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Luchas por el agua en Hatillo: ¿Qué nos dicen de nuestros territorios?

En esta entrevista conversamos con Andrés José Romero Méndez, autor de la tesis “Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)”. El estudio revela cómo los cortes de agua no son solo un problema coyuntural o técnico, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han relegado a comunidades enteras a vivir bajo racionamientos normalizados. En este diálogo exploramos:

🔎 La historia de la urbanización del agua en San José y su desigualdad.

⚖️ Cómo los racionamientos se legitiman jurídicamente como “inevitables”.

📢 La resistencia comunitaria en Hatillo y la disputa por narrar su propia realidad frente al discurso oficial.

Un intercambio que conecta geografía, política y vida cotidiana, y que invita a repensar el agua no solo como infraestructura, sino como un derecho y un campo de lucha.

Crédito imagen de cabecera: Semanario Universidad

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Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

Las recientes actuaciones de la Municipalidad en la zona costera de Talamanca confirman una percepción creciente entre vecinos y activistas: el verdadero motor de la gestión municipal no es la protección ambiental, sino la recaudación fiscal. Aunque en apariencia se realizan clausuras, operativos y controles, el trasfondo es otro: lo que se busca no es frenar el daño a playas, humedales o quebradas, sino garantizar que los permisos estén en «regla» y que los pagos se realicen.

De esta manera, la institucionalidad local proyecta una imagen de “ordenamiento” que en realidad encubre la permisividad con construcciones ilegales, talas y rellenos en zonas de alto valor ecológico. Lo que debería ser un marco regulatorio para proteger los bienes comunes termina convertido en un sistema de trámites administrativos que legitima la ocupación y privatización del territorio costero.

Intervenciones sin enfoque ambiental

El activista Philippe Vangoidsenhoven ha seguido de cerca dos casos recientes que ilustran este problema. El primero ocurrió cerca de la zona de Flor de China, donde una intervención municipal se resolvió rápidamente con la regularización de un permiso, a pesar de tratarse de un terreno señalado como patrimonio del Estado. El segundo sucedió este fin de semana en Beach Break, donde la clausura de una construcción fue presentada como un acto de fiscalización, pero en realidad respondió únicamente a la falta de permisos al día.

En ninguno de los dos casos se habló de la protección de humedales, de la conservación del bosque ni del respeto a la zona pública. La municipalidad desplegó a varios funcionarios, colocó cintas de clausura y levantó actas, pero el centro de su preocupación fue que no se habían pagado los trámites correspondientes. Esto confirma, según Vangoidsenhoven, que la lógica de la institución es “pagar para seguir construyendo”, sin importar la fragilidad del entorno.

Enjambre de construcciones en plena zona pública

El caso de Beach Break es especialmente grave porque pone en evidencia la contradicción más profunda del modelo actual. En esa zona, la ley establece que los primeros 50 metros de franja costera son inalienables, imprescriptibles e intransferibles. Sin embargo, allí se levantan construcciones con permisos municipales, incluso hoteles que cuentan con órdenes de demolición, pero que siguen funcionando y expandiéndose con el aval de nuevos permisos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de un hotel con orden de demolición que, lejos de ser sancionado, recibió luz verde para construir una piscina. Esto ilustra cómo los mecanismos administrativos no operan en defensa del interés público ni del derecho de acceso a la playa, sino en beneficio de quienes pueden pagar y obtener permisos.

La clausura realizada el fin de semana en Beach Break no se debió a la tala de árboles ni a la invasión de la zona pública, sino a que la obra carecía de papeles en regla. Como señala Vangoidsenhoven, si los constructores hubieran tenido los permisos actualizados, la obra seguiría avanzando, pese al daño ambiental evidente.

Cercanías a Flor de China
Cercanías de Beach Break
Chapeo en quebradas y presión sobre humedales

Otro frente de afectación se vive en las quebradas y humedales de la zona, donde las intervenciones ilegales avanzan con rapidez. Vangoidsenhoven documentó el caso de un chapeo reciente en una quebrada, a pesar de haber sido denunciado en múltiples ocasiones. La falta de respuesta oportuna muestra que la Municipalidad actúa únicamente cuando puede encuadrar los hechos en un trámite administrativo o en el cobro de un permiso.

El resultado es un vacío de protección real sobre ecosistemas vitales. Mientras las construcciones avanzan, los humedales son rellenados y las quebradas alteradas, la municipalidad se mantiene pasiva, salvo que detecte irregularidades en el papeleo. La consecuencia es un proceso silencioso de deterioro ambiental, que erosiona poco a poco la capacidad de los ecosistemas para sostener la vida y proteger a las comunidades costeras.

Una lógica de permisos, no de protección

Estos casos ponen en evidencia un patrón institucional: lo que importa no es el daño ambiental, sino la formalidad del trámite. El criterio central para clausurar una construcción es que no se han cumplido los requisitos administrativos. Una vez que los desarrolladores pagan, se reactivan las obras, incluso si estas invaden zonas públicas o destruyen ecosistemas sensibles.

En la práctica, el mensaje que reciben los constructores es claro: se puede edificar en la zona marítimo-terrestre, se pueden talar árboles y rellenar humedales, siempre y cuando se cuente con los permisos al día. Lo ambiental queda reducido a un requisito burocrático más, que no impide la destrucción del territorio.

Naturaleza en segundo plano

Los testimonios y seguimientos de Vangoidsenhoven evidencian la profunda contradicción del modelo municipal en Talamanca. Las clausuras y operativos, lejos de ser medidas de protección, se han convertido en herramientas de recaudación fiscal. Los sellos de clausura no representan un alto al avance de la frontera constructiva, sino apenas una pausa mientras se regularizan los pagos.

En el discurso público, se afirma que existe un compromiso con la conservación, pero en la práctica lo que prevalece es un sistema de permisos que legitima construcciones en zonas públicas, humedales y quebradas. La naturaleza, una vez más, queda relegada frente a la lógica del dinero.

Un modelo territorial al servicio del negocio, no de la naturaleza

La situación en Talamanca no es un caso aislado, sino la expresión de un modelo territorial que concibe el suelo principalmente como un recurso para el negocio inmobiliario y turístico. En lugar de priorizar la protección de la biodiversidad, la recuperación de humedales o la garantía del acceso público a las playas, la planificación municipal se centra en habilitar terrenos para la construcción de hoteles, comercios y residencias privadas.

