Bienes Comunes en Contexto: Semillas criollas, locales o nativas ¿De qué hablamos?
Continuamos con nuestra reflexión en torno a los sistemas alimentarios, en esta ocasión les invitamos a reflexionar sobre nuestras semillas criollas, nativas o locales.
Tal vez hemos escuchado alguna noticia al respecto, pero normalmente no nos profundizan sobre el significado que tienen para nuestras vidas. Las semillas son una creación colectiva, una forma más que se manifiesta la historia de nuestros pueblos, ya que durante milenios se han heredado variedades, saberes y técnicas para cultivarlas, es decir corresponde a un largo proceso de domesticación que hoy se manifiesta en ese paisaje alimentario que conforma la gran diversidad de alimentos que nos llega a nuestras mesas.
Sin embargo, toda esta riqueza no es indiferente a los procesos de mercantilización por parte de la industria alimentaria, ya que a través de los registros de «idoneidad», procuran controlar la producción, distribución y reproducibilidad de las semillas. Esto tiene como objetivo generar una alta dependencia de las personas agricultoras, campesinas y pueblos indígenas a la venta industrializada, a los paquetes tecnológicos (agroquímicos), y con esto lograr la privatización y monopolización de las semillas
Es así que su rescate y preservación requiere visibilizar la importancia de sus prácticas de cuidado, tales como conocer el ciclo de las plantas y su relación con las diversas dinámicas de la naturaleza, pero también acompañar la defensa del derecho de las personas campesinas, agricultoras y pueblos indígenas al libre acceso, a la producción, a guardar, intercambiar y vender sus semillas.
Les compartimos esta infografía que pretende problematizar el contexto actual de nuestras semillas.
Sentires y saberes: Procesos participativos ¿Metodología o técnicas? – Con el Educador Popular Pedro Pontual
En las últimas décadas varios discursos desde distintos actores y espacios han provocado una erosión y vaciamiento de las implicaciones de la participación y los procesos participativas en nuestras organizaciones e incidencia en los espacios de toma de decisiones por esta razón conversamos con el Dr. Pedro Pontual ¿Qué podemos entender por participación? ¿Qué son las metodologías participativas? ¿Qué son técnicas participativas? Sospechamos que no es lo mismo, pero les invitamos a esta reflexión.
Memorias Colectivas como Bienes Comunes: Memorias Colectivas en Argentina – Entrevista con Alba Pereyra Lanzillotto
En esta ocasión compartirnos con Alba Pereyra Lanzillotto sobre las Memorias Colecivas, y en especial la lucha por la Memoria en Argentina, abordamos con ella sobre ¿Qué es la memoria colectiva? ¿Qué territorios se disputan para su revindicación? ¿Qué prácticas están relacionadas para su cuidado?
Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.
Cuido y vigilancia de los Bienes Comunes: Experiencia Estuario de la Bahía San Juan de Puerto Rico – Video
En esta ocasión nos acompaña la docente Rosaluz Molina Carrasquillo de la Universidad de Puerto Rico que nos invita a reflexionar sobre la importancia, pero también los desafíos que representa la participación comunitaria en el cuido de los bienes comunes en sus territorios, a partir de la experiencia en la que participó en la restauración del Estuario de Bahía San Juan de Puerto Rico.
Sentires y Saberes es un espacio del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica con el fin de profundizar la reflexión en torno a los Bienes Comunes, sobre su origen, propiedad y gestión.
Observatorio Bienes Comunes: Segundo Boletín Sentires y Saberes Defensoras y defensores ambientales ¿Quién les cuida?
El Acuerdo de Escazú se conocerá esta semana en el congreso (octubre 2020), durante dos años no ha sido mucha su difusión en el país, ¿A qué se puede deber esto? El Observatorio de Bienes Comunes Agua y Tierra del Programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica les queremos compartir a través de este Boletín algunas claves de lectura para esta situación, ¿De qué habla este acuerdo? ¿A quiénes defiende?
El pasado 28 de septiembre del 2018, 23 países firmaron el Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados.
Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado.
Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la declaración de Río, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Resulta inquietante al menos que un país como Costa Rica, que ha tratado de caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tuviera como pendiente la ratificación de un Acuerdo que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.
Algunas implicaciones de este acuerdo podrían explicar la demora, ya que viene a garantizar derechos que han sido obviados durante décadas, acceso oportuno a la información en temas ambientales, mecanismos de participación y protección jurídica a esas personas defienden el ambiente y han sido expuestas a presiones de intereses económicos muy fuertes que terminan desgastando sus vidas personales y familiares.
Esta oposición procura justificar esta negativa al acuerdo argumentando que Impide el acceso a nuevas tecnologías, a la inversión en infraestructura, también señalan que es una amenaza a la confidencialidad de la información empresarial, que provoca altos costos al Estado relacionados a la protección de los y las defensores ambientales o por último que nos expondría como sociedad a interminables procesos de consulta. En definitiva, argumentos que no explican la no idoneidad del acuerdo, sino que invitan a pensar ¿Qué tipo de democracia aspiran estos sectores?
