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Una nutria, un paredón y una advertencia: la vida silvestre también sufre el extractivismo en Maquengal

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Un video grabado recientemente por personas vecinas de Maquengal muestra una escena que, aunque breve, es profundamente reveladora: una nutria intenta subir por el paredón que ha dejado la maquinaria de extracción en el cauce del Río Frío. Resbala, insiste, se esfuerza… pero lo que antes era un flujo natural de agua, hoy es una barrera hostil y artificial.

Este fragmento de vida salvaje interrumpida no es una anécdota menor. Es el reflejo de una transformación más amplia, más silenciosa y más dañina de lo que muchos imaginan.

El río transformado: del hábitat al obstáculo

La minería no metálica en cauces de ríos, como la que se ha autorizado recientemente en Maquengal, no solo extrae piedras y arena. También rompe la continuidad ecológica del río, altera su cauce natural, provoca la sedimentación excesiva, modifica los flujos de agua y cambia la estructura de los márgenes. Estas transformaciones afectan directamente a la flora y fauna que depende del río para vivir.

Las nutrias, por ejemplo, necesitan cuerpos de agua limpios, con acceso libre a ambas orillas y abundante alimento. Son especies indicadoras del estado de salud de los ríos. Cuando tienen dificultades para desplazarse o desaparecen, es señal de que algo grave está ocurriendo en el ecosistema.

El extractivismo no distingue entre seres humanos y no humanos

Lo que sucede en Maquengal no es solo un conflicto entre una empresa concesionaria y una comunidad afectada. También es una lucha por la defensa de las múltiples formas de vida que habitan el territorio.

Los paredones y cortes abruptos que deja la maquinaria interrumpen los corredores biológicos, destruyen madrigueras, contaminan el agua con sedimentos y reducen la disponibilidad de alimento. Las aves acuáticas pierden sus zonas de anidación. Los peces enfrentan cambios en la temperatura y el oxígeno del agua. Los anfibios y reptiles ven alteradas sus zonas húmedas.

En otras palabras: el modelo extractivo erosiona los cimientos mismos de la vida.

Ver para no olvidar: el video que lo dice todo

No hay voz en off. No hay grandes discursos. Solo una nutria intentando volver al río.

El trabajo minero comenzó el jueves 31 de julio, y tan solo cuatro días después, se grabó a la nutria tratando de resistir la invasión de su hábitat. La rapidez con que el impacto se hizo visible da cuenta de la gravedad del daño ambiental que provocan estas actividades.

“Están matando el Río Frío” – Testimonio de Carlos Calderón, vecino de Treminio  (La Amapola)

En medio del dolor y la indignación, Carlos Calderón comparte su testimonio sobre lo que ha significado para la comunidad la presencia de maquinaria extractiva en el cauce del Río Frío. Su voz recuerda los días en que las nutrias eran parte del paisaje cotidiano, cuando se las veía nadar, cazar y convivir cerca del puente de La Amapola. Hoy, tras el avance de la minería no metálica, esas escenas han desaparecido.

“Les quitaron su hábitat… y su fuente de alimentación”, lamenta.

Su testimonio es más que una denuncia: es un llamado urgente a detener la destrucción de la vida silvestre y a defender el río como bien común. No solo se está perdiendo biodiversidad, también se están arrebatando los vínculos afectivos, culturales y comunitarios que unen a las personas con su entorno natural.

Escuchá el testimonio completo y sumate a la defensa del Río Frío.

Defender el río es defender toda forma de vida

El caso de Maquengal es un llamado urgente a replantear las formas en que se autorizan y ejecutan los proyectos extractivos en los ríos de Costa Rica. No se trata únicamente de derechos humanos, acceso al agua o participación ciudadana. También se trata del derecho de la naturaleza a seguir existiendo.

Cada paredón que levanta la draga es un muro contra la vida.

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La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío

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El pasado 3 de agosto, vecinas y vecinos de diversas comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal para manifestar su profunda preocupación por el avance de nuevas concesiones mineras sobre el cauce del Río Frío. El conversatorio, convocado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, fue un espacio de encuentro y denuncia ante una situación que amenaza de forma directa la vida comunitaria y los ecosistemas locales.

Un río bajo asedio

El encuentro se realizó en un contexto alarmante: recientemente fue otorgada una nueva concesión privada para la extracción de material del cauce, con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30. Esta se suma a más de 17 concesiones —algunas activas y otras caducas— que afectan la cuenca.

El caso más reciente ha generado indignación particular: la apertura de una zona de extracción a escasos 300 metros de la Escuela Palmital, en un camino comunitario que nunca fue atendido por la Municipalidad. Ese camino servía como acceso al río, un espacio que la comunidad utilizaba para recreación, descanso y conexión con la naturaleza. Hoy, ese mismo camino es recorrido por maquinaria pesada que extrae material para beneficio privado, sin que la comunidad reciba ningún aporte a cambio.

Las personas participantes denunciaron que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes, a pesar de que existen normas que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente los territorios. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, lamentó una vecina. El malestar es generalizado: no hubo proceso participativo, no existe control comunitario sobre el uso del río y el pago que realiza la empresa concesionaria al Estado es simbólico frente a los daños ocasionados.

El río no se agota solo: impactos acumulativos y desigualdad

Vecinas y vecinos relataron con preocupación los cambios que han vivido en las últimas décadas: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos como el cacao, modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Para la comunidad, estos efectos están ligados a la combinación de actividad extractiva, deforestación, y un modelo de desarrollo sin planificación territorial.

“Antes nos decían que el agua era inagotable. Hoy sabemos que no es cierto”, comentó un vecino con años de experiencia en gestión de recursos hídricos.

El daño no es solo ecológico. También es social, económico y cultural. Las formas tradicionales de vida en torno al río se han visto alteradas, mientras los caminos se deterioran sin recibir mantenimiento, a pesar de que toneladas de material salen del territorio cada año.

