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Hospital sin Paredes: una historia vigente de salud comunitaria

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El Hospital sin Paredes no es solo un capítulo destacado en la historia de la salud pública costarricense: es una lección viva sobre cómo una comunidad puede construir bienestar cuando la salud se entiende como un proceso social, participativo y profundamente humano. Hoy, compartimos una reedición del documento Nuestra Historia sin Paredes —preparada para poner nuevamente en circulación la memoria de esta experiencia— junto con dos entrevistas a Enid Cruz, quien vivió de cerca la construcción de este proyecto y el legado del Dr. Juan Guillermo Ortiz.

Un modelo de salud adelantado a su tiempo

El Hospital sin Paredes surgió como respuesta a las necesidades de comunidades rurales que permanecían excluidas de la atención médica tradicional. La experiencia innovó al romper —literalmente— las paredes que separaban al hospital de la vida cotidiana de la gente.

Esta propuesta acercó la salud a los hogares, formó auxiliares de enfermería elegidas por la comunidad, impulsó equipos interdisciplinarios, creó puestos de salud y organizó responsables de salud que articulaban la participación popular con el conocimiento técnico.

El hospital caminaba a la par de la comunidad: acompañaba, prevenía, enseñaba y construía soluciones colectivas frente a los problemas ambientales, sociales y económicos que afectaban la vida.

La voz de Enid Cruz: memoria y compromiso

En el video principal, Enid Cruz comparte su experiencia dentro del Hospital sin Paredes, recordando cómo el programa puso en práctica un enfoque integral y cercano con las comunidades. Sus vivencias revelan el espíritu de trabajo solidario que caracterizó al programa: un modelo donde escuchar, comprender y acompañar eran tan importantes como diagnosticar o tratar.

En un segundo video, Enid habla del Dr. Juan Guillermo Ortiz, figura central del proyecto. Su visión social de la salud permitió que el hospital se transformara en un espacio abierto, democrático y participativo, donde cada persona tenía algo que aportar para el bienestar común.

Leer el documento histórico

Como parte de esta conmemoración, ponemos a disposición la reedición de Nuestra Historia sin Paredes, un documento que recopila testimonios, datos, poemas de las comunidades, fotografías y análisis de un proceso que marcó un antes y un después para la salud en San Ramón y la región.

Es una invitación a volver sobre esa memoria desde el presente:
¿Qué podemos aprender hoy del Hospital sin Paredes?
¿Qué elementos de esa experiencia siguen siendo urgentes?

Un legado para los bienes comunes sociales

El Hospital sin Paredes ofrece aprendizajes muy valiosos para pensar los bienes comunes sociales —aquellos ámbitos esenciales para la vida que solo pueden sostenerse mediante prácticas colectivas de cuidado, acceso equitativo y responsabilidad compartida.

Tres enseñanzas centrales destacan:

1. La salud como construcción comunitaria: El programa mostró que la salud no se limita a la consulta médica. Requiere caminos, agua potable, organización, educación, alimentación, vivienda y participación. Es decir: la salud depende de los bienes comunes que sostienen la vida cotidiana.

2. La participación como derecho y como método: El lema “la salud es un derecho del pueblo y su participación un deber” expresaba algo fundamental: las comunidades no son beneficiarias pasivas, sino protagonistas del diseño y sostenimiento del sistema de salud. Esta visión sigue siendo crucial en tiempos donde la participación se fragmenta o reduce a trámites institucionales.

3. El vínculo entre conocimiento técnico y saberes populares: La experiencia de San Ramón demostró que profesionales y comunidades pueden construir soluciones juntos, reconociendo saberes locales, registrando datos, investigando causas y devolviendo la información a la población. Hoy, este diálogo es indispensable para cualquier gestión de bienes comunes.

Una historia viva

Aunque el programa enfrentó resistencias y fue debilitado por decisiones institucionales, su legado permanece. Es una memoria necesaria para seguir imaginando sistemas de salud más cercanos, participativos y justos.

Con esta nota, los videos y la reedición del documento original, invitamos a reconocer la vigencia del Hospital sin Paredes como un patrimonio social, un ejemplo de innovación pública y un recordatorio de que la salud —como la educación, el agua o el territorio— se sostiene mejor cuando se construye desde la comunidad.

Pueden descargar el documento aquí.
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Cuando la rectoría ambiental pierde el rumbo: hallazgos críticos sobre la gobernanza del MINAE (2024-2025)

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El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la gobernanza de la política ambiental en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presenta un panorama que exige atención urgente. No se trata únicamente de debilidades administrativas; se expone una crisis estructural en la rectoría ambiental del país, justo cuando las tensiones territoriales, extractivas y climáticas son más severas que nunca.

El documento revela una institucionalidad ambiental sin dirección estratégica, sin una visión integral de los recursos naturales, sin mecanismos adecuados de monitoreo y con capacidades mermadas. Las funciones esenciales del Ministerio —liderar, coordinar, orientar, supervisar— se encuentran fragmentadas o delegadas en otras instituciones con mandatos distintos (como MIDEPLAN o Hacienda). Esto genera un vacío de gobernanza que termina dejando las decisiones ambientales sin brújula ni responsabilidad clara.

Las contradicciones internas también son profundas: traslape de funciones entre dependencias clave, ausencia de un marco ético, carencia de herramientas para gestionar riesgos, falta de transparencia, y nula evaluación de la satisfacción de las comunidades y sectores afectados por las políticas ambientales. Todo esto ocurre mientras las metas nacionales de biodiversidad, conservación y manejo de humedales presentan rezagos significativos.

El resultado es claro: una rectoría ambiental debilitada en un país cuya narrativa histórica de liderazgo verde ya no corresponde con la realidad institucional.

Dimensiones críticas de la política ambiental en un escenario de agotamiento, extractivismo y crisis climática

El informe no solo muestra fallas internas; también deja en evidencia cómo estas debilidades chocan con un contexto donde las tensiones ambientales son más complejas y profundas. En Costa Rica convergen hoy al menos cinco dimensiones críticas que exigen una rectoría ambiental fuerte, coherente y articulada:

1. El agotamiento de los bienes naturales como límite del modelo de desarrollo

Los territorios viven presiones crecientes sobre los bienes comunes: sobreexplotación del agua para agroindustrias, expansión inmobiliaria en cuencas y zonas costeras, pérdida acelerada de bosques secundarios, fragmentación de hábitats y degradación de humedales. La ausencia de políticas claras permite que el mercado, las presiones locales o los intereses económicos marquen el rumbo, debilitando la resiliencia ecológica y social del país.

2. La expansión de actividades extractivas “legales” y “a-legales”

Minería no metálica, turismo depredador, urbanizaciones en ZMT, monocultivos intensivos, acaparamiento de territorios, y en algunos casos captura territorial por crimen organizado. La falta de dirección del MINAE abre espacios para:

  • -permisología discrecional,

  • -licencias sin evaluación integral,

  • -omisiones de fiscalización, o

  • -uso instrumental de vacíos normativos.
    Es un escenario donde el extractivismo se abre paso “por ausencia” del Estado.

  • 3. La vulnerabilidad frente al cambio climático

    Inundaciones, sequías prolongadas, erosión costera, elevación del nivel del mar y pérdida de suelos agrícolas exigen políticas robustas de adaptación y mitigación. Sin embargo:

    • -no existe una estrategia ambiental integral,

    • -los riesgos no son evaluados,

    • -no hay indicadores unificados,

    • -y la planificación está desconectada entre dependencias.

    Una institucionalidad frágil simplemente no puede liderar procesos de adaptación territorial con la urgencia que exige la crisis climática.

4. La creciente conflictividad socioambiental

Comunidades enteras enfrentan proyectos que afectan sus ríos, bosques, acuíferos y formas de vida. La falta de rectoría provoca:

  • -indefensión jurídica,

  • -falta de información oportuna,

  • -procesos de participación simbólica,

  • -decisiones sin transparencia,

  • -y desgaste en la confianza hacia el Estado.

