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¿Quién responde por la crisis climática? La Corte Internacional de Justicia marca un hito y abre caminos hacia la defensa de los bienes comunes

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Este 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de las Naciones Unidas, emitió una histórica opinión consultiva que podría cambiar el rumbo de la justicia climática: los Estados son jurídicamente responsables por sus actos u omisiones frente al cambio climático, y su inacción puede constituir un hecho internacionalmente ilícito.

Aunque no se trata de un fallo vinculante, el dictamen tendrá un peso determinante en litigios climáticos actuales y futuros, al ofrecer claridad jurídica sobre las obligaciones de los Estados y abrir nuevas vías para exigir responsabilidades, reparaciones y transformaciones urgentes. Para quienes defendemos los bienes comunes naturales desde los territorios, esta decisión representa un hito y una herramienta para seguir luchando por justicia.

¿Qué resolvió la Corte?

La opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General de la ONU, a partir de una campaña impulsada desde 2019 por jóvenes estudiantes de Derecho en Vanuatu, un pequeño Estado insular del Pacífico. Ellos preguntaron a la CIJ: ¿qué obligaciones tienen los Estados para proteger el sistema climático? ¿Y qué consecuencias jurídicas enfrentan si no lo hacen?

  1. La respuesta de la Corte fue contundente:
  2. Los Estados tienen la obligación legal de prevenir, mitigar y reparar los daños climáticos.
  3. El cambio climático es una amenaza urgente y existencial, cuyas consecuencias afectan tanto a los derechos humanos como a la biodiversidad planetaria.
  4. La responsabilidad estatal incluye tanto acciones como omisiones: producción y consumo de combustibles fósiles, otorgamiento de licencias, subsidios, falta de regulación.
  5. Si la restitución de los daños no es posible, los Estados deben indemnizar a las poblaciones afectadas.
  6. El derecho internacional no se limita al Acuerdo de París: también se aplican normas consuetudinarias y principios generales, incluso para Estados que no forman parte de tratados específicos.

Este pronunciamiento da fuerza jurídica a lo que miles de comunidades han sostenido durante décadas: el colapso climático no es una catástrofe inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y económicas concretas, que generan responsabilidades legales y éticas.

Bienes comunes naturales: más allá del “clima” como cifra

Desde una mirada de los bienes comunes naturales, esta opinión consultiva representa una oportunidad crucial para reorientar las luchas climáticas hacia una defensa integral del territorio, la vida y las relaciones de cuidado que sostienen el planeta.

El sistema climático no es una “cosa” que se protege desde afuera: es una condición común, viva y compartida, tejida con los ciclos del agua, los suelos, los océanos, los bosques, las comunidades y los cuerpos. Su degradación es también el deterioro de los bienes comunes que permiten la vida: el acceso al agua, el alimento, la salud, la energía, la tierra, el aire limpio.

“El derecho a un entorno sostenible es una condición indispensable para disfrutar de los demás derechos”, afirmó el juez Yuji Iwasawa al leer el dictamen.

Al reconocer que los Estados deben no solo prevenir, sino reparar los daños causados al sistema climático, el tribunal se acerca a una lógica reparadora y redistributiva, que es clave para las comunidades del sur global que han sufrido los impactos del extractivismo, la desigualdad ambiental y la injusticia histórica.

De las islas del Pacífico a los territorios en lucha

Lo que comenzó en un aula universitaria en Vanuatu se transformó en un proceso diplomático y jurídico sin precedentes: más de 130 países apoyaron la resolución, y 96 Estados participaron en las audiencias públicas. Esta articulación entre juventudes, organizaciones civiles, pueblos insulares y actores estatales muestra que las luchas por los bienes comunes y la justicia climática pueden escalar hasta los espacios más altos del derecho internacional.

Desde América Latina y el Caribe, este fallo puede fortalecer las exigencias de pueblos indígenas, comunidades campesinas, colectivos urbanos, defensores ambientales y juventudes que ya enfrentan las consecuencias del colapso climático: huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos, contaminación, escasez hídrica, inseguridad alimentaria.

“Esta decisión nos da herramientas para exigir un futuro habitable”, afirmó Mariana Campos Vega, de Juventud Mundial por la Justicia Climática.

Una oportunidad para transformar la gobernanza climática

Desde 2023, se han multiplicado los pronunciamientos judiciales en esta dirección: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal del Derecho del Mar han vinculado el cambio climático con violaciones a los derechos humanos.

Con la opinión de la CIJ, el mensaje es claro: no hay más excusas para la inacción. Las decisiones climáticas no son optativas: son obligaciones legales.

Para los movimientos que defienden los bienes comunes, esto implica:

  1. Fortalecer la presión desde los territorios: las comunidades organizadas pueden usar este dictamen como argumento jurídico y político ante proyectos contaminantes.
  2. Desplegar litigios estratégicos: exigir reparaciones, detener obras destructivas, y defender derechos desde una perspectiva climática y comunitaria.
  3. Repensar la cooperación internacional: más allá de fondos climáticos, se requiere una transformación estructural en la forma en que se entienden la deuda ecológica, la redistribución y la justicia.
  4. Empoderar las voces del sur global: no como víctimas, sino como sujetos políticos, portadores de propuestas de futuro y de formas alternativas de vida.
Lo que está en juego: ¿un nuevo paradigma?

