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Ríos y montañas en riesgo: la huella de la extracción de materiales pétreos

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La extracción de materiales pétreos —arena, grava, caliza, basalto, arcillas, entre otros— es una de las actividades extractivas más extendidas en el planeta. Estos insumos son la base de la industria de la construcción y de múltiples procesos industriales: desde el cemento y el concreto hasta la fabricación de vidrio, cerámica e incluso componentes tecnológicos.

Aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, la magnitud de su extracción suele pasar desapercibida. A nivel global, la demanda de materiales pétreos crece sin pausa, impulsada por la urbanización y las infraestructuras que sostienen el modelo de desarrollo actual. La arena, por ejemplo, es el recurso más utilizado del mundo después del agua.

La expansión de una actividad silenciosa

El crecimiento urbano y el desarrollo tecnológico han disparado la extracción de materiales pétreos en ríos, montañas y planicies. Esta actividad combina prácticas de minería terrestre y fluvial, utilizando maquinaria pesada, voladuras con explosivos y dragas que remueven los sedimentos del lecho de los ríos.

Su presencia es visible en las cicatrices abiertas sobre el paisaje: canteras que reemplazan bosques, cauces alterados que se desvían o se secan, y suelos que pierden toda capacidad de regeneración. Las imágenes satelitales y los estudios más recientes muestran que los bancos de material —tanto terrestres como fluviales— se multiplican sin que exista una fiscalización efectiva o una planificación integral que evalúe sus consecuencias.

Impactos visibles y ocultos

La extracción de materiales pétreos transforma ecosistemas enteros. En tierra, genera deforestación, pérdida de suelos fértiles y alteración de la topografía, afectando la capacidad del terreno para retener agua y regular el clima. En ríos y cuerpos de agua, modifica los cauces naturales, aumenta la turbidez y destruye los hábitats de peces y microorganismos.

El dragado intensivo reduce los niveles de agua subterránea y altera la dinámica de los deltas y estuarios. Estas transformaciones favorecen la erosión costera, agravan la pérdida de biodiversidad y debilitan los mecanismos naturales de protección frente a tormentas y marejadas.

A ello se suman impactos menos visibles, pero igualmente graves: contaminación acústica y atmosférica, fragmentación del paisaje y emisiones asociadas a la industria del cemento, que contribuyen de forma significativa al cambio climático.

Gobernanza débil y expansión sin control

La normativa en torno a la extracción de materiales pétreos es, en la mayoría de los países, ambigua, dispersa y débilmente aplicada. Los permisos se tramitan como simples gestiones administrativas, sin que existan mecanismos eficaces de fiscalización ni seguimiento.

El resultado es un modelo extractivo sin control: muchos bancos de material operan en condiciones irregulares o ilegales, sin planes de restauración ambiental, sin participación de las comunidades y con escasa transparencia. Las instituciones encargadas de regular la actividad suelen carecer de coordinación, generando vacíos legales que facilitan la expansión de la minería no metálica.

Los costos recaen en los territorios y comunidades

Si bien la extracción de materiales responde a la demanda de las ciudades y a las dinámicas del mercado, los costos ambientales y sociales recaen en los territorios donde se realiza.

Las comunidades que habitan cerca de los bancos de extracción enfrentan pérdida de suelos agrícolas, contaminación del aire por polvo en suspensión y alteración de sus fuentes de agua. En los casos de extracción fluvial, el desvío de cauces y la eliminación de vegetación ribereña provocan inundaciones, sequías y desplazamientos de población.

A esto se suma un daño menos visible: la pérdida de vínculos culturales con el territorio. Los ríos y montañas degradados dejan de ser espacios de vida, identidad y espiritualidad, convirtiéndose en zonas de desecho o abandono.

La inequidad es estructural: las ganancias se concentran en los centros urbanos y en las empresas que abastecen la industria de la construcción, mientras las comunidades locales cargan con la degradación ambiental y los riesgos a la salud. Esta asimetría convierte la extracción en un problema de justicia socioambiental que exige nuevos marcos éticos y políticos.

Un reto urgente

La extracción de materiales pétreos es un engranaje silencioso del modelo de desarrollo global. Su omnipresencia en la vida moderna —en las carreteras, edificios, pantallas y vidrios— nos recuerda que la comodidad urbana tiene un costo oculto: la destrucción de ecosistemas y la vulnerabilidad de comunidades enteras.

Repensar esta actividad no implica detener el progreso, sino reconocer los límites del planeta y construir alternativas que prioricen la regeneración de los territorios, la transparencia y la participación ciudadana.
Dejar de ver como “normal” la muerte de los ríos o la desaparición de las montañas es el primer paso para imaginar un futuro distinto.

Cuando los ríos dejan de ser ríos

Los lugares donde antes corría el agua, donde las familias se reunían a bañarse o a pescar, se han transformado en canteras abiertas y espacios prohibidos. Allí donde antes había vida, ahora hay polvo, maquinaria y ruido. Este cambio va más allá del daño ecológico: implica la pérdida de los ríos y montañas como espacios públicos y de encuentro social.

Cuando un cauce se convierte en un sitio de extracción, desaparece también su dimensión simbólica y afectiva. El río deja de ser un lugar de paseo, de juego, de contemplación, para volverse una zona cercada, peligrosa o simplemente desolada. El paisaje pierde su capacidad de inspirar pertenencia y se vuelve un vacío industrial.

Esa transformación erosiona el tejido comunitario. Los niños ya no crecen jugando cerca del agua, las fiestas locales desaparecen, los caminos se cierran. Los espacios que antes servían para el descanso o el trabajo compartido se transforman en territorios de uso privado, donde la lógica extractiva reemplaza la del bien común.

Esta pérdida de lo público y lo común es también una pérdida cultural. Los ríos y montañas son parte de la memoria y la identidad colectiva; en ellos se inscriben historias, creencias y prácticas que definen la relación de las comunidades con su entorno. Cuando son reducidos a minas o bancos de material, se rompe el vínculo entre la gente y su territorio, y con ello, la posibilidad de imaginar formas más sostenibles de habitar el mundo.

Dejar de ver a los ríos como simples fuentes de materia prima es reconocerlos nuevamente como espacios de vida, encuentro y derecho colectivo. Recuperar esa mirada es, quizás, el primer paso hacia una verdadera justicia ambiental.

Extracción de materiales pétreos: panorama de México y la región latinoamericana
AspectoMéxico (Informe Ríos y montañas en riesgo, 2024)Tendencias regionales en América Latina y el Caribe
Cantidad de sitios de extracciónMás de 10,000 bancos identificados (activos, abandonados o en expansión).En la mayoría de países no existen registros integrales; subregistro estimado >60%.
Superficie afectadaMás de 73,000 hectáreas, especialmente en cuencas del centro y sur del país.Extensión desconocida en muchos países; se estima cientos de miles de hectáreas degradadas.
Materiales extraídosArena, grava, caliza, basalto, arcillas y tobas volcánicas.Predominan arena, grava y caliza en zonas costeras y fluviales.
Zonas más afectadasCuencas del Valle de México, Huasteca Potosina, ríos Atoyac y Papaloapan, y región del Balsas.En Centroamérica, riberas de ríos como Tempisque, Lempa y Choluteca; en el Caribe, zonas costeras y manglares.
Principales impactos ambientalesAlteración de cauces, erosión, pérdida de suelos fértiles, deforestación y pérdida de biodiversidad.Erosión costera, contaminación del agua, sedimentación excesiva, pérdida de hábitats ribereños.
Impactos socialesContaminación por polvo y ruido, afectación a la agricultura, conflictos territoriales, pérdida de espacios públicos.Desplazamiento de comunidades, afectación a pesca artesanal y turismo, desigualdad territorial.
Nivel de regulaciónMenos del 25% de los bancos cuentan con permisos o evaluaciones ambientales.Regulación fragmentada y débil; alto nivel de informalidad e ilegalidad.
Motivos de expansiónUrbanización, obras de infraestructura y demanda de la industria de la construcción.Urbanización acelerada, megaproyectos turísticos y obras viales (carreteras, puertos, represas).
Dimensión culturalRíos y montañas convertidos en canteras, pérdida de su valor simbólico y comunitario.Procesos similares: pérdida de ríos como espacios de encuentro, recreación y memoria.
Desafío centralRevertir la normalización del deterioro ambiental y garantizar justicia socioambiental.Integrar la defensa de los ríos y montañas como bienes comunes en políticas públicas y ciudadanas.
Reseña del informe

El informe “Ríos y montañas en riesgo: una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México”, elaborado por Manuel Llano, Carla Flores Lot y Carlos Carabaña (CartoCrítica y Fundación Heinrich Böll, 2024), constituye uno de los estudios más exhaustivos sobre una de las actividades extractivas más invisibilizadas: la minería no metálica o de materiales pétreos.