Se pierde el río, se cierran oportunidades: afectaciones al uso recreativo y al turismo rural comunitario

El Río Frío no solo es fuente de agua y vida para las comunidades de Guatuso: también ha sido, por generaciones, un espacio de encuentro, recreación y posibilidad. Sus márgenes y aguas tranquilas permitían que familias se bañaran, descansaran bajo la sombra o compartieran en comunidad los fines de semana. “Ahí íbamos a refrescarnos, a pasar un rato bonito. Ahora ya no se puede ni bajar, está tomado por las máquinas”, relató una persona vecina durante el conversatorio.

Uno de los caminos comunitarios que daba acceso al río fue recientemente intervenido por la empresa concesionaria. Lo que antes era una ruta hacia el río hoy es un acceso exclusivo para maquinaria pesada. La presencia constante de camiones y equipo de extracción no solo representa un riesgo para la seguridad, sino que ha generado un ambiente hostil, con ruido, barro y deterioro paisajístico que aleja cualquier posibilidad de uso recreativo.

Este deterioro también impacta directamente los proyectos de turismo rural comunitario, una alternativa económica que varias familias de la zona habían comenzado a desarrollar o tenían en perspectiva. El entorno natural del río —su belleza escénica, la posibilidad de caminar entre senderos, descansar en sus orillas o conocer su biodiversidad— era un atractivo claro para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, con el avance de la extracción, estas posibilidades se desvanecen.

“¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?”, comentó un vecino.

Lo que se pierde no es solo un paisaje. Se pierden ingresos familiares, empleos potenciales, proyectos de vida y un modelo de desarrollo alternativo que apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y el respeto al territorio.

Así, la extracción no solo deja un cauce devastado: también arrasa con los sueños de quienes imaginaban un futuro distinto para su comunidad.

¿Qué daños causa la extracción de materiales al río?

La comunidad identificó una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces:

  • Alteración del cauce natural: la extracción cambia el curso del río, provocando desbordamientos en zonas no previstas.
  • Aumento de la erosión: la remoción constante del lecho del río debilita sus márgenes, favoreciendo derrumbes y pérdida de suelo.
  • Pérdida de biodiversidad: peces, insectos acuáticos y otros organismos ven afectado su hábitat por el aumento del sedimento y el ruido.
  • Afectación de nacientes y humedales: la sobreexplotación altera el equilibrio hídrico, secando zonas que antes mantenían humedad constante.
  • Contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca: el uso de maquinaria pesada genera ruidos continuos y en época seca las partículas en el aire que afectan la salud de las personas.
  • Interrupción de caminos y acceso a fincas: la presencia de tajos y maquinaria ha bloqueado rutas usadas por la comunidad, afectando la producción y la

Además, potencialmente la falta de control y fiscalización permite que las extracciones se realicen sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

¿Qué hacer ante esta situación?

La comunidad acordó continuar fortaleciendo la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana.

También se planteó la urgencia de abordar problemáticas asociadas, como la deforestación, la expansión desregulada de proyectos privados y la falta de planificación desde los gobiernos locales. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

“Tenemos que actuar ya. No podemos quedarnos en palabras. El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, concluyó una de las participantes.

Para seguir informados

Las comunidades hacen un llamado urgente a defender el Río Frío como bien común. Se han abierto canales de comunicación, se prepara la documentación legal

necesaria y se construyen alianzas para acciones comunitarias, mediáticas y jurídicas.

El río no se vende. Se defiende.

El puente también sufre: alerta por posibles daños en La Amapola

Durante el conversatorio, las personas vecinas expresaron una creciente preocupación por el deterioro del puente de La Amapola, Terminio (construido en el año 2022, CNE, Municipalidad de Guatuso, con un costo de 388 millones de colones), infraestructura clave para la conectividad de la zona. De acuerdo con los testimonios, recientemente se habrían solicitado permisos para que maquinaria vinculada a las concesiones de minería no metálica transitara por debajo del puente, lo cual ha generado sospechas sobre su estado actual.

Vecinas y vecinos advierten que este tipo de tránsito —pesado, constante y no supervisado adecuadamente— podría haber afectado la base estructural del puente, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las personas que lo utilizan diariamente. Las condiciones actuales del puente fueron documentadas mediante fotografías compartidas por la comunidad, en las que ya se observan posibles signos de daño.

“Este puente fue clave para que no quedáramos aislados durante las últimas emergencias. No podemos permitir que lo debiliten con maquinaria que ni siquiera está al servicio de la comunidad”, señaló una participante.

Además de la preocupación estructural, se suma la indignación por la forma en que se gestionan estos permisos, en muchos casos sin consulta previa a la comunidad y sin un monitoreo técnico visible por parte de las autoridades competentes. El paso de maquinaria bajo el puente, con fines extractivos, contrasta con la falta de inversión pública para mejorar caminos, accesos y puentes al servicio del pueblo.

El caso del puente de La Amapola se convierte así en otro símbolo del desequilibrio entre las prioridades del modelo extractivo y las necesidades reales de la población local. Lo que debería protegerse como infraestructura comunitaria, termina expuesto al riesgo por decisiones que se toman lejos de la gente.
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Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

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El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

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2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.
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La sopa no, la esperanza sí: inscribite al curso Educación Popular con Mafalda

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En un mundo donde muchas veces educar se limita a repetir, obedecer y memorizar, recuperar a Mafalda como recurso pedagógico es una apuesta por imaginar, cuestionar y transformar. Desde sus viñetas, esta niña irreverente y lúcida nos recuerda que la ternura también puede ser crítica, y que el humor es una forma poderosa de pensar el mundo.

El curso «Educación Popular con Mafalda» es una invitación a mirar la educación desde el sur, con las gafas de la rebeldía infantil y el pensamiento colectivo. Se desarrollará en cinco sesiones presenciales, todos los miércoles del 11 de setiembre al 9 de octubre de 2025, en la Universidad de Costa Rica.