El fallo de la CIJ no resuelve por sí solo la crisis. Pero marca un punto de inflexión en el derecho internacional y abre un nuevo campo de posibilidades para quienes defienden los bienes comunes desde una perspectiva de reciprocidad, relacionalidad y autonomía.

“Una solución duradera y satisfactoria exige voluntad y sabiduría humana para cambiar nuestros hábitos, comodidades y el estilo de vida actual”, concluye el dictamen.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes celebramos esta decisión como un respaldo a las luchas que, desde abajo, desde los márgenes y desde los territorios, ya vienen proponiendo otros caminos para la vida. La justicia climática no vendrá desde arriba si no se construye desde los pueblos, desde sus memorias, sus conocimientos, sus resistencias y su derecho a existir.

Referencias:

IPS Noticias. (2025, 23 de julio). Los Estados son responsables por la crisis climática, dicta la CIJ. IPS Noticias. https://ipsnoticias.net/2025/07/los-estados-son-responsables-por-la-crisis-climatica-dicta-la-cij/

Robaina, E. (2025, 23 de julio). La Corte Internacional de Justicia atribuye responsabilidad legal a los países que no protejan el sistema climático. Climática. https://climatica.coop/opinion-consultiva-corte-internacional-de-justicia-vanuatu-cambio-climatico/?tztc=1

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Cuando “mi terreno” no significa hacer lo que yo quiera: alertas desde el Caribe Sur

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En distintos puntos del Caribe Sur se repite una escena preocupante: terrenos usados para lanzar escombros, troncos, cemento y tierra sin ningún control. Muchas veces, estos lugares son humedales o zonas con quebradas activas, ecosistemas frágiles que cumplen funciones vitales como regular inundaciones, filtrar el agua y sostener una enorme biodiversidad.

Así lo ha venido documentando Philippe Vangoidsenhoven a través de su monitoreo ciudadano. Recientemente, observó que, a 800 metros del cruce de Hone Creek, se estaban rellenando partes de un humedal: “tiraban material, troncos, tierra, material orgánico, pero también escombros de construcción y residuos de todo tipo. Esto no debe hacerse por ningún motivo”, relata. Aunque el dueño de la propiedad asegura que “es su terreno” y que puede dar permiso para botar ahí lo que sea, la ley es clara: tener una propiedad no autoriza a destruir ecosistemas ni a alterar cauces de agua o humedales. Estos son bienes comunes protegidos por normativas ambientales nacionales e internacionales.

Lo ocurrido recuerda una idea que todavía falta reforzar: la noción de propiedad privada no está por encima del interés público ambiental. Tener un terreno no significa que se pueda talar árboles protegidos, drenar humedales o desviar quebradas. Hacerlo es un delito y genera daños que impactan a toda la comunidad: mayor riesgo de inundaciones, pérdida de fauna, contaminación de aguas.

Lo que se ve sin buscar: escombros tapando humedales

El trabajo de monitoreo de Philippe ha denunciado cerca de cuatro casos que evidencian con claridad una práctica que se ha vuelto habitual en distintos puntos del Caribe Sur: la creación de ‘rellenos’ improvisados con todo tipo de desechos para ganarle terreno a la naturaleza y habilitar construcciones. Lo que a veces comienza con tierra o ramas termina convirtiéndose en una mezcla caótica de residuos orgánicos e inorgánicos: restos de construcción, cemento, cerámica, metales, cables, raíces de árboles talados en otros lugares y hasta baterías y plásticos.

A simple vista, se observa un patrón:

  • Se talan árboles en un terreno y se transportan sus troncos a otro sitio.
  • Se aprovechan demoliciones para cargar escombros en pick-ups o camiones pequeños.
  • Se arroja ese material en humedales, o para el relleno de las orillas de las quebradas, cubriendo lo inorgánico con material orgánico para que pase desapercibido.
  • Se nivela la superficie y, poco a poco, se prepara para construir encima.

Esta dinámica no es un hecho aislado: se repite incluso a escasos metros de instituciones públicas, sin que medie una respuesta inmediata para frenarla. La naturalización de estas prácticas revela una combinación peligrosa entre la débil fiscalización y la arraigada creencia de que, por ser propietario, se tiene derecho a modificar cualquier ecosistema.

Los casos que Philippe documenta —vagonetas descargando basura en un humedal o la presencia de residuos en los terrenos— refleja un problema estructural: la frágil capacidad de control ambiental y la urgencia de una ciudadanía vigilante que siga denunciando estas agresiones. Porque cada relleno improvisado es, en realidad, un ecosistema destruido.

¿Qué podemos hacer?

  • Denunciar ante al 911, Ministerio de Salud, MINAE, SINAC o la policía cuando se detecten estas prácticas.
  • Difundir información para que más personas conozcan que humedales y quebradas tienen protección especial.
  • Exigir a las autoridades seguimiento real a estas denuncias.

El monitoreo ciudadano como el de Philippe es clave para visibilizar lo que ocurre en el territorio. Cuidar los humedales y quebradas no es solo responsabilidad del Estado: es un compromiso de todas y todos, porque estos ecosistemas son nuestra defensa natural y un bien común que merece respeto.

