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Chavela Vargas y los bienes comunes sociales: cuando una voz también sostiene la vida en común

“La música no tiene fronteras, pero sí un final común: el amor y la rebeldía”
— Chavela Vargas

Cada 5 de agosto recordamos a Chavela Vargas. Su legado suele evocarse por una extraordinaria carrera artística, una voz inconfundible y una vida marcada por la rebeldía. Pero detenernos únicamente en esos aspectos deja fuera una pregunta que hoy resulta urgente: ¿qué tiene que ver una cantante con los bienes comunes?

A primera vista, parecería que muy poco. Sin embargo, si entendemos los bienes comunes como aquello que una comunidad crea, comparte, cuida y transmite colectivamente para sostener la vida, la respuesta cambia por completo.

La música, la memoria, los lenguajes, los afectos, las historias y las formas de nombrar el mundo también pueden entenderse como bienes comunes sociales. No porque pertenezcan a todas las personas de manera automática, sino porque cobran sentido cuando son apropiados, recreados y compartidos por una comunidad.

Los bienes comunes no son solo naturales

Cuando hablamos de bienes comunes solemos pensar en ríos, bosques, humedales, semillas o acuíferos. Son fundamentales para la reproducción de la vida y han ocupado un lugar central en las luchas socioambientales. Pero la vida en común también depende de otros bienes que no pueden encerrarse en un cercado ni delimitarse sobre un mapa.

Los bienes comunes sociales y culturales son las memorias colectivas, los saberes populares, las lenguas, las fiestas, las canciones, las formas de organización, las prácticas de solidaridad y los vínculos que permiten a una comunidad reconocerse como tal.

No son recursos que simplemente existen. Son procesos vivos que se construyen, se cuidan y se recrean cada día mediante la participación de quienes los habitan.

Una voz que pasó a ser de los pueblos

Chavela Vargas nunca perteneció únicamente a la industria musical. Con el paso del tiempo, muchas de sus interpretaciones dejaron de ser canciones para convertirse en parte de la memoria afectiva de América Latina.

Su voz acompañó despedidas, migraciones, exilios, luchas sociales, encuentros y pérdidas. Pero también abrió un horizonte de libertad para muchas personas que, desde la diversidad sexual, encontraron en su vida una afirmación de que era posible desafiar los mandatos sociales y vivir con dignidad.

Cada generación encontró nuevas maneras de apropiarse de su obra, otorgándole sentidos distintos según su propio contexto.

Eso revela una característica fundamental de los bienes comunes: permanecen vivos porque las comunidades los resignifican continuamente.

Una canción deja de pertenecer únicamente a quien la interpreta cuando pasa a formar parte de la experiencia compartida de un pueblo.

La cultura también sostiene la vida

Con frecuencia se piensa que la cultura ocupa un lugar secundario frente a las urgencias económicas, ambientales o políticas.

Sin embargo, ninguna comunidad logra sostener una defensa del territorio únicamente mediante argumentos técnicos, científicos o jurídicos.

Las luchas necesitan relatos que expliquen por qué vale la pena defender un lugar.

-Necesitan memorias que conecten generaciones.

-Necesitan símbolos que fortalezcan la identidad colectiva.

-Necesitan espacios donde compartir el dolor, la esperanza y la alegría.

En otras palabras, necesitan cultura. Las canciones que acompañan una marcha, las radios comunitarias, los murales, los relatos de las personas mayores o las celebraciones populares no son elementos decorativos. Constituyen bienes comunes sociales porque fortalecen la confianza, transmiten conocimientos y hacen posible la organización colectiva.

Cuando se pierde la cultura también se pierde territorio

Los procesos de despojo rara vez afectan únicamente la naturaleza. También transforman profundamente las relaciones sociales que hacen posible la vida comunitaria.

Cuando una comunidad es desplazada, no desaparecen solamente las viviendas o los paisajes. También se debilitan las redes de apoyo, los conocimientos locales, las prácticas de ayuda mutua y las memorias compartidas.

Por eso, defender los bienes comunes implica proteger tanto los territorios como las relaciones que les dan significado.

-No basta con conservar un río si desaparecen las comunidades que conocen su historia.

-No basta con proteger un bosque si se pierde la cultura que enseñaba cómo convivir con él.

La defensa de los bienes comunes es, al mismo tiempo, una defensa de las condiciones materiales y simbólicas que permiten sostener la vida en común.

Chavela y la dignidad de existir

La vida de Chavela Vargas desafió muchas de las normas de su tiempo. Cuestionó los mandatos sobre el género, la forma de habitar el espacio público y la libertad para amar. Sin necesidad de convertir cada gesto en una consigna política, mostró que existir con autenticidad también puede convertirse en un acto de resistencia.

Su trayectoria recuerda que los bienes comunes sociales también incluyen la posibilidad de construir comunidades donde la diferencia no sea motivo de exclusión, sino parte de la riqueza colectiva.

La dignidad, el reconocimiento y la libertad de ser quienes somos también necesitan cultivarse comunitariamente.

Cuidar la cultura también es defender los bienes comunes

En una época en que muchas expresiones culturales son absorbidas por las lógicas del mercado o reducidas a mercancías de consumo, conviene recordar que la cultura también puede ser un espacio de encuentro, organización y memoria.

Defender los bienes comunes no consiste únicamente en proteger aquello que puede medirse o delimitarse sobre un mapa.

También significa cuidar las historias que nos unen, las palabras que compartimos, las canciones que nos acompañan y las memorias que fortalecen nuestra capacidad de imaginar otros futuros posibles.

Quizá por eso recordar a Chavela Vargas no sea solamente un ejercicio de nostalgia.

Es reconocer que la cultura no es un lujo. Es un bien común social que fortalece la memoria, alimenta la organización y nos ayuda a imaginar otros futuros posibles.

Los pueblos no solo sobreviven porque tienen agua, tierra o bosques. También sobreviven porque conservan las voces, los afectos, los saberes y las memorias que hacen posible la vida en común.

En tiempos de fragmentación, cuidar esos bienes comunes sociales es también una forma de resistencia.

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¿Qué aprendemos mientras limpiamos un río? Un cuaderno que convierte las jornadas de limpieza en experiencias de organización, memoria y acción colectiva

¿Qué ocurre cuando una jornada de limpieza deja de ser una actividad puntual y se convierte en un espacio para encontrarse, conversar, organizarse y aprender colectivamente?

Esa es la pregunta que atraviesa Pedagogía de la constancia: metodologías participativas para el cuidado de los ríos. La publicación recoge una experiencia construida por Observatorio Ciudadano del Agua (OCA) del Río Agualote, carrera de Gestión Integral del Recurso Hídrico-UCR, FUNDEMA-PP, el Acueducto Municipal de Grecia, el OCA Río Trojas, el OCA Colorado y la Municipalidad de Sarchí, junto a otras organizaciones comunitarias, instituciones públicas y personas voluntarias que, durante varios años, participaron en jornadas de limpieza en los ríos Prendas, Tacares, Trojas y Agualote, en la región de Occidente de Costa Rica. Con el tiempo, estas jornadas dejaron de entenderse únicamente como acciones para retirar residuos y se transformaron en espacios para fortalecer vínculos, compartir saberes, recuperar la memoria de los territorios y construir nuevas formas de participación.

Cuando limpiar un río también significa construir comunidad

Lejos de presentar un manual o una receta, el cuaderno propone una reflexión sobre lo aprendido en el camino. Su principal aporte es reconocer que el cuidado de los bienes comunes no depende únicamente de grandes acciones, sino también de la capacidad de regresar una y otra vez al territorio, sostener los procesos en el tiempo y construir relaciones de confianza.

A esta apuesta la llamamos pedagogía de la constancia: una forma de entender que la transformación social se construye desde la persistencia, la organización y el compromiso colectivo.

¿Qué encontrarán en este cuaderno?

El documento combina reflexión conceptual, sistematización de experiencias y herramientas metodológicas. Entre sus principales aportes destacan:

  • -Una mirada a los ríos como territorios vivos y bienes comunes.
  • -La comprensión de las jornadas de limpieza como procesos pedagógicos y organizativos, más allá de la recolección de residuos.
  • -Una propuesta conceptual sobre la pedagogía de la constancia, surgida de la experiencia acumulada en los territorios.
  • -Diez metodologías participativas para fortalecer el trabajo comunitario antes, durante y después de las jornadas.
  • -Herramientas para leer críticamente los procesos, identificar aprendizajes y reconocer las tensiones que forman parte de toda experiencia colectiva.
  • -Preguntas e indicadores para acompañar procesos similares en comunidades, organizaciones, centros educativos e instituciones.
Una invitación a mirar más allá de la «basura»

Con frecuencia el éxito de una jornada de limpieza se mide por la cantidad de residuos recolectados. Este cuaderno propone ampliar esa mirada e incorporar otras preguntas: ¿qué relaciones se fortalecieron?, ¿qué aprendimos sobre nuestro territorio?, ¿qué capacidades organizativas se construyeron?, ¿quiénes se involucraron y quiénes aún faltan?

Estas preguntas permiten reconocer que el verdadero impacto de una jornada no termina cuando el río queda limpio, sino cuando la comunidad desarrolla mayores capacidades para cuidar, defender y habitar su territorio.

Una herramienta para organizaciones y comunidades

Esta publicación está dirigida a organizaciones comunitarias, colectivos ambientales, centros educativos, gobiernos locales, instituciones públicas, universidades y personas interesadas en fortalecer procesos participativos para el cuidado de los bienes comunes.

Más que documentar una experiencia, el cuaderno busca compartir aprendizajes que puedan inspirar nuevas iniciativas y seguir tejiendo redes de colaboración en defensa de los ríos.

Porque un río limpio es importante, pero una comunidad organizada para cuidarlo lo es aún más.

Sobre la colección

Este cuaderno forma parte de la colección Huellas Cimarronas: Cuadernos Metodológicos, una serie que nace del reconocimiento de que, en América Latina y el Caribe, las luchas por los bienes comunes también han construido formas propias de aprender, organizarse y transformar la realidad. La colección recupera esas memorias, experiencias y saberes que recorren nuestros caminos de resistencia, esperanza y creación colectiva, poniéndolos en diálogo con los desafíos de nuestro tiempo.

El nombre Huellas Cimarronas reivindica la memoria de los pueblos cimarrones: hombres y mujeres esclavizados que huyeron para construir espacios de libertad en palenques y quilombos. Allí no solo preservaron sus culturas y formas de vida, sino que también desarrollaron estrategias de organización, solidaridad y resistencia para seguir luchando por la libertad de quienes aún faltaban. Inspirada en ese legado, esta colección reúne herramientas metodológicas y reflexiones que entienden la educación popular como una práctica de libertad y la construcción colectiva del conocimiento como parte de la defensa de los bienes comunes.

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El Congreso Anfictiónico sigue haciéndonos preguntas: Un debate de hace dos siglos que continúa vigente

Hace doscientos años, en Panamá, representantes de las nuevas repúblicas latinoamericanas se reunieron para intentar responder una pregunta que aún nos interpela: ¿cómo defender la soberanía y construir una integración capaz de enfrentar las amenazas que se cernían sobre Nuestra América? Aquella reunión, conocida como el Congreso Anfictiónico de Panamá, fue mucho más que un encuentro diplomático. Representó uno de los primeros esfuerzos por imaginar una región capaz de actuar de manera conjunta frente a las presiones externas y las disputas internas.

