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¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025

El presidente de la República ha presentado su informe de labores correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual expone los avances más significativos que ha considerado para el país. Por esta razón, nos ha interesado analizar el texto para identificar las principales dimensiones ambientales destacadas en su discurso. A partir de este análisis, buscamos responder la pregunta: ¿qué tipo de política ambiental promueve la administración Chaves Robles?

A continuación, se exponen los principales hallazgos estructurados en siete ejes analíticos, que permiten comprender tanto los énfasis del informe como sus vacíos más relevantes en materia socioambiental. Este ejercicio de análisis crítico no solo pretende aportar a la comprensión académica del discurso oficial, sino también fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, al visibilizar las prioridades, omisiones y contradicciones de la política pública ambiental. Revisar y cuestionar las narrativas institucionales es esencial para promover una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en las decisiones que afectan los territorios, los bienes comunes y los derechos socioambientales.

Pueden descargar el informe de labores aquí.

Uno de los hallazgos más reveladores del Informe de Labores 2024–2025 del gobierno es la ausencia de un apartado específico dedicado al ambiente. En un contexto nacional e internacional donde la crisis climática y ecológica exige respuestas claras, esta omisión resulta significativa. No solo limita la posibilidad de evaluar con rigor el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, sino que también refleja una priorización política que deja al ambiente como un tema disperso o subordinado a otros ejes. Esta invisibilidad institucional del tema ambiental contrasta con la imagen que el país ha cultivado históricamente como referente en políticas verdes.

¿Qué implica la ausencia del ambiente en el informe de labores presidencial?
La omisión de una sección específica sobre ambiente en el informe de labores del gobierno refleja una despriorización política del tema en la agenda nacional. En un país que ha construido parte de su identidad internacional sobre la sostenibilidad, la falta de un capítulo ambiental estructurado no solo debilita la rendición de cuentas sobre compromisos climáticos y conservación, sino que también invisibiliza los conflictos socioambientales que afectan a comunidades rurales, indígenas y costeras. Esta ausencia impide una evaluación integral del desempeño gubernamental en torno a la biodiversidad, el uso del territorio, el acceso al agua, la justicia ambiental o el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización. En términos de gobernanza, también indica una visión fragmentada del desarrollo, donde el ambiente no es visto como eje transversal de las políticas públicas, sino como un componente accesorio subordinado a otras prioridades.

A falta de un eje ambiental explícito, es necesario inferir la política ambiental del gobierno a partir de referencias fragmentadas distribuidas en otros capítulos del informe. Estas menciones permiten identificar ciertas dimensiones clave en la acción pública: la conexión entre ambiente y productividad local, la reestructuración institucional del MINAE, las acciones en zonas rurales e indígenas, y la política energética orientada a inversión y electrificación. A continuación, se examinan estas dimensiones para comprender qué tipo de política ambiental se impulsa en los hechos, pese a su ausencia formal en la estructura del informe.

1. Conservación asociada a productividad

Uno de los elementos más recurrentes en el informe es la vinculación entre conservación ambiental y desarrollo económico local. Bajo esta lógica, se promueve una visión en la que los ecosistemas son valorados principalmente por su capacidad de generar beneficios económicos sostenibles.

Se destacan iniciativas como:

  1. Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) en territorios indígenas, que se articulan con los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREP) y proyectos productivos locales.
  2. El apoyo a las economías azules, que se expresa en la entrega de motores “limpios” y subsidios a pescadores artesanales.

Este enfoque plantea una conservación orientada a resultados económicos, lo cual merece una revisión crítica sobre su impacto real en la autonomía territorial y la sostenibilidad ecológica a largo plazo.

2. Reforma institucional ambiental

El informe también menciona una reestructuración administrativa general del Estado, dentro de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ocupa un lugar relevante.

En el caso del sector ambiental, esta reforma se orienta a una mayor centralización y coordinación interinstitucional, aunque sin especificar los alcances políticos ni las implicaciones para órganos técnicos clave como el SINAC. Este punto es crucial, pues podría afectar la autonomía técnica y operativa de entidades descentralizadas con competencias ambientales.

3. Alianzas con actores privados y comunitarios

Otro de los pilares del discurso presidencial es la corresponsabilidad en la gestión ambiental, la cual se traduce en diversas formas de articulación con sectores comunitarios y privados.

