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¿Qué pasaría si denunciar un daño ambiental te llevara a un embargo en Costa Rica? Una historia ficticia para pensar en voz alta

Una nueva señal de alerta se enciende en el ya tenso paisaje de la participación ambiental en Costa Rica. Esta vez, imaginemos que el Innombrable —sí, ese mismo megaproyecto turístico que ocupa varias fincas públicas en cierto lugar cuyo nombre ya no podemos decir— activara los engranajes del poder judicial contra una persona que alzara la voz.

Según versiones compartidas por distintas fuentes, un caso hipotético, identificado como #6548793, ilustraría los riesgos que podrían enfrentar quienes denuncian posibles afectaciones ambientales en zonas de alto valor ecológico. La persona involucrada —una creadora de contenido conocida por  documentar procesos ambientales— publicaría un video donde cuestiona, con argumentos y datos públicos, los impactos que podría generar el proyecto. Su publicación haría referencia a permisos otorgados por instancias estatales en zonas de bosque protegido, parte del Patrimonio Natural del Estado.

La respuesta del Proyecto Innombrable no sería un comunicado ni un espacio de diálogo. Sería una demanda civil. Y, sin juicio en curso ni notificación previa, la persona identificada en el expediente #6548793 podría amanecer con sus cuentas bancarias congeladas y sus recursos embargados. Todo bajo la figura del “embargo preventivo”, como si se tratara de un riesgo penal urgente. Pero lo único urgente aquí, al parecer, sería acallar la crítica.

¿De qué estamos hablando?

 Este tipo de situaciones encajan con lo que a nivel internacional se conoce como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una demanda estratégica para silenciar la participación pública. Su objetivo no es probar la falsedad de lo dicho, sino castigar el hecho de haberlo dicho. Es una forma de censura legalizada, que desgasta emocional, económica y socialmente a quienes defienden lo común.

Lo que se intenta silenciar no es una mentira ni un ataque personal. Es una denuncia legítima sobre el uso del territorio, los bienes públicos y el ambiente. Pero en lugar de responder con argumentos, el Innombrable responde con litigios.

El problema no es solo jurídico: es democrático. Las SLAPP buscan desincentivar la crítica y enfriar el debate público. Quien observa este caso desde fuera podría pensar dos veces antes de expresar su preocupación por el mar, el bosque o la montaña. Así, el silencio se vuelve rentable para quienes manejan muchos ceros, mientras que el derecho a opinar queda en pausa para quienes defienden desde el margen.

En Costa Rica, aún no existe legislación que identifique ni frene estas prácticas. Pero los síntomas están a la vista: demandas contra activistas, comunicadores, personas jóvenes o defensoras ambientales que se atreven a nombrar lo que otros preferirían ocultar.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería llevar al embargo de la vida cotidiana. Y sin importar cuán poderoso sea el que demanda, ninguna empresa debería tener el poder de convertir una crítica pública en una condena económica.

Las voces que alertan, preguntan o denuncian no son el problema. Son parte de la solución.
¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.

¿Qué es un embargo preventivo?

Es una medida cautelar que ordena la inmovilización o retención de bienes del deudor antes de que exista una sentencia definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación o el resultado de un proceso judicial. Es una acción preventiva para evitar que el deudor pueda disponer de sus bienes y así asegurar que haya recursos disponibles para satisfacer una posible deuda o condena.

¿Qué implica un embargo preventivo para una persona defensora ambiental?

Puede implicar varias cosas graves: limita su capacidad de usar o disponer de sus bienes, puede afectar su estabilidad económica y personal, y en muchos casos funciona como una forma de presión o intimidación para obstaculizar su labor de defensa ambiental. En contextos de conflictos socioambientales, este tipo de medidas pueden ser usadas para desincentivar la defensa de derechos y proteger intereses económicos o políticos contrarios a la protección ambiental.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país» Rodrigo Chaves Robles – Presidente de Costa Rica*

¿Por qué el Acuerdo de Escazú tenía preocupados  a ciertos sectores desarrolladores?

El Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante en América Latina y el Caribe, protege especialmente a las personas defensoras ambientales. En su artículo 9, establece que los países deben garantizar condiciones seguras para que puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos, intimidaciones, amenazas o cualquier forma de violencia, incluyendo medidas legales abusivas como embargos o procesos judiciales injustificados. Además, promueve el acceso a la justicia para proteger sus derechos y asegura que cualquier restricción a sus bienes o actividades sea justificada, proporcional y respetuosa de sus derechos humanos.

Esta nota presenta una historia ficticia planteada con fines reflexivos y educativos sobre el uso de mecanismos legales para limitar la participación pública. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia. El contenido busca promover el análisis crítico y la discusión en torno a la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión, sin intención de acusar o difamar a ninguna persona, empresa o institución.

*Pomareda García, Fabiola (2023, 1 de febrero). Costa Rica a punto de enterrar tratado internacional que protegería a quienes defienden el ambiente. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-a-punto-de-enterrar-tratado-internacional-que-protegeria-a-quienes-defienden-el-ambiente/

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Noticias que engañan: cuando la propaganda se disfraza de periodismo

En tiempos de elecciones, no todo lo que brilla informa. El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra lanza el documento de trabajo “Noticias que engañan”, una herramienta urgente y provocadora que busca abrir los ojos de la ciudadanía frente a los múltiples disfraces de la desinformación y el pseudoperiodismo.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, y es una invitación a poner en pausa el scroll, cuestionar lo que consumimos y recuperar el pensamiento crítico como un ejercicio cotidiano de defensa democrática.

En este escenario, las campañas políticas ya no se libran solamente en plazas públicas o debates televisados: se diseñan para viralizar emociones, moldear percepciones y evitar el cuestionamiento. El auge del pseudoperiodismo convierte la comunicación política en espectáculo, donde lo que importa no es la veracidad del mensaje, sino su capacidad de conectar emocionalmente y consolidar identidades políticas a través de relatos cuidadosamente producidos. Esto reduce el debate electoral a una competencia de imágenes, frases hechas y manipulaciones algorítmicas, en detrimento de las propuestas, los compromisos reales y la rendición de cuentas.

 

Esta tendencia no es solo una estrategia de campaña; es un riesgo profundo para el sistema democrático. Si las candidaturas se consolidan sobre narrativas falsas o cuidadosamente maquilladas, se vacía el sentido de la deliberación pública y se debilita el rol del voto informado. Frente a esto, el documento propone una ciudadanía que no se conforme con consumir mensajes bonitos, sino que exija transparencia, pluralidad y una comunicación política que esté al servicio del bien común, no de los intereses particulares.

📣 ¿Qué propone este documento?

A lo largo de sus páginas, el folleto expone de manera clara y accesible cómo muchas piezas mediáticas —aparentemente periodísticas— en realidad funcionan como publirreportajes políticos disfrazados. A través de ejemplos concretos y herramientas prácticas, se alerta sobre:

  • El uso del pseudoperiodismo como estrategia de propaganda.

  • La manipulación emocional como forma de persuasión política.

  • La falta de voces diversas y la ausencia de datos verificables.

  • Los nuevos riesgos digitales: deepfakes, troles, granjas de contenido y medios sin transparencia.

