Observatorio Bienes Comunes UCR, autor en Observatorio de Bienes Comunes

De la siembra a resistir el despojo: la historia de la Asociación de Mujeres Productoras de Nueva Esperanza

septiembre 23, 2025

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En la entrevista realizada en la comunidad de Nueva Esperanza, en Caño Negro de Los Chiles, las integrantes de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza comparten su experiencia de casi tres décadas de trabajo colectivo en torno a la agroecología. Relatan cómo construyeron un espacio comunitario para cultivar alimentos sanos, transmitir saberes a nuevas generaciones y sostener la vida campesina desde la organización de mujeres.

También hablan de las dificultades que hoy enfrentan tras la invasión de la tierra que trabajaban, de la falta de apoyo institucional y del impacto que esta situación ha tenido en sus proyectos y en la vida de la comunidad. Pese a la adversidad, mantienen firme la convicción de defender la tierra como patrimonio colectivo y continuar luchando por la dignidad, la justicia y el bien común.

Te invitamos a escuchar la entrevista completa y conocer de cerca esta historia de resistencia y esperanza.

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Entre la elección y la simulación: una invitación a pensar las elecciones 2026 en Costa Rica

septiembre 23, 2025

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El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra presenta el Documento de Trabajo N.° 14, Entre la elección y la simulación. Inspirado en la serie El juego del calamar, el texto utiliza la ficción como espejo crítico de la democracia costarricense: aparentes elecciones, estructuras ocultas de poder y una ciudadanía que participa dentro de un tablero diseñado por otros.

¿Por qué hablar de “juego”?

La publicación parte de una idea provocadora: la democracia puede funcionar como un “juego” donde los votantes aceptan reglas ya escritas. Aunque el voto se presenta como un acto libre y decisivo, muchas veces las opciones son limitadas, la información está filtrada y la participación real se reduce a rituales simbólicos.

“Frente a ti, una urna. A tu alrededor, propaganda, encuestas, debates vacíos. Te piden decidir. Pero nadie te dijo quién eligió a los candidatos ni quién financia sus campañas”.

Niveles del juego democrático

El cuaderno recorre varias dimensiones de este proceso electoral:

La ilusión de elegir: cuando las alternativas están predefinidas y los programas apenas varían en lo esencial.
Opinión bajo vigilancia: el papel de algoritmos, medios y encuestas en moldear lo que pensamos.
Participar sin poder: mecanismos de consulta o cabildos sin impacto real en las decisiones.
Romper el juego: pensar en nuevas reglas, desde abajo, con organización popular y autogestión.

Una mirada histórica

El documento también recuerda que la democracia costarricense nunca fue inclusiva desde el inicio. El voto pasó de ser un privilegio para hombres con propiedades a un derecho conquistado por mujeres, sectores populares e indígenas.

“Sí, el acceso es universal. Pero el laberinto sigue teniendo trampas invisibles”.

Este recorrido evidencia que cada ampliación democrática fue fruto de luchas sociales, no de concesiones desde arriba.

Hacia otras formas de democracia

La reflexión no se queda en la crítica. El cuaderno plantea rutas para construir un horizonte distinto:

Informarse críticamente y no depender solo de medios corporativos.
Participar organizadamente en colectivos, asambleas y redes comunitarias.
Ejercer el poder desde abajo mediante la autogestión y la deliberación en los territorios.
Promover procesos constituyentes que cambien las reglas del juego.
Educar políticamente para que el conocimiento sea un bien común.

“La verdadera democracia no se reduce a votar cada cuatro años. Supone construir poder colectivo, desde abajo, con otros”.

Una invitación a cuestionar y actuar

Con las elecciones del 2026 a la vista, este documento busca incomodar más que tranquilizar: abrir preguntas, despertar debates y provocar organización colectiva.

El juego de la democracia está en marcha, pero las reglas pueden cambiar si jugamos distinto.

Descargá el documento completo y sumate a la reflexión: [Documento de Trabajo N.° 14 – Entre la elección y la simulación]

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

Inauguran puente, pero el río se muere: comunidades de Guatuso se manifiestan por el Río Frío

septiembre 22, 2025

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Este 20 de septiembre, durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío en la antigua subasta de Guatuso, con la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, las comunidades volvieron a salir a las calles. Con mantas y mensajes contundentes, recordaron la gran ironía del acto: de nada sirve inaugurar infraestructura si el río que sostiene la vida está siendo destruido desde hace años por la extracción indiscriminada de materiales.

En medio de la actividad oficial, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro desplegó una manta que decía: “Qué ironía, inauguramos el puente sobre el río que está siendo atrozmente destruido por tantos años. No más daño ambiental ni concesiones: que se vayan las privadas. Río Frío no es mercancía, es agua, pesca y vida”.

Mensajes que denuncian y despiertan conciencia

Las voces comunitarias no se limitaron a una sola consigna. Las mantas y carteles recogieron un sentir colectivo:

“Nos matan el Río Frío, los humedales, la flora y la fauna”
“Nos matan el agua”
“Olvidados por los gobiernos locales: no tenemos servicios de electricidad”
“Extracciones: ganancias para pocos, consecuencias para muchos”

“Basta de vender el río”
“Río Frío representa nuestro lugar de recreación”
“Mientras el pueblo duerme, la destrucción del río avanza”
“Queremos río, no cantera”
“Salvemos al Río Frío es nuestro corredor biológico”

Estos mensajes no solo denuncian la devastación ambiental, también visibilizan el abandono institucional y la contradicción de un modelo que invierte en obras visibles, pero permite que los bienes comunes que dan sustento a las comunidades sigan agonizando.

El valor de salir y defender el río

La manifestación en la inauguración del puente se suma a otras acciones recientes: la presencia en las fiestas patrias con el lema “Vivamos la independencia haciendo conciencia” y la intervención ante el Concejo Municipal de Guatuso. Cada paso reafirma que la defensa del río no es un hecho aislado, sino una práctica de organización comunitaria y de ciudadanía ambiental activa.

Salir a defender el Río Frío significa mucho más que oponerse a la minería no metálica. Es defender el derecho a contar con agua limpia, a pescar, a tener un espacio de recreación, a imaginar un turismo rural que genere empleo local, a asegurar un futuro digno para la juventud. En otras palabras: se defiende una forma de vida que no puede medirse únicamente en términos técnicos ni de estudios ambientales.

Participación ambiental: democracia desde abajo

Lo que se vive en Maquengal y en Guatuso muestra que la participación ambiental no se reduce a observaciones técnicas en expedientes, sino que es la expresión más concreta de la democracia desde abajo. Cuando las comunidades levantan la voz, no solo denuncian daños ecológicos: reivindican el derecho a decidir sobre modelos de desarrollo que impactan de manera directa su calidad de vida.

Defender el río es también exigir que el desarrollo no se limite a puentes o carreteras, sino que incluya condiciones básicas de bienestar: acceso a agua segura, servicios, oportunidades económicas y respeto a los espacios de vida comunitaria. La defensa ambiental es, en el fondo, una lucha por un desarrollo integral que ponga al centro la vida de las personas y no únicamente la ganancia de unos pocos.

