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La Escuela Ambulante y la extraordinaria capacidad de administrar la imposibilidad

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Nota de la Coordinación de la Escuela Ambulante

La Escuela Ambulante, prevista para realizarse del 20 al 23 de julio en la Región Huetar Norte, ha sido oficialmente cancelada.

No fue por falta de estudiantes. Tampoco porque las comunidades dejaran de esperarnos. No fue por ausencia de presupuesto, por problemas de transporte, por falta de planificación ni porque el territorio hubiera desaparecido del mapa.

La actividad contaba con recursos, un itinerario construido y una red de organizaciones dispuestas a abrir sus puertas para compartir conocimientos, experiencias y preguntas.

Después de gestiones, descubrimos algo mucho más interesante: que una actividad académica puede reunir todas las condiciones para realizarse y, aun así, no encontrar una ruta administrativa que le permita existir.

Como toda buena experiencia educativa, decidimos no desperdiciar la lección.

Ya que la Escuela Ambulante no podrá recorrer los territorios, esta vez recorreremos otro paisaje igual de complejo: ese lugar donde las buenas ideas se encuentran con los procedimientos, las competencias, los oficios, las interpretaciones normativas y la extraordinaria capacidad institucional para convertir una posibilidad en un expediente.

El profesor invitado de esta clase será Koro-sensei, quien intentará responder una pregunta que nunca apareció en el programa del curso:

¿Cómo puede una universidad impedir un viaje sin decir nunca que estaba prohibido?

Permítanme presentarme.

Soy Koro-sensei.

Durante mucho tiempo he tenido una particular obsesión: observar cómo aprenden las personas. No solamente en las aulas, donde los pizarrones están llenos de conceptos ordenados y las evaluaciones buscan medir respuestas correctas, sino también en esos espacios donde el conocimiento aparece de maneras menos cómodas: una conversación con una comunidad, una caminata por un territorio, una historia contada por alguien que ha defendido un río durante años o la mirada sorprendida de una persona estudiante cuando descubre que el país que estudiaba en los libros tiene rostros, conflictos y memorias.

Por eso me interesó mucho una experiencia llamada Escuela Ambulante.

Su nombre ya contenía una pequeña provocación. Una escuela que no espera que el mundo llegue hasta ella, sino que decide moverse. Una escuela que entiende que hay conocimientos que no caben dentro de un aula y que algunas de las mejores lecciones no ocurren frente a una pantalla, sino caminando junto a quienes han construido saber desde la vida cotidiana.

La idea era sencilla, aunque las cosas sencillas suelen ser las más difíciles de sostener: estudiantes, docentes y comunidades encontrándose en un territorio para aprender juntos.

Una idea bastante peligrosa para una universidad. No porque sea incorrecta. Sino porque obliga a la institución a recordar para qué existe.

La Escuela Ambulante no fue cancelada porque faltara entusiasmo. Tampoco porque las comunidades no quisieran recibirla, porque las personas estudiantes no estuvieran interesadas o porque la actividad careciera de sentido académico. Al contrario, existía una red de personas esperando ese encuentro.

La dificultad apareció en otro lugar. Apareció en ese territorio misterioso que todo universitario conoce: el espacio entre una buena idea y la posibilidad administrativa de realizarla.

Ahí vive una criatura peculiar. No tiene rostro. No tiene nombre. Pero todos la hemos visto. Se alimenta de formularios, procedimientos, interpretaciones, competencias y responsabilidades cuidadosamente delimitadas. Es la burocracia.

Y antes de que alguien se moleste conmigo, debo aclarar algo como buen profesor: la burocracia no es una enemiga. Una institución pública necesita reglas. Necesita controles. Necesita cuidar los recursos que pertenecen a toda la sociedad.

Una universidad sin procedimientos sería una universidad vulnerable. Pero una universidad donde los procedimientos terminan teniendo más capacidad de detener una iniciativa que de acompañarla también enfrenta un problema. Porque una regla debería funcionar como un puente. Nunca como un muro.

Lo más interesante de esta historia es que nadie tuvo que decir «no». Esa es quizás la parte más sofisticada de la situación. No hubo una prohibición explícita. No hubo una puerta cerrada con llave.