Dos siglos después, las preguntas permanecen abiertas. La dependencia económica, el extractivismo, la militarización de los territorios, la crisis climática, la regresión de derechos y las nuevas formas de dominación nos obligan a volver sobre aquella experiencia, no para idealizar el pasado, sino para encontrar herramientas que nos permitan comprender los desafíos del presente. Como plantea el cuaderno, la historia no es un museo de acontecimientos concluidos, sino un territorio en disputa desde el cual pensar los horizontes políticos de nuestro tiempo.

¿Qué propone este cuaderno?

Con este propósito, desde el Observatorio de Bienes Comunes presentamos el cuaderno El Congreso Anfictiónico de Panamá: soberanía, integración y disputas antigeopolíticas en Nuestra América, un material de formación política que propone leer este episodio histórico desde una perspectiva antigeopolítica. La publicación invita a mirar el Congreso no únicamente como un proyecto entre Estados, sino como una reflexión sobre la construcción de soberanía desde los pueblos, la defensa de los bienes comunes y la necesidad de fortalecer procesos de integración que coloquen la vida en el centro.

Ideas clave que encontrarás en la publicación

El cuaderno desarrolla una lectura crítica del Congreso Anfictiónico y propone reflexionar sobre temas como:

  • -La vigencia del Congreso Anfictiónico para comprender los desafíos actuales de América Latina.
  • -La disputa histórica entre el panamericanismo y el latinoamericanismo como proyectos políticos enfrentados.
  • -La soberanía entendida más allá del Estado, vinculada a la autonomía de los pueblos.
  • -La integración regional como una práctica construida desde los territorios y no únicamente desde los gobiernos.
  • -Una lectura antigeopolítica que coloca en el centro la vida, los bienes comunes y la cooperación entre los pueblos.
  • -Los desafíos contemporáneos de la región: extractivismo, crisis climática, militarización, dependencia tecnológica, migraciones y defensa de los bienes comunes.
  • -Propuestas metodológicas y actividades de educación popular para trabajar estos temas en talleres, organizaciones y espacios comunitarios.
Una herramienta para la formación política

Lejos de ser un texto exclusivamente histórico, el cuaderno establece puentes entre el siglo XIX y los desafíos contemporáneos. A lo largo de sus capítulos analiza las tensiones entre panamericanismo y latinoamericanismo, las razones del fracaso del Congreso, las disputas geopolíticas que atraviesan la región y las posibilidades de construir una integración desde abajo, impulsada por las comunidades, organizaciones y movimientos sociales. Además, incorpora actividades de educación popular que buscan convertir la lectura en un proceso colectivo de reflexión y acción.

Parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes

Este cuaderno forma parte de la colección Geografías Herejes de los Bienes Comunes, específicamente de la serie Los Herejes de lo Común: Cuadernos de Antigeopolítica y Antiimperialismos. La colección nace como una herramienta pedagógica y política para fortalecer lecturas críticas sobre los bienes comunes, las resistencias territoriales, la soberanía y los antiimperialismos desde América Latina y el Caribe. Más que ofrecer respuestas definitivas, busca abrir preguntas, recuperar memorias de lucha y contribuir a la construcción colectiva de otros horizontes posibles.

Una invitación a seguir pensando la integración

En un contexto en el que los proyectos de integración regional enfrentan múltiples desafíos y donde la fragmentación continúa favoreciendo intereses económicos y geopolíticos ajenos a los pueblos, recuperar el debate sobre el Congreso Anfictiónico significa preguntarnos nuevamente por las formas de construir solidaridad, cooperación y autonomía en Nuestra América.

Te invitamos a descargar, leer y compartir este nuevo cuaderno, con la convicción de que la historia cobra sentido cuando nos ayuda a comprender el presente y a imaginar colectivamente los caminos para defender la vida y los bienes comunes.

¿Por qué un Observatorio de Bienes Comunes habla del Congreso Anfictiónico?

A primera vista, el Congreso Anfictiónico de Panamá podría parecer un episodio lejano de la historia diplomática latinoamericana. Sin embargo, para quienes trabajamos desde la perspectiva de los bienes comunes, representa una oportunidad para reflexionar sobre preguntas que siguen abiertas: ¿cómo construimos soberanía?, ¿cómo defendemos aquello que compartimos?, ¿cómo articulamos respuestas colectivas frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales?

Los bienes comunes no son únicamente el agua, los bosques, las semillas o los territorios. También son aquellas condiciones que hacen posible la vida en común: la paz, la cooperación entre los pueblos, la solidaridad, la capacidad de decidir colectivamente sobre nuestro futuro y de construir horizontes compartidos. En ese sentido, la integración latinoamericana puede entenderse como un bien común político que requiere ser cuidado, fortalecido y permanentemente reconstruido.

Hoy, las amenazas que enfrentan nuestros pueblos —el extractivismo, la crisis climática, la militarización, la mercantilización de la vida, la dependencia tecnológica y la regresión de derechos— difícilmente pueden comprenderse o enfrentarse desde una mirada exclusivamente nacional. Son procesos que atraviesan el continente y que exigen nuevas formas de articulación, aprendizaje y acción colectiva.

Por eso, recuperar el Congreso Anfictiónico no responde a un interés por conmemorar el pasado, sino por alimentar las discusiones del presente. Volver sobre aquella experiencia nos permite preguntarnos qué significa construir soberanía en el siglo XXI, qué formas de integración necesitamos y cuál puede ser el papel de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales en la defensa de la vida y los bienes comunes.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes entendemos que la memoria también es un territorio en disputa. Revisitar estos procesos históricos es una forma de fortalecer la imaginación política, recuperar experiencias de organización e identificar aquellas preguntas que continúan orientando las luchas por una Nuestra América más justa, solidaria y comprometida con el cuidado de la vida.

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CartmanCast – Cartman lee historia: cómo encontrar un golpe de Estado donde no lo hay

¿Qué tan fácil es hablar de un golpe de Estado?

Cartman: «¡Bienvenidos bienvenidas a una nueva edición de CartmanCast Política Premium! Hoy vamos a hablar de algo gravísimo. Casa Presidencial dice que hubo un golpe de Estado. ¿Entraron los tanques? No. ¿Tomaron los cuarteles? Tampoco. ¿Suspendieron la Constitución? Pues no. La Sala Constitucional prorrogó temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes y la respuesta fue: ¡Golpe de Estado!»

(Pausa dramática)

Cartman: «Como aquí todavía creemos en leer antes de opinar, fui a buscar un libro que sí sabe de golpes de Estado. Veamos qué tiene que decir Marcos Roitman antes de empezar a repartir certificados de golpista.»

La escena parece salida de una sátira, pero plantea una pregunta seria: ¿qué ocurre cuando conceptos cargados de una profunda memoria histórica se utilizan para describir cualquier conflicto institucional?

Durante la presentación de su posición frente a la resolución de la Sala Constitucional, la Presidencia de la República calificó la decisión como un «golpe de Estado» y describió a los magistrados que votaron a favor como «magistrados golpistas». Más allá del debate jurídico sobre el alcance de la resolución, vale la pena detenerse en el peso político e histórico de esas palabras.

Un concepto construido con sangre y autoritarismo

En Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina, Marcos Roitman Rosenmann reconstruye el golpe de Estado como uno de los principales mecanismos mediante los cuales las élites políticas, económicas y militares interrumpieron procesos democráticos en la región. El libro muestra que los golpes no fueron simples desacuerdos entre instituciones, sino rupturas del orden constitucional acompañadas por persecución política, censura, desapariciones forzadas, tortura y dictaduras que marcaron la historia latinoamericana.

Roitman también sostiene que los golpes han cambiado de forma. Si durante buena parte del siglo XX estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, en las últimas décadas pueden asumir modalidades más complejas, donde intervienen poderes legislativos, judiciales, actores económicos, medios de comunicación y redes de poder que buscan alterar el rumbo político de un país. Los denomina, entre otras expresiones, «golpes de guante blanco», precisamente porque ya no siempre requieren tanques en las calles para producir una ruptura del orden democrático.

Sin embargo, ese análisis no significa que cualquier conflicto entre poderes constituya automáticamente un golpe de Estado.

No toda crisis institucional es un golpe

La historia latinoamericana enseña que los golpes de Estado implican algo más profundo que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones.

En términos generales, suponen la alteración deliberada del orden constitucional para desplazar o neutralizar un poder legítimamente constituido, sustituyendo las reglas democráticas por una nueva correlación de fuerza.

Precisamente por eso el concepto exige rigor.

La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de experiencias históricas traumáticas hacia un escenario institucional que continúa desarrollándose dentro del marco constitucional.

No se trata de minimizar la importancia del conflicto entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional. Se trata de reconocer que las democracias también viven tensiones entre poderes, y que no toda controversia constitucional representa una ruptura del régimen democrático.

Cuando las palabras pierden su significado

Existe un riesgo político cuando conceptos tan cargados de historia comienzan a utilizarse como herramientas de confrontación cotidiana.

El primero es el desgaste del lenguaje.

Si toda resolución judicial incómoda, toda derrota parlamentaria o toda diferencia institucional es presentada como un golpe de Estado, el término deja de describir un hecho excepcional y termina convertido en un recurso retórico para deslegitimar al adversario político.

El segundo riesgo es todavía mayor: el debilitamiento de la memoria histórica.

En América Latina y el Caribe, hablar de golpes de Estado significa hablar de miles de personas asesinadas, desaparecidas, encarceladas, exiliadas o perseguidas por defender proyectos políticos democráticos. Significa recordar sociedades enteras sometidas al terror estatal y generaciones marcadas por la violencia política. Esa historia no puede reducirse a una metáfora para describir cualquier conflicto institucional.

No toda crisis institucional es un golpe

La historia latinoamericana y Caribeña nos enseña que los golpes de Estado implican mucho más que una decisión judicial polémica o una confrontación entre instituciones. No basta con que exista una disputa entre poderes, una interpretación constitucional controvertida o un conflicto político intenso para afirmar que estamos frente a un golpe.

Hablar de un golpe de Estado exige un ejercicio de rigurosidad conceptual e histórica. No se trata únicamente de preguntarse quién tomó una decisión, sino qué tipo de transformación del poder político está ocurriendo.

A lo largo del siglo XX, los golpes de Estado significaron la interrupción abrupta del orden constitucional mediante la sustitución del poder legítimamente constituido. En muchos casos estuvieron encabezados por las fuerzas armadas, pero detrás de ellas actuaban élites económicas, sectores empresariales, partidos políticos, grupos de poder, gobiernos extranjeros y medios de comunicación que buscaban reorganizar el Estado de acuerdo con un nuevo proyecto político.

Como explica Marcos Roitman Rosenmann, esas formas de ruptura han evolucionado. En el siglo XXI las democracias pueden enfrentar procesos de erosión institucional más complejos, donde la ruptura ya no siempre llega acompañada de tanques en las calles o juntas militares. Existen experiencias en las que distintos poderes del Estado son utilizados para desplazar gobiernos, impedir el ejercicio de sus competencias o alterar la voluntad popular. Sin embargo, reconocer esa transformación no significa que cualquier conflicto entre instituciones pueda calificarse automáticamente como un golpe de Estado.

Para aproximarnos con mayor seriedad al concepto conviene plantearnos algunas preguntas fundamentales.

¿Existe una intención de sustituir el orden constitucional? Un golpe de Estado supone algo más que cuestionar una decisión pública. Implica la voluntad de alterar las reglas fundamentales mediante las cuales se organiza el poder político, desplazando o neutralizando a las autoridades legítimamente constituidas.