Dos modelos de desarrollo en disputa

La defensa del Río Frío abre una discusión más amplia: ¿qué modelo de desarrollo necesita Guatuso y Maquengal?. Por un lado, se impone el modelo de la cantera, que reduce al río a un depósito de materiales para alimentar proyectos externos, dejando ganancias para unos pocos y consecuencias graves para la mayoría. Este modelo ha sido legitimado por instituciones como la Municipalidad de Guatuso, SETENA, la Dirección de Geología y Minas y otras instancias estatales, que han avalado concesiones sin escuchar a las comunidades, mirando para otro lado frente al daño acumulado.

Del otro lado está el modelo que la propia comunidad defiende: un desarrollo basado en el disfrute y el cuidado del ambiente, en actividades ecológicas y sostenibles que permitan seguir disfrutando de un entorno sano. Turismo rural, producción local, recreación en el río y protección de los humedales son parte de esa visión. No se trata de rechazar el progreso, sino de preguntarse qué progreso y para quién.

El Grupo de Defensa ha sido claro: no quieren un futuro hipotecado por la extracción, sino uno que garantice bienestar integral para sus familias y generaciones futuras. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones seguirán defendiendo el modelo de la cantera o si escucharán finalmente a la comunidad.

El reto de las instituciones

La presencia del presidente en la inauguración del puente colocó de frente un contraste: mientras el gobierno celebra una obra, las comunidades denuncian la agonía de un río. La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve inaugurar infraestructura si se permite la destrucción del bien común que la sostiene?

El mensaje quedó claro: el pueblo ya habló, lo ha hecho en las calles, en el Concejo Municipal y en la propia visita presidencial. Ahora el desafío está del lado de las instituciones, que deben dejar de ver a Maquengal como un caserío marginal y reconocerlo como lo que es: una comunidad viva que exige respeto, participación y un futuro distinto al de la cantera y la devastación.

Impacto en los medios de comunicación

Transmisión completa FLECHA TV: https://www.facebook.com/flechatv.cr/videos/1022807506531430

https://www.facebook.com/flechatv.cr/videos/24880058348296074

Les compartimos los extractos de los videos con las intervenciones de las personas vecinas de Maquengal:

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El agua como bien común bajo presión: lecciones globales y desafíos para Costa Rica

septiembre 19, 2025

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó recientemente su informe State of Global Water Resources 2024, que advierte sobre el estado crítico de los recursos hídricos en un planeta cada vez más afectado por el cambio climático. Aunque el documento no ofrece balances nacionales detallados, sus hallazgos permiten reflexionar sobre los retos de regiones como Centroamérica y el Caribe, altamente vulnerables a fenómenos extremos y a la presión sobre sus bienes comunes naturales.

Un año récord en calor y extremos

El 2024 fue catalogado como el año más cálido desde que se tienen registros, con un aumento sostenido de la temperatura media global. Bajo esas condiciones, fenómenos como El Niño intensificaron sequías en algunas zonas y lluvias extremas en otras, evidenciando que el agua es un bien común en riesgo, cuya gestión requiere información confiable y cooperación internacional.

Centroamérica y el Caribe: vulnerabilidad y vacíos de información

La región continúa siendo subrepresentada en la observación hidrológica mundial. Pese a algunos esfuerzos de integración en redes de monitoreo, aún existen vacíos en registros sobre caudales, aguas subterráneas o humedad del suelo. Esto dificulta anticipar y mitigar los impactos de sequías prolongadas, huracanes o lluvias torrenciales, fenómenos que se repiten con mayor intensidad en los últimos años.

Centroamérica subrepresentada: un vacío preocupante

Aunque el informe de la OMM busca ofrecer una visión global, la escasa representación de Centroamérica en las redes de monitoreo hidrológico constituye un motivo de alarma. Esta ausencia de datos limita la capacidad de entender con precisión los impactos que fenómenos como El Niño, los huracanes o las sequías tienen en la región.

La situación es especialmente delicada porque Centroamérica es una de las zonas más frágiles del continente en términos hídricos y climáticos:

El Corredor Seco Centroamericano, que se extiende desde el sur de México hasta el Pacífico de Costa Rica, es un territorio donde las sequías prolongadas afectan de manera recurrente a las comunidades rurales, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria, la salud y la migración forzada.

Al mismo tiempo, la región enfrenta lluvias extremas y huracanes cada vez más intensos en el Caribe, generando un ciclo de vulnerabilidad doble: falta de agua en algunos territorios y exceso destructivo en otros.

A estas condiciones se suman vulnerabilidades estructurales como la dependencia de la agricultura de subsistencia, la pobreza rural, la débil planificación territorial y la escasa capacidad institucional para responder de manera integrada.

Que Centroamérica aparezca con poca visibilidad en los balances globales significa que uno de los territorios más expuestos y con menos resiliencia frente a la crisis climática queda insuficientemente diagnosticado. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la cooperación regional, ampliar las redes de monitoreo y colocar al agua en el centro de las estrategias de adaptación.

Costa Rica: entre la abundancia y la presión sobre el recurso

Aunque Costa Rica suele percibirse como un país privilegiado en disponibilidad de agua, enfrenta tensiones que revelan una realidad más compleja:

Acuíferos bajo presión: en distintas regiones se han señalado riesgos de sobreexplotación y contaminación, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad futura de reservas estratégicas.

Eventos extremos: sequías en el Pacífico Norte e inundaciones en el Caribe y el Valle Central se han vuelto más frecuentes, afectando comunidades, producción agrícola e infraestructura.

Contaminación de ríos y mantos acuíferos: la expansión de la agroindustria, especialmente en monocultivos intensivos como piña, banano y caña de azúcar, ha estado asociada a la contaminación por agroquímicos de aguas superficiales y subterráneas. Esto afecta tanto a comunidades rurales que dependen de acueductos locales como a ecosistemas frágiles.

Impactos de la minería no metálica: la extracción de arena, grava y piedra en cauces de ríos genera alteraciones físicas en los lechos, erosión de márgenes, afectación de la biodiversidad acuática y cambios en la dinámica hidrológica. Estas actividades, que abastecen principalmente la construcción, han sido señaladas como una fuente de deterioro en ríos del Valle Central y otras regiones, con consecuencias directas para el caudal, la calidad del agua y la seguridad de las comunidades aledañas.

Ecosistemas compartidos: lagos, humedales y ríos de importancia ecológica y social reflejan que el agua trasciende fronteras administrativas y exige enfoques de gestión que integren la dimensión territorial y regional.

Lo que tienen en común los casos críticos

Más allá de la cantidad de agua disponible, el desafío principal está en su gobernanza. La fragmentación institucional, la superposición de competencias y la ausencia de información integral dificultan una gestión coordinada y sostenible. Esta situación abre espacios a conflictos sociales y a un uso desigual del recurso, especialmente cuando los intereses económicos entran en tensión con las necesidades comunitarias y ambientales.

Frente a estas limitaciones, comunidades organizadas —a través de ASADAS, colectivos socioambientales y redes vecinales— han jugado un papel fundamental en la defensa y vigilancia del agua como bien común. Sus esfuerzos muestran que la gobernanza hídrica no puede depender únicamente de instituciones técnicas: requiere participación social activa, mecanismos de control ciudadano y un enfoque de justicia en el acceso.

