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¿De quién es la nube? Centros de datos, bienes comunes y territorio en Costa Rica

Antes de leer: escucha lo que suena la nube

Antes de sumergirte en esta nota, te proponemos algo poco habitual: escuchar un centro de datos.

El video que acompaña a este texto no muestra paisajes ni personas. No hay entrevistas ni gráficos. Solo el sonido ambiente de una instalación real: el zumbido constante de los ventiladores, el rumor mecánico de los sistemas de refrigeración, el pulso eléctrico de miles de servidores trabajando sin pausa, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Es un sonido que muchas comunidades vecinas conocen demasiado bien. Lo escuchan al despertar, al intentar dormir, al trabajar, al conversar. Es un sonido que no se detiene y que, en muchos casos, se convierte en una presencia permanente que afecta la salud, el descanso y la calidad de vida.

La nube, esa metáfora que usamos para hablar de lo digital, suena. Y suena fuerte.

Te invitamos a escuchar el video con atención. Sube el volumen si puedes. Cierra los ojos si quieres. Imagina que ese sonido está frente a tu casa, a pocos metros de tu ventana, y que no va a detenerse. Porque para muchas personas, esa es la realidad cotidiana de vivir cerca de un centro de datos.

Una vez que hayas escuchado, te invitamos a leer el resto de la nota. Allí encontrarás datos, contextos y preguntas sobre lo que significa construir esta infraestructura en nuestros territorios. Pero antes, el sonido. Porque la nube no es silenciosa. Y tampoco es inmaterial.

Cuando hablamos de la nube solemos imaginar un espacio casi inmaterial donde se almacenan nuestros archivos, circulan nuestras comunicaciones y funcionan las aplicaciones que utilizamos todos los días. Sin embargo, la nube tiene una geografía concreta. Detrás de cada servicio digital existen edificios, servidores, cables, sistemas de refrigeración, redes eléctricas, agua, minerales y trabajo humano. La expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está haciendo crecer rápidamente esta infraestructura y, con ella, también la demanda de recursos que muchas veces permanecen fuera de nuestra mirada.

Costa Rica no está al margen de este proceso. El país ya cuenta con infraestructura de centros de datos y las proyecciones disponibles apuntan a un crecimiento importante de la demanda durante los próximos años. Una estimación reciente identifica 18 centros de datos operados por 11 proveedores y señala una fuerte concentración de esta capacidad en San José (Camarillo, 2026). Este crecimiento obliga a ampliar una conversación que hasta ahora suele presentarse principalmente en términos de inversión, conectividad e innovación tecnológica.

La pregunta es sencilla: ¿qué necesita el país para sostener esta nueva infraestructura y cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos?

La nube tiene territorio y también tiene sed

Un centro de datos no es solamente un conjunto de computadoras. Es una infraestructura física que debe operar continuamente y que requiere electricidad, refrigeración, conectividad y sistemas de respaldo. Los servidores producen calor y ese calor debe ser disipado de manera permanente. Por eso, el funcionamiento de la economía digital está estrechamente relacionado con los flujos de energía, agua y materiales.

El estudio The Cloud Is Material(2022) propone precisamente mirar la nube desde esta dimensión material. Los servicios digitales descansan sobre una infraestructura que consume energía y agua, utiliza minerales y componentes electrónicos, produce calor y genera residuos. Lo que parece ocurrir en un espacio virtual depende, en realidad, de territorios concretos.

Un aspecto crítico, y a menudo pasado por alto, es el consumo de agua. Un estudio publicado en npj Clean Water (2021) revela que los centros de datos consumen agua de dos formas principales: de manera indirecta, a través de la generación de electricidad (especialmente en plantas termoeléctricas que requieren agua para enfriarse), y de manera directa, para refrigerar los servidores. Para dimensionar esto, un centro de datos mediano (15 MW) puede usar tanta agua como tres hospitales promedio o más de dos campos de golf de 18 hoyos. A nivel global, se estima que en 2014 los centros de datos en Estados Unidos consumieron 626 mil millones de litros de agua, una cifra que, aunque parece pequeña frente al consumo total del país, compite directamente con otros usuarios por recursos locales, a menudo en zonas de estrés hídrico.

El estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos miden su consumo de agua, y que en muchos casos más de la mitad del agua utilizada proviene de fuentes potables. Esto ha generado controversia en regiones donde el agua es un recurso escaso, ya que las instalaciones compiten con las comunidades locales por el acceso al agua potable.

Costa Rica ante una nueva demanda

La discusión adquiere mayor relevancia si consideramos las proyecciones de crecimiento. Si la demanda de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de datos aumenta significativamente durante la próxima década, sus efectos no se limitarán a los edificios donde funcionen los servidores. Será necesario ampliar redes eléctricas, sistemas de conectividad, infraestructura de agua y otros servicios que permiten sostenerlos.

Por eso, la pregunta no debería ser únicamente cuántos centros de datos puede atraer Costa Rica, sino qué tipo de expansión resulta compatible con las condiciones sociales, ambientales y territoriales del país.

Esto también obliga a mirar los impactos más allá del consumo de recursos. Estas instalaciones ocupan suelo, generan calor y ruido, requieren equipos que deben ser sustituidos periódicamente y forman parte de una cadena global de extracción de minerales, fabricación de componentes, transporte y generación de residuos electrónicos. La infraestructura digital no empieza cuando encendemos una computadora ni termina cuando cambiamos un servidor: forma parte de un ciclo material mucho más amplio.