Lejos de la atención mediática que suele tener la minería metálica, la extracción de arena, grava y piedra avanza silenciosamente por todo el territorio, dejando tras de sí profundas huellas ambientales y sociales. El informe parte de un esfuerzo cartográfico sin precedentes: la identificación y georreferenciación de más de 10,000 sitios de extracción —tanto en superficie terrestre como en cauces fluviales—, que revelan la magnitud del fenómeno y su distribución prácticamente nacional.

A lo largo de siete capítulos, los autores analizan los tipos de materiales y métodos de extracción, los impactos ambientales y sociales asociados, el marco legal fragmentado que permite la expansión de la actividad, y una serie de casos concretos que muestran las consecuencias de décadas de explotación descontrolada. Entre ellos destacan los bancos de la Huasteca potosina, el río San Rodrigo en Coahuila y el río La Sierra en Tabasco, donde las montañas y cauces han sido transformados hasta perder su función ecológica.

El documento señala que esta minería, indispensable para el cemento, el vidrio o el asfalto, opera con una regulación débil, dispersa y en gran medida ausente. La falta de vigilancia y de rendición de cuentas ha convertido vastos territorios en zonas degradadas, mientras las ciudades continúan demandando recursos para su expansión.

La investigación pone de manifiesto un patrón de injusticia territorial y ambiental: los beneficios se concentran en los sectores urbanos e industriales, mientras los costos recaen sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas, que ven afectadas sus fuentes de agua, sus suelos y sus modos de vida.

Más que un estudio técnico, Ríos y montañas en riesgo es una denuncia documentada y un llamado urgente a detener la normalización del deterioro. Con datos, mapas y ejemplos precisos, ofrece una mirada integral que combina ciencia, política y ética ambiental, recordando que el progreso material no puede sostenerse sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sostienen.

Puede descargar el informe aquí.

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Defender la vida en soledad: la historia de Philippe y el precio de cuidar la naturaleza

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En un pequeño pueblo costero del Caribe sur, Philippe ha dedicado años de su vida a proteger ríos, humedales y bosques amenazados por la expansión turística y la indiferencia institucional. Lo ha hecho con determinación, sin grandes recursos, enfrentando amenazas y agresiones físicas, viendo cómo la destrucción avanza más rápido que las respuestas de las autoridades.

Su historia es la de muchas personas defensoras ambientales: una lucha solitaria y desgastante, marcada por la precariedad económica, el hostigamiento y la falta de apoyo real. Cada monitoreo ambiental, cada denuncia, cada señal de alerta sobre la destrucción del territorio tiene un costo humano altísimo. Philippe lo ha pagado con su salud, con su sustento económico y con la certeza de que si él no estuviera ahí, nadie más lo haría.

“Estoy mal, pero aún así intento luchar. Si yo muero acá, nadie más va a estar en el campo. A nadie le importa.”

La soledad como marca

Philippe enfrenta su lucha prácticamente solo. La falta de acompañamiento ciudadano e institucional ha hecho que la defensa ambiental en este territorio se sostenga sobre sus propios hombros. Mientras muchos aplauden de lejos los discursos sobre “desarrollo sostenible”, quienes denuncian en el territorio enfrentan el miedo directamente: amenazas, daños materiales, persecución y el peso psicológico de sentirse desprotegidos.

“Aquí todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere involucrarse. La soledad también duele.”

El abandono institucional

La historia de Philippe también expone las grietas estructurales del país. Denuncias que no avanzan, permisos que legitiman la destrucción, autoridades ausentes y una institucionalidad que, en lugar de proteger, muchas veces se convierte en parte del problema. Esta desprotección no es solo jurídica: es también simbólica. Es el mensaje de que defender la vida no importa lo suficiente.

“Hablan de proteger la naturaleza, pero cuando se trata de acompañar, de verdad, no hay nadie.”

El desgaste físico y emocional

La defensa ambiental no se libra solo en los tribunales o en las comunidades; también se libra en el cuerpo. Philippe enfrenta problemas de salud que se han agravado por años de trabajo en condiciones duras y sin respaldo. La falta de ingresos, la pérdida de herramientas de monitoreo y la hostilidad de su entorno lo han llevado al límite.
La lucha, que empezó como un compromiso con la naturaleza, hoy se siente también como un peso solitario.

“El ambientalismo cuesta —y cuesta caro—. Cuesta miles de dólares, cuesta clientes, cuesta salud, cuesta vida.”

“El ambientalismo aquí no da para vivir. Al contrario: te va quebrando, poquito a poco.”

Entre el eco mediático y la ausencia local

En momentos puntuales, la lucha de Philippe ha logrado captar atención mediática, pero esa visibilidad no se ha traducido en redes de apoyo sostenidas ni articulación territorial real. Más allá de las denuncias públicas, el acompañamiento local es casi inexistente. No hay estructuras comunitarias sólidas que compartan la carga ni mecanismos para proteger a quienes están en primera línea.
La lucha ambiental no puede depender únicamente de una voz amplificada en redes: necesita tejido social, presencia organizada y compromiso colectivo.

“La gente habla bonito del ambiente, pero defenderlo aquí es otra historia. Te golpean, te siguen, te mandan al hospital. Y el negocio se va al carajo.”

No es un caso aislado

Philippe no es una excepción. Su historia encarna lo que muchas personas defensoras viven en silencio. Cuando la sociedad no protege a quienes protegen, el costo no lo paga solo esa persona: lo pagamos todos y todas, con territorios devastados, ríos contaminados y bienes comunes en riesgo.

“Si después de mí no hay otro que tome este campo, se acabó. Y eso me duele más que cualquier golpe.”

Una defensa que debe ser colectiva

Proteger a las personas defensoras ambientales no es un acto de caridad: es una responsabilidad colectiva. Implica escuchar, acompañar, visibilizar y exigir al Estado garantías reales. Philippe no debería estar solo. Ninguna persona defensora debería estarlo.

La defensa de la vida no puede seguir siendo una carga individual. Porque cuando una voz defensora se apaga, se abre espacio para que el silencio cubra la destrucción.

Desromantizar la defensa de la naturaleza

Desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es urgente desromantizar la defensa de la naturaleza. No es un acto heroico ni una postal de inspiración: es una lucha desigual, atravesada por violencia, hostigamiento, abandono y ninguneo.

En Costa Rica, muchas de estas luchas nacen en los patios traseros, en los ríos que cruzan comunidades, en los humedales que alimentan la vida que nos sostiene. Son personas que defienden desde sus hogares y territorios, sin recursos, sin respaldo institucional y, muchas veces, sin acompañamiento social.

