💧 En este episodio visitamos la ASADA de San Roque de Grecia, una organización comunal clave en la gestión del agua en Costa Rica. Conversamos sobre su historia, su valioso trabajo para proteger este recurso vital y los desafíos que enfrentan día a día. 🌿 Conocé cómo la comunidad se organiza, cuida sus nacientes y defiende el derecho al agua como bien común.
Este 21 de abril despedimos al Papa Francisco, cuya voz clara marcó profundamente la reflexión contemporánea sobre los bienes comunes. En su encíclica Laudato Si’ (2015), Francisco denunció con firmeza la apropiación y destrucción de aquello que pertenece a todos: el agua, el aire, los bosques, la biodiversidad, los saberes, los territorios.
Su llamado a una ecología integral nos invita a repensar nuestras relaciones con la naturaleza y entre nosotros, reconociendo que los bienes comunes no son mercancías, sino herencias compartidas que deben ser protegidas colectivamente.
En homenaje a su legado, compartimos esta infografía que recoge los principales aportes de Laudato Si’ desde la perspectiva de los bienes comunes. Que este mensaje siga siendo semilla de esperanza y acción para quienes luchan por una vida digna y un planeta habitable.
Laudato Si’ también reconoce y valora la labor de quienes defienden el ambiente y los territorios frente a proyectos extractivos, muchas veces a costa de su seguridad y su vida. Francisco les dio un lugar central como guardianes de la casa común y testigos del clamor de la tierra y de los pueblos.
«El ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos.» – Laudato Si’, 95
Laudato Si’ propone una respuesta amplia y solidaria ante la crisis ecológica, basada en el diálogo entre credos y convicciones. El Papa Francisco destaca la necesidad de un diálogo ecuménico entre iglesias cristianas, un diálogo interreligioso con otras tradiciones espirituales, y un diálogo abierto con personas no creyentes que comparten la preocupación por el planeta.
Este enfoque reconoce que el cuidado de la casa común es un desafío ético, cultural y humano, más allá de las diferencias de fe. Lo que está en juego es la dignidad de la vida, la justicia social y el equilibrio de la Tierra.
Esta alianza amplia permite:
Compartir valores como la solidaridad, el respeto por la vida y la responsabilidad común.
Construir puentes entre espiritualidades y saberes laicos.
Fortalecer un movimiento global por la justicia ecológica y social.
Francisco reconoce que muchas personas no creyentes, desde la razón, la ciencia o la ética, han asumido un compromiso activo con la defensa de los bienes comunes. Laudato Si’ los incluye como aliados fundamentales en el camino hacia una ecología integral.
“No podemos dejar de reconocer que también fuera de la Iglesia católica, y en otros ámbitos, se desarrollan valiosas reflexiones sobre estas cuestiones” (LS, 7)
Durante marzo y abril de 2025, un grupo de mujeres líderes de distintas comunidades de Upala se reunió en un proceso de formación y reflexión sobre participación, liderazgo y acción colectiva. A través de tres sesiones organizadas por Fundación Mujer, las participantes compartieron sus experiencias, inquietudes y sueños, construyendo de forma conjunta una visión transformadora del liderazgo comunitario.
Desde la necesidad de ser escuchadas y reconocidas en sus espacios, hasta la urgencia de contar con herramientas para emprender y liderar proyectos, las sesiones permitieron profundizar en temas clave como la democracia participativa, la igualdad de género, la resolución de conflictos y la sostenibilidad de los procesos organizativos.
Este proceso no solo fortaleció sus capacidades personales y colectivas, sino que reafirmó un principio vital: el liderazgo que mejora vidas se construye desde la escucha, el compromiso y la acción compartida. Las mujeres de Upala siguen aprendiendo, pero también enseñando que otro liderazgo —más justo, más humano, más colectivo— es posible.
Boletín #1 – 1 de marzo de 2025
La primera sesión fue un espacio para cuestionar y resignificar conceptos como comunidad, participación, democracia y liderazgo desde las propias experiencias. Las participantes compartieron sus expectativas e intereses, destacando la necesidad de aprender, emprender y fortalecer su rol en la toma de decisiones. Se reafirmó el valor de los vínculos solidarios y el apoyo mutuo como base del cambio colectivo.
