junto a una serie de acciones que apuntan a centralizar el control político sobre las instancias ambientales.
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En 2022, el ministro Tattenbach promovió un proyecto de ley para reducir la desconcentración de la SETENA y el SINAC, debilitando la participación de gobiernos locales y organizaciones comunitarias.
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En 2023, impuso directrices que prohíben al personal del SINAC y de órganos desconcentrados responder directamente a la Contraloría o la Procuraduría, estableciendo que toda comunicación debe pasar por su despacho y la Asesoría Jurídica del MINAE.
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En 2025, la propia Asesoría Jurídica del Ministerio intervino de modo que genera dudas sobre su imparcialidad en un expediente activo de la SETENA (caso Bahía Pap…se recuerdan el innombrable), emitiendo un criterio legal “por instrucciones superiores” que adelanta posición sobre un proceso que la SETENA debía resolver con independencia técnica.
Estos hechos evidencian un deterioro progresivo de la autonomía técnica que la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley General de la Administración Pública garantizan a la SETENA.
De la excusa al favorecimiento: la línea que separa la política ambiental del poder económico
Mientras el MINAE atribuye las fallas al pasado, su gestión actual pareciera ser una muestra de un patrón de favorecimiento hacia intereses empresariales.
El caso del megaproyecto Bahía Pap…., en el que la asesoría jurídica del Ministerio avaló que las concesiones turísticas pudieran talar hasta un 30 % de bosques que son patrimonio natural del Estado, ilustra la gravedad de esta tendencia.
Esa interpretación contradice la Ley Forestal y erosiona principios ambientales básicos como la progresividad y la no regresividad del derecho ambiental. Para las organizaciones locales, constituye una intromisión política directa en decisiones técnicas y una señal de cómo el poder ministerial se usa para flexibilizar la protección ambiental en favor de proyectos privados.
Participación ambiental en riesgo: cuando la centralización silencia a las comunidades
La concentración del poder ambiental en el despacho ministerial no solo afecta la independencia técnica de instituciones como la SETENA o el SINAC; también debilita los espacios de participación ciudadana que dan vida a la gestión ambiental democrática.
En los últimos años, el MINAE ha impulsado reformas y directrices que tienden a centralizar la toma de decisiones y a reducir la autonomía de las instancias desconcentradas, lo que ha limitado la capacidad real de incidencia de los mecanismos de participación ciudadana. Proyectos de ley y disposiciones administrativas recientes apuntan a transformar espacios con atribuciones decisorias en órganos de carácter principalmente consultivo, donde las comunidades y organizaciones locales ven debilitado su papel en la gestión ambiental.
Este recorrido de propuestas e intenciones evidencia una presión creciente hacia la recentralización del poder ambiental, donde los Consejos Regionales, comités locales y organizaciones comunales —que históricamente jugaron un papel activo en el manejo de las áreas de conservación— enfrentan un interés por una progresiva subordinación a la voluntad política del jerarca. En la práctica, desean que sus aportes se limitan cada vez más a la emisión de criterios u opiniones que la autoridad “podrá o no tomar en cuenta”, debilitando el principio de participación efectiva y vinculante que reconoce la Ley Orgánica del Ambiente.
Este vaciamiento institucional tiene consecuencias profundas:
Desarticula el control ciudadano sobre decisiones que afectan directamente territorios y ecosistemas.
Aumenta la discrecionalidad política, permitiendo que la gestión ambiental se subordine a intereses empresariales o coyunturales.
Desmoraliza a las comunidades organizadas, que ven cómo sus procesos participativos —aun después de años de trabajo— pierden peso frente a decisiones tomadas desde San José, lejos de los territorios.
En la práctica, esto significa que la participación se convierte en un simulacro: escuchar no implica dialogar y consultar no implica considerar. Por más organización, experiencia o conocimiento territorial que desarrollen las comunidades, su capacidad de incidencia queda condicionada por la voluntad política del jerarca, lo que contradice el espíritu del principio constitucional de participación ciudadana en la gestión ambiental.
Desde la mirada de los bienes comunes, esta tendencia erosiona la democracia ambiental y debilita el pacto social del cuidado colectivo de la vida. Cuando las instituciones cierran los espacios de escucha, las decisiones dejan de ser públicas y el ambiente deja de ser común.
Escazú: otra evidencia del poder que se resiste a compartir
La reacción del MINAE ante el informe de la Contraloría no es un hecho aislado. Responde a una lógica institucional que resiste toda forma de democratización ambiental, incluso aquellas que el país se comprometió a impulsar.
