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Buscando las semillas de las piedras: el Río Frío visto desde la comunidad

El Río Frío ha sido, por generaciones, el corazón que sostiene la vida cotidiana en Maquengal y comunidades vecinas. Entre sus piedras se tejían historias, juegos, oficios y aprendizajes que unían a la gente con su territorio. Pero en los últimos años, las y los habitantes han visto transformaciones profundas: pozas que desaparecen, orillas que se desmoronan, cauces que se estrechan y un silencio extraño donde antes “el río cantaba”.

Frente a un deterioro cada vez más visible —y una institucionalidad que muchas veces no logra verlo— nació el monitoreo comunitario que da vida al documento Buscando las semillas de las piedras.

¿Por qué un monitoreo comunitario?

El monitoreo surge de una convicción sencilla y poderosa: quienes viven el río todos los días tienen derecho a nombrar lo que está pasando. No se trata solo de un ejercicio técnico, sino de una acción de defensa y de memoria.

Las comunidades observaron cómo la extracción intensiva de material, el paso de maquinaria y la falta de control debilitaban la estructura del río y alteraban su equilibrio natural. Ante ello, decidieron caminarlo, registrar sus cambios, conversar con quienes lo conocen desde hace décadas y construir una lectura desde el territorio.

Monitorear, en este caso, es una forma de cuidar. Es recuperar la palabra frente a informes que reducen la vida a coordenadas y volúmenes de extracción. Es decir: el río tiene memoria, y nosotros también.

Principales hallazgos del monitoreo

El recorrido —realizado entre la finca de Fernando Murillo y la entrada pública al río— dejó ver un patrón claro y preocupante:

  • -Modificación del cauce: el río ha cambiado de trayecto, profundizándose en canales angostos y perdiendo capacidad de oxigenación.

  • -Desaparición de piedras y alteración del lecho: en tramos donde pasó la maquinaria, las piedras grandes —que dan estructura y estabilidad al cauce— han desaparecido casi por completo, dejando sedimentos finos y un río “cansado”.

  • -Erosión acelerada: orillas inestables, árboles caídos y pérdida de vegetación muestran que la erosión avanza más rápido de lo que puede reponerse.

  • -Pérdida de pozas y afectación ecológica: sitios emblemáticos como la Poza del Remolino se han transformado; especies de fauna se desplazan en busca de mejores condiciones.

  • -Degradación del espacio público: el río dejó de ser un lugar de recreación y encuentro; los paredones y el ruido de maquinaria han fragmentado un espacio que antes era comunal y vivo.

  • -Diferencia entre la mirada institucional y la comunitaria: mientras algunos informes minimizan los impactos, las personas recuerdan un río navegable, fresco y lleno de vida: un contraste que expresa la brecha entre el escritorio y el territorio.

¿Qué aporta este documento a la discusión?

El informe ofrece algo que ningún expediente técnico puede producir por sí solo: una lectura viva, situada y comunitaria del territorio.

Sus aportes centrales son:

  • -Desmontar el mito del “pueblo disperso”: el documento evidencia que el río no está vacío ni marginal. Está habitado, transitado y cuidado por generaciones.

  • -Exponer impactos acumulativos que suelen quedar fuera de los estudios de impacto ambiental, especialmente aquellos relacionados con la pérdida de piedras y el debilitamiento ecológico del cauce.

  • -Mostrar la capacidad comunitaria para producir conocimiento: la memoria, la experiencia cotidiana y la lectura crítica del territorio permiten identificar daños que no aparecen en los informes formales.

  • -Plantear un diálogo necesario entre saber técnico y saber local, donde ninguno sustituye al otro; más bien se complementan y tensionan para construir decisiones más justas.

  • -Reforzar la defensa del río como bien común, no como recurso de extracción ni como espacio “subutilizado”.

Este documento es, en sí mismo, un aporte a la justicia socioambiental: demuestra que el conocimiento también se construye desde las orillas.

Entre las piedras: la fuerza de las voces comunitarias

Buscando las semillas de las piedras es más que un informe: es un acto de dignidad. En cada fotografía, en cada recuerdo compartido, en cada explicación sobre cómo “el río se está cansando”, se afirma una verdad profunda: la comunidad conoce su territorio de una manera que ningún expediente puede reemplazar.

Allí donde las instituciones ven únicamente datos, la comunidad ve vínculos, afectos, memoria y futuro.
Allí donde algunos informes justifican la extracción, las comunidades muestran el deterioro y sus consecuencias.

Este monitoreo recuerda que un río no cabe en un formulario, y que un territorio no se comprende sin escuchar a quienes lo habitan.

Al final, las semillas que se buscan entre las piedras son también semillas de organización y esperanza. Porque aunque el río haya cambiado, las comunidades siguen defendiendo su derecho a vivir en un territorio sano, vivo y respetado.

Defender el Río Frío es defender la vida común. Y esa defensa empieza escuchando —con respeto y con seriedad— las voces que nunca debieron ser invisibilizadas.

La participación ambiental como camino para defender los bienes comunes

La experiencia del Río Frío demuestra que la defensa de los bienes comunes naturales no puede depender únicamente de trámites, expedientes o estudios técnicos: requiere participación activa, cotidiana y consciente de las comunidades que habitan los territorios. Cuando las personas se organizan para mirar, registrar y dialogar sobre lo que ven, la gestión ambiental deja de ser un asunto lejano y se convierte en una práctica de cuidado colectivo.

La participación ambiental no es solo un mecanismo formal; es una forma de democracia territorial. A través del monitoreo, las comunidades recuperan su derecho a interpretar su entorno, a cuestionar decisiones que les afectan y a proponer caminos de restauración. Esta participación fortalece la vigilancia ciudadana, amplía los espacios de incidencia y permite que las decisiones públicas respondan a la realidad vivida, no solo a los indicadores que caben en un expediente.

Defender un río, un humedal o una montaña implica reconocer que los bienes comunes no se sostienen sin vínculos, sin memoria y sin comunidades organizadas. La participación ambiental, cuando nace desde el territorio, se convierte en una herramienta poderosa para frenar el deterioro, visibilizar impactos y construir alternativas justas. Es también una apuesta ética: afirmar que el agua, la tierra y la vida no pueden quedar en manos de intereses extractivos que fragmentan la comunidad y debilitan los ecosistemas.

Por eso, este monitoreo no es solo un registro. Es un ejercicio de ciudadanía ambiental, una forma de proteger lo que nos sostiene y un recordatorio de que la defensa de los bienes comunes empieza escuchando, observando y actuando en conjunto. Allí, entre las piedras y las voces de la gente, germina la posibilidad de un futuro donde los ríos vuelvan a cantar.

Te invitamos a descargar el informe completo del monitoreo comunitario Buscando las semillas de las piedras. En sus páginas encontrarás el recorrido detallado del Río Frío, las voces de quienes lo habitan y los hallazgos que evidencian la urgencia de proteger este bien común. Descargarlo es una manera de acompañar a la comunidad en su defensa del territorio y de sumarte a la construcción de un futuro donde el río vuelva a tener fuerza y vida.

Pueden descargar el informe aquí.

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Aprendamos a hacer proyectos juntas: un proceso para fortalecer capacidades y construir comunidad en Upala

Entre agosto y octubre de 2025, un grupo de mujeres de diferentes comunidades de Upala participó en el proceso formativo “Aprendamos a hacer proyectos juntas”, un espacio de educación popular orientado a comprender —paso a paso y de manera accesible— qué es y qué implica la formulación de un proyecto. Durante cinco sesiones trabajamos con metodologías prácticas, diálogo horizontal y ejercicios vinculados a la experiencia real de cada participante.

El objetivo del proceso no fue aprender a llenar formularios, sino perder el miedo, fortalecer conocimientos y desarrollar herramientas que permitan planificar, gestionar y evaluar proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades y los emprendimientos.

A través de intercambios, reflexiones y ejercicios colectivos, fuimos construyendo claridad sobre los elementos fundamentales de un proyecto: el problema, los objetivos, las actividades, los recursos, el cronograma, el presupuesto y la evaluación. Este es un resumen del camino recorrido.

Un proceso construido paso a paso

Cada sesión del taller dejó aprendizajes valiosos que fuimos recogiendo y transformando en materiales de apoyo para que el conocimiento no quedara solo en el aula, sino que pudiera acompañar a cada participante en su casa, en su emprendimiento o en su organización.

Este proceso fue creciendo como un hilo que une ideas, experiencias y saberes: empezamos preguntándonos qué es un proyecto, luego aprendimos a nombrar los problemas desde nuestras realidades, pasamos a construir objetivos, planificar actividades, ordenar recursos, hacer presupuestos y, finalmente, pensar cómo evaluar lo que logramos.

Para facilitar este camino, elaboramos cinco boletines de devolución, uno por cada sesión. Cada boletín recoge lo aprendido, lo explica de forma sencilla y lo acompaña con ejemplos prácticos tomados del propio grupo.

A continuación, presentamos qué trabajamos en cada sesión, lo que contiene cada boletín y cómo puede ayudarte a seguir fortaleciendo tu proyecto.

1. Sesión 1: ¿Qué es un proyecto? Ordenar ideas para transformar realidades

El proceso inició explorando qué sentimos y qué imaginamos cuando hablamos de “proyecto”. Muchas compartieron emociones como incertidumbre, miedo o desconfianza, asociadas a trámites o documentos complicados. Sin embargo, también surgieron esperanza y motivación: un proyecto puede ser una herramienta para mejorar la economía familiar, fortalecer una organización o resolver una necesidad comunitaria.

Aprendimos que un proyecto es una idea organizada para alcanzar un objetivo, y que sigue un ciclo claro: diagnóstico → planificación → ejecución → evaluación. También trabajamos en los primeros ejemplos reales de emprendimientos y dificultades cotidianas, descubriendo que un proyecto debe leerse como una cadena coherente donde cada pieza encaja.

2. Sesión 2: Del árbol de problemas al árbol de objetivos

Uno de los aprendizajes más profundos del proceso fue cambiar la forma de nombrar los problemas. En vez de decir “falta de horno”, aprendimos a señalar la afectación: “la falta de horno impide cumplir pedidos y provoca pérdida de ingresos”.
Este cambio permite entender mejor qué queremos mejorar realmente.

Construimos árboles de problemas identificando causas (raíces), problema central (tronco) y efectos (ramas). Luego, dimos vuelta el árbol para transformarlo en acciones, objetivos y resultados. Este ejercicio permitió ver que los proyectos parten de necesidades sentidas y aspiraciones colectivas.