Aportes señalados:

  1. Contratos con territorios indígenas en el marco del Contrato para la Reducción de Emisiones de Forestales (CREF).
  2. Proyectos socioproductivos impulsados por instituciones como el IMAS.
  3. Promoción de tecnologías de bajo impacto para actividades productivas locales.

Estas alianzas reflejan una estrategia de participación indirecta, que si bien reconoce el papel de actores locales, no siempre garantiza procesos de decisión autónomos ni mecanismos efectivos de consulta.

4. Conservación y gestión ambiental

A lo largo del informe se subrayan múltiples aportes en infraestructura y cobertura institucional. Sin embargo, al examinar estos datos , emergen tensiones entre conservación simbólica y gestión participativa real.

Aportes señalados:

  1. Inversión en infraestructura dentro de áreas protegidas.
  2. Validación de los Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) por 19 territorios indígenas.
  3. Incentivos económicos por contratos de reducción de emisiones.

5. Cambio climático

El tema del cambio climático ocupa un lugar relevante en el informe, aunque con un énfasis en soluciones tecnológicas, centradas en la electrificación, energías limpias y conectividad digital.

Aportes señalados:

  1. Electrificación rural.
  2. Descarbonización.
  3. Impulso a energías renovables y red 5G como motor de innovación.

6. Dimensión socioambiental

En esta sección del informe se hace referencia a proyectos en territorios indígenas y rurales, pero desde un enfoque más asistencialista.

Aportes señalados:

  1. Reconocimiento económico a la conservación indígena.
  2. Proyectos productivos (pesca, turismo, emprendimientos).
  3. Mejora en telecomunicaciones rurales.

7. Gestión pública

El informe menciona esfuerzos de articulación institucional, pero no presenta una visión clara ni mecanismos de control social y evaluación ambiental independiente.

Aportes señalados:

  1. Coordinación entre entidades como IMAS, MICITT, INDER y MINAE.
  2. Inclusión del tema ambiental en algunos proyectos de desarrollo territorial.

El ambiente entre líneas: lo que revelan las leyes mencionadas sobre las prioridades ambientales del gobierno

Identificar los proyectos de ley y leyes mencionadas en el informe de labores presidencial permite entender con mayor claridad qué tipo de política ambiental impulsa realmente el gobierno, más allá de los discursos generales o compromisos internacionales. La selección, el énfasis y el tratamiento que se da a ciertas iniciativas legislativas reflejan prioridades políticas concretas, orientaciones ideológicas y formas de concebir la relación entre ambiente, desarrollo y Estado. 

El informe destaca algunas iniciativas vinculadas al ambiente, aunque de forma indirecta y dispersa. Se mencionan proyectos como el contrato de préstamo con el Banco Mundial para descarbonización (Exp. 24.425), un convenio con la Agencia Francesa para agropaisajes sostenibles (Exp. 24.583), y la Ley de Promoción del Seguro Agropecuario, que abordan temas climáticos desde una lógica de productividad y financiamiento. También se alude a la Ley 7200 en el contexto de generación eléctrica privada. Sin embargo, se omiten proyectos clave en los que se ha participado activamente en su discusión y promoción. Esta omisión no solo evidencia la fragmentación de las políticas, sino también la falta de interés por integrar estos temas fundamentales en una estrategia coherente de sostenibilidad. En conjunto, las menciones ambientales adoptan una visión meramente instrumental, en la que el medio ambiente queda subordinado a objetivos económicos, sin ser considerado parte esencial de un enfoque integral de desarrollo.

Política ambiental en pocas palabras

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¿Qué no profundiza?

Aunque el informe presidencial de labores expone diversas acciones en materia ambiental, persisten vacíos y omisiones significativos que limitan una comprensión integral de los retos socioambientales del país. La siguiente enumeración identifica los principales aspectos que no son abordados en profundidad o que permanecen ausentes en el documento, destacando dimensiones críticas relacionadas con la participación, la justicia socioecológica, la equidad territorial y la sostenibilidad ecosistémica. Estas omisiones no solo restringen la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también reflejan la necesidad de fortalecer enfoques más inclusivos, integrales y participativos en las políticas públicas ambientales.