Además, se explican conceptos clave como sesgo de confirmación, titulares manipuladores o granjas de contenido, e incluye una guía para identificar entrevistas complacientes, titulares engañosos y medios de dudosa ética.

🗳️ Elecciones 2026: entre la desinformación y la decisión

El documento nos advierte con claridad: la campaña del 2026 no se librará solo en urnas, sino en redes, algoritmos y pantallas. En este nuevo campo de batalla digital, el ruido informativo puede silenciar los debates sustantivos y vaciar de sentido nuestras decisiones como electores.

Frente a este panorama, Noticias que engañan no solo denuncia, sino que propone: recuperar la conversación, debatir nuestras diferencias con honestidad, reapropiarnos del diálogo como herramienta política y exigir medios que sirvan al bien común, no al cálculo electoral.

🤔 ¿Por qué importa?

Porque sin información honesta no hay ciudadanía activa, y sin ciudadanía activa no hay democracia real. Este material no busca imponer verdades, sino invitarnos a sospechar con criterio, conversar con respeto y votar con conciencia.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Frantz Fanon a 100 años: pensamiento vivo para la liberación

“Cada generación debe, en una relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.”
— Frantz Fanon

Este 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, psiquiatra, escritor y militante anticolonial nacido en Martinica. A un siglo de su llegada al mundo, su pensamiento no solo conserva una vigencia inusitada, sino que continúa siendo un faro para quienes luchan contra las formas contemporáneas del racismo, el colonialismo y la opresión. Su vida encarna una rara coherencia entre pensamiento y acción, entre la teoría y el compromiso político por la liberación de los pueblos.

Un pensador radical del colonialismo y la subjetividad

Frantz Fanon fue uno de los primeros en articular con profundidad cómo el colonialismo no solo domina territorios, sino que penetra en la psique de las personas colonizadas. En “Piel negra, máscaras blancas” (1952), Fanon exploró cómo el racismo produce una alienación estructural en la subjetividad negra, obligando a las personas a usar “máscaras” impuestas por la cultura blanca dominante para poder sobrevivir. Este texto no es solo un análisis psicológico; es una denuncia ética y política de la deshumanización colonial.

Fanon comprendió el racismo como una tecnología de poder: no es solo un “prejuicio” ni un “error” individual, sino una estructura que sostiene el orden colonial y el capitalismo global. En su lectura, la liberación auténtica no puede venir de reformas superficiales, sino de una ruptura con el sistema que produce esas jerarquías.

La violencia como respuesta: una ética desde los condenados de la tierra

Su obra más influyente, “Los condenados de la tierra” (1961), fue escrita mientras trabajaba con el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Argelia, poco antes de su muerte. Este libro marca una ruptura con los discursos liberales y eurocéntricos sobre el desarrollo y la democracia. Fanon no idealiza la violencia, pero la reconoce como un momento inevitable en los procesos de descolonización, porque el colonialismo mismo se funda en la violencia. La violencia liberadora aparece como una reapropiación de la dignidad y una forma de reconstrucción del sujeto oprimido.

A diferencia del humanismo colonial, que oculta la deshumanización bajo discursos de civilización, Fanon apuesta por un nuevo humanismo, nacido de la lucha y del reconocimiento de la humanidad negada. Es un humanismo insurgente, construido por los de abajo, por quienes han sido despojados de su voz y su cuerpo.

Un compromiso encarnado: Fanon militante

Más allá de sus libros, Fanon fue un hombre profundamente comprometido con la praxis revolucionaria. Renunció a su cargo como psiquiatra del hospital de Blida, en Argelia, al no poder ser cómplice del aparato colonial francés. Se unió activamente al movimiento de liberación argelino, asumió misiones diplomáticas y formó parte de una lucha que no era la “de su pueblo natal”, sino la de todos los pueblos colonizados del mundo.

Este gesto de solidaridad radical –arriesgar la vida por una causa que no es “nacional” sino humana– es parte de la coherencia ética que hace de Fanon una figura ejemplar. No pensaba la revolución como una consigna abstracta, sino como un proceso en el que se arriesga el cuerpo, el tiempo y la vida.

Pensar con Fanon hoy: descolonizar es urgente

Hoy, en un mundo atravesado por nuevas formas de colonialismo —económico, cultural, epistémico y ecológico—, las palabras de Fanon resuenan con fuerza. En América Latina, África y Asia, en los territorios indígenas, en los barrios racializados, en las luchas de las juventudes precarizadas, su llamado a descubrir la misión histórica de cada generación sigue siendo una provocación necesaria.

Descolonizar no es solo un acto académico ni un reclamo simbólico: es una práctica que interpela las estructuras de poder y nuestras formas de vida. Leer a Fanon en este centenario no debe ser un homenaje pasivo, sino una invitación activa a renovar el compromiso con los procesos de emancipación, con los pueblos que luchan, con quienes siguen siendo tratados como desechables por un sistema que jerarquiza vidas.

Fanon vive en cada intento por decir la verdad contra la opresión, en cada gesto de solidaridad activa, en cada comunidad que se organiza para recuperar su autonomía. A 100 años de su nacimiento, su pensamiento nos recuerda que no hay transformación sin riesgo, ni liberación sin conflicto.

Descolonizar también es hacer: más allá del discurso

Frantz Fanon nos alerta con claridad: la descolonización no es una metáfora, ni un giro semántico en los debates académicos. Es una reorganización radical del mundo, una ruptura concreta con los modos de vida, de gobernar, de habitar, de sanar y de educar impuestos por el colonialismo. Por eso, descolonizar implica prácticas vividas, no solo interpretaciones.

En muchos espacios, el discurso descolonial ha sido absorbido por instituciones, universidades y ONGs sin que ello signifique un compromiso real con las luchas de los pueblos. Fanon nos previno de ese peligro: cuando la descolonización se vuelve una moda discursiva sin anclaje en el cuerpo, el territorio y la comunidad, deja de ser una amenaza al orden colonial.

Descolonizar exige recuperar saberes, lenguas, espiritualidades, economías y modos de cuidado propios, en diálogo con las urgencias del presente. Significa desafiar la verticalidad del Estado-nación, cuestionar el monocultivo del pensamiento occidental, denunciar las formas de racismo ambiental, reconstruir la salud desde el cuerpo-territorio, y defender la vida más allá del lucro y la acumulación.

En este sentido, Fanon no es solo un pensador, sino un guía ético-político que exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su legado interpela a quienes luchan por el cambio social: ¿cómo se vive lo que se proclama? ¿Qué prácticas reproducen la colonialidad incluso en espacios que se dicen alternativos? ¿Quiénes deciden y desde dónde?

El pensamiento de Fanon, a 100 años de su nacimiento, nos recuerda que no basta con denunciar el colonialismo: hay que dejar de ser sus funcionarios cotidianos. Descolonizar es también cocinar, sembrar, sanar, enseñar y organizar desde otros lugares, con otros ritmos, con otras palabras.

¿Querés una mirada clara y visual sobre el legado de Frantz Fanon? Preparamos una infografía que resume sus principales ideas, su compromiso militante y por qué su pensamiento sigue siendo clave para las luchas actuales.

Ideal para espacios educativos, colectivos, talleres o para compartir en redes.