Esta lógica convierte a la naturaleza en un obstáculo administrativo que debe ser superado con permisos y trámites, en vez de ser reconocida como un bien común fundamental para la vida y la identidad de las comunidades. Así, el territorio costero se fragmenta en lotes de uso privado, dejando de lado su condición de espacio público y de patrimonio colectivo.

Al privilegiar el desarrollo inmobiliario y comercial, se generan dinámicas de exclusión social. Las comunidades locales enfrentan el aumento del costo de vida, la privatización de accesos al mar y la pérdida de ecosistemas que sostienen sus modos de vida. En paralelo, los beneficios económicos quedan concentrados en manos de quienes tienen la capacidad de invertir y pagar permisos, reproduciendo desigualdades.

Además, este enfoque implica un riesgo a futuro: al reducir la naturaleza a un valor de cambio, se compromete la resiliencia de la zona frente a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, erosión costera o pérdida de fuentes de agua. La falta de protección ambiental hoy se traducirá en mayores vulnerabilidades para las comunidades mañana.

En síntesis, una política territorial centrada en la promoción del uso comercial del suelo y en la recaudación fiscal ignora la dimensión ecológica y social del territorio, debilitando tanto la justicia ambiental como la justicia social. La ausencia de una visión integral de ordenamiento convierte a Talamanca en un espacio cada vez más expuesto a la especulación, la degradación y el despojo.

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Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de la Municipalidad de Nicoya, Carlos Armando Martínez Arias, por su presunta omisión en la defensa de bienes públicos —calles, parques, áreas verdes y reservas comunales— ubicados en el histórico Proyecto Americano de Nosara. El recurso fue interpuesto por el abogado Marvin Rodríguez Varela el 21 de abril de 2025.

Una historia que inicia en 1966

El origen del conflicto se remonta a la llegada de un inversionista estadounidense en 1966, quien adquirió una finca de más de mil hectáreas en Nosara. Un año después, el INVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo) aprobó el Mapa Oficial del Proyecto Americano, en el que quedaron delimitadas las áreas destinadas al uso público: calles, zonas verdes y espacios comunales.

Sin embargo, con el paso de las décadas, la Municipalidad de Nicoya fue autorizando construcciones y visados de planos sin asegurar la protección de esas áreas. Así, terrenos que debían permanecer como bienes de la comunidad terminaron inscritos a nombre de privados y, posteriormente, bajo la administración de la Asociación Cívica de Nosara.

¿Por qué se presentó el amparo?

El recurso sostiene que el alcalde incumplió acuerdos firmes del Concejo Municipal de 2020 y 2021, que lo obligaban a iniciar procesos legales para recuperar más de 80 hectáreas de bienes públicos. Además, se apoya en dictámenes de la Procuraduría General de la República, los cuales son claros: los bienes demaniales —como calles, parques y áreas comunales— son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser vendidos, apropiados ni reclamados por particulares.

Para el abogado Rodríguez Varela, la inacción del alcalde constituye una falta grave a su deber constitucional de proteger los intereses de la comunidad y del Estado, más aún cuando existen pruebas contundentes sobre el carácter público de los terrenos en disputa.

Lo que resolvió la Sala Constitucional

Al admitir el recurso, la Sala IV ordenó al alcalde cumplir sin más demora los acuerdos municipales y emprender los trámites necesarios para reivindicar las tierras. Además, dispuso la paralización inmediata de cualquier obra que afecte las zonas verdes, calles o áreas comunales dentro del Proyecto Americano, así como la suspensión de trámites registrales en el Registro Nacional sobre esos terrenos.

El fallo también abre la puerta para que el caso sea elevado al Tribunal Supremo de Elecciones, el cual podría revisar la validez de las credenciales del alcalde. Asimismo, señala la necesidad de investigar el papel de la Asociación Cívica de Nosara en los traspasos irregulares de bienes públicos.

Implicaciones para Nosara y el país

La resolución representa un triunfo en la defensa de los bienes comunes y sienta un precedente clave para otras comunidades costeras y turísticas que enfrentan problemas similares. Nosara podría recuperar terrenos de gran valor ecológico y económico —estimados en millones de dólares—, pero sobre todo, devolver a la comunidad el acceso a espacios que le pertenecen desde hace más de medio siglo.

El fallo también envía un mensaje contundente: la inacción de las autoridades locales frente a irregularidades no es tolerable y puede acarrear consecuencias legales y políticas. En términos educativos, este caso recuerda que los bienes públicos no son un regalo de las instituciones, sino derechos colectivos protegidos por la Constitución.

En Nosara, y en todo el país, la sentencia abre una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de exigir transparencia, participación y compromiso de los gobiernos locales en la gestión del territorio.

Pueden descargar los documentos aquí

Recurso de amparo

Resolución

Aportes del fallo para casos similares
  1. Reafirma la imprescriptibilidad de los bienes públicos: ningún particular, aunque tenga escrituras registradas o posesión prolongada, puede reclamar propiedad sobre áreas demaniales. Esto es aplicable a conflictos en playas, parques urbanos y reservas comunales en todo el país.
  2. Obliga a las municipalidades a actuar: la sentencia deja claro que la omisión de alcaldes o funcionarios para proteger bienes públicos constituye una violación constitucional. Por tanto, los gobiernos locales tienen la obligación de iniciar procesos judiciales y administrativos cuando haya ocupación indebida.
  3. Precedente para detener obras privadas: al ordenar la paralización inmediata de construcciones en terrenos públicos, el fallo puede usarse en otros casos donde desarrollos turísticos o residenciales pretendan apropiarse de áreas verdes, caminos o zonas de acceso común.
  4. Reconoce la fuerza vinculante de los acuerdos municipales: el fallo confirma que los alcaldes deben cumplir los acuerdos tomados por el Concejo Municipal, fortaleciendo el control democrático y colegiado en la gestión local.
  5. Defensa de intereses colectivos por encima de intereses privados: el fallo marca un precedente en el equilibrio entre derechos individuales y el interés general, especialmente en territorios donde el valor económico de la tierra puede tentar a apropiaciones indebidas.
  6. Herramienta para comunidades organizadas: al validar los reclamos de Nosara, la resolución fortalece a movimientos comunales en otras localidades que buscan recuperar espacios públicos y denunciar irregularidades municipales.
Glosario básico
  • Recurso de amparo: mecanismo constitucional que permite a cualquier persona denunciar violaciones a derechos fundamentales cometidas por autoridades públicas, solicitando una respuesta inmediata de la Sala Constitucional.

  • Sala Constitucional (Sala IV): instancia de la Corte Suprema de Justicia que resuelve recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en Costa Rica.