  1. Predomina una lógica instrumental que concibe al ambiente principalmente como proveedor de servicios —especialmente de carbono— sin integrar una visión ecosistémica más amplia que considere cuencas, suelos y humedales.
  2. Se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la participación ambiental activa e inclusiva de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y los territorios, lo cual limita las oportunidades de incidencia de actores clave, incluyendo organizaciones ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas.
  3. No se emiten alertas ecológicas sobre amenazas críticas como los monocultivos, la expansión urbana acelerada o las crisis hídricas locales.
  4. La respuesta estatal tiende a privilegiar la modernización urbana, sin atender de manera suficiente las desigualdades territoriales ni los impactos diferenciados del cambio climático en zonas rurales e indígenas.
  5. Se omiten sectores clave en las emisiones de carbono, como el agronegocio y las industrias contaminantes, los cuales permanecen sin un abordaje explícito.
  6. No se visibilizan los procesos de consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
  7. Se invisibilizan los conflictos territoriales relacionados con la criminalización de líderes, el acaparamiento de tierras y la escasez de agua.

9. Carece de una perspectiva intercultural e integral que reconozca los marcos normativos y epistemológicos propios de los pueblos indígenas.

10. Hay una falta de transparencia sobre los impactos, los indicadores utilizados y los mecanismos de auditoría social disponibles.

11. Persiste una fragmentación institucional que limita la posibilidad de una planificación ecológica de carácter nacional y articulado.

12. Falta una estrategia clara de adaptación comunitaria, esencial ante la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

13. Se excluye a actores sociales clave de los procesos de toma de decisiones.

14. Se omite por completo la crisis de gestión de residuos sólidos, a pesar de su creciente impacto ambiental y social en comunidades urbanas y rurales. Esta ausencia invisibiliza una problemática estructural que involucra contaminación de suelos y fuentes hídricas, saturación de rellenos sanitarios y falta de infraestructura para el reciclaje, evidenciando la falta de prioridad estatal hacia una transición efectiva hacia modelos de economía circular.

Aspectos a considerar

El informe 2024–2025 plantea una narrativa optimista sobre la política ambiental, centrada en infraestructura, pagos por servicios y avances tecnológicos. Sin embargo, identificamos limitaciones estructurales:

  • Predomina una visión tecnocrática, que no aborda las raíces del conflicto ambiental.

  • Se omiten los principales desafíos del modelo extractivista y las voces de comunidades afectadas.

  • Falta una política ambiental integral, basada en justicia territorial, interculturalidad y participación real.

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Lo que no dice el informe: vacíos y desafíos

Para completar el análisis, es necesario destacar aquellos elementos ausentes en el discurso presidencial, pero fundamentales para evaluar la política ambiental costarricense:

  1. Desalineación entre discurso verde y decisiones controversiales (como la reactivación minera).
  2. Retrocesos en participación, transparencia y presupuesto ambiental.
  3. Débil ejecución de políticas claves como el Plan de Descarbonización.
  4. Amenazas crecientes sobre la biodiversidad (monocultivos, tala en el Caribe Sur, expansión urbana desordenada, pesca no sostenible).

La política ambiental del gobierno se revela fragmentada y subordinada a las prioridades del crecimiento económico, lo que limita su capacidad de responder a los desafíos socioecológicos de manera integral. Avanzar hacia una sostenibilidad real exige transformaciones profundas, entre ellas:

  • Superar la lógica del “capitalismo verde” y transitar hacia un modelo de justicia socioecológica que priorice la equidad y el respeto por los límites ecológicos.

  • Reconocer y garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales sobre sus territorios y recursos, asegurando también su protección y seguridad frente a las amenazas y criminalización.

  • Establecer mecanismos robustos de fiscalización, transparencia y gobernanza local que fortalezcan el control social y la rendición de cuentas.

Y lo que no interesa…
Costa Rica sin Escazú: vulnerabilidad de las personas defensoras y vacíos en participación

Un aspecto notable en la política ambiental reciente es la ausencia de referencias y compromisos explícitos con el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Aunque Costa Rica fue uno de los países impulsores de su adopción, su falta de ratificación y su exclusión en las políticas públicas reflejan un retroceso preocupante en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.

La no adhesión al Acuerdo limita la creación de mecanismos vinculantes que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ambiental inclusiva. Además, debilita la capacidad institucional para proteger a las personas defensoras ambientales frente a las crecientes amenazas, hostigamientos y criminalización que enfrentan, particularmente en contextos de conflictos socioambientales.