3. Sesión 3: Actividades y recursos – Planear el camino

Con el objetivo ya definido, pasamos a convertirlo en acciones concretas. Aprendimos que las actividades son los pasos ordenados que nos acercan a la meta, y que cada una requiere recursos humanos, materiales y económicos.

Reconocimos la importancia de encadenar acciones en el orden correcto y visibilizar recursos “ocultos”: transporte, adecuaciones de espacio, permisos, empaques, mantenimiento, entre otros. Esto nos ayudó a evitar sorpresas y fortalecer la planificación del proyecto.

4. Sesión 4: Cronograma y presupuesto – Darle forma real al proyecto

En esta sesión organizamos el tiempo y le pusimos números al plan. Comprendimos que:

  • -Las actividades no son lo que hacemos diariamente, sino lo que necesitamos hacer para lograr el objetivo.

  • -El cronograma permite ordenar tiempos y responsabilidades.

  • -El presupuesto debe responder directamente a cada actividad, y debe diferenciar el aporte del grupo, lo solicitado a la institución y otros apoyos.

También analizamos gastos ocultos, un aspecto clave para evitar pérdidas o imprevistos. Ejercicios de viabilidad e inviabilidad mostraron lo importante que es calcular bien y ser realistas.

5. Sesión 5: Evaluación e indicadores – Cómo saber si estamos avanzando

En la última sesión conversamos sobre la importancia de la evaluación como herramienta de aprendizaje. Los indicadores —cuantitativos y cualitativos— permiten ver resultados, registrar avances, demostrar impacto y tomar decisiones para seguir creciendo.

También aprendimos que los indicadores deben pensarse desde el inicio y que requieren instrumentos para medirlos: listas, registros, encuestas, testimonios, bitácoras o fotografías.

Principales aprendizajes del proceso
  • Un proyecto no resuelve todo: ayuda a transformar un aspecto específico de la vida o la comunidad.

  • El problema se formula como una afectación, no como la falta de algo.

  • El objetivo es la condición positiva que queremos alcanzar.

  • Los objetivos específicos son pasos que sostienen el objetivo general.

  • Las actividades deben ser acciones concretas y ordenadas, no ideas dispersas.

  • Los recursos pueden ser humanos, materiales, económicos y también comunitarios o naturales.

  • Un buen cronograma organiza el proceso y evita improvisaciones.

  • El presupuesto se construye desde las actividades, con claridad en las fuentes.

  • La evaluación no es el final: acompaña todo el proyecto.

  • Los indicadores muestran avances y fortalecen la capacidad de gestión.

  • Aprender juntas es un ejercicio de confianza, creatividad y autonomía.

Nuestros boletines
Boletín 1 — ¿Qué es un proyecto? Primeras ideas para comenzar

En este boletín se introducen las bases para comprender qué es un proyecto y cómo se estructura. Encontrarás:

  • -Una explicación sencilla de qué es un proyecto, por qué se usa y cómo ayuda a ordenar ideas.

  • -Las etapas básicas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

  • -Claves para perder el miedo, entender que nadie nace sabiendo y que un proyecto es un proceso que se aprende.

  • -Ejemplos prácticos usando situaciones reales de los emprendimientos del grupo (como la microempresa de repostería y la mejora de condiciones productivas).

  • -Reflexiones iniciales sobre cómo un proyecto ayuda a enfocarse en un aspecto específico de una necesidad y no en “resolverlo todo”.

Este boletín es ideal para recordar la estructura general del proyecto y entender el rol de cada parte dentro del proceso.

Puede descargarlo aquí.

Boletín 2 — Del árbol de problemas al árbol de objetivos

Este es uno de los materiales más importantes, porque enseña a formular correctamente el problema y transformarlo en un objetivo. Contiene:

  • Explicación clara del árbol de problemas:

    • -Cómo identificar el problema central.

    • -Cómo distinguir causas (raíces) y efectos (ramas).

    • -Por qué el problema no es “la falta de algo”, sino la afectación que eso provoca.

  • Árbol de objetivos: cómo transformar cada elemento del árbol de problemas en una meta o acción positiva.

  • Ejemplos reales desarrollados por el grupo, como:

    • -Falta de maquinaria → reducción de ingresos → necesidad de mejorar la producción.

  • Consejos para evitar errores comunes, como confundir causas con efectos o definir problemas muy amplios.

  • Orientaciones para redactar objetivos claros, vinculados a mejoras reales en la vida de las personas.

Este boletín permite ordenar la mirada y sentar las bases sobre las cuales se construye todo el proyecto.

Pueden descargarlo aquí.

Boletín 3 — Actividades y recursos: planear el camino

En este boletín se trabaja la relación entre “qué quiero lograr” y “qué tengo que hacer para alcanzarlo”. Allí encontrarás:

  • -Diferencias entre objetivo y actividad, con explicaciones sencillas.

  • -Cómo convertir el objetivo en pasos concretos, ordenados y encadenados.

  • -Tipos de recursos: humanos, materiales y económicos, con ejemplos claros.

  • -Ejemplos prácticos desarrollados en la sesión, como el caso del horno para la microempresa de repostería.

  • -Sección de ejercicios para practicar cómo identificar qué recursos necesita cada actividad.

  • -Lista de “recursos ocultos” que suelen olvidarse: transporte, permisos, mantenimiento, adecuaciones del espacio, etc.

Este boletín ayuda a pensar de manera realista todo lo que implica llevar a cabo un proyecto y a evitar sorpresas en la ejecución.

Pueden descargarlo aquí.

Boletín 4 — Cronograma y presupuesto: darle forma real al proyecto

Uno de los boletines más completos, porque combina tiempo, recursos y costos. Incluye:

  • -Qué es un cronograma, para qué sirve y cómo ordenar las actividades en el tiempo.

  • -Cómo construir un presupuesto paso a paso, siempre a partir de las actividades.

  • -Explicación sobre unidades de medida y uniformidad (semana, mes, total), para evitar errores al sumar ingresos o gastos.

  • -Cómo diferenciar las fuentes de financiamiento:

    • lo que se solicita al fondo o institución,

    • lo que aporta la comunidad o el emprendimiento,

    • lo que financia otra organización.

  • -Ejercicios prácticos completos y detallados, incluyendo el caso de los tamales, la ASADA y otros ejemplos trabajados en grupo.

  • -Ejemplos de proyectos viables e inviables, explicando por qué algunos costos, tiempos o actividades no cierran.

  • -Sección sobre costos ocultos, fundamental: transporte, permisos, insumos pequeños, adaptaciones de espacio o servicios.

Este boletín permite que cualquier persona pueda preparar un presupuesto sólido y realista.

Pueden descargarlo aquí.

Boletín 5 — Evaluación e indicadores: saber si avanzamos

El boletín final aborda el cierre del ciclo del proyecto, pero también una parte que acompaña desde el inicio: la evaluación. Incluye:

  • -Qué es evaluar y por qué debe pensarse desde el primer día.

  • -Tipos de indicadores:

    • Cuantitativos: números, cantidades, porcentajes.

    • Cualitativos: cambios, percepciones, mejoras en organización, confianza, habilidades.

  • -Ejemplos concretos de indicadores aplicados a los proyectos del grupo (como aumento de producción, mejora en ingresos, disminución de pérdidas, aumento de participación).

  • -Instrumentos para medirlos: listas de asistencia, bitácoras, registros, fotografías, encuestas, testimonios.

  • -Juego tipo rompecabezas, utilizado para evaluar si reconocen correctamente el orden y la función de cada parte del proyecto.

  • -Resumen de todos los pasos trabajados para dar una mirada completa al proceso.

Este boletín convierte la evaluación en una herramienta accesible, útil y formativa, no en una carga administrativa.

Pueden descargarlo aquí.

Video final: Aprendamos a hacer proyectos juntas

Para cerrar el proceso, preparamos un video que recoge las voces de las participantes, quienes comparten qué significó este taller, cómo fortaleció sus capacidades y por qué es fundamental que la universidad pública continúe generando espacios de formación gratuitos y accesibles en los territorios.

Agradecimiento especial:
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a Fundación Mujer, cuya apertura, acompañamiento y apoyo hicieron posible este proceso formativo en Upala. Gracias por brindarnos un espacio seguro, accesible y acogedor para reunirnos, aprender y construir juntas. Sin su compromiso con las comunidades y con la educación popular, este camino compartido no hubiera sido posible.

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Mujeres de Nueva esperanza: La Lucha por la tierra – video

Las mujeres campesinas de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza han sembrado, por más de dos décadas, mucho más que alimentos: han cultivado comunidad, dignidad y un modelo ejemplar de agroecología en Caño Negro, Los Chiles. Hoy, enfrentan un proceso de despojo que ha borrado cercas, infraestructura y documentos, pero no su convicción.

Este video recoge sus voces en un momento crítico: relatan cómo construyeron “el pulmón de la esperanza”, cómo avanzó la ocupación ilegal de la finca y cómo el abandono institucional —marcado por la pasividad del INDER— profundizó la injusticia.

Aun así, ellas continúan resistiendo. Saben que la lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir viviendo y cultivando aquello que han defendido durante casi 30 años. Su historia recuerda una verdad incómoda: cuando el Estado se ausenta, quienes más pierden son las mujeres rurales que sostienen, desde abajo, la vida y los bienes comunes.

Este video es un acto de memoria y denuncia, pero también de esperanza. Te invitamos a escucharlas.

Memoria viva: un documental para entender lo que está en juego

Como parte del esfuerzo por resguardar la memoria de esta experiencia, también ponemos a disposición el documental Para que vuelvan las mariposas (UNED), una obra que revela la profundidad del trabajo realizado por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza. Con sensibilidad y fuerza, el documental muestra cómo, en medio de la devastación ambiental provocada por la piña y la ganadería extensiva, ellas levantaron un modelo agroecológico colectivo capaz de restaurar suelos, recuperar biodiversidad y reactivar la vida en su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia y alimentos sanos regresaron gracias a su trabajo incansable.

Hoy, ese legado está nuevamente en riesgo. La finca donde nació esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con el silencio cómplice de instituciones como el INDER. Lo que antes fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria está siendo despojado, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo acercarse a una historia de organización y esperanza:
es reconocer la dimensión de la pérdida y la urgencia de proteger la memoria, la tierra y a quienes la defienden.

🌱 Cuando las mariposas desaparecen, sabemos que algo vital se está perdiendo.
Cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si cuidamos la tierra y a quienes la cultivan.