Hablar de esta violencia no divide: visibiliza lo que se ha querido mantener invisible. Reconocer el costo humano de defender la vida es un paso imprescindible para transformar esta realidad y construir redes reales de cuidado, protección y acción colectiva.

La defensa ambiental no puede seguir sostenida sobre cuerpos individuales. Necesita ser una tarea compartida, una responsabilidad común.

Entre el destino y la elección

Hay quienes podrían decir que Philippe eligió este camino. Que podría haber hecho otra cosa, vivir más tranquilo, sin cargar sobre sus hombros la defensa de un territorio que parece no querer ser defendido. Y tal vez sea cierto: nadie lo obligó. Pero también es cierto que algunas decisiones no se toman desde la comodidad, sino desde una conciencia que ya no permite mirar hacia otro lado.

Philippe no siempre fue “el defensor del humedal”. A los 25 años, su vida parecía ir por otro rumbo. Él nos recuerda con una fotografía cuando tenía 25 años «Atrás está mi bar, lugar de encuentro de los pandilleros Rough Speed, del cual era miembro. ¡Dónde está aquella época! La moto es una Norton Comando de 920 cc hard tail, eso significa que no tenía suspensión atrás. Cosa seria, te cuento. Después lo cambié y hice un hardtail chopper.”

Esa imagen del joven motociclista rebelde contrasta con el hombre que hoy recorre a pie los mismos caminos, observando el cauce de los ríos y las huellas del deterioro ambiental. Pero en el fondo, algo permanece: la misma energía que antes lo movía sobre dos ruedas, hoy lo empuja a cuidar la vida que habita estos territorios.

Philippe pudo elegir otros caminos, y quizá todavía podría. Pero eligió este, el más difícil: quedarse, resistir y cuidar. No por romanticismo, sino porque entendió que cuando el bosque desaparece, desaparece también una parte de todos nosotros.

Y aunque su defensa parezca solitaria, su gesto nos interpela a cada uno: ¿qué haríamos nosotros si el lugar que amamos estuviera en peligro?

Porque al final, cuidar la naturaleza no es un acto individual ni un destino inevitable. Es una opción —una que Philippe hizo, y que el Caribe Sur agradece.

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Solidaridad sin fronteras: cuando las luchas por la vida se encuentran – Conversatorio entre Panamá y Costa Rica

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El conversatorio Soberanía y Justicia: luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá reunió este 14 de octubre en la Universidad de Costa Rica a voces sindicales, académicas y sociales de Panamá y Costa Rica, en una jornada que buscó tender puentes entre las resistencias populares de ambos países. El encuentro se desarrolló en el marco de una jornada de solidaridad con el sector magisterial panameño, que enfrenta despidos, persecución y criminalización tras oponerse a la reforma de la seguridad social y denunciar el avance extractivista y la injerencia extranjera en su país.

Lejos de una conversación aislada, este espacio permitió articular diagnósticos comunes sobre la ofensiva neoliberal en la región, las múltiples formas de represión estatal y el desmantelamiento progresivo de los sistemas públicos de educación, salud y seguridad social. Las y los panelistas coincidieron en que lo que ocurre en Panamá, Costa Rica y Centroamérica no son procesos separados, sino capítulos de una misma historia marcada por la concentración de la riqueza, la erosión de los derechos y la subordinación a intereses empresariales y geopolíticos.

Ideas comunes: la defensa de la vida y los derechos frente al autoritarismo

En las intervenciones se trazó un hilo claro: el modelo neoliberal no sólo precariza el trabajo, privatiza los bienes comunes y destruye los territorios; también promueve la desinformación y el miedo como mecanismos de control. Desde esa lectura compartida, la unidad entre los pueblos, sindicatos y movimientos sociales se planteó como una urgencia política y ética.

Los panelistas subrayaron que las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones no son batallas sectoriales, sino expresiones de una defensa integral de la vida digna y de la soberanía popular frente a gobiernos autoritarios y corporaciones transnacionales.

Fernando Ábrego: “No hay democracia sin derecho a la huelga”

El secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), Fernando Ábrego, compartió un panorama preocupante: un gobierno cívico-militar que reprime, persigue y criminaliza a los dirigentes magisteriales. Explicó que la reciente huelga de 81 días fue respondida con sanciones masivas —298 docentes separados de sus puestos—, una medida que vulnera el derecho constitucional a la huelga y los convenios internacionales de la OIT.
Ábrego denunció también la entrega de la soberanía panameña mediante acuerdos con Estados Unidos, la evasión fiscal de las élites y la captura empresarial del Estado. “Nos quieren devolver a tiempos coloniales —afirmó—, pero seguiremos defendiendo la educación pública y la organización popular como pilares de la justicia social”.

Deivis Ovares: “La precarización es una estrategia política”

Desde Costa Rica, Deivis Ovares, secretario de organización de UNDECA y coordinador del Frente Nacional por la Seguridad Social, advirtió que las políticas neoliberales comparten una misma lógica de despojo: debilitar la seguridad social, criminalizar la protesta y subordinar los Estados a los intereses de las oligarquías locales y extranjeras.

Ovares destacó la importancia de fortalecer los lazos de solidaridad entre pueblos que enfrentan las mismas imposiciones económicas. “La lucha trasciende las fronteras —señaló—, porque la clase trabajadora es una sola. La unidad y la conciencia colectiva son las herramientas más poderosas frente al fascismo que avanza”.

Allen Cordero: “Aprender de las luchas, pensar desde abajo”

El sociólogo Allen Cordero propuso una lectura histórica y comparativa de las luchas sociales en Costa Rica y Panamá. Analizó cómo, desde las jornadas contra el TLC hasta las recientes huelgas, los movimientos han enfrentado la ofensiva neoliberal en oleadas. Subrayó el valor de las alianzas multisectoriales, que articulan sindicatos, campesinos, indígenas y juventudes urbanas.

Cordero insistió en la necesidad de que la universidad pública dialogue con los movimientos y salga de su “torre de marfil”, aportando pensamiento crítico a la acción colectiva. “No podemos limitarnos a observar —dijo—, debemos acompañar, investigar y aprender junto a los pueblos que resisten”.

Andrés Carranza: “Defender la institucionalidad también es cuidar la salud del pueblo”

El representante del movimiento Unidos por la Caja, Andrés Carranza, destacó que la defensa de la seguridad social no es solo un asunto administrativo, sino un tema de salud pública y justicia social. Desde su experiencia en el sector salud, recordó que el acceso al agua, la educación y la atención médica son los verdaderos indicadores de bienestar.

Carranza expresó preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la creciente concentración del poder en el Ejecutivo costarricense. Llamó a articular luchas desde distintos sectores y a salir de la indiferencia: “No basta con indignarse; hay que organizarse y construir alternativas”.

¿Qué entendemos por las luchas por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones?

El conversatorio permitió también profundizar en un punto clave: comprender que estas luchas no son demandas aisladas, sino dimensiones interdependientes de un mismo conflicto civilizatorio. Luchar por la salud, la educación, el ambiente o las pensiones significa defender el derecho a una vida digna frente a un modelo que convierte los derechos en mercancías y los territorios en zonas de sacrificio.

  • Luchar por la salud implica exigir un sistema público fuerte, equitativo y universal, donde la atención no dependa del bolsillo ni de la lógica empresarial. Es oponerse a la privatización encubierta de la seguridad social y entender que la salud no empieza en el hospital, sino en el acceso al agua, al trabajo digno, a la alimentación y a un ambiente sano.

  • Luchar por la educación es defender la posibilidad de pensar críticamente, de formar ciudadanía y no mano de obra barata. Significa resistir la mercantilización del conocimiento y la censura ideológica, y sostener el carácter emancipador de la educación pública como bien común.