¿Se busca reemplazar a quienes ejercen el poder? Los golpes no persiguen únicamente modificar una política pública o revertir una resolución judicial. Buscan alterar quién gobierna, cómo se distribuye el poder y bajo qué reglas continuará funcionando el Estado.

¿Existe una concentración extraordinaria del poder? Otro elemento relevante es la acumulación de facultades que rompen el sistema de pesos y contrapesos. Cuando un actor político elimina los mecanismos de control, impide el funcionamiento de otros poderes o concentra competencias incompatibles con el régimen democrático, la preocupación adquiere otra dimensión.

¿Se restringen derechos y libertades fundamentales? Históricamente, los golpes de Estado han venido acompañados por la suspensión de garantías constitucionales, persecución de opositores, censura, criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y uso de la violencia estatal. Estas medidas buscan consolidar el nuevo poder e impedir cualquier resistencia.

¿Se rompe la posibilidad de resolver los conflictos por las vías democráticas? Las democracias constitucionales están diseñadas precisamente para gestionar desacuerdos. Los conflictos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial forman parte de su funcionamiento cotidiano. La existencia de controversias constitucionales, recursos judiciales o interpretaciones distintas sobre las competencias de cada institución no constituye, por sí sola, evidencia de un golpe de Estado. De hecho, la posibilidad de discutir esas diferencias dentro del marco jurídico es una expresión del propio Estado de derecho.

La resolución de la Sala Constitucional podrá ser discutida, criticada o incluso impugnada desde distintos argumentos jurídicos. Es legítimo debatir si la interpretación realizada fue correcta o si excedió determinadas competencias. Pero convertir automáticamente esa controversia en un «golpe de Estado» supone trasladar un concepto construido a partir de algunas de las experiencias más traumáticas de la historia latinoamericana hacia un escenario que continúa desarrollándose mediante mecanismos institucionales previstos por el propio orden constitucional.

Reconocer esta diferencia no significa minimizar la importancia del conflicto político actual. Tampoco implica asumir que todas las actuaciones de los poderes públicos son correctas o están exentas de control democrático. Significa, más bien, comprender que la democracia no consiste en la ausencia de conflictos, sino en la existencia de reglas, procedimientos e instituciones capaces de procesarlos sin destruir el orden constitucional.

Precisamente por eso resulta tan importante cuidar el significado de las palabras. Si cada derrota política, cada resolución judicial incómoda o cada interpretación constitucional controvertida es presentada como un golpe de Estado, terminamos perdiendo la capacidad de reconocer cuándo una democracia enfrenta una verdadera ruptura de sus fundamentos.

El último comentario de Cartman

Cartman: «A ver si entendí el nuevo reglamento de la democracia. Si un juez falla en contra mía… ¡golpe de Estado! Si el Congreso no aprueba mi súper ley para prohibir las verduras… ¡golpe de Estado! Si mi mamá no me deja jugar PlayStation… ¡golpe de Estado doméstico! ¡Mamá, estoy siendo víctima de un régimen autoritario!»

(Pausa)

Cartman: «¿Ven el problema? Si todo es un golpe de Estado, entonces nada es un golpe de Estado.»

(Pasa las hojas del libro.)

Cartman: «Y aquí es donde la historia les arruina la fiesta. Porque mientras nosotros usamos la palabra para ganar una discusión política, en América Latina y el Caribe hubo gente que desapareció, fue torturada, encarcelada, exiliada o asesinada durante golpes de Estado de verdad. Hubo familias que nunca volvieron a ver a sus hijos. Hubo dictaduras que gobernaron durante años con miedo, censura y represión.»

(Silencio.)

Cartman: «Así que no, amiguitos. No digo que no existan conflictos entre poderes. Para eso están los tribunales, las leyes y la Constitución. Tampoco digo que un juez siempre tenga la razón. Lo que digo es que una democracia puede vivir disputas muy fuertes sin que eso signifique que el orden constitucional se rompió.»

Cartman: «Los golpes de Estado no son cualquier pleito institucional. Son otra cosa. Y justamente porque América Latina pagó un precio tan alto por ellos, deberíamos pensarlo dos veces antes de usar esa palabra como si fuera un insulto de moda.»

(Música de cierre.)

Cartman: «Así que hagan un favor a la democracia: antes de gritar ‘¡golpe de Estado!’, lean un poquito de historia. Porque cuando todo es un golpe de Estado, los verdaderos golpes dejan de reconocerse… y ahí sí estamos en problemas.»

Quizá esa sea la principal enseñanza que deja Tiempos de oscuridad: defender la democracia también implica defender el significado de las palabras. La memoria histórica no existe únicamente para recordar el pasado, sino para dotarnos de criterios que nos permitan distinguir entre una controversia institucional, por intensa que sea, y una verdadera ruptura del orden democrático. Banalizar conceptos como «golpe de Estado» no fortalece el debate público; por el contrario, debilita nuestra capacidad para reconocer las amenazas reales cuando estas aparecen.

Referencia:

Roitman, Marcos. (2025). Tiempos de oscuridad: Historia de los golpes de Estado en América Latina. Akal.

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Cuando las instituciones dejan de sentirse interpeladas: Monseñor Romero y una reflexión ética para la universidad

En julio de 2026, durante la sesión solemne del Concejo Municipal de Nicoya con motivo del 202.º aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el sacerdote Jeison Víquez Acuña dirigió un mensaje a la presidenta de la República que rápidamente trascendió el acto protocolario y generó un amplio debate nacional. Sus palabras abordaron temas como la justicia tributaria, la educación, la pobreza, la violencia y la responsabilidad del Estado frente a las personas más vulnerables, provocando diversas reacciones tanto de apoyo como de crítica.

Más allá de las posiciones que pueda generar esa intervención, el episodio abrió una discusión de mayor profundidad: ¿qué papel desempeñan las voces éticas cuando interpelan al poder político? ¿Cuál es la responsabilidad de quienes ocupan espacios de liderazgo frente a las desigualdades, las exclusiones y las decisiones que afectan la vida colectiva? Estas preguntas no pertenecen exclusivamente al ámbito religioso; forman parte del debate democrático sobre la responsabilidad pública y el compromiso con el bien común.

En América Latina y el Caribe, una de las figuras que mejor representa esta discusión es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Si bien su legado suele abordarse desde una perspectiva religiosa o a partir de su martirio, también puede leerse como una experiencia de profunda coherencia ética. Su trayectoria invita a reflexionar sobre cómo una persona o una institución construyen autoridad no desde el poder que ejercen, sino desde su capacidad para escuchar la realidad, dejarse interpelar por el sufrimiento humano y actuar en consecuencia.

Esta reflexión retoma una intervención del papa Francisco sobre Monseñor Romero, no con el propósito de desarrollar una lectura confesional, sino para identificar aquellos rasgos de su práctica que pueden dialogar con desafíos contemporáneos como la universidad pública, la responsabilidad institucional y la defensa de los bienes comunes. En un contexto donde las organizaciones corren el riesgo de concentrarse en sus propios procedimientos, indicadores y dinámicas internas, la experiencia de Romero plantea una pregunta vigente: ¿nuestras prácticas están orientadas a preservar las instituciones o a responder, de manera ética, a las necesidades de la sociedad?

Empezamos

Monseñor Romero suele ser recordado como un mártir o como una figura religiosa de enorme relevancia para América Latina y el Caribe. Sin embargo, más allá de esa dimensión confesional, su trayectoria ofrece una pregunta profundamente ética para cualquier institución que aspire a servir al bien común: ¿desde dónde construimos nuestras decisiones?

En una intervención dirigida a los obispos centroamericanos, el papa Francisco recupera la figura de Romero para recordar que el compromiso auténtico comienza cuando una persona o una institución se deja afectar por la realidad. No basta con conocer el sufrimiento; es necesario permitir que ese sufrimiento modifique nuestras prioridades, nuestras formas de actuar y nuestros criterios de decisión.

Esta reflexión trasciende el ámbito religioso y adquiere especial fuerza cuando pensamos en la universidad pública.

El riesgo de una universidad que se mira a sí misma

Las universidades producen conocimiento, forman profesionales y generan investigación. Sin embargo, existe un riesgo permanente: que la institución termine organizando su vida alrededor de sus propios procedimientos, indicadores y lógicas administrativas.

Cuando esto ocurre, la universidad puede seguir siendo eficiente, publicar más artículos, ejecutar más proyectos o mejorar sus métricas, mientras pierde progresivamente su capacidad para escuchar las preguntas que emergen desde los territorios y las comunidades.

No se trata de negar la importancia de la excelencia académica. Se trata de preguntarnos para quién y desde dónde se produce el conocimiento.

Romero recuerda que la legitimidad de una práctica no depende únicamente de su calidad técnica, sino de su capacidad para responder a las heridas de su tiempo.

De administrar problemas a dejarse afectar

Francisco señala que el verdadero compromiso implica dejar que el sufrimiento transforme incluso el uso del tiempo y de los recursos.

Llevado al ámbito universitario, esto significa preguntarnos si nuestras agendas responden principalmente a las exigencias institucionales o si son capaces de reorientarse cuando la realidad plantea desafíos urgentes.

No basta con investigar sobre la desigualdad, la crisis ambiental o las exclusiones sociales. La pregunta ética es si esos problemas transforman también la manera en que investigamos, enseñamos y nos vinculamos con la sociedad.

La diferencia entre estudiar una realidad y dejarse interpelar por ella marca el paso de una universidad que observa a una universidad que se compromete.

La centralidad de las personas

Uno de los pasajes más sugerentes del discurso afirma que el valor del trabajo no depende de la cantidad de actividades realizadas ni de los recursos disponibles, sino de la centralidad de la compasión.

En un lenguaje laico, podríamos traducir esta idea diciendo que ninguna institución puede medir su éxito únicamente por sus resultados administrativos. La pregunta decisiva sigue siendo si las personas permanecen en el centro de sus decisiones.

Cuando los procedimientos terminan siendo más importantes que las personas, cuando las métricas pesan más que las necesidades sociales, o cuando la gestión desplaza la escucha, la institución comienza a perder el sentido de su existencia.

Escuchar antes que responder

Romero no construyó su autoridad desde la distancia, sino desde la escucha permanente de quienes vivían las consecuencias de la violencia y la exclusión.

Para la universidad, esta actitud supone reconocer que el conocimiento no nace únicamente en las aulas, los laboratorios o los centros de investigación. También se produce en las comunidades, en los movimientos sociales, en las organizaciones populares y en las experiencias cotidianas de quienes enfrentan los problemas que la academia intenta comprender.

Escuchar no significa únicamente consultar. Significa aceptar que esas voces pueden cuestionar nuestras categorías, modificar nuestras preguntas e incluso transformar nuestras prioridades institucionales.

Una ética de la coherencia

Quizá la enseñanza más vigente de Monseñor Romero no sea únicamente la denuncia de las injusticias, sino la coherencia entre lo que afirmaba y la manera en que organizó su vida.

Esa coherencia también interpela a la universidad. Si decimos que somos una institución al servicio de la sociedad, debemos preguntarnos continuamente si nuestras decisiones presupuestarias, nuestras prioridades de investigación, nuestros incentivos académicos y nuestras formas de evaluación fortalecen realmente ese compromiso o si, por el contrario, terminan alimentando una universidad cada vez más preocupada por reproducirse a sí misma.

La pregunta que deja Romero sigue siendo profundamente actual: ¿nuestras instituciones están organizadas para proteger su funcionamiento o para responder a las necesidades de la sociedad?