Lo que ocurrió fue mucho más complejo: cada instancia respondió desde sus propios límites, sus responsabilidades y sus precauciones. Cada pieza del engranaje funcionó según su lógica particular. Y, sin embargo, cuando todas esas respuestas se juntaron, el resultado fue que una actividad pensada para acercar la Universidad a los territorios dejó de tener un camino claro para realizarse.

Una pequeña paradoja universitaria. Cada parte hizo lo correcto desde su lugar. Pero el conjunto produjo una imposibilidad. Es como construir un hermoso puente donde cada persona encargada de una sección decide cuidadosamente no colocar la última tabla porque no está dentro de sus funciones.

El puente queda perfectamente diseñado. Solo que nadie puede cruzarlo.

La parte más curiosa de esta clase es que la Universidad suele enseñar algo muy valioso a sus estudiantes: que los problemas complejos requieren soluciones creativas.

Se les invita a pensar críticamente. A cuestionar. A imaginar alternativas. A buscar caminos donde otros solamente ven obstáculos. Pero a veces la propia institución parece olvidar esa lección cuando debe aplicársela a sí misma.

Cuando una iniciativa de acción social aparece, debería surgir una pregunta fundamental: ¿Cómo hacemos posible este encuentro? Sin embargo, muchas veces la primera pregunta parece transformarse en: ¿Qué riesgos implica hacerlo?

La diferencia parece pequeña. Pero cambia completamente la dirección del camino. Una pregunta busca construir. La otra busca proteger. Y una universidad pública necesita ambas cosas, pero nunca debería permitir que la segunda destruya la primera.

Lo más triste de esta historia no es la cancelación de una gira. Las fechas pueden cambiar. Los planes pueden modificarse. Las actividades pueden esperar.

Lo más preocupante es preguntarnos cuántas experiencias nunca llegan a existir porque las personas que intentan construirlas terminan agotadas antes de llegar al territorio.

Porque detrás de cada actividad universitaria hay alguien haciendo algo que rara vez aparece en los informes: convenciendo personas, coordinando horarios, llamando comunidades, preparando materiales, imaginando metodologías y sosteniendo con voluntad aquello que todavía no tiene una estructura administrativa suficientemente clara.

La Universidad tiene muchas personas que quieren trabajar. Personas que creen en su misión. Personas que no ven la acción social como una obligación más, sino como una manera distinta de hacer Universidad. Pero una institución no puede depender únicamente del sacrificio personal de quienes la sostienen. La pasión puede iniciar los procesos. No debería ser el mecanismo permanente para mantenerlos vivos.

Quizás la lección de esta Escuela Ambulante sea precisamente esa. No una lección sobre fracaso. Sino sobre una pregunta que vale la pena dejar escrita en el pizarrón:

¿Qué ocurre cuando una universidad tiene muchas razones para explicar por qué algo es difícil, pero pocas herramientas para demostrar cómo hacerlo posible?

Tal vez el desafío no sea eliminar las reglas. Tal vez sea recordar que las reglas existen para cuidar una misión, no para reemplazarla.

Porque una universidad pública no se mide únicamente por sus edificios, sus publicaciones o sus procedimientos correctamente cumplidos.

También se mide por su capacidad de caminar. De escuchar. De llegar. De aprender con quienes están fuera de sus paredes.

Esta vez la Escuela Ambulante no llegó al territorio. Y quizás esa sea precisamente la lección que más deberíamos estudiar. Porque algunas clases no se pierden cuando se suspenden.

Algunas clases comienzan justamente cuando nos obligan a preguntarnos por qué no pudimos realizarlas.

Atentamente,

Koro-sensei

Profesor invitado de una clase que todavía espera aprender a salir del aula.

P.D. Como todo buen profesor, no puedo terminar esta clase sin expresar un agradecimiento. No precisamente a quienes hicieron posible la Escuela Ambulante, sino a quienes, desde la impecable lógica de los procedimientos, lograron demostrar que una universidad puede disponer de recursos, contar con estudiantes comprometidos, comunidades esperándola, una propuesta académica sólida y, aun así, encontrar la manera de no salir del edificio.