La necesidad de una justicia socioecológica en la gestión del agua

El agua no es solo un recurso natural: es un soporte de vida que articula comunidades, ecosistemas y culturas. Sin embargo, las tensiones en torno a su uso y distribución muestran que los impactos no se reparten de manera equitativa. En Costa Rica, como en muchas partes del mundo, las comunidades rurales y periféricas suelen enfrentar los mayores riesgos: contaminación de acueductos locales, sobreexplotación de acuíferos de los que dependen, o afectaciones por proyectos extractivos y de infraestructura.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, abordar el agua como bien común implica reconocer al mismo tiempo:

La dimensión ambiental, que exige garantizar caudales ecológicos, proteger acuíferos y humedales, y asegurar la resiliencia frente al cambio climático.
La dimensión social, que requiere equidad en el acceso, participación efectiva de las comunidades en las decisiones y respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento.
La dimensión intergeneracional, que obliga a pensar en la sostenibilidad a largo plazo, evitando comprometer reservas estratégicas y ecosistemas para beneficio inmediato de sectores económicos.

Esta mirada permite entender que la crisis del agua no es únicamente un problema técnico, sino también ético y político: se trata de decidir colectivamente cómo se reparte, quién asume los costos de la degradación y qué modelo de desarrollo se privilegia. Avanzar hacia una justicia socioecológica supone democratizar la gestión hídrica, reconocer la voz de comunidades históricamente invisibilizadas y situar la defensa del agua en el centro de las agendas de justicia ambiental y climática.

Poco margen

El informe mundial confirma que el agua se encuentra cada vez más amenazada por el cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. En el caso de Costa Rica, este panorama demanda acciones urgentes: fortalecer la gestión sostenible de los acuíferos, mejorar los sistemas de alerta temprana, atender los impactos de la agroindustria y la minería no metálica sobre ríos y mantos acuíferos, y ampliar los espacios de participación comunitaria en las decisiones.

Desde una perspectiva de justicia socioecológica, la gestión del agua no puede reducirse a cálculos técnicos o a balances de oferta y demanda: implica reconocer derechos, reparar desigualdades y garantizar que las comunidades y los ecosistemas tengan un lugar en las prioridades de política pública.

El agua no reconoce fronteras políticas ni institucionales. Protegerla como bien común exige cooperación, vigilancia social y un compromiso ético con la vida y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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Donald Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista Antifa en EE.UU.: ¿qué significa y por qué importa?

septiembre 18, 2025

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente su intención de designar al movimiento antifascista conocido como Antifa como “organización terrorista mayor”. Esta decisión ha generado debate tanto en el ámbito político como académico, al tiempo que pone sobre la mesa preguntas sobre la definición de violencia, el rol de los movimientos sociales y la defensa de la democracia.

A continuación, exploramos qué es Antifa, su legado y actualidad, la extrema derecha estadounidense, la importancia de los movimientos antifascistas, y los retos de interpretar sus acciones bajo la etiqueta de “violencia política”.

¿Qué es el movimiento Antifa en Estados Unidos?

Antifa, abreviatura de “antifascista”, no es una organización formal con estructura jerárquica, sino un movimiento descentralizado compuesto por diversos grupos y activistas de izquierda radical. Su objetivo común es oponerse al fascismo, la xenofobia, el racismo y la supremacía blanca mediante acciones directas, que van desde protestas pacíficas hasta intervenciones más confrontativas.

Aunque la mayoría de sus actividades son no violentas, algunos grupos han sido acusados de emplear tácticas agresivas en enfrentamientos con grupos de extrema derecha y autoridades.

El movimiento ha existido en Estados Unidos desde la década de 1980, pero ganó mayor visibilidad durante las protestas contra Trump en 2017 y tras la muerte de George Floyd en 2020. Grupos como Rose City Antifa en Portland han sido reconocidos por exponer figuras neonazis y supremacistas blancos.

Legado y actualidad del movimiento Antifa

A lo largo de los años, Antifa ha jugado un papel crucial en la resistencia contra la extrema derecha en Estados Unidos. Su presencia en manifestaciones y su capacidad de movilizar jóvenes activistas son elementos distintivos que han generado tanto reconocimiento como controversia.

Actualmente, el movimiento sigue siendo polarizador: mientras algunos lo consideran una fuerza necesaria para contrarrestar la extrema derecha, otros lo ven como un agente desestabilizador que, según ciertos medios, contribuye a la “violencia política”.

Repensando la “violencia política” en el contexto antifascista

Frecuentemente, los medios y algunos actores políticos califican las acciones de Antifa como “violencia política”, equiparándolas con las agresiones de grupos de extrema derecha. Sin embargo, esta comparación simplifica y distorsiona la naturaleza de sus acciones, que muchas veces buscan enfrentar ideologías y prácticas que ya son de por sí violentas, como el racismo, la xenofobia, el machismo y la homofobia.

El rechazo a la discriminación y la opresión constituye una defensa social y política: confrontar discursos y prácticas que violentan cuerpos y comunidades no puede ser equiparado automáticamente con violencia agresiva. Cuando Antifa organiza bloqueos, manifestaciones o intervenciones directas, lo hace muchas veces para proteger espacios públicos y denunciar riesgos de violencia estructural y simbólica, no para imponer daño unilateral.

En consecuencia, el concepto de “violencia política” requiere un análisis crítico de los contextos y objetivos: denunciar y enfrentar ideologías opresivas no constituye violencia en el mismo sentido que la promovida por grupos supremacistas o neonazis.

¿Qué es la extrema derecha según Steven Forti?

El historiador Steven Forti identifica una nueva ola de extrema derecha, denominada “extrema derecha 2.0”, que surge desde el año 2000. A diferencia de los fascismos clásicos, esta corriente:

Utiliza estrategias digitales y propaganda en redes sociales.
Emplea una estética sofisticada que apela a jóvenes y profesionales.
Opera dentro de sistemas democráticos para desmantelar sus principios desde adentro, lo que Forti llama “autocracias electorales”.

Forti también destaca el uso de discurso nativista y xenófobo, enfocándose en inmigración, seguridad e identidad nacional, y su capacidad de movilizar descontento social y político. Esta descripción permite entender por qué movimientos antifascistas como Antifa se consideran necesarios por muchos sectores de la sociedad para contrarrestar ideologías autoritarias.

La importancia de los movimientos antifascistas en la construcción de la democracia

Los movimientos antifascistas desempeñan un papel crucial en la defensa de las democracias contemporáneas. Históricamente, han sido fundamentales en la oposición a regímenes autoritarios y en la lucha contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia.

Según Forti, la democracia ofrece la oportunidad de vivir en libertad y crear un proyecto de vida, algo que los sistemas autoritarios no garantizan. En este contexto, los movimientos antifascistas contribuyen a mantener viva la esencia democrática, resistiendo intentos de desmantelar sus principios fundamentales.

Además, promueven la participación ciudadana activa, fomentando una cultura política inclusiva y plural, y demostrando que la sociedad civil puede movilizarse en defensa de derechos humanos y libertades fundamentales.

Implicaciones de la designación de Antifa como organización terrorista

El 18 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció su intención de designar a Antifa como “organización terrorista mayor” tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En su mensaje, calificó al movimiento como “enfermo” y “peligroso” y pidió investigaciones sobre sus fuentes de financiamiento.

Esta designación genera controversia porque Antifa es un movimiento descentralizado, lo que dificulta su clasificación legal bajo las leyes de terrorismo doméstico de Estados Unidos. Además, la legislación estadounidense no contempla una lista de organizaciones terroristas nacionales, y la Primera Enmienda protege la libertad de expresión y asociación.

Por otro lado, algunos analistas consideran esta medida como un intento de suprimir oposición política en un contexto de polarización social y política.