  • Bienes demaniales: bienes de dominio público (como calles, parques, plazas, áreas verdes y comunales) que son inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), imprescriptibles (no se pierden con el tiempo) y que deben destinarse al uso público.

  • INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo): institución estatal que regula proyectos urbanísticos y su planificación, incluyendo la delimitación de espacios públicos en planes de urbanización.

  • Mapa Oficial / Diseño de sitio: documento aprobado por el INVU en 1967 para el Proyecto Americano en Nosara, donde quedaron establecidas formalmente las áreas destinadas al uso común.

  • Reivindicación de bienes: acción legal o administrativa que busca recuperar para el Estado o la comunidad bienes públicos que han sido indebidamente apropiados por particulares.

  • Concejo Municipal: órgano colegiado de gobierno local que aprueba acuerdos y dicta lineamientos que el alcalde debe ejecutar.

  • Procuraduría General de la República: institución asesora y consultora del Estado costarricense en materia legal. Sus dictámenes, cuando son vinculantes, obligan a las instituciones públicas a acatarlos.

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Defensa de la Cuenca del Río Frío denuncia ante el MINAE la extracción minera en Guatuso con más de 150 firmas ciudadanas

El movimiento socioambiental Defensa de la Cuenca del Río Frío, junto a más de 150 personas del pueblo de Maquencal y comunidades aledañas en Guatuso de Alajuela, entregaron este viernes un documento de denuncia ciudadana al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. La acción busca detener el deterioro del ecosistema del río Frío frente a décadas de extracción minera no metálica en su cauce.

En el documento entregado y respaldado por más de 150 firmas, las comunidades denuncian la “extracción irracional” de material minero no metálico en el Río Frío, la cual se ha extendido por más de tres décadas, con registros de concesiones desde 1991. Según expresaron, este modelo extractivo ha significado un “consumo excesivo en el tiempo, una extracción desmedida y una degradación absoluta del ecosistema”.

La denuncia se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que reconoce el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, el movimiento solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que no se otorguen más concesiones sobre el Río Frío y que se realicen estudios técnico-científicos rigurosos para determinar el verdadero impacto ambiental de las actividades mineras en la cuenca.

El movimiento Defensa de la Cuenca del Río Frío insiste en que esta lucha no se trata solo de preservar el río, sino también de garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Al respecto, recordaron el Principio 3 de la Declaración de Río de 1992: “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambiente de las generaciones presentes y futuras”.

Con esta acción y el respaldo ciudadano expresado en las firmas, las comunidades esperan que el MINAE escuche la voz colectiva y actúe en defensa del interés público, priorizando el derecho a un ambiente sano sobre los intereses extractivos que han puesto en riesgo la vida del Río Frío y de quienes dependen de él.

Pueden ver la denuncia ciudadana aquí.

Por motivos de privacidad, no se publican en esta nota las firmas ni los números de cédula de las personas firmantes.

Un ejemplo del impacto: antes
Ahora
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Tras movilización ciudadana se abre mesa de negociación por la participación en el Plan Regulador de Escazú

Tras la movilización y presión ciudadana, este viernes 22 de agosto se abrió una mesa de negociación para abordar el tema de la participación en la elaboración del Plan Regulador de Escazú.

En el espacio participan representantes de la alcaldía, las siete personas regidoras del Concejo Municipal y cuatro delegados escogidos por los  movimientos cívicos ciudadanos que se articularon para exigir condiciones reales de incidencia comunitaria. Con esta apertura, se reconoce la legitimidad de las demandas vecinales y se abre una oportunidad para que la voz de la ciudadanía tenga un lugar en la definición del futuro territorial del cantón.

La mesa de negociación se instala en un contexto marcado por el descontento. Tras el pasado 29 de julio, dónde se dio  la decisión de trasladar la responsabilidad del Plan Regulador a una oficina técnica municipal, sin el acompañamiento de la Comisión Especial con representación comunitaria, provocó un amplio rechazo. Vecinas y vecinos denunciaron la reducción de la transparencia, la improvisación en las sesiones del Concejo y la ausencia de condiciones mínimas para la participación.

Ahora, con la instalación de la mesa, los movimientos ciudadanos esperan que se construyan acuerdos concretos que garanticen:

  • La permanencia de un mecanismo de representación comunitaria.

  • Procesos accesibles y transparentes de discusión de las propuestas.

  • Condiciones adecuadas para que la ciudadanía pueda incidir desde las primeras etapas.

 

El próximo martes 26 de agosto, durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal, se presentarán los resultados de esta negociación y las soluciones acordadas entre las partes. Será un momento clave para confirmar si la apertura al diálogo se traduce en compromisos reales y efectivos.

Desde los movimientos ciudadanos el mensaje es claro: la participación en el Plan Regulador no es un privilegio, sino un derecho democrático que garantiza que las decisiones sobre el territorio respondan al interés colectivo y no únicamente a intereses comerciales o particulares.

“Nos vemos el martes”, expresan las organizaciones, reafirmando la convocatoria a la comunidad escazuceña para llenar nuevamente el Concejo Municipal y dar seguimiento a los acuerdos. Pueden ver el post de facebook aquí y seguir toda la información.

La fuerza de la movilización ciudadana

La apertura de la mesa de negociación no fue un gesto espontáneo de la administración municipal, sino el resultado directo de la organización y presión de la ciudadanía. Desde las primeras denuncias de CODECE y colectivos locales, hasta la concentración de más de un centenar de vecinos y vecinas en las afueras del Concejo Municipal, la participación comunitaria se convirtió en el motor que obligó a las autoridades a escuchar y abrir un espacio formal de diálogo.

La movilización ha demostrado que el involucramiento activo de la población puede cambiar el rumbo de decisiones que parecían cerradas. Frente a intentos de limitar la incidencia ciudadana, la respuesta colectiva puso sobre la mesa que el territorio es un asunto de interés público y no exclusivo de oficinas técnicas o de intereses inmobiliarios.

Más allá de la coyuntura inmediata, esta experiencia deja un aprendizaje clave: solo con presencia, vigilancia y articulación comunitaria es posible defender los bienes comunes, el derecho a la ciudad y la transparencia en la gestión municipal.

En Escazú, la voz organizada de la ciudadanía logró abrir una negociación que hasta hace pocos días parecía impensable. El desafío ahora es que los acuerdos se concreten en mecanismos reales de participación, y que la movilización se mantenga como una herramienta de defensa del territorio y la vida comunitaria.