¿Qué pasa cuando se tiran escombros y residuos en un humedal?

A primera vista, lanzar tierra, troncos o cemento en un terreno parece inofensivo, pero en un humedal o en las orillas de una quebrada el impacto es profundo y casi siempre irreversible:

  • Se altera el flujo natural del agua. Los escombros tapan canales y nacientes, reducen la capacidad del humedal de absorber lluvias y aumentan el riesgo de inundaciones en comunidades cercanas.
  • Se pierde biodiversidad. Tortugas, peces, aves acuáticas, plantas propias del humedal y microorganismos dejan de encontrar alimento y refugio cuando el terreno se rellena con materiales extraños.
  • Se contamina el suelo y el agua. Los residuos de cemento, madera tratada o restos de construcción liberan sustancias que cambian la calidad del agua y afectan la vida acuática.
  • Se rompe la función de “filtro natural”. Un humedal sano retiene sedimentos y mejora la calidad del agua que luego usamos; al cubrirlo con escombros, esa función se pierde.
  • También el material orgánico altera el humedal. Aunque parezca inofensivo, arrojar ramas, troncos o tierra modifica la topografía natural, eleva el nivel del suelo, tapa la vegetación nativa y acelera procesos de descomposición que pueden cambiar la química del agua y reducir el oxígeno disponible para la fauna.

Cada camión de material tirado en un humedal no solo transforma el paisaje, también pone en riesgo servicios ecosistémicos de los que dependemos todos los días. Por eso es vital denunciar y frenar estas prácticas a tiempo.

¿Qué dice la legislación costarricense sobre la propiedad?

En Costa Rica la propiedad privada está protegida por la Constitución Política (artículo 45), pero ese derecho no es absoluto. El mismo texto constitucional indica que la propiedad está sujeta a las limitaciones y obligaciones que dicte el interés público. Esto significa que, aunque una persona sea dueña de un terreno, no puede usarlo de manera que destruya bienes de interés común, como los bosques, ríos, quebradas y humedales.

La Ley de Conservación de Vida Silvestre (N.° 7317), la Ley Forestal (N.° 7575) y la Ley Orgánica del Ambiente (N.° 7554) establecen claramente que:

  • Las quebradas, ríos, humedales y manglares son bienes de dominio público, aunque atraviesen una propiedad privada.
  • Existe una franja de protección a ambos lados de los cauces y zonas de recarga acuífera donde no se puede rellenar, construir ni talar.
  • Alterar un humedal, cambiar su uso o rellenarlo sin permisos técnicos y ambientales es un ilícito que puede acarrear multas, procesos judiciales e incluso la obligación de restaurar el daño.

En palabras sencillas: ser dueño de un terreno no da derecho a destruir lo que ahí hay si forma parte de un ecosistema protegido. Tener título de propiedad no autoriza a drenar un humedal ni a tapar una quebrada; la ley está por encima de cualquier “permiso” informal que un propietario quiera dar.

Registros 2022

Registro 2023

Registro 2024

Registro 2025

Nota: Las fotografías y videos incluidos en esta publicación son de carácter ilustrativo y tienen como único propósito reflejar la gravedad de la situación descrita. No deben interpretarse como evidencia directa contra personas específicas ni como señalamiento individual.

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Despojos racistas: Rostros de la «transición verde»

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En esta conversación profunda y urgente con Josefa Sánchez Contreras, abordamos cómo las luchas ambientales están siendo cooptadas por discursos que, en nombre de salvar el planeta, perpetúan formas de despojo racista y colonial. Hablamos del colonialismo energético, las falsas soluciones verdes, el engaño de la transición energética, y los retos de construir ecologismos realmente antirracistas y anticoloniales. Josefa comparte desde su experiencia de lucha, señalando la importancia de los saberes territoriales, comunitarios e indígenas frente a una ecología de mercado que invisibiliza resistencias y reproduce violencias históricas.

🔴 Una entrevista que interpela, incomoda y abre caminos hacia otras formas de defender la vida y el territorio.

Si desean conocer más sobre la obra de Josefa, puden leer:

Crédito de imagen: Semanario Universidad.

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Frantz Fanon a 100 años: pensamiento vivo para la liberación

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“Cada generación debe, en una relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.”
— Frantz Fanon

Este 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, psiquiatra, escritor y militante anticolonial nacido en Martinica. A un siglo de su llegada al mundo, su pensamiento no solo conserva una vigencia inusitada, sino que continúa siendo un faro para quienes luchan contra las formas contemporáneas del racismo, el colonialismo y la opresión. Su vida encarna una rara coherencia entre pensamiento y acción, entre la teoría y el compromiso político por la liberación de los pueblos.

Un pensador radical del colonialismo y la subjetividad

Frantz Fanon fue uno de los primeros en articular con profundidad cómo el colonialismo no solo domina territorios, sino que penetra en la psique de las personas colonizadas. En “Piel negra, máscaras blancas” (1952), Fanon exploró cómo el racismo produce una alienación estructural en la subjetividad negra, obligando a las personas a usar “máscaras” impuestas por la cultura blanca dominante para poder sobrevivir. Este texto no es solo un análisis psicológico; es una denuncia ética y política de la deshumanización colonial.