Boletín #2 – 23 de marzo de 2025
En este encuentro se exploraron los desafíos reales que enfrentan las mujeres al participar en espacios organizativos. A partir de testimonios personales, se reflexionó sobre la importancia de contar con liderazgos participativos, comunicación clara y procesos transparentes. Se construyeron estrategias para identificar señales de alerta y promover una participación equitativa, inclusiva y bien informada.
Boletín #3 – 5 de abril de 2025
La última sesión se centró en el liderazgo aplicado a proyectos comunitarios y de emprendedurismo. Las mujeres identificaron habilidades clave como la organización, la delegación, la escucha activa y la gestión de recursos. También se discutió el impacto concreto de los proyectos en la vida cotidiana, resaltando que el liderazgo debe responder a las necesidades reales de la comunidad para ser verdaderamente transformador.
Agradecimiento especial
Agradecemos profundamente a Fundación Mujer por brindarnos sus instalaciones en Upala y por la calidez con la que nos acompañaron durante cada sesión. Su apoyo fue fundamental para crear un espacio seguro, acogedor y propicio para el aprendizaje, el intercambio y la construcción colectiva. ¡Gracias por ser parte de este proceso!
En este episodio de «Democracia, tenemos que hablar», conversamos con Steven Forti, historiador y analista político, sobre las llamadas derechas extremas 2.0: sus raíces históricas, transformaciones recientes y el papel que juegan en un contexto de crisis del modelo neoliberal y aumento de las desigualdades. ¿Qué tienen en común estos movimientos en distintas regiones del mundo? ¿Qué los diferencia? ¿Y qué nos dice su auge sobre el estado actual de la democracia? Una charla imprescindible para entender el presente político con una mirada crítica y global. Democracia, tenemos que hablar es una serie de materiales en diversos formatos que abre espacio para conversar sin rodeos sobre lo que muchas veces se queda fuera del debate electoral. Desde las desigualdades estructurales hasta los límites del sistema democrático actual, esta serie pone sobre la mesa los temas incómodos, necesarios y urgentes. Porque hablar de democracia es más que hablar de votos: es hablar de justicia, de representación real, de derechos y de futuro.
(AP Photo/Julian Bongiovanni)
Compartimos el balance que realiza Philippe Vangoidsenhoven sobre la situación en el Caribe Sur. Volvió al terreno en Cocles para dar seguimiento a la denuncia reseñada en la nota sobre el chapeo, y lo que encontró evidencia cómo quienes realizan estas actividades ignoran deliberadamente la ley y buscan evadirla.
En el terreno donde se encuentra el contenedor —como se menciona en la nota anterior— la intervención fue detenida. Philippe nos comentó en ese momento que una estrategia frecuente de los supuestos “dueños” es enviar peones en lugar de presentarse personalmente. En esta visita, logró comprobar que también fue chapeado el terreno contiguo.
En el terreno intervenido, verificó que los árboles pequeños, entre 8 y 20 cm de diámetro, fueron eliminados, quedando únicamente los árboles grandes. Nos comenta que, en situaciones similares, estos árboles son talados o envenenados.
Estos terrenos preocupan de forma crítica, ya que se trata de patrimonio natural del Estado. Philippe recuerda: “Inscrito como tal, no es cuestión de hacer gestiones para realizar inspecciones y validar… no, ya está desde hace muchos años inscrito debidamente, como patrimonio natural del Estado”. Es decir, tanto el terreno donde está el contenedor como el colindante están bajo esta categoría. Philippe remarca: “Es parte del Estado, es bosque costero y, además, gran parte de un humedal de esta área”.
Los daños continúan a pesar de las advertencias y acciones realizadas, lo que evidencia una clara intención de imponer el cambio de uso del suelo a toda costa.
Otra gran pregunta que deja esta revisión es: ¿dónde está la draga que Philippe reportó en la nota anterior? Según nos comentó, ya no se ve por ningún lado. La última información indica que fue ingresada por la zona de La Unión.
Las imágenes tomadas por Philippe muestran un caminito que sube por la loma en ese terreno. El mayor temor es que la draga esté operando detrás y, como él mismo señala: “uno no puede entrar en propiedad privada, ese es el problema”, lo que impide verificar si se están dañando los bosques del lugar.