Al mismo tiempo, no todos los centros de datos tienen la misma escala ni producen las mismas presiones. Por eso sería un error reducir la discusión a una oposición entre tecnología y ambiente. El desafío consiste más bien en distinguir las diferentes necesidades y escalas de infraestructura, comprender sus impactos y establecer condiciones adecuadas para cada territorio. La eficiencia energética (medida por el PUE, por sus siglas en inglés) ha mejorado mucho en los centros de datos de hiperescala, pero esto no elimina el consumo de agua, especialmente la que se usa para generar la electricidad que los alimenta.

Una discusión sobre bienes comunes

Desde la perspectiva de los bienes comunes, esta discusión permite mirar algo que suele quedar oculto. Los centros de datos pueden ser instalaciones privadas, pero su funcionamiento depende de sistemas y recursos que tienen una dimensión colectiva: electricidad, agua, territorio, conectividad, infraestructura pública, conocimientos y condiciones ambientales.

Esto no significa que el uso empresarial de estos recursos sea necesariamente problemático. Significa que debemos preguntarnos bajo qué condiciones ocurre esa relación. Cuando una actividad económica requiere de manera intensiva recursos y sistemas construidos socialmente, resulta legítimo discutir cómo se distribuyen sus beneficios, quién asume sus costos y qué mecanismos existen para garantizar la participación y el control público.

La falta de transparencia es un problema central. El estudio sobre agua señala que ni siquiera los tres grandes proveedores de nube (Amazon, Google y Microsoft) publican datos completos sobre su consumo de agua. Amazon, por ejemplo, no publica ninguna cifra, mientras que Google y Microsoft solo ofrecen datos agregados que no permiten distinguir cuánto corresponde a los centros de datos ni desglosan las fuentes de agua. Esto dificulta enormemente la evaluación de impactos y la rendición de cuentas.

La experiencia internacional muestra que algunos de los conflictos asociados con centros de datos aparecen precisamente alrededor del agua, la energía, el uso del suelo, el ruido y el acceso a la información. Esto debería servirnos menos como una advertencia alarmista que como una oportunidad para anticiparnos.

Costa Rica todavía tiene margen para discutir estas condiciones antes de que la expansión de esta infraestructura se convierta en una sucesión de decisiones aisladas. La planificación energética y territorial, la protección de las fuentes de agua, la transparencia sobre los proyectos, la evaluación de sus impactos acumulativos y la participación de las comunidades deberían formar parte de esta conversación.

Porque la pregunta no es si queremos vivir en una sociedad digital. Ya lo hacemos.

La cuestión es qué infraestructura queremos construir para sostenerla y qué relación queremos establecer entre esa infraestructura, nuestros territorios y nuestros bienes comunes.

¿De quién es la nube?

La nube tiene edificios, servidores, cables, electricidad, agua, minerales, trabajadores y territorios. También tiene costos y beneficios que no se distribuyen necesariamente de la misma manera.

Por eso, discutir centros de datos es también discutir qué entendemos por desarrollo tecnológico y qué lugar ocupan los bienes comunes en ese proceso.

No se trata de estar contra la tecnología. Se trata de hacer visibles sus condiciones materiales. Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces también necesitamos preguntarnos: ¿bajo qué condiciones queremos ponerlos a su servicio?

¿Qué es un centro de datos y por qué importa?

Antes de discutir políticas, regulaciones o resistencias, necesitamos entender qué es exactamente un centro de datos. No se trata solo de computadoras: es una infraestructura industrial que consume energía y agua de forma intensiva, genera calor, ruido y residuos electrónicos, y opera con una opacidad que dificulta evaluar sus impactos reales. La siguiente matriz sintetiza sus características principales y las implicaciones que cada una tiene para los territorios que los albergan. No es una lista exhaustiva, pero sí una guía para comprender de qué hablamos cuando decimos que la nube tiene una geografía concreta.