Tres dimensiones que guían este proceso

🎨 Creatividad crítica
A partir del lenguaje de la historieta y otros lenguajes expresivos, el curso busca estimular la imaginación política y pedagógica, retomando el legado de Mafalda para interpelar nuestras realidades educativas.

🗣️ Diálogo horizontal
Siguiendo el espíritu de la educación popular latinoamericana, este espacio promueve el encuentro entre saberes diversos, reconociendo el valor de la experiencia, la diferencia y la construcción colectiva.

🌱 Acción transformadora
La propuesta no se queda en el análisis: busca sembrar acciones pedagógicas concretas, capaces de articular humor, esperanza y compromiso con la justicia social en los territorios.

¿Quién es Mafalda y por qué formarnos con ella?

Mafalda es una historieta creada por Quino en los años 60, en plena efervescencia política de América Latina. Con una mezcla de ternura e ironía, la niña protagonista cuestiona desde la guerra hasta los roles de género, desde la escuela hasta el consumo. Su actitud crítica encarna uno de los principios más importantes de la educación popular: leer el mundo antes que la palabra.

Formarse con Mafalda no es una nostalgia, es una estrategia pedagógica actual: frente a las violencias estructurales, el vaciamiento educativo y las urgencias del presente, necesitamos herramientas que despierten preguntas, convoquen al pensamiento colectivo y abran caminos de esperanza.

Información general

📍 Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica
🕘 Horario: Lunes de 9 a.m. a 12 m.d. (15/09 al 13/10) Nuevas fechas
🎯 Público: Abierto a todas las personas, con énfasis en quienes participan en organizaciones sociales, culturales o comunitarias
📝 Inscripciones: Hasta el 1 de setiembre de 2025
📌 Cupo limitado – se requiere participación en todas las sesiones.

Pueden descargar la convocatoria aquí

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¿Qué pasaría si denunciar un daño ambiental te llevara a un embargo en Costa Rica? Una historia ficticia para pensar en voz alta

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Una nueva señal de alerta se enciende en el ya tenso paisaje de la participación ambiental en Costa Rica. Esta vez, imaginemos que el Innombrable —sí, ese mismo megaproyecto turístico que ocupa varias fincas públicas en cierto lugar cuyo nombre ya no podemos decir— activara los engranajes del poder judicial contra una persona que alzara la voz.

Según versiones compartidas por distintas fuentes, un caso hipotético, identificado como #6548793, ilustraría los riesgos que podrían enfrentar quienes denuncian posibles afectaciones ambientales en zonas de alto valor ecológico. La persona involucrada —una creadora de contenido conocida por  documentar procesos ambientales— publicaría un video donde cuestiona, con argumentos y datos públicos, los impactos que podría generar el proyecto. Su publicación haría referencia a permisos otorgados por instancias estatales en zonas de bosque protegido, parte del Patrimonio Natural del Estado.

La respuesta del Proyecto Innombrable no sería un comunicado ni un espacio de diálogo. Sería una demanda civil. Y, sin juicio en curso ni notificación previa, la persona identificada en el expediente #6548793 podría amanecer con sus cuentas bancarias congeladas y sus recursos embargados. Todo bajo la figura del “embargo preventivo”, como si se tratara de un riesgo penal urgente. Pero lo único urgente aquí, al parecer, sería acallar la crítica.

¿De qué estamos hablando?

 Este tipo de situaciones encajan con lo que a nivel internacional se conoce como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una demanda estratégica para silenciar la participación pública. Su objetivo no es probar la falsedad de lo dicho, sino castigar el hecho de haberlo dicho. Es una forma de censura legalizada, que desgasta emocional, económica y socialmente a quienes defienden lo común.

Lo que se intenta silenciar no es una mentira ni un ataque personal. Es una denuncia legítima sobre el uso del territorio, los bienes públicos y el ambiente. Pero en lugar de responder con argumentos, el Innombrable responde con litigios.

El problema no es solo jurídico: es democrático. Las SLAPP buscan desincentivar la crítica y enfriar el debate público. Quien observa este caso desde fuera podría pensar dos veces antes de expresar su preocupación por el mar, el bosque o la montaña. Así, el silencio se vuelve rentable para quienes manejan muchos ceros, mientras que el derecho a opinar queda en pausa para quienes defienden desde el margen.

En Costa Rica, aún no existe legislación que identifique ni frene estas prácticas. Pero los síntomas están a la vista: demandas contra activistas, comunicadores, personas jóvenes o defensoras ambientales que se atreven a nombrar lo que otros preferirían ocultar.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería llevar al embargo de la vida cotidiana. Y sin importar cuán poderoso sea el que demanda, ninguna empresa debería tener el poder de convertir una crítica pública en una condena económica.

Las voces que alertan, preguntan o denuncian no son el problema. Son parte de la solución.
¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.

¿Qué es un embargo preventivo?

Es una medida cautelar que ordena la inmovilización o retención de bienes del deudor antes de que exista una sentencia definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación o el resultado de un proceso judicial. Es una acción preventiva para evitar que el deudor pueda disponer de sus bienes y así asegurar que haya recursos disponibles para satisfacer una posible deuda o condena.

¿Qué implica un embargo preventivo para una persona defensora ambiental?

Puede implicar varias cosas graves: limita su capacidad de usar o disponer de sus bienes, puede afectar su estabilidad económica y personal, y en muchos casos funciona como una forma de presión o intimidación para obstaculizar su labor de defensa ambiental. En contextos de conflictos socioambientales, este tipo de medidas pueden ser usadas para desincentivar la defensa de derechos y proteger intereses económicos o políticos contrarios a la protección ambiental.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país» Rodrigo Chaves Robles – Presidente de Costa Rica*

¿Por qué el Acuerdo de Escazú tenía preocupados  a ciertos sectores desarrolladores?

El Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante en América Latina y el Caribe, protege especialmente a las personas defensoras ambientales. En su artículo 9, establece que los países deben garantizar condiciones seguras para que puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos, intimidaciones, amenazas o cualquier forma de violencia, incluyendo medidas legales abusivas como embargos o procesos judiciales injustificados. Además, promueve el acceso a la justicia para proteger sus derechos y asegura que cualquier restricción a sus bienes o actividades sea justificada, proporcional y respetuosa de sus derechos humanos.

Esta nota presenta una historia ficticia planteada con fines reflexivos y educativos sobre el uso de mecanismos legales para limitar la participación pública. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia. El contenido busca promover el análisis crítico y la discusión en torno a la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión, sin intención de acusar o difamar a ninguna persona, empresa o institución.

*Pomareda García, Fabiola (2023, 1 de febrero). Costa Rica a punto de enterrar tratado internacional que protegería a quienes defienden el ambiente. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-a-punto-de-enterrar-tratado-internacional-que-protegeria-a-quienes-defienden-el-ambiente/

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Nueva intervención en el río preocupa a Maquengal: ¿Se construye un nuevo plantel en el cauce del Río Frío?

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Una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como el Paso, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad de Maquengal. Vecinas y vecinos denuncian que, a simple vista y con lógica evidente, lo que se estaría habilitando es un plantel de carga para el material que pretenden extraer en los alrededores de la vega del río.

En un video grabado el pasado 31 de julio, se documenta cómo una sola retroexcavadora removió una gran cantidad de material en apenas siete horas. La magnitud de la intervención y su velocidad preocupan, sobre todo por la ausencia de información clara.

La comunidad ha compartido también una fotografía comparativa del mismo sector tomada en abril de este año, en la que se aprecia un nivel de agua más extendido hacia la orilla, lo cual evidencia un impacto directo en el cauce: cambio en la geomorfología del río, aumento de factores erosivos para las márgenes del río y alteración del flujo natural del río. A esto se suma que, al aumentar la destrucción causada por la retroexcavadora, es más propenso que se venga la tierra falseada en las partes de la montaña, lo cual tendrá un impacto para las zonas bajas de Guatuso.

Estas acciones se suman a una larga lista de denuncias realizadas desde 2022 por el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, que ha insistido en la necesidad de suspender nuevas concesiones, realizar un diagnóstico ecológico participativo y frenar el avance del extractivismo desregulado que amenaza el equilibrio ambiental del cantón.

La pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿qué desarrollo estamos priorizando si el precio es la pérdida de nuestro principal afluente y la creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades?

El Comité reitera su llamado a las autoridades locales y nacionales: escuchar a la comunidad, fiscalizar las intervenciones en tiempo real y detener los abusos antes de que desaparezca hasta la última piedra del río.

Abril 2025

31 Julio 2025

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¿Por qué leer a Fanon hoy? Un documento para educar, incomodar y transformar

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¿Por qué volver a Fanon hoy?
En un mundo atravesado por el resurgimiento del autoritarismo, la violencia estructural y el despojo territorial, el pensamiento de Frantz Fanon reaparece con una fuerza ineludible. A cien años de su nacimiento, el Observatorio de Bienes Comunes comparte un nuevo documento de trabajo que invita a leer, pensar y actuar desde la experiencia de lxs condenadxs de la tierra.

Este material no solo presenta una lectura accesible y comprometida de la obra de Fanon, sino que propone claves para entender el racismo estructural, la alienación colonial, la solidaridad internacionalista y la potencia transformadora de las luchas que nacen desde abajo. El texto nos recuerda que descolonizar no es solo un asunto del pasado: es un desafío urgente para el presente, que atraviesa nuestras formas de conocer, organizarnos, sanar, enseñar y habitar.

Además, el pensamiento fanoniano ofrece herramientas fundamentales para repensar el papel de la universidad pública. En tiempos en que muchas instituciones se ven atrapadas entre la lógica del mercado y el conservadurismo académico, Fanon interpela con fuerza: ¿puede la universidad ser un espacio de liberación y no de reproducción de jerarquías coloniales? Este cuaderno plantea preguntas necesarias para imaginar una educación crítica, comprometida con los territorios, abierta al diálogo con los saberes populares y orientada a la transformación social.

Aportes principales del documento

🔸 Lectura contextual de Fanon: Desde su biografía militante hasta sus aportes en psiquiatría, el documento traza un recorrido por la vida y obra de Fanon, destacando su coherencia ética entre pensamiento y acción.

🔸 Claves conceptuales: Racismo estructural, alienación, máscaras blancas, violencia liberadora, descolonización radical. Un glosario acompaña al texto para facilitar la apropiación crítica de sus categorías.

🔸 Vigencia de su pensamiento: Fanon es leído a la luz de las luchas actuales: pueblos indígenas, juventudes racializadas, mujeres organizadas, migrantes criminalizados. Su palabra resuena allí donde la dignidad es negada.

🔸 Desafíos para la universidad pública: ¿Puede la academia dejar de reproducir el pensamiento colonial y transformarse en un espacio de liberación? El texto abre preguntas incómodas pero necesarias.

Fanon hoy: una incomodidad necesaria

Frantz Fanon no fue un autor de diagnósticos neutros ni de soluciones cómodas. Su escritura, como su vida, es un llamado al compromiso con los pueblos que luchan. Su pensamiento nos ayuda a entender que el colonialismo no ha desaparecido: ha mutado. Está en la exclusión, en el despojo, en la violencia simbólica, en las estructuras educativas, económicas y sanitarias. Leerlo hoy es un acto de resistencia y lucidez.

📥 Descarga el documento completo acá.

📢 Leé, compartí, discutí.
Este material fue pensado para alimentar círculos de lectura, procesos de formación política, espacios comunitarios, aulas críticas y territorios en lucha. Que las palabras de Fanon no se queden en los márgenes: que sirvan para organizar esperanza.