En un país históricamente reconocido por su liderazgo ambiental, esta omisión envía señales contradictorias respecto a los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad. La ausencia del Acuerdo de Escazú no solo priva a las comunidades y organizaciones de herramientas legales más robustas, sino que también limita las posibilidades de avanzar hacia una justicia socioambiental integral y participativa.

*La fotografía corresponde a la radiografía de la fractura en el dedo de Philippe Vangoidsenhoven, ocasionada por la agresión de una persona implicada en actos de daño ambiental, ocurrida mientras él realizaba labores de monitoreo. 

Para el seguimiento legislativo:

📌 Proyectos de ley ambientales relevantes en la Asamblea Legislativa (2024–2025)

Caudales Ecológicos en Minería (Exp. 24.722): Introduce límites a concesiones mineras y protege caudales ecológicos, con participación comunitaria y controles contra la concentración empresarial.

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.º 20.212) procura la modernizar la legislación hídrica en Costa Rica, sustituyendo la normativa vigente desde 1942. Diversas voces han señalado preocupaciones respecto a su contenido y posibles implicaciones.

Armonización del Sistema Eléctrico (Exp. 23.414): Propone trasladar la rectoría del sector eléctrico al MINAE y abrir mayor participación privada, generando preocupaciones por tarifas y concentración de poder.

Economía Circular (Exp. 23.847): Busca crear un marco legal para reducir, reutilizar y reciclar materiales, desacoplando crecimiento económico del uso intensivo de recursos.

Ley Marco de Cambio Climático (Exp. 24.588): Establece coordinación interinstitucional y da rango legal a la Dirección de Cambio Climático, fortaleciendo su rol estratégico.

Resiliencia Climática (Exp. 24.300): Formaliza la Dirección de Cambio Climático y asegura su financiamiento, enfocándose en adaptación y fortalecimiento institucional.

Referencias para las citas:

Delfino.cr. (2023, agosto 1). Rodrigo Chaves abierto a valorar la exploración de gas natural en Costa Rica. Recuperado de https://delfino.cr/2023/08/rodrigo-chaves-abierto-a-valorar-la-exploracion-de-gas-natural-en-costa-rica

El País. (2024, mayo 2). Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024. Recuperado de https://www.elpais.cr/2024/05/02/701194/

Semanario Universidad. (2024, julio 22). Chaves comienza su gira por Guanacaste con dardos contra los ecologistas. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-comienza-su-gira-por-guanacaste-con-dardos-contra-los-ecologistas/

La República. (2024, julio 23). Rodrigo Chaves sobre tala en Gandoca – Manzanillo: “Cortaron 23 árboles”. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-sobre-tala-en-gandoca-manzanillo-cortaron-23-arboles

Delfino.cr. (2024, julio 8). Rodrigo Chaves sostiene que oro de Crucitas se puede explotar de manera responsable. Recuperado de https://delfino.cr/2024/07/rodrigo-chaves-sostiene-que-oro-de-crucitas-se-puede-explotar-de-manera-responsable

Ojo al Clima. (2022, noviembre 16). Comercio de productos agrícolas “libres de deforestación”: la propuesta tica que busca socios en COP27. Recuperado de https://ojoalclima.com/articles/comercio-de-productos-agricolas-libres-de-deforestacion-la-propuesta-tica-que-busca-socios-en-cop27

Surcos Digital. (2022, abril 26). Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach. Recuperado de https://surcosdigital.com/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

Tattenbach, F. (2022, octubre 3). Ministro de Ambiente sobre Acuerdo de Escazú: “Podría ser mucho más inconveniente”. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ministro-de-ambiente-sobre-acuerdo-de-escazupodria/RVD7G7P3KZGLFJQTU3E3SH2HMI/story/

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Una universidad al servicio de la vida – La visión transformadora de Ignacio Ellacuría

En un contexto de creciente desconexión entre las universidades y la realidad social —acentuado por los cuestionamientos a la Universidad de Costa Rica (UCR) y la creciente deslegitimación de sus autoridades—, el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra publica el documento de trabajo titulado «La universidad como fuerza transformadora – La visión de Ignacio Ellacuría» (abril 2025), en el que se reivindica una educación comprometida con la justicia, los derechos humanos y los bienes comunes.