  • Luchar por el ambiente es proteger los territorios como espacios de vida y no como recursos explotables. Es reconocer la interconexión entre justicia ecológica y justicia social, denunciando las alianzas entre gobiernos y empresas que destruyen ecosistemas mientras reprimen comunidades.

  • Luchar por las pensiones es cuidar la vejez de quienes sostuvieron con su trabajo el bienestar colectivo, y resistir el despojo financiero que pretende convertir la seguridad social en negocio de unos pocos. Es recordar que un país que abandona a sus mayores está renunciando a su propia memoria social.

Estas dimensiones se entrelazan en una sola causa: la defensa de los bienes comunes, de la soberanía popular y del derecho a imaginar un futuro distinto. En palabras de los participantes, las luchas contemporáneas deben ser comprendidas como una sola lucha por la vida, en todas sus formas.

Una región que resiste y se reconoce

El intercambio entre Ábrego, Ovares, Cordero y Carranza dejó ver que las luchas actuales en Panamá y Costa Rica forman parte de un mismo mapa de resistencias.
Mientras en Panamá se enfrenta la represión directa de un Estado cooptado por intereses corporativos, en Costa Rica se vive un proceso más sutil de desmantelamiento institucional y captura mediática. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de derechos, debilitamiento del tejido social y avance del miedo como forma de gobierno.

Los panelistas coincidieron en que la respuesta no puede ser meramente defensiva. Propusieron recuperar el horizonte ético de la política como servicio público, reconstruir la confianza social y fortalecer la articulación regional desde los pueblos. La lucha por la soberanía no se reduce a la independencia estatal, sino que se expresa en cada acto de resistencia que defiende la vida frente al lucro.

Así, este encuentro fue también un recordatorio de que la dignidad no se delega ni se negocia: se ejerce colectivamente. La soberanía, en este sentido, es una práctica viva que nace de la organización popular, de la solidaridad concreta y de la memoria compartida entre los pueblos de nuestra América.

Un cierre necesario: la solidaridad como horizonte

El conversatorio reafirmó que la defensa de los derechos humanos y de los bienes comunes no puede limitarse por fronteras nacionales. Las luchas del magisterio panameño, del movimiento sindical costarricense o de las comunidades que defienden su territorio son parte de una misma trama regional.

En tiempos de censura, represión y desinformación, estos espacios son vitales para recuperar el sentido profundo de la palabra soberanía: no como dominio estatal, sino como capacidad colectiva para decidir sobre la vida, la justicia y el futuro común.

Esta actividad fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.

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El otro rostro del milagro: Panamá desde las luchas sociales

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En Panamá, detrás de los espejismos del “milagro económico”, late un país de profundas desigualdades sociales y resistencias vivas. En esta conversación con representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, exploramos cómo el crecimiento económico convive con altos niveles de informalidad, despojo fiscal y luchas populares por la dignidad.

Pero esta no es solo una historia económica: es una historia de educación y de lucha social. Las y los educadores panameños no solo enseñan en el aula, también enfrentan en las calles las políticas que golpean a sus estudiantes y comunidades. Como bien dicen: “un educador luchando también está educando”.

🔗 Escuchá la entrevista completa aquí y descubrí cómo la defensa de la educación pública y de los derechos sociales se entrelaza con las luchas populares en América Latina.

Esta conversación fue posible gracias a las gestiones y colaboración de DEI, Kioscos Socioambientales UCR, Morfo, SITUN, SINDEU, AFITEC, SIUNED, UTRAUTN y PT, quienes participaron en la organización del Conversatorio Soberanía y Justicia Social: Luchas laborales, ambientales y sociales en Panamá, un espacio clave para visibilizar y reflexionar sobre las distintas formas de lucha y resistencia en el país.

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El memorándum del miedo sigue vigente: 18 años después, la política costarricense aún gobierna desde la amenaza

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A casi dos décadas del memorándum que diseñó la estrategia del “sí al TLC”, Costa Rica sigue reproduciendo la misma fórmula: controlar el discurso, condicionar apoyos y sembrar miedo. Lo que nació como táctica electoral se convirtió en el modo dominante de hacer política.

Hace 18 años, en plena disputa por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se filtró un documento confidencial que marcaría un antes y un después en la política nacional. El llamado memorándum del miedo —dirigido al entonces presidente y a la cúpula de campaña del “sí”— trazaba una hoja de ruta precisa para asegurar la victoria:

  • Controlar la comunicación pública, saturando los medios con emociones y no con argumentos;
  • Movilizar alcaldes y líderes locales bajo la lógica de la presión (“quien no gana, no recibe recursos”);
  • Construir coaliciones sociales desde arriba, con rostros mediáticos;
  • Y sobre todo, “estimular el miedo” en cuatro dimensiones: pérdida del empleo, colapso institucional, aislamiento internacional y caos político.

El texto, pensado para un referéndum puntual, terminó funcionando como un manual de gobierno. Desde entonces, cada crisis, campaña o disputa pública parece reactivar sus fórmulas: gobernar por miedo, callar al disenso y administrar la incertidumbre como herramienta política.

La continuidad del manual: de alcaldías a alianzas territoriales

Tras las elecciones municipales de 2024, 14 alcaldes cambiaron de partido en el poder local. Varios alcaldes rompieron con sus agrupaciones para alinearse con el Ejecutivo o con proyectos afines al “continuismo”, buscando respaldo político o promesas de recursos.

Esa práctica —condicionar el apoyo local a la cercanía con el gobierno— retoma una de las instrucciones del memorándum original: controlar el territorio y premiar la lealtad.

La política municipal vuelve a convertirse en escenario de disciplinamiento, más que de representación ciudadana.

Universidades y protesta: criminalizar la crítica pública

El conflicto entre el gobierno y las universidades públicas durante 2024 y 2025 expuso la misma lógica: quien cuestiona, amenaza.

Las marchas en defensa del financiamiento educativo, respaldadas por múltiples organizaciones sociales, fueron deslegitimadas desde el discurso oficial. En lugar de atender los reclamos, se las presentó como intentos de “desestabilizar” al país.

Así, la protesta se convierte en un objeto de sospecha y la crítica en un peligro, reproduciendo la pedagogía del miedo que el memorándum prescribía hace casi dos décadas.

La “mordaza” y el giro discursivo del miedo

En los últimos meses, el ejecutivo y la bancada oficialista han insistido en denunciar una supuesta “mordaza” impuesta al Gobierno por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de que la institución advirtiera sobre el uso de recursos públicos en la difusión de mensajes oficiales durante el periodo electoral.

Como respuesta, el oficialismo organizó la campaña “Cayó la mordaza”, una manifestación pública concebida como acto de respaldo al Ejecutivo. Bajo la consigna de “defender la libertad de expresión del Gobierno y del pueblo”, la propuesta buscó proyectar la idea de que las limitaciones establecidas por el TSE constituían una forma de censura política.

En ese escenario, el discurso oficialista construyó una narrativa emocional: el Gobierno presentado como víctima de un sistema que pretende “callar sus logros”, mientras los medios de comunicación y los órganos de control aparecen como adversarios del cambio. Entre banderas, consignas y llamados a “no dejarse silenciar”, se consolidó un relato que sustituye la deliberación por la confrontación.

Lo que se presentó como defensa de la comunicación institucional terminó funcionando como un acto de cohesión política: reforzar la identidad del oficialismo, marcar fronteras entre “nosotros” y “ellos”, y movilizar el miedo a ser “silenciados” para fortalecer la lealtad al poder.

En la práctica, “Cayó la mordaza” replicó la lógica central del memorándum del miedo: estimular una amenaza simbólica para consolidar apoyo político. Ya no se trata del temor a perder empleos o estabilidad económica, como en 2007, sino del miedo a perder la voz, la identidad o la representación. Cambia el contenido, pero la fórmula permanece intacta: gobernar a través del miedo y de la sensación de asedio.