Eje temáticoCaracterización del centro de datos¿Qué implica?
1. Naturaleza físicaNo es un espacio inmaterial ni virtual. Es una infraestructura industrial concreta: naves, servidores, cables, sistemas de refrigeración, transformadores, tuberías y generadores. Ocupa territorio y consume recursos.La nube tiene geografía y materialidad. Cada servicio digital depende de edificios, energía, agua y minerales. Lo que parece virtual es, en realidad, una cadena de infraestructuras físicas que transforman el territorio.
2. Consumo de energíaConsume electricidad de forma continua e intensiva, las 24 horas del día. La refrigeración puede representar más del 40% del consumo total. Un solo centro de datos puede usar la electricidad de 50,000 hogares.La eficiencia no ha frenado el crecimiento. Aunque los equipos sean más eficientes, la demanda total aumenta exponencialmente por la IA, el streaming y el almacenamiento masivo. El problema es de escala, no solo de diseño.
3. Consumo de aguaConsume agua de dos formas: indirecta (para generar la electricidad que usa) y directa (para refrigerar servidores, a menudo por evaporación). Un centro mediano (15 MW) usa tanta agua como tres hospitales. Más de la mitad puede ser agua potable.El agua es un recurso crítico y conflictivo. Los centros de datos compiten con comunidades, agricultura y ecosistemas por agua dulce, especialmente en zonas áridas o con sequías. La falta de métricas sobre el agua usada para generar electricidad hace invisible gran parte del impacto.
4. Falta de transparenciaLa mayoría de los operadores no miden ni publican su consumo de agua. Los grandes proveedores solo ofrecen datos agregados o no publican nada. Algunos consideran el agua un «secreto comercial».La opacidad es una estrategia, no un accidente. Sin datos públicos y verificables, es imposible evaluar impactos, exigir responsabilidades o planificar territorialmente. La falta de transparencia impide la participación democrática.
5. Impactos sociales y comunitariosGenera contaminación acústica constante (ventiladores, generadores, chillers) que afecta la salud mental y física de los vecinos: insomnio, hipertensión, estrés. También compite por agua potable y desplaza comunidades.Los impactos van más allá de lo ambiental. Incluyen ruido, pérdida de calidad de vida, conflictos por recursos y movilización comunitaria. La salud pública y el derecho al descanso son ejes centrales del conflicto.
6. Residuos electrónicosLos servidores y equipos se vuelven obsoletos rápidamente. La basura electrónica termina en vertederos del Sur global, con metales tóxicos y contaminantes. Un solo computador requiere 240 kg de combustibles fósiles y 1,500 kg de agua para fabricarse.La obsolescencia programada genera montañas de basura tóxica. La cadena de residuos es global y afecta desproporcionadamente a países vulnerables. El ciclo de vida completo —desde la minería hasta el desecho— es parte del impacto.
7. Cultura y trabajoLos técnicos trabajan con miedo constante a fallos que causen interrupciones costosas. Las decisiones se toman por «instinto» o «corazonadas», no solo por modelos. La cultura del «enfriar en exceso» por miedo muestra que las prácticas humanas afectan la eficiencia.La dimensión humana es clave. Las decisiones, miedos y hábitos de los trabajadores influyen en el impacto ambiental. La sostenibilidad no depende solo de la tecnología, sino también de la cultura laboral y la organización del trabajo.
8. Escala del problemaLa demanda de datos crece exponencialmente. Se espera que el número de dispositivos conectados pase de 18.4 mil millones (2018) a 29.3 mil millones (2030). El tráfico de internet se duplica cada pocos años.La escala es global y creciente. La expansión de la IA y el streaming está multiplicando la demanda de recursos y los impactos asociados. No es un problema local ni estático: se expande rápidamente y presiona territorios en todo el mundo.
9. Alternativas y solucionesSe proponen métricas más completas (como incluir el agua usada para generar electricidad), usar agua no potable, refrigeración líquida y ubicaciones con clima frío. Pero las promesas corporativas no son verificables ni vinculantes.Las soluciones técnicas son insuficientes. Se necesita transparencia obligatoria, regulación vinculante, planificación territorial y un debate público sobre el modelo de desarrollo digital. La pregunta no es solo cómo hacerlo más eficiente, sino cuánto, para qué y bajo qué condiciones.
10. Pregunta central¿Qué caracteriza a un centro de datos? Es una infraestructura física, intensiva en recursos, opaca, ruidosa y en expansión acelerada.¿Bajo qué condiciones queremos que exista la infraestructura digital? No se trata de oponerse a la tecnología, sino de hacer visibles sus costos materiales, sociales y ambientales, y decidir democráticamente su rumbo.
De la caracterización a la respuesta social

Hasta aquí hemos caracterizado los centros de datos como infraestructuras físicas, intensivas en recursos, opacas y en expansión acelerada. Hemos visto que consumen energía y agua, generan ruido y residuos, y operan con una falta de transparencia que dificulta evaluar sus impactos reales. Pero esta caracterización estaría incompleta si no atendemos a una dimensión fundamental: la respuesta de las comunidades que los reciben.

A medida que la infraestructura digital se expande, también lo hace la oposición organizada. Lo que comenzó como quejas aisladas de vecinos afectados por el ruido o la escasez de agua se ha convertido en un movimiento social medible, con estructuras, estrategias y demandas concretas. Estados Unidos —el país con mayor concentración de centros de datos del mundo— ofrece un espejo donde mirarnos: allí, el monitoreo sistemático de la oposición permite dimensionar un fenómeno que ya no puede ignorarse.

Los datos recolectados y analizados por Coalition for Responsible Data Center Development son elocuentes. A finales de 2025, los grupos locales de oposición a centros de datos en Estados Unidos sumaban unas 76.000 personas. Para abril de 2026, la cifra superaba las 360.000. Y para agosto del mismo año, ya eran más de 640.000 miembros distribuidos en al menos 580 grupos locales en casi todos los estados del país. Desde septiembre de 2025, el número de nuevos grupos se disparó: en los primeros meses de 2026, se creaban hasta dos nuevos grupos por día. La oposición ya no es un fenómeno marginal ni localizado; es una respuesta nacional y bipartidista, presente tanto en estados demócratas como republicanos, con una presencia especialmente fuerte en estados clave para las elecciones.

¿Qué explica este crecimiento? Las razones coinciden con los impactos que hemos documentado: consumo de agua en regiones con sequías severas, demanda eléctrica que compite con las necesidades locales, contaminación del aire por generadores diésel y plantas de gas, ruido constante que afecta la salud, pérdida de tierras agrícolas y patrimoniales, y una falta de transparencia que impide a las comunidades conocer los detalles de los proyectos hasta que ya están aprobados.