También quisiera agradecer a todas las interpretaciones normativas, procedimientos, competencias, responsabilidades cuidadosamente delimitadas, oficios, precauciones y temores administrativos que hicieron posible este extraordinario ejercicio pedagógico. Gracias a ellos, comprobamos que una actividad no necesita ser rechazada para no realizarse; basta con rodearla de suficientes condiciones, traslados de responsabilidad y cautelas institucionales hasta que termine cancelándose por agotamiento.

Confieso que es una lección que difícilmente habría podido enseñar en un aula. Pocas veces se observa con tanta claridad cómo una institución puede invertir semanas discutiendo quién debe asumir la responsabilidad de una actividad, mientras la actividad misma deja de existir.

Pero quizá la enseñanza más valiosa fue otra. Aprendimos que es posible proteger con extraordinaria eficacia los procedimientos, incluso cuando aquello que debía protegerse era el encuentro entre la Universidad y la sociedad. La Escuela Ambulante nunca llegó al territorio, pero los expedientes permanecieron impecablemente resguardados, las competencias cuidadosamente delimitadas y las responsabilidades perfectamente distribuidas. Imagino que, en algún archivo institucional, esta actividad fue un completo éxito administrativo.

Como profesor, debo reconocer que admiro semejante hazaña: convertir una propuesta de acción social en una impecable lección sobre cómo administrar la imposibilidad. No todos los días se demuestra con tanta precisión que la forma más elegante de decir «no» consiste en no pronunciar jamás esa palabra.

Sobre el autor: Koro-sensei es profesor de tiempo completo, especialista en convertir errores en oportunidades de aprendizaje y firme defensor de las clases que ocurren fuera del aula. Su experiencia incluye impartir lecciones a velocidades difíciles de medir, visitar territorios antes de que termine el recreo y demostrar que la mejor evaluación suele ser una buena pregunta.

Ha desarrollado líneas de investigación poco convencionales, entre ellas: Burocracias que sobreviven a cualquier reforma, Ecología del formulario extraviado, Metodologías para aprender caminando y Análisis comparado entre un expediente perfectamente archivado y una comunidad que sigue esperando.

Entre sus principales publicaciones destacan Cómo enseñar sin dejar de aprender, El arte de equivocarse con elegancia y Manual básico para sobrevivir a reuniones donde nadie puede decidir nada. Ninguna de ellas existe, pero todas deberían.

Actualmente se desempeña como profesor invitado de la Escuela Ambulante de Asuntos que No Salen en el Examen, donde insiste en que los territorios también son bibliotecas, las comunidades también son profesoras y que una universidad solo termina de comprender un problema cuando se atreve a caminar hasta él.

En su tiempo libre colecciona preguntas incómodas, desconfía de las soluciones demasiado simples y mantiene una curiosa costumbre: creer que los procedimientos deberían ayudar a que las cosas sucedan, en lugar de convertirse en la razón por la que dejan de ocurrir.

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Entre el salmón y las mayorías populares ¿Puede una universidad distinta brindar como las élites?

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La polémica por los gastos protocolarios de la Rectoría no se reduce a una discusión sobre facturas o cenas. Obliga a volver sobre una pregunta más profunda: ¿qué tipo de universidad expresa hoy la Universidad de Costa Rica? La reflexión de Ignacio Ellacuría ofrece un punto de partida para comprender que el verdadero debate no es administrativo, sino político y ético.

Más que una factura, una idea de universidad

La investigación publicada recientemente sobre los gastos protocolarios de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica documentó más de cuarenta millones de colones destinados a alimentación, actividades de representación y encuentros con delegaciones nacionales e internacionales. Entre las facturas divulgadas aparecen cenas en restaurantes de alta cocina, consumo de vino y menús que incluyeron platillos como salmón, pulpo o corvina. La Rectoría respondió que estos gastos corresponden a actividades propias de la diplomacia universitaria y que permitieron atender a representantes de gobiernos, organismos de cooperación y centros internacionales de investigación vinculados con proyectos estratégicos para la institución.