Mordaza política y amenazas de “destierro”

A la retórica de la “mordaza” se suman expresiones de intimidación más explícitas. En el propio Congreso, un diputado oficialista declaró que, si el gobierno lograba imponerse en las próximas elecciones, “el pueblo mandaría al destierro a los opositores”.

Esa frase, aparentemente incidental, condensa la lógica del memorándum: transformar la diferencia en enemigo, y el debate en castigo.

No se trata solo de un exceso verbal, sino de un síntoma cultural: la naturalización del miedo como instrumento de cohesión política.

Quien disiente no se discute, se excluye simbólicamente. Es una mordaza política, menos visible que la censura, pero igual de eficaz.

Control de medios 2.0

En 2007, el memorándum del miedo apostaba a controlar la televisión, la prensa escrita y la publicidad oficial. En 2025, el escenario es otro, pero el principio es el mismo: dominar el relato para dominar la percepción.

Hoy, el control ya no pasa solo por los noticieros o comunicados oficiales, sino por la arquitectura digital que define lo que la gente ve, comparte y comenta. Influencers, cuentas automatizadas y redes de troles operan como extensiones del discurso político, moldeando la conversación pública en tiempo real.

Los algoritmos priorizan la indignación sobre la reflexión, y el gobierno —como muchos actores de poder— ha aprendido a usar ese entorno para su beneficio. En lugar de persuadir, se satura; en lugar de informar, se emociona; en lugar de dialogar, se polariza.

El miedo digital no necesita censura explícita: basta con inundar las redes de ruido, burlas y desinformación dirigida contra quienes piensan distinto. Las etiquetas se convierten en armas simbólicas, y los troles, en guardianes del relato oficial.

Esta nueva fase del memorándum combina la vieja pedagogía del miedo con la lógica algorítmica de la distracción. El resultado es un ecosistema comunicativo donde la verdad importa menos que la viralidad, y donde el control ya no se impone desde arriba, sino que se reproduce entre pantallas.

Frente a ello, defender la palabra libre exige más que libertad de expresión: requiere alfabetización mediática, soberanía digital y redes ciudadanas capaces de romper la cadena del miedo en línea.

El miedo como sistema

El país vive un proceso de securitización del espacio público, donde los discursos oficiales ya no apelan tanto al orden como a la supuesta persecución y censura. Se construye una narrativa en la que el poder aparece como víctima de fuerzas que buscan silenciarlo, y donde cualquier crítica se presenta como ataque.

Estos llamados al miedo y a la polarización fabricada terminan generando prejuicios convenientes al gobierno de turno, que instrumentaliza esa tensión para fortalecer su relato y debilitar toda oposición.

En este ambiente, el miedo deja de ser una reacción y se convierte en un método de gobierno: una forma de moldear la opinión pública, cerrar espacios de diálogo y legitimar la concentración del poder.

Lo vimos con el memorándum en 2007, y lo seguimos viendo hoy en la forma en que se comunica, se legisla y se reprime la diferencia.

El legado del memorándum: una pedagogía de control

El memorándum del miedo fue más que una estrategia electoral; fue el inicio de una pedagogía política que aprendió a sustituir el diálogo por la amenaza.

Su influencia perdura porque ofrece resultados rápidos: el miedo paraliza, divide y asegura obediencia.

Lo peligroso es que esa lógica se ha vuelto transversal, compartida por distintos partidos y gobiernos, y asumida como “normalidad política”.

La ciudadanía, por tanto, enfrenta el desafío de recuperar la palabra, reconstruir la confianza y exigir transparencia frente a quienes gobiernan desde la sombra de la intimidación.

Los bienes comunes bajo amenaza: cuando el miedo privatiza lo público

El memorándum del miedo no solo dejó una huella en la cultura política: también redefinió la relación entre el poder y los bienes comunes sociales. Al instalar el miedo como mecanismo de control, se debilita todo aquello que depende de la confianza, la cooperación y el debate colectivo.

El miedo fragmenta y desmoviliza. Hace que la ciudadanía vea a la otra parte —al sindicato, al estudiante, al medio de comunicación, al servidor público— como amenaza, y no como aliado en la defensa de lo común. Así, la política del miedo funciona como una forma de privatización simbólica: despoja de legitimidad a los espacios públicos de decisión, erosiona la solidaridad y convierte el interés colectivo en sospecha.

Cuando el Estado y sus voceros gobiernan desde la intimidación, los bienes comunes —la educación pública, la salud universal, el acceso libre a la información, la participación democrática— se vuelven vulnerables. La ciudadanía se acostumbra a delegar por miedo, en lugar de deliberar por convicción.

Por eso, recordar el memorándum del miedo no es un ejercicio de nostalgia política, sino un llamado a defender los espacios donde aún se construye lo común: las aulas, las plazas, las universidades, los medios independientes, las organizaciones sociales.

Allí donde persiste la palabra libre y colectiva, el miedo pierde poder.

Adivina las diferencias

Antes de cerrar esta nota, te invitamos a un pequeño ejercicio contra el miedo: ¿te animas a descubrir quién es quién en la política del susto?

Observa con atención la siguiente tabla y trata de adivinar las diferencias entre Kevin Casas, Fernando Sánchez Campos, Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros. Piensa en ello como un “juego de memoria política”: mientras te diviertes, entrenas tus sentidos críticos y aprendes a identificar las estrategias de miedo antes de que te atrapen. ¡Ojo! Aquí no hay trampas… solo mucha política y un poco de humor. 

Rasgo / EstrategiaKevin CasasFernando Sánchez CamposRodrigo ChavesPilar Cisneros
Campaña política“Si no apoyas, pierdes recursos”Saturar medios con emociones y dramatismoPresentarse como víctima de conspiraciones institucionalesToda crítica al gobierno pone al país en peligro
Relación con líderes localesAlianzas condicionales: gana el que se alineaMovilización territorial con presiónPremiar lealtad y castigar desviaciónÉnfasis en obediencia ideológica y disciplina interna
Manejo de la protestaDeslegitimar y mostrar como amenazaGenerar miedo al caos institucionalConstruir narrativa de persecución y censuraPresentar toda manifestación crítica como desestabilización social
Cohesión políticaDividir “nosotros vs. ellos”Llamados al miedo para asegurar lealtadUsar victimización para reforzar identidad oficialistaReforzar control mediante normas y sanciones simbólicas
Frase típica“Quien no juega, pierde todo”“El país se cae si gana el ‘no’”“Nos quieren silenciar, pero resistiremos”“Toda crítica al gobierno pone al país en peligro”
Especialidad en miedoRecursos y presión económicaCatástrofe institucional y caosCensura y persecución simbólicaRiesgo social y moral, amenaza colectiva

Pista final: Cada uno aplica la “pedagogía del miedo” a su manera… ¿quién parece más obsesionado con los recursos y la presión, quién con la victimización, y quién con que toda crítica es peligrosa?

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CODECE: 40 años de memoria, comunidad y defensa de los Cerros de Escazú

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El taller “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras” reafirmó el papel de la organización como defensora de la memoria, la cultura y la naturaleza escazuceña.

El pasado 2 de octubre, en San Antonio de Escazú, se realizó un emotivo encuentro convocado por la Asociación para la Conservación y Defensa de los Cerros de Escazú (CODECE), con el acompañamiento del Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Bajo el título “La historia de CODECE y sus perspectivas futuras”, el taller reunió a vecinas, vecinos y personas vinculadas a la organización para revisar su trayectoria, recuperar la memoria histórica de la comunidad y reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa del territorio.