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Noticias que engañan: cuando la propaganda se disfraza de periodismo

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En tiempos de elecciones, no todo lo que brilla informa. El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra lanza el documento de trabajo “Noticias que engañan”, una herramienta urgente y provocadora que busca abrir los ojos de la ciudadanía frente a los múltiples disfraces de la desinformación y el pseudoperiodismo.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, y es una invitación a poner en pausa el scroll, cuestionar lo que consumimos y recuperar el pensamiento crítico como un ejercicio cotidiano de defensa democrática.

En este escenario, las campañas políticas ya no se libran solamente en plazas públicas o debates televisados: se diseñan para viralizar emociones, moldear percepciones y evitar el cuestionamiento. El auge del pseudoperiodismo convierte la comunicación política en espectáculo, donde lo que importa no es la veracidad del mensaje, sino su capacidad de conectar emocionalmente y consolidar identidades políticas a través de relatos cuidadosamente producidos. Esto reduce el debate electoral a una competencia de imágenes, frases hechas y manipulaciones algorítmicas, en detrimento de las propuestas, los compromisos reales y la rendición de cuentas.

 

Esta tendencia no es solo una estrategia de campaña; es un riesgo profundo para el sistema democrático. Si las candidaturas se consolidan sobre narrativas falsas o cuidadosamente maquilladas, se vacía el sentido de la deliberación pública y se debilita el rol del voto informado. Frente a esto, el documento propone una ciudadanía que no se conforme con consumir mensajes bonitos, sino que exija transparencia, pluralidad y una comunicación política que esté al servicio del bien común, no de los intereses particulares.

📣 ¿Qué propone este documento?

A lo largo de sus páginas, el folleto expone de manera clara y accesible cómo muchas piezas mediáticas —aparentemente periodísticas— en realidad funcionan como publirreportajes políticos disfrazados. A través de ejemplos concretos y herramientas prácticas, se alerta sobre:

  • El uso del pseudoperiodismo como estrategia de propaganda.

  • La manipulación emocional como forma de persuasión política.

  • La falta de voces diversas y la ausencia de datos verificables.

  • Los nuevos riesgos digitales: deepfakes, troles, granjas de contenido y medios sin transparencia.

Además, se explican conceptos clave como sesgo de confirmación, titulares manipuladores o granjas de contenido, e incluye una guía para identificar entrevistas complacientes, titulares engañosos y medios de dudosa ética.

🗳️ Elecciones 2026: entre la desinformación y la decisión

El documento nos advierte con claridad: la campaña del 2026 no se librará solo en urnas, sino en redes, algoritmos y pantallas. En este nuevo campo de batalla digital, el ruido informativo puede silenciar los debates sustantivos y vaciar de sentido nuestras decisiones como electores.

Frente a este panorama, Noticias que engañan no solo denuncia, sino que propone: recuperar la conversación, debatir nuestras diferencias con honestidad, reapropiarnos del diálogo como herramienta política y exigir medios que sirvan al bien común, no al cálculo electoral.

🤔 ¿Por qué importa?

Porque sin información honesta no hay ciudadanía activa, y sin ciudadanía activa no hay democracia real. Este material no busca imponer verdades, sino invitarnos a sospechar con criterio, conversar con respeto y votar con conciencia.

Pueden descargar el documento aquí

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Por la defensa del Río Frío y la seguridad de nuestras comunidades – Carta abierta a las autoridades de Guatuso y a la comunidad

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Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al paso de la onda tropical n.º 16, han traído nuevamente escenas dolorosas para nuestro cantón: viviendas anegadas, caminos intransitables, familias evacuadas y el temor creciente de quienes habitamos cerca de los ríos. Estas inundaciones no son un fenómeno nuevo, pero su frecuencia e intensidad nos obligan a preguntarnos qué factores locales están agravando los impactos de la naturaleza sobre nuestro territorio.

Desde el año 2022, la comunidad de Maquengal viene alertando sobre un tema que no puede seguir ignorándose: la extracción intensiva de materiales (arena y piedra) del Río Frío. Sabemos que las inundaciones no se deben únicamente a esta actividad y que existen otros factores que influyen —como fenómenos climáticos extremos y deficiencias en la gestión del territorio—; sin embargo, hemos denunciado públicamente cómo esta extracción, lejos de ser una medida controlada para el bien común, ha sido promovida como un recurso económico sin una adecuada evaluación de sus impactos, contribuyendo a agravar la vulnerabilidad de nuestras comunidades.

En espacios públicos, programas de radio y actividades comunales, hemos mostrado los efectos visibles en el río: pozas desaparecidas, erosión de riberas, maquinaria destruyendo isletas, caudal disminuido y una sedimentación creciente que afecta incluso humedales como Caño Negro.

Lo más preocupante es que, ante años de denuncias, la gran respuesta de la administración municipal anterior fue declarar, como “herencia”, la aprobación de 30 años más de explotación sobre el Río Frío. Esa decisión, lejos de garantizar el bienestar de las comunidades, ha significado la continuidad de una política extractiva que debilita el cauce, reduce la capacidad de conducción de las aguas y agrava los riesgos que hoy vivimos con las inundaciones.

Estos no son problemas aislados ni meramente ambientales; tienen consecuencias directas sobre la seguridad de nuestras comunidades. Cuando se extraen grandes volúmenes de material del cauce, el río pierde su estabilidad natural y su capacidad de contenerse. La alteración del lecho y la destrucción de retenes naturales provocan mayor erosión, facilitan el desprendimiento de piedras grandes y generan acumulaciones de sedimento aguas abajo. Así, cuando llegan lluvias intensas, el agua ya no encuentra un cauce seguro y comienza a desbordarse con más facilidad, afectando planicies, fincas y viviendas.

Sabemos que la actual administración municipal, durante su campaña electoral, prometió realizar un diagnóstico ecológico del cantón. Consideramos que este es el momento oportuno para honrar ese compromiso. Un diagnóstico serio, participativo y público permitiría tomar decisiones responsables, basadas en información clara, y orientar verdaderas políticas de manejo de cuencas que prioricen la vida, la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades.