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Pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio

En este video escuchamos de primera mano los testimonios de personas del pueblo indígena Ngöbe asentado en Sixaola, quienes denuncian el abandono institucional, la discriminación y la negación sistemática de sus derechos.

Las entrevistas fueron grabadas durante el conversatorio “Situación actual del pueblo Ngäbe de Sixaola en su lucha por territorio”, realizado en la Universidad de Costa Rica el 14 de junio de 2025.

Las y los participantes abordan con claridad y firmeza problemáticas como:

Obstáculos para acceder a ayudas sociales y servicios básicos.

Falta de atención en salud y acceso seguro al agua.

Condiciones de explotación laboral en las fincas bananeras y plataneras.

La ausencia de un territorio reconocido que garantice su existencia como pueblo.

Más que relatos aislados, estas voces revelan un patrón sostenido de exclusión y racismo estructural que vulnera a más de 10.000 personas Ngöbe en la zona sur del Caribe costarricense. Este material busca amplificar su llamado: reconocimiento, justicia territorial y el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado costarricense ha firmado, como el Convenio 169 de la OIT.

Organizaron el Proyecto de Acción Social Movimientos socioterritoriales del Caribe Sur: El pueblo Ngäbe de Sixaola — Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) — con el respaldo del Laboratorio de Geografía Humana de la Escuela de Geografía y la Subcomisión de Coordinación con Pueblos y Territorios Indígenas del CONARE.

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Escuchando a Escazú: participación y retos ante las decisiones municipales

Durante la reciente sesión municipal, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier y Francisco sobre por qué es fundamental que las personas vecinas participen en la elaboración del Plan Regulador, qué desafíos enfrenta el cantón, y cómo las decisiones de la Municipalidad afectan su vida diaria.

Sus testimonios reflejan la urgencia de generar espacios de diálogo reales, transparentes y abiertos a todas las personas.

No te pierdas estas voces: escucha el audio completo aquí

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Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

El pasado 19 de agosto, el Concejo Municipal de Escazú celebró su sesión ordinaria con la expectativa de analizar la gestión del Plan Regulador. Sin embargo, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se presentó un extenso informe sobre Vivienda Municipal y, además, de forma sorpresiva, la administración solicitó un nuevo punto para exponer los avances de la llamada Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos escazuceños se reunieron para exigir una participación real en la elaboración del plan regulador: ser tomados en cuenta en la construcción de propuestas, incidir en las disposiciones de zonificación y asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras, espacios pensados para la comunidad y no solo para el negocio inmobiliario, además de la prevención de desastres frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma que la zona protectora de los Cerros de Escazú también está en juego. Este territorio, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad frente a desastres, requiere políticas que fortalezcan su conservación y no que la debiliten con decisiones fragmentadas o guiadas únicamente por intereses comerciales. Lo que se disputa no es solo la zonificación urbana, sino la posibilidad de garantizar condiciones de vida dignas y sostenibles para todo el cantón.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvía el problema del audio; lo único que sí estuvo asegurado fue la presencia de la Policía Municipal.

Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas:

“Estamos acá alrededor de cien personas. Vinimos a demandar que haya participación ciudadana en la elaboración de un nuevo plan regulador. La respuesta de la alcaldía fue llenar las barras con empleados municipales y presentar, de la nada, una oficina técnica para elaborar el plan a puerta cerrada. Seis regidurías la aprobaron. Las audiencias que pedimos con anticipación no iniciaron sino hasta pasadas las diez de la noche. ¡Qué irrespeto a la ciudadanía!”.

La sesión, que comenzó a las 7 p. m., solo dio espacio a la discusión vecinal hasta las 11 de la noche, cuando muchas personas ya se habían retirado. Aun así, la presión de quienes permanecieron permitió que la presidencia del Concejo propusiera realizar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con mejores condiciones para escuchar tanto a la comunidad como a las regidurías. La sesión se cerró a las 11:57 p. m., quedando a la espera de la confirmación del alcalde para el próximo viernes.

El “cálculo” político

La administración municipal defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, argumentando que buscaba contrarrestar la “desinformación” y el “desconocimiento ciudadano”. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de participación efectiva en el proceso. El esfuerzo por convencer a última hora solo reforzó la percepción de que el trabajo se ha realizado a puertas cerradas y de espaldas a la ciudadanía.

El alargue deliberado de la sesión impulsado por 5 de las 7 personas regidores, la votación apresurada de mociones y la apelación constante a la “legalidad mínima” muestran una gestión política más preocupada por blindarse que por generar confianza. Lo que debería ser una fortaleza —la participación ciudadana en decisiones de ordenamiento territorial— se ha convertido en Escazú en un factor de erosión democrática.

El mensaje más inquietante lo dio la propia Oficina de Plan Regulador al iniciar su presentación recordando que “las amenazas contra funcionarios públicos están penadas por el Código Penal”. ¿Qué tipo de interlocución con la ciudadanía se construye desde esa advertencia?

En lugar de abrir espacios de confianza y diálogo, la Municipalidad parece optar por el cálculo político y la minimización de la participación, dejando más dudas que certezas sobre el rumbo del Plan Regulador y la gestión del territorio escazuceño.

Tensiones locales: agricultura, agua y el modelo de cantón

En Escazú, el Plan Regulador no es un trámite técnico: define el rumbo de un territorio donde conviven agricultores, barrios residenciales y un comercio en expansión. En San Antonio de Arriba, por ejemplo, la presión inmobiliaria acorrala a los agricultores y los empuja hacia la zona protectora, la cual cumple funciones vitales de recarga de agua, amortiguamiento ambiental y seguridad frente a desastres. Sin un ordenamiento claro, esa zona se convierte en el último reducto de la actividad agrícola, aumentando las tensiones en lugar de resolverlas.

Otro punto crítico es la diferencia entre el emprendimiento familiar —que merece apoyo— y los cambios de uso de suelo orientados al comercio a gran escala, que transforman la fisonomía del cantón. Sin participación comunitaria, un Plan Regulador corre el riesgo de favorecer negocios de corto plazo mientras deteriora la plusvalía, la tranquilidad barrial y la calidad de vida.

Las experiencias vecinales lo confirman:

  • La falta de agua y la incertidumbre sobre su disponibilidad se han vuelto problemas cotidianos.
  • Los desbordamientos e inundaciones, cada vez más frecuentes, generan temor y cuestionan la ausencia de gestión preventiva.
  • La mezcla de negocios dentro de barrios residenciales genera tensiones que, con el tiempo, han consolidado un desorden que degrada la armonía comunitaria y reduce el valor residencial de las viviendas.