¿Qué nos dice esto sobre la posición interna de Costa Rica con respecto a las y los defensores ambientales? ¿Qué relación tiene este lento camino y los procesos de criminalización de la protesta social vividos en los últimos años? ¿Cuáles intereses están en juego a partir de las dimensiones del Acuerdo? ¿Qué visión de participación política se está imponiendo? ¿Cuáles deudas socioambientales Costa Rica sigue teniendo abiertas?
Estas preguntas y más son parte de la información que procura problematizar este boletín, para que sea una herramienta que enriquezca el análisis de todas las personas interesadas y permita comprender el contexto que atraviesa nuestro país en torno a la temática socioambiental; ¿de dónde partimos?, los intereses en conflicto, las ausencias y los desafíos que encaramos como sociedad.
¿Cuál pandemia? Extractivismos recargados
“Las raciones fueron nuevamente reducidas para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y, en realidad, aumentaban de peso.” George Orwell - Rebelión en la Granja
Por Luis Andrés Sanabria Zaniboni/Observatorio de Bienes Comunes
2 septiembre, 2020
En los últimos meses a raíz de las medidas económicas tomadas y no tomadas por el Gobierno ante la pandemia, hemos visto deterioradas las condiciones socioeconómicas de una gran parte de la población, agudizando las desigualdades de nuestra sociedad; pero como era de esperar algunos sectores no han sido impactados de la misma manera, entre ellos la industria extractiva. Podemos preguntarnos: ¿a qué tipo de cuarentena se han sujetado?
Lo primero que pensamos es: ¿qué son los extractivismos? Estos son parte de un modelo socioeconómico, productivo y político que se basa en la extracción de los bienes naturales (principalmente) con el fin de obtener materias primas con poco valor agregado y procesamiento sensibles a ser vendidas en los mercados. Para ello diversos actores sociales procuran facilitar su operación mediante exoneración fiscal, para optimizar sus ganancias. Entre algunas actividades están las conocidas tradicionalmente como la minería o exploración petrolera, pero en Costa Rica con más intensidad está la agroindustria a través de los monocultivos (piña, azúcar, banano, palma africana) o megaproyectos.
Estas actividades tienen profundas secuelas en nuestro país, su creciente intensidad y extensión ha impactado de forma irreversible en las comunidades y los ecosistemas. El uso indiscriminado de agroquímicos nocivos para la vida humana y el ambiente, así como la necesaria deforestación para su desarrollo son muestras de sus “externalidades en el agotamiento de los bienes naturales”.
Con la llegada del COVID-19 se mostró cómo los sectores extractivistas miraban para otro lado, y las autoridades refrendaron esto. Amparados en la “necesidad” de resguardar la economía, las implicaciones del “martillo y el baile” se diferenciaron entre lo urbano y rural, en uno se corre por cumplir con el cierre, pero en otros continúa el baile de la indiferencia y la explotación.
Si quisiéramos caracterizar las desigualdades presentes en el país, basta con retratar la división del trabajo y su manifestación a través de la clase y el género, cómo se entrelazan para mostrarnos a los perdedores y ganadores, donde el migrante o el pobre viven en carne propia las violencias de una actividad económica que no puede parar. Pero la acumulación de la riqueza sigue estando en manos de esas empresas opacas, casi ausentes hasta para tributar.
Pero su actividad no se mide solamente por su producción, sino también en las capacidades que generan para modificar a su favor las condiciones mediante las que operan. Por ejemplo, desde las cámaras empresariales hemos visto deseos expresos de una desregulación de la legislación ambiental (estudios de impacto ambiental, requisitos y otros) para hacerla más “amigable” con los negocios. Usando la excusa del ingreso en la OCDE se quiere modificar reglamentos para facilitar la introducción de paquetes tecnológicos que sirven de insumos a la producción agroindustrial, pero en definitiva son más agroquímicos, algunos restringidos en muchos países; pero también algunos reglamentos sobre las condiciones laborales de las personas, apostando a una normalización “legal” de la precarización a la que están expuestas.
¿Por qué hablar de esto? Porque les ha ido tan bien que son “punta de lanza” de la reactivación económica, coronados con el discurso presidencial con su apuesta al cultivo del cáñamo (monocultivo), pero también dio espacio para retomar las intenciones de algunos sectores por activar la minería de oro o la exploración petrolera, antes detenidas por decretos y leyes, pero hoy se perfilan como moneda de cambio en la política nacional. Es así como estamos siendo testigos que estos extractivismos sin cuarentena deterioran nuestro ambiente y atizan la desigualdad política y económica en el país.
Imagen carácter ilustrativo toma de Wikipedia
Fuente: Semanario Universidad