A partir del legado del filósofo y teólogo jesuita Ignacio Ellacuría, la publicación lanza una interpelación directa a las universidades públicas: ¿están cumpliendo su misión histórica o simplemente replican estructuras de poder y privilegio? Lejos de quedarse en la crítica, el documento propone una alternativa concreta: una universidad viva, crítica, popular y solidaria, capaz de «ponerse en lugar del pobre» y de convertirse en conciencia crítica del país.

Uno de los ejes centrales del texto es la defensa de la educación como bien común social, no como mercancía. Inspirado en la “filosofía de la realidad histórica” de Ellacuría, se plantea que el conocimiento debe ser producido y compartido en función de las mayorías, como herramienta para la transformación social. Desde esa lógica, se recupera el ejemplo de los mártires de la UCA como símbolo de una autoridad universitaria distinta: ética, cercana al pueblo, dispuesta a incomodar al poder y a encarnar el saber con valentía.

El documento invita a repensar profundamente los fines y métodos de la educación superior, y deja abiertas preguntas clave: ¿qué universidad necesitamos? ¿Puede la educación convertirse en un instrumento colectivo de liberación? ¿Cómo recuperamos el valor público del conocimiento?

📄 Documento completo disponible aquí

Les compartimos este video realizado por la Universidad Iberoamericana de Puebla para conocer algunos datos biográficos y del pensamiento de Ignacio Ellacuría

Crédito del video Radio San José.

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Bienes Comunes en Corto: Sistemas agroalimentarios

Ryan Galt nos invita a mirar más allá de lo que comemos y cuestionar cómo se produce, quién decide y a costa de qué. A través de una conversación clara y crítica, desmenuza el concepto de sistema agroalimentario y revela cómo el neoliberalismo ha impuesto una lógica de rendimiento que transforma el alimento en mercancía, empuja a los agricultores a sus límites y reduce nuestra dieta a lo más rentable, no a lo más saludable. Al cierre, Galt subraya la urgencia de organizarnos y defendernos colectivamente frente a un sistema que pone en riesgo tanto nuestra salud como nuestra soberanía alimentaria.

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Al-Quds y la lucha por los bienes comunes y la justicia

La lucha por Al-Quds y Palestina va más allá de una disputa territorial; es la defensa de los bienes comunes, de la tierra, el agua y la identidad cultural que son arrebatados por la ocupación y el colonialismo. Como en muchas otras partes del mundo, los pueblos enfrentan despojo, violencia y explotación, resistiendo para preservar su derecho a existir con dignidad.

Defender a Palestina es también defender el acceso equitativo a los recursos, la autodeterminación y la justicia para todos los oprimidos. La causa palestina nos recuerda que la lucha por la libertad de un pueblo es la lucha por la libertad de todos.

📢 ¿Qué es la ocupación israelí?

La ocupación israelí es el control militar y político impuesto sobre Palestina desde 1948, intensificado en 1967 con la ocupación de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Implica el desplazamiento forzado de palestinos, el robo de tierras, asentamientos ilegales y un sistema de represión constante.

🔹 Apartheid: Israel impone un régimen de segregación con leyes y políticas que privilegian a los colonos judíos y discriminan a los palestinos, restringiendo su movimiento, acceso a servicios básicos y participación política.

🔹 Colonialismo: La ocupación es una forma de colonialismo de asentamiento, donde el Estado israelí expulsa a la población originaria y la reemplaza con colonos, apropiándose de su territorio y recursos.

🔹 Racismo: Las políticas israelíes deshumanizan al pueblo palestino, justificando la violencia sistemática, la demolición de hogares y la negación de derechos fundamentales basándose en criterios étnicos y religiosos.

Al-Quds y la lucha por los bienes comunes

La ocupación israelí no solo arrebata tierras y desplaza comunidades, sino que también privatiza y controla bienes esenciales como el agua, restringe el acceso a lugares sagrados y destruye medios de vida palestinos. Esta lucha es la misma que enfrentan muchos pueblos en el mundo contra el despojo y el colonialismo.

Defender Al-Quds es defender el derecho de los pueblos a sus territorios, su cultura y sus bienes comunes, que no deben ser propiedad de unos pocos, sino garantía de vida digna para todos.

Les invitamos a leer y compartir esta infografía.