La desarticulación institucional fomenta escenarios donde las comunidades deben suplir tareas de monitoreo, fiscalización y denuncia.

5. La fragilidad institucional ante la captura y la opacidad

La CGR señala la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, la inexistencia de un código de ética y la falta de control interno. Esto abre la puerta a:

  • -discrecionalidad,

  • -riesgos de corrupción,

  • -debilitamiento del control público,

  • -y pérdida de credibilidad.

En un contexto marcado por grandes intereses económicos, estos vacíos pueden convertirse en puntos de entrada para influencias indebidas.

Hallazgos y desafíos
Hallazgo clave del informeQué significaDesafío para defensoras, comunidades y organizaciones
Rectoría ambiental fragmentadaNo hay liderazgo estratégico del Ministro; las direcciones y órganos desconcentrados funcionan como islas.Exigir coherencia interinstitucional y fortalecer articulaciones locales que compensen la falta de coordinación estatal.
Ausencia de una estrategia integral de política ambientalNo existe un plan que integre temáticas como mares, humedales, agua potable o biodiversidad.Visibilizar vacíos de política y presionar por planificación basada en ciencia y participación comunitaria.
Seguimiento de la política ambiental delegado a MIDEPLAN y no al MINAEEl órgano rector no monitorea los avances ambientales, lo hace otra institución con fines distintos.Generar monitoreo ciudadano y comunitario que complemente o cuestione el seguimiento oficial.
Traslape y falta de coordinación entre SEPLASA y la Dirección de PlanificaciónFunciones duplicadas o reactivas, falta de claridad en roles y responsabilidades.Documentar casos donde la descoordinación genera afectaciones en territorios o ecosistemas.
Carencia de un sistema de valoración de riesgos (SEVRI)La institución no identifica ni gestiona riesgos ambientales o institucionales.Señalar riesgos emergentes (crimen organizado, turismo depredador, expansión inmobiliaria, minería, etc.).
Falta de controles de transparencia y rendición de cuentasNo existe sistema unificado de información; los reportes dependen de órganos desconcentrados.Demandar acceso a datos, trazabilidad y apertura de decisiones ambientales.
No se evalúa la satisfacción de partes interesadasLas comunidades y organizaciones no son escuchadas ni consideradas en el ciclo de política.Fortalecer espacios de participación y exigir mecanismos vinculantes.
Inexistencia de un código de ética institucionalNo hay marco de valores que oriente la gestión pública ambiental.Insistir en la probidad, independencia técnica y ética pública como pilares de la rectoría ambiental.
Dependencia excesiva de cooperación internacional por falta de capacidades internasDebilidad estructural para ejecutar funciones básicas.Plantear la urgencia de fortalecer recursos técnicos y humanos nacionales.
Cuidar los bienes comunes cuando la institucionalidad se debilita

La defensa de los bienes comunes naturales —agua, bosques, humedales, mares y biodiversidad— depende de un Estado capaz de orientar, regular y proteger. El informe de la CGR muestra que hoy esa capacidad se encuentra gravemente comprometida. Esta fragilidad institucional tiene efectos directos en los territorios: más conflictos, más presiones extractivas, menos capacidad de control, mayor desprotección para quienes defienden la vida.

En este escenario, el reto para las comunidades, organizaciones y personas defensoras es doble:
sostener la vigilancia y la organización territorial, y exigir la reconstrucción de una institucionalidad ambiental fuerte, ética, transparente y participativa que pueda enfrentar la crisis ecológica y climática del presente.

Los palestinos se reúnen para protestar contra la guerra en curso entre Israel y Hamas y el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, 26 de marzo de 2025. Más de 50,000 palestinos y más de 1,400 israelíes han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Palestina y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), desde que militantes de Hamas lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza el 07 de octubre de 2023, y las operaciones israelíes en Gaza y Cisjordania que le siguieron. (Protestas) EFE/EPA/MOHAMMED SABER

La revolución palestina de Rodolfo Walsh: un libro necesario para este tiempo

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Este libro forma parte del catálogo de Dyskolo, un proyecto editorial sin ánimo de lucro que busca establecer una nueva relación entre quienes escriben y quienes disfrutan de la lectura. Su trabajo apuesta por la circulación libre, solidaria y cooperativa del conocimiento. Más información en dyskolo.cc.

Un libro que vuelve cuando más falta hace

En un momento histórico en el que la violencia y el desplazamiento forzado vuelven a atravesar al pueblo palestino, recuperar La revolución palestina de Rodolfo Walsh es más que un acto de lectura: es un gesto necesario. Publicado originalmente en 1974, el libro reúne las crónicas que Walsh escribió como enviado especial a Medio Oriente, donde cubrió la situación de los refugiados palestinos, la organización de la resistencia y el impacto regional de un conflicto que el mundo intentaba simplificar.

Walsh viajó a Beirut, recorrió campamentos devastados, entrevistó a líderes de la resistencia e, incluso en medio de la guerra, conversó con familias que habían perdido todo. Del periodista que desnudó la masacre de José León Suárez y la maquinaria represiva de la dictadura argentina, emerge aquí una mirada que combina rigor, sensibilidad y una profunda ética política.

Una lectura desde América Latina, con ojos abiertos

La gran potencia del libro es que se sitúa lejos de los discursos oficiales y las narrativas que buscaban reducir a los palestinos a meros actores secundarios. Walsh escribe desde la perspectiva del pueblo expulsado, desde la tierra bombardeada, desde la precariedad material y moral de quienes luchan por existir. No es una crónica “neutral”—porque Walsh entendía que la neutralidad ante la injusticia es una forma de complicidad—pero tampoco es un panfleto.

Su escritura revela, explica y contextualiza: reconstruye la historia del desplazamiento palestino, desmonta la propaganda colonial, explica los intereses imperiales en la región y, sobre todo, escucha. Hay niños, campesinos, combatientes, madres en duelo y jóvenes que se organizan porque ya no tienen otro camino.

Una pieza periodística imprescindible

Las crónicas incluidas en La revolución palestina son testimonios de una época y, al mismo tiempo, documentos que dialogan con el presente. Walsh describe el funcionamiento interno de las organizaciones palestinas, la importancia de la batalla de Karameh como punto de inflexión, y la vida cotidiana en campamentos donde el exilio se transformó en identidad colectiva. Hoy, esa historia vuelve a resonar con fuerza ante el genocidio que está siendo perpetrado contra el pueblo palestino, una violencia sistemática que prolonga décadas de despojo y ocupación.

La fuerza del texto reside en la claridad con la que el autor expone la relación entre colonización, expulsión y resistencia. Lo hace sin tecnicismos innecesarios y sin romantizar la guerra: escribe sobre personas reales enfrentadas a decisiones extremas, abandonadas por gran parte del mundo, tal como continúa ocurriendo en la actualidad, cuando la destrucción masiva de vidas y territorios confirma la urgencia de nombrar y denunciar el genocidio en curso.

El valor de volver a leer a Walsh hoy

Leer este libro en 2025 ilumina no solo el pasado, sino también los mecanismos contemporáneos de despojo, ocupación y violencia estatal. Walsh nos recuerda que detrás de cada cifra y cada titular hay historias, rostros y memorias que merecen ser contadas. Su mirada latinoamericana aporta un contrapunto fundamental: establece analogías con las luchas de la región, vincula las experiencias de dominación y argumenta por qué Palestina debe entenderse como una causa global.

En tiempos de desinformación y superficialidad mediática, la escritura de Walsh recupera la integridad del periodismo que interpela, incomoda y resiste.

Compartir lectura, compartir memoria

Gracias al trabajo de Dyskolo, este libro puede circular libremente y llegar a manos que quizás nunca lo hubieran conocido. Publicarlo bajo licencias abiertas no solo democratiza el acceso: también honra el espíritu crítico y emancipador que atraviesa toda la obra de Walsh.

Invitamos a leerlo, discutirlo y compartirlo.

Porque La revolución palestina no es solo un libro: es una puerta para comprender un conflicto que sigue marcando la historia del mundo.