Fanon comprendió el racismo como una tecnología de poder: no es solo un “prejuicio” ni un “error” individual, sino una estructura que sostiene el orden colonial y el capitalismo global. En su lectura, la liberación auténtica no puede venir de reformas superficiales, sino de una ruptura con el sistema que produce esas jerarquías.

La violencia como respuesta: una ética desde los condenados de la tierra

Su obra más influyente, “Los condenados de la tierra” (1961), fue escrita mientras trabajaba con el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Argelia, poco antes de su muerte. Este libro marca una ruptura con los discursos liberales y eurocéntricos sobre el desarrollo y la democracia. Fanon no idealiza la violencia, pero la reconoce como un momento inevitable en los procesos de descolonización, porque el colonialismo mismo se funda en la violencia. La violencia liberadora aparece como una reapropiación de la dignidad y una forma de reconstrucción del sujeto oprimido.

A diferencia del humanismo colonial, que oculta la deshumanización bajo discursos de civilización, Fanon apuesta por un nuevo humanismo, nacido de la lucha y del reconocimiento de la humanidad negada. Es un humanismo insurgente, construido por los de abajo, por quienes han sido despojados de su voz y su cuerpo.

Un compromiso encarnado: Fanon militante

Más allá de sus libros, Fanon fue un hombre profundamente comprometido con la praxis revolucionaria. Renunció a su cargo como psiquiatra del hospital de Blida, en Argelia, al no poder ser cómplice del aparato colonial francés. Se unió activamente al movimiento de liberación argelino, asumió misiones diplomáticas y formó parte de una lucha que no era la “de su pueblo natal”, sino la de todos los pueblos colonizados del mundo.

Este gesto de solidaridad radical –arriesgar la vida por una causa que no es “nacional” sino humana– es parte de la coherencia ética que hace de Fanon una figura ejemplar. No pensaba la revolución como una consigna abstracta, sino como un proceso en el que se arriesga el cuerpo, el tiempo y la vida.

Pensar con Fanon hoy: descolonizar es urgente

Hoy, en un mundo atravesado por nuevas formas de colonialismo —económico, cultural, epistémico y ecológico—, las palabras de Fanon resuenan con fuerza. En América Latina, África y Asia, en los territorios indígenas, en los barrios racializados, en las luchas de las juventudes precarizadas, su llamado a descubrir la misión histórica de cada generación sigue siendo una provocación necesaria.

Descolonizar no es solo un acto académico ni un reclamo simbólico: es una práctica que interpela las estructuras de poder y nuestras formas de vida. Leer a Fanon en este centenario no debe ser un homenaje pasivo, sino una invitación activa a renovar el compromiso con los procesos de emancipación, con los pueblos que luchan, con quienes siguen siendo tratados como desechables por un sistema que jerarquiza vidas.

Fanon vive en cada intento por decir la verdad contra la opresión, en cada gesto de solidaridad activa, en cada comunidad que se organiza para recuperar su autonomía. A 100 años de su nacimiento, su pensamiento nos recuerda que no hay transformación sin riesgo, ni liberación sin conflicto.

Descolonizar también es hacer: más allá del discurso

Frantz Fanon nos alerta con claridad: la descolonización no es una metáfora, ni un giro semántico en los debates académicos. Es una reorganización radical del mundo, una ruptura concreta con los modos de vida, de gobernar, de habitar, de sanar y de educar impuestos por el colonialismo. Por eso, descolonizar implica prácticas vividas, no solo interpretaciones.

En muchos espacios, el discurso descolonial ha sido absorbido por instituciones, universidades y ONGs sin que ello signifique un compromiso real con las luchas de los pueblos. Fanon nos previno de ese peligro: cuando la descolonización se vuelve una moda discursiva sin anclaje en el cuerpo, el territorio y la comunidad, deja de ser una amenaza al orden colonial.

Descolonizar exige recuperar saberes, lenguas, espiritualidades, economías y modos de cuidado propios, en diálogo con las urgencias del presente. Significa desafiar la verticalidad del Estado-nación, cuestionar el monocultivo del pensamiento occidental, denunciar las formas de racismo ambiental, reconstruir la salud desde el cuerpo-territorio, y defender la vida más allá del lucro y la acumulación.

En este sentido, Fanon no es solo un pensador, sino un guía ético-político que exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su legado interpela a quienes luchan por el cambio social: ¿cómo se vive lo que se proclama? ¿Qué prácticas reproducen la colonialidad incluso en espacios que se dicen alternativos? ¿Quiénes deciden y desde dónde?

El pensamiento de Fanon, a 100 años de su nacimiento, nos recuerda que no basta con denunciar el colonialismo: hay que dejar de ser sus funcionarios cotidianos. Descolonizar es también cocinar, sembrar, sanar, enseñar y organizar desde otros lugares, con otros ritmos, con otras palabras.

¿Querés una mirada clara y visual sobre el legado de Frantz Fanon? Preparamos una infografía que resume sus principales ideas, su compromiso militante y por qué su pensamiento sigue siendo clave para las luchas actuales.