Repensar las implicaciones

La designación de Antifa como organización terrorista por parte de Donald Trump marca un punto álgido en la confrontación política estadounidense. Este movimiento continúa su lucha contra la extrema derecha, defendiendo valores democráticos frente a ideologías autoritarias.

Entender el rol de Antifa requiere distinguir entre la violencia de la opresión y la resistencia democrática, reconocer el impacto de la extrema derecha contemporánea y valorar la importancia de los movimientos antifascistas en la construcción de sociedades democráticas, inclusivas y libres de discriminación.

🎥 Te invitamos a ver la entrevista con el historiador Steven Forti, especialista en la extrema derecha 2.0, donde analiza cómo estos movimientos se reinventan en el presente y qué desafíos plantean para la democracia en América Latina, el Caribe y el mundo.

La CCSS en juego: qué implica el proyecto de ley sobre su autonomía

septiembre 17, 2025

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El proyecto de ley y lo que propone

El expediente legislativo 25.181 plantea reformar el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica. Actualmente, dicho artículo establece que la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La propuesta busca modificar esta fórmula por una distinta:

“La administración de los seguros sociales estará a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. Esta institución estará sujeta a la ley ordinaria en materia de gobierno y financiamiento” (Asamblea Legislativa, 2025, p. 6).

De aprobarse, la CCSS pasaría de tener una autonomía de rango constitucional en materia de gobierno, a depender de lo que defina la ley ordinaria y, en consecuencia, del vaivén político y fiscal.

La Caja Costarricense de Seguro Social como bien común

La CCSS es más que una institución administrativa: es un pilar de la seguridad social en Costa Rica. Creada en 1941 e incorporada en la Constitución de 1949, representa una conquista histórica que aseguró el acceso a salud, pensiones y seguros sociales bajo un modelo de solidaridad tripartita (Estado, patronos y trabajadores).

Durante más de ocho décadas, esta arquitectura ha permitido:

Consolidar la cobertura universal en salud.
Sostener un sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional.
Generar confianza social en la redistribución de riesgos y en la protección colectiva frente a la enfermedad, la vejez y la invalidez.

La autonomía constitucional otorgada a la CCSS fue precisamente una forma de resguardar este bien común frente a presiones coyunturales. Su debilitamiento, por tanto, no es un detalle técnico, sino un retroceso en las bases de la vida democrática costarricense.

De la solidaridad al ajuste fiscal

La exposición de motivos del proyecto no deja lugar a dudas: el propósito de la reforma es “contener el gasto público para sanear las finanzas del Estado costarricense” (Asamblea Legislativa, 2025, p. 1). Con esta formulación, el derecho a la salud deja de estar en el centro de la discusión y se interpreta principalmente como un riesgo fiscal.

Este cambio de paradigma conlleva varios riesgos:

Se redefine la misión de la CCSS, pasando de garantizar derechos a cumplir con la regla fiscal.
Se introduce subordinación política: el rumbo de la institución ya no estaría blindado por la Constitución, sino sujeto a decisiones de mayorías circunstanciales.
Se debilita el carácter solidario del sistema: el acceso universal podría verse limitado en nombre de la “eficiencia” y la contención del gasto.

El vaciamiento del bien común en la seguridad social

La discusión de fondo no es meramente jurídica, sino política y moral. El intento de reformar el artículo 73 refleja un proceso más amplio: el vaciamiento de la idea de bien común. Cuando la seguridad social se mide solo en términos de equilibrio financiero, se transforma en un problema contable y no en un proyecto colectivo de protección mutua.

En la práctica, esto implica trasladar la responsabilidad de la salud y la vejez al individuo, debilitando la lógica solidaria que sostiene a la CCSS. En lugar de un sistema donde todos sostienen a todos, se avanza hacia un esquema donde cada persona “se hace cargo de lo suyo”.

Este fenómeno ha sido descrito en el debate internacional por autores como Michael Sandel, quien advierte que la subordinación de lo político a la lógica tecnocrática erosiona los lazos comunitarios y la confianza en las instituciones (Sandel, 2020). Si bien se trata de un análisis global, la situación de la CCSS muestra con claridad cómo esta tendencia se materializa en el caso costarricense.

Lo que está en juego

Lo que se debate no es únicamente un cambio de redacción constitucional. Está en juego la continuidad de un modelo solidario que ha dado identidad y cohesión a la sociedad costarricense. La autonomía de la CCSS ha sido un pilar del pacto social que permitió combinar desarrollo, equidad y estabilidad democrática.

La reforma al artículo 73 amenaza con erosionar ese pacto histórico, sometiendo la salud y la seguridad social a la lógica fiscal de corto plazo. Más que un ajuste técnico, es un cuestionamiento a la solidaridad como fundamento del Estado social costarricense.

La tecnocracia y el vaciamiento democrático

El trasfondo de la reforma a la CCSS no es aislado: responde a una tendencia más amplia en la política contemporánea. Como advierte Michael Sandel, cuando lo político se subordina a la lógica tecnocrática y a los criterios de eficiencia de mercado, se produce un vaciamiento democrático que erosiona tanto los lazos comunitarios como la confianza en las instituciones (Sandel, 2020).

En este marco, decisiones que deberían ser objeto de deliberación ciudadana y discusión ética se presentan como simples ajustes técnicos. Se traslada la responsabilidad del debate público a un lenguaje contable que aparenta neutralidad, pero que en realidad encierra opciones de poder muy concretas: privilegiar la estabilidad fiscal por encima de la solidaridad social.

El riesgo es claro: al tratar a la salud como una variable presupuestaria más, se invisibiliza que está en juego la vida de las personas y la cohesión de la sociedad. Bajo la lógica tecnocrática, la CCSS deja de ser un bien común democrático y se convierte en un ente administrativo sujeto a métricas de equilibrio financiero.

La consecuencia es doble:

Por un lado, se debilita el compromiso comunitario, pues la ciudadanía deja de reconocerse en una institución que simbolizaba la solidaridad colectiva.
Por otro, se erosiona la confianza institucional, porque lo que antes se entendía como derecho pasa a percibirse como gasto condicionado a la disponibilidad fiscal y a la decisión de mayorías legislativas coyunturales.

De ahí que la advertencia de Sandel resulte clave para interpretar lo que ocurre en Costa Rica. La reforma al artículo 73 no solo modifica un párrafo de la Constitución: refleja cómo la lógica tecnocrática puede vaciar de contenido a un pacto social histórico, debilitando la base moral que lo sostuvo durante más de ochenta años.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2025). Proyecto de ley: Reforma al artículo 73 de la Constitución Política (Expediente N.° 25.181). https://www.asamblea.go.cr

Sandel, Michael (2020). La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común? Penguin Random House Grupo Editorial.

Crédito imágenes: Semanario Universidad

La defensa del ambiente sigue costando vidas: Informe Global Witness 2025

septiembre 17, 2025

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El informe Raíces de resistencia de Global Witness (2025) alerta que en 2024 fueron asesinadas o desaparecidas 146 personas defensoras del ambiente y el territorio en todo el mundo. Aunque esta cifra es menor que la del año anterior (196 casos), no refleja una mejora real. Las variaciones responden más bien a problemas de registro y a la falta de denuncias en contextos de represión, lo cual mantiene la violencia como un fenómeno estructural y persistente (Global Witness, 2025).