Un caso emblemático es el de Independence, Missouri, donde un proyecto de 1,2 gigavatios —más de cuatro veces el consumo eléctrico máximo de la ciudad— se asentaría sobre un acuífero que abastece de agua a 250.000 personas. En Ohio, un solo proyecto solicitó 2.000 megavatios para un pueblo cuyos residentes apenas consumen entre 10 y 15 megavatios. En Memphis, investigaciones satelitales detectaron aumentos significativos de dióxido de nitrógeno en las zonas cercanas a un centro de datos de IA. Y en múltiples comunidades, el zumbido perpetuo de ventiladores y sistemas de refrigeración afecta el sueño, la concentración y la salud mental de quienes viven cerca. Como resume una organizadora: «No sabemos cuánta agua van a utilizar, no sabemos qué tipo de emisiones van a generar, no sabemos cuánta electricidad van a necesitar».

Pero la oposición no se limita a protestar. Los grupos locales han desarrollado estrategias sofisticadas: litigios, referendos, cambios electorales, investigación ciudadana y campañas de comunicación. En varios municipios, los votantes han destituido a alcaldes y concejales que apoyaron proyectos sin consultar a la comunidad. En Ohio, una coalición ciudadana impulsa una enmienda constitucional estatal para prohibir la construcción de centros de datos que superen los 25 megavatios. En Independence, Missouri, se recolectaron miles de firmas para forzar un referendo sobre las exenciones fiscales. En Festus, Missouri, los cuatro concejales que aprobaron un proyecto fueron removidos de sus cargos. Vecinos organizados han rastreado compras de tierras a través de empresas fantasma, solicitado registros públicos y documentado patrones de concentración de centros de datos cerca de sistemas de agua y redes eléctricas.

Estas luchas no son exclusivas de Estados Unidos. En España, colectivos como los que se oponen al proyecto de Meta en Talavera de la Reina han sentado precedentes. En Chile, la resistencia al centro de datos de Google en Santiago logró que la empresa rediseñara su sistema de refrigeración para reducir el consumo de agua. En Uruguay, la movilización contra un proyecto de Google obligó a la compañía a cambiar su diseño para no consumir agua. En Paraguay, vecinas de Villarrica lograron que la fiscalía detuviera el ruido de una granja de criptominería. Lo que emerge es un movimiento conectado globalmente, que comparte información, estrategias y narrativas, y que se reconoce como parte de un mismo fenómeno: la materialidad de la nube y la disputa por los bienes comunes.

El monitoreo de esta oposición ofrece una lección clave: la resistencia crece cuando la información fluye. Los proyectos que se aprueban en secreto, con acuerdos de confidencialidad y sin evaluación ambiental, generan desconfianza y movilización. En cambio, cuando las comunidades conocen los detalles —consumo de agua, energía, emisiones, empleos reales— pueden tomar decisiones informadas.

El monitoreo también muestra que la oposición no es un obstáculo para el desarrollo tecnológico, sino una demanda de democracia y transparencia. No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que su infraestructura se planifique con criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y respeto por los territorios.

Porque si la nube necesita nuestros territorios y nuestros bienes comunes para existir, entonces las comunidades tienen derecho a preguntar: ¿bajo qué condiciones?

Referencias

Camarillo, B. (2026). Demanda de centros de datos en Costa Rica podría triplicarse en los próximos 10 años. La República.

Fabra Caro, F. J., & Serón Arbeloa, F. J. (2025). Impacto y huella ambiental de los centros de datos y proveedores de nube. ECODES.

Gómez Delgado, A. (2026). El precio de las nubes: La expansión de los Centros de Datos en Aragón. Tu Nube Seca Mi Río.

Gonzalez Monserrate, S. (2022). The cloud is material: On the environmental impacts of computation and data storage. MIT Schwarzman College of Computing, MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing. https://doi.org/10.21428/2c646de5.031d4553

Murillo, E. (2026). País se posiciona como mercado emergente en centros de datos. CRHoy.

Shaw, M., Krueger, D., Malik, S., Sheremet, D., & van der Velde, F. (2026). Data Center Opposition Report [Serie de informes 2026]. Coalition for Responsible Data Center Development, Evitable, & Together Against AI. https://datacenteropposition.com

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Contaminación de la quebrada La Piladora: impactos en los ecosistemas y en la vida comunitaria

Las comunidades de Katira han compartido dos videos que muestran un fuerte contraste en la quebrada La Piladora: en uno se observa el cauce con agua limpia y corriente, mientras que en el otro aparecen líquidos oscuros y espumosos que, presuntamente, estarían relacionados con descargas de residuos provenientes de una actividad porcina cercana.

La diferencia entre ambos escenarios evidencia cómo la contaminación de las fuentes de agua tiene efectos inmediatos en la vida comunitaria y en los ecosistemas. Una quebrada limpia mantiene la calidad del agua, permite la existencia de peces, anfibios e insectos acuáticos, regula la temperatura y es parte del equilibrio de la biodiversidad. Por el contrario, cuando recibe descargas de residuos orgánicos sin tratamiento, se reduce el oxígeno en el agua, mueren especies sensibles, aumentan las plagas como moscas y mosquitos y se afecta la salud de las personas que viven cerca.

Vecinos de Katira afirman que la quebrada es parte fundamental de su entorno cotidiano y que, al deteriorarse, no solo se pierden especies de flora y fauna, sino también un espacio de vida comunitaria. Además, el impacto en la calidad del aire y del agua repercute directamente en la salud pública.

Expertos en temas ambientales han señalado que las aguas residuales sin tratamiento generan procesos de eutrofización (exceso de nutrientes en el agua), lo que ocasiona proliferación de algas, malos olores y pérdida de vida acuática. En el largo plazo, la recuperación de un cauce contaminado puede tomar años y requiere acciones de restauración costosas.