El Acuerdo de Escazú, que busca garantizar la participación pública, el acceso a la información y la justicia ambiental, se ha convertido en el mejor ejemplo de ese retroceso.
Mientras Costa Rica promueve su imagen internacional como “líder verde”, el propio presidente de la República afirmó en conferencia de prensa que el sector privado puede estar tranquilo, porque el Acuerdo de Escazú “no va”.
Esa frase resume con crudeza la orientación política del actual gobierno: un poder ambiental concentrado, cerrado a la participación y más preocupado por tranquilizar al empresariado que por fortalecer la confianza ciudadana y el cuidado de los bienes comunes naturales.
Desde los bienes comunes: rendir cuentas no es buscar culpables
El informe de la Contraloría no es una acusación aislada de corrupción; es una advertencia sobre un sistema debilitado por decisiones políticas que priorizan el control sobre la transparencia y la concentración del poder sobre la participación.
Las comunidades que por años denunciaron irregularidades en la gestión ambiental no buscan culpables del pasado, sino instituciones capaces de escuchar, rendir cuentas y actuar con coherencia frente al presente.
Hablar de bienes comunes implica reconocer que la protección del ambiente no puede depender del criterio político de turno, ni reducirse a la voluntad de un jerarca, sino sostenerse en estructuras públicas sólidas, participativas y con independencia técnica real.
Cuando se cierran los espacios de participación y se debilita la voz de los territorios, el Estado pierde su legitimidad ambiental. Las comunidades pueden organizarse, movilizarse y cuidar, pero sin un Estado que acompañe y garantice la justicia ecológica, sus esfuerzos quedan aislados frente a un poder que decide sin escuchar.
Mientras el MINAE insista en justificar sus omisiones con el pasado y en concentrar decisiones en el despacho ministerial, la confianza pública, la democracia ambiental y los ecosistemas seguirán siendo las verdaderas víctimas.
Manual para convivir con un fantasma ministerial
Tres años después de haber asumido funciones, el actual Ministerio de Ambiente sigue habitado por una presencia incorpórea pero útil: el fantasma del gobierno pasado.
Aparece en cada comunicado, flota en los despachos y se materializa cada vez que hay que rendir cuentas.
Este espectro multifuncional tiene una habilidad extraordinaria: asumir toda la culpa sin ocupar ningún cargo. Se le invoca para explicar por qué no se inspecciona, por qué no se audita, por qué no se fiscaliza… y hasta por qué las decisiones actuales se toman sin participación.
Mientras tanto, los nuevos jerarcas —ya con tres años de gestión— actúan como si aún estuvieran desempacando.
El tiempo transcurre, los decretos se acumulan y las omisiones se repiten, pero el fantasma sigue ahí, recordando que la mejor estrategia de gobierno es la del espejo retrovisor.
Si de verdad existiera una política pública de exorcismo institucional, el primer paso sería reconocer que el pasado no gobierna: gobierna quien hoy decide. Y quien decide, lo hace con poder real sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que defienden la vida.
Hasta entonces, el fantasma del gobierno pasado seguirá paseándose por las oficinas del MINAE, dictando comunicados y borrando responsabilidades con su manto de humo político.
Fuentes:
Delfino.cr. (2025, 1 de noviembre). Minae achaca al gobierno anterior la débil fiscalización de la Setena. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/11/minae-achaca-al-gobierno-anterior-la-debil-fiscalizacion-de-la-setena
Semanario Universidad. (2025, 12 de septiembre). Minae desata polémica al afirmar que concesionarios de Papagayo pueden talar bosque hasta en un 30 % del terreno, lo cual riñe con Ley Forestal. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/minae-desata-polemica-al-afirmar-que-concesionarios-de-papagayo-pueden-talar-bosque-hasta-en-un-30-del-terreno-lo-cual-rine-con-ley-forestal/
Semanario Universidad. (2025, 28 de mayo). Setena dio permiso para construir megaproyecto en Playa Panamá donde empresa negó que hubiera bosque. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/setena-dio-permiso-para-construir-megaproyecto-en-playa-panama-donde-empresa-nego-que-hubiera-bosque/
Observatorio de Bienes Comunes UCR. (2025, 30 de octubre). Comunidades tenían razón: auditoría confirma graves fallas de la SETENA y revela un modelo ambiental en crisis. BienesComunes.fcs.ucr.ac.cr. https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/comunidades-tenian-razon-auditoria-confirma-graves-fallas-de-la-setena-y-revela-un-modelo-ambiental-en-crisis/