Desde 2012, se han documentado 2.253 asesinatos o desapariciones prolongadas. Además de los ataques letales, se reportan esquemas sistemáticos de hostigamiento: amenazas, criminalización, difamación, violencia sexual y acoso digital, que afectan tanto la vida comunitaria como la salud mental de las personas defensoras (Global Witness, 2025).

América Latina y el Caribe: epicentro de la violencia

La región continúa siendo la más peligrosa del mundo para quienes defienden los bienes comunes: el 82 % de los casos documentados en 2024 ocurrieron en América Latina (Global Witness, 2025). Cuatro países concentran la mayor parte de los asesinatos:

Colombia: 48 asesinatos, equivalente a un tercio del total mundial. Muchas víctimas eran indígenas y campesinos en zonas de disputa territorial con presencia de crimen organizado y economías ilegales (Global Witness, 2025).

Guatemala: 20 asesinatos, lo que representa un aumento alarmante respecto a 2023 y convierte al país en el más letal per cápita en 2024. La violencia se vinculó a conflictos agrarios, crimen organizado y falta de garantías estatales (Global Witness, 2025).

México: 19 casos, en un contexto marcado por la criminalización y la violencia contra comunidades indígenas y rurales. En Chiapas, la disputa entre grupos armados y el control de recursos naturales agudizó los ataques (Global Witness, 2025).

Brasil: 12 asesinatos, en su mayoría campesinos e indígenas, en un contexto de expansión del agronegocio, tala ilegal y amenazas contra comunidades quilombolas y amazónicas (Global Witness, 2025).

Otros países de la región como Honduras, Nicaragua y Perú también registraron casos significativos, confirmando que la violencia responde a una combinación de intereses extractivos, crimen organizado y debilidad institucional.

Esquemas de violencia y represión

El informe identifica esquemas comunes que explican la magnitud de los riesgos:

Ataques letales y desapariciones forzadas: los asesinatos y desapariciones buscan eliminar liderazgos y sembrar miedo en las comunidades.
Criminalización y uso instrumental de la ley: acusaciones falsas de terrorismo, usurpación de tierras y procesos judiciales arbitrarios se emplean para frenar la organización social.
Represión estatal y violencia paramilitar: fuerzas policiales, militares y grupos armados han estado implicados en al menos 17 asesinatos en 2024, reflejando colusión entre Estado, empresas y crimen organizado.
Impunidad estructural: en países como Colombia, solo un 5,2 % de los asesinatos de líderes sociales desde 2002 han tenido resolución judicial.
Agresiones a comunidades enteras: asesinatos colectivos, desalojos forzosos y violencia contra movimientos sociales buscan desarticular procesos organizativos, como el caso de los seis integrantes del CCDA asesinados en Guatemala en 2024.
Extractivismo y economías ilegales: la minería, la tala y la agroindustria son los sectores más asociados a ataques, muchas veces en territorios donde también operan redes del narcotráfico.
Debilidad e incumplimiento de tratados internacionales: pese a la adopción del Acuerdo de Escazú en 2018, casi 1.000 personas defensoras han sido asesinadas o desaparecidas en la región desde su entrada en vigor (Global Witness, 2025).

Costa Rica: entre la vanguardia ambiental y la regresión silenciosa

Costa Rica continúa proyectándose ante el mundo como “país verde” y ejemplo de vanguardia ambiental, un referente global de sostenibilidad y diplomacia ecológica. Sin embargo, esa misma narrativa convive con procesos de regresión ambiental, debilitamiento institucional y ausencia de protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Paradójicamente, el país fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de Escazú y lo firmó en 2018, pero nunca lo ratificó, dejando en entredicho su compromiso con los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Así, mientras presume liderazgo internacional, mantiene en la práctica vacíos legales y políticos que favorecen la impunidad en conflictos socioambientales.

La sofisticación del modelo costarricense también se expresa en el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). En lugar de balas o desapariciones, se emplean tribunales y bufetes de abogados para silenciar a quienes alzan la voz. Un caso emblemático fueron las denuncias interpuestas contra creadores de contenido que cuestionaron un proyecto turístico de alto impacto, evidenciando cómo se instrumentaliza el aparato judicial para intimidar y agotar económicamente a comunicadores y defensores.

Este tipo de estrategias confirma que Costa Rica, fiel a su estilo, también innova en las formas de represión: menos visibles que en otros países de la región, pero igual de eficaces para desalentar la crítica. El país se mantiene, así, a la vanguardia de la política ambiental internacional… aunque sea como un escaparate brillante que contrasta con la realidad que viven sus comunidades.

Defensores y crisis climática: indicadores de un colapso en marcha

El índice de asesinatos y desapariciones de personas defensoras no solo refleja una crisis de derechos humanos, sino que también se ha convertido en un indicador directo del cambio climático. Allí donde la industria extractiva avanza, las comunidades que resisten son las primeras en caer bajo la violencia. Las últimas fronteras de la naturaleza —los ríos, los bosques tropicales, los humedales, la Amazonía, las montañas indígenas— son defendidas cotidianamente por liderazgos locales que enfrentan la maquinaria global del extractivismo (Global Witness, 2025).

La presión por minerales, madera, agroexportación y megaproyectos de infraestructura está ampliando la frontera extractiva hacia territorios cada vez más frágiles y vitales para el equilibrio climático. La Amazonía, el corredor mesoamericano y las zonas costeras del Caribe y el Pacífico son ahora epicentros de disputa. Esta expansión no solo agudiza la crisis socioambiental, sino que profundiza la vulnerabilidad de quienes se interponen en el camino.

Los asesinatos de personas defensoras, lejos de ser hechos aislados, son la manifestación extrema de un modelo económico que erosiona simultáneamente los derechos humanos y los equilibrios ecológicos. La sangre derramada en estas luchas es también la huella tangible de una crisis climática acelerada por la codicia extractiva.

Reconocer esta relación es crucial: proteger a quienes defienden los territorios es también una de las medidas más efectivas de mitigación y adaptación climática. Allí donde las comunidades logran frenar la deforestación, preservar los ríos o resistir megaproyectos, no solo protegen su supervivencia, sino también la estabilidad climática global.

Leer el informe completo aquí

El informe Raíces de resistencia (Global Witness, 2025) no es solo un recuento de cifras: es un testimonio doloroso y necesario sobre las luchas, riesgos y resistencias de quienes defienden la tierra y el ambiente en todo el mundo. Sus páginas revelan con detalle cómo los intereses económicos, el crimen organizado y la falta de voluntad política siguen cobrando vidas, desmantelando comunidades y poniendo en riesgo nuestro futuro común.

Leer este documento es también un acto de reconocimiento y solidaridad. Reconocimiento hacia quienes han dado su vida por defender bienes comunes que sostienen la vida de todas y todos; y solidaridad con las comunidades que siguen resistiendo en medio de amenazas, criminalización y violencia.

Invitamos a conocer y difundir el informe completo, disponible en el sitio oficial de Global Witness, como un aporte indispensable para comprender la magnitud de esta crisis y la urgencia de construir mecanismos reales de protección. Porque sin personas defensoras, no hay futuro posible para la biodiversidad, los territorios y el planeta.

Puede descargar la infografía aquí

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Monitoreos ambientales alertan sobre rellenos y construcciones en Caribe Sur

septiembre 16, 2025

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Los más recientes monitoreos ambientales de Philippe Vangoidsenhoven documentan tres casos preocupantes detrás de la plaza de fútbol de Puerto Viejo y otro en la franja pública de la ZMT, donde la presión inmobiliaria y turística continúa transformando el entorno costero pese a denuncias formales ante las autoridades.