Las comunidades hacen un llamado a las instituciones a verificar el cumplimiento de la normativa nacional sobre vertido de aguas residuales y a garantizar que actividades productivas de este tipo cuenten con sistemas adecuados de tratamiento. Una quebrada contaminada no solo afecta a quienes viven a su alrededor, sino que compromete la salud de todo un ecosistema interconectado.

¿Qué significa una quebrada limpia y una quebrada contaminada?

Quebrada limpia

Quebrada contaminada

Agua clara, con oxígeno suficiente para peces, anfibios e insectos acuáticos.

Agua turbia o con espuma, bajos niveles de oxígeno, muerte de organismos acuáticos.

Mantiene la biodiversidad (plantas, aves, mamíferos que dependen del agua).

Pérdida de biodiversidad y desaparición de especies sensibles.

Espacio de recreación y vida comunitaria (uso cotidiano de agua, cercanía al entorno).

Riesgo para la salud humana: malos olores, plagas, posibles enfermedades asociadas a aguas contaminadas.

Regulación natural del ecosistema: absorción de nutrientes y purificación del agua.

Eutrofización (exceso de nutrientes), proliferación de algas y mosquitos.

¿Quiénes deberían vigilar esta situación?

La legislación costarricense asigna competencias claras en la protección de la salud y el ambiente. En un caso como el de la quebrada La Piladora, deberían estar presentes:

  • Ministerio de Salud: supervisar los posibles riesgos sanitarios y la afectación a la población.
  • SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal): regular el manejo de desechos en actividades porcinas y garantizar que no generen impactos ambientales.
  • MINAE – Dirección de Aguas: fiscalizar los vertidos a cuerpos de agua y velar por el uso sostenible de los recursos hídricos.
  • Municipalidad de Guatuso: dar seguimiento a los permisos otorgados y verificar que se cumpla la normativa ambiental local.
  • Tribunal Ambiental Administrativo: investigar denuncias de daño ambiental y, en caso de comprobarse, aplicar sanciones.

Respuesta institucional en entredicho

Vecinos de Katira señalan que ya han acudido a distintas instancias para presentar sus denuncias. Tanto en las oficinas locales como en la sede regional de San Carlos, instituciones como el Ministerio de Salud y SENASA habrían indicado que “todo estaba en orden” y que no existía afectación a la quebrada.

Sin embargo, la realidad percibida por la comunidad es distinta: los olores persisten, la quebrada La Piladora presenta episodios de contaminación visibles y la vida cotidiana sigue marcada por la incomodidad y la preocupación. Esta contradicción entre lo que reportan las instituciones y lo que experimentan las personas alimenta una sensación de desprotección y de falta de imparcialidad en los procesos de fiscalización.

Los pobladores insisten en que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática constante que afecta su salud, su calidad de vida y el ecosistema que los rodea. Ante ello, reiteran la necesidad de que las autoridades realicen nuevas inspecciones exhaustivas y transparentes, que respondan a la evidencia y a la voz de las comunidades.

El derecho a un ambiente sano no puede esperar

El contraste entre los videos de la quebrada limpia y la quebrada contaminada resume la preocupación de los vecinos: un recurso vital que antes fluía con normalidad ahora muestra signos de deterioro. La situación exige que las instituciones competentes actúen con transparencia, imparcialidad y rigor técnico, para garantizar que las actividades productivas cumplan con las normas ambientales y no comprometan el bienestar de las comunidades ni el equilibrio de los ecosistemas.

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Luchas por el agua en Hatillo: ¿Qué nos dicen de nuestros territorios?

En esta entrevista conversamos con Andrés José Romero Méndez, autor de la tesis “Territorios urbanos hidrosociales: una crítica a los racionamientos y desabastecimientos de agua en el distrito de Hatillo, San José (2020-2024)”. El estudio revela cómo los cortes de agua no son solo un problema coyuntural o técnico, sino el resultado de decisiones políticas, históricas y estructurales que han relegado a comunidades enteras a vivir bajo racionamientos normalizados. En este diálogo exploramos:

🔎 La historia de la urbanización del agua en San José y su desigualdad.

⚖️ Cómo los racionamientos se legitiman jurídicamente como “inevitables”.

📢 La resistencia comunitaria en Hatillo y la disputa por narrar su propia realidad frente al discurso oficial.

Un intercambio que conecta geografía, política y vida cotidiana, y que invita a repensar el agua no solo como infraestructura, sino como un derecho y un campo de lucha.

Crédito imagen de cabecera: Semanario Universidad

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Cuando el agua deja de ser derecho: regresión ambiental y captura del bien común

En un país que ha construido su identidad ambiental sobre la protección de la naturaleza y el acceso universal a bienes esenciales, el reciente cambio en la normativa sobre plaguicidas en el agua potable marca un giro preocupante. Bajo el pretexto de ajustes técnicos, el gobierno costarricense ha sustituido límites claros por “valores de alerta” («Gobierno amplía límite de plaguicidas en el agua para consumo humano» Delfino CR), lo que en la práctica flexibiliza la respuesta estatal ante la presencia de contaminantes peligrosos en el agua que consumen miles de personas cada día.