Descargala aquí PDFImagen

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¿Democracia ambiental en retroceso? Acceso a la información y el caso costarricense

La reciente publicación de la UNESCO y la CEPAL, El acceso a la información ambiental en América Latina y el Caribe: Síntesis de decisiones de órganos garantes y jurisprudencia seleccionada (2024), plantea una pregunta urgente: ¿cómo se garantiza este derecho en contextos donde la participación ambiental se erosiona y los marcos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, siguen sin ser ratificados?

El informe ofrece un análisis exhaustivo del estado actual del derecho de acceso a la información ambiental en la región, con base en decisiones de tribunales y órganos garantes emitidas entre 2018 y 2023. Su enfoque pone de relieve cómo este derecho no sólo permite el ejercicio de la participación y la justicia ambiental, sino que constituye una herramienta fundamental para proteger otros derechos humanos, como el acceso a la salud, al agua o a un ambiente sano.

Una mirada regional: avances desiguales y desafíos comunes

El estudio muestra que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han reconocido el derecho de acceso a la información en sus constituciones o leyes, y muchos han adoptado marcos legales específicos. No obstante, la implementación efectiva es altamente desigual.

Pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en 2021, sólo 15 países lo han ratificado. Su adopción es crucial: se trata del primer tratado ambiental regional que vincula el derecho a la información con la participación pública y la justicia ambiental, y que reconoce de forma explícita la protección de personas defensoras del ambiente.

El informe destaca buenas prácticas y avances en jurisprudencia en varios países, pero también evidencia obstáculos persistentes: barreras burocráticas, falta de información en formatos accesibles, uso abusivo de excepciones, e incluso negación sistemática a entregar información de interés público. Esto es especialmente grave en contextos de extractivismo, urbanización desordenada o conflictos socioambientales.

El caso costarricense: discursos verdes, prácticas opacas

En Costa Rica, el derecho de acceso a la información ambiental está reconocido en decretos y en la Ley Orgánica del Ambiente, pero no existe una ley integral sobre acceso a la información pública ni se ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Esto contrasta con su reputación internacional como referente ambiental.

El informe subraya que sin marcos legales robustos y mecanismos independientes de garantía, este derecho se diluye. La ausencia del Acuerdo de Escazú deja un vacío normativo importante, especialmente en lo relativo a:

  • Estándares claros de acceso y entrega de información.
  • Participación efectiva en decisiones que afectan territorios.
  • Protección específica para personas defensoras.

En los últimos años, Costa Rica ha visto una disminución progresiva de espacios formales de participación ambiental, aumento de conflictos territoriales no transparentados y casos de criminalización de liderazgos comunitarios. Todo esto profundiza la desconfianza hacia las instituciones y debilita los mecanismos democráticos.

¿Qué aporta el informe?

El documento de UNESCO y CEPAL ofrece:

  • Un marco normativo actualizado (internacional, regional y nacional).
  • Conceptos clave como “transparencia activa”, “principio de máxima publicidad” o “grupos en situación de vulnerabilidad”.
  • Una selección de decisiones judiciales y administrativas que amplían el alcance del derecho a la información ambiental.
  • Recomendaciones para mejorar la legislación, fortalecer la institucionalidad garante y garantizar el acceso universal y equitativo a la información.
Democracia ambiental: mucho más que buenas intenciones

A la luz del informe, se vuelve evidente que el debilitamiento institucional de la participación ambiental, junto con la opacidad de decisiones clave sobre el uso del territorio, profundizan las brechas de justicia ambiental.

Costa Rica tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de dar pasos firmes hacia una democracia ambiental real: con información abierta, participación sustantiva y protección efectiva para quienes defienden los bienes comunes.

Porque como señala el informe:

“El acceso a la información ambiental no es un fin en sí mismo, sino un medio esencial para ejercer otros derechos, proteger el ambiente y construir un desarrollo verdaderamente sostenible.”

¿Qué significa realmente el acceso a la información ambiental? ¿Por qué es clave para proteger nuestros territorios y ejercer nuestros derechos?

A partir del informe de la UNESCO y la CEPAL, preparamos una infografía con conceptos esenciales, ideas fuerza y los principales aportes del documento. Un recurso útil para estudiantes, organizaciones, activistas y cualquier persona interesada en la justicia ambiental.

Explorá, compartí y usala como punto de partida para seguir defendiendo el derecho a saber… y a decidir.

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Glosario esencial sobre acceso a la información ambiental

1. Información ambiental
Todo dato sobre el estado del medio ambiente, recursos naturales, riesgos ambientales, impactos reales o potenciales, así como medidas de protección, gestión o normativa ambiental.

2. Acceso a la información
Derecho de toda persona a solicitar y recibir información pública, sin necesidad de justificar su interés. Aplica tanto a instituciones estatales como a otras entidades obligadas por ley.

3. Transparencia activa
Obligación del Estado de generar y difundir información ambiental de forma sistemática, oportuna, accesible y comprensible, sin necesidad de que haya una solicitud previa.

4. Transparencia pasiva
Derecho de las personas a obtener información ambiental cuando la solicitan expresamente, y deber del Estado de entregarla dentro de plazos establecidos.

5. Principio de máxima publicidad
Todo lo que no esté expresamente clasificado como reservado debe ser público. Las excepciones deben ser limitadas, proporcionales y justificadas.

6. Sujetos obligados
Entidades públicas (y en algunos casos privadas) que tienen la obligación de proporcionar información ambiental bajo su control, como ministerios, municipios, empresas concesionarias, etc.

7. Grupos en situación de vulnerabilidad
Poblaciones que enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos, como pueblos indígenas, personas defensoras ambientales, mujeres rurales o personas en zonas remotas. El acceso debe garantizarse con medidas diferenciadas.

8. Acuerdo de Escazú
Primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Incluye también la protección de personas defensoras.

9. Justicia ambiental
Acceso equitativo a los beneficios del ambiente y a la posibilidad de reclamar ante afectaciones. Implica garantizar el derecho a un ambiente sano con perspectiva de derechos humanos.

10. Derecho a un ambiente sano
Derecho reconocido en la mayoría de constituciones de América Latina. Es base para la vida digna y para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

11. Evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
Instrumentos técnicos y legales para analizar los efectos de un proyecto o actividad sobre el ambiente. Su acceso es clave para la participación pública informada.

12. Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (Escazú)
Órgano no judicial ni punitivo que acompaña a los Estados Parte en la implementación del Acuerdo de Escazú, promoviendo buenas prácticas y cooperación.

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Rebelión Popular en Panamá: Voces desde la Resistencia

El pasado sábado 5 de julio, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) organizó un conversatorio virtual e híbrido para analizar la crítica situación social y política que atraviesa Panamá. La actividad reunió a destacadas voces del pensamiento y la militancia latinoamericana: Giovanni Beluche (académico y dirigente sindical), Priscilla Vásquez (Propuesta Socialista Panamá – UIT-CI), David Morera (PRT Costa Rica – Sección de la Liga Internacional Socialista), y Paola Zeledón (Pan y Rosas / La Izquierda Diario).

El evento abordó el contexto de movilización social panameña que ha estallado en respuesta al intento de reinstalar un proyecto minero rechazado por el pueblo, la criminalización de luchadores sociales, la crisis del sistema de pensiones, y la represión brutal encabezada por el gobierno de José Raúl Mulino. Las ponencias destacaron la valentía del pueblo panameño frente a un modelo neoliberal autoritario, apoyado por el imperialismo estadounidense y respaldado por sectores empresariales locales.