Responder esa pregunta no es un ejercicio espiritual ni confesional. Es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad ética.

Las reflexiones del papa Francisco sobre Monseñor Romero permiten identificar un conjunto de aprendizajes que trascienden el ámbito religioso y se convierten en criterios para evaluar cualquier práctica institucional. En un contexto donde la universidad y otras organizaciones corren el riesgo de orientarse principalmente por sus propios procedimientos, indicadores o lógicas de funcionamiento, la trayectoria de Romero invita a preguntarnos qué significa construir una práctica ética capaz de dejarse interpelar por la realidad. La siguiente matriz recupera algunos de esos rasgos y los pone en diálogo con los desafíos contemporáneos de la universidad pública y la defensa de los bienes comunes.

Rasgo de la práctica de Monseñor Romero¿Qué significa éticamente?Pregunta para la práctica universitaria
Dejarse afectar por la realidadLa ética comienza cuando el sufrimiento de otras personas deja de ser un dato y se convierte en una responsabilidad.¿Qué problemas sociales modifican realmente nuestras prioridades de investigación, docencia y acción social?
Escuchar antes de intervenirComprender exige escuchar a quienes viven las consecuencias de los problemas y reconocerlos como sujetos de conocimiento.¿Escuchamos a las comunidades o únicamente recogemos información de ellas?
La realidad transforma la agendaEl compromiso implica reorganizar el tiempo, los recursos y las decisiones según las necesidades de las personas.¿Nuestra agenda responde a las necesidades sociales o a las exigencias institucionales?
La compasión como criterio institucionalEl valor de una práctica no depende de la cantidad de actividades, sino de su capacidad para cuidar la vida y la dignidad.¿Cómo evaluamos el éxito de nuestros proyectos: por indicadores o por su impacto en las personas?
Coherencia entre discurso y prácticaLa autoridad ética nace de la congruencia entre lo que se afirma y lo que se hace.¿Nuestras políticas institucionales reflejan los valores que defendemos públicamente?
Independencia frente al poderMantener autonomía para señalar injusticias, incluso cuando ello implica costos o tensiones.¿La universidad conserva capacidad crítica frente a los intereses políticos y económicos?
Poner a las personas en el centroLas estructuras deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las estructuras.¿Nuestros procedimientos fortalecen o dificultan el vínculo con estudiantes, comunidades y territorios?
Compromiso desde la cercaníaLa legitimidad se construye compartiendo las condiciones de quienes enfrentan los problemas.¿Nuestra investigación se realiza con los territorios o únicamente sobre los territorios?
Aprender desde el puebloLa experiencia social también produce conocimiento y debe dialogar con el saber académico.¿Reconocemos los saberes comunitarios como fuentes legítimas de conocimiento?
Asumir la incomodidadUna práctica ética acepta que el encuentro con la realidad cuestione privilegios, rutinas y certezas.¿Qué estamos dispuestos a cambiar cuando la realidad contradice nuestras formas habituales de trabajar?
La práctica ética como condición para cuidar los bienes comunes

Hablar de bienes comunes implica mucho más que hablar de recursos naturales o de patrimonio colectivo. Los bienes comunes existen porque una comunidad desarrolla prácticas de cuidado, responsabilidad compartida y compromiso con aquello que sostiene la vida. Sin esas prácticas, incluso los bienes más valiosos terminan siendo apropiados, degradados o destruidos.

Desde esta perspectiva, el principal aporte de Monseñor Romero no radica únicamente en la denuncia de las injusticias, sino en la construcción cotidiana de una práctica ética capaz de sostener lo común. Su legado recuerda que el compromiso no se mide por la fuerza del discurso, sino por la disposición a dejar que la realidad transforme nuestras prioridades y nuestras decisiones.

En el discurso que inspira esta reflexión, el papa Francisco insiste en que una práctica auténtica nace cuando las personas y las instituciones se dejan afectar por el sufrimiento de los demás, reorganizan sus agendas y colocan la dignidad humana en el centro de sus decisiones.

Esta idea resulta especialmente pertinente para quienes trabajamos en la defensa de los bienes comunes. Los conflictos por el agua, los bosques, los humedales, los territorios, la salud pública o la educación no son únicamente disputas por recursos. Son también disputas sobre las prácticas éticas que sostienen una sociedad. Allí donde predomina la indiferencia, el individualismo o la subordinación al poder, los bienes comunes se debilitan. Allí donde existen comunidades capaces de escuchar, cuidar, cooperar y actuar con coherencia, los bienes comunes encuentran condiciones para reproducirse y fortalecerse.

En este sentido, la universidad, las organizaciones sociales, las instituciones públicas y los movimientos ciudadanos comparten un desafío común: construir prácticas que no se orienten únicamente por la eficiencia, los indicadores o la administración, sino por la responsabilidad frente a la vida colectiva.

La práctica ética no es un complemento del trabajo por los bienes comunes; es su condición de posibilidad. Sin ella, la participación se convierte en trámite, el conocimiento en acumulación de información y las instituciones en fines en sí mismas. Con ella, en cambio, es posible construir relaciones de confianza, fortalecer la acción colectiva y sostener aquellos bienes materiales e inmateriales que hacen posible una vida digna.

Quizá esa sea una de las enseñanzas más vigentes de Monseñor Romero: los bienes comunes no se defienden únicamente con leyes, políticas públicas o conocimientos técnicos. Se sostienen, ante todo, mediante personas e instituciones capaces de actuar con coherencia, escuchar el clamor de su tiempo y asumir la responsabilidad de cuidar aquello que pertenece a todas y todos.

La importancia de ser «mala palabra»

Uno de los momentos más provocadores de la reflexión del papa Francisco sobre Monseñor Romero aparece cuando recuerda que muchos hombres y mujeres en Centroamérica ofrecieron su vida por mantener viva la voz profética frente a la injusticia y al abuso del poder. En ese contexto afirma, con una expresión cargada de significado: «Él también fue mala palabra», recordando que Romero fue objeto de sospechas, descalificaciones y cuestionamientos incluso dentro de la propia Iglesia. Lejos de reivindicar el conflicto como un fin en sí mismo, esta expresión invita a reflexionar sobre una realidad frecuente en la vida pública: quienes cuestionan las desigualdades, denuncian abusos o ponen en evidencia las contradicciones del poder suelen convertirse en voces incómodas. En muchas ocasiones son etiquetados como exagerados, conflictivos, radicales o inconvenientes, no necesariamente porque sus argumentos carezcan de fundamento, sino porque alteran consensos, interpelan privilegios o desafían formas establecidas de ejercer la autoridad.

Desde esta perspectiva, «ser mala palabra» no significa buscar la confrontación permanente ni construir una identidad basada en la oposición. Significa asumir que una práctica ética difícilmente será siempre cómoda o bien recibida. Cuando una persona, una organización o una institución colocan la dignidad humana, la justicia o el cuidado de lo común por encima de los intereses particulares, es probable que generen resistencias.

Esta reflexión resulta especialmente pertinente para la universidad pública, los movimientos sociales y las organizaciones comprometidas con los bienes comunes. Con frecuencia, los conflictos socioambientales, las desigualdades territoriales o las amenazas contra los derechos colectivos exigen investigaciones, posicionamientos o acciones que incomodan a actores políticos, económicos o incluso académicos. En esos momentos aparece una pregunta decisiva: ¿la búsqueda de reconocimiento institucional debe prevalecer sobre la responsabilidad de decir aquello que la realidad exige?

La trayectoria de Monseñor Romero recuerda que la legitimidad ética no depende de la ausencia de críticas, sino de la coherencia entre la palabra y la práctica. En ocasiones, cuidar los bienes comunes, defender los derechos humanos o acompañar a las comunidades implica aceptar que la crítica, la incomprensión o el aislamiento forman parte del costo de sostener una posición fundada en la justicia.

En un tiempo donde las instituciones enfrentan fuertes presiones para evitar el conflicto, preservar consensos o proteger su imagen pública, el legado de Romero plantea una cuestión que mantiene plena vigencia: ¿estamos dispuestos a asumir la incomodidad que implica defender aquello que consideramos justo o preferimos adaptar nuestras convicciones para evitar convertirnos en «mala palabra»?

Quizá una práctica ética comienza precisamente allí: cuando la búsqueda de aceptación deja de ser el criterio principal y la responsabilidad frente a la sociedad ocupa su lugar.

Referencia:

Papa Francisco. (2019). Discurso del Papa Francisco a los obispos centroamericanos reunidos en Panamá. ACI Prensa

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¿Cuántos productos merece comer una persona pobre? Bienes comunes, dignidad humana y el debate sobre la Canasta Básica Tributaria

Las decisiones económicas nunca son únicamente económicas. También expresan una determinada manera de comprender qué vidas merecen ser protegidas.

La propuesta de revisar la Canasta Básica Tributaria (CBT) abrió en Costa Rica una discusión que trasciende el ámbito fiscal. La exdiputada Pilar Cisneros planteó que la lista de productos exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) debía revisarse porque, según afirmó, «la gente más humilde de este país no consume 140 productos». En la misma línea, el Ministerio de Hacienda ha señalado que estudia un eventual «IVA personalizado» con el propósito de evitar que hogares de altos ingresos reciban las mismas exoneraciones tributarias que quienes viven en condición de pobreza.

La discusión sobre el diseño de un sistema tributario más progresivo es legítima y necesaria. También es razonable preguntarse si los beneficios fiscales llegan efectivamente a quienes más los necesitan. Sin embargo, el debate cambia de naturaleza cuando deja de preguntarse cómo garantizar el acceso a una vida digna y comienza a definir qué bienes son suficientes para quienes viven en pobreza.

En ese momento ya no estamos únicamente frente a una discusión tributaria. Estamos frente a una discusión ética.

Cuando la pobreza se administra

Toda política pública construye una determinada imagen de la sociedad. También lo hacen las palabras.

Cuando el debate se centra en establecer qué productos «realmente consume» una persona pobre, el riesgo consiste en transformar la pobreza en una categoría administrativa antes que en una realidad social compleja. Las personas dejan de aparecer como sujetos de derechos y pasan a ser clasificadas según un patrón de consumo considerado aceptable.

La pregunta deja de ser cómo ampliar las condiciones materiales para ejercer una vida digna y comienza a desplazarse hacia otra mucho más limitada: ¿cuál es el mínimo que una persona necesita para sobrevivir?

No se trata de una diferencia menor. Mientras la primera pregunta busca reducir las desigualdades, la segunda corre el riesgo de administrarlas.

La economía como compromiso ético

Hace más de cuatro décadas, Óscar Arnulfo Romero advertía que una sociedad pierde su horizonte cuando el dinero, el poder o la eficiencia económica se convierten en valores absolutos. En su Cuarta Carta Pastoral, Misión de la Iglesia en medio del país, describía esa lógica como una idolatría del capital: un orden social que termina subordinando la vida humana a los intereses económicos.

Más allá del contexto salvadoreño en el que escribió, la fuerza de esa reflexión reside en el criterio que propone: las decisiones públicas no pueden evaluarse únicamente por su rentabilidad fiscal o por los indicadores de eficiencia que producen. También deben examinarse por la concepción de ser humano que contienen y por las consecuencias que generan sobre quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Este no es un argumento confesional. Es un principio ético ampliamente compartido en las tradiciones contemporáneas de los derechos humanos y de la justicia social: la economía constituye un medio para sostener la vida colectiva, no un fin en sí mismo.