Este cambio no es neutro. Representa una regresión ambiental que debilita el principio de precaución, reduce la exigibilidad de derechos adquiridos y traslada el riesgo de la contaminación desde los responsables hacia las comunidades más expuestas. Más aún, es expresión de un fenómeno cada vez más evidente: la captura institucional de la política ambiental por intereses económicos, particularmente de sectores agroindustriales que históricamente han presionado por regulaciones más laxas en el uso de plaguicidas.

Desde el enfoque de los bienes comunes, este retroceso plantea una pregunta urgente: ¿qué significa que el agua deje de ser garantizada como un derecho y comience a tratarse como una variable negociable? En este análisis exploramos las implicaciones de este cambio normativo, su distancia con los estándares internacionales, los riesgos sociales y ambientales que genera, y por qué su defensa debe volver al centro del debate público.

Estos cambios se hicieron a través del Decreto Ejecutivo N° 38924-S “Reglamento para La Calidad del Agua Potable”.

¿Qué pasó?

El reciente cambio normativo anunciado por el gobierno de Costa Rica —que introduce “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas en el agua potable— plantea serias preguntas sobre el rumbo de la política ambiental y sanitaria del país. Bajo un lenguaje técnico y supuestamente neutral, se encubre una transformación política que afecta profundamente la gestión del agua como bien común, el papel del Estado como garante de derechos, y el delicado equilibrio entre salud pública e intereses económicos.

Este giro normativo no puede leerse como una simple actualización reglamentaria. Es expresión de una lógica de regresión ambiental, en la que se flexibilizan las garantías existentes y se debilitan los marcos de protección que se habían construido en respuesta a luchas sociales y principios internacionales de precaución.

Agua como bien común: lo que se pone en juego

Desde una perspectiva de bienes comunes, el agua no es solo un recurso natural ni un insumo técnico para la gestión estatal. Es un bien vital, esencial e insustituible, que pertenece a todas las personas y cuya gestión exige políticas fundadas en el acceso equitativo, la sostenibilidad ambiental, la corresponsabilidad social y la participación comunitaria real.

Hablar del agua como bien común implica rechazar las lógicas de apropiación, control exclusivo o administración tecnocrática desligada del tejido social. Exige instituciones públicas abiertas a la fiscalización ciudadana y normativas que prioricen el interés colectivo por encima de la rentabilidad o la comodidad operativa.

Desde esta visión, toda decisión que afecte la calidad del agua debe evaluarse no solo desde criterios de viabilidad técnica, sino desde su impacto en la justicia ambiental, los derechos humanos y el respeto a la vida.

¿Qué se está cambiando?

Hasta ahora, la normativa nacional establecía límites claros para la presencia de plaguicidas en agua potable, siguiendo los estándares de la Unión Europea:

  • 0,1 microgramos por litro (µg/L) para cualquier plaguicida individual,

  • 0,5 µg/L como valor máximo combinado para la suma de plaguicidas detectados.

Estos límites no eran caprichosos. Estaban basados en el principio de precaución, ampliamente reconocido en el derecho ambiental internacional, que establece que cuando existen dudas razonables sobre riesgos a la salud o al ambiente, se deben tomar medidas preventivas antes de que el daño sea irreversible.

Con la nueva normativa, se sustituye este marco preventivo por la figura de un “valor de alerta”. En lugar de accionar de forma inmediata ante la detección de plaguicidas por encima del umbral, las autoridades abrirán un proceso técnico adicional para evaluar riesgos y decidir posibles acciones. No hay obligación de informar al público ni de interrumpir el suministro.

Este giro traslada la política sanitaria desde un enfoque de control preventivo a uno de manejo reactivo del riesgo, en el que el cumplimiento depende más de evaluaciones discrecionales que de reglas claras. Aunque se argumenta que esto permitirá una gestión “más técnica”, en la práctica flexibiliza la responsabilidad institucional y debilita las garantías para las personas usuarias, especialmente en comunidades rurales y zonas donde los monocultivos y el uso intensivo de agrotóxicos han sido denunciados por décadas.

¿Retroceso normativo o captura institucional?

Este cambio no debe leerse de forma aislada. Forma parte de un patrón más amplio de desregulación ambiental silenciosa, en el que el aparato institucional se adapta para favorecer la expansión de intereses corporativos, incluso en áreas clave como la salud, el agua o la tierra. En términos conceptuales, estamos ante un caso claro de captura institucional: cuando las decisiones públicas son moldeadas sistemáticamente para servir intereses privados, debilitando el mandato de proteger el bien común.

Las consecuencias de esta captura se traducen en:

  • Debilitamiento de la exigibilidad legal: sin un límite fijo, las comunidades afectadas no tienen un punto de referencia claro para exigir medidas ni protección.

  • Inacción institucional normalizada: los “valores de alerta” permiten posponer decisiones y trasladar la carga de la prueba a procesos técnicos sin plazos ni sanciones.

  • Desresponsabilización del Estado: al desligarse de límites obligatorios, las autoridades pueden justificar la omisión de acciones concretas, incluso ante evidencia de contaminación.

Este modelo de gestión no solo reduce la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también profundiza las desigualdades estructurales: quienes más dependen de fuentes de agua comunitarias, menos capacidad tienen de defenderse.

Lo común se defiende desde abajo

Este escenario debe llevarnos a una reflexión urgente:

  • ¿Quién define hoy qué niveles de contaminación son “aceptables”?

  • ¿Qué tipo de Estado necesitamos para proteger lo común?

  • ¿Qué mecanismos nos quedan como ciudadanía cuando las normas se modifican sin consulta y sin debate público?