Pueden descargar el libro aquí.

¿Quién fue Rodolfo Walsh y por qué importa leerlo hoy?

Rodolfo Walsh (1927–1977) fue uno de los periodistas y escritores más influyentes de América Latina. Desde Operación Masacre hasta su labor en Prensa Latina y su militancia política, desarrolló una ética de la palabra comprometida con las luchas populares y con el derecho de los pueblos a conocer la verdad. Su escritura combinó rigor, investigación y una profunda sensibilidad hacia quienes la historia suele dejar fuera del relato oficial.

Walsh entendió la comunicación como un campo de disputa frente a la injusticia. Por eso, en plena dictadura argentina, decidió escribir y difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, uno de los documentos más contundentes contra el terrorismo de Estado, donde denunció desapariciones, torturas, persecuciones y el modelo económico que sustentaba la represión. Ese acto de denuncia pública lo convirtió en un objetivo para la dictadura: fue asesinado y desaparecido en marzo de 1977, al día siguiente de hacer circular la Carta, como represalia directa a su valentía y compromiso con la verdad.

Su obra sobre Palestina forma parte de la misma coherencia ética: mirar de frente la violencia, comprender sus causas y narrarla desde el lado de quienes luchan por existir. Leerlo hoy es recuperar una práctica periodística y política basada en la memoria, la honestidad y la defensa innegociable de la dignidad humana.

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Cuando la consulta se anuncia al aire: alertas del Colectivo Antonio Saldaña ante la normalización de convocatorias ajenas a los pueblos

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En los territorios indígenas, la consulta no es un trámite ni un evento anunciado a última hora por radio. Es un proceso tejido con vínculos, memoria y autoridad. Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña expresamos nuestra preocupación por las formas de convocatoria que se están naturalizando tanto en instituciones gubernamentales como en algunas organizaciones locales del territorio.

En días recientes, la Municipalidad, en conjunto con ADITIBRI, difundió por emisora una invitación “para formar una comisión del mecanismo de consulta”. El aviso llegó el mismo día por la mañana, sin diálogo previo y sin respetar los tiempos, protocolos y canales propios de las autoridades tradicionales. Llamar a una autoridad por un anuncio radial es desconocer su lugar, su rol y la relación que sostiene al territorio. Eso no es consulta: es reducción.

Nos preocupa, además, que algunas organizaciones indígenas están comenzando a replicar los mismos esquemas del sistema estatal costarricense, copiando prácticas que excluyen a mayores, ignoran formas tradicionales de comunicación y reproducen atropellos que se supone deberían denunciar. Cuando una organización que dice representar a su pueblo convoca utilizando mecanismos ajenos —y ajenos, además, a las generaciones mayores que no usan ni dependen de la tecnología— está reforzando la misma lógica que históricamente ha lesionado los derechos colectivos.

Cuando la réplica se vuelve riesgo: efectos de adoptar esquemas externos dentro del territorio

La preocupación no se limita a las instituciones. También observamos un fenómeno silencioso y profundo: algunas organizaciones indígenas están incorporando los formatos estatales como si fueran formas naturales de relacionarse con su propio pueblo. Ese gesto, que a primera vista podría parecer “práctico”, tiene impactos culturales y políticos de fondo.

Adoptar convocatorias improvisadas, anuncios radiales o comunicaciones digitales como método principal implica trasladar al territorio una lógica burocrática que no nace de la comunidad. Con ello, se debilita la palabra de las autoridades tradicionales,

se reducen los espacios de deliberación interna y se empuja la toma de decisiones hacia ritmos y formatos que no pertenecen al pueblo.

Este proceso genera un efecto particularmente grave: normaliza que la consulta pueda acomodarse a la conveniencia institucional, como si fuera un procedimiento administrativo y no un derecho colectivo con raíces culturales. Lo que se replica sin cuestionar termina desplazando las prácticas propias, erosionando la autonomía desde dentro y dejando a la comunidad atrapada entre dos formas de poder: el externo que impone y el interno que lo reproduce.

Cuando las organizaciones indígenas replican estos modelos, dejan de cuestionar la estructura que las presiona y, sin proponérselo, contribuyen a que esa estructura se instale aún más en la vida comunitaria. Lo que antes era defensa se convierte en repetición; lo que era autonomía se vuelve trámite.

Por eso señalamos con firmeza: estas prácticas no respetan la autonomía, no reconocen a las autoridades tradicionales y no constituyen procesos de consulta legítimos.

La consulta debe construirse desde los pueblos, con sus tiempos, sus espacios y su palabra. No desde anuncios improvisados que vacían de sentido los derechos.

¿Qué exige una convocatoria legítima según la normativa internacional y las prácticas propias?

La normativa internacional —Convenio 169 de la OIT, Declaración de la ONU, estándares interamericanos— coincide con la sabiduría de los propios pueblos en puntos esenciales que deben guiar cualquier proceso de consulta:

  • -Respeto por los mecanismos tradicionales de comunicación. La convocatoria debe hacerse según las formas del pueblo, no según la comodidad institucional.
  • -Información clara, completa y comprensible. La comunidad debe saber de qué se trata, con qué impactos y qué alternativas existen.
  • -Tiempo suficiente y razonable. La consulta debe ser previa, no reactiva ni apresurada.
  • -Libertad real para aceptar, rechazar o modificar la propuesta. Sin presiones de instituciones, empresas ni organizaciones locales.
  • -Participación plena de las autoridades tradicionales. Su rol no se sustituye ni se minimiza.
  • -Espacios definidos por la comunidad. La consulta debe darse donde y como el pueblo lo decide.
  • -Transparencia y seguimiento. Los acuerdos deben respetarse y cumplirse.

El Colectivo Antonio Saldaña seguirá acompañando, denunciando y defendiendo los procesos que nacen desde el territorio —porque los derechos no se anuncian al aire: se viven, se acuerdan y se respetan.

Colectivo Antonio Saldaña

28 de noviembre del 2025

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Pedagogía, creatividad y humor: un lenguaje que enseña mientras se ríe

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Las bombas, parte entrañable de la tradición costarricense, siempre han sido más que rima y picardía. Son una forma rápida y certera de leer el país: pequeñas cápsulas donde la crítica se condensa, el humor se afila y la realidad se mira con una mezcla de ironía y cariño. En las calles, durante la protesta social, estas expresiones recuperan toda su potencia. No solo hacen reír: abren conversación, afinan el oído colectivo y nos recuerdan que pensar también puede ser un acto alegre.

El video que acompaña esta nota recoge una serie de bombas compartidas en la marcha del 26 de noviembre de 2025. En ese espacio, entre consignas, pasos y carteles, las bombas se convirtieron en chispas pedagógicas: formas de explicar lo complejo sin perder el ingenio; maneras de nombrar lo urgente sin caer en el silencio cansado de la política formal.

Pedagogía, creatividad y humor: un lenguaje que enseña mientras se ríe

La pedagogía popular reconoce que la educación no vive solo en aulas, documentos o instituciones. Habita también en los gestos cotidianos, en los relatos que pasan de boca en boca, en lo que la gente crea cuando necesita entender y hacerse entender. En esa lógica, la bomba funciona como una maestra ligera: no impone, no sermonea, pero ilumina.

La creatividad, en este contexto, es más que un recurso expresivo: es una herramienta de pensamiento colectivo. Cuando alguien compone una bomba, reorganiza la realidad, la hace más digerible, más compartible. La vuelve materia común. En la protesta social, esa creatividad se multiplica, porque las calles invitan a inventar —y a reinventarse— con libertad. Carteles ingeniosos, rimas improvisadas, juegos de palabras: todo ello forma parte de un laboratorio espontáneo donde se ensayan ideas, críticas y deseos.

El humor, lejos de suavizar lo serio, crea un respiro que permite mirar lo doloroso sin paralizarse. Es un puente que baja tensiones y abre la puerta a quienes tal vez no hubieran participado en una discusión más “formal”. Un país que puede reírse de sí mismo también puede pensarse mejor. Las bombas lo recuerdan sin solemnidades: el análisis no tiene por qué ser árido.