Memoria viva y raíces culturales

El historiador Jorge Montoya abrió la jornada con una exposición sobre la historia campesina y cultural de San Antonio, invitando a mirar a Escazú no como un “lugar de descanso”, sino como un espacio de trabajo, intercambio y vida comunal. Recordó la importancia de los cerros Estucurru —hoy Cerro de la Cruz y Piedra Blanca— como corazón geográfico y espiritual del territorio, y resaltó el papel de figuras como Pedro Arias y Héctor Fuentes, guardianes de la creatividad popular a través de la música, la alfarería y las mascaradas.
Montoya subrayó que preservar la cultura es mantener viva la memoria del pueblo, y que esa identidad debe vincularse con la defensa ambiental actual.

CODECE: cuatro décadas de organización y resistencia

El presidente de CODECE, Javier Sánchez, presentó una sistematización de los 40 años de historia de la organización, marcada por la defensa del agua, la tierra y la identidad escazuceña.

Desde su surgimiento en 1985, tras la movilización que impidió la construcción de infraestructura en el cerro San Miguel, CODECE ha atravesado distintas etapas: desde la organización comunal y la creación de la primera Oficina Legal Ambiental del país, hasta el impulso de iniciativas de autofinanciamiento como El Encanto de la Piedra Blanca.

Hoy, la organización enfrenta nuevos retos frente a la presión inmobiliaria, la expansión urbana y la visitación masiva a los cerros. Aun así, continúa articulando comunidad, cultura y naturaleza.

Desafíos y compromisos renovados

El espacio de diálogo permitió identificar tres líneas de trabajo para fortalecer el futuro de CODECE:

  • Ampliar la participación comunitaria, integrando nuevas generaciones y sectores.

  • Proteger los Cerros de Escazú frente a amenazas ambientales y regular la visitación turística.

  • Reforzar el vínculo entre memoria, cultura y ambiente, mediante actividades culturales, productos audiovisuales y campañas de sensibilización.

El taller concluyó recordando que defender los Cerros de Escazú es también defender la memoria y la identidad escazuceña. CODECE reafirma su papel como espacio de memoria viva y acción colectiva, comprometido con el cuidado del territorio y la construcción de comunidad.

Descargá el boletín completo:
“CODECE y la defensa de los Cerros de Escazú: memoria, historia y desafíos actuales”
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Participar no es un trámite: Escazú entre la apertura y el control del Plan Regulador

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Hace apenas unas semanas, la reinstalación de la Comisión Especial del Plan Regulador fue celebrada como una victoria de la ciudadanía organizada. Tras semanas de presión y diálogo, el Concejo Municipal reconoció que la planificación del territorio no puede quedar únicamente en manos técnicas o institucionales.

Sin embargo, la propuesta de reforma al reglamento que regula esa misma Comisión abre una nueva discusión: ¿se garantiza realmente una participación ciudadana abierta o se corre el riesgo de transformarla en un trámite controlado?

De la movilización a la reglamentación

El documento COR-AL-2690-2025, firmado por el alcalde, propone cambios sustanciales al reglamento interno de la Comisión del Plan Regulador. Entre ellos, redefine las asambleas vecinales como Asambleas Ampliadas de Concejo de Distrito, formaliza los procesos de elección y rendición de cuentas de las personas representantes distritales, y establece nuevos formularios, plazos de inscripción de hasta seis meses, juramentaciones y validaciones técnicas.

A primera vista, estas medidas podrían leerse como un esfuerzo por fortalecer la transparencia. Pero la reforma también introduce un desplazamiento de poder: la participación ciudadana pasa de ser un derecho ejercido directamente por la comunidad a un procedimiento administrado desde la institucionalidad municipal.

Entre la apertura y la exclusión

La propuesta reconoce algunos avances importantes:

  • -Amplía la posibilidad de postular candidaturas a cualquier persona participante, no solo a representantes de asociaciones formalmente constituidas.

  • -Promueve la paridad de género y la publicidad de los procesos.

  • -Mantiene el derecho de las comunidades a remover representantes que no rindan cuentas.

Sin embargo, al mismo tiempo:

  • -Centraliza el control en los Concejos de Distrito, que ahora validan documentos, verifican requisitos y deciden quién puede participar.

  • -Excluye la inscripción en el momento de la asamblea, imponiendo una barrera temporal de seis meses que podría desincentivar la participación espontánea.

  • -Traslada la rendición de cuentas al ámbito institucional, debilitando la autonomía de las asambleas vecinales.

El resultado es un nuevo tipo de equilibrio inestable: se preserva la legalidad, pero se erosiona la vitalidad ciudadana que había hecho posible la reapertura de la Comisión.

El riesgo de la “participación controlada”

Regular la participación puede ser una forma de democratizar los procesos, pero también puede convertirse en una herramienta de filtrado social y político.

Cuando la posibilidad de incidir depende de formularios, juramentaciones y validaciones previas, el espacio público deja de ser un terreno de encuentro para transformarse en un espacio de autorización.

El poder de decidir quién puede hablar o votar se traslada del colectivo ciudadano al aparato administrativo.

En este sentido, la reforma no solo redefine el reglamento: redefine el tipo de ciudadanía que se considera legítima. Aquella que cumple los requisitos, domina el lenguaje técnico y tiene tiempo para navegar la burocracia. Quedan fuera —aunque no explícitamente— las voces menos organizadas, los liderazgos barriales emergentes y los grupos informales que históricamente han sido el motor de la defensa comunitaria del territorio.

La “participación controlada” no elimina la participación; la domestica. La vuelve predecible, clasificable y compatible con los ritmos de la gestión municipal. Pero pierde su potencial político: el de cuestionar, proponer y reinventar lo común.

Participar no es llenar un formulario

Participar no es solo cumplir un protocolo. Es incidir en las decisiones sobre el territorio, aportar saberes locales y defender el derecho colectivo a imaginar otros futuros posibles.

Si la reglamentación se convierte en un filtro, el proceso deja de ser un ejercicio de ciudadanía viva y pasa a ser un trámite para ciudadanos permitidos.

La reforma, en su intento por ordenar, corre el riesgo de debilitar aquello que el movimiento ciudadano de agosto demostró: que la planificación puede ser un acto de aprendizaje colectivo, no un expediente más.

Para seguir aprendiendo juntos

El debate sobre el Plan Regulador de Escazú apenas comienza.

La reinstalación de la Comisión fue una conquista ciudadana; la discusión sobre su reglamento será una prueba de madurez democrática.

De lo que se decida ahora dependerá si Escazú consolida un modelo de gestión territorial abierto, colaborativo y comunitario, o si deriva hacia una versión tecnificada de la participación donde todo está permitido… siempre que se pida por escrito.

Un verdadero diálogo sobre el territorio no se logra con más papeleo, sino con más confianza, transparencia y escucha mutua.

El reto está en construir una institucionalidad que no solo administre la participación, sino que aprenda de ella.

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De la consulta prometida al silencio institucional: Maquengal sigue sin respuestas

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Han pasado varias semanas desde que el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío–Caño Negro presentó ante el Concejo Municipal de Guatuso una carta solicitando revisar los impactos de la extracción de materiales en el sector de Maquengal. Aquella intervención, ocurrida el 2 de septiembre, marcó un momento clave de participación ciudadana, en el que la comunidad puso sobre la mesa preocupaciones concretas: la afectación al centro educativo, la pérdida del acceso público al río y la falta de transparencia en la gestión de las concesiones.