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A 36 años del martirio de la UCA: memoria para un presente que exige justicia

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando del Ejército salvadoreño irrumpió en la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó brutalmente a seis jesuitas —Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López— junto a Julia Elba Ramos y su hija Celina. Aquel crimen, destinado a silenciar un pensamiento incómodo, se convirtió en un hito de conciencia para América Latina: la evidencia de que una universidad crítica puede ser vista como enemigo por quienes necesitan mantener la injusticia.

Hoy, su memoria sigue siendo semilla. No porque repitamos lo que hicieron, sino porque su legado nos obliga a preguntarnos dónde estábamos, dónde estamos y dónde queremos estar frente a las realidades de desigualdad, violencia y exclusión que persisten.

El contexto que cargaron sobre los hombros

Los mártires de la UCA vivieron y trabajaron en una Centroamérica marcada por guerras civiles, desplazamientos masivos, dictaduras militares y la consolidación de aparatos contrainsurgentes que convirtieron la política en un territorio minado. En El Salvador, la violencia estructural tenía raíces profundas: etnocidios, despojo, acumulación oligárquica y una larga historia de represión a los movimientos populares.

En ese escenario, la universidad —como fuerza social— no podía permanecer al margen. Ellacuría insistía en que la misión universitaria debía interpretarse desde la realidad histórica de los excluidos: allí se jugaba la verdad, allí se definía la ética.

Las propuestas y acciones que incomodaron al poder

Lo que los jesuitas hicieron fue profundamente universitario:
conocimiento riguroso, pensamiento crítico, defensa de derechos humanos, análisis estructural de las injusticias, mediación en el conflicto, esclarecimiento de la verdad.

Entre sus contribuciones más significativas:

  • -Transformaron la investigación en laboratorio de la verdad social, desmantelando narrativas oficiales.

  • -Señalaron las causas profundas de la guerra: desigualdad, represión, concentración de poder.

  • -Dieron voz a las víctimas mediante encuestas, informes y acompañamiento pastoral y social.

  • -Impulsaron una salida negociada al conflicto cuando la lógica bélica dominaba el país.

  • -Sostuvieron una educación orientada hacia las mayorías oprimidas, no hacia las élites.

Por esa incidencia real fueron criminalizados. No por ser religiosos: por ser peligrosamente libres.

Poder, criminalización y el precio de decir la verdad

El martirio de la UCA revela un patrón que sigue vigente:
cuando la verdad desafía los intereses del poder, el poder reacciona con violencia.

Los jesuitas fueron acusados de aliados de la subversión; señalados, vigilados y finalmente ejecutados. La criminalización no se basó en hechos, sino en la necesidad de eliminar una fuerza que desmontaba la mentira institucional y cuestionaba la impunidad.

Esta lógica persiste hoy cuando defensoras ambientales, periodistas, estudiantes, movimientos indígenas o académicos críticos son hostigados por denunciar modelos extractivos, corrupción o violencias estructurales. La lección es clara: la verdad tiene un costo, pero el silencio también lo tiene.

Ecumenismo y opción por el pobre: un horizonte ético que desborda a la Iglesia

La experiencia de los mártires de la UCA revela que el compromiso con las víctimas no nace de una pertenencia religiosa, sino de una sensibilidad ética que atraviesa múltiples tradiciones. La opción por el pobre —entendida como ponerse del lado de quienes sufren la injusticia— surgió en la UCA no como un mandato interno de la Iglesia, sino como respuesta a una realidad histórica que clamaba por ser escuchada. La pobreza estructural, la represión y la violencia estatal no eran problemas “pastorales”: eran heridas humanas que exigían verdad, dignidad y justicia.

En ese contexto, el ecumenismo dejó de ser un diálogo teórico entre credos para convertirse en un espacio práctico de encuentro. En El Salvador —como en buena parte de Centroamérica— coincidieron comunidades cristianas de distintas denominaciones, personas no creyentes, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles, grupos de derechos humanos y sectores populares que compartían una misma certeza: la vida de los pobres vale, y vale defenderla. No se trataba de uniformar identidades, sino de unir fuerzas desde lo que cada quien era, reconociendo que la justicia necesita alianzas amplias.

Este ecumenismo “desde abajo” tuvo tres características centrales:

  • -Era un ecumenismo del sufrimiento compartido. No se discutían dogmas; se respondía al dolor real de los desplazados, de las madres que buscaban a sus hijos, de las comunidades arrasadas por la guerra.

  • -Era un ecumenismo del compromiso. Cada tradición aportaba su lenguaje —religioso, filosófico, humanista o político—, pero todas coincidían en que la neutralidad ante la injusticia es complicidad.

  • -Era un ecumenismo de la acción transformadora. No bastaba con acompañar espiritualmente: había que investigar, denunciar, educar, mediar, documentar violaciones, abrir caminos de paz y construir pensamiento crítico.

Por eso, cuando hablamos de la opción por el pobre, hablamos de un horizonte ético que no pertenece en exclusiva a ninguna iglesia, ni a una sola corriente teológica, ni a un grupo político. Es un punto de encuentro entre experiencias espirituales diversas, entre cosmovisiones indígenas que defienden la vida comunitaria, entre humanismos laicos que ponen la dignidad en el centro, entre feminismos que nombran la violencia, entre ciencias sociales que desmontan la desigualdad.

Los mártires de la UCA encarnaron esta amplitud ética: fueron religiosos, sí, pero su misión era profundamente universitaria y humana. Supieron que la verdad se busca con todas las personas que luchan por la vida, independientemente de su fe o no fe. Y entendieron que la justicia jamás será plena si no se construye con quienes padecen la injusticia.

Ese es su legado ecuménico: un llamado a tender puentes, a romper fronteras confesionales e ideológicas y a reconocer que la defensa de la dignidad humana es un trabajo que nos convoca a todas y todos.

Un ecumenismo nacido de la tierra herida

Durante la guerra salvadoreña —y en toda Centroamérica— las comunidades creyentes no actuaron en bloques separados. Católicos, cristianos históricos, comunidades bíblicas de base, personas agnósticas, colectivos de derechos humanos y movimientos populares compartieron espacios, riesgos y proyectos. El ecumenismo se tejió desde abajo, desde la urgencia del sufrimiento, no desde acuerdos doctrinales.

Promovieron una universidad cómo un espacio donde:

  • -se dialogaba con diversidad de tradiciones;

  • -se valoraban saberes no religiosos como parte del discernimiento ético;

  • -se entendía que la justicia es un lenguaje común capaz de unir más que cualquier doctrina.

Este ecumenismo práctico es un llamado a las universidades actuales: no basta tolerar la diversidad, hay que dialogarla y convertirla en fuerza para la justicia.

La opción por el pobre como ética universal

Como señala Sobrino, los Jesuitas de la UCA insistían en que los pueblos crucificados —no la Iglesia como institución— son el lugar teológico y humano desde donde se comprende la realidad.

Pero también afirmaban que la defensa de las víctimas no es propiedad de ninguna tradición. Es un imperativo para toda persona que aspire a un mundo más humano.

Hoy esa opción se expresa en:

  • -movimientos de mujeres que denuncian violencias sistemáticas;

  • -comunidades indígenas que defienden su territorio frente al extractivismo;

  • -movimientos socioambientales que resisten la depredación;

  • -organizaciones estudiantiles que exigen educación pública y dignidad;

  • -redes que acompañan a personas migrantes y desplazadas.

La opción por el pobre es, en términos modernos, una ética de derechos humanos, de justicia social y de defensa de la vida. Un punto de encuentro entre creyentes y no creyentes, entre personas académicas y organizaciones populares, entre espiritualidades diversas que encuentran en el sufrimiento humano una llamada común.

Los desafíos para una universidad crítica en nuestro tiempo

Inspiradas por el legado de los mártires, las universidades enfrentan retos urgentes:

  • -Volver a la realidad como principal criterio de verdad académica.

  • -Resistir la mercantilización que reduce la educación a servicio, cliente y competencia.

  • -Defender la investigación pública frente a la censura o la captura por intereses particulares.

  • -Asumir la incomodidad como parte de su ética institucional.

  • -Integrar la docencia, la investigación y la proyección social desde la dignidad humana.

La universidad crítica del siglo XXI debe ser un espacio donde la ciencia dialogue con las comunidades, donde los saberes académicos se sometan a la prueba del sufrimiento real y donde el conocimiento se vuelva herramienta de justicia.

Ética y compromiso para el quehacer académico actual

La memoria de la UCA interpela hoy a quienes investigan, educan y acompañan procesos sociales:

  • -Honradez con la realidad: no acomodar los hallazgos a lo que conviene políticamente o lo que financia mejor.

  • -Compasión como método: mirar la realidad desde quienes más sufren, sin romantizar ni apropiarse de su voz.

  • -Austeridad y humildad intelectual: abandonar la lógica de prestigio y productividad vacía.

  • -Coraje para incomodar: asumir la crítica como parte de la responsabilidad social.

  • -Defensa de la vida común: enfrentar las estructuras que producen muerte lenta —pobreza, racismo, violencia, extractivismo, misoginia, odio político—.

  • -Diálogo ecuménico permanente: reconocer que la justicia necesita alianzas amplias, no trincheras identitarias.

Los mártires de la UCA, junto a Julia Elba y Celina, nos recuerdan que la verdad no se sostiene sola. Requiere cuerpos, manos, palabras, investigación, docencia, comunidad y mística. Requiere universidades que se atrevan a ser faro cuando la noche política es más oscura.

La memoria de esos ocho rostros no es un acto del pasado: es un llamado urgente a seguir construyendo un presente donde la dignidad sea posible.

Referencias

Sánchez-Sandoval, J. M. (2019). Actualidad del martirio de la comunidad jesuita y desafíos del quehacer universitario en Centroamérica. Revista Latinoamericana de Teología, 36(105), 97–110.

Sobrino, J. (1990). Los mártires de la UCA: Una lectura teológica. Revista Latinoamericana de Teología, 7(19), 129–151.

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Monitoreo Comunitario en el Caribe Sur: La Lucha contra la degradación ambiental

La costa del Caribe Sur es un mosaico de ecosistemas frágiles: playas, humedales, quebradas y bosques que sostienen una biodiversidad invaluable y sustentan la vida cotidiana de las comunidades locales. Sin embargo, estos territorios enfrentan una presión creciente producto de actividades extractivas, deforestación y la ocupación ilegal de zonas públicas. Frente a estas amenazas, el monitoreo comunitario se ha convertido en una línea de defensa fundamental. En primera fila se encuentra la labor incansable de Philippe Vangoidsenhoven, quien, mediante recorridos, fotografías y denuncias, ha documentado patrones preocupantes de impunidad, conflictos sociales y debilitamiento de la institucionalidad ambiental.