Por eso hoy, ante esta nueva emergencia que vive nuestro cantón, reiteramos un llamado urgente que venimos haciendo desde hace más de dos años:

  1. Revisión inmediata de las concesiones: Evaluar todas las concesiones y permisos de extracción vigentes sobre el Río Frío.
  2. Moratoria en nuevas concesiones: Suspender la entrega de nuevos permisos hasta contar con un diagnóstico ambiental actualizado, transparente y con participación comunitaria.
  3. Garantías de transparencia: Asegurar que la comunidad pueda verificar que se está extrayendo el material correcto y en la cantidad autorizada.
  4. Evaluación de daños acumulados: Realizar un estudio técnico riguroso que documente los impactos en la cuenca alta y baja del río, considerando su relación con la creciente vulnerabilidad ante inundaciones.
  5. Restauración y fiscalización: Impulsar planes de restauración ecológica y reforzar la supervisión para evitar prácticas extractivas excesivas como las ocurridas en años anteriores.
  6. Cumplimiento de compromisos ambientales: Elaborar el diagnóstico ecológico del cantón, que debe ser la base de todas las decisiones relacionadas con el ambiente.

Existen experiencias y mecanismos que pueden ayudar a avanzar en este camino, tales como:

– Publicar informes claros y accesibles.

– Implementar controles de pesaje confiables.

– Realizar auditorías ambientales abiertas a la comunidad.

– Reconocer y fortalecer el papel de los comités de vigilancia comunitaria como actores clave en el monitoreo.

No nos mueve la oposición al progreso ni al mantenimiento de caminos, sino la defensa de un bien común vital. El Río Frío no es solo un banco de materiales; es un patrimonio hídrico, cultural y ecológico que sostiene la vida de Maquengal, de Guatuso y de toda la región norte.

Invitamos a nuestras autoridades municipales y ambientales a que escuchen la voz de la comunidad, que se informen de los datos y testimonios que desde 2022 venimos compartiendo. Y convocamos a todas y todos los vecinos del cantón a sumar esfuerzos para que estas inundaciones no sean vistas solo como eventos inevitables de la naturaleza, sino como una señal de que debemos cambiar la forma en que tratamos nuestros ríos.

Que esta carta sea un recordatorio de que aún estamos a tiempo de cuidar lo que nos da vida.

Por nuestros hijos y nietos, por la seguridad de nuestras comunidades y por el respeto al agua que nos sostiene.

Con respeto y firmeza, Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío – Maquengal

Si quieren conocer más sobre el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, sobre sus señalamientos y propuestas pueden visita la nota «Maquengal alza la voz en el Día Mundial del Agua: Urgen medidas para frenar la explotación del Río Frío»

Galería

Las siguientes fotografías muestran el impacto de la extracción intensiva realizada durante los últimos ocho años. Ya se observan afectaciones en las partes altas del territorio. En esta imagen, por ejemplo, se aprecia cómo el río se ha hundido, socavando el paredón, arrasando con el camino existente y alcanzando una profundidad de aproximadamente metro y medio.

Esta nota fue elaborada por la comunidad de Maquengal, en el cantón de Guatuso, con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan la cuenca del Río Frío y ejercer su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. A través de este pronunciamiento público, buscan llamar la atención de las autoridades y de la ciudadanía en general sobre la urgencia de detener prácticas extractivas que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades ante inundaciones y otros riesgos. El Observatorio de Bienes Comunes publica este comunicado con el fin de amplificar la voz comunitaria y contribuir a la defensa de los bienes comunes.

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Costa Rica sin voz en Ramsar: el retroceso de Costa Rica en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

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En plena COP15 de la Convención Ramsar, Costa Rica destaca por su ausencia. Mientras otros países reportan avances y amenazas sobre sus humedales, el gobierno de Rodrigo Chaves Robles no ha emitido una sola actualización sustantiva entre 2022 y 2025.

Una conferencia clave en tiempos de crisis ecosistémica

Del 23 al 31 de julio de 2025 se celebra en Victoria Falls, Zimbabue, la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Ramsar, el tratado internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales, por su papel esencial en la biodiversidad, la regulación hídrica y la sostenibilidad de la vida humana.

Esta edición representa un momento clave para examinar el estado de más de 2.500 sitios Ramsar en todo el mundo, coordinar acciones frente a su deterioro y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte. Según el informe oficial de la Secretaría (COP15 Doc.9), Costa Rica no figura entre los 29 países que actualizaron sus Fichas Informativas Ramsar (FIR) ni los mapas de sus sitios durante el periodo 2022–2025.

El panorama general también es preocupante: el 74 % de los sitios Ramsar a nivel global tienen información desactualizada, y en el 52 % de los casos no se ha reportado ninguna actualización reciente. En medio de esta crisis de seguimiento, la situación de Costa Rica destaca negativamente, ya que no se registraron nuevas designaciones, ampliaciones ni reportes sobre amenazas ecológicas en sus humedales, pese a múltiples denuncias documentadas por organizaciones sociales y medios de comunicación. La única explicación posible desde el marco institucional sería que los procesos se encuentren actualmente en etapa de actualización técnica aún no reportada oficialmente.

Tres años de silencio en la era Chaves Robles

Este periodo coincide plenamente con el mandato del presidente Rodrigo Chaves Robles y su Ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach, iniciado en mayo de 2022. Durante la administración, se ha recortado el financiamiento a programas ambientales clave, debilitado instituciones como el SINAC y promovido visiones de desarrollo centradas en la desregulación territorial.

La inacción de Costa Rica en el marco de la Convención Ramsar es coherente con la política ambienta impulsada por la administración, refleja una política caracterizada por la omisión y la inercia. La falta de actualizaciones técnicas y legales es especialmente grave considerando que los humedales son bienes comunes fundamentales para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la inseguridad hídrica.