Lo observado en Cocles no es un caso aislado, sino parte de una dinámica más amplia que refleja la alta vulnerabilidad de los humedales y zonas boscosas del Caribe Sur. Estas áreas, fundamentales para la biodiversidad, la regulación hídrica y la vida de muchas comunidades, enfrentan constantes amenazas por el avance de proyectos que priorizan la ganancia económica sobre la protección ambiental.
El desinterés de algunos sectores por respetar los marcos legales y ambientales se combina con la falta de acción estatal efectiva y proactiva. A menudo, las instituciones responsables llegan cuando el daño ya está hecho, y en muchos casos no se actúa con la contundencia necesaria para prevenir nuevas agresiones. Esta omisión o debilidad institucional deja el camino libre para prácticas ilegales como el chapeo, el relleno de humedales y la fragmentación del bosque.
La ausencia de una presencia estatal constante y de mecanismos de vigilancia eficaces refuerza un patrón donde el territorio se va transformando al margen de la ley. Mientras tanto, la carga de la denuncia y documentación recae cada vez más en las personas defensoras del ambiente, quienes, además, muchas veces enfrentan riesgos por visibilizar estos hechos.
Este escenario exige una respuesta urgente que combine vigilancia, aplicación de la ley y fortalecimiento de la gestión ambiental con enfoque territorial y comunitario.
En Costa Rica, los bosques están protegidos principalmente por la Ley Forestal N.º 7575 y otras normativas como la Ley de Vida Silvestre N.º 7317. Según la ley, está prohibido cambiar el uso del suelo en áreas boscosas, incluso si el terreno es privado. Esto significa que no se puede talar un bosque natural sin cumplir con ciertos requisitos legales.
Se considera bosque todo terreno con al menos un 70% de cobertura arbórea de especies nativas y que cumpla con ciertas condiciones ecológicas. Para realizar una tala legal, es obligatorio presentar una solicitud ante la oficina local del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), acompañada de un Plan de Manejo Forestal elaborado por un profesional en ciencias forestales. El plan será evaluado técnicamente y, si cumple con los requisitos, el SINAC emitirá un permiso de aprovechamiento forestal.
La tala sin permiso es ilegal y puede acarrear consecuencias como multas, decomiso de madera, obligación de restaurar el daño ambiental y procesos penales. Si se sospecha de tala ilegal, se pueden presentar denuncias llamando al 911 o acudiendo a la Fiscalía Ambiental.
Este marco legal busca proteger los bosques por su valor ecológico, social y cultural, y evitar que intereses privados impongan cambios de uso del suelo sin respetar el ordenamiento ambiental del país.
La fragilidad de las medidas de protección.
En esta ocasión, Philippe Vangoidsenhoven nos comparte parte de su labor de recorrido. Esta semana volvió a visitar el sitio donde recientemente reportó la presencia de una draga (ver nota aquí), para que podamos apreciar la fragilidad de las disposiciones vigentes y la desmedida disposición de ciertos sectores por destruir y obtener beneficios económicos a toda costa.
Verificó que la draga ya no se encontraba en el lugar reportado días atrás. Sin embargo, observó que al otro lado de la calle habían raspado una pequeña loma, justo frente al sitio previamente denunciado.
Como nos recuerda Philippe, para este tipo de actividades se requiere un permiso de movimiento de tierras, competencia exclusiva de la Dirección de Geología y Minas.
Según los registros que lleva Philippe, comprobó que tiempo atrás ya se habían iniciado actividades de raspado con el fin de extraer tierra y trasladarla a otros sitios para su venta como relleno. Nos comenta que esa actividad había sido detenida por la Fiscalía Ambiental, pero ahora han vuelto a iniciarla en el mismo lugar. Inmediatamente reportó la situación a las autoridades y, cuando volvió a pasar, la máquina ya no estaba.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando ya iba de regreso, encontró nuevamente la draga, esta vez a aproximadamente un kilómetro del sitio anterior, cerca de una ferretería llamada La Unión. Justamente en ese lugar, en ocasiones anteriores también se había raspado una loma, pero en este caso una loma grande. Según sus cálculos, podría tener hasta 100 metros de altura. Recuerda que allí también se habían dedicado a extraer tierra para venderla.