Su trabajo revela que lo que ocurre en la zona no son hechos aislados, sino síntomas de una problemática estructural: la tensión permanente entre intereses individuales, vacíos en educación ambiental y la fragilidad de los mecanismos de control del Estado.

A continuación, un resumen de lo que Philippe ha encontrado en las últimas semanas.

¿Qué se ha documentado recientemente?

Empezamos con buenas noticias: el retiro del contenedor en Cocles —ordenado judicialmente— finalmente permitirá la regeneración del bosque costero. La estructura, ubicada dentro de un área declarada Patrimonio Natural del Estado, generaba un impacto directo sobre el ecosistema al ocupar y alterar una franja clave del bosque costero. Fue la denuncia formal presentada y sostenida únicamente por Philippe la que permitió que el proceso avanzara. Su remoción marca el cierre de un trámite prolongado y abre la posibilidad real de que el ecosistema costero se recupere plenamente. Como señaló él mismo, este avance representa un alivio y una señal positiva para la protección del territorio.

No obstante, el monitoreo también ha identificado intervenciones que siguen afectando los ecosistemas locales.

Caso 1: Paraiso Road chapea de bosque

Se registra chapea en bosque y limpieza de vegetación sin evidencia de permisos ni controles por parte de las autoridades.

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Caso 2: Tala en Área de Humedal

Se reporta la tala de un árbol de gran tamaño en Playa Negra, dentro de un ecosistema de humedal altamente protegido por su función ecológica y su vulnerabilidad.

Caso 3: Tala Reiterada en la Ribera de una Quebrada

En Hone Creek persiste la alteración de la zona de protección de una quebrada, donde no solo se ha chapado y fumigado la orilla, sino que con frecuencia se depositan tierra, troncos, ramas y restos de construcción para ir rellenando el humedal y preparar el terreno para futuras edificaciones. En años recientes también se habían talado árboles de gran tamaño en la ribera misma. Aunque MINAE y la Policía ya han visitado el sitio, los propietarios insisten en que pueden “modificar su terreno”, desconociendo que las áreas ribereñas son de dominio público y están sujetas a estricta protección ambiental.

Galería

Caso 4: Conflictos por chapea y fumigación de humedal

Se documenta un ambiente hostil al intentar monitorear la chapea y fumigación del humedal y del bosque. Philippe ha enfrentado reiterados episodios de intimidación, que incluyen amenazas previas, el envenenamiento de sus perros y, más recientemente, haber sido perseguido por un vehículo durante el monitoreo en esta misma zona —hecho ya reseñado en una nota anterior. Todo ello configura un patrón que podría interpretarse como represalias por su labor de documentación y denuncia.

Caso 5: Rótulo de testigo de alteración en “Beach Break” y Playa Negra

Se registra la intervención de un sitio utilizado como “beach break” mediante maquinaria, chapeo y rellenos en un área declarada patrimonio natural del Estado. Según denuncias reiteradas, el MOPT depositó lastre mediante vagonetas en el lugar, generando un relleno que nunca ha sido removido pese a múltiples reportes ante las autoridades. Aun cuando se han realizado inspecciones, el material permanece y las intervenciones continúan en la zona.

En Playa Negra ocurre una situación similar, se constató la intención de ampliar el relleno para habilitar más construcción. Aunque ese trabajo se detuvo, ya existe un edificio construido sobre un humedal previamente rellenado y dentro de los 50 metros de la pleamar ordinaria, sin un plan regulador costero que lo avale. A pesar de ser una obra levantada en zona pública y en un ecosistema protegido, cuenta con un permiso municipal y no ha sido clausurada, pese a su evidente ilegalidad.

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Caso 6: Expansión Comercial y Ocupación Ilegal de la Zona Pública

En esta zona se observa una expansión comercial que opera plenamente dentro de la playa mediante la instalación de un bus-restaurante, carretas rodantes que en realidad no se mueven, estructuras techadas y plataformas que se presentan como “movibles”, pero que funcionan como locales fijos. A esto se suman postes, luminarias, cableado y otros elementos que consolidan una ocupación estable en un bien público de uso común.

También se ha documentado el uso recurrente de quemas en la playa. Philippe registró fogatas de gran tamaño que se realizan de forma habitual durante la noche, incluyendo la quema de una tabla de surf, cuyos materiales sintéticos liberan fibras y contaminantes que quedan en la arena. La iluminación artificial, que ha sido denunciada tres o cuatro veces sin resultados, permanece encendida y facilita estas prácticas. Estas quemas no solo degradan el ecosistema, sino que representan un riesgo para la fauna, para la integridad de la playa y para las personas usuarias.

A ello se suma la recolección permanente de madera y troncos arrastrados naturalmente por el mar. Esta madera —fundamental para la dinámica ecológica de la playa y que forma parte de su estado natural— es usada en las quemas o retirada para “limpiar” el espacio y adecuarlo a la estética que buscan los comercios. En las mañanas es común ver a dos o tres trabajadores rastreando la arena para dejarla sin una hoja, sin una rama y sin un solo tronco, como si la playa fuese una extensión privada del negocio y no un ecosistema vivo.

Manipulación del paisaje: la playa como escenario artificial

Más allá de las estructuras y quemas, lo que ocurre en esta zona es una manipulación sistemática del paisaje. La playa se transforma para ajustarse al modelo estético del comercio: una franja “perfecta”, limpia y homogénea, sin restos naturales, sin troncos depositados por las mareas y sin señales de la dinámica ecológica del bosque costero.

Esta limpieza intensiva altera gravemente el ecosistema. Los troncos y ramas que el mar deposita cumplen funciones esenciales: retienen arena, protegen la playa de la erosión, generan microhábitats y forman parte del ciclo natural de los organismos costeros. Eliminarlos no solo empobrece el ecosistema, sino que expande la percepción de que la playa es un terreno maleable para uso comercial.

La suma de estructuras permanentes disfrazadas de móviles, quemas constantes, retiro de material natural y mantenimiento artificial de la arena crea una versión falseada de la playa: una postal estética pensada para el consumo turístico, que oculta la degradación ambiental y la apropiación privada de un bien público de alto valor ecológico.

Esta manipulación paisajística, sostenida día tras día, es parte clave del problema: transforma la playa en un escenario comercial y rompe la relación vital entre el ecosistema, la comunidad y el espacio común que la ley protege.

La Doble Herida: Apropiación Privada de lo Público y Asfixia de los Ecosistemas

Los casos evidencian un patrón claro: la ocupación ilegal de playas y zonas públicas no solo afecta el equilibrio ecológico, sino que hiere profundamente a las comunidades y a la cultura local.

Para las comunidades: pérdida del espacio común

La zona marítimo-terrestre es, por ley, un bien público indisponible. Su apropiación genera:

  • -Restricción del acceso y disfrute: Las playas, que deberían ser espacios de convivencia y recreación, se transforman en extensiones privadas de bares o negocios.
  • -Desigualdad y competencia desleal: Mientras unos cumplen la ley, otros lucran ilegalmente con un bien común, profundizando brechas sociales y económicas.
  • -Erosión de la cultura local: Las playas son espacios históricos de encuentro, deporte, pesca y celebración. Su privatización desarticula estas prácticas y debilita la identidad comunitaria.

Para los ecosistemas: pérdida de resiliencia y degradación acelerada

Los ecosistemas costeros necesitan espacio para funcionar y adaptarse; cuando se los comprime, se deterioran:

  • -Fragmentación del hábitat: Las luces y estructuras interrumpen rutas de especies sensibles como tortugas marinas, que dependen de playas oscuras para anidar.
  • -Alteración de procesos naturales: Edificaciones en la playa afectan la dinámica de erosión y sedimentación, acelerando la pérdida de arena y aumentando la vulnerabilidad ante tormentas y el cambio climático.
  • -Contaminación lumínica, acústica y física: La actividad comercial intensiva introduce factores disruptivos que afectan la fauna y reducen la capacidad del ecosistema para recuperarse.
La brecha entre el anuncio y la acción: límites de la protección simbólica

La colocación de rótulos que declaran un área como “Patrimonio Natural del Estado” funciona, en teoría, como un acto de reconocimiento oficial y una señal pública de protección. Sin embargo, en los casos de Beach Break y Playa Negra, estos rótulos terminan operando como acciones meramente simbólicas, incapaces de frenar las dinámicas materiales que transforman y degradan el territorio. Cuando el chapeo, los rellenos, la maquinaria y las construcciones continúan sin consecuencias, el rótulo se convierte en una imagen vaciada de contenido: un gesto institucional que no se traduce en control ni en aplicación efectiva de la ley.

Para las personas denunciantes, la contradicción es evidente: mientras se anuncia una intención de proteger, las actividades ilegales avanzan o se consolidan con permisos municipales que ignoran la normativa ambiental. La presión por habilitar nuevos usos —desde rellenos para futuras obras hasta edificios levantados en humedales o dentro de la zona pública— desborda la capacidad o la voluntad estatal para hacer cumplir las regulaciones. En este contexto, el rótulo adquiere un doble carácter: por un lado, afirma un valor ecológico; por otro, evidencia la incapacidad institucional de resguardar ese valor cuando se enfrenta a intereses económicos y a prácticas normalizadas de ocupación ilegal.

El resultado es un paisaje donde los símbolos de protección conviven con la degradación ambiental, generando un sentimiento de frustración y desconfianza hacia el sistema. Las personas defensoras interpretan esta brecha como muestra de un modelo en el que la protección formal existe —declaratorias, rótulos, discursos— pero la protección real se diluye entre trámites lentos, acciones inconsistentes y permisividad frente a intervenciones que, una vez consolidadas, son difíciles de revertir. En última instancia, la experiencia pone en evidencia los límites profundos de las acciones simbólicas cuando no están acompañadas de voluntad política, vigilancia efectiva y capacidad de hacer cumplir la ley frente a las presiones sobre el territorio.

La Ficción de lo “Movible”: Simulaciones que Ocultan Construcciones Permanentes

En varios de los casos documentados, las estructuras instaladas en la playa se presentan como “movibles” —techos livianos, plataformas supuestamente desmontables e incluso buses y carretas rodantes— para eludir la regulación estricta de la zona pública marítimo-terrestre. Sin embargo, las fotografías muestran algo muy diferente: bases estabilizadas, conexiones eléctricas fijas, luminarias enterradas en arena compactada y estructuras que no han cambiado de lugar durante meses o incluso años.