Como han señalado vecinas y vecinos, ese desorden se refleja en los problemas de drenaje y las inundaciones que aumentan año con año.

Intervención Javier Sánchez – CODECE

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Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

La Primera Declaración de La Habana (1960) no fue solo un discurso de otro tiempo: fue un grito colectivo por soberanía, autodeterminación y justicia social. Hoy, denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, es continuar esa tradición emancipadora. Lo paradójico es que quienes acusan de conspirar a las voces críticas son, muchas veces, los mismos que firman contratos con Chevron, empresa que además trabaja directamente con Israel, o venden petróleo al gigante imperial que financia guerras y sostiene a Israel. El verdadero rostro del imperialismo no está en quienes defienden la vida, sino en los acuerdos lucrativos que traicionan la dignidad de los pueblos.

Se han difundido textos que pretenden instalar la idea de que académicos, activistas y organizaciones socioambientales en Venezuela —entre ellos Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— forman parte de una red de “injerencia extranjera” y de supuestas operaciones para desestabilizar al Estado venezolano.

Estas acusaciones no son nuevas: repiten, con ligeros matices, el guion habitual de quienes ven en toda crítica un acto de traición y en toda denuncia socioambiental un complot internacional. Lo novedoso hoy es el nivel de desproporción y simplificación, donde la etiqueta de “conspiración” sustituye cualquier debate real sobre el modelo extractivista y sus consecuencias sobre los pueblos y los territorios.

El recurso cómodo de la “injerencia”

Apelar a la “injerencia” es un recurso cómodo para quienes no desean discutir lo esencial: que el Arco Minero del Orinoco y otros megaproyectos extractivos están provocando devastación ambiental, vulnerando derechos de comunidades indígenas y abriendo paso a dinámicas de corrupción y violencia. Señalar estos problemas no significa alinearse con agendas imperiales, sino ejercer el mínimo deber ético de defender la vida y la dignidad de los pueblos.

Convertir a organizaciones, fundaciones o académicos críticos en “agentes extranjeros” es una manera de evadir responsabilidades y de instalar un clima de miedo donde toda voz disonante se trata como sospechosa. En lugar de debate, estigmatización; en lugar de diálogo, disciplinamiento.

La hipocresía de ciertas voces intelectuales

Resulta particularmente grave la hipocresía de sectores intelectuales que, en nombre de la defensa antiimperialista, callan ante la devastación ambiental y la represión interna, pero se activan de inmediato para deslegitimar a quienes levantan críticas fundamentadas.

Estos sectores dicen rechazar “las divisiones en el campo popular”, pero en la práctica reproducen un discurso que criminaliza, aísla y pone en riesgo a compañerxs de lucha. Su retórica se alimenta del mismo dispositivo que históricamente ha servido para perseguir la disidencia dentro de procesos revolucionarios: acusar de estar “del lado del enemigo” a quienes piensan distinto.

Chevron, Israel y los silencios cómplices

El mapa del poder global se entiende mejor siguiendo las rutas de las energías fósiles. Chevron, una de las principales transnacionales del sector, no solo ha devastado territorios en América Latina y África: también abastece directamente al Estado de Israel, sosteniendo con energía y capital la maquinaria de guerra que perpetra el genocidio contra el pueblo palestino.

Frente a esta realidad, el silencio de ciertos sectores intelectuales resulta ensordecedor. Quienes hoy se apresuran a acusar de “injerencistas” a Edgardo Lander y a quienes denuncian el extractivismo omiten deliberadamente esta complicidad estructural. Guardan silencio sobre cómo el capital que desangra a Venezuela, Ecuador o Nigeria también alimenta los crímenes de guerra en Gaza.

La contradicción se profundiza cuando el propio gobierno venezolano, que en los discursos se presenta como aliado del pueblo palestino, mantiene negocios con Chevron, empresa vinculada directamente al sostenimiento energético de Israel. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se negocia con una corporación que abastece a su verdugo?

Estas incoherencias no son detalles secundarios: muestran hasta qué punto el antiimperialismo puede vaciarse de sentido cuando se convierte en una consigna sin práctica consecuente. La crítica que se intenta acallar con acusaciones de “traición” o “intervencionismo” no es más que la insistencia en desenmascarar estas relaciones de poder, allí donde se cruzan extractivismo, genocidio y negocio.

Defender la crítica como parte de la emancipación

La verdadera fortaleza de cualquier proyecto emancipador no se mide por su capacidad de blindarse de toda crítica, sino por la disposición a escuchar y corregir. Deslegitimar a quienes cuestionan el extractivismo bajo el argumento de que “repiten tesis imperiales” no solo es injusto, sino peligroso: abre la puerta a que toda crítica social, ambiental o de derechos humanos sea catalogada como enemiga.

La historia latinoamericana nos ha enseñado que cuando la crítica se silencia, se impone el dogma; y cuando se criminaliza la diferencia, se erosiona la posibilidad de construir alternativas reales al capitalismo depredador.

Nuestra solidaridad

Desde diferentes territorios y luchas, expresamos nuestra solidaridad con Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada, así como con todas las personas y organizaciones que defienden la vida frente al extractivismo en Venezuela y en América Latina.

Su trabajo es parte de una larga tradición de pensamiento crítico y compromiso con los bienes comunes. Callar o atacar esa labor no fortalece ningún proceso popular: al contrario, lo debilita.

Defender la posibilidad de disentir, cuestionar y proponer alternativas no es un lujo, es una necesidad histórica. Frente a los intentos de disciplinamiento, reafirmamos que la solidaridad entre pueblos y movimientos no se construye repitiendo consignas, sino sosteniendo espacios de crítica, cuidado y dignidad compartida.

José Martí: el antiimperialismo como defensa de la dignidad de los pueblos

José Martí comprendió tempranamente que el imperialismo era, más que una amenaza externa, un sistema que pretendía moldear conciencias y subordinar economías. En textos como Nuestra América (1891), Martí advierte contra “los pueblos que se creen el ombligo del mundo” y llama a los latinoamericanos a gobernarse con sus propias realidades, no con recetas importadas.

Para Martí, la lucha contra el imperialismo no se reducía al enfrentamiento militar o político, sino a un proyecto cultural y ético de afirmación de la dignidad. Esa tradición martiana nos recuerda que criticar los proyectos extractivistas que entregan territorios a capitales extranjeros no es alinearse con el enemigo, sino precisamente honrar la vocación emancipadora de nuestros pueblos. Como escribió Martí, “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”. Quienes hoy levantan críticas desde la ecología política siguen levantando trincheras de ideas frente a un modelo que, bajo el ropaje de “desarrollo”, repite lógicas coloniales.