Los bienes comunes también sostienen la vida

Con frecuencia pensamos los bienes comunes como ríos, bosques, humedales o semillas. Sin embargo, las sociedades también construyen bienes comunes sociales: instituciones, políticas públicas y acuerdos colectivos que garantizan condiciones indispensables para la reproducción de la vida.

La educación pública, la seguridad social, los sistemas universales de salud o el acceso al agua son ejemplos de esos bienes comunes porque no responden únicamente a intereses individuales. Expresan compromisos colectivos orientados a proteger aquello que ninguna sociedad democrática debería abandonar a la lógica exclusiva del mercado.

Desde esa perspectiva, la Canasta Básica Tributaria puede comprenderse como un bien común social.

No porque sea una lista perfecta o inmodificable, sino porque representa un acuerdo político sobre cuáles bienes esenciales deben recibir una protección especial para evitar que el sistema tributario profundice las desigualdades existentes.

Su sentido no consiste únicamente en disminuir la carga impositiva. También expresa una decisión colectiva acerca de las condiciones materiales que una sociedad considera indispensables para sostener una vida digna.

Por ello, cualquier discusión sobre su reforma debería partir de una pregunta distinta: ¿fortalece este mecanismo nuestra capacidad colectiva para garantizar el acceso a esos bienes esenciales o debilita ese compromiso compartido?

Más allá de las etiquetas

En Costa Rica se ha vuelto habitual que las críticas a la desigualdad o las propuestas orientadas a fortalecer mecanismos de protección social sean descalificadas mediante etiquetas ideológicas. Con frecuencia, el debate se desplaza rápidamente hacia acusaciones de «comunismo», «marxismo» o «estatismo», evitando discutir el contenido de los argumentos.

Esa estrategia empobrece la deliberación democrática.

Defender que las políticas públicas deben evaluarse también desde sus efectos sobre la vida cotidiana de las personas no pertenece a una corriente política específica. Forma parte de una tradición ética mucho más amplia que sostiene que la dignidad humana debe constituir el criterio último de las decisiones colectivas.

Romero conoció bien ese tipo de descalificaciones. Fue acusado reiteradamente de responder a intereses ideológicos cuando denunció estructuras económicas y políticas que sacrificaban personas en nombre del orden o del crecimiento. Su respuesta consistió en insistir en un principio sencillo y profundamente político: ninguna sociedad puede considerarse justa cuando normaliza que algunos grupos humanos carguen sistemáticamente con el costo del bienestar de otros.

La pregunta que permanece

El debate sobre la Canasta Básica Tributaria probablemente continuará en los próximos meses. Habrá estudios técnicos, estimaciones fiscales y diferentes propuestas de reforma. Todo ello resulta necesario.

Pero ninguna discusión sobre impuestos debería hacernos perder de vista la pregunta fundamental.

No se trata únicamente de cuántos productos contiene una lista ni de cuánto recauda el Estado.

Se trata de decidir qué condiciones materiales consideramos indispensables para que todas las personas puedan desarrollar una vida digna y qué responsabilidades estamos dispuestos a asumir colectivamente para protegerlas.

En última instancia, esa es la función de los bienes comunes: recordar que existen dimensiones de la vida que no pueden reducirse a una lógica de costos y beneficios. Son el resultado de acuerdos sociales construidos para sostener la convivencia, disminuir las desigualdades y afirmar que la dignidad humana no constituye un privilegio reservado para quienes pueden pagarla, sino un patrimonio compartido que una sociedad democrática tiene el deber de resguardar.

Referencias:

Loaiza, David (2026). Pilar Cisneros propuso revisión a alimentos en la canasta básica. Diario Extra.

Romero, Óscar Arnulfo (2007). Su pensamiento. IV. Homilías. Tomo VII (junio de 1979-marzo de 1980). San Salvador: UCA Editores.

 

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El pentagonismo de Juan Bosch: una guía para entender la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos

Cada vez que Estados Unidos presenta una nueva estrategia de seguridad para el hemisferio, el debate suele concentrarse en identificar qué cambió: nuevas amenazas, nuevos adversarios, nuevas prioridades o nuevos conceptos que orientarán su política exterior. Sin embargo, esa atención a la coyuntura suele dejar en un segundo plano una pregunta más profunda: ¿qué elementos permanecen a lo largo del tiempo en la forma en que Estados Unidos piensa y actúa sobre América Latina y el Caribe?

En las últimas semanas hemos analizado cómo la seguridad hemisférica vuelve a ocupar un lugar central en la política estadounidense. La migración, el crimen organizado transnacional, la competencia estratégica con China, la protección de cadenas de suministro críticas, los minerales estratégicos y la infraestructura considerada esencial aparecen como ejes prioritarios de una agenda que trasciende lo estrictamente militar para abarcar dimensiones económicas, tecnológicas y ambientales.

Pero quizás el mejor punto de partida para comprender este escenario no sea un documento reciente del Pentágono o del Departamento de Estado. Tal vez convenga volver a un libro escrito hace varias décadas por un intelectual y dirigente político caribeño: Juan Bosch.

No porque ese libro haya «predicho» el presente, sino porque ofrece categorías de análisis que siguen siendo sorprendentemente útiles para comprender cómo se construyen las relaciones de poder entre Estados Unidos y América Latina.

Leer a Bosch no es un ejercicio de nostalgia

Juan Bosch escribió desde una experiencia singular. Intelectual, historiador, presidente democráticamente electo en República Dominicana y posteriormente derrocado, conoció de primera mano las formas en que la política exterior estadounidense incidía sobre los procesos políticos latinoamericanos.

Su reflexión nunca fue únicamente dominicana. Intentó comprender una lógica más amplia: la forma en que América Latina era incorporada dentro de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Esa mirada resulta especialmente valiosa hoy porque evita reducir cada decisión estadounidense a un acontecimiento aislado. En cambio, invita a observar procesos de larga duración, continuidades y transformaciones en la manera en que se justifican determinadas políticas hacia la región.

El contexto internacional ha cambiado profundamente desde que Bosch escribió su obra. La Guerra Fría terminó, aparecieron nuevos actores globales, las tecnologías digitales transformaron las formas de ejercer poder y la crisis climática adquirió una dimensión geopolítica inédita. Sin embargo, algunas preguntas siguen siendo extraordinariamente actuales.

No se trata de encontrar respuestas listas para aplicar, sino de recuperar herramientas para formular mejores preguntas.

Las amenazas cambian; la lógica merece ser examinada

Una de las enseñanzas más sugerentes de Bosch consiste en observar que las justificaciones de la intervención internacional nunca permanecen estáticas.

Durante distintos momentos históricos, América Latina fue presentada como un espacio donde era necesario contener amenazas consideradas prioritarias para Estados Unidos. En diferentes épocas esas amenazas recibieron nombres distintos: la expansión del comunismo, la insurgencia, el narcotráfico, el terrorismo internacional, el crimen organizado o la migración irregular.

Hoy la narrativa incorpora además la competencia con China, la protección de minerales críticos, la resiliencia de las cadenas de suministro, la seguridad energética y el control de tecnologías estratégicas.

Cada uno de estos problemas posee una existencia real y merece atención. Sin embargo, Bosch invita a realizar una pregunta adicional: ¿cómo determinadas situaciones llegan a convertirse en asuntos de seguridad nacional y qué consecuencias políticas produce esa clasificación?

La cuestión no consiste en negar la existencia de amenazas, sino en comprender que la forma en que estas son definidas nunca es políticamente neutral.

Una caja de herramientas para leer la política hemisférica

Más que buscar respuestas cerradas en un clásico latinoamericano, podemos convertir su lectura en una pequeña caja de herramientas para analizar el presente.

1. Preguntarse quién define la amenaza

Toda estrategia de seguridad comienza identificando un problema. Bosch recuerda que vale la pena preguntarse quién realiza esa definición, desde qué intereses y con qué objetivos.

Cuando un asunto pasa a ser considerado una amenaza estratégica, cambian las prioridades institucionales, los recursos disponibles y las formas de intervención política.

2. Diferenciar el discurso de los intereses

Los documentos oficiales suelen presentar objetivos vinculados con la estabilidad, la democracia o la seguridad. Bosch propone mirar también qué intereses económicos, comerciales, energéticos o geopolíticos acompañan esos discursos.

Las narrativas importan, pero también las relaciones materiales que ayudan a explicar determinadas decisiones.

3. Pensar el Caribe y Centroamérica como espacios estratégicos

Con frecuencia se analiza a países como Costa Rica, Panamá o República Dominicana de manera aislada.

Bosch propone una perspectiva distinta: comprender el Caribe y Centroamérica como regiones estratégicas donde convergen rutas marítimas, comercio internacional, movilidad humana, recursos naturales y disputas entre grandes potencias.

En el contexto actual esa observación adquiere nueva relevancia.

4. Analizar las políticas desde una escala regional

Muchas decisiones que parecen nacionales responden en realidad a estrategias regionales.

Los acuerdos de seguridad, la cooperación policial, la vigilancia fronteriza, los programas de asistencia o las inversiones en infraestructura suelen formar parte de arquitecturas que trascienden las fronteras de cada país.

Comprender esas conexiones permite leer de otra manera los procesos locales.

5. Observar a los actores internos

Bosch nunca explicó la política hemisférica únicamente desde Washington.

También llamó la atención sobre el papel de gobiernos, élites económicas, fuerzas políticas, instituciones y grupos empresariales latinoamericanos.

Las estrategias internacionales siempre encuentran aliados, resistencias, negociaciones y disputas dentro de cada sociedad.

Mirar únicamente hacia Estados Unidos deja incompleta la explicación.

Lo que Bosch no pudo anticipar

Volver a leer un clásico no significa convertirlo en una autoridad incuestionable.

El mundo actual incorpora desafíos que Bosch no conoció.

La inteligencia artificial, las plataformas digitales, el control de datos, la vigilancia algorítmica, las infraestructuras tecnológicas, los minerales necesarios para la transición energética y la crisis climática modifican profundamente las formas contemporáneas del poder.

Por ello, leer a Bosch hoy implica tanto recuperar sus preguntas como reconocer los límites históricos de su obra.

Precisamente allí reside su mayor utilidad: no ofrece un manual terminado, sino una forma de pensar críticamente los procesos políticos.

Recuperar el pensamiento latinoamericano y caribeño para comprender el presente

Con frecuencia buscamos interpretar la política internacional recurriendo exclusivamente a centros académicos o instituciones del Norte Global. Sin embargo, América Latina también ha producido una rica tradición de pensamiento político que sigue ofreciendo herramientas valiosas para comprender los desafíos contemporáneos.

Recuperar a Juan Bosch no responde a un ejercicio de nostalgia intelectual. Es una invitación a fortalecer nuestra propia capacidad de análisis, dialogando con autores que reflexionaron desde las experiencias históricas de la región.

Si la nueva estrategia de seguridad estadounidense nos obliga a preguntarnos por el futuro de América Latina y el Caribe, quizá también sea momento de volver a quienes, desde hace décadas, intentaron comprender las relaciones de poder que siguen moldeando nuestro continente.

Porque algunas categorías cambian con el tiempo. Otras, en cambio, siguen ayudándonos a formular las preguntas que todavía necesitamos responder.

