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La disputa por el significado de la multitud

El asalto al Capitolio constituyó un hecho extraordinario. Miles de personas ingresaron por la fuerza al principal símbolo institucional de la democracia estadounidense con el propósito de impedir la certificación de los resultados electorales que darían la victoria a Joe Biden. Hubo enfrentamientos con la policía, ocupación de edificios públicos, amenazas a funcionarios y una interrupción temporal del proceso constitucional.

Sin embargo, lo que resulta especialmente interesante para el análisis político no es únicamente lo ocurrido aquel día, sino la disputa posterior por su significado.

Mientras amplios sectores lo describieron como un intento de insurrección o un ataque contra el orden democrático, buena parte del universo político vinculado al trumpismo impulsó una narrativa distinta. Los participantes fueron presentados como patriotas, ciudadanos preocupados por el futuro del país o víctimas de persecución política. La ocupación violenta de una institución estatal dejó de interpretarse como una amenaza a la democracia y pasó a ser leída, por determinados sectores, como una forma legítima de defenderla.

La pregunta que emerge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿qué diferencia una protesta de una insurrección? ¿Qué convierte una movilización en una amenaza contra el orden democrático? ¿Dónde termina el derecho a la resistencia y dónde comienza el intento de subvertir las instituciones?

Las respuestas parecen variar considerablemente según quién protagonice la acción, cuáles intereses estén en juego y desde qué posición de poder se construya el relato dominante.

La geopolítica de la legitimidad

Las declaraciones de Landau, Rubio y Hegseth no pueden interpretarse únicamente como posicionamientos coyunturales frente a la crisis boliviana. Más bien forman parte de una arquitectura discursiva más amplia que hemos venido observando en los recientes documentos de seguridad de la administración Trump, donde la defensa de la democracia aparece crecientemente subordinada a criterios geopolíticos y estratégicos.

En este marco, la democracia deja de operar como una categoría aplicada de manera consistente a todos los actores y situaciones. Su significado comienza a depender de la posición que cada gobierno ocupa dentro de la estructura de alianzas, intereses y prioridades de la política exterior estadounidense. La legitimidad ya no se define exclusivamente por el origen electoral de los gobiernos ni por el respeto a procedimientos institucionales, sino también por su alineamiento con determinados proyectos de seguridad hemisférica.

Esto permite comprender por qué fenómenos similares pueden ser interpretados de formas radicalmente distintas. Cuando un gobierno es considerado un aliado estratégico de Washington, las movilizaciones que cuestionan su continuidad pueden ser presentadas como amenazas a la estabilidad, intentos de desestabilización o incluso procesos de carácter insurreccional. En cambio, cuando las protestas se producen contra gobiernos considerados adversarios o incómodos para los intereses estadounidenses, esas mismas acciones suelen ser leídas como expresiones legítimas de la voluntad popular, luchas por la democracia o procesos de resistencia ciudadana.

La cuestión de fondo, por tanto, ya no es únicamente jurídica ni institucional. Es una disputa profundamente política por la capacidad de nombrar la realidad. Lo que está en juego es quién posee la autoridad para definir cuándo una protesta constituye una expresión democrática, cuándo representa una amenaza al orden constitucional y cuándo debe ser interpretada como un intento de golpe de Estado.

De la lucha contra el narcotráfico a la securitización del conflicto social

La insistencia de los funcionarios estadounidenses en vincular las protestas bolivianas con el narcotráfico resulta particularmente reveladora porque muestra un desplazamiento que hemos venido observando en distintos escenarios de la región.

Durante décadas, América Latina y el Caribe ha sido interpretada a través de marcos que combinan seguridad, terrorismo, narcotráfico, gobernabilidad y estabilidad regional. Estas categorías han servido para justificar intervenciones, programas de cooperación militar, reformas institucionales y dispositivos de vigilancia. Lo novedoso es que actualmente comienzan a fusionarse con una intensidad cada vez mayor.

Cuando la protesta es asociada al crimen organizado, el conflicto deja de ser entendido como una disputa política relacionada con condiciones de vida, modelos económicos o desacuerdos sociales. Se transforma en un problema de seguridad. Y una vez que ocurre esa transformación, las respuestas posibles también cambian radicalmente.

La negociación pierde centralidad frente a la contención. El diálogo es sustituido por la vigilancia. Las demandas sociales dejan de analizarse desde sus causas estructurales para ser interpretadas como factores de riesgo. La política comienza a ser administrada mediante instrumentos policiales, judiciales o militares.

En este sentido, la securitización no consiste únicamente en aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Implica algo más profundo: redefinir la manera en que la sociedad interpreta los conflictos. Lo que antes era leído como desigualdad, exclusión o malestar social pasa a ser leído como amenaza.

¿Quiénes son los “vándalos”?

Las declaraciones del propio gobierno boliviano ofrecen otro elemento importante para esta discusión. Rodrigo Paz anunció su disposición a dialogar con diversos sectores movilizados, pero aclaró que no negociaría con quienes calificó como “vándalos”.

A primera vista podría parecer una afirmación razonable. Sin embargo, desde una perspectiva política, las categorías utilizadas para nombrar a los actores en conflicto poseen una enorme relevancia. Las palabras no son simples descripciones de la realidad. También son instrumentos que organizan la realidad. Determinan quién puede ser escuchado, quién merece reconocimiento institucional y quién queda excluido de los marcos de legitimidad.

Nombrar a una persona como ciudadana implica reconocerle derechos. Definirla como manifestante supone admitir la existencia de una demanda. Reconocerla como opositora significa aceptar que forma parte de un conflicto político legítimo. Pero cuando se la nombra como vándala, criminal o terrorista, el sentido de su acción cambia por completo.

La discusión deja de girar alrededor de las causas del conflicto y se desplaza hacia la necesidad de restaurar el orden. El problema ya no es lo que se reclama, sino la existencia misma del actor que reclama.

Por ello, una de las preguntas más importantes para comprender la coyuntura boliviana no es únicamente qué está ocurriendo en las calles. La cuestión central es quién tiene la capacidad de definir qué significa lo que está ocurriendo.

Cuando la democracia depende de quién protesta

Quizá el aspecto más inquietante de esta discusión no sea la crisis boliviana en sí misma, sino la creciente tendencia a que las categorías políticas pierdan estabilidad. Democracia, protesta, golpe de Estado, terrorismo o seguridad parecen significar cosas distintas según quién las utilice y contra quién se apliquen.

En este escenario, la disputa no se libra únicamente en las calles ni en las instituciones. También ocurre en el terreno del lenguaje. Porque quien logra imponer el significado de los acontecimientos adquiere una enorme capacidad para orientar las respuestas políticas, legitimar determinadas intervenciones y delimitar los márgenes de lo aceptable.

La pregunta que deja abierta el caso boliviano no es solamente si existe o no un intento de desestabilización. La pregunta más profunda es otra: ¿qué ocurre con la democracia cuando el poder de definir quién la defiende y quién la amenaza se concentra cada vez más en actores que también participan activamente de la disputa geopolítica?

En tiempos de securitización creciente, quizás el desafío principal consista precisamente en defender la capacidad de nombrar los conflictos desde la política antes de que sean absorbidos completamente por el lenguaje de la seguridad.