Ideal para espacios educativos, colectivos, talleres o para compartir en redes.

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Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en «botín»

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Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña

Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.

Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.

Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”

Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.

Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.

Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.

Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes

Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:

“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”

El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.

A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.

Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.

El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización

La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.

Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.

Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.

Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.

Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.

Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.

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Reescribir la participación: lo que desafía el fallo sobre Gandoca‑Manzanillo

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La reciente Sentencia N.° 2025‑2281 de la Sala Constitucional —resultado de la acción presentada por la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales del Caribe Sur (Covirenas‑Caribe Sur), la activista Selva Baker y la abogada ecologista Silvia Matamoros, elaborada por el abogado, exdiputado y docente José María Villalta junto con estudiantes de los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Costa Rica— constituye un hito en la protección de los ecosistemas del Caribe Sur. Al declarar inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo y anular la Directriz N.º 09‑2023 del MINAE, la Sala reafirma principios esenciales del derecho ambiental: el deber de tutela efectiva, el principio de precaución y prevención, así como el respeto a compromisos internacionales como la Convención RAMSAR.

Sin embargo, este logro jurídico no está exento de nuevos retos. La sentencia otorga al SINAC un plazo de un año para corregir los vicios señalados, lo cual deja claro que no basta con eliminar normas inconstitucionales: hace falta un proceso de revisión participativo, técnico y transparente. Esto no será sencillo, pues históricamente los planes de manejo y regulaciones costeras se han elaborado con poca incidencia real de las comunidades locales, generando tensiones entre intereses turísticos e inmobiliarios y el derecho colectivo a un ambiente sano.

En ese marco, la participación ambiental en Costa Rica continúa siendo un terreno en disputa. Aunque existe un marco constitucional sólido, los mecanismos de consulta suelen ser formales y no aseguran que las voces de las distintas comunidades que habitan el territorio influyan de manera efectiva en las decisiones. Esta sentencia obliga a repensar cómo se construyen las políticas de conservación y cómo se rinden cuentas cuando se priorizan intereses privados por encima de los bienes comunes.

De este panorama emergen desafíos concretos:

  1. Revisar y rediseñar los procesos de participación ambiental para que dejen de ser meras consultas simbólicas y se conviertan en espacios de decisión vinculante.
  2. Fortalecer la transparencia institucional, garantizando que planes y directrices respondan a criterios técnicos y no a presiones políticas o económicas.
  3. Establecer garantías de no repetición, revisando otros instrumentos de manejo que puedan presentar vicios similares.

En síntesis, esta sentencia no cierra un capítulo: abre la oportunidad de construir una gobernanza ambiental más justa e inclusiva. El reto es enorme, pero también lo es la posibilidad de renovar la relación entre Estado, comunidades y territorio. Costa Rica tiene ahora la oportunidad de demostrar que el derecho a un ambiente sano no es solo un discurso, sino una práctica viva sostenida en la participación real de quienes cuidan y habitan los ecosistemas.

Implementar el fallo de la Sala Constitucional: entre la vigilancia comunitaria y los obstáculos estructurales

Más allá del plano jurídico, la sentencia N.° 2025‑2281 revela un panorama complejo para su puesta en marcha. Aunque el fallo otorga al SINAC un plazo máximo de un año para subsanar los vicios señalados, llevarlo a la práctica implica superar obstáculos de fondo:

1. Tramas de intereses y presunta colusión institucional: El caso Gandoca‑Manzanillo ha expuesto señalamientos de supuesta corrupción y acuerdos informales entre entidades públicas, empresas privadas y particulares interesados en flexibilizar la protección ambiental. Estos intereses generan resistencias internas y dificultan la creación de instrumentos de manejo alineados con los principios constitucionales y los tratados internacionales.

2. Débil capacidad de las instituciones ambientales: La sentencia también evidencia que, en el mejor de los casos, las entidades responsables han mostrado limitaciones técnicas y políticas para salvaguardar ecosistemas de alto valor. Sin cambios profundos en la gobernanza interna del SINAC y en la rendición de cuentas del MINAE, existe el riesgo de que el nuevo plan de manejo repita las mismas fallas con ajustes apenas superficiales.

3. El papel central del monitoreo y la vigilancia comunitaria: Frente a estas dinámicas, el monitoreo ciudadano ha sido decisivo para visibilizar irregularidades, ocupaciones ilegales y daños al ecosistema. Sin este acompañamiento desde los territorios, muchas de estas prácticas habrían pasado inadvertidas. Implementar el fallo supone institucionalizar esa vigilancia, creando espacios reales para que los habitantes locales supervisen y aporten al diseño de nuevos instrumentos de manejo.

4. Garantías de cumplimiento y no repetición: Finalmente, el reto no termina con un plan de manejo corregido. Se requieren mecanismos para asegurar que, una vez aprobado, se cumpla de forma rigurosa y no se convierta en letra muerta. Esto implica fortalecer la fiscalización, dotar de recursos a las áreas protegidas y garantizar protección efectiva a las personas defensoras, quienes a menudo enfrentan hostigamientos o amenazas.