Aunque algunas de estas instalaciones tengan ruedas, la evidencia indica que no se mueven en absoluto. Funcionan como locales comerciales estables: con mesas, sillas, cableado, tarimas y puntos de luz que denotan permanencia operativa. Lo “rodante” y lo “movible” son, en la práctica, un disfraz para encubrir la ocupación continua de un bien de dominio público.

Este tipo de simulación busca normalizar la apropiación progresiva de la playa, bajo la apariencia de temporalidad o flexibilidad, mientras en realidad se consolida un uso privado y lucrativo.

Por qué no se pueden instalar gimnasios, buses, carretas ni estructuras comerciales en la playa

En otros espacios —parques urbanos, polideportivos o zonas privadas con permisos municipales— sí es pertinente y legal instalar gimnasios, food trucks, carretas rodantes o módulos recreativos. En esos lugares se cuenta con:

  • -infraestructura diseñada para soportar cargas y tránsito,

  • -regulación municipal específica,

  • -sistemas de manejo de residuos y aguas grises,

  • -normas de seguridad para usuarios y transeúntes.

La playa, en contraste, es un espacio con características únicas e incompatibles con este tipo de instalaciones:

  • -Es un ecosistema vivo y dinámico, donde el movimiento natural de la arena, las mareas y la fauna requiere espacio libre.

  • -Es un área protegida por ley, de dominio público, que no puede ser cercada ni convertida en extensión comercial.

  • -Es un hábitat crítico, especialmente para especies como tortugas marinas, afectadas por luces, ruido y obstáculos.

  • -Prohíbe construcciones permanentes o semipermanentes, incluso si tienen ruedas o apariencia “movible”.

Movible no significa inocuo: la privatización silenciosa del espacio común

La instalación de buses, carretas y estructuras que no se mueven crea una infraestructura que, aunque se disfrace de temporal, opera como punto fijo de comercialización. Esto detona procesos de:

  • -ampliación de mobiliario,

  • -aumento de iluminación artificial,

  • -introducción de residuos y ruido,

  • -reducción del acceso comunitario,

  • -transformación del paisaje natural en un espacio privatizado.

Lo que inicia como una estructura supuestamente móvil se convierte rápidamente en una ocupación estable, que desplaza usos comunitarios y erosiona la función ecológica de la playa.

La Última Línea del Caribe Sur

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven y otros ciudadanos funciona como una alerta temprana ante una crisis socioambiental que avanza silenciosamente. La deforestación, las talas ilegales y la apropiación de zonas públicas no solo constituyen delitos ambientales: también erosionan la democracia, al normalizar la impunidad; afectan la equidad, al permitir privilegios ilegales; y vulneran el derecho constitucional a un ambiente sano.

Quienes ejercen vigilancia comunitaria representan la última línea de defensa frente al deterioro, a menudo enfrentándose solos a amenazas, hostilidad y burocracias que no responden con la urgencia necesaria. Su trabajo demuestra una verdad esencial: proteger los bienes comunes naturales no es opcional; es una condición para la vida digna hoy y para la supervivencia futura.

El Trabajo de Monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven: La Evidencia en Primer Plano

Los casos documentados no son casualidad: responden a un trabajo metódico y sostenido que comprende:

  • Recorridos constantes en territorio: Revisión periódica de áreas críticas del Caribe Sur, tales como Playa Negra, Hone Creek y la zona de Beach Break.
  • Evidencia fotográfica y videográfica: Uso de cámaras, teléfonos y drones para registrar situaciones que muchas veces pasan desapercibidas para las autoridades.
  • Denuncias formales: Presentación de evidencia ante instancias ambientales y judiciales, a pesar de respuestas lentas o ineficaces.
  • Visibiliza la corrupción: Su seguimiento constante permite evidenciar irregularidades y presionar para la remoción de funcionarios que han obstaculizado la protección ambiental.
  • Resiliencia ante la intimidación: Decisión de denunciar con nombre propio, pese a amenazas, acoso vecinal y agresiones a sus animales.

Su trabajo confirma que el monitoreo comunitario es una herramienta indispensable para fortalecer la aplicación de la ley, revelar patrones de degradación y generar presión social para la acción institucional.

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Costa Rica ante el avance del crimen organizado ambiental: tendencias, riesgos y disputas por los bienes comunes

Costa Rica continúa proyectándose internacionalmente como un país verde, democrático y comprometido con la sostenibilidad. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad distinta y profundamente preocupante: el país experimenta un aumento sostenido en los mercados criminales y en la presencia de actores ilícitos vinculados a actividades que depredan la naturaleza. Este deterioro ocurre en paralelo a un debilitamiento de capacidades institucionales y a un incremento de riesgos para las comunidades que defienden sus territorios.

En este escenario, los bienes comunes naturales —bosques, ríos, mares, suelos y biodiversidad— se ven cada vez más disputados por redes criminales, intereses económicos irregulares y comunidades que intentan proteger su entorno y su forma de vida. Las tensiones ambientales ya no deben entenderse únicamente como conflictos puntuales, sino como parte de una transformación estructural que afecta la gobernanza ecológica, la seguridad y la democracia del país.

A continuación se desarrollan las principales tendencias identificadas y, luego, se analizan sus implicaciones para los bienes comunes y para las personas defensoras que los protegen.

Tendencias socioambientales en Costa Rica (2025)

El diagnóstico revela cinco procesos clave que, lejos de ser coyunturales, se consolidan como tendencias críticas para comprender la situación ambiental y territorial del país.

Crecimiento sostenido de la tala ilegal y del tráfico de flora

La tala ilegal persiste como la principal denuncia ambiental en buena parte del territorio nacional. La extracción ilícita de especies de alto valor —como cocobolo y chilamate— se orienta a mercados internacionales y se sostiene mediante redes que operan con la implicación o la tolerancia de agentes públicos encargados de la fiscalización forestal.

Más allá de la pérdida arbórea inmediata, este proceso fragmenta hábitats, debilita corredores biológicos y presiona territorios indígenas y zonas de recarga hídrica que sostienen servicios ecosistémicos fundamentales para comunidades locales.

Aumento del tráfico de fauna silvestre

El tráfico de fauna convierte a Costa Rica en un punto de origen relevante para la extracción ilícita de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones con destino a mercados en América del Norte y Europa. Las redes criminales sofisticadas se apoyan en plataformas digitales y, en ciertos casos, en nexos con estructuras del narcotráfico para evadir controles.

El impacto ecológico es severo: reducción de poblaciones de especies vulnerables, alteración de cadenas tróficas y socavamiento de décadas de esfuerzos de conservación liderados por comunidades y organizaciones locales.

Expansión de la minería ilegal y contaminación por mercurio

La minería ilícita —con antecedentes notorios en zonas como Crucitas— se extiende hacia nuevas áreas, creando focos de degradación ambiental caracterizados por deforestación, erosión, sedimentación y contaminación por mercurio. Estas prácticas suelen asentarse en contextos de explotación laboral de poblaciones migrantes y se desarrollan al margen de controles estatales efectivos.

Los territorios afectados por la minería ilegal se transforman así en enclaves de precariedad socioeconómica, violencia y daño ecológico difícil de revertir.

Puertos, fronteras y mares como zonas críticas del crimen ambiental

La posición estratégica de Costa Rica —fronteras terrestres y accesos marítimos al Caribe y al Pacífico— convierte determinadas zonas en corredores para múltiples actividades ilícitas: tráfico de fauna y flora, contrabando, narcotráfico y rutas migratorias informales. Estas áreas concentran riesgos elevados y concentran tensiones entre intereses económicos, criminales y comunitarios.

Cuando el control estatal es débil, las comunidades costeras, pesqueras e indígenas ven erosionada su capacidad para gestionar y proteger sus recursos.

Debilitamiento de la capacidad estatal para la gestión ambiental

Aunque el país cuenta con marcos legales avanzados, existen problemas persistentes: insuficiente financiamiento para fiscalización, tensiones interinstitucionales, presiones por flexibilizar controles ambientales y limitaciones en la respuesta judicial. En conjunto, estas deficiencias reducen la capacidad preventiva y reactiva del Estado frente a delitos ambientales.

La pérdida de presencia estatal en territorios clave crea vacíos que facilitan la expansión de actividades ilícitas y deja a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad.

Tendencias clave del deterioro ambiental y territorial (2025)
TendenciaDescripciónImpacto socioambiental
Tala ilegal y tráfico de maderaExtracción ilícita de especies de alto valor para mercados internacionales.Pérdida forestal, fragmentación de hábitats, afectación de servicios ecosistémicos.
Tráfico de faunaComercio de anfibios, aves, mariposas, tortugas y tiburones mediante redes criminales.Reducción de poblaciones, riesgo para especies vulnerables, disrupción ecológica.
Minería ilegalExpansión de operaciones auríferas informales con uso de mercurio y efectos contaminantes.Contaminación hídrica, deforestación, erosión y impactos en salud comunitaria.
Criminalidad en puertos y fronterasCorredores logísticos que facilitan múltiples economías ilícitas.Aumento de violencia, presión sobre comunidades costeras y fronterizas.
Captura institucionalImplicación o tolerancia de funcionarios que facilitan actividades irregulares.Erosión de la gobernanza y menor efectividad en la fiscalización.
Débil fiscalización estatalFalta de recursos y coordinación para implementar controles y sanciones.Incapacidad de respuesta ante delitos ambientales y proliferación delictiva.
Riesgos para comunidades e indígenasExpansión de economías ilícitas en territorios vulnerables.Amenazas, desplazamientos, pérdida de autonomía y derechos territoriales.
Implicaciones para los bienes comunes naturales

Las tendencias descritas configuran una disputa profunda sobre quién controla y se beneficia de los recursos naturales del país. Más que delitos aislados, estamos ante una reconfiguración del acceso y la gobernanza de los bienes comunes.

Privatización de facto de territorios y recursos: La ocupación por redes criminales implica la conversión de bosques, ríos, minas y mares en activos económicos explotados sin rendición de cuentas. En la práctica, esto equivale a una privatización violenta de bienes que deberían gestionarse de manera colectiva.

Debilitamiento de las formas comunitarias de gestión: Comunidades indígenas, rurales y costeras, que históricamente han sido guardianas de territorios y prácticas sostenibles, ven amenazada su capacidad de decisión y gestión. La presencia criminal y la limitada protección estatal reducen su margen de acción y comprometen medios de vida.

Colapso institucional en áreas estratégicas: La penetración de corrupción y la falta de recursos en organismos de fiscalización, administración municipal y sistemas judiciales generan vacíos de autoridad. Esos vacíos permiten que la destrucción ecológica y la explotación ilegal avancen con impunidad.