Nos indica que detener esa actividad le costó mucho. En sus palabras: “Mirá, no fue así nomás. Debí llamar a la policía no sé cuántas veces, tuve que ir a reportarlo una y otra vez, y sólo fue hasta que el OIJ intervino que al final se logró pararlo”.
Según su monitoreo, dejaron la máquina justo allí, cerca de esta otra loma. Su sentido común le indica que “no van a dejar la máquina ahí solo para tenerla detenida. Lo más seguro es que la van a poner a trabajar con esa loma”.
Nos cuenta Vangoidsenhoven “Varias veces, cuando yo veía que estaban trabajando, llamaba a la policía. Ellos iban al lugar, y yo también me apersonaba para asegurarme de que llegaran al sitio. Por eso tengo todo este material de fotos, pero la policía no actuaba. Simplemente llegaban y al rato la cosa seguía igual.”
Philippe continúa contando que, por esa razón, tuvo que denunciar ante el OIJ, y nos dice que fue hasta ese momento que “se empezó a investigar. Era demasiado difícil agarrarlos, pero de esta manera se logró, en conjunto con la policía y el OIJ. Ahí sí logramos pararlos de una vez.” En aquel momento.
Sobre la dificultad que implica esto, nos comenta: “Uno tiene que agarrarlos justo en el momento en que están trabajando ahí. Yo tenía que estar vigilando, y lastimosamente nadie más va a llamar a denunciar. Hay mucho miedo de hacer estas acciones.”
Gracias a su seguimiento constante, nos dice: “Entonces, al final sí, yo logré agarrarlos, y se paralizó.” Pero lamentablemente, como él mismo señala, no todo fue un éxito: el daño ya estaba hecho. Los árboles talados se aprovecharon, vendieron la madera, sacaron sus ganancias, y también vendieron la tierra.
La situación continúa. Nos indica que “a pesar de todos los esfuerzos, siguen ganando.” Se indigna y agrega: “Es impresionante… de un simple terreno sacan tierra, madera, y después lo venden. Alguien llega, construye, y los bolsillos de estas personas siguen llenos de plata.”
Pero como él mismo nos recuerda, las consecuencias de estas actividades están a la vista: “El medio ambiente está totalmente destruido. Es impresionante. La gente acá sólo ve la naturaleza como tierra, piedras o madera, y todo es para hacer plata.” Sin embargo, si se sigue priorizando el dinero por encima de la vida, la erosión y la desertificación serán el futuro de esta región.
Nos dice que sus monitoreos no van a parar. Que la solidez de las acciones que logran detenerse, y las medidas cautelares que se consiguen implementar, son muy frágiles y vulnerables. Muchas veces dependen de labores de seguimiento y vigilancia que no todas las personas tienen el tiempo o la energía para sostener.
Por el momento, él continúa con su labor, pero como él mismo señala, no puede estar en todos lados. Está casi seguro de que van a comenzar a raspar algo de la loma, o tal vez de la parte de atrás… no sabe exactamente dónde, pero lo que sí sabe es que van a raspar con esa máquina.
Este caso evidencia una realidad dolorosa pero recurrente: las medidas legales, por sí solas, no garantizan la protección del territorio. Aunque existen disposiciones, resoluciones y órdenes de suspensión, muchas veces estas quedan en el papel, vulnerables ante la insistencia de sectores que, con maquinaria lista y estrategias evasivas, reanudan sus actividades apenas baja la atención pública.
El desequilibrio es evidente: mientras las comunidades y personas defensoras deben invertir tiempo, energía y recursos para vigilar, denunciar y presionar, los actores que impulsan estas actividades extractivas se mueven con rapidez, respaldo económico y, en muchos casos, impunidad. La draga cambia de sitio, pero el patrón se repite. Lo que se detiene un día, reaparece al siguiente.
En territorios como el Caribe Sur, ricos en biodiversidad y cultura, esta dinámica pone en riesgo no solo los ecosistemas, sino también la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras no se fortalezcan los mecanismos de seguimiento y sanción efectiva, y mientras las comunidades sigan cargando solas con la responsabilidad de defender el entorno, las medidas de protección seguirán siendo frágiles barreras frente a un modelo que prioriza el lucro por encima de la vida.