En pocas palabras: este fallo abre una oportunidad inédita para reconstruir la gobernanza ambiental del Refugio Gandoca‑Manzanillo. Pero esa oportunidad solo se concretará si se enfrentan las prácticas de colusión y se consolidan procesos participativos donde la vigilancia comunitaria, lejos de ser ignorada, sea reconocida como un pilar indispensable para asegurar que las áreas protegidas sigan siendo verdaderos bienes comunes.

Participación comunitaria: clave ante la inercia institucional en la gestión ambiental

La sentencia también confirma algo que las comunidades han denunciado por años: la gestión ambiental no puede descansar únicamente en instituciones que, en el mejor de los casos, han mostrado impotencia para impulsar políticas de conservación sólidas y coherentes.

Aunque el SINAC y el MINAE poseen el mandato legal para administrar estos territorios, su capacidad de acción se ha visto limitada por trámites burocráticos, presiones políticas y económicas, e incluso vacíos técnicos. De estas limitaciones han surgido planes de manejo cuestionables y directrices que —como ahora lo confirma la Sala— vulneran principios constitucionales y compromisos internacionales.

Frente a este panorama, el involucramiento comunitario no es un gesto simbólico, sino una necesidad estructural. Las comunidades locales, que conviven a diario con los ecosistemas, aportan conocimientos prácticos, memoria histórica y vigilancia territorial que el aparato estatal no puede suplir. Su participación efectiva garantiza mayor legitimidad y favorece planes de manejo más realistas, adaptados y sostenibles.

Por ello, es indispensable abrir espacios vinculantes donde personas pescadoras, agricultoras, liderazgos comunales y organizaciones ambientales puedan incidir en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas de conservación. No se trata de delegar responsabilidades, sino de reconocer que la protección de los bienes comunes se logra cuando Estado y comunidades trabajan como pares y no desde relaciones verticales que excluyen y desmovilizan.

La sentencia abre un camino para repensar estos procesos. Que no se quede solo en una corrección técnica: debe ser el inicio de una nueva práctica institucional basada en la escucha, la reciprocidad y el compromiso con quienes históricamente han cuidado estos territorios, muchas veces a pesar de la indiferencia oficial.

El futuro de Gandoca‑Manzanillo —y de muchas otras áreas protegidas en Costa Rica— dependerá de la capacidad de articular esa fuerza comunitaria con una institucionalidad que, en vez de frenar, sepa potenciar la defensa de la vida.

Personas defensoras ambientales: entre la vulnerabilidad y la ausencia de garantías

La sentencia de la Sala Constitucional sobre el Refugio Gandoca‑Manzanillo abre una oportunidad para fortalecer la gobernanza ambiental, pero también nos recuerda el lugar de vulnerabilidad en el que se encuentran quienes defienden los territorios. Las personas defensoras ambientales —comunidades locales, liderazgos comunales, activistas y organizaciones de base— han sido fundamentales para denunciar irregularidades, visibilizar daños ecológicos y mantener viva la vigilancia sobre las áreas protegidas.

Sin embargo, realizan esta labor sin contar con garantías mínimas para ejercerla de forma segura. Muchas enfrentan hostigamientos, amenazas veladas, procesos administrativos injustificados o incluso campañas de desprestigio. A esto se suma la falta de reconocimiento institucional: no existen protocolos claros de protección ni marcos legales que les aseguren condiciones adecuadas para sus tareas de monitoreo, denuncia y articulación comunitaria.

Mientras tanto, la institucionalidad ambiental sigue actuando como si la defensa del ambiente fuera una obligación únicamente del Estado, cuando en la práctica son estas personas y comunidades quienes sostienen los territorios día a día. Su vulnerabilidad no solo es personal, sino que afecta la salud misma de los ecosistemas al desincentivar la participación y la denuncia frente a intereses económicos o prácticas ilegales.

En este contexto, se vuelve inevitable señalar una deuda pendiente: la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú. Este tratado regional fue diseñado precisamente para garantizar el acceso a la información, la participación efectiva en la toma de decisiones ambientales y la protección de quienes defienden el ambiente. Costa Rica, país sede de su firma en 2018, aún no lo ha ratificado, dejando sin consolidar muchas de las garantías que hoy se reclaman.

El camino que abre la sentencia será incompleto mientras no existan mecanismos legales y efectivos para proteger y reconocer a las personas defensoras. Ratificar Escazú no es solo un gesto político; es una necesidad urgente para que la defensa de la vida y del territorio deje de ser un riesgo asumido en soledad y se convierta en una tarea colectiva respaldada por el Estado y la ley.

Crédito imagenes: Semanario Universidad

El 16 de julio de 2025, la Sala Constitucional de Costa Rica emitió la sentencia N.° 2025-2281, que declara inconstitucional el Plan General de Manejo del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (2017–2026) y la Directriz N.º 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía. Esta decisión representa un precedente clave en la defensa de los ecosistemas costeros del Caribe Sur y reafirma el deber del Estado de garantizar el derecho a un ambiente sano. La infografía que aquí presentamos resume  los principales elementos. Esta herramienta busca facilitar la comprensión ciudadana del caso y apoyar los procesos de vigilancia y participación ambiental desde los territorios.