Los y las expositoras señalaron que la ofensiva represiva no ha logrado apagar la llama de una rebelión que articula a trabajadores bananeros, docentes, estudiantes, pueblos indígenas y sectores urbanos en lucha. También se enfatizó el papel de la solidaridad internacional, la importancia de rechazar cualquier salida burguesa a la crisis y la necesidad de construir alternativas políticas desde abajo, con independencia de clase.

Durante la actividad, se recordó el legado de resistencia de Panamá y se denunció la instalación encubierta de bases militares, la impunidad de la clase política y la violencia ejercida contra mujeres y comunidades originarias. En un ambiente de análisis crítico y compromiso militante, se reiteró el llamado a romper el cerco mediático y a sostener activamente la solidaridad desde Centroamérica y más allá.

Este encuentro fue una muestra clara de que las luchas en Panamá no son locales ni aisladas: son parte de una batalla continental contra el autoritarismo, el saqueo y la subordinación imperialista. Y como afirmó uno de los panelistas, “la clase trabajadora panameña ha dado un ejemplo a todo el continente: la lucha no ha terminado, apenas comienza”.

Panamá hoy: entre la resistencia popular y el endurecimiento autoritario

La situación actual en Panamá es el resultado de una profunda crisis del modelo neoliberal impuesto desde hace décadas, agudizada por un gobierno que responde a los intereses del capital transnacional y del imperialismo estadounidense. Bajo la administración de José Raúl Mulino, el país ha entrado en una etapa de represión abierta, concentración del poder y despojo de derechos sociales, especialmente contra quienes se movilizan.

En los últimos meses, Panamá ha vivido un levantamiento popular multisectorial sin precedentes recientes. Las calles han sido ocupadas por educadores, estudiantes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, movimientos feministas y ambientalistas. Las demandas han sido claras: derogación de la Ley 421 que precariza las pensiones, rechazo a la reapertura del proyecto minero Cerro Colorado, defensa del río Indio frente a la amenaza de embalses, y oposición a la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en suelo panameño.

Estas luchas, sin embargo, han sido enfrentadas con una brutal represión de Estado. Se han documentado detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, desapariciones y asesinatos, especialmente contra mujeres, jóvenes y personas indígenas. Sindicatos combativos como el SUNTRACS han sido criminalizados, y líderes sociales enfrentan persecución, exilio o prisión. La represión no solo busca desarticular las protestas, sino también imponer miedo como estrategia política.

A pesar de este contexto, la lucha panameña ha demostrado una resiliencia histórica. Las raíces de esta resistencia se hunden en procesos previos: la gesta por la recuperación del Canal, la lucha contra la invasión militar estadounidense de 1989, y las huelgas sindicales de las últimas décadas. Hoy, esa memoria vuelve a florecer en un pueblo que no está dispuesto a ser silenciado.

Esta crisis también expone el agotamiento del modelo político panameño: un sistema profundamente desigual, sin garantías democráticas reales, y con una economía que favorece a una élite oligárquica mientras más del 50% de la población vive en condiciones de informalidad y pobreza. La supuesta “prosperidad panameña”, muchas veces mostrada como ejemplo por organismos financieros, esconde una profunda fractura social, especialmente en las zonas rurales, indígenas y empobrecidas.

En este contexto, las movilizaciones no solo son un acto de defensa: son una apuesta por un nuevo horizonte democrático y popular. La lucha en Panamá interpela al resto de Centroamérica y del continente, recordándonos que frente al avance del autoritarismo y el capital, la unidad, la solidaridad y la organización desde abajo son la clave para sostener la esperanza y abrir caminos nuevos.

La protesta social: bien común que teje comunidad e identidad

Más allá de la coyuntura panameña, el encuentro impulsado por el PRT permitió reflexionar sobre un aspecto fundamental para los pueblos de Nuestra América: la protesta social como un bien común. En un contexto de creciente autoritarismo y criminalización de la disidencia, la protesta no es solo un derecho: es una práctica colectiva que crea vínculos, fortalece identidades populares y reconstruye lo común en medio de la fragmentación impuesta por el modelo neoliberal.

Las voces participantes en el conversatorio subrayaron que las luchas que hoy movilizan a docentes, comunidades indígenas, trabajadores bananeros, juventudes y mujeres en Panamá no surgen del vacío: brotan de una memoria colectiva de dignidad y organización que se actualiza en cada marcha, huelga o bloqueo. Así, la protesta se convierte en territorio simbólico y afectivo, donde el pueblo se reconoce, se encuentra, y reafirma su potencia transformadora.

Proteger y acompañar estas expresiones es fundamental. No solo porque enfrentan regímenes autoritarios, sino porque son semillas de otro mundo posible, donde los pueblos no se resignan al despojo ni a la obediencia, sino que reafirman su derecho a decidir sobre su destino y sobre los bienes comunes que sostienen la vida.

Desde esta mirada, la protesta social es parte del patrimonio vivo de los pueblos, una fuente de aprendizaje democrático, un acto de cuidado mutuo y una herramienta esencial para la defensa de la justicia social, ambiental y territorial.

Tejiendo puentes: el valor político de los conversatorios internacionales

La realización de este tipo de encuentros por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica no es un gesto menor. En medio de un contexto regional marcado por el avance de proyectos autoritarios, la fragmentación social y la criminalización de la protesta, generar espacios de diálogo entre pueblos y organizaciones representa un acto profundamente político y necesario.

Este conversatorio sobre la situación en Panamá no solo brindó información y análisis de coyuntura. También permitió fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña de las resistencias, haciendo visibles las conexiones que existen entre las luchas sociales en ambos países y en toda la región. En un momento en que el capital y el autoritarismo avanzan de manera transnacional, la solidaridad y la articulación desde abajo también deben ser internacionales.

El hecho de que una organización costarricense convoque y escuche activamente a voces panameñas en lucha –y que lo haga con una perspectiva crítica, desde la independencia de clase y el internacionalismo– es una apuesta por construir tejidos de confianza, memoria compartida y acción común. Estos espacios permiten que quienes resisten en un territorio sepan que no están solos ni aislados, y que su lucha resuena más allá de las fronteras impuestas.

Además, fortalecen la pedagogía política popular: invitan a reflexionar, a cuestionar el modelo dominante, y a ensayar nuevas formas de organización y acompañamiento entre pueblos. Son, en sí mismos, actos de construcción de lo común continental, donde la palabra, la escucha y la reflexión se convierten en herramientas para la emancipación colectiva.

En tiempos donde los gobiernos endurecen sus fronteras y los medios silencian la protesta, la iniciativa de espacios como estos se vuelve un gesto urgente de cuidado político, de memoria viva y de apuesta estratégica por una América Latina unida desde sus luchas, no desde los discursos institucionales.

Sede-CorteIDH

Opinión histórica de la Corte IDH: El cambio climático también es un asunto de derechos humanos

Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva que establece, de forma contundente, que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas frente a la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Se trata de la Opinión Consultiva OC-32/25, solicitada por Chile y Colombia, y adoptada el pasado 29 de mayo de 2025.

¿Por qué es tan importante esta resolución?