Sitios Ramsar sin seguimiento ni vigilancia efectiva

Costa Rica cuenta con doce humedales declarados de importancia internacional, como Caño Negro, Térraba-Sierpe o Palo Verde entre los más conocidos. Sin embargo, según el informe Ramsar 2025, ninguno de estos sitios fue actualizado durante el trienio revisado. Esto incluye la omisión de información técnica, cartográfica y ecológica en el sistema oficial Ramsar.

Además, el país no figura entre aquellos que reportaron modificaciones en las condiciones ecológicas de sus humedales, como lo exige el Artículo 3.2 de la Convención. Esta omisión se agrava al considerar la abundante evidencia empírica y periodística sobre múltiples afectaciones recientes.

Denuncias en el territorio: señales de alerta para los humedales

Pese al silencio institucional, diversos medios y actores comunitarios han documentado múltiples amenazas a humedales protegidos, lo que evidencia la falta de seguimiento y monitoreo. Algunas situaciones destacadas incluyen:

Humedales Ramsar

  • Caño Negro: La sedimentación acelerada por actividades agrícolas y la expansión de cultivos agroindustriales sin control están transformando su ecosistema, mientras la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente para detener el deterioro.

  • Térraba-Sierpe: Hay una alerta sobre  el interés de instalar un relleno sanitario que pondría en riesgo las aguas, además, la Fiscalía Ambiental de Osa ordenó medidas de restauración ante ocupación ilegal dentro del humedal (Chacón Soto, 2025; Ministerio Público, 2025).

  • Palo Verde: El sitio ha experimentado cambios significativos en sus características ecológicas, particularmente en su régimen hidrológico, como resultado de actividades agrícolas y ganaderas en los alrededores, así como por la construcción de un proyecto de abastecimiento de agua (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

  • Humedales Caribe Noreste: El sitio ha experimentado cambios notables en sus características ecológicas, principalmente en su régimen hidrológico, como consecuencia de la construcción de canales artificiales en la zona. (Chacón, 2025; Ramsar Convention Secretariat, 2024; Convención Ramsar, 2025).

  • Gandoca-Manzanillo: Este sitio ha sufrido graves amenazas por permisos de construcción irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, y una reducción no técnica de aproximadamente el 40 % del área reconocida como humedal.

Situaciones de presión en torno a los humedales

  • Caribe Sur: El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y el accionar de diversas organizaciones ha permitido reportar tala, drenaje y uso comercial de humedales en zonas como Puerto Viejo y Gandoca-Manzanillo, evidenciando  permisividad institucional (Observatorio de Bienes Comunes, 2025).

  • Playa Negra (Talamanca): En febrero de 2025, se denunció un intento de relleno de humedal en plena Zona Marítimo Terrestre, detenido gracias a la intervención ciudadana y del Ministerio Público (Martinez, 2025).

  • Estero del río Lagarto (Sámara): En 2024, la Sala Constitucional ordenó estudios tras comprobarse afectaciones por obras privadas sobre un ecosistema frágil (CRHoy, 2024).
¿Reconocimiento internacional?: Humedales mencionados en el informe

Aunque el Estado costarricense no presentó reportes formales sobre el estado de sus humedales entre 2022 y 2025, el documento oficial para la COP15 de la Convención Ramsar sí reconoce dos casos críticos en el país. En su Anexo 4a, que enumera los sitios con alteraciones ecológicas confirmadas por las autoridades nacionales o verificadas por la Secretaría, aparecen los humedales Ramsar Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe como parte de los 185 sitios a nivel mundial con expedientes abiertos bajo el artículo 3.2.

Este registro internacional refuerza lo que ha sido ampliamente denunciado en territorio nacional:

  • En Gandoca-Manzanillo, se han documentado construcciones irregulares, tala legal e ilegal en zonas protegidas, ocupaciones dentro del humedal y una reducción no técnica del 40 % del área reconocida, impulsada por la Directriz 09-2023 del MINAE. Este caso ha generado denuncias ante la Convención Ramsar y solicitudes de revisión al Ministerio del Ambiente. En julio de 2025, la Sala Constitucional anuló el Plan de Manejo vigente, señalando que viola el principio constitucional de un ambiente sano y la Convención Ramsar.

  • En Térraba-Sierpe, la situación también es alarmante. El sitio fue incluido en la lista por afectaciones ecológicas no reportadas oficialmente. Entre ellas destacan la contaminación potencial asociada a una planta de tratamiento, ocupaciones ilegales y la orden de medidas de restauración por parte de la Fiscalía Ambiental de Osa. Esta omisión en los reportes estatales viola el artículo 3.2, que exige informar sobre cualquier cambio en las condiciones ecológicas de los humedales protegidos.

Esta se encuentra detenida por el momento, gracias a la resistencia organizada de la comunidad de Salamá, en Osa. En junio de 2025, tras meses de presión ciudadana, el Concejo Municipal declaró como “inconveniente para los intereses del cantón” un proyecto privado de relleno sanitario promovido por la empresa Nova Tierra C.R. S.R.L., que pretendía instalarse en las cercanías del humedal Térraba-Sierpe. Entre los riesgos identificados destacaban la contaminación por lixiviados, el impacto sobre nacientes y quebradas no contempladas, así como afectaciones potenciales a este ecosistema protegido. La movilización comunitaria, junto con intervenciones clave como la del diputado Ariel Robles ante SETENA, fue determinante para detener esta iniciativa, que violaba normativas relacionadas con áreas silvestres protegidas. Este caso demuestra el rol crucial de la participación social en la defensa de los humedales frente a proyectos incompatibles con su valor ecológico y cultural.

También se mencionan los casos del Parque Nacional Palo Verde y el Humedal Caribe Noreste, donde se reportan proyectos de infraestructura y cambios ecológicos sin actualizaciones estatales. Cabe recordar que los Estados Parte deben remitir información periódica a la Convención Ramsar cada seis años, y en este caso no se ha hecho desde hace más de seis años (Chacón, 2025; Convención Ramsar, 2025).