Pueden descargar la infografía

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

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📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca-Manzanillo

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Aclaración y disculpa pública – “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”

📌 La acción de inconstitucionalidad que llevó a la sentencia 2025‑2281 fue presentada por Silvia Matamoros, Atec y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

El  17 de julio de 2025 difundimos la nota titulada “Una victoria para la defensa de los territorios: Sala Constitucional anula plan de manejo del Refugio Gandoca‑Manzanillo”, en la cual celebramos la resolución 2025‑2281 de la Sala Constitucional.

En dicha publicación señalamos de manera incorrecta que la acción de inconstitucionalidad que dio lugar a esta sentencia estaba vinculada a la Asociación de Desarrollo para la Ecología (ADE) o a la persona defensora Marco Levy. Esto no es correcto y queremos rectificarlo públicamente.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Silvia Matamoros, ATEC y Covirenas Selva Baker, en conjunto con el Consultorio Jurídico de la Universidad de Costa Rica.

Reconocemos que la mención inexacta puede haber generado confusión y restado visibilidad al valioso trabajo jurídico y comunitario de quienes llevaron este proceso hasta la Sala Constitucional.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes ofrecemos una sincera disculpa a las personas y organizaciones mencionadas erróneamente, y reafirmamos nuestro compromiso con la rigurosidad informativa, la transparencia y el respeto a todas las luchas en defensa de los bienes comunes.

Nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que situaciones como esta no se repitan. Reforzaremos nuestros procesos internos de verificación y validación de información antes de su publicación, y corregiremos con prontitud cualquier dato que pueda inducir a error. Nuestro trabajo se sustenta en la confianza de las comunidades y personas defensoras, y esa confianza exige el mayor cuidado con cada palabra que compartimos.

La nota original que contenía la información errónea ya ha sido retirada de nuestras plataformas oficiales para evitar que siga circulando y generando confusión. Agradecemos la comprensión de quienes nos leen y reiteramos que cualquier actualización o corrección relevante será comunicada de manera transparente y oportuna.

Agradecemos profundamente a quienes hicieron posible esta acción histórica y reiteramos nuestra disposición para seguir acompañando, con información correcta y apoyo, la defensa del Refugio Gandoca‑Manzanillo y de todos los territorios de vida.

Observatorio de Bienes Comunes

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Celebramos a Orlando Fals Borda: un cuaderno para investigar y transformar

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En el Observatorio de Bienes Comunes no dejamos pasar el natalicio de Orlando Fals Borda (1925‑2008)… bueno, quizá llegamos con retraso a la fiesta de sus 100 años, ¡pero llegamos con regalo y con ganas de conversar!

Presentamos el Documento de Trabajo 11: Orlando Fals Borda: Ideas para transformar el mundo, un cuaderno que nos recuerda que investigar no es solo describir, sino comprometerse con la vida y con quienes la defienden día a día.

Entre sus páginas encontrarás conceptos que siguen iluminando a quienes, desde la academia, buscamos dialogar con los territorios y las comunidades:

✨ Sentipensar: unir razón y corazón para entender y transformar la realidad.
✨ Mapa de saberes: rescatar la memoria local y convertirla en motor de acción.
✨Diálogo de saberes: escuchar a las comunidades como sujetos de conocimiento.
✨ Investigación Acción Participativa (IAP): porque investigar no es mirar desde lejos, es embarrarse los pies y construir juntos.

Como bien dice el cuaderno:

“No basta con describir; la investigación debe ser útil para resolver problemas concretos, fortalecer organizaciones y generar cambios tangibles.”

“Cada comunidad guarda una memoria que ha sido silenciada. Volver a esas historias es reivindicar dignidad y orientar nuevas luchas.”

Adiós al “Hombre Hicotea”: investigar sin caparazón

En este cuaderno también aparece una de las metáforas más sabrosas de Orlando Fals Borda: el “Hombre Hicotea”, ese investigador que se encierra en su caparazón académico, produce textos desde la comodidad de su escritorio y evita embarrarse con la realidad.

Fals Borda lo decía sin rodeos: no basta con mirar desde lejos, hay que caminar con la gente, escuchar sus memorias y dejarse afectar por sus luchas.

El Documento de Trabajo 11 es, precisamente, un antídoto contra esas tendencias:
✅ Invita a romper el aislamiento académico,
✅ A tejer diálogos de saberes,
✅ A devolver el conocimiento en formas útiles,
✅ Y a asumir la investigación como compromiso vital, no como refugio.

Así que, si alguna vez sentiste la tentación de convertirte en un “Hombre Hicotea”, este cuaderno no solo te lo recuerda, sino que te da el empujón que faltaba: abrí el caparazón, salí al territorio y dejá que tus ideas se mezclen con otras, con barro, memoria y vida.

Porque este documento no es solo un homenaje: es una invitación abierta a dejar atrás el aislamiento académico y a caminar, codo a codo, con las comunidades que transforman el mundo.

📌 Llamado: Si eres docente, estudiante o investigadora/or, te invitamos a usar este documento como insumo en talleres, proyectos y cursos. Queremos escuchar cómo estas ideas se ponen en práctica: escríbenos, comparte tus experiencias y súmate a este esfuerzo por una ciencia más cercana y transformadora.