La noticia provocó reacciones inmediatas. Para algunos, el problema radica en el monto de los recursos utilizados; para otros, en la legitimidad de financiar este tipo de encuentros con fondos públicos. Sin embargo, detener la discusión en la legalidad del gasto o en el precio de una cena supone dejar intacta la cuestión más importante.

Toda institución pública comunica una determinada concepción de sí misma mediante el uso de sus recursos. Las formas de representación nunca son neutras: expresan una cultura institucional, una escala de prioridades y una determinada comprensión del poder. En ese sentido, la controversia abierta por estas revelaciones constituye una oportunidad para volver sobre una pregunta formulada hace más de cuatro décadas por Ignacio Ellacuría: ¿puede existir una universidad distinta?

Lejos de ser una reflexión circunscrita al contexto salvadoreño de finales del siglo XX, el ensayo de Ellacuría sigue ofreciendo un criterio exigente para evaluar el sentido de las universidades públicas latinoamericanas. Su propuesta no parte de indicadores de excelencia académica ni de rankings internacionales. Parte de una interrogante más radical: ¿desde dónde piensa, actúa y se representa una universidad?

Primera tesis: el horizonte de la universidad son las mayorías populares

El primer desplazamiento que propone Ellacuría consiste en modificar el punto desde el cual se evalúa la institución universitaria. Una universidad no encuentra su legitimidad en el prestigio de sus alianzas, en la sofisticación de sus instalaciones o en la acumulación de reconocimientos internacionales. Su legitimidad depende de la relación que establece con la realidad histórica y, particularmente, con las grandes mayorías que experimentan las consecuencias de la desigualdad.

Esta afirmación altera profundamente la manera de comprender la gestión universitaria. Si las mayorías populares constituyen el horizonte ético de la institución, entonces todas sus decisiones —incluidas aquellas relacionadas con la representación protocolaria— deben poder justificarse desde ese criterio.

La Rectoría sostiene que las cenas protocolarias permitieron fortalecer vínculos con delegaciones que impulsan proyectos de cooperación científica y tecnológica. Esa explicación puede ser razonable. Sin embargo, la pregunta de Ellacuría permanece abierta: ¿de qué manera esas prácticas representan a una universidad cuya existencia se justifica por su compromiso con la sociedad costarricense en su conjunto y, especialmente, con quienes enfrentan mayores condiciones de exclusión? El problema no es la cooperación internacional; el problema es desde qué horizonte simbólico y político se ejerce esa cooperación.

Segunda tesis: la universidad también educa mediante sus símbolos

Una de las intuiciones más sugerentes del ensayo consiste en comprender que la universidad no transmite únicamente conocimientos. También produce cultura. Sus edificios, sus ceremonias, sus prioridades presupuestarias y sus formas de ejercer la autoridad enseñan tanto como las aulas.

Por eso Ellacuría advierte que incluso la utilización de los recursos materiales puede proyectar una imagen de distancia respecto de la población a la que la universidad afirma servir. Una institución puede proclamar su compromiso con la transformación social y, al mismo tiempo, construir símbolos que la aproximan culturalmente a los sectores privilegiados.

Leída desde esta perspectiva, la discusión sobre restaurantes, vino o cenas deja de ser anecdótica. No porque el menú constituya en sí mismo una falta ética, sino porque expresa una determinada forma de entender la representación institucional. La pregunta ya no es si una universidad puede recibir dignamente a una delegación extranjera; la pregunta es qué lenguaje simbólico decide utilizar para hacerlo y qué imagen proyecta de sí misma mediante esas decisiones.

Tercera tesis: la universidad no debe adaptarse a las lógicas del poder

Ellacuría sostenía que la universidad debía mantener una actitud beligerante frente a las estructuras de injusticia. La beligerancia no significaba agresividad ni confrontación permanente, sino la negativa a naturalizar las racionalidades dominantes cuando estas reproducen desigualdad o exclusión.

Esta idea adquiere especial relevancia en el contexto actual. La cooperación internacional constituye una dimensión imprescindible de la vida universitaria contemporánea. Pero existe una diferencia sustancial entre construir alianzas estratégicas y adoptar sin cuestionamiento los códigos culturales mediante los cuales las élites económicas, diplomáticas y políticas representan tradicionalmente el poder.