Franz Fanon: descolonizar implica también cuestionar las élites propias

Franz Fanon, en obras como Los condenados de la tierra (1961), señaló con claridad que la liberación no podía quedarse en la expulsión del colonizador externo: había que evitar que las élites locales reprodujeran las mismas lógicas de opresión y saqueo. Para Fanon, la descolonización era un proceso integral que exigía transformar las estructuras políticas, económicas y culturales, no simplemente cambiar de administradores.

Esta reflexión es fundamental hoy en Venezuela y en América Latina: se puede invocar la bandera antiimperialista mientras se perpetúan prácticas extractivistas que reproducen las formas coloniales de dominación sobre pueblos indígenas y territorios. Fanon advirtió contra el riesgo de sustituir el colonialismo europeo por “burguesías nacionales” que se enriquecen a costa de su pueblo. En ese sentido, la crítica a proyectos como el Arco Minero no debilita la lucha antiimperialista: la fortalece, porque desnuda cómo el colonialismo puede mutar y reaparecer bajo nuevas máscaras.

Ignacio Ellacuría: la crítica como opción por los pueblos crucificados

El pensamiento de Ignacio Ellacuría, filósofo y teólogo asesinado en El Salvador en 1989, aporta una clave imprescindible: la verdad histórica se encuentra en los pueblos crucificados. Ellacuría sostenía que toda reflexión crítica debía partir de las víctimas del sistema, de los pobres, de quienes sufren la violencia estructural. Desde esa opción preferencial, la función de la intelectualidad y de las instituciones no es legitimar a los poderosos, sino develar las injusticias y ponerse del lado de quienes cargan la cruz de la historia.

Aplicado a la Venezuela actual, este legado nos obliga a escuchar a las comunidades indígenas y a los territorios devastados por el extractivismo, no a silenciarlos con acusaciones de conspiración. Ellacuría hablaba de la necesidad de una “civilización de la pobreza”, entendida no como miseria impuesta, sino como un proyecto donde los bienes comunes se compartan y la vida se defienda. Ese horizonte es incompatible con la criminalización de quienes, desde la ecología política, denuncian el sufrimiento de los pueblos y de la naturaleza.

La crítica verdadera frente a los intelectuales a sueldo

Silvio Rodríguez nos recordó, en una de sus canciones más descarnadas, que hay voces que se visten de rebeldía pero suenan huecas, porque en realidad repiten lo que el poder les dicta. Esa imagen del “harapo” es demoledora: el disfraz de radicalidad que, al primer soplo del viento, deja ver su costura oportunista.

Hoy, algunos pseudointelectuales se presentan como guardianes de la revolución y portavoces de la “lucha antiimperialista”, pero sus discursos terminan coincidiendo con los intereses de los mismos Estados y aparatos que los financian. Usan la retórica de la patria y del pueblo, pero se acomodan a las estructuras que garantizan su prestigio, sus viajes, sus publicaciones y sus sueldos.

Mientras tanto, quienes se atreven a señalar los daños concretos —el extractivismo que arrasa, las comunidades indígenas que resisten, los territorios envenenados— son acusados de ser “injerencistas” o “agentes del imperio”. La ironía es brutal: los auténticos críticos son perseguidos, y los burócratas del pensamiento se envuelven en banderas para esconder su servidumbre.

La canción de Silvio nos deja una clave: la verdadera coherencia no se mide en discursos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener la dignidad aun en la intemperie. Frente a los trajes de oropel de la pseudointelectualidad, reivindicamos las voces que, con harapos si hace falta, siguen defendiendo la vida, los pueblos y los bienes comunes.

El verdadero imperialismo no está en las voces críticas que denuncian la devastación ambiental ni en los colectivos que levantan trincheras de ideas para defender a los pueblos. El imperialismo se sostiene en los contratos con transnacionales como Chevron, en el sudor de quienes extraen petróleo que luego se vende al mismo Estados Unidos que financia guerras y sostiene a Israel en su política genocida contra Palestina.

Hablar de “injerencia” para acallar a académicos, ecologistas o movimientos sociales es una paradoja dolorosa, cuando las puertas del extractivismo se abren sin reparos al capital extranjero. Quienes hoy señalan con el dedo a Edgardo Lander y a otros compañeros deberían mirar de frente esa contradicción: ¿quién sirve más a los intereses imperiales, el que denuncia la expoliación de los pueblos o el que la administra con la excusa del desarrollo?

El antiimperialismo verdadero no se decreta: se ejerce en la defensa de la dignidad, en la coherencia frente al poder y en la capacidad de escuchar a los pueblos que resisten. Todo lo demás es un harapo que, tarde o temprano, deja ver su costura.

Activismo en directo (con spoilers de Chevron incluidos)

Antes de que alguien se espante, aclaramos: no se trata de conspiraciones fantasiosas ni de fake news… o bueno, depende de a quién le preguntes. Los videos que verán a continuación muestran a activistas y académicos desenmascarando la complicidad de grandes empresas y Estados en dinámicas de saqueo y violencia. Sí, incluso aquellos que algunos prefieren ignorar: como ese pequeño detalle sobre Chevron, su “misión liberadora” en Venezuela y su relación con Israel… pero shhh, mejor no decirlo demasiado fuerte. Prepárense para ver verdades incómodas que ciertos intelectuales suelen omitir mientras se disputan la etiqueta de antiimperialistas.

Chevron, la nueva aliada del antiimperialismo: abastece a Israel, pero no se preocupen… seguro es fake news, porque nadie querría arruinar sus nobles inversiones liberadoras en Venezuela.

Para que no nos acusen de inventar ni de ‘injerencistas’, usamos como fuente a Telesur: nada más revolucionario que enterarse por la TV del gobierno cómo Chevron y Venezuela sellan su ‘antiimperialismo’ con contrato y apretón de manos… mientras la misma Chevron abastece de gas a Israel para sostener el genocidio en Gaza.

Y para completar el guion, en el video de Telesur sobre Chevron aparece Ignacio Ramonet, el mismo que luego denuncia —con toda razón— que Israel mata periodistas. Una escena digna de tragicomedia: condenar al verdugo en Gaza mientras se aplaude al socio que trabaja por la «revolución» en Caracas. Antiimperialismo a la carta.