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Monseñor Óscar Romero: Voz de Justicia y Esperanza

Monseñor Óscar Arnulfo Romero es un referente en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Como arzobispo de San Salvador, alzó su voz contra la violencia, la represión y las injusticias que azotaban a los más pobres y vulnerables. Desde el púlpito, denunció las violaciones de derechos humanos y se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo en medio de la crisis social y política.

Su mensaje y su práctica representaron el compromiso con la opción preferencial por los pobres, que no se limitó al discurso, sino que implicó la disputa de sentidos y espacios en defensa de la vida humana en todas sus dimensiones: esa práctica de libertad que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo digno.

Su valentía le costó la vida el 24 de marzo de 1980, cuando fue asesinado mientras oficiaba misa. Sin embargo, su legado sigue más vigente que nunca. Su mensaje de amor, justicia y paz continúa inspirando a quienes luchan por un mundo más equitativo y humano, así como a aquellos comprometidos con la memoria y la reparación frente a las injusticias que, desde la impunidad y el poder, buscan perpetuar los privilegios.

Este es un esfuerzo que realizamos para rescatar el pensamiento y la práctica latinoamericana y caribeña, enraizados en nuestros pueblos en la búsqueda y lucha por una vida digna. Con él, reforzamos el compromiso con una visión de los bienes comunes, enfrentando los legados racistas, coloniales y machistas que han estructurado nuestras sociedades. Es desde las prácticas de liberación de los diversos sujetos —individuales y colectivos— que se han construido alternativas para sociedades más justas

A través de esta infografía, te invitamos a conocer su vida, su lucha y las palabras que lo convirtieron en un hombre del pueblo, que vivió y murió por una vida digna para todos y todas.

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Silenciando la participación “La difamación”

En la última década hemos asistido al aumento de un tipo de demandas judiciales principalmente que tiene como objetivo limitar e intimidar a la participación pública. Estos procesos recurren a las instancias judiciales no como una herramienta para reivindicar una demanda de buena fe, sino para limitar la expresión de otros.

Estas acciones involucran procesos largos y extremadamente costosos, logrando la desmovilización de personas lideresas e intimidando a otros actores.

El principio detrás es convertir el sistema judicial en un arma para intimidar, restringir el interés público y convertir asuntos de interés público en disputas técnicas de derecho privado.

Estas acciones están dirigidas especialmente a colectivos de defensa de derechos humanos, del ambiente y a periodistas, con el fin de «castigar» su labor crítica ante las acciones que emprenden corporaciones y Estados.

Por esta razón, les invitamos a revisar estos artículos que profundizan esta tendencia que estamos viviendo en nuestros países, así como esta infografía para aportar conceptos e invitarles a seguir debatiendo este tema.

Ficha técnica Demandas estratégicas contra la participación pública (“SLAPPs”) – Universidad de Columbia

Las leyes de difamación y las SLAPP son «mal utilizadas» de más en más para restringir la libertad de expresión – UNESCO

La SLAPP o como silenciar a la población – Greepeace

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Celebrando el pensamiento de la liberación: Gustavo Gutiérrez 1928-2024

El pasado 22 de octubre del 2024, partió Gustavo Gutiérrez un filósofo y teólogo peruano referente de la teología de la liberación, a través de su pensamiento y hacer, contribuyó para articular el discurso  teológico en diálogo  con el universo de las personas pobres y excluidos, un diálogo comprometido con la transformación de nuestras sociedades.

Para Gutiérrez el desafío de la Teología de la liberación representa  establecer la relación que existe entre la emancipación de la persona humana –en lo social, político y económico– y el reino de Dios, para este se realiza comprendiendo que lo esencial es hacer la voluntad de Dios en la acción liberadora, una acción que es solidaria y está presente dónde se manifiesta  Dios, es decir en el sufrimiento de los pobres.

Por esta razón, para Gutiérrez el camino de la liberación empieza por el compromiso por la opción preferente de los pobres. Este compromiso no es ingenuo, sino que parte de una reflexión crítica del momento histórico que las personas viven, y estas mismas no son sujetos pasivos, sino que a través de la problematización de los trayectos históricos y condiciones que viven,  impulsan sus propias capacidades de transformación a partir de sus necesidades y aspiraciones.