Cuando humor, creatividad y protesta social convergen, aparece una forma de aprendizaje que no está codificada en ningún plan de estudios. Es una educación que se mueve, que vibra, que escucha y responde en tiempo real. Es la clase que nadie programa, pero que todas y todos terminamos tomando.

Atención: la creatividad va a decir algo

Este video es una invitación a detenerse un momento ante ese cruce fértil entre cultura popular y acción colectiva. A escuchar cómo la gente nombra lo que vive, lo que le preocupa, lo que sueña. A reconocer que en cada bomba hay una lectura país, una interpretación del presente y, muchas veces, una propuesta de futuro.

Porque pensar juntas y juntos —con humor, creatividad y palabra compartida— también es defender lo común. Y porque, en Costa Rica, hasta la reflexión puede entrar bailando.

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Cuando el espectro se vuelve frontera: reflexiones desde los pueblos originarios ante la subasta de frecuencias en Costa Rica

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A pesar de la suspensión temporal de la subasta ordenada por la Sala Constitucional, desde el Colectivo Antonio Saldaña recordamos que persisten vacíos graves en el debate público.
La falta de frecuencias reservadas para pueblos indígenas, la ausencia de mecanismos diferenciados de acceso y la exclusión de nuestras comunidades en las decisiones sobre comunicación siguen intactas.

La suspensión detiene el proceso, pero no corrige la injusticia.
Seguimos llamando la atención sobre estas ausencias que amenazan nuestra autonomía, nuestra organización y nuestro derecho a comunicarnos con dignidad.

Un vacío imperdonable en tiempos democráticos: la ausencia de frecuencias reservadas para pueblos indígenas

Antes inclusode analizarlos riesgos jurídicos, económicos ypolíticos de lasubastadel espectro, es necesario señalar un vacío estructural que revela la falta de visión democráticadelproceso:elEstadocostarricensenoreservóniunasolafrecuencia para los pueblos indígenas.

En un país que se reconoce multiénica, pluricultural y plurilingüe, donde los territorios indígenas han sido históricamente marginados del acceso a la comunicación propia, la ausencia de una reserva explícita es más que una omisión técnica: es un retroceso en derechos.

Los estándares internacionales —incluida la Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano— han sido contundentes:

  • -Los pueblos originarios deben tener acceso preferente al espectro.

  • -La comunicación indígena es parte del ejercicio de la autonomía, la cultura y la libre determinación.

  • -Sin medios propios, no hay garantías plenas de participación ni protección de la identidad colectiva.

Aun así, la subasta avanzó sin mecanismos diferenciados, sin cupos reservados, sin diálogo intercultural y sin reconocer que las condiciones materiales y las necesidades comunicativas de los territorios no son comparables con las de los actores comerciales.

Este vacío no es menor: implica que la vida comunicativa de los pueblos originarios depende, nuevamente, de un mercado que no fue diseñado para ellos y que no reconoce sus realidades.

Unprocesodereasignacióndelespectroqueexcluyealospueblosindígenases,por definición,unprocesoincompletoeinjusto.

Comunicar desde el territorio: un derecho, no un lujo

ParalascomunidadesNgäbe,Brörán,Cabécar,Bribri,Malekuyotras,lacomunicación noesun“servicio”ni un“negocio”. Es territorio, es memoria, es palabra compartida. Es el espacio donde se transmite la historia, se sostienen las luchas y se toman decisionescolectivas.

En muchos territorios, la radio comunitaria —hecha con recursos mínimos y con enorme esfuerzo colectivo— es el único medio estable de información, organización y cultura en lengua propia.

Por eso, desde el Colectivo Antonio Saldaña lo decimos con claridad: si ya vivimos con dificultades para comunicar, esta subasta puede empujar a nuestras comunidades a una incomunicación aún más profunda.

La subasta y el riesgo de un silencio impuesto

La preocupación es seria:

  • -Si suben los costos,

  • -si se ofrecen frecuencias en litigio,

  • -si no existen mecanismos de acceso diferenciado,

  • -si el diseño responde únicamente a criterios de mercado,

  • -la consecuencia es inevitable: menos radios comunitarias, menos voces propias, más silencio en los territorios.

Y ese silencio no es un detalle técnico. Es una amenaza directa a la autonomía, a la lengua, a la cultura y a la capacidad de las comunidades para responder colectivamente frente a invasiones, proyectos extractivos, emergencias o desatención estatal.

Diferenciar para garantizar derechos

Los pueblos originarios no pedimos beneficios especiales: pedimos justicia.

Tratar igual a actores que viven realidades profundamente desiguales solo profundiza la inequidad.

La diferenciación en los procesos públicos es una herramienta democrática, no una excepción.

Implica reconocer que los medios indígenas y comunitarios no son empresas: son formas de vida comunicativa, espacios de soberanía cultural y herramientas de protección territorial.

Un proceso justo debería incluir:

  • -Reservas de frecuencias para medios indígenas y comunitarios.

  • -Condiciones preferentes que reconozcan su aporte social.

  • -Criterios de evaluación que vayan más allá del pago económico.

  • -Participación real de las comunidades en el diseño del proceso.

  • -Modelos de gestión plurales que no reproduzcan la exclusión histórica.

Sin estas garantías, la subasta se vuelve una carrera donde solo participan quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes sostienen la diversidad cultural del país.

La palabra como bien común

En un clima político donde se descalifica a la prensa como “prensa canalla”, se socavan las bases del debate público. Para los pueblos originarios, este contexto es doblemente preocupante:

nuestras voces ya han sido históricamente marginadas, y la pérdida de medios comunitarios profundizaría aún más ese silenciamiento.

-Porquesiseapagannuestrasradios,

-¿quiéncontaránuestrasluchas?,

-¿quiénavisaráanteunaamenaza?,

-¿quiénsostendrálatransmisióndelamemoriaenlenguapropia?

Que nadie hable por nosotros y nosotras

La comunicación indígena no es un favor del Estado: es un derecho colectivo.

Es parte de nuestra continuidad cultural, de nuestra autonomía y de nuestra relación con el territorio.

Por eso hacemos un llamado urgente a comprender la dimensión de lo que está en juego.

La subasta del espectro no solo reorganiza frecuencias: está redefiniendo quién tiene derecho a la palabra y quién puede quedarse fuera de la conversación nacional.

Defender el espectro como bien común social es defender la democracia y la pluralidad de Costa Rica.

Es defender que cada pueblo, cultura y comunidad pueda hablar con su propia voz, sin silenciamientos, sin intermediarios y sin barreras económicas que profundicen la exclusión.

Como pueblos originarios, afirmamos: sincomunicación propia no hay autonomía, no hay territorio y n ohay futuro.

Colectivo Antonio Saldaña 25 de noviembre del 2025

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Caminar juntas: Los trayectos de MUSADE

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Te invitamos a ver esta entrevista con Enid Cruz, trabajadora social, activista feminista y coordinadora general de MUSADE, una de las organizaciones más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en San Ramón y Costa Rica.

MUSADE nació el 6 de diciembre de 1986, fruto del trabajo comunitario impulsado desde la oficina de Trabajo Social del programa “Hospital sin Paredes”. Su creación respondió a un momento histórico atravesado por desafíos profundos: la crisis económica de los años 80 que agudizó desigualdades, el impulso de los movimientos feministas latinoamericanos que transformaron la manera de entender la justicia de género, y la fuerza comunitaria que reveló de forma contundente las múltiples violencias que afectaban a las mujeres.

En esta conversación, Enid Cruz comparte la memoria viva de ese proceso: las luchas, aprendizajes y decisiones que permitieron construir un espacio clave para la defensa de la vida, la dignidad y el bienestar de las mujeres.
Una historia necesaria para comprender el pasado y seguir fortaleciendo el presente.

Mirá el video completo y acompañanos en este recorrido por los orígenes y la vigencia de MUSADE.