Atención: video de Grosfoguel denunciando a Israel… aunque estamos casi seguros de que se cortó justo cuando iba a mencionar a su socio secreto, Chevron. Ups, mejor no decir eso, que son solo ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Patricia Villegas celebra la resistencia palestina desde 1979… y en 2025 también celebra la reanudación de Chevron en Venezuela. Nada como combinar décadas de lucha por la soberanía con un poquito de ‘inversiones liberadoras’. Todo muy coherente, claro.

Maduro denuncia a Israel como el nuevo Hitler en Gaza… pero curiosamente nadie menciona que Hitler también hacía negocios con empresas cómplices. Mejor no decir eso, sobre todo si alguna de esas empresas rima con Chevron y da un tirón… a los pueblos mientras habla de ‘inversiones liberadoras’ en Venezuela.

Y ahora, para que no queden dudas de la “liberación energética” en acción, les presentamos los datos directamente de la propia Chevron. Sí, sí, esa misma empresa que Telesur celebra como “reanudando sus operaciones liberadoras” en Venezuela. No se preocupen: no vamos a dudar de la fuente oficial, porque ¿quién podría cuestionar a una corporación mientras construye gasoductos y suministra gas a uno de los Estados más militarizados del mundo? Prepárense para cifras, inversiones millonarias y producciones récord… todo muy coherente con la narrativa del progreso y la soberanía… para algunos.

Operaciones de Chevron en Israel
ProyectoAño Descubrimiento / DesarrolloSocios y participación de ChevronUbicación y característicasProducción / Impacto
LeviatánDescubierto 2010; desarrollo principal 2010-201xChevron Mediterranean Limited 39,66%; NewMed Energy 45,34%; Ratio Energies 15%130 km al oeste de Haifa, Mar Mediterráneo; cuatro pozos de producción a ~5 km de profundidad; gasoducto submarino e instalaciones de procesamientoProducción de 12 mil millones m³ de gas/año; permite cesar uso de carbón en generación eléctrica para 2025; exportador significativo de gas
TamarDescubierto 2009; desarrollado en 4 añosChevron Mediterranean Limited 25%; Isramco 28,75%; Tamar Petroleum 16,75%; Mubadala Energy 11%; Tamar Investment 2 11%; Dor Gas 4%; Union Energy & Systems 2 3,5%90 km al oeste de Haifa; 5 km de profundidad; superficie 100 km²; seis pozos de producciónAbastece ~70% del consumo eléctrico de Israel; reducción del uso de carbón, fueloil y diésel; mejora de calidad del aire
Mari-BDescubierto 2000; suministro desde 2004. Actualmente agotado.Chevron / Noble Energy junto con Delek, Delek Drilling y AvnerParte del proyecto Yam Tethys28 mil millones m³ de gas natural; primera vez que el gas natural fluye a las costas de Israel; suministro al mercado local

Chevron. (2025). Nuestros proyectos en Israel: Leviatán, Tamar y Mari-B. Recuperado de https://israel.chevron.com/en/our-businesses

¿Por qué hicimos esta nota? Omisiones y dobles estándares en la esfera intelectual y política

Ramón Grosfoguel ha denunciado consistentemente las políticas de Israel hacia Palestina y ha señalado violaciones de derechos humanos en diversos contextos. Sin embargo, en sus intervenciones públicas no se ha referido a los vínculos de empresas transnacionales como Chevron con Israel, a pesar de que estas corporaciones mantienen operaciones en territorios donde se perpetran políticas de guerra y ocupación.

Situación similar se observa en otros actores mediáticos e intelectuales. Ignacio Ramonet, por ejemplo, condena con firmeza ataques contra periodistas en Gaza, pero no aborda los vínculos corporativos que financian o sostienen indirectamente esas operaciones. Patricia Villegas, desde Telesur, celebra la resistencia palestina y la soberanía energética en América Latina, mientras la misma cobertura omite mencionar la reanudación de operaciones de Chevron en Venezuela, que abastece gas a Israel. Por su parte, Nicolás Maduro denuncia agresiones en Gaza y las compara con episodios históricos de genocidio, pero no cuestiona la complicidad indirecta derivada de contratos con corporaciones transnacionales.

Estas ausencias no son inocentes. En el contexto de la campaña de criminalización desarrollada por el gobierno venezolano contra intelectuales y activistas críticos —como Edgardo Lander, Emiliano Terán, Alexandra Martínez, Francisco Javier Velasco y Santiago Arconada— la omisión de estos vínculos corporativos y económicos estratégicos se vuelve parte de un patrón de control discursivo. Se promueve la narrativa de “injerencia extranjera” para deslegitimar críticas al extractivismo y a la gestión estatal, mientras se silencia información que podría evidenciar contradicciones en la política oficial.

Desde la perspectiva crítica, estas omisiones evidencian cómo ciertos aspectos de la relación entre corporaciones y Estados quedan fuera del debate, mientras se enfatiza la condena a políticas estatales específicas. Señalar estas ausencias permite un análisis más completo del poder global y de las conexiones entre extractivismo, financiamiento de conflictos y narrativas auto-proclamadas como antiimperialistas, mostrando que la defensa de la soberanía no puede sostenerse en silencios estratégicos.

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La voz del río y el silencio de los estudios: ¿quién protege a Maquengal?

Vecinas y vecinos de Maquengal y San Luis de Upala, junto con cinco personas de Guatuso, se reunieron en Maquengal el pasado 3 de agosto, expresaron su profunda preocupación ante la reciente concesión para la extracción de materiales en el Río Frío. Mientras los documentos oficiales presentan a Maquengal como un caserío marginal, citando una escuela y un poblado, casi de paso, la realidad vivida por la comunidad revela otra historia: un territorio vivo, organizado y profundamente ligado a su río.

Lo que dice el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)

El EsIA del proyecto CDP Río Frío sostiene que:

  • La consulta a 31 personas refleja opiniones divididas y concluye que “no se prevé conflicto social significativo”.

  • El uso recreativo y turístico del río es secundario, reconocido solo por un 25,8% de las personas encuestadas.

  • Maquengal es descrito como un pueblo pequeño, con casas aisladas y servicios básicos mínimos.

  • La escuela cercana y los caminos comunales apenas son mencionados.

  • Los impactos sociales se limitan a variables como empleo, tránsito y servicios básicos, concluyendo que el proyecto no modificará los indicadores sociales y culturales de la zona.

  • Pueden descargar los documentos aquí.

Maquengal es descrito como un pueblo pequeño, con casas aisladas y servicios básicos mínimos; para este estudio se presenta prácticamente como un caserío, casi un pueblo fantasma, situación que indigna a las personas vecinas.