Primer caso: terreno rellenado y en venta

Un lote que había sido deforestado y rellenado, denunciado desde hace meses por tala ilegal, hoy aparece preparado y en venta. “Es una cosa que me da cólera: la gente destruye el medio ambiente, rellenan todo y cuando ya todo está listo, lo ponen en venta”, relata Philippe. El proceso de comercialización avanza sin que la Fiscalía Ambiental ni el OIJ logren detener la degradación ni sus consecuencias.

Segundo caso: construcción con piscina

En el terreno contiguo se levantó una obra que incluye una piscina. Aunque no está claro si la construcción se encuentra paralizada o sigue en marcha, el solo hecho de que se ejecute en un área de alta biodiversidad genera alarma. “Piscinas son mortales para la vida silvestre. ¿Dónde sacan el permiso?”, cuestiona Philippe. Este tipo de infraestructuras alteran el suelo, afectan los flujos de agua y contaminan el entorno con químicos.

Tercer caso: tala de árboles y lote en abandono

En un tercer lote, al menos dos árboles grandes fueron talados, hecho que también fue denunciado ante el OIJ. Desde entonces, el terreno se mantiene sin mayores intervenciones, ni siquiera chapeado, en un aparente estado de abandono.

Los tres casos, registrados de manera continua en los monitoreos comunitarios, muestran cómo el paisaje del Caribe Sur se transforma a partir de rellenos, talas y construcciones turísticas. La presión inmobiliaria es tal que, según Philippe, “ya denuncié, ya llegaron las autoridades, pero siguieron construyendo igual. Eso es lo que pasa aquí”.

Cuarto caso en Punta Uva: comercios dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre

En la playa de Punta Uva se encuentran en funcionamiento dos locales instalados con estructuras permanentes dentro de la franja pública de la Zona Marítimo Terrestre. Aunque es necesario fortalecer la economía local, no puede hacerse a costa de un área protegida por la legislación. Para estos usos existen alternativas como estructuras movibles, que no implican una ocupación permanente ni la degradación del espacio costero. La presencia de estas construcciones genera preocupación, pues sienta un precedente de invasión en un territorio que debería resguardarse como patrimonio natural y común.

La mirada crítica de Philippe

Para Philippe, lo que queda en evidencia es que la crisis ambiental en el Caribe Sur no se limita a la acción de individuos que construyen, rellenan o talan ilegalmente. El verdadero problema también se encuentra en la falta de respuesta contundente de asociaciones, organizaciones locales e incluso instituciones que, teniendo capacidad de incidencia, no han asumido la responsabilidad que les corresponde.

“Yo no entiendo que no hay más gente que se mete, se ponga las pilas… se ve en plena vista todo lo que está ocurriendo, pero no, cada quien hace su vida”, señala Philippe con frustración.

En muchos casos, estas agrupaciones se presentan como representantes del interés comunitario o de la defensa cultural y social del territorio, pero cuando se trata de enfrentar los impactos ambientales concretos —como la pérdida de bosques costeros, la destrucción de humedales o la proliferación de proyectos inmobiliarios dentro de áreas protegidas— su voz se diluye. Para Philippe, ese silencio, la inacción o la permisividad terminan convirtiéndose en una forma de complicidad que abre el camino a quienes lucran con la especulación territorial.

La situación es aún más grave porque el Caribe Sur posee una riqueza natural y cultural única, reconocida incluso por marcos legales que establecen su protección. No obstante, la distancia de ciertas organizaciones frente a estas urgencias ambientales genera un vacío que debería ser llenado con vigilancia ciudadana, presión política y defensa activa de los bienes comunes.

“Voy a dar mi vida para esto, eso es así. No puedo dejar que sigan destruyendo a plena vista de todas las personas a la madre naturaleza”, afirma Philippe, convencido de la necesidad de sostener la denuncia constante, aun cuando eso signifique exponerse a riesgos personales.

El impacto de las piscinas en ecosistemas costeros

La construcción de piscinas en áreas costeras como Cahuita tiene efectos ambientales que van más allá de la alteración paisajística. Estas infraestructuras requieren un movimiento intensivo de tierra, rellenos y la impermeabilización del suelo, lo que afecta directamente la capacidad natural de absorción del agua y altera el flujo de quebradas y humedales.

Además, el uso constante de químicos para el mantenimiento del agua —como cloro y desinfectantes— puede filtrarse al subsuelo o escurrir hacia ríos y playas, afectando especies sensibles de anfibios, reptiles e insectos, así como la salud de los corales y peces en áreas cercanas al mar.

Otro impacto significativo es la fragmentación del hábitat. En regiones con alta biodiversidad, como la costa caribeña, los patios, jardines y piscinas sustituyen áreas de bosque costero que son vitales para especies en peligro, entre ellas perezosos, aves migratorias y mamíferos que dependen de corredores biológicos para sobrevivir.

En contextos de cambio climático, el problema se agrava: mientras las comunidades costeras enfrentan riesgos crecientes de erosión, inundaciones y pérdida de playas, la expansión de construcciones turísticas con piscinas responde más a intereses comerciales que a una planificación ambiental responsable.

Señas del cambio de paisaje en Cocles

Los monitoreos ambientales de Philippe también registran las huellas cotidianas del cambio de paisaje en el Caribe Sur. Una de esas señas se observó en Cocles, frente a un conocido hotel, donde pudo registrar camiones cargados de zacate, mismo que es utilizado para cubrir amplias superficies de terreno.

El patrón se repite: se eliminan bosques, humedales o parches de vegetación nativa, se rellenan los suelos y se sustituyen por pasto uniforme, como si se tratara de un jardín urbano. Esta transformación no solo borra la complejidad del ecosistema tropical, sino que introduce una estética foránea que empobrece la biodiversidad local.

“Es impresionante cómo destruyen, y después se van a enojar conmigo, me van a atacar a mí por estar denunciando los daños ambientales”, lamenta Philippe.

Lo que antes era un bosque con quebradas y hábitat para innumerables especies, ahora aparece nivelado y cubierto de césped, signo de cómo el paisaje caribeño se va adaptando a intereses inmobiliarios y turísticos que priorizan la apariencia sobre la vida.

Denuncian agresión en medio de monitoreos ambientales en Puerto Viejo

Durante uno de los recorridos de monitoreo ambiental en Puerto Viejo, Philippe fue víctima de una agresión mientras documentaba un chapeo ilegal en zona pública costera. Al acercarse para registrar la intervención, un trabajador lo enfrentó de manera violenta, llegando incluso a sacar un machete.

El hecho se produjo en un área que pertenece al Estado, donde no está permitido volar machete ni eliminar cobertura natural. Sin embargo, estas prácticas se realizan para abrir vistas hacia el mar y favorecer proyectos turísticos. “Hoy en la mañana tuve que enojarme, pucha, esa es zona pública y es refugio silvestre, cada rato lo chapean… y cuando hablo de las leyes me responden: ‘no me importa lo que dice la ley, yo hago lo que quiero’”, recuerda Philippe.

Este episodio se suma a otras situaciones de hostigamiento que enfrentan quienes denuncian daños ambientales en el Caribe Sur. La agresión refleja no solo la presión inmobiliaria y turística que amenaza los ecosistemas, sino también el riesgo personal que asumen las personas defensoras ambientales al documentar y visibilizar estos casos.