 

En el marco del 25 de noviembre: una memoria que sigue en presente

Esta entrevista se publica en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que recuerda la urgencia de seguir construyendo sociedades más justas, libres de violencias y discriminación.

El trabajo de MUSADE —y el testimonio de Enid Cruz— dialoga directamente con el sentido de esta conmemoración. Su historia demuestra que la lucha contra las violencias no se limita a un día, sino que se sostiene en el acompañamiento cotidiano, la organización comunitaria, la sororidad y la defensa de los derechos humanos.

Recuperar estas memorias no es solo un acto de homenaje: es una forma de reconocer a quienes abrieron caminos, de visibilizar las resistencias que persisten y de reafirmar el compromiso colectivo para garantizar la vida y la dignidad de todas las mujeres.

Copia de Copia de Copia de @observatoriobienescomunes

La subasta del espectro en Costa Rica: riesgos para la comunicación como bien común social

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El concurso público para reasignar frecuencias de radio y televisión en Costa Rica avanza en un contexto de alta tensión jurídica y política, mientras crecen las alertas desde sectores académicos, comunitarios y jurídicos sobre sus implicaciones para la libertad de expresión y la calidad democrática del país. Más allá de un trámite administrativo, lo que está en juego es la manera en que se gestiona un recurso fundamental para la vida pública: el espectro radioeléctrico, un bien común social que sostiene derechos, culturas e identidades.

En las últimas semanas, dos procesos contencioso-administrativos interpuestos por radioemisoras y CANARA han cuestionado la decisión del Estado de no prorrogar automáticamente las concesiones. Aunque el Tribunal Contencioso Administrativo otorgó medidas cautelares que permiten continuar las transmisiones, también estableció que no pueden introducirse cambios en la asignación ni explotación de frecuencias mientras se resuelve el litigio. Esto coloca el proceso de subasta —que continúa su curso— en un escenario de incertidumbre legal y de posible afectación del interés público.

Al mismo tiempo, distintas voces advierten que el diseño del concurso, incluido el establecimiento de precios base elevados y la inclusión de frecuencias en disputa, podría generar exclusiones y concentrar aún más el acceso al espectro.

Cuestionamientos desde el sector de radiodifusión

La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CANARTEL) ha señalado preocupaciones sobre la seguridad jurídica, la falta de análisis técnico integral y los efectos que una subasta sin criterios diferenciados puede generar para las señales abiertas, que cumplen funciones sociales esenciales para sectores con menos recursos económicos. Su presidenta, Saray Amador, afirma que el proceso cambia unilateralmente reglas vigentes y podría encarecer el acceso al espectro, afectando la sostenibilidad de medios abiertos que llegan a comunidades sin acceso a cable o internet.

Más allá de sus intereses sectoriales, estos señalamientos evidencian una tensión estructural: cuando la asignación del espectro se rige por criterios puramente mercantiles, quienes tienen menor capacidad económica quedan desplazados, lo que empobrece la diversidad informativa y debilita el derecho colectivo a la comunicación.

Advertencias desde la academia y el ámbito jurídico

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió suspender la subasta, señalando posibles impactos en la libertad de expresión y recordando obligaciones internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La institución alertó que la reasignación podría afectar la libertad cultural, lingüística y religiosa de comunidades que cuentan con medios propios para sostener su identidad y su memoria colectiva.

El abogado David Fallas también advirtió que la forma en que está planteada la subasta podría excluir a la mayoría de concesionarios activos y equivaler a un “despojo”, especialmente si se ofertan frecuencias con procesos judiciales pendientes. Subraya que el diseño favorece a grupos con mayor capacidad económica y limita la participación de actores pequeños, incluyendo medios regionales y comunitarios (Delfino, 2025).

La comunicación como bien común social

Desde las perspectivas críticas de la comunicación popular y la educación popular —como las desarrolladas por Raúl Leis y por diversas corrientes latinoamericanas— la comunicación es mucho más que una infraestructura técnica o un mercado de servicios. Es un espacio donde se construyen sentidos, memorias, identidades y poder social. La comunicación sostiene la vida democrática porque permite que las personas participen, expresen sus experiencias, compartan saberes y construyan proyectos colectivos.

Entendida como bien común social, la comunicación debe gestionarse bajo principios de:

  • -acceso equitativo,

  • -participación democrática,

  • -protección de la diversidad cultural y -lingüística,

  • -garantía de derechos,

  • -responsabilidad pública,

  • -y no mercantilización de lo esencial para la vida colectiva.

El espectro radioeléctrico, al ser un recurso limitado, define qué voces pueden circular en la esfera pública y cuáles quedan silenciadas. Cuando se gestiona como mercancía y no como bien común, se profundizan desigualdades, se debilita la pluralidad y se reduce la capacidad de la sociedad para generar diálogo, organización y cultura propia.

Estos enfoques democráticos subrayan que la comunicación forma parte de la construcción de identidad y de la afirmación cultural. Allí donde se restringe el acceso a la palabra, se restringe también la posibilidad de comprender, transformar y decidir sobre la propia vida. Por eso, un proceso de subasta sin criterios diferenciales, sin participación real y sin reconocer desigualdades históricas puede erosionar derechos fundamentales.

El lugar de los medios comunitarios: voces esenciales para la democracia

Los medios comunitarios ocupan un rol insustituible dentro del ecosistema comunicacional. Según organismos como la UNESCO y organizaciones sociales que trabajan y analizan sobre medios comunitarios y comunicación popular, estos espacios permiten que comunidades rurales, indígenas, urbanas populares, juveniles, culturales y territoriales produzcan y circulen sus propias narrativas, lejos de las lógicas centralizadas y comerciales.

Son plataformas de cohesión social, educación, identidad cultural y memoria colectiva. Son instrumentos para que las personas ejerzan el derecho a la palabra y para que sectores históricamente silenciados se expresen desde su propia perspectiva, con sus propias voces y códigos culturales.

Sin embargo, estos medios suelen operar con bajos recursos y modelos autogestionarios. Por eso, cuando el acceso al espectro se define por capacidad de pago, los medios comunitarios quedan excluidos, aún cuando cumplen funciones públicas esenciales que los medios comerciales no sustituyen.

Las relatorías de libertad de expresión del sistema interamericano han sido claras: los Estados deben garantizar acceso diferenciado y equitativo al espectro para medios comunitarios, públicos y privados. Esto implica no solo cupos, sino modelos de gestión, financiamiento y regulación que reconozcan su carácter social y las desigualdades existentes.

En Costa Rica, dejar por fuera a los medios comunitarios en una subasta diseñada bajo lógicas competitivas es debilitar la diversidad democrática del país y limitar el derecho a la comunicación de cientos de comunidades.

Defender el espectro como bien común es defender la democracia

La subasta del espectro, tal como está planteada, no es un simple proceso administrativo: es un punto de inflexión sobre el modelo de comunicación que Costa Rica quiere construir. Un modelo donde la competencia económica predomina sobre los derechos puede profundizar desigualdades, limitar la pluralidad y reducir la participación ciudadana en la esfera pública.

Por el contrario, un enfoque basado en bienes comunes sociales permitiría garantizar acceso equitativo, diversidad cultural, protección de identidades, fortalecimiento de medios comunitarios y promoción de una democracia comunicacional robusta.

El debate debería centrarse no solo en contratos y plazos, sino en una pregunta esencial:
¿cómo se asegura que la comunicación siga siendo un derecho y un bien colectivo, y no una mercancía accesible solo para quienes pueden pagar?

La respuesta a esa pregunta definirá el rumbo del país en materia de libertad de expresión, pluralismo y justicia comunicacional.

Diferenciación para la equidad: no se trata de defender sectores, sino de diseñar procesos públicos inclusivos

El debate sobre la reasignación del espectro suele reducirse a una disputa entre sectores económicos: grandes grupos mediáticos versus operadores pequeños, radiodifusores tradicionales versus nuevos competidores. Sin embargo, desde una perspectiva de comunicación como bien común social, esta es una visión limitada. El problema no es quién gana o pierde económicamente en la subasta; el problema es cómo se diseña un proceso público que reconozca las diferencias estructurales entre actores y garantice condiciones equitativas para sostener la diversidad comunicacional.