Frente a una institucionalidad que reduce su papel garante y actúa como gestor técnico de la incertidumbre, la defensa del agua como bien común debe fortalecerse desde los territorios, desde las comunidades organizadas, los movimientos socioambientales, las redes de vigilancia ciudadana y los espacios educativos.

Defender lo común implica repolitizar la gestión del agua, volver a discutir quién decide, para quién se legisla y a quién se protege.

En defensa del agua, la vida y el bien común

La introducción de los “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas no es un asunto meramente técnico. Es un cambio de fondo que relaja estándares, normaliza el riesgo y debilita derechos conquistados.

Es también un recordatorio de que las conquistas en salud pública y protección ambiental no son irreversibles: pueden erosionarse silenciosamente si no hay vigilancia social y resistencia organizada.

En tiempos de captura institucional, defender el agua como bien común es también defender la vida, la democracia y la dignidad. Porque el agua no se negocia, no se relativiza, no se privatiza. Se cuida, se lucha y se protege desde abajo.

¿Por qué importan los estándares europeos?

Uno de los elementos más significativos de este cambio normativo es el abandono del modelo europeo de control de plaguicidas en agua potable, considerado internacionalmente como uno de los más protectores para la salud humana. Comprender esta diferencia no es un tecnicismo: es clave para dimensionar los riesgos que se asumen con la nueva normativa.

¿Qué dice la normativa europea?

La Directiva (UE) 2020/2184 sobre agua potable mantiene límites estrictos:

  • 0,1 µg/L para cada plaguicida individual.

  • 0,5 µg/L para la suma total de plaguicidas detectados.

Esta directiva se basa en el principio de que el agua debe estar prácticamente libre de plaguicidas, no porque todos sean igual de tóxicos, sino porque:

  1. Los efectos combinados o sinérgicos entre plaguicidas son difíciles de predecir.
  2. Existen incertidumbres científicas sobre impactos a largo plazo en salud humana.
  3. Hay una responsabilidad pública de garantizar confianza, transparencia y seguridad.

Estos límites funcionan como umbral de acción inmediata, no como sugerencia o margen de interpretación.

¿Qué plantea la nueva normativa costarricense?

Con la introducción del “valor de alerta”:

  • Se deja de aplicar un límite legal uniforme, y se permite que la presencia de plaguicidas active solo un proceso de análisis posterior.

  • No se establece un valor único de referencia, sino que se permite modular la respuesta estatal según evaluaciones caso por caso.

  • Se relaja el principio de acción inmediata ante contaminación, debilitando la trazabilidad de responsabilidades.

Implicaciones y riesgos

1. Menor protección sanitaria: El nuevo esquema puede permitir que personas consumidoras estén expuestas a niveles de plaguicidas que antes eran inaceptables, sin ser informadas o protegidas a tiempo.

2. Mayor margen para la inacción institucional: Al no haber un tope fijo, las autoridades pueden postergar decisiones, a menudo bajo presión de actores agroindustriales o por limitaciones técnicas internas.

3. Vulnerabilidad de las poblaciones rurales: Comunidades que dependen de acueductos comunales o fuentes superficiales —muchas veces cercanas a zonas agrícolas intensivas— serán las más afectadas, sin recursos para monitorear ni reclamar.

4. Debilitamiento del control ciudadano: El abandono de un límite claro dificulta la fiscalización desde las organizaciones comunitarias o ambientales, y resta poder a la ciudadanía en la defensa de sus derechos.

Lo que el nuevo decreto desactiva: del control preventivo a la omisión institucional

Antes de la aprobación del nuevo decreto, el Ministerio de Salud aplicaba una normativa clara y estricta en materia de calidad del agua para consumo humano, alineada con estándares europeos. Esta normativa establecía límites máximos permisibles para residuos de plaguicidas en el agua potable —0,1 µg/L por plaguicida individual y 0,5 µg/L para la suma total— como criterios obligatorios y vinculantes. Es decir, si un análisis revelaba la presencia de plaguicidas por encima de esos niveles, se activaban de inmediato acciones sanitarias obligatorias, tales como:

  • Orden de cierre o suspensión del servicio del acueducto afectado.

  • Notificación pública a la comunidad sobre la contaminación detectada.

  • Intervención técnica para identificar la fuente del contaminante y establecer medidas correctivas.

Estas acciones respondían directamente al principio de precaución: cuando existía evidencia de una amenaza potencial —aunque no hubiera certeza absoluta sobre sus efectos— el Ministerio tenía el deber de actuar preventivamente para proteger la salud de la población.

 

Este modelo otorgaba a la ciudadanía y a las comunidades rurales una herramienta de exigibilidad clara. Un laboratorio acreditado podía hacer un análisis independiente, y si se superaban los umbrales, el Ministerio de Salud estaba legalmente obligado a intervenir, sin necesidad de un juicio técnico posterior. El límite era el disparador de la acción, no un punto de discusión.

Además, esta normativa permitía a las comunidades organizadas y defensoras ambientales ejercer vigilancia ciudadana, interponer denuncias e incluso presionar por medidas cautelares o judiciales en caso de inacción institucional.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Con la introducción de los “valores de alerta”, el límite deja de ser una orden de acción inmediata y se convierte en un umbral de observación, sujeto a interpretación técnica. Esto significa que el Ministerio de Salud ya no está obligado automáticamente a emitir una orden sanitaria, sino que puede optar por esperar estudios adicionales, evaluar el contexto y eventualmente actuar, sin que haya plazos claros ni consecuencias legales por no intervenir.