Porque convierte el cambio climático en un asunto jurídico que exige acción estatal urgente, equitativa y con enfoque de justicia social. La Corte interpreta por primera vez cómo los derechos humanos —como el derecho a la vida, salud, agua, vivienda, participación y medio ambiente sano— deben ser protegidos en el contexto del colapso climático.

No se trata de una opinión simbólica. Es un hito en el derecho internacional, que puede transformar políticas públicas, marcos legislativos y litigios climáticos en toda América Latina y el Caribe.

Puntos clave de la Opinión OC-32/25

Reconocimiento del derecho a un clima sano como parte del derecho a un ambiente sano, y su relación directa con la protección de la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, la cultura y la participación.

El deber reforzado de los Estados de prevenir daños ambientales irreversibles, bajo estándares de debida diligencia, protección intergeneracional y equidad climática.

Los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, rurales, insulares, niñez y personas defensoras del ambiente son reconocidos como sujetos de protección diferenciada.

El principio pro persona y el enfoque interseccional deben guiar toda política climática nacional e internacional.

La Corte afirma que el derecho a defender los derechos humanos incluye la defensa del ambiente, y exige que los Estados protejan a quienes realizan esta labor.

Un llamado al compromiso urgente

La Corte deja claro que ningún Estado puede seguir posponiendo la acción climática. La omisión también es responsabilidad. Desde ahora, los Estados de América deben garantizar que sus planes climáticos estén alineados con sus obligaciones en derechos humanos.

Esta opinión no solo refuerza el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París, sino que ofrece una herramienta jurídica poderosa para que comunidades, movimientos y defensoras del territorio exijan justicia climática con base en el derecho interamericano.

¿Cómo podemos usar esta Opinión?

Como base para impulsar reformas legales y constitucionales.

Para exigir planes climáticos ambiciosos y con justicia social.

Para acompañar litigios climáticos y acciones de defensa ambiental.

Para fortalecer la protección de quienes defienden la vida, los ríos, los bosques y la soberanía alimentaria.

Esta resolución debe ser leída, compartida y exigida. En un contexto de crisis climática, la defensa de los derechos humanos pasa por proteger la vida en todas sus formas. Esta Opinión Consultiva es una brújula para quienes construyen justicia ambiental y democracia desde los territorios.

“El derecho a un clima sano no es una utopía: es un derecho exigible, aquí y ahora.”

¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué implica esta Opinión para Costa Rica?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica. Su función es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también conocida como el Pacto de San José).

Además de resolver casos contenciosos entre personas y Estados, la Corte puede emitir opiniones consultivas, que son interpretaciones jurídicas solicitadas por los Estados o instituciones del sistema interamericano. Estas opiniones son vinculantes en su contenido interpretativo y orientan a todos los países de la región sobre cómo deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

¿Por qué esto importa para Costa Rica?

Costa Rica:

Es Estado Parte de la Convención Americana desde 1970.
Reconoce la competencia de la Corte IDH desde su creación.
Aloja la sede de la Corte y ha sido uno de sus impulsores históricos.

La Opinión Consultiva OC-32/25 obliga al Estado costarricense a revisar sus políticas climáticas, normativas ambientales, planes de ordenamiento territorial y mecanismos de participación, para asegurar que estén alineados con los estándares de derechos humanos.

Esto implica, por ejemplo:

Garantizar transparencia y acceso a información climática.

Reconocer y proteger los derechos de comunidades en riesgo.

Prevenir daños ambientales irreversibles mediante una debida diligencia reforzada.

Promover participación real y efectiva, incluyendo a pueblos indígenas y comunidades rurales.

En síntesis, esta opinión no es simbólica: es un mandato jurídico y político que Costa Rica debe atender activamente.

Bienes comunes y justicia climática: una lectura desde la Opinión de la Corte

La emergencia climática no es solo una crisis ambiental, es una crisis de modelo. En el fondo, pone en disputa la forma en que se organizan los bienes comunes: agua, aire, bosques, biodiversidad, clima. La Opinión OC-32/25 de la Corte Interamericana es clara al respecto: los Estados deben proteger la Naturaleza no solo como recurso, sino como sujeto de derechos.

Esto desafía el modelo de desarrollo dominante, basado en la explotación ilimitada de territorios, cuerpos y ecosistemas. Reconocer que el clima, el agua o la biodiversidad son bienes comunes implica cambiar la relación entre las personas, el Estado y el entorno.

¿Qué aporta esta Opinión a esa reflexión?
  • Afirma que el derecho a un ambiente sano incluye la protección del sistema climático global.

  • Reconoce el principio de justicia intergeneracional, señalando que los Estados deben proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.

  • Declara la naturaleza de jus cogens (norma imperativa) de la obligación de no causar daños irreversibles al ambiente.

  • Abre el camino para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, algo que comunidades indígenas han defendido desde hace siglos.

Entonces, ¿qué significa defender los bienes comunes hoy?

Significa defender el derecho a vivir, decidir y cuidar colectivamente lo que hace posible la vida. Significa que las políticas climáticas no pueden seguir dictadas por intereses privados, sino por criterios de justicia ecológica y social. Esta Opinión fortalece las luchas que, desde abajo, ya lo vienen diciendo: no hay derechos humanos sin derechos de la Naturaleza.

“Frente a un planeta en llamas, proteger los bienes comunes es una acción radicalmente democrática.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado un precedente histórico al emitir la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que afirma que los Estados tienen obligaciones claras e inmediatas para enfrentar la emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos. Esta infografía presenta los principales elementos de esta decisión: qué implica, a quién protege, qué responsabilidades genera para países como Costa Rica, y por qué representa un paso crucial hacia la justicia climática en nuestra región. Porque el clima, la vida y los derechos humanos están profundamente entrelazados.

PDFImagen

📌 Consulta el texto completo aquí:
🔗 Opinión Consultiva OC-32/25 – Corte IDH
📌 Resumen de preguntas planteadas por Chile y Colombia:
🔗 Solicitud original

Nota web: Amnistía Internacional. (4 de julio de 2025). Corte Interamericana marca un hito en la lucha por la justicia climática en el mundo [Comunicado de prensa]. Recuperado de https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2025/07/corte-idh-marca-hito-en-la-lucha-por-justicia-climatica/

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Dignidad Indígena en Resistencia: El Legado de Presbere y Saldaña

El Colectivo Antonio Saldaña, con profundo respeto por la historia viva de los pueblos indígenas de Talamanca, participó este sábado 5 de julio en una conmemoración en honor a dos figuras fundamentales de la resistencia indígena en Costa Rica: Pablu Presbere y Antonio Saldaña. Más que una evocación del pasado, esta actividad es un llamado a reconocer la memoria como fuerza política, como herramienta de lucha y como raíz viva de los pueblos que siguen defendiendo su existencia con dignidad.

Presbere y Saldaña no son solo nombres en la historia. Son rostros de una resistencia que no ha sido derrotada. Presbere, líder de la rebelión indígena de Talamanca en 1709- 1710, se levantó contra el sistema de misiones y el poder colonial español que pretendía someter a los pueblos a la evangelización forzada, al despojo cultural y a la militarización de los territorios. Su captura, tortura y ejecución pública buscaban enviar un mensaje de escarmiento, pero su gesta se convirtió en símbolo de la defensa de la autonomía, de la espiritualidad propia y del derecho a decidir cómo habitar la tierra.