Siete preguntas para leer cualquier estrategia de seguridad

Antes de aceptar como evidente cualquier nueva estrategia de seguridad, vale la pena preguntarse:

  1. ¿Qué problema está siendo definido como una amenaza?
  2. ¿Quién construye esa definición y quién queda fuera de ella?
  3. ¿Qué intereses económicos, geopolíticos o tecnológicos acompañan el discurso de seguridad?
  4. ¿Qué lugar ocupa América Latina dentro de esa estrategia?
  5. ¿Qué actores nacionales participan en su implementación o cuestionamiento?
  6. ¿Qué dimensiones del problema quedan invisibilizadas cuando todo se interpreta desde la seguridad?
  7. ¿Qué continuidades existen entre esta estrategia y las formuladas décadas atrás?
Para leer la estrategia de seguridad de Estados Unidos desde Juan Bosch
Categoría de análisis¿Qué propone observar Juan Bosch?¿Cómo aparece en la estrategia actual de EE. UU.?Preguntas para el análisis crítico
Construcción de la amenazaLas amenazas no son únicamente hechos objetivos; también son construcciones políticas que orientan prioridades e intervenciones.Migración irregular, crimen organizado, influencia de China, minerales críticos, infraestructura estratégica y ciberseguridad aparecen como amenazas prioritarias.¿Quién define qué constituye una amenaza? ¿Qué problemas reciben atención y cuáles permanecen invisibles?
Justificación de la intervenciónToda política hacia la región necesita un relato legitimador.Cooperación en seguridad, fortalecimiento institucional, estabilidad democrática, protección de cadenas de suministro y defensa de intereses estratégicos.¿Qué objetivos explícitos se presentan? ¿Qué otros intereses pueden coexistir detrás del discurso oficial?
Intereses geopolíticosLa política exterior responde a objetivos de largo plazo relacionados con el poder y la posición internacional.Competencia con China, protección de rutas marítimas, control tecnológico, acceso a recursos estratégicos y fortalecimiento de alianzas regionales.¿Qué papel ocupa América Latina dentro de la competencia global entre potencias?
Importancia del Caribe y CentroaméricaEl Caribe no es una periferia sino un espacio geoestratégico central.Canal de Panamá, movilidad humana, rutas comerciales, puertos, interconexión energética y corredores logísticos recuperan importancia estratégica.¿Por qué ciertos territorios adquieren mayor relevancia en determinados momentos históricos?
Actores localesLas estrategias internacionales requieren alianzas internas para concretarse.Gobiernos, fuerzas policiales, organismos multilaterales, empresas tecnológicas y sectores empresariales participan en la implementación de políticas de seguridad.¿Quiénes impulsan estas políticas dentro de cada país? ¿Quiénes las cuestionan?
Economía y seguridadLa dimensión económica forma parte de la política internacional, aunque muchas veces permanezca oculta tras el lenguaje de la seguridad.Nearshoring, resiliencia económica, minerales estratégicos, transición energética e infraestructura crítica aparecen vinculados con la seguridad nacional.¿Qué intereses económicos acompañan las decisiones en materia de seguridad?
Escala regionalLos procesos nacionales deben entenderse dentro de dinámicas continentales.Programas regionales de cooperación, interoperabilidad militar, inteligencia compartida y coordinación fronteriza.¿Qué decisiones parecen nacionales pero responden a estrategias regionales?
Continuidades históricasCambian los discursos, pero ciertas lógicas de poder permanecen.La narrativa pasa del comunismo al terrorismo, luego al narcotráfico y hoy incorpora migración, crimen transnacional y competencia geopolítica.¿Qué ha cambiado realmente y qué elementos muestran continuidad histórica?
Soberanía y autonomíaAnalizar cómo las decisiones internacionales condicionan la capacidad de decisión de los Estados latinoamericanos.Cooperación en seguridad, financiamiento, asistencia técnica y alineamientos estratégicos generan nuevas formas de dependencia e interdependencia.¿Qué margen de decisión conservan los países latinoamericanos? ¿Qué alternativas pueden construir?
Lo que Bosch no alcanzó a verTodo clásico tiene límites históricos y debe dialogar con nuevos fenómenos.Inteligencia artificial, vigilancia digital, plataformas tecnológicas, datos, cambio climático y transición energética transforman la geopolítica contemporánea.¿Qué nuevas categorías necesita desarrollar hoy el pensamiento crítico latinoamericano?

Pueden descargar la infografía aquí

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Referencia:

Bosch, Juan (2024). El pentagonismo: Sustituto del imperialismo. Ediciones Fundación Juan Bosch.

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Cuando el veneno parecía progreso: el DDT y la construcción de las salvaguardas ambientales

Hubo un tiempo en que el DDT (pesticida químico) fue aclamado como uno de los mayores logros de la ciencia moderna. Se fumigaban cultivos, bosques, barrios, playas e incluso a las personas, convencidas de que aquel polvo blanco representaba el futuro: una herramienta infalible para eliminar plagas, aumentar la producción agrícola y combatir enfermedades como la malaria.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos promovió su uso masivo. El DDT era un pilar en programas de salud pública, campañas agrícolas y políticas gubernamentales que lo presentaban como una solución segura y eficaz. Cuestionarlo parecía irracional. Después de todo, ¿quién podría oponerse al progreso?

Sin embargo, la historia demostraría que el verdadero problema no era únicamente el pesticida, sino la certeza con la que una sociedad creyó conocer todos sus efectos antes de comprender realmente sus consecuencias a largo plazo.

Los daños que tardaron años en hacerse visibles

A diferencia de otros contaminantes, el DDT no desaparecía tras su aplicación. Permanecía durante años en el suelo y el agua, ingresaba en las cadenas tróficas y se acumulaba en los tejidos de animales y personas. Las aves rapaces comenzaron a desaparecer de diversas regiones debido al debilitamiento de sus cáscaras de huevo, mientras la contaminación se extendía mucho más allá de las zonas tratadas.

Lo más inquietante era que estos impactos solo podían observarse con el paso del tiempo. Los beneficios económicos eran inmediatos; los costos ecológicos, en cambio, emergían lentamente y eran asumidos por toda la sociedad. Esta historia nos recuerda que algunos daños ambientales no ocurren de manera espectacular, sino que se acumulan silenciosamente hasta que resulta imposible ignorarlos.

Una científica contra un modelo de desarrollo

En 1962, la bióloga estadounidense Rachel Carson publicó Primavera silenciosa (Silent Spring), una obra que transformó para siempre la discusión ambiental. Su principal aporte no fue rechazar la ciencia o el desarrollo tecnológico, sino demostrar que el verdadero conocimiento científico también debe interrogarse por las consecuencias de aquello que se considera un avance.

Carson reunió investigaciones dispersas, documentó los impactos sobre la fauna y cuestionó la aplicación indiscriminada de sustancias químicas cuyos efectos a largo plazo eran inciertos.

La reacción no se hizo esperar. Las empresas fabricantes de pesticidas emprendieron campañas para desacreditarla, cuestionando su credibilidad y tachando sus investigaciones de exageradas. Argumentaron que restringir el DDT pondría en riesgo la agricultura y la salud pública. El debate dejó de ser exclusivamente científico para convertirse en una disputa política, económica y cultural.

Lo más difícil no fue descubrir el problema, sino cambiar el rumbo

Existe la idea equivocada de que, cuando la ciencia demuestra un daño, las instituciones simplemente corrigen el error. La historia del DDT demuestra lo contrario.

A pesar de las crecientes evidencias, la prohibición del pesticida enfrentó enormes resistencias. Durante décadas, se habían construido políticas públicas, inversiones, industrias y modelos agrícolas que dependían de su uso. Reconocer el problema implicaba revisar decisiones gubernamentales, modificar regulaciones y afectar intereses económicos profundamente consolidados.

La publicación de Primavera silenciosa fue en 1962, pero Estados Unidos no prohibió la mayoría de los usos agrícolas del DDT hasta 1972, tras largos procesos de investigación, audiencias públicas, controversias judiciales y fuertes presiones de la industria química. La burocracia, en este caso, no fue un mero conjunto de trámites administrativos, sino el reflejo de una disputa por definir qué intereses debían prevalecer cuando la evidencia científica cuestionaba un modelo de desarrollo que había generado enormes beneficios económicos.

Las salvaguardas ambientales nacieron de estas lecciones

A menudo, se presentan las evaluaciones de impacto ambiental, el principio precautorio, el monitoreo independiente o la participación ciudadana como obstáculos para el desarrollo. Sin embargo, la historia del DDT invita a mirar estas herramientas desde otra perspectiva.

Estas salvaguardas no surgieron para impedir la innovación, sino porque demasiadas veces la innovación avanzó más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias. Son mecanismos que buscan responder una pregunta sencilla antes de que el daño ocurra: ¿Qué podría pasar si estamos equivocados?

Responder esa pregunta requiere tiempo, información, instituciones sólidas y espacios para el diálogo entre distintos conocimientos. Puede parecer un proceso lento, pero suele ser mucho menos costoso que intentar reparar ecosistemas destruidos o enfrentar crisis sanitarias evitables.

Una lección que sigue vigente

Hoy los debates ya no giran únicamente en torno al DDT. Se discuten nuevos pesticidas, megaproyectos, minería, infraestructura, organismos genéticamente modificados y muchas otras tecnologías que prometen resolver problemas urgentes. En distintos países resurgen discursos que presentan las regulaciones ambientales como «excesos burocráticos» que frenan la inversión y el crecimiento.

Sin embargo, esta historia nos recuerda que muchas de esas regulaciones existen precisamente porque, en el pasado, la ausencia de controles permitió que los costos ambientales se trasladaran a la naturaleza y a las generaciones futuras.

Las salvaguardas ambientales no son el resultado del miedo al progreso, sino de la memoria: la memoria de ecosistemas degradados, especies desaparecidas, comunidades afectadas y decisiones que pudieron tomarse con mayor precaución. Quizá la enseñanza más importante del DDT no sea que una sustancia resultó peligrosa, sino que ninguna sociedad debería confundir la rapidez para innovar con la sabiduría para decidir. Porque cuando los daños ambientales finalmente se hacen visibles, casi siempre es demasiado tarde para preguntarse si habría sido mejor actuar con más cuidado desde el principio.

¿Y qué nos dice esta historia sobre Costa Rica?

Costa Rica suele presentarse ante el mundo como un referente en conservación ambiental. La recuperación de sus bosques, la creación de parques nacionales y el reconocimiento internacional por sus políticas ambientales forman parte de ese relato. Sin embargo, ese prestigio no significa que las tensiones entre desarrollo económico y protección de los bienes comunes hayan desaparecido.

En los últimos años, el país ha vivido un creciente debate sobre el alcance de sus salvaguardas ambientales. Con frecuencia, las evaluaciones de impacto, los procesos de consulta, los estudios técnicos o las regulaciones para proteger ríos, humedales, acuíferos y bosques son presentados como obstáculos que retrasan inversiones, encarecen proyectos o limitan la competitividad. Detrás de ese discurso suele instalarse una pregunta aparentemente sencilla: ¿por qué tantos controles?

La historia del DDT ofrece una respuesta vigente: muchas de estas instituciones y procedimientos nacieron precisamente porque, en el pasado, las decisiones se tomaban sin suficiente información sobre sus consecuencias ambientales y sociales. No aparecieron por casualidad ni por un exceso de burocracia, sino como respuesta a daños que pudieron haberse evitado.

Esta reflexión adquiere especial relevancia en un país donde los conflictos por el agua, la expansión urbana sobre humedales, la presión sobre territorios rurales, la extracción de materiales, el uso intensivo de agroquímicos y los efectos del cambio climático evidencian que la protección ambiental sigue siendo un desafío cotidiano. Cada decisión que flexibiliza controles puede generar beneficios inmediatos para ciertos sectores, pero también trasladar costos ecológicos y sociales que solo se harán visibles años después.