Para Philippe, este caso permite entender mejor cómo operan estas personas para causar daños ambientales y sacar provecho económico del desorden y la omisión institucional.
Primero ganan plata con la tala, porque tienen que quitar los árboles que “estorban” en el terreno. Después comienzan a sacar la tierra, nivelan todo para que se pueda construir, y luego, en la parte de atrás, empiezan a escarbar la loma. Raspan y raspan para vender y seguir vendiendo hasta donde puedan.
«Puro negocio redondo» Y cuando por fin se logra parar, ya es tarde: se meten montaña arriba, y ahí también aprovechan para sacar madera. Pero uno no puede hacer mucho en esos casos, porque es difícil saber exactamente qué está pasando. No es fácil llegar al lugar para verificar, y mucho menos lograr que lleguen las autoridades. Si uno no tiene claro lo que está ocurriendo, es muy difícil siquiera plantear la denuncia.
Impactos ambientales del raspado de lomas en el Caribe Sur
El raspado de lomas —la remoción mecánica de tierra y vegetación— genera severos impactos ambientales, especialmente en regiones ecológicamente frágiles como el Caribe Sur de Costa Rica. Estas zonas suelen tener cobertura boscosa, suelos frágiles y una alta biodiversidad.
Entre los principales efectos están:
En muchos casos, estas actividades se hacen de forma irregular, con fines de lucro inmediato, dejando daños a largo plazo que son difíciles —o imposibles— de revertir. La vigilancia y denuncia comunitaria son claves para frenar esta práctica destructiva.
En un contexto de creciente desconexión entre las universidades y la realidad social —acentuado por los cuestionamientos a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la creciente deslegitimación de sus autoridades—, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra publica el documento de trabajo titulado «La universidad como fuerza transformadora – La visión de Ignacio Ellacuría» (abril 2025), en el que se reivindica una educación comprometida con la justicia, los derechos humanos y los bienes comunes.
A partir del legado del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría, la publicación lanza una interpelación directa a las universidades públicas: ¿están cumpliendo su misión histórica o simplemente replican estructuras de poder y privilegio? Lejos de quedarse en la crítica, el documento propone una alternativa concreta: una universidad viva, crítica, popular y solidaria, capaz de «ponerse en lugar del pobre» y de convertirse en conciencia crítica del país.
Uno de los ejes centrales del texto es la defensa de la educación como bien común social, no como mercancía. Inspirado en la “filosofía de la realidad histórica” de Ellacuría, se plantea que el conocimiento debe ser producido y compartido en función de las mayorías, como herramienta para la transformación social. Desde esa lógica, se recupera el ejemplo de los mártires de la UCA como símbolo de una autoridad universitaria distinta: ética, cercana al pueblo, dispuesta a incomodar al poder y a encarnar el saber con valentía.
El documento invita a repensar profundamente los fines y métodos de la educación superior, y deja abiertas preguntas clave: ¿qué universidad necesitamos? ¿Puede la educación convertirse en un instrumento colectivo de liberación? ¿Cómo recuperamos el valor público del conocimiento?
📄 Documento completo disponible aquí
Les compartimos este video realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla para conocer algunos datos biográficos y del pensamiento de Ignacio Ellacuría
Crédito del video Radio San José.
Ryan Galt nos invita a mirar más allá de lo que comemos y cuestionar cómo se produce, quién decide y a costa de qué. A través de una conversación clara y crítica, desmenuza el concepto de sistema agroalimentario y revela cómo el neoliberalismo ha impuesto una lógica de rendimiento que transforma el alimento en mercancía, empuja a los agricultores a sus límites y reduce nuestra dieta a lo más rentable, no a lo más saludable. Al cierre, Galt subraya la urgencia de organizarnos y defendernos colectivamente frente a un sistema que pone en riesgo tanto nuestra salud como nuestra soberanía alimentaria.
Exploramos con el investigador Ryan Galt los principales hallazgos de su investigación, en la que analiza los trayectos históricos del sistema agroalimentario en Costa Rica entre 1960 y 2014. En esta conversación, se abordan los impactos del modelo neoliberal en la producción agrícola, los cambios en la dieta y las transformaciones socioeconómicas del país. Una mirada crítica y reveladora sobre cómo producimos y consumimos alimentos.