Integración del crimen ambiental con otras economías ilícitas: La tala, la minería y el tráfico de fauna no operan aisladamente: se articulan con narcotráfico, contrabando y lavado de activos. Esta integración transforma territorios frágiles en nodos multifuncionales del crimen organizado y multiplica la complejidad de cualquier respuesta pública.

Riesgos y desafíos para las personas defensoras ambientales

El deterioro ambiental y la captura territorial tienen consecuencias directas para la seguridad y el trabajo de quienes defienden los bienes comunes.

Presencia de grupos armados y redes transnacionales: La competencia por recursos estratégicos atrae actores con capacidades violentas y vínculos internacionales, que consideran a defensores y liderazgos comunitarios como obstáculos a eliminar.

Corrupción y captura institucional: Cuando las instancias encargadas de recibir y procesar denuncias están permeadas por actores con intereses en lo ilegal, las vías de respuesta se cierran y las denuncias se vuelven peligrosas para quienes las presentan.

Normalización de la violencia: El crecimiento de economías ilícitas trae consigo amenazas, hostigamientos y agresiones. Los mecanismos de protección existentes enfrentan saturación y restricciones presupuestarias, lo que limita la protección efectiva de personas en riesgo.

Estigmatización y criminalización de defensores: Narrativas que presentan a los defensores como obstáculos al “desarrollo” o como generadores de conflicto erosionan el respaldo social que podría protegerlos y facilitan su persecución o aislamiento.

Desigualdad territorial: Las áreas más afectadas coinciden con territorios históricamente marginados (fronteras, Caribe, territorios indígenas), donde la ausencia estatal y la precariedad estructural aumentan la exposición a riesgos múltiples.

Un momento decisivo para la defensa de los bienes comunes

Costa Rica se encuentra en un punto de inflexión. Aun cuando mantiene una imagen internacional de liderazgo ambiental, el avance del crimen organizado sobre recursos naturales y el debilitamiento de la gobernanza muestran que la protección de los bienes comunes requiere medidas urgentes y profundas.

Para responder a este desafío es imprescindible: fortalecer la fiscalización ambiental, garantizar protección efectiva y preventiva para las personas defensoras, transparentar procesos de permisos y concesiones, mejorar la coordinación interinstitucional, y garantizar la participación real de comunidades rurales, indígenas y costeras en la gestión de sus territorios. Sin estas medidas, el vacío dejado por el Estado será ocupado por intereses que ponen en riesgo tanto los ecosistemas como la cohesión social y la democracia.

Referencia

OCINDEX. (2025). Global Organized Crime Index: Costa Rica (Country profile 2025). OCINDEX.

Imágenes de carácter ilustrativo.

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Costa Rica retrocede en gestión ambiental: decisiones gubernamentales erosionan los bienes comunes – Estado de la Nación 2025

El país atraviesa un ciclo de retroceso ambiental que debilita sus instituciones, reduce la protección de los ecosistemas y aumenta la desigualdad socioambiental

El Informe Estado de la Nación 2025, en su capítulo 4 Armonía con la naturaleza, lanza una alerta contundente: Costa Rica está debilitando las herramientas que por décadas sostuvieron su liderazgo ambiental. Entre 2020 y 2025 se presentaron cerca de una decena de reformas y proyectos que reducen la desconcentración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), concentran poder en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y limitan la participación técnica y ciudadana.

El resultado es un país con menos capacidad para proteger sus bienes naturales, menos autonomía institucional y mayor exposición a los impactos de decisiones políticas regresivas. El presupuesto del Sinac cayó un 40% en cinco años, las horas de control y protección se redujeron en un 60% y, mientras tanto, aumentan las presiones del turismo, la inversión extranjera y el desarrollo inmobiliario sobre territorios frágiles.

Normas más permisivas, riesgos más altos

Durante 2024 e inicios de 2025, el gobierno modificó reglamentos clave en materia de salud y ambiente. El nuevo reglamento para la calidad del agua potable (Decreto 45196-S) elevó hasta 800 veces el umbral permitido de clorotalonil, un plaguicida altamente tóxico.

La reforma también sustituyó el concepto de “valor máximo admisible” por el de “valor de alerta”, abriendo la puerta a la distribución de agua contaminada mientras se realizan análisis de riesgo.

Paralelamente, se relajaron los controles para el registro de plaguicidas, excluyendo al Minae y al Ministerio de Salud de la evaluación técnica de sustancias catalogadas como de “mínimo riesgo”. Estos cambios, según especialistas, debilitan la soberanía científica y sanitaria del país, y profundizan la dependencia de criterios externos.

Incluso los parques nacionales enfrentaron retrocesos: el Sinac aprobó el aumento de la capacidad de ingreso al Parque Nacional Corcovado sin sustento técnico, decisión que luego fue anulada por la Sala Constitucional por violar el derecho a un ambiente sano.

Concentración del poder ambiental y debilitamiento del Sinac

El informe advierte sobre una creciente centralización de la gobernanza ambiental en torno al Minae. Directrices recientes obligan a que toda comunicación institucional hacia la Procuraduría y la Contraloría pase por la cúpula ministerial, reduciendo la autonomía técnica del Sinac y sus áreas de conservación.

También se documenta la exclusión de representantes de organizaciones civiles y académicas en espacios de participación, como la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad o conferencias internacionales, lo cual refleja un cierre del diálogo ambiental.

La eliminación del Viceministerio de Aguas y Mares, la paralización de la Comisión de Gobernanza Marina y las dificultades para crear unidades marino-costeras son otros signos de debilitamiento institucional.
Mientras tanto, la reducción del presupuesto, el recorte de personal y la pérdida de cooperación internacional comprometen la gestión en los territorios y abren espacio a lógicas privadas de conservación o uso de recursos naturales.

Conflictos socioambientales y bienes comunes en disputa

El informe identifica que los conflictos socioambientales han resurgido con fuerza, expresando tensiones entre protección ambiental, propiedad privada y modelos de desarrollo orientados al turismo o la inversión extranjera.

Dos casos emblemáticos permiten leer estas tensiones desde la perspectiva de los bienes comunes:

Gandoca–Manzanillo: superposición, desigualdad y presión turística

En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, el conflicto surge de la superposición entre propiedad privada y área protegida, la desigualdad en la aplicación de normas, la presencia de permisos ilegales y la presión del turismo y la inversión extranjera.

Según actores locales citados por el informe, esta situación ha creado una disputa permanente por el control del territorio, donde las comunidades enfrentan restricciones y procesos judiciales, mientras inversionistas y proyectos turísticos gozan de mayor flexibilidad.

El caso evidencia cómo la falta de claridad normativa y la ausencia de ordenamiento territorial terminan favoreciendo la apropiación privada de espacios concebidos como bienes comunes, debilitando tanto la conservación como la justicia social.

Pacífico Norte: turismo residencial y exclusión costera

En el Pacífico Norte, particularmente en Guanacaste, el informe analiza los efectos del turismo residencial y del boom inmobiliario costero, que han transformado el litoral en un espacio de segregación y privatización.

El estudio señala que este modelo ha fomentado la privatización de facto del acceso a la zona pública costera, un derecho garantizado por ley, y ha generado la exclusión económica de comunidades locales, que pierden oportunidades y enfrentan condiciones de precariedad frente a megaproyectos turísticos.

Además, la expansión urbanística sin planificación ha provocado un limitado acceso al agua potable por falta de infraestructura, a la vez que los desarrollos turísticos acceden a fuentes privilegiadas.

La combinación de desigualdad, concentración territorial y crisis hídrica convierte al Pacífico Norte en un laboratorio del modelo neoliberal costero: una economía extractiva del espacio, que mercantiliza los bienes comunes —la playa, el agua, el paisaje— y excluye a quienes históricamente los habitaron y cuidaron.

Lectura desde los bienes comunes: el retroceso del pacto ecológico

Desde una lectura socioambiental basada en los bienes comunes, lo que el informe muestra no son hechos aislados, sino una reconfiguración estructural del modelo ambiental costarricense.

La gestión de la naturaleza —que alguna vez fue un pilar del Estado social y del prestigio internacional del país— está siendo sustituida por un esquema donde el territorio, el agua y la biodiversidad son tratados como mercancías.

Cuando el Estado se repliega y la gestión se centraliza en torno a decisiones políticas o empresariales, los bienes comunes pierden su carácter colectivo. Las comunidades, las funcionarias del Sinac, los científicos y los defensores ambientales que sostenían el cuidado cotidiano quedan marginados o deslegitimados.

Esta transformación erosiona no solo ecosistemas, sino también la capacidad social de cuidar y decidir colectivamente sobre el futuro común.

El país corre el riesgo de perder el equilibrio histórico entre desarrollo, justicia y sostenibilidad, y de transformar su modelo ambiental en un instrumento subordinado al mercado.

Un llamado a repensar el rumbo

El Informe concluye con un llamado claro: Costa Rica no puede darse el lujo de quitar prioridad al tema ambiental.

Si no se corrigen los patrones actuales, el país se encamina hacia una sociedad más desigual, más carbonizada y menos sostenible.

Recuperar el sentido público de la gestión ambiental implica reconstruir las capacidades institucionales, reactivar la participación ciudadana y reafirmar los bienes comunes como fundamento de la vida colectiva.

El desafío es ético y político: decidir si el país continuará cediendo su patrimonio natural a intereses privados, o si será capaz de reconstruir una alianza entre Estado, comunidades y naturaleza para defender lo que aún nos pertenece a todos.