¿Caserío o pueblo? La manera en que se nombra también despoja

El EsIA clasifica a Maquengal como un simple “caserío”, casi un punto de paso sin relevancia, con pocas viviendas y servicios limitados. Esa definición técnica no es inocente: cuando un territorio se reduce a la categoría de caserío, se minimiza el valor de la vida que late en él.

Para quienes viven allí, Maquengal no es un punto en un mapa ni una suma de casas dispersas. Es un pueblo con historia, arraigo y vínculos colectivos. Ahí se han formado familias, se han criado generaciones y se han tejido relaciones de solidaridad. El río ha sido siempre el eje de esas vidas: lugar de recreación, de trabajo, de encuentro y de identidad.

Nombrar a Maquengal como caserío es una forma de desvalorización simbólica: sugiere que lo que ocurra ahí importa menos que en otros lugares, que sus habitantes no tienen el mismo derecho a decidir sobre su entorno, que sus afectaciones son menores porque se trata de “pocos habitantes”. Sin embargo, cada familia, cada niña y cada adulto que ha hecho su vida en torno al Río Frío sabe que ese espacio es mucho más que un caserío: es comunidad, es pueblo, es territorio vivido.

Lo que vive y denuncia la comunidad

El contraste con la realidad es contundente. En el conversatorio, las personas vecinas dieron sus testimonios que:

  • No hubo información ni consulta previa. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, relataron las personas.

  • El río es espacio de vida, recreación y cultura, donde generaciones han convivido y compartido.

  • El camino público que daba acceso al río fue tomado por maquinaria pesada, cerrando un espacio de recreación y generando riesgos para la comunidad y la Escuela Palmital, ubicada a 400 metros.

  • Los impactos son acumulativos: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos, deterioro de caminos, reducción de caudal, desaparición de oportunidades de turismo comunitario y afectación al paisaje.

  • El daño no es solo ambiental, también es económico, social y cultural: se pierden ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida alternativos.

Un contraste que revela exclusión

El análisis comparativo muestra un patrón preocupante:

  • El EsIA minimiza la dimensión social y cultural, reduciendo el valor del río a un recurso de extracción.

  • La comunidad, en cambio, lo entiende como su futuro colectivo y su identidad.

  • Al no reconocer seriamente el uso recreativo, el turismo rural y la seguridad de la comunidad, se invisibiliza la verdadera magnitud de los impactos.

Más allá de Maquengal

Este caso no es aislado. Forma parte de un modelo de concesiones mineras en cauces públicos que prioriza los beneficios privados sobre los bienes comunes. Cuando lo social se relega a un apéndice técnico, se debilitan derechos fundamentales como la participación ciudadana y la consulta informada.

La insensibilidad institucional: cuando el desarrollo se mide sin comunidad

El problema no solo está en el documento, sino también en la insensibilidad con que profesionales e instituciones lo validan. El EsIA del CDP Río Frío fue elaborado por especialistas acreditados y revisado por instancias como SETENA y la Municipalidad de Guatuso, que terminaron avalando percepciones reducidas de la realidad.

Que un estudio presente a Maquengal como un caserío menor, que minimice la cercanía de una escuela y que reduzca el río a un recurso económico, refleja no solo un sesgo técnico, sino también un desprecio hacia la vida comunitaria.

La institucionalidad ambiental y municipal, al aprobar estos enfoques, reproduce un modelo de desarrollo que prioriza el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Se habla de empleos temporales, de “aprovechamiento de recursos” y de supuestas mejoras en infraestructura, pero se calla el costo real: la pérdida de un espacio de encuentro, la amenaza a la seguridad de niñas y niños, la frustración de proyectos de turismo rural y la erosión de la identidad cultural.

¿Qué desarrollo es este? ¿Qué le dejo la municipalidad a Maquengal? 

La respuesta es corta, destrozos.

Sin embargo, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué tipo de desarrollo se impulsa cuando se ignora la voz de las comunidades?

  • Un desarrollo que destruye caminos públicos para abrir paso a maquinaria pesada.

  • Un desarrollo que reduce un río a cantera, invisibilizando su valor cultural y recreativo.

  • Un desarrollo que erosiona alternativas sostenibles como el turismo comunitario.

Este no es un desarrollo que fortalece comunidades ni que respeta los bienes comunes. Es un modelo extractivo que vende como progreso lo que en realidad es despojo.

La voz del río

Las comunidades de Maquengal lo tienen claro: “El río no se vende, se defiende”. Su lucha no es solo ambiental, es también por el respeto a la vida comunitaria, la cultura y la posibilidad de un desarrollo sostenible y justo.

La promesa autocumplida: cuando la indiferencia convierte en realidad lo que hoy se niega

Lo más doloroso de esta historia es la posibilidad de que la definición de caserío que hoy se impone desde un Estudio de Impacto Ambiental termine haciéndose realidad. Si persiste el desinterés de autoridades municipales, más preocupadas por ingresos rápidos que por el bienestar de sus comunidades, y si continúa la apatía de ciertos sectores vecinos, que no ven el valor del río hasta que ya es demasiado tarde, Maquengal corre el riesgo de convertirse en lo que los informes dicen que ya es: un caserío sin vida comunitaria, reducido a casas dispersas alrededor de un cauce herido.

La minería no metálica, con su ruido, polvo y maquinaria, no solo transforma el paisaje y el río. También erosiona silenciosamente los vínculos sociales, las oportunidades económicas sostenibles y el orgullo de pertenecer a un pueblo con historia. Bajo este modelo extractivo, el futuro no es el de un pueblo fuerte y organizado, sino el de un caserío debilitado, marginado y dependiente.

Así, la indiferencia y el interés económico fácil abren paso a una profecía autocumplida: la que convierte un pueblo con identidad en un caserío sin horizonte.

De todo esto queda el sentir de las personas defensoras del Río Frío, que expresan con claridad su indignación y preocupación: 

“Nosotros vemos que en el estudio ponen a Maquengal como si fuera un caserío despoblado, casi sin vida, y eso nos duele. Hablan de una escuela y de un lugar vacío, como si aquí no hubiera comunidad. También queremos dejar claro que, aunque hemos buscado apoyo en Guatuso, la verdad es que solo dos personas nos han acompañado en este proceso; en general no hemos recibido respaldo.

Lo que más nos preocupa es que un día suceda una tragedia con la tierra y el río, porque ya hemos advertido de los riesgos y no hemos sido escuchados. Hemos tenido el mínimo apoyo, pero nuestra voz queda como testimonio: si algo pasa, será porque no quisieron escuchar lo que hemos venido diciendo.”