La diplomacia universitaria no tendría por qué reproducir exactamente las formas de la diplomacia estatal o empresarial. Una universidad pública posee la posibilidad —y quizá también la responsabilidad— de imaginar otras maneras de construir hospitalidad, reconocimiento y cooperación que resulten coherentes con el proyecto democrático y emancipador que dice encarnar.

Cuarta tesis: la coherencia institucional también es una forma de conocimiento

Ellacuría insistía en que la misión universitaria no podía agotarse en el discurso. La universidad debía objetivar sus principios en prácticas concretas, porque solo así el conocimiento adquiría fuerza histórica. Una institución incapaz de traducir sus valores en formas de organización, decisiones presupuestarias y estilos de gobierno terminaba debilitando la credibilidad de su propio proyecto.

La controversia abierta por la investigación periodística debería comprenderse precisamente desde esa perspectiva. No se trata de establecer un juicio moral sobre determinadas autoridades ni de reducir la discusión a una factura específica. Se trata de reconocer que las prácticas institucionales nunca son secundarias. La forma en que una universidad administra recursos públicos, recibe a sus invitados y representa su autoridad forma parte del proceso educativo que ofrece a la sociedad.

La vigencia de una pregunta incómoda

Quizá el mayor aporte de Ignacio Ellacuría consista en recordarnos que la pregunta por la universidad nunca puede resolverse definitivamente. Cada generación debe volver a examinar si las prácticas institucionales permanecen coherentes con la misión que la universidad dice asumir.

La polémica sobre los gastos protocolarios de la Universidad de Costa Rica no obliga únicamente a revisar reglamentos administrativos. Obliga a preguntarse si la cultura institucional que hoy se construye mantiene como referencia a las grandes mayorías populares o si, de manera casi imperceptible, ha comenzado a adoptar las formas de representación propias de aquellos espacios de poder que históricamente las universidades públicas estaban llamadas a interpelar críticamente.

Por eso el debate no termina cuando se explica una factura ni cuando se demuestra la legalidad de un gasto. Comienza precisamente ahí. Porque la pregunta formulada por Ellacuría sigue esperando una respuesta que no puede encontrarse en un informe financiero, sino en la coherencia cotidiana entre el proyecto universitario y las prácticas mediante las cuales ese proyecto se hace visible.

¿Puede existir una universidad distinta? Más de cuarenta años después, la respuesta continúa escribiéndose en cada decisión institucional.

Antes de discutir una factura o un protocolo, quizá convenga recuperar una pregunta más profunda. En ¿Puede una universidad distinta?, Ignacio Ellacuría nos invita a pensar si las universidades públicas representan verdaderamente a las mayorías populares o si terminan reproduciendo las lógicas del poder que dicen cuestionar. Una lectura que hoy resulta más vigente que nunca.

Pueden descargarlo aquí.

Referencia:

Vargas Calvo, Andrés. (2026). Rectoría de la UCR destinó más de ¢40 millones a alimentación, vino y actividades protocolarias. Diario Extra.

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Más que un festival: cuando una comunidad se encuentra para construir su futuro

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La mañana de este domingo 5 de julio, la cancha de Piedades Sur de San Ramón volvió a llenarse de familias, emprendimientos, organizaciones y personas comprometidas con su territorio. Era la segunda edición del Festival del Felino, una iniciativa impulsada por Felinos en Libertad que, más allá de celebrar la riqueza de la fauna silvestre, volvió a demostrar el enorme potencial que tienen los espacios de encuentro para fortalecer la organización comunitaria.

A primera vista, un festival puede parecer simplemente una actividad recreativa. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento, revela algo mucho más profundo: detrás de cada puesto, cada conversación, cada presentación artística y cada actividad existe un proceso sostenido de organización, confianza, aprendizaje y trabajo colectivo que difícilmente sería visible sin un momento como este.

Los festivales no solo muestran lo que una comunidad hace. También permiten reconocer quiénes la conforman, qué capacidades ha desarrollado, qué alianzas ha construido y cuáles son los desafíos que todavía tiene por delante.