Hostigamiento y agresión durante registro fotográfico

Mientras documentaba fotográficamente un área afectada por tala y fumigación, Philippe fue sorprendido por un hombre que estacionó su vehículo detrás del suyo y le exigió explicaciones por tomar fotos, generando una confrontación inicial.

Al continuar con su recorrido, Philippe se dio cuenta de que lo seguían. Ya cerca de Puerto Viejo, el camino fue bloqueado por el mismo vehículo, y una mujer se acercó a increparlo, lo que lo obligó a retroceder y desviarse hacia un parqueo cercano para evitar un enfrentamiento. Durante este desvío, tuvo que apresurarse, pues las personas que lo seguían continuaban detrás de él.

Finalmente, Philippe solicitó la intervención policial, presentando fotos y videos como evidencia. Los oficiales registraron la denuncia y recabaron los nombres de las personas involucradas. Durante todo el episodio, los increpantes hicieron comentarios despectivos hacia su labor, evidenciando un patrón de hostigamiento vinculado a la documentación ambiental y la exposición de irregularidades en la tala y fumigación, incluyendo seguimiento, confrontación directa y amenazas implícitas.

Registro fotográfico:

Estos testimonios de hostigamiento y agresión se comparten con el propósito de sensibilizar y generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan monitoreo ambiental, como en el caso de Philippe. Su labor, orientada a la defensa de la naturaleza y el bien común, no debería exponerles a amenazas ni agresiones.

Nota: Las fotografías incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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La desaparición silenciosa de los cangrejos en el Caribe Sur

septiembre 16, 2025

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En Puerto Viejo, un fenómeno ambiental grave pasa desapercibido para la mayoría: la desaparición progresiva de los cangrejos costeros. Según las observaciones y recorridos de Philippe Vangoidsenhoven, vecino de la zona y testigo de los cambios en el entorno, esta pérdida se ha acelerado en los últimos años debido a múltiples factores ligados a la presión humana.

“Nadie habla de esto. La población de cangrejos prácticamente ha desaparecido. Recuerdo que en esta época los cangrejos, sobre todo los azules —algunos muy grandes—, cruzaban la calle hacia el mar para depositar sus huevos. Hoy ya no se ven.” señala Philippe.

Carreteras, rellenos y pérdida de hábitat

El crecimiento urbano y turístico en la zona ha traído consigo la construcción de carreteras y rellenos costeros. Estos cambios han eliminado gran parte de los espacios naturales donde los cangrejos solían vivir y reproducirse. “Con esa carretera que tenemos y con más gente, son más cangrejos los que quedan apostados, y además el hábitat lo están perdiendo. Esos huecos pequeños en la costa han sido rellenados, lo que significa una pérdida irreversible”, explica Philippe.

La desaparición no es solo de una especie: existían cangrejos de diferentes tipos, todos dependientes de los humedales y bosques costeros. El relleno y la destrucción de estos ecosistemas han interrumpido los ciclos naturales y reducido las poblaciones a niveles casi inexistentes.

Un silencio social y cultural

Más allá del impacto ambiental, Philippe llama la atención sobre el silencio colectivo. Vecinos que antes veían cangrejos cruzando por sus patios hoy comentan que ya no observan ninguno. “Es alguien de lo que nadie, pero nadie habla. Yo sí lo noto y otros también lo recuerdan, pero ya no están”, comenta.

Incluso, relata prácticas de violencia hacia estos animales: “He visto niños tirando piedras a los cangrejos hasta matarlos, ni siquiera para comerlos, sino porque no les gusta que lleguen a su jardín haciendo huecos”. Estas conductas reflejan un desapego hacia la fauna local y agravan aún más la presión sobre las poblaciones.

El impacto oculto del chapeo en la zona marítimo-terrestre

En muchas comunidades costeras, el chapeo de la vegetación en la franja marítimo-terrestre y en zonas protegidas suele verse como una acción rutinaria para “limpiar” terrenos o facilitar el acceso. Sin embargo, esta práctica tiene consecuencias directas en la vida silvestre, particularmente en especies como los cangrejos.

Philippe lo explica claramente: “Si la gente chapea todo el bosque, esos cangrejos van a estar en el aire. No van a tener nada encima que los proteja”. La vegetación costera no solo mantiene la humedad y regula la temperatura del suelo, también brinda cobertura frente a depredadores. Cuando se elimina, los cangrejos quedan totalmente expuestos.

Un ejemplo concreto es la relación con el cangrejero, un halcón especializado en cazar cangrejos. Mientras que especies como el mapache son capaces de depredarlos con o sin vegetación, el cangrejero depende de espacios abiertos para detectarlos y atraparlos. “Si está lleno de vegetación, va a ser difícil. Pero si no hay vegetación, ah no hombre…”, explica Philippe.

Esto demuestra que el chapeo no es una acción menor: al alterar la cobertura natural se modifica la dinámica entre depredadores y presas, generando un aumento de la presión sobre poblaciones ya debilitadas de cangrejos. Así, lo que se percibe como una “limpieza” en realidad es una forma de degradación del hábitat que acelera la desaparición de especies.

Por esta razón, Philippe ha denunciado reiteradamente esta práctica en Puerto Viejo y sus alrededores. Defender la cobertura vegetal de la zona marítimo-terrestre significa también defender los ciclos ecológicos y garantizar que la biodiversidad costera tenga condiciones mínimas para sobrevivir frente al avance de la urbanización y las transformaciones humanas.

Una alerta necesaria

El caso de los cangrejos en Puerto Viejo es un síntoma de un problema mayor: la pérdida de biodiversidad costera frente al avance de la urbanización descontrolada, la indiferencia institucional y la falta de conciencia social.

El testimonio de Philippe pone sobre la mesa un llamado urgente: mirar de frente la desaparición de especies que por décadas formaron parte de la vida cotidiana del Caribe Sur. Reconocer esta ausencia no es solo un ejercicio de memoria, sino un paso necesario para repensar el futuro de la convivencia entre comunidades humanas y ecosistemas.

El papel de los cangrejos en los ecosistemas costeros

Los cangrejos cumplen funciones vitales para la salud de los ecosistemas costeros y marinos. Al excavar túneles en la arena y en los suelos de los humedales, airean la tierra y facilitan el drenaje, lo que ayuda a mantener la estabilidad del suelo y la regeneración de la vegetación. Además, sus restos de hojas y material orgánico contribuyen al reciclaje de nutrientes, favoreciendo la fertilidad natural del entorno.

En los manglares y zonas costeras, los cangrejos son considerados “ingenieros del ecosistema”, ya que su actividad sostiene la productividad de estos ambientes y crea microhábitats que benefician a otras especies. También forman parte esencial de la cadena alimentaria, sirviendo de alimento a aves, peces y mamíferos.

Su desaparición, por tanto, no solo afecta la memoria y la identidad local, sino que genera un vacío ecológico que puede alterar la dinámica de los humedales y de los bosques costeros. Menos cangrejos significa menos control de la materia orgánica, mayor riesgo de degradación del suelo y pérdida de alimento para otras especies.

La disminución de estas poblaciones es un indicador de alarma sobre la fragilidad del equilibrio natural en el Caribe Sur, recordándonos que proteger a los cangrejos es también proteger los ecosistemas de los que dependen las comunidades humanas.