Este cambio desvanece el vínculo entre evidencia y acción, y debilita el marco de corresponsabilidad institucional que protegía a las poblaciones más vulnerables.

Hoy más que nunca, urge fortalecer la vigilancia ciudadana y exigir transparencia en las decisiones que afectan la vida. El agua es un bien común y no puede quedar a merced de intereses económicos ni de tecnocracias opacas.

Crédito de imágenes Semanario Universidad

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¿Qué ha pasado con los bienes naturales? Principales hallazgos del Informe Estado de la Nación 2024

A partir de la publicación del Informe Estado de la Nación 2024, compartimos los principales hallazgos del capítulo 4 de Armonía con la Naturaleza. ¿Qué tendencias podemos encontrar? ¿Qué desafíos representa el contexto actual?

El informe nos presenta un escenario de mayor cercamiento a los bienes naturales, el dato más destacado lo podemos ver en la reducción de la cobertura arbórea del país, dónde sólo en el 2023 se redujo un 82% de la cobertura en bosque natural.

También, el escenario de agotamiento de agua, dónde los escenarios de estrés y déficit hídrico empiezan a ser la norma. Además, destaca la reducción del área de cultivo de granos básicos, lo cual repercute de forma directa sobre la soberanía alimentaria del país, pero también, en el deterioro de las condiciones de las personas campesinas, agricultoras y trabajadoras del campo.

Esperamos que esta infografía motive la lectura del informe y el debate público de estos temas que atraviesan nuestra sociedad.

PDFImagen

 

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Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

  • Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
  • La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

PDFImagen

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AYA Reforma el Reglamento de Prestación de Servicio: ¿Agilizando el extractivismo urbano?

Con el anuncio de la reforma al Reglamento de Prestación de Servicio realizado por la presidencia ejecutiva del AYA junto a la Cámara Costarricense de la Construcción, para garantizar una aprobación más rápida de las disponibilidades de agua para los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, nos gustaría reflexionar sobre el contexto en qué se está desarrollando esta iniciativa, que representa una forma más de desregulación de la normativa para facilitar las actividades de la industria de la construcción.

Costa Rica en la última década viene agudizando su situación en torno al agua, llegando a tener escenarios de estrés hídrico en alrededor de 34% de sus sistemas de abastecimiento (2022). Por esta razón, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estás iniciativas para la «promoción» de las actividades económicas del país. Más allá de la promoción, llama la atención las pocas acciones en torno a la protección de las fuentes de agua, como lo refleja la crisis actual que atraviesa la zona de Oreamuno de Cartago con la actual contaminación de la mayoría de sus nacientes de agua por plaguicidas.

Una institucionalidad que se preocupa por la «promoción» de actividades económicas, pero tiene un accionar deficiente en el desarrollo de esquemas de protección, sólo refleja la incidencia en las políticas públicas de ciertos actores económicos, para facilitar sus negocios sin ninguna responsabilidad en la sostenibilidad de los escenarios a los que nos están empujando, es decir, están cercando al agua, y provocando así, una agudización del agotamiento del abastecimiento potable.

Queremos reflexionar sobre el contexto del agua que recibe esta normativa, e invitarles a pensar sobre las implicaciones que tiene los extractivismos urbanos en nuestro contexto costarricense, donde actores económicos están presionando cada vez más para garantizar el incremento de sus actividades inmobiliarias gracias a una normativa a la medida. ¿Qué podemos esperar?

Les invitamos a leer el informe «Patrones e impactos del uso de agua y la energía en Costa Rica» escrito por Francisco Angulo, una investigación de base del Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2022, mismo que nos permite tener un mejor contexto del agua en el país.

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Agua y energía: Tensiones extractivistas

En el artículo publicado por Philippe Benoit y Anne Sophie Corbeau titulado «Revisar el nexo agua-energía para un clima cambiante«, nos invitan a repensar la relación entre el agua y la energía en un contexto de crisis socioecológica, en donde los efectos del calentamiento del planeta, está teniendo repercusiones directas en los niveles y disponibilidad de agua.

Esto se agrava con el dato que exponen de la Agencia Internacional de Energía, al indicar que en 20 años se duplicará la demanda del agua por el sector energético. Cuando pensamos como la mayoría de suministros de agua depende de la energía para su funcionamiento, pero igualmente estos mismos sistemas energéticos tienen una dependencia del agua para su operación. Por esta razón, el autor y la autora nos invitan a ser conscientes de la creciente necesidad por reconocer estas tensiones, que según nuestros territorios tendrá particularidades para evitar, amortiguar o mitigar el daño.

Los cercamientos que cada vez con mayor intensidad están presentandosé en torno al bien común del agua, nos obliga a repensar en que tipo de necesidades conforman esas «demandas», se hace necesario colocar en el centro de la discusión ¿De quiénes son esas demandas?¿de qué sector son?

Es necesario reflexionar sobre esas «demandas crecientes»,  ¿cómo se relacionan con los territorios? ¿que necesidades están satisfanciendo? ¿cuales son los costos socioambientales que está provocando?, a partir de estas primeras aproximaciones, podemos repensar algunas de las dinámicas que se presentan en torno a los extractivimos que están configurando nuestras sociedades. Esta invitación a leer el artículo y la infografía que les compartirmos, es parte de la necesidad que tenemos que repensar nuestros modelos de producción y consumo en nuestras sociedades.

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