Antonio Saldaña, último rey bribri, asesinado en 1910, resistió un nuevo ciclo de colonización: el avance del Estado-nación costarricense y el poder de las compañías bananeras, que con alianzas políticas e intereses extranjeros pretendían absorber el territorio indígena para sus proyectos económicos. Saldaña no fue una figura folklórica ni decorativa: fue un articulador político, un líder que tejió alianzas y defendió la continuidad de su pueblo frente al empuje del capital y la lógica republicana que negaba la existencia de otras formas de gobierno y de vida.

Ambos líderes encarnan historias de lucha, pero también denuncian un silencio: el silencio impuesto por los discursos oficiales de la historia, por un sistema educativo que celebra a Juan Santamaría o Juan Rafael Mora, pero oculta sistemáticamente a quienes resistieron el colonialismo y el despojo en sus múltiples formas. Esta invisibilización no es casual: responde a un proyecto de país que sigue sin reconocer a sus pueblos originarios como sujetos políticos, territoriales y culturales con derechos plenos.

La memoria colectiva, entonces, no es un ejercicio nostálgico ni una pieza de museo. Es un acto de justicia y de lucha. Recordar a Presbere y Saldaña es recuperar claves para entender el presente: la continuidad del racismo estructural, el despojo territorial, la criminalización de defensores indígenas, el abandono estatal y la resistencia diaria de quienes defienden sus ríos, sus montañas, su lengua y su forma de vida. Es también una crítica a la idea de progreso que sigue negando el valor de lo indígena, de lo comunal, de lo no blanco, de lo no occidental.

Por ello, desde el Colectivo Antonio Saldaña se propone declarar el 4 de julio como Día de la Resistencia Indígena en Costa Rica. Se solicita al Ministerio de Educación Pública la inclusión de las gestas de Presbere y Saldaña en los programas de estudio, así como la elaboración de materiales didácticos interculturales que permitan a niñas, niños y jóvenes conocer las raíces de un país que no nació homogéneo ni mestizo, sino profundamente diverso. También se plantea al Ministerio de Cultura y Juventud la creación de réplicas del Museo de Talamanca en los territorios indígenas, para que sean los propios pueblos quienes cuenten su historia desde sus voces, símbolos y lenguajes.

Reivindicar estas memorias es romper con siglos de ocultamiento. Es descolonizar la historia y abrir camino hacia una sociedad donde la justicia y la dignidad no dependan del origen, el idioma o la espiritualidad. Que Pablu Presbere y Antonio Saldaña no sean más héroes silenciados, sino semillas vivas de una resistencia que florece en la defensa del territorio, la cultura y la vida misma.

Autonomía, memoria y territorio: el camino que seguimos caminando

Cerrar esta conmemoración no es poner punto final, sino reafirmar un compromiso. En contextos marcados por el racismo, la exclusión estructural y el despojo sistemático, la organización autónoma de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un acto de resistencia profunda. Es en esa autonomía donde florece la fuerza para defender el territorio, cuidar la memoria colectiva y construir caminos propios hacia la vida digna.

En ese horizonte se inscribe la labor del Colectivo Antonio Saldaña, que desde Talamanca impulsa procesos de revitalización cultural, denuncia del olvido histórico e incidencia política con perspectiva comunitaria. A través de su accionar, el colectivo no solo mantiene viva la memoria de líderes como Presbere y Saldaña, sino que actualiza su legado en la defensa cotidiana de los derechos territoriales, la autonomía organizativa y la dignidad de los pueblos.

Este colectivo es ejemplo de cómo la memoria no se queda en la nostalgia, sino que se vuelve herramienta para disputar sentidos, abrir espacios y sembrar futuros. Es desde abajo, desde los territorios, donde se están escribiendo las páginas más honestas de transformación social en nuestro país.

Honramos hoy no solo a quienes resistieron hace siglos, sino a quienes siguen resistiendo con sabiduría, coraje y propuesta. Que este ejercicio de conmemoración se multiplique en acciones, alianzas y políticas que reconozcan lo que por justicia corresponde: el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su presente y su porvenir.

Porque sin autonomía, no hay justicia. Sin memoria, no hay futuro. Y sin territorio, no hay vida.

¿Qué entendemos por resistencia indígena? Una mirada desde Abya Yala

Hablar de resistencia indígena en América Latina y el Caribe no es solo mirar al pasado: es reconocer una lucha continua, profunda y diversa contra la colonización, el racismo y el despojo. Desde el primer momento en que los pueblos originarios enfrentaron la invasión europea, comenzó un proceso de defensa de sus territorios, culturas, lenguas, cosmovisiones y formas de vida.

En muchos casos, como en Talamanca, la resistencia no fue derrotada. Se transformó, se replegó, se expresó en rebeliones abiertas como las de Pablu Presbere o en procesos políticos como los liderados por Antonio Saldaña. Pero también continúa en las luchas actuales por el derecho a la tierra, la autonomía, el acceso a la educación y la salud desde perspectivas propias, y la preservación de la madre tierra frente al extractivismo y el neoliberalismo.

 

Desde el altiplano andino hasta la selva amazónica, desde el Caribe afroindígena hasta el Cono Sur, los pueblos originarios han tejido una resistencia viva que no se limita a sobrevivir, sino que propone otras formas de habitar el mundo. Hoy, en tiempos de crisis climática, colapso social y despojo territorial, su palabra y su lucha se vuelven aún más urgentes para todos los pueblos.

Reconocer esta historia en Costa Rica —a través de figuras como Presbere y Saldaña es también reconocernos como parte de una memoria colectiva de lucha anticolonial, que no ha terminado y que sigue llamándonos a defender la vida con dignidad.

Referencias:

Solórzano Fonseca, Juan Carlos. (2011). La rebelión de los indígenas bajo la dirección de Pablo Presbere (Talamanca 170S-1710). Cuadernos de Antropología, (21), 1–38.

 Universidad de Costa Rica. https://doi.org/10.15517/c.a.v0i21.5482

Díaz Arias, David, C Solórzano Fonseca, Juan Carlos. (s.f.). Conquista, colonización y resistencia indígena en Costa Rica. Universidad de Costa Rica.

Galería

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
Pablo-Presbere

Presente vivo, memoria que lucha: conmemoramos a Pablo Presbere y Antonio Saldaña

Esta nota fue elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña, como parte de los esfuerzos por mantener viva la memoria, el legado y las luchas de nuestros líderes y lideresas ancestrales.
Porque resistir también es recordar, escribir y compartir desde nuestras voces.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Día de Pablu Presbere, símbolo de resistencia y dignidad de los pueblos originarios.

“Para el pueblo bribri, no es un aniversario lo que celebramos. Es nuestra forma de vivir. Es memoria en acción, cada día, cada río, cada palabra que guardamos.”

En el corazón del territorio, seguimos caminando con el legado de nuestros grandes líderes: Pablo Presbere y Antonio Saldaña, quienes hasta hoy, siguen retumbando como símbolo de resistencia y compromiso con la vida. No los recordamos sólo por lo que hicieron, sino por lo que somos gracias a ellos.

Para muchos de nosotros, este territorio sigue siendo un paraíso natural. Vivimos dentro de un tesoro que heredamos y cuidamos porque nuestros ancestros lucharon por él. Ese legado no está en los libros, ni en papeles; está en la montaña, en los ríos, en la medicina, en las casas, en la comida, en el idioma… en todo lo que es nuestro y que aún respiramos.