Defender las salvaguardas ambientales no significa negar la necesidad del desarrollo económico, sino reconocer que el verdadero desarrollo no puede construirse sobre la degradación silenciosa de los ecosistemas de los que depende la vida. Las evaluaciones ambientales, el principio precautorio, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional son herramientas para mejorar las decisiones colectivas, no para impedirlas.

Quizá la mayor enseñanza del DDT para Costa Rica es que los errores ambientales rara vez ocurren por falta de conocimiento. Ocurren, con frecuencia, cuando la evidencia científica, las advertencias comunitarias o las capacidades institucionales son relegadas ante la urgencia de producir más, construir más rápido o reducir los controles. Cuando eso sucede, las consecuencias no desaparecen: simplemente se trasladan al futuro.

En tiempos en que la simplificación de trámites y la desregulación vuelven a ocupar un lugar central en el debate público, conviene recordar que la verdadera pregunta no es cuánto cuesta prevenir un daño ambiental, sino cuánto termina costando cuando decidimos no hacerlo.

¿Y si ahora la inteligencia artificial puede hacerlo mejor?

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) promete transformarlo todo, comienzan a surgir voces que sugieren que las salvaguardas ambientales podrían simplificarse. Si un algoritmo puede procesar millones de datos en segundos, modelar escenarios futuros y estimar riesgos con precisión, ¿siguen siendo necesarias evaluaciones extensas, consultas públicas o procesos institucionales que toman meses o años?

La pregunta resulta atractiva, pero parte de un supuesto equivocado: que las salvaguardas existen únicamente porque antes no teníamos suficiente capacidad para analizar información. La historia del DDT demuestra que, en muchos momentos, existieron datos y advertencias que señalaban los riesgos. Lo que faltó no fue capacidad de cálculo, sino voluntad para reconocer la incertidumbre, cuestionar intereses consolidados y actuar antes de que el daño fuera irreversible.

La IA puede contribuir a analizar imágenes satelitales, detectar cambios en los ecosistemas, procesar grandes volúmenes de información y construir modelos predictivos con una velocidad impensable hace años. Puede convertirse en una aliada importante para fortalecer la gestión ambiental. Pero ninguna inteligencia artificial puede responder preguntas profundamente políticas y éticas:

  • -¿Es aceptable poner en riesgo un humedal por un beneficio económico de corto plazo?

  • -¿Quién decide qué nivel de contaminación es tolerable?

  • -¿Cómo se valoran los conocimientos de las comunidades que habitan un territorio?

  • -¿Quién asume los costos si una predicción resulta equivocada?

  • -¿Qué especies, paisajes o formas de vida estamos dispuestos a sacrificar?

Estas no son preguntas que se resuelvan con un algoritmo. Son decisiones colectivas que requieren deliberación democrática, instituciones públicas sólidas y mecanismos de participación. Confiar en que la IA puede sustituir las salvaguardas ambientales sería repetir un error conocido: creer que una nueva tecnología elimina la necesidad de actuar con precaución frente a sus propios límites.

Paradójicamente, la expansión de la IA hace aún más necesario fortalecer el principio precautorio. No porque debamos desconfiar de la tecnología, sino porque también ella genera incertidumbres, concentra poder y puede reproducir sesgos si no existen instituciones capaces de supervisar su uso. La lección del DDT sigue vigente: ninguna innovación, por sofisticada que sea, reemplaza la responsabilidad de preguntarnos cuáles podrían ser sus consecuencias antes de convertirla en la base de nuestras decisiones.

Rachel Louise Carson (1907-1964) fue una bióloga marina y zoóloga estadounidense cuya obra transformó la relación de la sociedad con el medio ambiente. Formada con una maestría en Zoología por la Universidad Johns Hopkins, Carson. Su libro más influyente, Primavera silenciosa (1962), documentó los devastadores efectos de los pesticidas sintéticos, en especial el DDT, sobre los ecosistemas, la fauna y la salud humana. Carson no solo denunció la contaminación química, sino que cuestionó la arrogancia de una ciencia y una industria que actuaban sin considerar las consecuencias a largo plazo. A pesar de los feroces ataques de la industria química, su obra impulsó el movimiento ecologista moderno, contribuyó directamente a la prohibición del DDT en Estados Unidos (1972) y sentó las bases para la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Su legado perdura como un recordatorio de que el progreso sin precaución y sin rendición de cuentas tiene un costo que la naturaleza termina cobrando.

Referencia:

Carson, Rachel (2023). Primavera silenciosa. Crítica

Gamboa, Nadia. (2014). DDT, una revisión histórica. Revista de Química, *28*(1-2), 19-24.

Mugabo, Jean Pierre Bhople, Balkirshina Sopan Kumar, Arun Khan, Javed Ahmad Havugimana, Erneste Byringiro, Emmanuel Singh, Yumnam Neeraj (2020). Environmental Impact Assessment (EIA): General process and procedures. En Environmental Impact Assessment: A Journey to Sustainable Development (pp. 21-58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45871-5_2

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¿Quién piensa América Latina y el Caribe? La Carta de Jamaica frente a las nuevas agendas de seguridad

Durante más de dos siglos, la Carta de Jamaica ha sido leída como un manifiesto de la independencia latinoamericana o como un texto precursor del ideal de unidad continental. Sin embargo, su vigencia no radica únicamente en las respuestas que ofrece, sino en la forma en que nos invita a pensar la realidad política de América Latina y el Caribe.

Bolívar escribe esta carta en septiembre de 1815, no desde el triunfo, sino desde la derrota. La Segunda República de Venezuela ha sido derrotada, los ejércitos patriotas se encuentran dispersos y él permanece exiliado en Kingston, Jamaica. Todavía no es el Libertador que la historia convertirá en símbolo continental. Es un dirigente político que intenta comprender por qué fracasó la revolución y cuáles son las condiciones necesarias para que los pueblos americanos puedan construir un horizonte propio.

En tiempos de incertidumbre, Bolívar no responde con consignas. Responde con preguntas. Intenta comprender América desde su propia realidad y no desde las categorías políticas elaboradas por las potencias de su época.

Quizá allí radique la mayor actualidad de la Carta de Jamaica.

Cuando las potencias vuelven a definir las amenazas del continente

La relectura de la Carta de Jamaica adquiere un nuevo significado a partir de acontecimientos recientes. En julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a representantes de más de sesenta países a una reunión ministerial con el propósito de construir una estrategia internacional frente al denominado «terrorismo de extrema izquierda». Durante el encuentro, Rubio sostuvo que movimientos comunistas, marxistas, anarquistas, antifascistas y antiimperialistas forman parte de una amenaza transnacional que exige fortalecer la cooperación internacional en materia de inteligencia, intercambio de información, persecución financiera y coordinación policial.

El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, reforzó ese discurso al afirmar que la «extrema izquierda» representa un «cáncer mortal para la civilización» y que las democracias deben defenderse con la misma determinación con la que una familia protege su hogar frente a un invasor. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció además el fortalecimiento de mecanismos para supervisar organizaciones sin fines de lucro que, según el gobierno estadounidense, podrían ser utilizadas para financiar estas redes.

Más allá del contenido específico de estas afirmaciones, el encuentro expresa un cambio de mayor alcance. No se trata únicamente de una política interna de Estados Unidos, sino de un intento por construir una arquitectura internacional de seguridad que invite a otros gobiernos a compartir una misma definición de terrorismo, extremismo y amenaza política.

Diversos exfuncionarios del propio Departamento de Estado cuestionaron esta orientación. Señalaron que la estrategia responde más a prioridades políticas de la administración Trump que a la evaluación realizada por los organismos especializados en contraterrorismo, los cuales han advertido que otras formas de violencia extremista continúan representando riesgos significativamente mayores.

Sin embargo, más allá del debate sobre el diagnóstico de seguridad, emerge una pregunta de enorme relevancia para América Latina y el Caribe: ¿Quién tiene el poder de definir cuáles son las amenazas del mundo?

Las categorías nunca son neutrales. Nombrar un actor como «terrorista» o «extremista» no solo describe una realidad; también produce consecuencias políticas. Permite reorganizar presupuestos públicos, ampliar mecanismos de vigilancia, fortalecer la cooperación policial internacional, justificar reformas legales y redefinir las prioridades de los Estados.

La pregunta, entonces, trasciende la coyuntura estadounidense. Lo que está en discusión es quién produce los marcos desde los cuales se interpreta la realidad política internacional. Y es precisamente allí donde la Carta de Jamaica vuelve a cobrar sentido.

La Carta de Jamaica: un antecedente del pensamiento antiimperialista latinoamericano

Aunque fue escrita varias décadas antes de que el concepto de imperialismo adquiriera el significado político y económico con el que hoy lo conocemos, la Carta de Jamaica constituye uno de los antecedentes más importantes del pensamiento antiimperialista latinoamericano.

Su aporte no consiste únicamente en denunciar la dominación colonial española. Su mayor originalidad radica en desplazar el lugar desde donde se piensa el continente.

Hasta entonces, América aparecía fundamentalmente como objeto de las decisiones imperiales. Bolívar rompe con esa lógica. Propone comprender el continente desde las necesidades, las contradicciones y las aspiraciones de sus propios pueblos. Ese desplazamiento constituye un verdadero cambio epistemológico y político.

La pregunta deja de ser qué necesita Europa para conservar el orden colonial y pasa a ser qué necesitan los pueblos americanos para construir sociedades libres, instituciones propias y formas de organización capaces de sostener su autonomía.

Este gesto intelectual será retomado posteriormente por buena parte del pensamiento crítico latinoamericano. José Martí denunciará el expansionismo estadounidense; José Carlos Mariátegui reivindicará la necesidad de un socialismo indoamericano; Juan Bosch analizará las nuevas formas de dominación imperial en el Caribe; Pablo González Casanova estudiará el colonialismo interno; Eduardo Galeano mostrará las estructuras históricas del saqueo continental.

Todos ellos, desde contextos distintos, compartirán una intuición ya presente en Bolívar: la emancipación política también requiere emancipación intelectual. Pensar desde América y el Caribe significa construir nuestras propias categorías para comprender el mundo y no limitarse a reproducir aquellas elaboradas por los centros de poder.

Pensar desde América

La Carta de Jamaica no propone el aislamiento de América Latina ni rechaza el diálogo con el mundo. Lo que cuestiona es otra cosa: la incapacidad de los pueblos para interpretar su propia realidad con categorías propias.

Dos siglos después, América Latina y el Caribe enfrentan desafíos profundamente distintos a los de 1815, pero igualmente complejos: desigualdad, concentración de la riqueza, endeudamiento, privatización de bienes públicos, crisis climática, conflictos socioambientales, expansión del extractivismo, militarización de territorios, migraciones forzadas, transformación tecnológica y nuevas disputas geopolíticas.

Sin embargo, buena parte de las agendas públicas continúan organizándose alrededor de prioridades definidas fuera de la región.

La seguridad, la democracia, el desarrollo, la transición energética, la inteligencia artificial, la lucha contra el narcotráfico o la definición misma del terrorismo suelen llegar a nuestros países como categorías previamente elaboradas por los principales centros de poder global.

La pregunta que Bolívar nos deja continúa siendo profundamente incómoda: ¿Estamos interpretando nuestra realidad desde nuestras propias experiencias históricas o seguimos leyendo América Latina con conceptos construidos para responder a otros intereses y otras geografías?