El hecho de que estos sitios figuren en el informe oficial de la COP15, pese al silencio del gobierno costarricense, evidencia una grave desconexión entre la realidad ecológica y los compromisos internacionales asumidos por el país. También subraya el papel clave que cumplen la vigilancia ciudadana, la acción judicial y la presión social para visibilizar y denunciar las amenazas sobre estos bienes comunes.

¿Qué explica esta omisión?

La desconexión entre los hechos documentados y el silencio en los reportes oficiales responde a factores estructurales y políticos:

  • Fragmentación institucional: La gestión de humedales recae en múltiples entidades con escasa coordinación (SINAC, AyA, municipalidades, etc.).

  • Desfinanciamiento ambiental: La política de austeridad del gobierno limita la capacidad operativa de las instituciones ambientales.

  • Modelo de desarrollo extractivo: Se fomenta la inversión turística e inmobiliaria incluso sobre territorios protegidos, sin evaluaciones integrales ni participación social efectiva.

  • Desregulación ambiental: Se debilitan marcos normativos y controles institucionales en nombre de la «reactivación económica», lo que facilita actividades nocivas en ecosistemas frágiles.

  • Corrupción y captura institucional: Funcionarios y autoridades favorecen intereses privados mediante decisiones discrecionales, omisiones deliberadas o trámites irregulares que permiten el avance de proyectos extractivistas sobre áreas protegidas.

Esta inercia no es solo técnica: es una forma de violencia institucional que invisibiliza los conflictos ecológicos y facilita la mercantilización de territorios esenciales para la vida.

Del discurso verde a la acción ausente

Costa Rica ha construido su reputación internacional sobre una narrativa de sostenibilidad y liderazgo ambiental. Sin embargo, la ausencia total de acciones en el marco de la Convención Ramsar entre 2022 y 2025 evidencia una fractura entre el discurso ambiental y la práctica estatal. Esta omisión no es aislada: es coherente con el más reciente informe de labores del presidente ante la Asamblea Legislativa, en el cual no se mencionó ningún avance en torno a la política ambiental; de hecho, ni siquiera se aludió al tema. (Observatorio Bienes Comunes, 2025)

Más allá de los informes, lo que está en juego son los territorios del agua, los ciclos ecológicos y los modos de vida que dependen de los humedales. Frente al avance del extractivismo turístico, el desinterés gubernamental y la burocracia sin voluntad, urge reactivar la vigilancia pública y fortalecer la participación comunitaria en la defensa de estos ecosistemas como bienes comunes esenciales para la vida digna.

“Sitios Ramsar de Costa Rica: Estado de conservación y principales amenazas”

Indicaciones:
🟢 Buen estado general
🟡 Estado intermedio / presión moderada
🔴 Estado crítico / alta presión

Sitio RamsarUbicaciónÁrea (ha)Estado
Parque Nacional Palo VerdeGuanacaste~18 418🟡 Sedimentación y presión agrícola
Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño NegroAlajuela~9 969🟡 Cambios hidrológicos y sedimentación
Parque Nacional TortugueroLimón~26 156🟡 Presión turística
Humedal Nacional Térraba-SierpePuntarenas~27 000🔴 Ocupaciones ilegales y contaminación
Parque Nacional Isla del CocoPacífico oceánico~99 623🟢 Buen estado general, pesca ilegal externa
Laguna RespingueGuanacaste~245🟡 Baja atención institucional
Parque Nacional Marino Las BaulasGuanacaste~439🟡 Expansión inmobiliaria cercana
Estero de Puntarenas (no es parte Ramsar, sin embargo de importancia)Puntarenas~24 000🔴 Contaminación crónica y expansión portuaria
Humedal MaquenqueZona Norte~59 692🟡 Presión agrícola
Manglares de Potrero GrandeGuanacaste~139🟡 Fragmentación y expansión ganadera
Refugio Nacional de Vida Silvestre TamarindoGuanacaste~500🟡 Presión turística y expansión urbana
Embalse ArenalGuanacaste/Alajuela~5 000🟡 Cambios ecológicos por represas y turismo
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-ManzanilloLimón~5 013🔴 Conflictos de uso del suelo, turismo sin control
Humedal Caribe NoresteLimón~100 000🟡 Fragmentación, deforestación y falta de gestión
Turberas de TalamancaCordillera de Talamanca~19 000🟢 Buen estado general, aunque vulnerable al cambio climático
¿Qué son las Fichas Informativas Ramsar y por qué su actualización es crucial?

La actualización de las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y los mapas oficiales de los sitios es una obligación clave dentro de la Convención Ramsar y cumple funciones fundamentales para la protección real de los humedales. Su importancia radica en al menos cinco aspectos:

Seguimiento ecológico riguroso: Las FIR recopilan datos técnicos actualizados sobre el ecosistema del sitio: tipo de humedal, especies presentes (incluidas las amenazadas), servicios ecosistémicos, amenazas actuales y acciones de manejo. Sin estos datos, no se puede evaluar ni responder al deterioro ecológico.

Delimitación clara del territorio protegido: Los mapas actualizados definen los límites legales y geográficos del sitio Ramsar. Esto es clave para evitar invasiones, proyectos mal ubicados o disputas sobre uso del suelo. Sin mapas precisos, los humedales quedan vulnerables a la expansión inmobiliaria, agroindustrial o turística.

Base legal y administrativa: La FIR y el mapa son los instrumentos que respaldan las medidas de protección ante tribunales, autoridades ambientales o proyectos con potencial impacto.
Sin una FIR vigente, la defensa jurídica del sitio se debilita.

Cumplimiento de compromisos internacionales: Ramsar exige actualizar estas fichas al menos cada seis años. No hacerlo puede implicar el incumplimiento de obligaciones multilaterales y afecta la credibilidad ambiental del país.

Transparencia y participación: La información pública actualizada permite que comunidades locales, investigadores y organizaciones puedan monitorear, denunciar y proponer acciones de mejora, fortaleciendo la gobernanza ambiental.

Referencias:

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