Como forma de celebración de la vida de Gustavo, les compartimos esta infografía que nos presenta su reflexión en torno a los movimientos de liberación y los desafíos que representa esta opción como forma de pensar-hacer.

Este esfuerzo sólo tiene una intención, y es que sirva de invitación para visitar y dialogar con sus pensamientos y legados.

Algunos materiales para explorar su obra y pensamiento

Libro Teología de la Liberación Perspectivas

Entrevista a Gustavo Gutiérrez

Gustavo Gutierrez OP – 1 Encuentro Iberoamericano de Teología (Opción por los pobres)-Video

PDFImagen

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Convocatoria Proceso de reflexión Extractivismos Urbanos ¿Qué está pasando en nuestras ciudades?

Los extractivismos urbanos son fenómenos socioambientales que cada vez más presentes en nuestras comunidades urbanas, dado que la expansión de la “mancha gris”, unido a la revalorización de los terrenos o la construcción de megainfraestructuras están siendo impulsadas a través de las lógicas de mercantilización, más que de las necesidades de las personas.

Esto empieza a dar como resultado la privatización de la ciudad a través de la mercantilización del espacio por medio de proyectos urbanísticos y comerciales excluyentes, pero también, empieza a depredar las fronteras naturales, es decir, empieza a expandirse sobre los espacios donde aún se conservaban bosques, tales como los Cerros de Escazú o Loma Salitral en Alajuelita por citar ejemplos.

Algunas de las tendencias que encontramos son:

-Priorizan las áreas “rentables” para los negocios sobre los espacios públicos.

-Deterioro de la calidad de vida de las personas ante el incremento de la contaminación, erosión de los derechos y servicios públicos.

-La «mancha» de cemento impermeabiliza los suelos provocando la sobrecarga en el caudal de los ríos (riesgos de inundaciones), la desaparición de los hábitats de las especies, entre otras afectaciones.

La urgencia de este tema, recae que ante la presión de los intereses corporativos, se empiezan a flexibilizar, por no decir ignorar, la reglamentación y regulación más básica, procurando cambios en la legislación para garantizar el desarrollo intensivo de las actividades urbanísticas como comerciales.

Este proceso de reflexión se plantea desde la lógica de proceso, es decir se construyen los aprendizajes desde el diálogo y debate entre las personas participantes.

Fechas:

  • 4 septiembre 2024
  • 11  septiembre 2024
  • 18  septiembre 2024
  • 25 septiembre 2024
  • 2 octubre 2024
Horario: 9:00 a 12:00 md.
Aula por definir.
Lugar: Instalaciones UCR .San Pedro Montes de Oca

Formulario de inscripción

Para más información pueden ver la convocatoria aquí.

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¿Realmente nos están hablando? Discurso político o manipulación

En los últimos años, pareciera que los discursos confrontativos y denigrantes, son una apuesta segura para la popularidad de la clase gobernante. Asumimos que es lo que las personas quieren escuchar y que recopilan para así toda la indignación de la política que se ha dejado de hacer, en beneficio de un sector de privilegiados que han extorsionando a nuestra sociedad.

Normalmente estos discursos y acciones se plantean como formas disruptivas del sistema político, como sujetos ajenos a esa sociedad política contaminada por la corrupción.

De esta manera, tenemos el acceso a personas que sí combaten los males de la sociedad, que si tiene el valor de plantar cara.

Visto así, pareciera que reune elementos que sí justifican su utilización y presencia en los discursos públicos de nuestra clase política.

Sin embargo, si nos detenemos  a repensar esta tendencia, cabe la posibilidad de preguntarnos ¿Realmente nos están hablando? 

No será que la utilización de ciertos discursos, representan más bien, formas de manipulación, es decir, modos mediante los cuales nos quieren persuadir para aceptar medidas que de otra forma nos parecen dañinas para nuestra convivencia y defensa de derechos.

Por esta razón, queremos invitarles a repensar estas figuras que hoy asotan las redes sociales y han llegado a cargos de gobierno, incluido la presidencia, para reflexionar sobre la presencia de estos discursos y las implicaciones que tienen desde una perspectiva de manipulación.

Aprovechamos el artículo de Noam Chomsky «Diez Estrategias de Manipulación Mediática» para problematizar diversas estrategias de manipulación.

Pueden descargar las infografías aquí:

Infograría 1 ImagenPDF

Infografía 2 ImagenPDF