Conmemoramos a Pablo Presbere no como una fecha aislada, sino como un acto continuo de resistencia y amor. Su lucha permitió que las generaciones actuales vivamos con más dignidad, con menos miedo y con más raíz.

No es fácil explicarlo, porque no es una historia que se dice: es un sentimiento que se vive todos los días. Porque para nosotros, no basta con predicar; lo que importa es accionar. Y accionar es cuidar la memoria, guardar la cultura, proteger el idioma, fortalecer los clanes, y mantener viva la esencia bribri.

Por eso existe el Colectivo Antonio Saldaña: como un espacio para seguir tejiendo esa memoria viva. Desde nuestros territorios, acompañamos procesos comunitarios, fortalecemos el conocimiento ancestral y defendemos la dignidad del pueblo bribri frente a las amenazas del olvido, la discriminación y la imposición cultural. Nuestra labor no es académica ni institucional: es espiritual, política y comunitaria. Nos mueve el compromiso con nuestras raíces y con las generaciones que vienen.

A través de encuentros, caminatas, reflexiones colectivas y acciones de defensa territorial, el colectivo busca mantener encendida la llama de lo que somos. Cada actividad es un acto de resistencia. Cada palabra en bribri, cada historia recuperada, cada joven que decide caminar con orgullo su identidad, es parte de esa lucha. No trabajamos solos: caminamos con los mayores, con las mujeres sabias, con los niños y niñas, con quienes sueñan un territorio libre y pleno. Porque la memoria no se hereda por sangre, sino por acción colectiva.

El legado de lucha no se hereda en papeles, sino en actos

El sistema que nos rodea ha tratado de borrar este legado. Nos dicen que el idioma bribri no sirve para encontrar trabajo, que nuestras medicinas no tienen valor, que nuestras formas de vida son atraso. Nos enseñan a olvidar. Pero nosotros sabemos que no es casualidad: es parte de un sistema que busca nuestra desaparición cultural.

Hoy, no hay balas ni cadenas como en el pasado, pero hay una muerte lenta: al idioma, a la identidad, a la medicina, a la educación propia. Lo sentimos cuando a las personas jóvenes les cuesta mantener el idioma. Cuando se nos dice que el buen vivir bribri, ya no sirve. Cuando se nos empuja a abandonar nuestras formas de conocimiento por otras impuestas.

Resistencia cotidiana, memoria para cuatro generaciones

En la tradición bribri, existe una norma profunda: cada generación tiene el deber de guardar, cuidar y conservar para su cuarta generación. Lo que hoy hacemos no es para nosotros, es para quienes vendrán. Nuestros abuelos lo hicieron por nosotros. Hoy, nos toca a nosotros hacerlo también.

Por eso, seguimos luchando. Contra el olvido. Contra las empresas. Contra instituciones públicas que no reconocen nuestra existencia. Seguimos luchando para que nuestras raíces no se corten.

Celebramos porque vivimos

El día de Pablo Presbere no es una efeméride más. Es una reafirmación de vida. Un acto político y espiritual. Es recordar que no somos un pueblo vencido. Que seguimos aquí, sembrando memoria, cuidando el territorio, hablando nuestro idioma, resistiendo con dignidad.

Gracias a quienes acompañan esta lucha. Gracias a quienes nos ayudan a escribir, a quienes escuchan. Este camino no es fácil, pero está lleno de sentido. Y como decimos entre nosotros:

“No tenemos todo escrito, pero lo guardamos en la memoria.”

Educación sin memoria propia: ¿cuál historia estamos enseñando?

Hablar del legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña no es sólo recordar el pasado: es exigir que su historia sea contada desde nuestra propia voz, desde la cosmovisión bribri y no como una «versión alternativa» dentro de los márgenes del sistema educativo nacional.

Cuando el Ministerio de Educación Pública (MEP) reduce nuestras memorias a un párrafo en los libros o las convierte en un relato exótico dentro de un temario oficial, lo que está haciendo es reproducir el colonialismo epistemológico. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y desde dónde se dice.

La historia de Pablo Presbere, por ejemplo, suele contarse desde una visión nacionalista y oficialista, donde se le reconoce como un “líder indígena rebelde”, pero sin profundizar en su rol como defensor del territorio, la espiritualidad bribri y el derecho a la autodeterminación. Es una historia despolitizada, neutralizada, vaciada de su raíz.

Esto fortalece formas sutiles (y no tan sutiles) de racismo y colonialismo, porque le dice a la niñez y juventud indígena que su forma de ver el mundo no tiene lugar en la escuela.

Que su idioma, sus luchas y sus memorias no son ciencia ni historia, sino «cultura», algo menor, anecdótico.

El resultado es una fractura profunda entre el conocimiento escolar y el conocimiento comunitario, entre la historia enseñada y la historia vivida. Esa ruptura alimenta el desarraigo, el olvido y, en última instancia, la desaparición de formas de vida que han sostenido estos territorios por siglos.

Por eso, no basta con nombrar a Pablo Presbere en el currículo escolar. Lo urgente es transformar la educación pública para que reconozca y respete las memorias desde dentro, no como añadidos, sino como parte del corazón mismo de lo que entendemos por conocimiento, historia y dignidad.

La memoria no es un favor. Es un derecho. Y su negación es otra forma de violencia colonial.

¿Quién fue Antonio Saldaña?

Antonio Saldaña fue el último rey del pueblo indígena de Talamanca, una figura de liderazgo comparable a un guía o autoridad ancestral en su comunidad. Su papel fue crucial en la defensa de la cultura, las tierras y los derechos de su pueblo frente a la expansión de intereses externos, especialmente de compañías bananeras.
 
Según la historia, Saldaña fue asesinado en 1910 en circunstancias no completamente esclarecidas. Se dice que fue envenenado durante una actividad social, en un acto de traición impulsado por quienes veían en su resistencia una amenaza a sus intereses económicos.
 
Su muerte representó un duro golpe para la lucha indígena, pero su legado sigue vivo como símbolo de resistencia y dignidad para los pueblos originarios de la región.
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Universidad para la vida en tiempos de Congreso: leer la realidad, transformar el presente

En el marco del Congreso Universitario que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica, desde el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra queremos sumar nuestra voz con una convicción firme: la universidad pública no puede seguir alejada de los dolores, desafíos y esperanzas del país real.

Durante los últimos años, desde este Observatorio hemos acompañado procesos de investigación, reflexión y acción pedagógica que interpelan directamente el papel de las universidades públicas. Lo hemos hecho no desde la teoría abstracta, sino desde el territorio, desde las luchas de comunidades por la defensa del agua, la tierra, la educación y la vida.

Inspirados en pensadores y experiencias profundamente comprometidas como las de Ignacio Ellacuría, Carlos Rodrigues Brandão, Miguel Escobar Guerrero y Merary Beatriz Vieyra Carmona, hemos defendido una universidad que no sea neutral ni funcional al poder, sino enraizada en el presente histórico que habitamos, crítica de sus propias estructuras, y capaz de sembrar esperanza en tiempos de incertidumbre.

¿Qué universidad soñamos?
Una universidad que:
  • Lea la realidad con ojos críticos y afectivos, reconociendo las desigualdades, los silencios y las resistencias que atraviesan nuestras aulas y comunidades.