Sin embargo, la respuesta institucional no fue abrir espacios de diálogo, sino reforzar el mismo modelo que la comunidad cuestiona. Semanas después, en lugar de recibir una convocatoria o un informe sobre la “consulta a la asesoría legal” prometida durante la sesión, las personas vecinas encontraron un rótulo instalado en la zona de extracción. En él, se anuncia la “legalidad” de la concesión y se advierte que la población no debe ingresar cuando la maquinaria está en operación. Lo más preocupante es que, debido a la intervención misma de la maquinaria, la zona ya no es apropiada para el disfrute público, como lo fue durante años. Hasta la fecha, ninguna institución ha explicado ni justificado por qué un sitio que era de acceso y recreación comunitaria ha sido transformado en una cantera, desplazando a la comunidad de su propio espacio común.

De espacio comunitario a zona prohibida

El gesto, aparentemente administrativo, fue leído en Maquengal como una respuesta simbólica y política: el río que antes era un bien común, un lugar para bañarse, descansar o encontrarse, ahora está oficialmente cerrado a la comunidad. Las personas vecinas lo interpretan como una forma de exclusión institucional, que no solo ignora sus preocupaciones, sino que las sanciona por atreverse a expresarlas.

El Grupo de Defensa de la Cuenca ha insistido en que su reclamo no es contra el desarrollo ni contra la municipalidad, sino contra una forma de desarrollo que los deja fuera. “Lo que pedimos es equilibrio, consulta y transparencia”, señalaron en su carta. También advirtieron que el discurso de “legalidad” no puede usarse como excusa para desconocer los derechos ciudadanos, ni para privatizar espacios que históricamente fueron de uso común.

El abandono institucional y las jerarquías del desarrollo

Lo ocurrido en Maquengal expone con claridad una tendencia que trasciende este caso particular: la institucionalidad que debería proteger los bienes comunes termina actuando como garante del extractivismo. En lugar de escuchar las alertas de la comunidad, se prioriza el cumplimiento formal de trámites y concesiones que, aunque “legales”, resultan social y ambientalmente injustos.

Este abandono institucional se traduce en un esquema de premio y castigo: las comunidades que se alinean con las decisiones oficiales son reconocidas como “colaboradoras”, mientras que aquellas que cuestionan o defienden su territorio son tratadas como un obstáculo. En el caso de Maquengal, el castigo se manifiesta en la pérdida del acceso al río, la falta de información y la indiferencia institucional frente a los daños ambientales y sociales que la población vive a diario.

Un modelo que se cierra sobre sí mismo

Al sustituir la consulta por el silencio, y la participación por rótulos que legitiman la exclusión, la institucionalidad refuerza un modelo de desarrollo cerrado, que no dialoga con las comunidades y que normaliza la degradación de sus territorios. Lo que está en juego en Maquengal no es solo la calidad del agua o la estabilidad de un cauce: es el derecho de una comunidad a decidir sobre su entorno, a defender sus bienes comunes y a ser parte activa del futuro de su territorio.

Maquengal no se calla

Pese a las respuestas evasivas, el Grupo de Defensa del Río Frío mantiene su compromiso de visibilizar la situación. Desde sus propias palabras, la comunidad insiste: “No nos oponemos al desarrollo, pero sí nos oponemos a que se nos excluya. No puede haber desarrollo a costa de nuestras vidas, de nuestros espacios, de nuestra palabra”.

El silencio institucional no detiene la defensa comunitaria. Maquengal sigue alzando la voz para recordar que el río no es una cantera, sino un espacio de vida compartida. Y que cada vez que se coloca un rótulo para restringir el acceso, se borra un pedazo de historia, de encuentro y de dignidad colectiva.

Indignación justificada: cuando la institucionalidad promete diálogo y entrega silencio

A la falta de respuesta formal a la carta presentada ante el Concejo Municipal se suma otro hecho que profundiza la sensación de abandono en Maquengal. El pasado 20 de agosto 2025 se había convocado una reunión en el salón comunal del poblado, con la participación anunciada de representantes de la Municipalidad de Guatuso y de personas estudiantes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se encontraban realizando observaciones en la zona. La comunidad se preparó para dialogar, compartir sus inquietudes y buscar respuestas directas a la situación del río Frío.

Sin embargo, la actividad fue cancelada a último momento, sin explicación clara y, lo más preocupante, nunca se reprogramó. Este hecho, aunque aparentemente menor, se ha convertido en símbolo de una práctica institucional reiterada: convocar sin escuchar, prometer participación sin concretarla y convertir el diálogo en una formalidad vacía.

Para las personas de Maquengal, esta cancelación confirma lo que ya venían percibiendo: no existe un interés real en comprender ni atender la situación de la comunidad. Se les sigue viendo como un “poblado disperso”, un territorio periférico cuya voz puede ser ignorada sin consecuencias.

La indignación es, por tanto, legítima. No se trata solo de una reunión perdida, sino de la reiteración de un patrón de exclusión que niega el reconocimiento político de la comunidad. En lugar de acompañar a Maquengal, las instituciones públicas parecen reproducir una jerarquía territorial donde unos pocos deciden y otros —los que viven las consecuencias— son reducidos al silencio.

Se castiga a quien imagina otro futuro para Maquengal

Lo ocurrido en Maquengal no es un hecho aislado: refleja una manera de gobernar los territorios donde pensar distinto se vuelve motivo de castigo. A la comunidad no se le escucha porque se atrevió a cuestionar la forma en que se decide sobre su propio entorno. Se les responde con silencio, con cancelaciones, con rótulos y advertencias, como si defender el río y la vida común fuera una falta de respeto a la autoridad.

Maquengal no pide privilegios; exige lo mínimo: ser parte de las decisiones que afectan su territorio. Pero la institucionalidad parece temer al pensamiento crítico que nace desde las comunidades, porque ese pensamiento revela las contradicciones de un modelo que llama “desarrollo” a la extracción, y “orden” a la exclusión.

Hoy, lo que se castiga en Maquengal no es la protesta, sino la posibilidad misma de imaginar otra forma de desarrollo: una basada en el respeto, la participación y la defensa de los bienes comunes. Cuando nos cierran las puertas del río, lo que antes llamábamos turismo hoy podríamos llamarlo visitar las ruinas del río Frío. Porque eso es lo que sentimos: el temor de que, si todo sigue igual, lo único que quede sea un gran rótulo que diga “Bienvenidos a las ruinas del Río Frío”.

Aun así, la comunidad no renuncia a su esperanza. Anhelamos poder restaurar el río, detener las concesiones y reforestar, recuperar al menos lo que queda. Porque cada árbol, cada tramo de agua y cada recuerdo colectivo que aún persiste son también semillas de futuro. Aunque las instituciones cierren puertas, Maquengal insiste en abrir caminos para la dignidad y la vida compartida.

Testimonio desde Maquengal:
¡Es horrible! Ya podemos oír el fuerte ruido de las máquinas. Dejará de ser agradable y habitable si las máquinas se acercan más a nuestra propiedad. ¡Aquí se demuestra que el medio ambiente y las personas están completamente desatendidos! Vinimos aquí para mantener la mayor distancia posible de la actividad comercial. Incluso aceptamos un acceso muy difícil a nuestra propiedad. ¿Qué tenemos ahora? Es como si viviéramos en una zona industrial. La extracción de piedra debería, al menos, no llegar a nuestra propiedad. Eso sería muy importante. Después de unos 1000 metros, ya es una zona protegida. Pero no me sorprendería que también ignoraran eso. ¿Dónde están todas las organizaciones de conservación de la naturaleza en el país? Si un cazador furtivo o un leñador (ilegal) es capturado y se resiste, incluso lo encarcelan si la situación se complica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se extraen las piedras, también se destruyen innumerables seres vivos y nuestros sueños de ecoturismo se destruyen antes de que puedan siquiera comenzar. ¡Me entristece mucho que a los humanos no nos importe la naturaleza! ¡El ojo de Dios lo ve todo!
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
Grupo Defensa de la Cuenca Río Frío-Caño Negro
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La lucha por la tierra y la vida en Nueva Esperanza

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El pasado 20 de setiembre realizamos una visita a la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, donde conocimos a la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza. Este grupo ha dedicado casi tres décadas a cultivar de manera agroecológica, manteniendo vivas las tradiciones de sus familias campesinas y defendiendo la salud de sus comunidades a través de alimentos sanos y libres de químicos.