Un segundo festival también cuenta una historia

Realizar una segunda edición tiene un significado especial. No se trata únicamente de repetir una actividad que salió bien. Significa que un grupo de personas decidió sostener un proceso, darle continuidad a un esfuerzo colectivo y seguir creyendo que vale la pena encontrarse.

Los procesos comunitarios suelen medirse por los proyectos ejecutados, los recursos obtenidos o las metas alcanzadas. Sin embargo, también existen otros indicadores menos visibles, pero igual de importantes: la confianza construida entre vecinos y vecinas, la capacidad para organizarse, la aparición de nuevos liderazgos, el fortalecimiento de los emprendimientos locales o la articulación con otras organizaciones e instituciones.

En este sentido, el festival se convierte en una especie de pausa colectiva. Es el momento en que una comunidad puede mirar el camino recorrido, compartir lo que ha aprendido, reconocer el trabajo realizado durante el último año y renovar el compromiso con aquello que todavía falta por construir.

Cada nueva edición no solo celebra un aniversario. También narra la historia de una organización que ha logrado mantenerse viva gracias al compromiso de quienes continúan creyendo en la fuerza del trabajo colectivo.

El encuentro como una forma de construir comunidad

Vivimos en una época donde muchas veces compartimos un mismo territorio sin conocernos realmente. Habitamos los mismos barrios, transitamos las mismas calles y utilizamos los mismos espacios públicos, pero pocas veces encontramos oportunidades para conversar, reconocer a quienes viven cerca o imaginar proyectos comunes.

Por eso los espacios de encuentro tienen un enorme valor político y comunitario. Una cancha puede ser, durante la mayor parte del año, un lugar de paso o un espacio reservado para determinadas actividades. Sin embargo, un festival transforma temporalmente ese lugar y le otorga nuevos significados.

De pronto, ese espacio deja de ser únicamente un sitio de tránsito para convertirse en un lugar donde las personas permanecen. Donde niñas y niños juegan, las familias conversan, los emprendimientos locales muestran su trabajo, las organizaciones comparten sus iniciativas y quienes apenas se conocían tienen la oportunidad de intercambiar una palabra, descubrir intereses comunes o comenzar una nueva colaboración.

Es precisamente allí donde ocurre una de las transformaciones más importantes: el espacio físico también se convierte en un espacio de convivencia. Cuando las personas vuelven a habitar colectivamente los lugares públicos, esos espacios dejan de pertenecer únicamente a su infraestructura para convertirse en escenarios donde se fortalecen la confianza, el reconocimiento mutuo y el sentido de pertenencia.

En tiempos donde el aislamiento y la fragmentación social parecen ganar terreno, encontrarse también constituye una forma de cuidar los bienes comunes.

El festival como metodología para construir comunidad

Quizá uno de los mayores aportes de experiencias como esta consiste en recordarnos que un festival no es únicamente una celebración. También puede convertirse en una metodología de trabajo comunitario.

Con frecuencia asociamos la organización con reuniones, diagnósticos, planes de trabajo o largas jornadas de discusión. Todos estos espacios son importantes. Sin embargo, las comunidades también necesitan momentos para celebrar, compartir y disfrutar juntas.

La celebración no representa una pausa del trabajo comunitario; forma parte de él.

Celebrar permite reconocer el esfuerzo colectivo, agradecer a quienes han sostenido los procesos, fortalecer los vínculos entre personas y renovar las energías necesarias para continuar caminando. El disfrute también construye comunidad porque genera confianza, afecto y sentido de pertenencia.

Al mismo tiempo, un festival crea condiciones que difícilmente aparecen en otros espacios. Personas que nunca asistirían a una reunión comunitaria sí participan de una actividad cultural. Familias enteras se acercan, conversan con organizaciones locales, conocen emprendimientos, descubren iniciativas ambientales y comienzan a sentirse parte de un proyecto compartido.

En ese sentido, el festival deja de ser únicamente un evento para convertirse en una metodología que promueve el encuentro, el aprendizaje, la articulación y la participación.