Porque honrar a Fals Borda no es solo recordar su cumpleaños… es asumir, como él, el compromiso de investigar para transformar.

🎉 Descárgalo aquí y hazlo parte de tus clases, investigaciones o espacios de diálogo.

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CODECE solicita inspección ante posibles afectaciones en la cuenca del río Carrizal

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La Asociación Conservacionista de los Cerros de Escazú (CODECE) participó este martes 15 de julio en la sesión del Concejo Municipal de Escazú, donde presentó una solicitud formal de inspección ante posibles afectaciones en la cuenca alta del río Carrizal.

Según lo expuesto por la organización, en las últimas semanas han circulado reportes ciudadanos sobre cambios inusuales en la calidad del agua, observados especialmente en días secos. Las aguas del río Carrizal habrían presentado una coloración turbia y presencia de sedimentos, lo cual encendió las alertas de vecinas y vecinos que han realizado inspecciones informales en el sector conocido como Rosalinda, en Jaboncillos. Las inspecciones de campo se realizaron específicamente en la parte alta del río Carrizal (Carrizal arriba), aunque la turbidez del agua ha sido observada a lo largo de todo el cauce.

A partir de estos reportes, CODECE identificó la presencia recurrente de maquinaria pesada en una finca ubicada cerca de nacientes del río. Hasta el momento no se ha podido confirmar si las actividades en el sitio cuentan con permisos de movimiento de tierra ni si se han realizado estudios de impacto ambiental, por lo que se considera fundamental realizar una verificación oficial.

 La zona en cuestión forma parte de una microcuenca de alta sensibilidad ecológica, donde nacen diversos manantiales que alimentan el río Carrizal. Aunque no se integran directamente a un sistema de agua potable formal, CODECE advierte sobre la importancia estratégica de estas aguas en una fase temprana del ciclo hidrológico, aún no intervenidas por usos agrícolas o urbanos.

Citando la Ley Forestal N.º 7575, CODECE recordó que toda naciente debe contar con una franja de protección mínima de 100 metros, y cualquier intervención en ese radio requiere una evaluación ambiental. Además, se mencionaron las directrices del SINAC que enfatizan el carácter crítico de estas zonas para la recarga hídrica y la biodiversidad.

En su presentación, la asociación solicitó:

  • Verificar si las obras cuentan con permisos y si cumplen con la normativa ambiental vigente.

  • La intervención del Departamento de Gestión Ambiental del municipio.

  • Garantizar la protección efectiva de las nacientes del río Carrizal.

CODECE ha sido reconocida históricamente por su labor comprometida en el monitoreo ambiental de los Cerros de Escazú. Su trabajo de vigilancia ciudadana y denuncia ambiental ha sido clave para resguardar ecosistemas vulnerables y fomentar una participación activa de las comunidades en la defensa del agua y el territorio.

Cuidar las aguas que aún no vemos

Aunque las nacientes del río Carrizal no estén actualmente integradas a un sistema formal de agua potable, su protección es fundamental. Estas aguas, limpias y jóvenes, representan una etapa temprana del ciclo hidrológico, y su salud tiene repercusiones directas en los ecosistemas río abajo.

La interconectividad ecológica nos recuerda que ningún cuerpo de agua está aislado: las microcuencas, los manantiales y los suelos que los rodean son parte de una red compleja que sostiene la vida. Al intervenir estos espacios sin controles, no solo se afecta la biodiversidad local, sino que se debilita la capacidad natural de filtración, recarga y regulación hídrica que permite, más adelante, que tengamos agua limpia y segura en nuestros hogares.

Cuidar las aguas «que aún no usamos» es, en realidad, cuidar las fuentes que mañana podrían ser esenciales. Es un acto de responsabilidad intergeneracional, de previsión ante el cambio climático y de respeto por los equilibrios que sostienen la vida. En tiempos donde el agua escasea o se contamina con facilidad, defender estos nacimientos no es opcional: es un deber urgente.

Ciudadanía vigilante: clave para la defensa ambiental

El cuidado del ambiente no puede quedar únicamente en manos de las instituciones. La experiencia demuestra que muchas de las alertas tempranas sobre afectaciones ambientales provienen de comunidades atentas, que conocen su territorio, caminan sus ríos, observan cambios y levantan la voz cuando algo no está bien.

El caso del río Carrizal refleja esa responsabilidad activa: personas vecinas que notaron el cambio en el agua, que registraron en fotografías lo que estaba ocurriendo y lo compartieron con una organización comprometida como CODECE. Gracias a esta red de observación y acción, hoy se solicita una inspección formal que podría prevenir daños mayores.

El monitoreo comunitario, la denuncia responsable y la organización territorial son pilares de una democracia ecológica. En un contexto donde muchas veces los intereses económicos avanzan más rápido que los controles ambientales, el involucramiento ciudadano se vuelve una línea de defensa vital.

Fortalecer estas capacidades comunitarias no solo mejora la respuesta ante conflictos socioambientales, también construye tejido social, recupera saberes locales y promueve una cultura del cuidado desde abajo. Porque nadie protege mejor un río, una montaña o una naciente que quienes la viven, la conocen y la aman.

Las imágenes utilizadas son parte de la presentación utilizada por Javier Sánchez de CODECE.