La unidad como construcción política

En uno de los pasajes más conocidos de la Carta, Bolívar afirma que la unión de los pueblos americanos no llegará por milagros ni por providencia, sino por «efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».

La unidad, entonces, no constituye un destino inevitable ni una consecuencia automática de compartir una historia común. Es una tarea política. Implica construir instituciones regionales, fortalecer la cooperación entre pueblos, defender los bienes comunes, intercambiar conocimientos, desarrollar capacidades científicas propias y ampliar los márgenes de soberanía frente a un escenario internacional cada vez más disputado.

En un contexto donde las grandes potencias buscan reorganizar las agendas de seguridad, la integración latinoamericana deja de ser solamente un ideal histórico para convertirse en una condición de autonomía política.

Un método para leer el presente

La mayor vigencia de la Carta de Jamaica probablemente no resida en sus predicciones, muchas de las cuales respondieron a las limitaciones de su tiempo. Su verdadera actualidad consiste en el método político que inaugura.

Bolívar escribe desde el exilio, desde la derrota y desde la incertidumbre. En lugar de aceptar las explicaciones producidas por los centros de poder, decide construir un diagnóstico propio sobre la realidad americana.

Quizá esa sea la principal enseñanza que la Carta ofrece al siglo XXI. En momentos en que las grandes potencias vuelven a disputar el significado de la democracia, la seguridad, el terrorismo, el desarrollo o la integración regional, la Carta de Jamaica nos recuerda que la primera condición de cualquier proyecto emancipador consiste en recuperar la capacidad de pensar América Latina y el Caribe desde América Latina y el Caribe.

No como un ejercicio de aislamiento ni como una reivindicación romántica del pasado, sino como una práctica permanente de autonomía intelectual y política. Porque la soberanía no se limita al control del territorio o de las instituciones. También implica la capacidad de producir nuestras propias preguntas, nombrar nuestros propios problemas y construir colectivamente los horizontes de futuro para los pueblos de América Latina y el Caribe.

La Carta de Jamaica como caja de herramientas para pensar América Latina y el Caribe
Herramienta de lectura¿Qué plantea Bolívar?¿Qué pregunta nos deja para el siglo XXI?Ejemplos de la coyuntura latinoamericana y caribeña
Pensar desde nuestra realidadAmérica no puede copiar modelos europeos; debe comprender sus propias condiciones históricas.¿Estamos interpretando nuestros problemas desde nuestras realidades o desde categorías construidas por otras potencias?Seguridad, democracia, desarrollo, transición energética, inteligencia artificial, migración y crimen organizado suelen debatirse desde agendas externas.
La independencia como proceso permanenteLa emancipación no termina con expulsar al imperio; comienza el desafío de construir instituciones propias.¿Qué nuevas formas de dependencia existen hoy?Endeudamiento, tratados comerciales, dependencia tecnológica, plataformas digitales, corporaciones extractivas, control financiero internacional.
Leer el poderLa dominación no es solamente militar; también es política, económica y cultural.¿Quién define hoy las reglas del juego internacional?Disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, organismos financieros, empresas tecnológicas, industrias militares y energéticas.
Nombrar las amenazasLos imperios justifican sus acciones construyendo enemigos.¿Quién define actualmente qué es terrorismo, extremismo, seguridad o estabilidad?Criminalización de movimientos sociales, nuevas doctrinas de seguridad hemisférica, expansión de políticas antiterroristas, vigilancia digital.
Pensar críticamente las categoríasBolívar no acepta las interpretaciones de la monarquía española; construye su propio diagnóstico.¿Qué conceptos utilizamos para comprender América Latina?Desarrollo, gobernabilidad, inversión, modernización, resiliencia, seguridad nacional, democracia, populismo.
Unidad latinoamericanaLa unión no es un ideal romántico, sino una necesidad política.¿Qué formas de integración necesita hoy América Latina y el Caribe?Cooperación sanitaria, integración energética, defensa de bienes comunes, ciencia abierta, soberanía alimentaria, movilidad humana.
La organización como condición de la libertadLa unidad no llegará «por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos».¿Qué organizaciones sociales, comunitarias y regionales hacen posible la democracia?Redes territoriales, movimientos campesinos, organizaciones indígenas, feministas, sindicatos, universidades públicas y articulaciones regionales.
La diversidad de AméricaBolívar reconoce que el continente no constituye una realidad homogénea; existen historias, territorios e intereses distintos.¿Cómo construir unidad respetando la diversidad?Plurinacionalidad, pueblos afrodescendientes, pueblos indígenas, Caribe insular, Amazonía, Centroamérica, migraciones.
Pensar desde las derrotasLa Carta nace del exilio y del fracaso político, no de la victoria.¿Cómo producir pensamiento crítico en tiempos de crisis?Retrocesos democráticos, ofensivas autoritarias, debilitamiento de la integración regional, conflictos socioambientales, privatización de bienes públicos.
Imaginar futurosBolívar no solo analiza el presente; propone horizontes posibles para América.¿Qué proyecto de futuro queremos construir para la región?Justicia climática, transición ecológica justa, bienes comunes, economías solidarias, soberanía tecnológica y democratización del conocimiento.
Referencias:

Bolivar, Simón (1815). Carta de Jamaica.

Hansler, Jennifer (2026). Miller y Rubio presentan a la extrema izquierda como amenaza clave para EE.UU. CNN en Español.

La Jornada. (2026). Convoca Marco Rubio a 60 países a cumbre contra la «extrema izquierda». La Jornada

 

Esta nota web forma parte de la colección Los Herejes de lo Común, una serie de cuadernos de antigeopolítica y antiimperialismos publicados por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica.

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¿Quién controla el campo cuando los datos se convierten en el nuevo cultivo?

La digitalización se ha instalado como una de las grandes promesas del agronegocio contemporáneo. Drones, sensores, inteligencia artificial, plataformas digitales, maquinaria automatizada y sistemas de monitoreo en tiempo real son presentados como herramientas indispensables para producir más, utilizar menos recursos y enfrentar la crisis climática. Bajo nombres como Agricultura 4.0, agricultura inteligente o agricultura de precisión, se afirma que el futuro del campo dependerá cada vez más de los datos y de la automatización.

Sin embargo, detrás de este discurso aparecen preguntas que pocas veces se discuten:

  • ¿Quién controla los datos que generan las personas agricultoras?

  • ¿Quién decide cuando las recomendaciones provienen de algoritmos y plataformas digitales?

  • ¿Qué ocurre con los conocimientos campesinos construidos durante generaciones?

  • ¿La digitalización fortalece la soberanía alimentaria o profundiza nuevas dependencias?

Estas preguntas son el punto de partida para comprender que la digitalización del agronegocio no es únicamente una innovación tecnológica: también constituye una profunda transformación política y económica del sistema agroalimentario.

Más que tecnología: una nueva etapa del agronegocio

La digitalización atraviesa prácticamente toda la cadena agroalimentaria. Desde la preparación del suelo y la siembra hasta el transporte, la logística, el procesamiento industrial, la comercialización y la trazabilidad de los alimentos, cada etapa incorpora crecientemente herramientas digitales capaces de registrar, procesar y comercializar enormes cantidades de información.

Este proceso también modifica quiénes concentran el poder dentro del sistema alimentario.

Hoy las grandes corporaciones tecnológicas establecen alianzas con empresas de semillas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria agrícola y plataformas financieras, configurando un nuevo modelo de acumulación donde los datos se convierten en un activo estratégico.

Los datos también son un territorio en disputa

Una de las principales tensiones que plantea la agricultura digital es que la información producida diariamente por miles de personas agricultoras alimenta plataformas privadas capaces de generar nuevos mercados, servicios y formas de control.

Mientras más productores utilizan estas tecnologías:

  • -mayor es la cantidad de datos acumulados por las plataformas

  • -más precisos se vuelven sus algoritmos

  • -mayor es la dependencia de quienes utilizan esos sistemas

  • -y mayor es la capacidad corporativa para orientar las decisiones productivas

En otras palabras, los datos pasan a ser un nuevo bien estratégico cuya apropiación redefine las relaciones de poder en el campo.

¿Qué pasa con los saberes campesinos?

Uno de los aspectos más provocadores del debate es el lugar que ocupa el conocimiento campesino.

Las herramientas digitales suelen asumir que las mejores decisiones provienen del análisis automatizado de datos. Sin embargo, distintas investigaciones muestran que las personas agricultoras continúan apoyándose en conocimientos construidos mediante la experiencia, la observación cotidiana, la memoria del territorio y la transmisión intergeneracional de saberes.

La vista, el tacto, el olfato, la intuición y la experiencia siguen siendo fundamentales para comprender los cultivos, los suelos y los cambios ambientales, dimensiones que difícilmente pueden reducirse a indicadores digitales.

El debate, entonces, no enfrenta tecnología contra tradición, sino dos maneras distintas de producir conocimiento y de tomar decisiones sobre la agricultura.

Una infraestructura que también deja huella

Aunque frecuentemente se presenta como una economía «desmaterializada», la digitalización depende de enormes infraestructuras físicas.

Su funcionamiento requiere:

  • -centros de datos que consumen grandes cantidades de electricidad y agua

  • -minerales críticos para fabricar chips, baterías y dispositivos electrónicos

  • -cables submarinos y redes de telecomunicaciones que sostienen el tráfico global de datos

  • -una creciente demanda energética asociada al desarrollo de la inteligencia artificial

Por ello, distintos estudios cuestionan la idea de que la digitalización represente, por sí misma, una transición ecológica o una solución automática frente a la crisis climática.

Una discusión necesaria para América Latina y el Caribe

Aunque buena parte de estas transformaciones se impulsan desde grandes corporaciones tecnológicas y organismos internacionales, sus efectos ya son visibles en América Latina y comienzan a reorganizar las cadenas agroexportadoras, las formas de producción y las políticas públicas vinculadas al sector agroalimentario.

Comprender estos procesos resulta fundamental para quienes trabajan por la defensa de los bienes comunes, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos rurales.

Una invitación a profundizar el debate

Para aportar a esta discusión, compartimos la publicación Digitalización en el agronegocio ecuatoriano, elaborada por Elizabeth Bravo para Acción Ecológica.

A lo largo de sus páginas, la autora analiza críticamente:

  • -las promesas y límites de la agricultura digital

  • -el papel de las grandes corporaciones tecnológicas

  • -la concentración del poder en torno a los datos

  • -los impactos ambientales de la infraestructura digital

  • -las implicaciones para la agricultura campesina, la soberanía alimentaria y los bienes comunes

Se trata de una lectura imprescindible para comprender que la digitalización del agronegocio no solo transforma la manera de producir alimentos, sino también las relaciones de poder, las formas de conocimiento y las disputas por el control de los territorios.

Le invitamos a descargar la publicación para seguir reflexionando sobre el presente y el futuro de nuestros sistemas agroalimentarios.

Pueden descargar el documento aquí.

Sobre la publicación
Digitalización en el agronegocio ecuatoriano fue elaborada por Elizabeth Bravo, investigadora y activista ecuatoriana con una amplia trayectoria en el estudio del agronegocio, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El documento fue publicado por Acción Ecológica, organización referente en América Latina por su trabajo en defensa de la justicia ambiental, los bienes comunes y los derechos de los pueblos frente a los impactos del extractivismo. A través de esta investigación, la autora ofrece un análisis crítico sobre las transformaciones que introduce la agricultura digital, las disputas por el control de los datos y sus implicaciones para la autonomía de las comunidades rurales y los sistemas alimentarios.

Pueden descargar la infografía aquí.

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