  • Sea conciencia crítica del país, como proponía Ellacuría, poniéndose del lado de quienes enfrentan la injusticia estructural.

  • Forme personas comprometidas con la vida colectiva, y no solo profesionales para el mercado.

  • Valore los saberes populares, comunitarios y territoriales, y los integre en un diálogo horizontal con el conocimiento académico.

  • No tema incomodar al poder, y se atreva a decir la verdad, incluso cuando duela o resulte incómoda para los intereses hegemónicos.

📚 Desde nuestras publicaciones como Universidades públicas: bienes de consumo o bienes para la vida, La universidad como fuerza transformadora” y Leer la realidad en el aula, hemos insistido en que la universidad debe dejar de reproducir privilegios y transformarse en una plataforma para la construcción colectiva de los bienes comunes sociales y culturales: el conocimiento, la justicia, la salud, el agua, la democracia, la educación misma.

Hoy más que nunca, la universidad pública enfrenta un contexto adverso: presiones neoliberales, desfinanciamiento, tecnocratización, y pérdida de sentido institucional. Frente a esto, el Congreso Universitario no puede convertirse en un mero trámite burocrático. Debe ser un momento de revisión ética y política sobre el papel de la UCR en la sociedad costarricense.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes decimos con claridad:
Otra universidad es posible. Pero sólo si está dispuesta a escucharse, incomodarse, y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.

En cada aula que se abre al conflicto, en cada docente que transforma su práctica, en cada estudiante que se atreve a preguntar desde la dignidad y el deseo de justicia, allí vive la universidad que defendemos.

Hoy, como ayer, seguimos sembrando universidad desde abajo. Con memoria, con cuerpo, con comunidad.

Descolonizar la universidad: el horizonte de la educación popular

Uno de los desafíos más profundos que enfrenta la universidad pública hoy es el de descolonizar sus estructuras, sus saberes y sus prácticas. Este no es un problema externo, ni únicamente epistemológico: es también político, histórico y ético. En contextos como el costarricense y latinoamericano, la universidad ha sido muchas veces una institución que, sin quererlo o defendiéndolo, reproduce lógicas de exclusión, jerarquías coloniales del saber y formas elitistas de entender el conocimiento.

Frente a esto, la educación popular aparece como una brújula transformadora. Inspirada en experiencias como las de Paulo Freire y reconfigurada por docentes, artistas y educadores/as comunitarios como Miguel Escobar Guerrero o Merary Vieyra, la educación popular rompe con la lógica bancaria, y propone una pedagogía situada, afectiva, colectiva y profundamente democrática.

En nuestras aulas y territorios, apostar por una educación popular en el ámbito universitario implica:

  • Reconocer que no todos los saberes están en los libros, ni todas las voces tienen el mismo acceso al aula.

  • Valorar la palabra que nace del cuerpo, del territorio y de la experiencia vivida.

  • Abandonar la neutralidad como excusa del privilegio, y tomar postura crítica ante las desigualdades estructurales.

  • Convertir el conflicto en materia pedagógica y la digna rabia en impulso transformador.

  • Leer el mundo no para explicarlo desde afuera, sino para transformarlo con quienes lo habitan y resisten.

Descolonizar la universidad también es romper con el mito de la universalidad del saber académico y abrirse a una pluralidad de conocimientos, memorias, lenguas, espiritualidades y formas de construir verdad.

Como plantea el cuaderno Leer la realidad en el aula, educar no es transmitir contenidos, es leer lo que duele, lo que sueña y lo que resiste. Y hacerlo desde una universidad que se atreva a incomodarse, a desaprender, y a construir con otros mundos posibles.

En este Congreso Universitario, urge que la UCR se mire críticamente y se atreva a caminar hacia una universidad verdaderamente popular, anticolonial y comprometida con los bienes comunes. La educación popular no es una metodología más: es una apuesta radical por otra forma de habitar la universidad.

Ignacio Ellacuría: rector comprometido con la verdad, la justicia y el pueblo

Hablar de transformación universitaria en América Latina exige recordar figuras que encarnaron en su práctica lo que hoy muchas universidades han olvidado. Uno de esos referentes es Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, filósofo jesuita, intelectual comprometido y mártir de la verdad. Su vida y muerte siguen siendo una interpelación profunda al sentido mismo de la universidad pública.

Ellacuría no entendía el cargo de rector como una posición de poder administrativo, sino como una responsabilidad ética y política frente al sufrimiento del pueblo. Desde la UCA, impulsó una universidad al servicio de la liberación, que no se limitara a investigar desde la distancia, sino que se involucrara con los conflictos sociales, los sectores excluidos y las luchas por la justicia.

📌 “La universidad debe encarnarse en los problemas del pueblo, ser voz de los sin voz”, decía.
Y no era un lema vacío: su rectoría se caracterizó por una toma de partido clara en defensa de los sectores oprimidos durante la guerra salvadoreña, aun a costa de su propia vida.

El 16 de noviembre de 1989, Ignacio Ellacuría fue asesinado por su compromiso inquebrantable con esa visión. Junto a otros cinco jesuitas y dos colaboradoras, fue ejecutado por el ejército salvadoreño en el campus universitario. Su sangre derramada no es un símbolo de derrota, sino un recordatorio de hasta dónde puede —y debe— llegar una autoridad universitaria cuando asume la verdad como horizonte y la justicia como deber.

Hoy, frente al vaciamiento político y ético de muchas rectorías, la figura de Ellacuría nos recuerda que la autoridad universitaria no se mide por cargos o diplomas, sino por la coherencia entre el pensamiento y la acción, entre el conocimiento y el compromiso.

Su legado es también una advertencia:
Cuando la universidad se desconecta del pueblo, traiciona su misión. Cuando se compromete con él, se vuelve peligrosa para los poderes que dominan.

Por eso, reivindicar a Ignacio Ellacuría no es un gesto de memoria, sino un llamado urgente a repensar qué autoridades necesita la UCR, qué liderazgo queremos construir y qué sentido profundo debe recuperar la universidad pública.

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Resistencias desde el Caribe: una conversación con Aquelarre Bonao

En esta entrevista conversamos con Esther y Faby de Aquelarre Bonao, colectivo feminista y antirracista que nace en República Dominicana como espacio de encuentro, denuncia y sanación frente a las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos y territorios negros y racializados. Desde una mirada crítica del sistema colonial y capitalista, el Aquelarre articula luchas por la justicia social, la autonomía de las comunidades y la recuperación de memorias borradas por el poder.

En este diálogo reflexionamos sobre las huellas del colonialismo, el entrelazamiento entre racismo y capitalismo, y el valor político de la memoria colectiva. A partir de sus experiencias organizativas, Esther y Faby comparten claves para construir resistencias situadas y estrategias desde los propios movimientos sociales y socioambientales.

Te invitamos a ver el video completo a continuación y a seguir profundizando con los enlaces disponibles.

Artículos de Esther Giron: República Dominicana: Las madres negras importan: https://rebelion.org/republica-dominicana-las-madres-negras-importan/ República Dominicana y el racismo como política de Estado: https://rebelion.org/republica-dominicana-y-el-racismo-como-politica-de-estado/

Crédito de imagen de cabecera El Páis.