Las políticas de comunicación no deben tratar a todos los actores como iguales porque no lo son. Existen asimetrías profundas entre medios comerciales consolidados, medios regionales, radios culturales, proyectos comunitarios, iniciativas educativas, comunicadores locales y medios indígenas. La igualdad formal —“las mismas reglas para todos”— en contextos desiguales produce injusticia. Los documentos de comunicación popular y participación social son claros: la democratización requiere reconocer las diferencias para poder garantizar derechos.

Esto no significa exonerar o proteger intereses empresariales. Los medios comerciales, especialmente los de gran escala, deben pagar según su capacidad económica y su modelo de negocio. Su actividad es lucrativa, por lo que es legítimo que contribuyan de manera proporcional al uso de un bien público limitado. Pero los medios comunitarios, culturales, educativos y territoriales no son negocios: son expresiones de participación social y de construcción de identidad colectiva. Tratar a ambos sectores bajo los mismos criterios económicos es desconocer sus funciones, capacidades y aportes a la democracia.

Por ello, un proceso de reasignación del espectro verdaderamente democrático debería:

  • -incorporar mecanismos de acceso diferenciado según el tipo de medio y su función social;

  • -asegurar cupos reservados y condiciones preferentes para medios comunitarios y culturales;

  • -establecer criterios de evaluación que reconozcan proyectos de valor público, no solo ofertas económicas;

  • -garantizar participación real de las comunidades afectadas en la definición del proceso;

  • -promover modelos de gestión equitativa y plural del espectro, no concentrados ni excluyentes.

Diferenciar no es privilegio: es una estrategia para ampliar derechos. Sin esta diferenciación, la subasta se vuelve una carrera en la que solo compiten quienes pueden pagar, mientras se empuja al silenciamiento a quienes cumplen funciones públicas esenciales.

La comunicación como bien común social exige procesos que reconozcan la pluralidad del país, que abran espacio a voces históricamente marginalizadas y que pongan en el centro el derecho colectivo a comunicar. Un concurso que ignore estas diferencias reproduce desigualdades; uno que las integre, fortalece la democracia.

Referencias:

Muñoz, Daniela (2016) Comunicación un derecho humano: Guía metodológica para reconocerlo y ejercerlo. Voces Nuestras.

Leis, Raúl. (s.f.). Comunicación popular para el desarrollo humano. En Educación popular y desarrollo local (Documento 011)

UNESCO. (s.f.). Guía por el derecho a la comunicación. UNESCO.

Ureña, Lauren. (2014)Periodismo comunitario en Costa Rica: la información en manos de la ciudadanía. Rev. Rupturas 4(1), Costa Rica, Ene-Jun, 2014. ISSN 2215-2466 pp 2-23.

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Costa Rica retrocede en gestión ambiental: decisiones gubernamentales erosionan los bienes comunes – Estado de la Nación 2025

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El país atraviesa un ciclo de retroceso ambiental que debilita sus instituciones, reduce la protección de los ecosistemas y aumenta la desigualdad socioambiental

El Informe Estado de la Nación 2025, en su capítulo 4 Armonía con la naturaleza, lanza una alerta contundente: Costa Rica está debilitando las herramientas que por décadas sostuvieron su liderazgo ambiental. Entre 2020 y 2025 se presentaron cerca de una decena de reformas y proyectos que reducen la desconcentración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), concentran poder en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y limitan la participación técnica y ciudadana.

El resultado es un país con menos capacidad para proteger sus bienes naturales, menos autonomía institucional y mayor exposición a los impactos de decisiones políticas regresivas. El presupuesto del Sinac cayó un 40% en cinco años, las horas de control y protección se redujeron en un 60% y, mientras tanto, aumentan las presiones del turismo, la inversión extranjera y el desarrollo inmobiliario sobre territorios frágiles.

Normas más permisivas, riesgos más altos

Durante 2024 e inicios de 2025, el gobierno modificó reglamentos clave en materia de salud y ambiente. El nuevo reglamento para la calidad del agua potable (Decreto 45196-S) elevó hasta 800 veces el umbral permitido de clorotalonil, un plaguicida altamente tóxico.

La reforma también sustituyó el concepto de “valor máximo admisible” por el de “valor de alerta”, abriendo la puerta a la distribución de agua contaminada mientras se realizan análisis de riesgo.

Paralelamente, se relajaron los controles para el registro de plaguicidas, excluyendo al Minae y al Ministerio de Salud de la evaluación técnica de sustancias catalogadas como de “mínimo riesgo”. Estos cambios, según especialistas, debilitan la soberanía científica y sanitaria del país, y profundizan la dependencia de criterios externos.

Incluso los parques nacionales enfrentaron retrocesos: el Sinac aprobó el aumento de la capacidad de ingreso al Parque Nacional Corcovado sin sustento técnico, decisión que luego fue anulada por la Sala Constitucional por violar el derecho a un ambiente sano.

Concentración del poder ambiental y debilitamiento del Sinac

El informe advierte sobre una creciente centralización de la gobernanza ambiental en torno al Minae. Directrices recientes obligan a que toda comunicación institucional hacia la Procuraduría y la Contraloría pase por la cúpula ministerial, reduciendo la autonomía técnica del Sinac y sus áreas de conservación.

También se documenta la exclusión de representantes de organizaciones civiles y académicas en espacios de participación, como la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad o conferencias internacionales, lo cual refleja un cierre del diálogo ambiental.

La eliminación del Viceministerio de Aguas y Mares, la paralización de la Comisión de Gobernanza Marina y las dificultades para crear unidades marino-costeras son otros signos de debilitamiento institucional.
Mientras tanto, la reducción del presupuesto, el recorte de personal y la pérdida de cooperación internacional comprometen la gestión en los territorios y abren espacio a lógicas privadas de conservación o uso de recursos naturales.

Conflictos socioambientales y bienes comunes en disputa

El informe identifica que los conflictos socioambientales han resurgido con fuerza, expresando tensiones entre protección ambiental, propiedad privada y modelos de desarrollo orientados al turismo o la inversión extranjera.

Dos casos emblemáticos permiten leer estas tensiones desde la perspectiva de los bienes comunes:

Gandoca–Manzanillo: superposición, desigualdad y presión turística

En el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, el conflicto surge de la superposición entre propiedad privada y área protegida, la desigualdad en la aplicación de normas, la presencia de permisos ilegales y la presión del turismo y la inversión extranjera.

Según actores locales citados por el informe, esta situación ha creado una disputa permanente por el control del territorio, donde las comunidades enfrentan restricciones y procesos judiciales, mientras inversionistas y proyectos turísticos gozan de mayor flexibilidad.

El caso evidencia cómo la falta de claridad normativa y la ausencia de ordenamiento territorial terminan favoreciendo la apropiación privada de espacios concebidos como bienes comunes, debilitando tanto la conservación como la justicia social.

Pacífico Norte: turismo residencial y exclusión costera

En el Pacífico Norte, particularmente en Guanacaste, el informe analiza los efectos del turismo residencial y del boom inmobiliario costero, que han transformado el litoral en un espacio de segregación y privatización.

El estudio señala que este modelo ha fomentado la privatización de facto del acceso a la zona pública costera, un derecho garantizado por ley, y ha generado la exclusión económica de comunidades locales, que pierden oportunidades y enfrentan condiciones de precariedad frente a megaproyectos turísticos.

Además, la expansión urbanística sin planificación ha provocado un limitado acceso al agua potable por falta de infraestructura, a la vez que los desarrollos turísticos acceden a fuentes privilegiadas.

La combinación de desigualdad, concentración territorial y crisis hídrica convierte al Pacífico Norte en un laboratorio del modelo neoliberal costero: una economía extractiva del espacio, que mercantiliza los bienes comunes —la playa, el agua, el paisaje— y excluye a quienes históricamente los habitaron y cuidaron.