Pueden ver la conferencia en el Marco de las Jornadas de Investigación y Acción Social en la UCR-2025 aquí
Durante su revisión ocular, Philippe confirmó el chapeo y evidenció nuevas intervenciones: se ha vuelto a levantar una cerca que había sido previamente derribada. Según relata, el estado de abandono es “impresionante”. En sus palabras: “En un país conocido mundialmente por proteger su medio ambiente, para quienes intentamos defenderlo, se vuelve casi imposible hacerlo.”
Philippe también cuestiona la lentitud de las respuestas institucionales: “Después de tantos años de defensa ambiental, muchas veces las conclusiones toman años, y cuando por fin se logra algo, el humedal ya ha sido destruido.” Hoy mismo reportó esta situación a las autoridades, a quienes entregó toda la información, y recibió la promesa de que enviarán personal al sitio.
Esta experiencia deja claras lecciones sobre la vigilancia ambiental. ¿Quién fue? Philippe insiste en la importancia del monitoreo constante para evitar este tipo de daños. Como él mismo señala: “Por eso siempre es mejor agarrarlos en el acto. Si yo hubiera visto gente chapeando, caigo con las autoridades, con la policía, y eso se detiene ahí mismo; se llevan a esas personas a la comisaría.”
La impotencia, dice, nace de “cuando uno se da cuenta solo después de que ya está hecho el daño”.
Por otro lado, Philippe también denunció un segundo evento ocurrido en Playa Negra, donde se evidenció el dragado de una quebrada en un terreno. La situación ya fue reportada a las autoridades competentes. Esta área está siendo investigada por una presunta tala. Gracias al accionar de Philippe, la máquina fue retirada del zanjón, aunque aún permanece en el terreno, junto con la persona operaria.
Este tipo de situaciones se ha vuelto parte de la “normalidad” en el Caribe Sur, donde se talan árboles indiscriminadamente, en algunos casos con permisos cuestionables y en otros sin ningún tipo de autorización, todo con el fin de dividir los terrenos en lotes para su posterior construcción.
Lo ocurrido en los humedales del Caribe Sur pone en evidencia la urgencia de fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del territorio y los bienes comunes. Cuando el Estado no actúa con la celeridad que requieren los ecosistemas en riesgo, es la comunidad organizada la que puede marcar la diferencia. El monitoreo constante, las denuncias oportunas y la documentación ciudadana se convierten en mecanismos esenciales para frenar la destrucción ambiental antes de que sea irreversible.
La vigilancia comunitaria no solo permite alertar sobre acciones ilegales o destructivas, sino que también ejerce presión para que las instituciones cumplan con su deber. Además, refuerza el sentido de pertenencia, empodera a las personas defensoras y crea redes de protección ante posibles represalias.
Las acciones como el chapeado y el dragado en humedales costeros tienen consecuencias profundas y, muchas veces, irreversibles. Aunque a simple vista puedan parecer intervenciones menores, alteran de forma significativa el equilibrio ecológico de estos ecosistemas frágiles y vitales.
El chapeado, al eliminar la vegetación superficial, expone el suelo a la erosión, reduce la capacidad de retención de agua y elimina hábitats esenciales para especies animales y vegetales. Muchas plantas nativas que cumplen funciones de filtrado, protección de suelos y captura de carbono desaparecen, lo que puede aumentar la vulnerabilidad a inundaciones, salinización y pérdida de biodiversidad.
Por otro lado, el dragado de quebradas modifica el curso natural del agua, altera el flujo hídrico y puede destruir zonas de reproducción y alimentación de peces, anfibios y aves acuáticas. También afecta la calidad del agua y contribuye a la degradación de cuerpos de agua conectados, como ríos y manglares.
En conjunto, estos daños comprometen no solo la salud del ecosistema, sino también los servicios ambientales que brindan los humedales costeros: protección contra tormentas, recarga de acuíferos, captura de carbono, y provisión de recursos para comunidades locales. Además, cuando estas acciones se realizan en propiedades del Estado o en zonas con medidas cautelares, se transgrede el marco legal y se debilita la institucionalidad ambiental.
Proteger los humedales no es solo una obligación ecológica: es una responsabilidad social y una necesidad urgente frente al cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad.
Croquis de ubicación de los eventos
Chapeado
Tala