Tal vez una de las preguntas más sugerentes que deja esta experiencia sea precisamente esa: ¿qué pasaría si más comunidades se atrevieran a pensar los festivales como una herramienta para fortalecer el tejido social?

No se trata únicamente de organizar una actividad anual. Se trata de crear espacios donde la comunidad pueda reconocerse, poner en común sus saberes, visibilizar sus capacidades, imaginar nuevas posibilidades y celebrar aquello que ha construido colectivamente.

Un territorio que sigue caminando

Más allá de la programación del día, esta segunda edición dejó una enseñanza importante: las transformaciones comunitarias no ocurren de un momento a otro.

Son el resultado de personas que deciden sostener el esfuerzo, aprender de la experiencia, fortalecer alianzas y seguir construyendo, paso a paso, un proyecto común.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes reconocemos el valor de estas iniciativas porque nos recuerdan que los bienes comunes no solo se defienden mediante normas o políticas públicas. También se fortalecen cuando una comunidad crea espacios para encontrarse, dialogar, celebrar y asumir colectivamente el desafío de cuidar el territorio que comparte.

Quizá por eso el mayor legado de este segundo Festival de Felinos no sea únicamente haber convocado a decenas de personas durante un domingo. Su mayor aporte consiste en recordarnos que las comunidades también se construyen desde la alegría, el encuentro y la decisión compartida de seguir imaginando un futuro común.

¿Qué es Felinos en Libertad?

Felinos en Libertad es una organización comunitaria nacida en Piedades Sur de San Ramón a partir de una preocupación compartida por la convivencia entre las personas y la vida silvestre.

Lo que comenzó como la inquietud de un grupo de vecinas y vecinos ante la presencia de grandes felinos en la zona fue transformándose en una propuesta más amplia, centrada en la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el fortalecimiento de la organización comunitaria. El reconocimiento de especies como el jaguar, el puma, el ocelote y el yaguarundí en los corredores biológicos que atraviesan el territorio reforzó la importancia de proteger estos ecosistemas y promover formas de convivencia respetuosas con la fauna silvestre.

Con el paso del tiempo, la organización ha consolidado un proceso de trabajo que involucra actividades educativas en escuelas y colegios, acciones de sensibilización ambiental, articulación con instituciones públicas, universidades, emprendimientos locales y otras organizaciones comunitarias. Al mismo tiempo, ha fortalecido su estructura interna mediante la creación de comités y una planificación orientada a sostener el trabajo a corto, mediano y largo plazo.

Más allá de la protección de los felinos, Felinos en Libertad representa una experiencia de organización comunitaria que demuestra cómo el cuidado de la naturaleza puede convertirse en un punto de encuentro para fortalecer los vínculos sociales, impulsar la participación y construir un proyecto compartido de territorio.

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Parmenio Medina y una pregunta que sigue vigente: ¿para quién sirve la comunicación pública?

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A 25 años de la última entrevista de Parmenio Medina: una pregunta que la democracia aún no responde

Hace veinticinco años, pocos días antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina concedió la que sería su última entrevista televisiva. Más que una conversación sobre su situación personal, fue una profunda reflexión sobre el papel de la comunicación en una sociedad democrática.

En un momento en que enfrentaba la censura de su programa radial y denunciaba presiones por sus investigaciones periodísticas, Parmenio defendió una idea que hoy conserva toda su vigencia: el periodismo no existe para repetir lo que dice el poder, sino para investigar, contrastar y poner al servicio de la ciudadanía información que permita comprender la realidad.

Aquella entrevista no solo dejó el testimonio de un periodista comprometido con la verdad. También planteó una pregunta que continúa interpelando a Costa Rica: ¿para quién sirve la comunicación pública?

Veinticinco años después, el contexto tecnológico ha cambiado profundamente. La radio y la televisión ya no son los únicos espacios donde se disputa la opinión pública. Las redes sociales, las plataformas digitales y las estrategias de comunicación institucional ocupan hoy un lugar central en la construcción del debate público. Sin embargo, el desafío democrático sigue siendo el mismo: garantizar que la comunicación fortalezca el derecho de la ciudadanía a estar informada y no se convierta en una herramienta para administrar la percepción del poder.