Tendencias socioambientales de Costa Rica (2020–2025)
DimensiónTendencia observadaImplicaciones socioambientales
Marco normativo ambientalCerca de una decena de reformas que reducen la desconcentración del Sinac y fortalecen el control político del Minae.Menor autonomía técnica, reducción de participación ciudadana y debilitamiento del criterio científico en decisiones ambientales.
Regulación ambientalCambios permisivos en reglamentos sobre agua potable, plaguicidas y capacidad de carga turística.Retroceso en derechos al agua y a la salud; debilitamiento de estándares de protección ambiental.
Capacidades institucionalesPresupuesto del Sinac cae un 40% (2020–2024); pérdida de personal y recursos.Menor fiscalización, control y protección de áreas silvestres; riesgo para la biodiversidad.
Gestión del territorioAumento del turismo residencial y desarrollo inmobiliario sin ordenamiento.Privatización del acceso costero, conflictos por el agua y desplazamiento de comunidades.
Gobernanza ambientalCentralización de decisiones en el Minae; exclusión de actores sociales y científicos.Concentración de poder, reducción de la transparencia y pérdida del carácter participativo de la política ambiental.
Conservación y biodiversidadExpansión de áreas protegidas sin aumento proporcional de recursos.“Protección en papel”: ampliación formal sin capacidad de gestión ni vigilancia efectiva.
Conflictos socioambientalesReactivación de conflictos en zonas costeras, turísticas y agrícolas.Mayor desigualdad territorial y debilitamiento del pacto social en torno a los bienes comunes.
Crisis hídrica y contaminaciónReducción en calidad y cobertura del agua potable; incremento de interrupciones fuera de la GAM.Aumento de la vulnerabilidad de comunidades rurales y costeras.
Cambio climático y riesgoRécord de 1.619 desastres climáticos en 2024.Creciente exposición a fenómenos extremos; urgencia de planificación territorial sostenible.
Tendencia generalTransición de un modelo ambiental de bien público a uno orientado por el mercado y la concentración.Erosión de los bienes comunes y debilitamiento del legado ecológico de Costa Rica.
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Defender la vida no es delito: patrones de estigmatización y criminalización contra quienes cuidan la naturaleza

El reciente ataque contra las personas abogadas ambientalistas Randall Arauz y Walter Brenes, reconocidas por sus acciones judiciales para detener la comercialización del tiburón martillo, no puede leerse como un hecho aislado. Este suceso se inscribe en una tendencia más amplia de hostigamiento y deslegitimación de las personas defensoras ambientales, que afecta cada vez con más fuerza a América Latina y que empieza a manifestarse con mayor claridad en Costa Rica.

De la defensa ambiental al “enemigo del desarrollo”

En las últimas décadas, los conflictos socioambientales se han intensificado en toda la región. Mientras comunidades y organizaciones defienden sus territorios frente a proyectos extractivos o pesquerías industriales, los Estados y las élites económicas han respondido con una combinación de represión, judicialización y estigmatización.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y de EarthRights International (2020) muestran cómo, bajo el discurso del progreso y la seguridad, se criminaliza a quienes ejercen el derecho legítimo a la participación, la protesta y la defensa del ambiente.

El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional.

En Costa Rica, etiquetas como “ecoterroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del país” reproducen un patrón regional que la investigadora Marina Mendoza (2023) denomina la actualización de la doctrina del enemigo interno: una narrativa que convierte el cuidado del territorio en sospecha política y el disenso ambiental en amenaza al orden económico.

Qué entendemos por estigmatización

La estigmatización es un proceso social de deslegitimación y exclusión simbólica, en el que ciertos actores —autoridades, empresas, medios o figuras de poder— atribuyen etiquetas negativas a quienes defienden derechos humanos o ambientales, distorsionando sus motivos y restándoles credibilidad ante la opinión pública.

Según el estudio de Protection International y la PDDH (2025), este proceso opera mediante tres mecanismos principales:

  • -Reducción moral: presentar a las personas defensoras como fanáticas, violentas o ideologizadas, negando la legitimidad de su causa.

  • -Inversión del conflicto: desplazar el foco del daño ambiental hacia la supuesta “amenaza” que representan quienes denuncian.

  • -Despersonalización: convertir a los defensores en objetos de sospecha o “problemas de orden público”, invisibilizando sus trayectorias humanas y comunitarias.

La estigmatización no solo distorsiona los hechos: erosiona el reconocimiento social del papel que cumplen estas personas en la defensa de los bienes comunes, preparando el terreno para agresiones más graves.

Estrategias de estigmatización y control

Los estudios de EarthRights International (2020) y la CIDH (2015) identifican múltiples estrategias que combinan la dimensión mediática, judicial y política:

  • -Uso político del derecho penal: figuras como “usurpación”, “difamación” o “entorpecimiento” se aplican para criminalizar la protesta o la acción legal.

  • -Campañas mediáticas de desprestigio: titulares y contenidos que asocian la defensa ambiental con agendas extranjeras, “izquierdismo” o sabotaje económico.

  • -Acoso digital y desinformación: redes sociales usadas para hostigar, amenazar o difundir rumores que siembran miedo.

  • -Negligencia institucional: la falta de investigación o sanción de las amenazas refuerza la idea de que agredir a defensores “no tiene consecuencias”.

  • -Apropiación del discurso ambiental: empresas y gobiernos adoptan un lenguaje “verde” para desactivar críticas mientras invisibilizan los impactos reales.

Estas estrategias no solo buscan silenciar voces críticas; también fragmentan los lazos comunitarios, desalientan la participación y debilitan la democracia ambiental.

Estigmatización en el contexto costarricense

Aunque Costa Rica mantiene una imagen de “democracia verde”, los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas.

Los ataques contra Arauz y Brenes, y las amenazas en Talamanca, Osa y la Zona Norte, se dan en contextos donde confluyen crimen organizado, pesca industrial, turismo desregulado y discursos políticos hostiles al Acuerdo de Escazú.

El cuestionamiento al Escazú —que garantiza el acceso a la información, la participación y la protección de defensores ambientales— es parte de una estrategia de desinformación y miedo, que busca impedir una ciudadanía ambiental activa y crítica.

En el fondo, la disputa no es solo jurídica: es cultural y política. Se trata de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio, los recursos y el sentido del desarrollo.

De la estigmatización al riesgo

La estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. Los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos: se convierten en permisos simbólicos para dañar.

La experiencia latinoamericana muestra que la violencia empieza con la palabra: antes del golpe, la cárcel o el asesinato, hay una narrativa que despoja de legitimidad al defensor. Costa Rica aún puede evitar que esa espiral avance, si logra reconocer y detener esas prácticas antes de que se normalicen.

La trampa de la falsa polarización

Uno de los efectos más perniciosos de la estigmatización es la creación de falsas polarizaciones: ambientalistas contra el desarrollo, ambientalistas contra pescadores, ambientalistas contra agricultores. Estas oposiciones simplifican y distorsionan conflictos complejos, reduciendo debates estructurales sobre justicia ambiental a batallas morales entre “progreso” y “obstáculo”.

En realidad, no existe un conflicto esencial entre cuidar la naturaleza y garantizar la producción o el trabajo, sino entre dos formas de entender el desarrollo: una basada en la apropiación y el agotamiento de los bienes comunes, y otra que busca sostener la vida en equilibrio con ellos.

La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público.

Superar esta polarización exige reconstruir el diálogo desde lo común: reconocer que pescadores, agricultores y defensores ambientales no son bandos opuestos, sino parte de una misma defensa del territorio y de la soberanía sobre los bienes que los sostienen.

Frente a la lógica del enfrentamiento, la alianza entre quienes viven del mar y la tierra es la única vía posible para resistir el cercamiento de lo común y construir alternativas de vida digna.

La normalización de la estigmatización

La normalización ocurre cuando la sociedad deja de percibir la estigmatización como una forma de violencia y empieza a considerarla parte del “juego político” o del debate público.

Cuando insultos, burlas o acusaciones contra defensores se vuelven frecuentes y no generan rechazo, se instala una cultura de indiferencia que legitima la agresión.

Esa normalización tiene consecuencias profundas:

  • -Reduce la empatía social, debilitando la solidaridad hacia quienes defienden causas comunes.

  • -Desactiva los mecanismos institucionales de protección, porque las amenazas dejan de verse como graves.

  • -Distorsiona el debate público, sustituyendo el argumento por la difamación.

  • -Refuerza la impunidad, al convertir el miedo y el silencio en prácticas cotidianas.

En ese contexto, la estigmatización deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta estructural de control social.

Desmontar esa normalización implica nombrar el problema, crear espacios de memoria y cuidado, y reafirmar que defender el ambiente no es un privilegio ni una amenaza: es un derecho.

Escazú y la legitimación del silencio

La negativa de Costa Rica a ratificar el Acuerdo de Escazú no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico o jurídico; expresa una alianza tácita entre intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la información y limitar la participación ciudadana en los conflictos ambientales.

En ese contexto, la estigmatización de las personas defensoras cumple una función estratégica: desacreditar al mensajero para preservar el modelo.

Cuando se rechaza un instrumento que protege a quienes defienden los bienes comunes, se envía un mensaje claro: la transparencia y la participación son vistas como amenazas, y no como pilares de la democracia.

Así, la no ratificación de Escazú contribuye a normalizar un clima de desconfianza y hostilidad, donde la defensa ambiental deja de percibirse como un derecho y se convierte, peligrosamente, en un acto de sospecha.

Cuidar a quienes cuidan

Defender la naturaleza no es un acto de confrontación, sino de cuidado del bien común. En tiempos de polarización y pérdida de confianza institucional, proteger a quienes defienden la vida es un imperativo democrático.

La estigmatización busca aislar; la solidaridad, en cambio, reconstruye comunidad.

La defensa ambiental es, en el fondo, una defensa de los bienes comunes: del agua, los bosques, los mares, la tierra y la posibilidad de habitarlos dignamente. Cuando las personas que los protegen son perseguidas o silenciadas, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la trama social que sostiene la vida colectiva.

Los procesos de cercamiento y agotamiento de los bienes comunes —ya sea por la expansión extractiva, la privatización o la captura institucional— avanzan más rápido cuando la sociedad acepta la estigmatización de quienes resisten. En esa frontera, las personas defensoras representan la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida misma.

Protegerlas no es un acto simbólico, es una condición de posibilidad para la democracia ambiental y para imaginar un país donde el bienestar no se mida por el lucro, sino por la capacidad de cuidar lo que nos sostiene en común.

Glosario
ConceptoDefinición
Defensores y defensoras ambientalesPersonas, colectivos o comunidades que promueven y protegen derechos relacionados con el ambiente, el territorio, el agua y la naturaleza, actuando en nombre del interés público.
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal, administrativo o judicial para sancionar o intimidar a quienes ejercen la defensa de derechos. Incluye acusaciones infundadas, procesos judiciales prolongados o uso abusivo de figuras legales.
EstigmatizaciónProceso simbólico que deslegitima y desacredita públicamente a las personas defensoras, a través de discursos, etiquetas y narrativas que las presentan como amenazas, enemigas o antidesarrollo.
Doctrina del enemigo internoLógica heredada de contextos autoritarios según la cual ciertos sectores sociales —antes los insurgentes, hoy los ambientalistas o pueblos indígenas— son tratados como enemigos del Estado o del progreso.
Acuerdo de EscazúTratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 2021.
Bienes comunesRecursos naturales, culturales y sociales compartidos por las comunidades y esenciales para la vida —como el agua, el aire, la biodiversidad y el conocimiento— cuya gestión debe basarse en el cuidado colectivo y no en la apropiación privada.
CercamientoProceso mediante el cual los bienes comunes son apropiados o controlados por intereses privados o estatales, restringiendo el acceso y la participación de las comunidades que los habitan o gestionan.
Democracia ambientalEnfoque que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información, participar en las decisiones y exigir justicia en asuntos ambientales, vinculando la protección del ambiente con la participación ciudadana y los derechos humanos.
Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.

