Luis Andrés Sanabria Zaniboni – Observatorio Bienes Comunes
“Viviendo sobre un ring donde siempre ganan los malvados
Líderes y jefes juegan sucio los dos
Mientras el resto alza la voz gritando a Dios: ¡Ven, baja y sálvanos!”.
“Sucio”. Akapellah ft. Nach.
Durante el 2023 hemos podido visitar comunidades que atraviesan escenarios de agotamiento y contaminación de los bienes comunes naturales, pero, también, junto a esto. un desmejoramiento acelerado de su calidad de vida. Se intensifica la explotación laboral, afectaciones a la salud, el envenenamiento del agua, tierra y aire, sumado a esto, sus formas de vida se van alterando, ya no pueden mantener sus cultivos ni animales; además, desaparecen sus sitios de recreo y de turismo local. ¿Cómo podríamos caracterizar este escenario?
A primera vista, en la mayoría de los territorios se encuentra presente una actividad extractiva ejecutada, o al menos promovida, por el Gobierno local, tal como la minería no metálica o agroindustria. Este vínculo Gobierno local-empresa resulta una alianza ganar-ganar, ingresos frescos y favores por “allá”, son algunos de los comentarios que se repiten de una comunidad a otra; sin embargo, la factura de las consecuencias las siguen pagando las comunidades vecinas a estos proyectos.
A pesar de que el Gobierno local en muchas ocasiones está cooptado por estas iniciativas extractivas, las comunidades siguen buscando respaldo en la institucionalidad del país, acuden a diversas instancias, en ocasiones encuentran quejas de las personas funcionarias que repiten que los recortes presupuestarios imposibilitan sus funciones, pero, a pesar de esto, les prestan atención. En otras ocasiones, encuentran oídos sordos. Es evidente la complacencia con los sectores empresariales.
De parte de los actores empresariales hay, por un lado, una competencia en las comunidades locales por cooptar las organizaciones, tales como las asociaciones de desarrollo y, por otro desprestigiar a los colectivos que cuestionan sus acciones, ya sea señalandolos como “enemigos de la comunidad” o realizando otras formas de intimidación más “personal”.
A esto se suma la actitud de una institucionalidad nacional que ha pactado una forma de política ambiental centrada en la mercantilización de la naturaleza, es decir, el “capital natural”. Este vínculo entre negocios y gestión del medio ambiente trae consigo el necesario despojo del territorio de las comunidades, en beneficio de los grupos empresariales que puedan invertir y lucrar con la actividad.
La naturaleza, en este escenario, se ve cerrada a sectores particulares, destinados a la conservación y explotación turística, pero todo aquel vínculo comunitario, campesino o indígena se ve desplazado y ninguneado.
Nos acercamos a una tormenta perfecta, el proceso de mercantilización se va legitimando en nuestra sociedad desde el momento en que nuestra institucionalidad ha dado la espalda a todas aquellas personas y comunidades que levantan su voz para denunciar que no es suficiente conservar ante el impacto extractivo.
La participación ambiental es la línea roja institucional para reconocer la voracidad de un sistema político-económico ecocida; la naturaleza no se trata de zonas de conservación, son tejidos que se recrean a través de nuestras relaciones de interacción. Cuando aquellas comunidades que han vivido junto a la naturaleza dicen que algo está pasando y no se toma la atención necesaria, no seamos ingenuos, estamos en la tormenta.
Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/bienes-naturales-en-costa-rica-directo-a-la-tormenta/