Para ellas, la tierra no es solo un medio de subsistencia, sino un espacio de memoria, encuentro y transmisión de saberes. En sus parcelas se sembraban frijoles, hortalizas y maíz; allí se reunían las familias, se compartían alimentos y se fortalecían los lazos comunitarios. La agroecología fue una apuesta consciente: cuidar el ambiente, la salud y la vida, diferenciándose de los modelos productivos dependientes de agrotóxicos.

Entre la siembra y la desconfianza institucional

Desde los inicios del proyecto, las mujeres de Nueva Esperanza tocaron puertas buscando apoyo para fortalecer su producción. Solicitaron semillas, acompañamiento y herramientas para crecer de forma sostenible. Sin embargo, las respuestas institucionales fueron negativas una y otra vez. “Nos decían que era por no tener escritura, pero después nos dimos cuenta de que sí apoyaban a otras personas en condiciones similares. Entonces decidimos hacerlo solas”, relatan.

El proyecto avanzó sin apoyos estatales directos: con esfuerzo propio levantaron su siembra de hortalizas, maíz y frijoles, consolidando un espacio colectivo que era al mismo tiempo productivo, familiar y comunitario. Con el paso del tiempo, lograron también establecer vínculos con universidades públicas y otras organizaciones solidarias que les brindaron acompañamiento técnico y formativo, así como apoyo para el desarrollo de infraestructura que fortaleció su capacidad de producción y organización comunitaria.

Años después, llegó el golpe más fuerte: la invasión de la parcela. La respuesta institucional, lejos de brindar protección efectiva, se convirtió en una cadena de obstáculos. El grupo emprendió un largo proceso legal para recuperar la tierra. Lograron ganar desalojos en cuatro ocasiones, presentaron documentación y contaron con el respaldo de un juzgado agrario, que ordenó la restitución de la finca. Sin embargo, cuando todo parecía listo para ejecutar la orden, otra institución —que supuestamente debía apoyar a la asociación— frenó el desalojo sin explicación clara.

La experiencia, además de costosa en tiempo y recursos, fue profundamente desgastante. “Logramos todo solas y cuando ya estaba listo, lo detienen. No entendemos cómo una institución que dice apoyarnos puede hacer esto”, expresan. A esto se suma el dolor de ver destruida la infraestructura que habían construido durante años de trabajo colectivo y alianzas con otras instituciones. Para ellas, el caso revela no solo la fragilidad de la seguridad jurídica de las campesinas, sino también la desprotección que enfrentan frente a un aparato institucional que muchas veces actúa sin transparencia ni coordinación.

Una historia de trabajo y organización comunitaria

La Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza tiene sus raíces en la vida campesina de la zona norte fronteriza, marcada por la migración, el trabajo agrícola y la tradición de familias enteras dedicadas al campo. En los años noventa, un grupo de mujeres decidió organizarse para darle continuidad a los aprendizajes heredados de abuelos y padres agricultores, pero también para abrir un camino propio: la agricultura orgánica.

El proyecto creció con esfuerzo colectivo. Levantaron una pequeña casa-cocina con horno para preparar alimentos, organizaron ventas comunitarias, sembraron frijoles y hortalizas, y crearon un espacio que funcionaba tanto para la producción como para la vida social. Allí las familias se reunían, cocinaban juntas y sostenían una dinámica de cooperación que trascendía lo económico: era una escuela de vida en comunidad.

Durante más de dos décadas, la asociación no solo produjo alimentos sanos, sino que también se convirtió en un referente de organización de mujeres en un contexto donde el campo suele asociarse a los hombres. Su presencia desafiaba estereotipos de género y demostraba que las mujeres podían liderar proyectos agrícolas innovadores y sostenibles.

El quiebre llegó hace aproximadamente cuatro años, cuando la parcela fue invadida. La pérdida de ese espacio no significó solo el freno de la producción: también interrumpió un tejido social y comunitario construido durante casi 30 años. El despojo implicó incertidumbre, dolor y la sensación de que instituciones que antes parecían aliadas dejaron de estar presentes. “Nos sentimos atropelladas, nuestro trabajo ha sido desvalorizado”, expresan ellas.

A pesar de este golpe, la asociación no se ha desintegrado. Por el contrario, se sostiene en la persistencia y en la certeza de que la lucha por la tierra es también la lucha por la dignidad.

Mujeres en el campo: una realidad invisibilizada

La situación que atraviesa esta asociación no es aislada. En Costa Rica, y particularmente en las zonas rurales fronterizas, las mujeres campesinas enfrentan múltiples obstáculos para sostener sus proyectos de vida. La desigualdad en el acceso a la tierra, la falta de reconocimiento al trabajo agrícola femenino y la ausencia de políticas efectivas que garanticen su seguridad productiva generan condiciones de vulnerabilidad constantes.

A menudo son ellas quienes sostienen la agricultura familiar y la transmisión de los saberes agroecológicos, pero sus aportes siguen siendo invisibilizados. El campo continúa cargado de estereotipos que asocian el trabajo agrícola al hombre, dejando a las mujeres en un segundo plano a pesar de ser pilares fundamentales en la siembra, el cuidado de los cultivos y la organización comunitaria.

Frente a estas realidades, experiencias como la de Nueva Esperanza ponen en evidencia la necesidad de replantear el papel de las instituciones públicas en el acompañamiento a mujeres organizadas. Reconocer sus luchas, escuchar sus demandas y garantizar el acceso a la tierra son pasos indispensables para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Persistencia y esperanza

Las mujeres de Nueva Esperanza lo resumen en una consigna clara: seguir luchando, no rendirse. Tocan puertas una y otra vez, insisten en su derecho a la tierra, y mantienen la unidad como fuerza principal para resistir.

Su ejemplo interpela a toda la sociedad: ¿qué significa producir alimentos sanos en un mundo dominado por la prisa y la rentabilidad? ¿Por qué quienes defienden la agroecología encuentran más trabas que apoyos? ¿Qué futuro estamos construyendo cuando proyectos comunitarios de casi 30 años son despojados y desatendidos?

La visita a Nueva Esperanza deja una certeza: en cada semilla sembrada por estas mujeres late una apuesta por el bien común, por la vida digna y por un país que aún tiene una deuda profunda con quienes trabajan la tierra.

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40 años de memoria, territorio y comunidad: la historia viva de CODECE

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En este episodio de Sentires y Saberes conversamos con Javier Sánchez, presidente de CODECE, en el marco de la conmemoración de sus 40 años de historia. Javier nos comparte un recorrido por la trayectoria de la organización: desde sus inicios en un San Antonio de Escazú rural hasta los logros más recientes en conservación, incidencia y organización comunitaria. Nos habla de hitos clave como el Plan Regulador de Escazú, la defensa del agua y los procesos de regeneración de fincas, así como de los aprendizajes en paciencia, compromiso y trabajo colectivo que CODECE ha cultivado a lo largo de cuatro décadas.

Escucha la entrevista completa para conocer cómo la memoria, la organización comunitaria y la defensa del territorio se entrelazan en esta historia viva.

Invitación a las actividades del 40 aniversario

Las celebraciones por los 40 años de CODECE continúan durante octubre con caminatas, conversatorios, días de campo y espacios de encuentro comunitario. ¡Te invitamos a sumarte, compartir y celebrar esta historia colectiva de lucha y esperanza!

No te pierdas también las imágenes con la programación completa, disponibles en nuestras redes y materiales del Observatorio.