EarthRights International. (2020). Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra: Elementos para la defensa legal desde el análisis de casos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia, con la colaboración de Ana María Vidal Carrasco, Pablo Abdo y Katherine Paucar Quispe. EarthRights International.

López Rodríguez, Mario Alejandro, y Excell, Cristhian. (2017). La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Martínez, Alonso. (2025, 10 Noviembre). Organizaciones se pronuncian ante actos de violencia contra defensores ambientales en Puntarenas. Delfino.CR.

Mendoza, Marina Gabriela. (2023). La instrumentalización del “ecoterrorismo” en el abordaje de la conflictividad socioambiental latinoamericana: los casos de Chile y Perú (2003–2023). Revista de Estudios sobre Genocidio, 18, 88–112. Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Protection International y Fundación Verdad Abierta. (2025). Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia. Protection International y Fundación Verdad Abierta.

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Los bosques no se negocian: defensa de los sitios sagrados bribris y cabécares

El Colectivo Antonio Saldaña denuncia la inclusión de sitios sagrados dentro de programas de conservación y contratos de reducción de emisiones forestales (REDD+) que operan en territorios indígenas. Estos mecanismos, impulsados bajo el discurso de la “sostenibilidad” y la “mitigación del cambio climático”, han terminado por legitimar nuevas formas de despojo y profanación espiritual, encubiertas bajo el lenguaje técnico y ambiental.

En un documento presentado por Filidencio Cubillo Morales del Colectivo Antonio Saldaña ante el Tribunal Indígena de Derecho Propio, se advierte que las autoridades externas —estatales, corporativas y religiosas— están imponiendo sistemas de conservación que contradicen las normas naturales y espirituales que sostienen la vida de los pueblos bribris y cabécares. Bajo la lógica del lucro y la mercantilización del bosque, estos programas permiten el aprovechamiento de recursos maderables, hídricos y medicinales, invadiendo territorios que por derecho ancestral son espacios de veneración y comunión con la Madre Tierra.

Detrás de los discursos sobre “protección de los bosques” se esconden formas renovadas de colonización, donde el conocimiento técnico sustituye el saber ancestral, y donde la gestión ambiental se convierte en una herramienta para subordinar la espiritualidad indígena a los marcos legales del Estado y las exigencias del mercado global del carbono. Estas políticas no solo definen qué debe conservarse, sino también quién puede decidir y cómo se debe habitar el territorio, imponiendo una visión ajena que despoja a los pueblos de su autoridad espiritual sobre la Tierra.

Uno de los casos más graves es el de Kotsipatsipá, conocido en el mundo externo como San José Cabécar. Este santuario ancestral, dedicado al Creador Sibö, ha sido incluido indebidamente en planes de manejo forestal y de conservación que violan la espiritualidad y la autonomía indígena. Tal profanación no solo representa una falta de respeto, sino un quiebre en la armonía que los pueblos mantienen con la Madre Tierra, fuente de vida, equilibrio y sabiduría.

Los pueblos alertan que estas acciones, además de violar su derecho a la autodeterminación, reproducen el mismo patrón histórico de imposición que por siglos ha intentado subordinar sus territorios, su espiritualidad y su cosmovisión. La colonización ya no llega con armas ni misioneros, sino con contratos, mapas satelitales y proyectos ambientales que, en nombre del “desarrollo sostenible”, desconocen la autoridad espiritual y el derecho propio.

Las comunidades recuerdan que toda intervención sobre un territorio indígena sin consentimiento es una ruptura con el orden natural, y que esa ruptura tiene consecuencias: enfermedades, desajustes ecológicos, catástrofes y desequilibrios sociales. Por eso, este llamado del Colectivo Antonio Saldaña es también una advertencia: cuando la Tierra es herida, toda la vida se resiente. Es momento de escuchar lo que ella enseña y de respetar los mandatos de Sibö, que recuerdan que “por designio de Dios la Tierra no pertenece al Ditsowo, es la casa de todos los pueblos indígenas. Los sitios sagrados son para la veneración del Creador, áreas de reflexión, manifestación y expresión del pueblo y su madre.”

Convenio 16G de la OIT: el derecho a decidir sobre los territorios y la espiritualidad

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica en 1993, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus instituciones, valores, creencias y formas de vida propias. Este instrumento internacional establece que los gobiernos deben consultar de manera libre, previa e informada a los pueblos cada vez que se adopten medidas susceptibles de afectarles directamente.

El Convenio también protege el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, reconociendo que la relación espiritual y cultural con el entorno es inseparable de la identidad de los pueblos. Por tanto, incluir sitios sagrados en proyectos de conservación sin consentimiento constituye una violación directa de estos principios y un acto de colonialismo contemporáneo.

Lejos de fortalecer la protección ambiental, muchos de estos programas terminan trasladando la lógica extractivista hacia nuevas formas de control sobre los territorios, disfrazadas de “legislación” y “acuerdos climáticos”. En lugar de reconocer la autoridad de los pueblos sobre su propio conocimiento y espiritualidad, los reducen a beneficiarios pasivos de políticas diseñadas desde fuera. Así, la conservación se convierte en un nuevo rostro del despojo.

Descolonizar la conservación: la resistencia del Colectivo Antonio Saldaña

Frente a estas imposiciones, el Colectivo Antonio Saldaña se ha convertido en una voz que articula memoria, espiritualidad y acción política. Su trabajo reivindica el Derecho Propio y la defensa de los lugares sagrados como ejes fundamentales para reconstruir la autonomía indígena y descolonizar las relaciones con la naturaleza.

Desde la palabra, la caminata y la acción colectiva, el Colectivo impulsa procesos de reflexión y denuncia que desnudan la violencia simbólica de programas y proyectos que se presentan como ambientales, pero que terminan desconociendo las formas propias de entender y cuidar la vida.

A ello se suma una crítica profunda a los credos judeocristianos y fundamentalistas que históricamente han satanizado la espiritualidad indígena, reduciéndola a superstición o “prácticas contrarias a la sana doctrina”. Esta deslegitimación no solo ha acompañado los procesos coloniales, sino que persiste hoy en discursos religiosos y estatales que pretenden definir qué espiritualidades son válidas y cuáles deben desaparecer. Frente a ese intento de homogeneizar la fe, el Colectivo reafirma que la relación con Sibö, con la Madre Tierra y con los sitios sagrados no es idolatría, sino sabiduría viva.

En un contexto donde las instituciones intentan reglamentar incluso la espiritualidad, el colectivo recuerda que no hay conservación posible sin respeto a los pueblos que han cuidado los bosques desde siempre. Su lucha no es solo por la tierra, sino por el derecho a seguir existiendo desde sus propias formas de vida, pensamiento y relación con el cosmos.

Proteger Kotsipatsipá y todos los sitios sagrados no es una cuestión de “gestión de recursos”, sino un acto de justicia espiritual y política. Porque los sitios sagrados no se conservan con contratos: se respetan, se veneran y se defienden con la palabra, la acción y la comunidad.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Voces que no se callan: la democracia se defiende en las calles – 11 de noviembre de 2025

El Observatorio de Bienes Comunes participó en la movilización nacional del 11 de noviembre, una jornada donde agricultores, docentes, mujeres, estudiantes y diversos sectores sociales marcharon en defensa de la democracia, la seguridad social y la producción nacional.

Las voces reunidas en esta manifestación expresaron una profunda preocupación por el autoritarismo creciente del gobierno, el desmantelamiento de las instituciones públicas y el abandono de los territorios rurales. Entre las principales denuncias se señaló la represión contra manifestantes, el encarcelamiento del agricultor Roy Fallas, el desprecio hacia el diálogo social y las políticas que favorecen a los grandes importadores en detrimento del campesinado nacional.

Las intervenciones también advirtieron sobre la crisis de seguridad ciudadana, el deterioro del sistema educativo y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como el aumento de la violencia feminicida. Colectivos feministas exigieron la renuncia de la ministra de la Condición de la Mujer y la declaratoria de emergencia nacional por los femicidios, denunciando el silencio institucional ante la violencia estructural contra las mujeres.

Diversas voces llamaron a devolver a los trabajadores el control de sus fondos de pensión (ROP), a convocar el proyecto FONARROZ (24.211) y a detener el abandono del agro costarricense. También se denunció la corrupción, el acoso de la prensa y el uso del miedo como herramienta política, alertando sobre los riesgos de una deriva autoritaria que erosiona las bases del Estado Social de Derecho.

“Sí a la democracia, no a la dictadura” fue la consigna que unió a quienes marcharon desde distintos puntos del país. En sus palabras resonó una defensa firme de la libertad, la dignidad y el derecho a participar en la construcción colectiva del futuro.

🎧 Escuchá aquí el registro sonoro completo de la protesta:

 

Libertad para Roy Fallas: la represión como mensaje político

Durante la manifestación, la fuerza pública detuvo al agricultor y líder campesino Roy Fallas, integrante del movimiento arrocero nacional, mientras la marcha avanzaba pacíficamente hacia Casa Presidencial. Su arresto, denunciado por múltiples sectores, fue interpretado como un acto de represión y criminalización de la protesta social.

Las organizaciones participantes exigieron su liberación inmediata, recordando que defender el derecho a producir, a manifestarse y a exigir diálogo no puede ser tratado como delito. El caso de Roy Fallas refleja una tendencia preocupante: el uso de la fuerza estatal para silenciar la disidencia y disuadir la organización popular.

En las calles, la consigna fue clara: “Libertad para Roy Fallas, solo el pueblo salva al pueblo”, reafirmando que la defensa de la democracia también implica proteger el derecho a la protesta y a la palabra pública.

Nota de actualización: Entrada la tarde fue liberado.

La memoria que suena: el valor del registro sonoro

Los registros sonoros de las manifestaciones son parte viva de la memoria colectiva. Permiten escuchar las voces que muchas veces quedan fuera de los medios tradicionales: las de quienes marchan, reclaman y defienden derechos en las calles. En ellos se guardan los sonidos de la protesta —consignas, tambores, discursos, silencios y emociones— que narran de manera directa cómo se vive la democracia desde abajo.

El Observatorio de Bienes Comunes considera esencial documentar y preservar estos testimonios para que sigan inspirando procesos de reflexión, organización y defensa de lo público en Costa Rica.

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