Monitoreos comunitarios y la memoria de las ausencias

La desaparición de los cangrejos en Puerto Viejo no se conoce por estudios oficiales ni estadísticas gubernamentales, sino gracias a la observación cotidiana y los recorridos de vecinos como Philippe. Este tipo de monitoreo comunitario es una herramienta fundamental para identificar cambios en los ecosistemas que muchas veces pasan inadvertidos para las instituciones.

Detectar la ausencia de una especie es tan importante como registrar su presencia. Cuando un animal deja de verse en un lugar donde antes era común, se encienden señales de alarma sobre posibles desequilibrios: pérdida de hábitat, alteración de los ciclos reproductivos, contaminación o sobreexplotación. Estas ausencias revelan que algo esencial en el engranaje natural se está rompiendo.

En contextos como el Caribe Sur, donde los ecosistemas costeros y marinos son frágiles y están bajo fuerte presión, el conocimiento local se convierte en un aliado para la conservación. Las memorias de quienes han convivido con estas especies por décadas aportan un saber irremplazable, porque permiten comparar el presente con lo que existía en el pasado.

Los monitoreos comunitarios, además, cumplen una función educativa: muestran a las nuevas generaciones que cada especie tiene un valor ecológico y cultural, y que su pérdida no es un hecho menor. Al registrar y compartir estas observaciones, las comunidades también están defendiendo su derecho a un ambiente sano y recordando que la ciencia no está separada de la vida cotidiana.

En el Día de la Independencia, la comunidad de Maquengal alza la voz por el Río Frío

septiembre 15, 2025

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Este 15 de septiembre, en medio de las celebraciones patrias en el centro de Guatuso, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro se manifestó con una manta que decía: “Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales”.

Con este gesto simbólico, las comunidades recordaron que la independencia no es completa mientras se siga permitiendo la destrucción de sus ríos y humedales. El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, continúa sufriendo los impactos de la minería no metálica y del dragado que altera su cauce y amenaza la vida de todo el ecosistema.

Durante la actividad, muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre la situación y conversar con integrantes del grupo, mostrando interés y preocupación por la defensa del río.

Incidencia en distintos frentes

La manifestación del 15 de septiembre se suma a una serie de acciones que las comunidades han emprendido en defensa del río.

El pasado 2 de setiembre, el Grupo de Defensa presentó una carta ante el Concejo Municipal de Guatuso, solicitando la revisión de la situación socioambiental provocada por la extracción de materiales en el sector de Maquengal. La nota abrió un debate en sesión municipal sobre un tema sensible para la comunidad, visibilizando cómo la concesión privada no solo afecta al río, sino también a la población escolar —pues la actividad ocurre a menos de 500 metros del centro educativo— y a la vida comunitaria, al haberse transformado un acceso tradicional de recreación en paso para maquinaria pesada.

En esa sesión, las y los vecinos fueron claros: no se oponen al desarrollo ni al mantenimiento de caminos, pero cuestionan un modelo que convierte al pueblo en cantera y que priva a la comunidad de su derecho a disfrutar el río. Señalaron además que la concesión privada tiene una vigencia de diez años, prorrogable, lo que amenaza con profundizar el deterioro del territorio y cerrar oportunidades de desarrollo basadas en el turismo rural, la producción local y la conservación.

A esta acción se suma la entrega de la denuncia pública con más de 150 firmas y de una carta al presidente Rodrigo Chaves durante su visita a Río Celeste, donde las comunidades denunciaron el abandono institucional y exigieron detener las concesiones mineras. En esa oportunidad retomaron el simbolismo del jaguar como emblema de un territorio que hoy calla, porque su río está en agonía.

Reivindicaciones de las comunidades

El Grupo de Defensa de la Cuenca ha sido enfático en sus demandas:

Detener la destrucción del Río Frío por actividades extractivas que socavan la base ambiental y social de Maquengal.
Suspender y revisar las concesiones privadas de minería no metálica, otorgadas sin consulta ni información clara a las comunidades.
Restituir los espacios comunitarios de acceso al río, hoy convertidos en pasos de maquinaria pesada.
Impulsar alternativas de desarrollo sostenible, con énfasis en el turismo rural, la producción local y la conservación.
Reconocer el derecho a participar en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan directamente la vida de la comunidad.

Estas reivindicaciones no son un capricho: son un ejercicio de ciudadanía responsable, respaldado por la Constitución Política que garantiza el derecho a la vida, al ambiente sano y a la participación ciudadana.

Maquengal no es un caserío: es comunidad viva

Muchas personas han llegado a Maquengal y lo han convertido en su hogar, impulsando proyectos alternativos como una Escuela de Biología en una finca colindante con el río Frío. Sin embargo, hoy ven cómo sus sueños se desvanecen ante el deterioro que atraviesa este río, una situación que además ha venido a impedir el desarrollo integral de Maquengal.

Otro punto que indigna a las vecinas y vecinos es la manera en que los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) han descrito a Maquengal. En el caso del proyecto CDP Río Frío, se le reduce a un “caserío” con unas pocas casas dispersas y una escuela, prácticamente como si fuera un lugar marginal y sin vida propia. Bajo ese lente, los impactos sociales se consideran secundarios, se minimiza el uso recreativo y turístico del río, y se concluye que “no se prevé conflicto social significativo”.

Esa visión técnica, denuncian las comunidades, es una forma de despojo simbólico: si se nombra como caserío, parece que importa menos lo que ocurra allí y que sus habitantes tienen menos derecho a decidir sobre su entorno.

La realidad es otra. Para quienes viven en Maquengal, el río ha sido siempre espacio de vida, recreación, cultura y trabajo. Allí se han criado generaciones, se han tejido lazos de solidaridad y se han forjado proyectos colectivos. No es un caserío fantasma, es un pueblo vivo y organizado que hoy lucha por no ser reducido al silencio de las estadísticas.

Como advirtieron en su encuentro del 3 de agosto, el EsIA no refleja el verdadero impacto: ignora que el acceso público al río fue transformado en un paso de maquinaria pesada, que la escuela Palmital está a solo 400 metros del área de extracción y que se están perdiendo oportunidades de turismo comunitario, agricultura y recreación. Lo que está en riesgo no es un “poblado menor”, sino un territorio con historia, identidad y futuro.

La importancia de la participación ciudadana

La experiencia de Maquengal muestra que el futuro de un territorio no puede definirse desde oficinas alejadas de la realidad local. Cuando las decisiones se toman sin consulta, se debilita la democracia y se condena a las comunidades a soportar proyectos que no eligieron.

La participación ciudadana no es un trámite, es un derecho y una herramienta esencial para garantizar que el desarrollo tenga sentido, sea inclusivo y sostenible. Escuchar a las comunidades no retrasa las decisiones: las fortalece, porque incorpora la visión de quienes conviven diariamente con el territorio.

El deber de las instituciones

Las acciones emprendidas por el Grupo de Defensa han dejado claro que la comunidad ya hizo su parte: documentó los daños, levantó su voz y colocó propuestas sobre la mesa. Ahora, el desafío está del otro lado: que las instituciones atiendan, escuchen e involucren a las comunidades en la definición del modelo de desarrollo para Guatuso.

El llamado sigue en pie: vivir la independencia significa defender los bienes comunes y garantizar que ninguna comunidad sea sacrificada en nombre de un progreso que la excluye.