Lectura desde los bienes comunes: el retroceso del pacto ecológico

Desde una lectura socioambiental basada en los bienes comunes, lo que el informe muestra no son hechos aislados, sino una reconfiguración estructural del modelo ambiental costarricense.

La gestión de la naturaleza —que alguna vez fue un pilar del Estado social y del prestigio internacional del país— está siendo sustituida por un esquema donde el territorio, el agua y la biodiversidad son tratados como mercancías.

Cuando el Estado se repliega y la gestión se centraliza en torno a decisiones políticas o empresariales, los bienes comunes pierden su carácter colectivo. Las comunidades, las funcionarias del Sinac, los científicos y los defensores ambientales que sostenían el cuidado cotidiano quedan marginados o deslegitimados.

Esta transformación erosiona no solo ecosistemas, sino también la capacidad social de cuidar y decidir colectivamente sobre el futuro común.

El país corre el riesgo de perder el equilibrio histórico entre desarrollo, justicia y sostenibilidad, y de transformar su modelo ambiental en un instrumento subordinado al mercado.

Un llamado a repensar el rumbo

El Informe concluye con un llamado claro: Costa Rica no puede darse el lujo de quitar prioridad al tema ambiental.

Si no se corrigen los patrones actuales, el país se encamina hacia una sociedad más desigual, más carbonizada y menos sostenible.

Recuperar el sentido público de la gestión ambiental implica reconstruir las capacidades institucionales, reactivar la participación ciudadana y reafirmar los bienes comunes como fundamento de la vida colectiva.

El desafío es ético y político: decidir si el país continuará cediendo su patrimonio natural a intereses privados, o si será capaz de reconstruir una alianza entre Estado, comunidades y naturaleza para defender lo que aún nos pertenece a todos.

Tendencias socioambientales de Costa Rica (2020–2025)
DimensiónTendencia observadaImplicaciones socioambientales
Marco normativo ambientalCerca de una decena de reformas que reducen la desconcentración del Sinac y fortalecen el control político del Minae.Menor autonomía técnica, reducción de participación ciudadana y debilitamiento del criterio científico en decisiones ambientales.
Regulación ambientalCambios permisivos en reglamentos sobre agua potable, plaguicidas y capacidad de carga turística.Retroceso en derechos al agua y a la salud; debilitamiento de estándares de protección ambiental.
Capacidades institucionalesPresupuesto del Sinac cae un 40% (2020–2024); pérdida de personal y recursos.Menor fiscalización, control y protección de áreas silvestres; riesgo para la biodiversidad.
Gestión del territorioAumento del turismo residencial y desarrollo inmobiliario sin ordenamiento.Privatización del acceso costero, conflictos por el agua y desplazamiento de comunidades.
Gobernanza ambientalCentralización de decisiones en el Minae; exclusión de actores sociales y científicos.Concentración de poder, reducción de la transparencia y pérdida del carácter participativo de la política ambiental.
Conservación y biodiversidadExpansión de áreas protegidas sin aumento proporcional de recursos.“Protección en papel”: ampliación formal sin capacidad de gestión ni vigilancia efectiva.
Conflictos socioambientalesReactivación de conflictos en zonas costeras, turísticas y agrícolas.Mayor desigualdad territorial y debilitamiento del pacto social en torno a los bienes comunes.
Crisis hídrica y contaminaciónReducción en calidad y cobertura del agua potable; incremento de interrupciones fuera de la GAM.Aumento de la vulnerabilidad de comunidades rurales y costeras.
Cambio climático y riesgoRécord de 1.619 desastres climáticos en 2024.Creciente exposición a fenómenos extremos; urgencia de planificación territorial sostenible.
Tendencia generalTransición de un modelo ambiental de bien público a uno orientado por el mercado y la concentración.Erosión de los bienes comunes y debilitamiento del legado ecológico de Costa Rica.
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Defender la vida no es delito: patrones de estigmatización y criminalización contra quienes cuidan la naturaleza

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El reciente ataque contra las personas abogadas ambientalistas Randall Arauz y Walter Brenes, reconocidas por sus acciones judiciales para detener la comercialización del tiburón martillo, no puede leerse como un hecho aislado. Este suceso se inscribe en una tendencia más amplia de hostigamiento y deslegitimación de las personas defensoras ambientales, que afecta cada vez con más fuerza a América Latina y que empieza a manifestarse con mayor claridad en Costa Rica.

De la defensa ambiental al “enemigo del desarrollo”

En las últimas décadas, los conflictos socioambientales se han intensificado en toda la región. Mientras comunidades y organizaciones defienden sus territorios frente a proyectos extractivos o pesquerías industriales, los Estados y las élites económicas han respondido con una combinación de represión, judicialización y estigmatización.

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) y de EarthRights International (2020) muestran cómo, bajo el discurso del progreso y la seguridad, se criminaliza a quienes ejercen el derecho legítimo a la participación, la protesta y la defensa del ambiente.

El discurso dominante traslada la atención del problema estructural —la sobreexplotación de los bienes naturales— hacia las personas que lo denuncian, presentándolas como obstáculos, radicales o enemigos del desarrollo nacional.

En Costa Rica, etiquetas como “ecoterroristas”, “antidesarrollo” o “enemigos del país” reproducen un patrón regional que la investigadora Marina Mendoza (2023) denomina la actualización de la doctrina del enemigo interno: una narrativa que convierte el cuidado del territorio en sospecha política y el disenso ambiental en amenaza al orden económico.

Qué entendemos por estigmatización

La estigmatización es un proceso social de deslegitimación y exclusión simbólica, en el que ciertos actores —autoridades, empresas, medios o figuras de poder— atribuyen etiquetas negativas a quienes defienden derechos humanos o ambientales, distorsionando sus motivos y restándoles credibilidad ante la opinión pública.

Según el estudio de Protection International y la PDDH (2025), este proceso opera mediante tres mecanismos principales:

  • -Reducción moral: presentar a las personas defensoras como fanáticas, violentas o ideologizadas, negando la legitimidad de su causa.

  • -Inversión del conflicto: desplazar el foco del daño ambiental hacia la supuesta “amenaza” que representan quienes denuncian.

  • -Despersonalización: convertir a los defensores en objetos de sospecha o “problemas de orden público”, invisibilizando sus trayectorias humanas y comunitarias.

La estigmatización no solo distorsiona los hechos: erosiona el reconocimiento social del papel que cumplen estas personas en la defensa de los bienes comunes, preparando el terreno para agresiones más graves.

Estrategias de estigmatización y control

Los estudios de EarthRights International (2020) y la CIDH (2015) identifican múltiples estrategias que combinan la dimensión mediática, judicial y política:

  • -Uso político del derecho penal: figuras como “usurpación”, “difamación” o “entorpecimiento” se aplican para criminalizar la protesta o la acción legal.

  • -Campañas mediáticas de desprestigio: titulares y contenidos que asocian la defensa ambiental con agendas extranjeras, “izquierdismo” o sabotaje económico.

  • -Acoso digital y desinformación: redes sociales usadas para hostigar, amenazar o difundir rumores que siembran miedo.

  • -Negligencia institucional: la falta de investigación o sanción de las amenazas refuerza la idea de que agredir a defensores “no tiene consecuencias”.

  • -Apropiación del discurso ambiental: empresas y gobiernos adoptan un lenguaje “verde” para desactivar críticas mientras invisibilizan los impactos reales.

Estas estrategias no solo buscan silenciar voces críticas; también fragmentan los lazos comunitarios, desalientan la participación y debilitan la democracia ambiental.

Estigmatización en el contexto costarricense

Aunque Costa Rica mantiene una imagen de “democracia verde”, los conflictos por el uso y control del territorio se han agudizado en zonas costeras, rurales y fronterizas.

Los ataques contra Arauz y Brenes, y las amenazas en Talamanca, Osa y la Zona Norte, se dan en contextos donde confluyen crimen organizado, pesca industrial, turismo desregulado y discursos políticos hostiles al Acuerdo de Escazú.

El cuestionamiento al Escazú —que garantiza el acceso a la información, la participación y la protección de defensores ambientales— es parte de una estrategia de desinformación y miedo, que busca impedir una ciudadanía ambiental activa y crítica.

En el fondo, la disputa no es solo jurídica: es cultural y política. Se trata de quién tiene derecho a decidir sobre el territorio, los recursos y el sentido del desarrollo.

De la estigmatización al riesgo

La estigmatización es el primer peldaño de una escalera que puede escalar hacia la criminalización, el hostigamiento o la violencia física. Los discursos que deslegitiman la defensa ambiental generan condiciones para ataques más severos: se convierten en permisos simbólicos para dañar.

La experiencia latinoamericana muestra que la violencia empieza con la palabra: antes del golpe, la cárcel o el asesinato, hay una narrativa que despoja de legitimidad al defensor. Costa Rica aún puede evitar que esa espiral avance, si logra reconocer y detener esas prácticas antes de que se normalicen.

La trampa de la falsa polarización

Uno de los efectos más perniciosos de la estigmatización es la creación de falsas polarizaciones: ambientalistas contra el desarrollo, ambientalistas contra pescadores, ambientalistas contra agricultores. Estas oposiciones simplifican y distorsionan conflictos complejos, reduciendo debates estructurales sobre justicia ambiental a batallas morales entre “progreso” y “obstáculo”.

En realidad, no existe un conflicto esencial entre cuidar la naturaleza y garantizar la producción o el trabajo, sino entre dos formas de entender el desarrollo: una basada en la apropiación y el agotamiento de los bienes comunes, y otra que busca sostener la vida en equilibrio con ellos.

La retórica del “ambientalista enemigo” sirve para dividir a quienes comparten condiciones de vulnerabilidad, enfrentando a comunidades pesqueras, agrícolas o rurales entre sí, mientras los verdaderos beneficiarios —los grandes intereses extractivos, turísticos o industriales— se mantienen fuera del foco público.

Superar esta polarización exige reconstruir el diálogo desde lo común: reconocer que pescadores, agricultores y defensores ambientales no son bandos opuestos, sino parte de una misma defensa del territorio y de la soberanía sobre los bienes que los sostienen.

Frente a la lógica del enfrentamiento, la alianza entre quienes viven del mar y la tierra es la única vía posible para resistir el cercamiento de lo común y construir alternativas de vida digna.

La normalización de la estigmatización

La normalización ocurre cuando la sociedad deja de percibir la estigmatización como una forma de violencia y empieza a considerarla parte del “juego político” o del debate público.

Cuando insultos, burlas o acusaciones contra defensores se vuelven frecuentes y no generan rechazo, se instala una cultura de indiferencia que legitima la agresión.

Esa normalización tiene consecuencias profundas:

  • -Reduce la empatía social, debilitando la solidaridad hacia quienes defienden causas comunes.

  • -Desactiva los mecanismos institucionales de protección, porque las amenazas dejan de verse como graves.

  • -Distorsiona el debate público, sustituyendo el argumento por la difamación.

  • -Refuerza la impunidad, al convertir el miedo y el silencio en prácticas cotidianas.

En ese contexto, la estigmatización deja de ser una anomalía para convertirse en una herramienta estructural de control social.

Desmontar esa normalización implica nombrar el problema, crear espacios de memoria y cuidado, y reafirmar que defender el ambiente no es un privilegio ni una amenaza: es un derecho.

Escazú y la legitimación del silencio

La negativa de Costa Rica a ratificar el Acuerdo de Escazú no puede entenderse solo como un desacuerdo técnico o jurídico; expresa una alianza tácita entre intereses económicos y políticos que buscan mantener el control sobre la información y limitar la participación ciudadana en los conflictos ambientales.

En ese contexto, la estigmatización de las personas defensoras cumple una función estratégica: desacreditar al mensajero para preservar el modelo.

Cuando se rechaza un instrumento que protege a quienes defienden los bienes comunes, se envía un mensaje claro: la transparencia y la participación son vistas como amenazas, y no como pilares de la democracia.

Así, la no ratificación de Escazú contribuye a normalizar un clima de desconfianza y hostilidad, donde la defensa ambiental deja de percibirse como un derecho y se convierte, peligrosamente, en un acto de sospecha.

Cuidar a quienes cuidan

Defender la naturaleza no es un acto de confrontación, sino de cuidado del bien común. En tiempos de polarización y pérdida de confianza institucional, proteger a quienes defienden la vida es un imperativo democrático.

La estigmatización busca aislar; la solidaridad, en cambio, reconstruye comunidad.

La defensa ambiental es, en el fondo, una defensa de los bienes comunes: del agua, los bosques, los mares, la tierra y la posibilidad de habitarlos dignamente. Cuando las personas que los protegen son perseguidas o silenciadas, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la trama social que sostiene la vida colectiva.

Los procesos de cercamiento y agotamiento de los bienes comunes —ya sea por la expansión extractiva, la privatización o la captura institucional— avanzan más rápido cuando la sociedad acepta la estigmatización de quienes resisten. En esa frontera, las personas defensoras representan la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida misma.

Protegerlas no es un acto simbólico, es una condición de posibilidad para la democracia ambiental y para imaginar un país donde el bienestar no se mida por el lucro, sino por la capacidad de cuidar lo que nos sostiene en común.

Glosario
ConceptoDefinición
Defensores y defensoras ambientalesPersonas, colectivos o comunidades que promueven y protegen derechos relacionados con el ambiente, el territorio, el agua y la naturaleza, actuando en nombre del interés público.
CriminalizaciónUso indebido del sistema penal, administrativo o judicial para sancionar o intimidar a quienes ejercen la defensa de derechos. Incluye acusaciones infundadas, procesos judiciales prolongados o uso abusivo de figuras legales.
EstigmatizaciónProceso simbólico que deslegitima y desacredita públicamente a las personas defensoras, a través de discursos, etiquetas y narrativas que las presentan como amenazas, enemigas o antidesarrollo.
Doctrina del enemigo internoLógica heredada de contextos autoritarios según la cual ciertos sectores sociales —antes los insurgentes, hoy los ambientalistas o pueblos indígenas— son tratados como enemigos del Estado o del progreso.
Acuerdo de EscazúTratado regional que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de las personas defensoras del ambiente en América Latina y el Caribe. Entró en vigor en 2021.
Bienes comunesRecursos naturales, culturales y sociales compartidos por las comunidades y esenciales para la vida —como el agua, el aire, la biodiversidad y el conocimiento— cuya gestión debe basarse en el cuidado colectivo y no en la apropiación privada.
CercamientoProceso mediante el cual los bienes comunes son apropiados o controlados por intereses privados o estatales, restringiendo el acceso y la participación de las comunidades que los habitan o gestionan.
Democracia ambientalEnfoque que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información, participar en las decisiones y exigir justicia en asuntos ambientales, vinculando la protección del ambiente con la participación ciudadana y los derechos humanos.
Referencias

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Organización de los Estados Americanos.

EarthRights International. (2020). Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra: Elementos para la defensa legal desde el análisis de casos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia, con la colaboración de Ana María Vidal Carrasco, Pablo Abdo y Katherine Paucar Quispe. EarthRights International.

López Rodríguez, Mario Alejandro, y Excell, Cristhian. (2017). La violencia en contra de defensores(as) ambientales y de la tierra en Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Martínez, Alonso. (2025, 10 Noviembre). Organizaciones se pronuncian ante actos de violencia contra defensores ambientales en Puntarenas. Delfino.CR.

Mendoza, Marina Gabriela. (2023). La instrumentalización del “ecoterrorismo” en el abordaje de la conflictividad socioambiental latinoamericana: los casos de Chile y Perú (2003–2023). Revista de Estudios sobre Genocidio, 18, 88–112. Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Protection International y Fundación Verdad Abierta. (2025). Patrones de estigmatización y estereotipos hacia las personas defensoras de derechos humanos. Coordinado por Juliana Bravo Valencia. Protection International y Fundación Verdad Abierta.