Esta reflexión cobra especial relevancia en momentos en que el país discute el fortalecimiento presupuestario de la comunicación gubernamental y las prioridades del gasto público. Más allá de la coyuntura, la pregunta que planteaba Parmenio continúa abierta: ¿la comunicación financiada con recursos públicos está orientada a ampliar el derecho ciudadano a la información o a consolidar el relato de quienes gobiernan?

Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente honrar la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una discusión imprescindible para la democracia costarricense: la comunicación no es un fin en sí mismo. Es un bien público que debe contribuir a la transparencia, la rendición de cuentas, el pluralismo y la deliberación democrática.

A un cuarto de siglo de aquella última entrevista, el mejor homenaje a Parmenio quizá no sea mirar únicamente hacia el pasado, sino volver a formular las preguntas que él consideraba esenciales. Porque la calidad de una democracia también se mide por la calidad de la información con la que sus ciudadanos comprenden el presente y deciden su futuro.

Un debate que sigue abierto

El contexto ha cambiado profundamente desde 2001. Hoy la comunicación gubernamental no depende únicamente de conferencias de prensa o espacios en radio y televisión; también se despliega en redes sociales, plataformas digitales y sofisticadas estrategias audiovisuales. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece intacta. La reciente decisión de aumentar el presupuesto destinado a la comunicación de Casa Presidencial ofrece una oportunidad para volver a discutir qué espera una democracia de la comunicación pública y cuáles son los límites entre informar a la ciudadanía y construir una narrativa política.

La reciente aprobación de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial reabre una discusión que trasciende cualquier gobierno: ¿cuál debe ser el papel de la comunicación pública en una democracia? Veinticinco años después de su asesinato, el legado de Parmenio Medina ofrece claves para pensar esa pregunta.

Hace veinticinco años, en la última entrevista que concedió antes de ser asesinado, el periodista Parmenio Medina dejó una reflexión que conserva una enorme vigencia. Para él, el debate sobre la comunicación nunca fue únicamente un asunto de libertad de expresión. Era, sobre todo, una discusión sobre democracia.

Durante aquella conversación defendió una idea sencilla pero profundamente exigente: el periodismo no puede limitarse a reproducir versiones oficiales. Su responsabilidad consiste en investigar, contrastar, profundizar y cuestionar el poder, porque una ciudadanía solo puede tomar decisiones libres cuando dispone de información rigurosa, plural e independiente.

En ese mismo diálogo se planteó otra reflexión que hoy merece volver al centro del debate. Se recordó que las frecuencias de radio y televisión son bienes públicos y que, precisamente por ello, la comunicación conlleva responsabilidades éticas que trascienden los intereses comerciales y políticos. Los medios no solo transmiten información: contribuyen a construir la manera en que una sociedad comprende la verdad, identifica los problemas públicos y delibera sobre su futuro.

Una discusión que vuelve al presente

La reciente aprobación, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, de un aumento de ¢70 millones para el Programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial ha abierto un debate sobre las prioridades del gasto público en un contexto donde el propio Gobierno ha insistido en la necesidad de la austeridad y ha planteado la posibilidad de un ajuste fiscal.

Más allá de las posiciones políticas sobre esa decisión, el episodio invita a formular una pregunta más profunda: ¿qué modelo de comunicación pública queremos fortalecer?

Toda democracia necesita que el Estado comunique. Informar sobre políticas públicas, explicar decisiones, facilitar el acceso a los servicios y rendir cuentas forma parte de sus obligaciones. La comunicación institucional es una función legítima y necesaria. Sin embargo, la legitimidad de esa comunicación no depende únicamente de los recursos que recibe, sino del propósito que persigue.

Informar no es lo mismo que construir una narrativa

Existe una diferencia fundamental entre comunicar para garantizar el derecho ciudadano a la información y comunicar para fortalecer la posición política de quienes gobiernan. La comunicación orientada al interés público busca ampliar la capacidad de la ciudadanía para comprender la realidad. Explica decisiones, ofrece datos verificables, transparenta procesos, reconoce errores cuando existen y facilita que las personas construyan su propio criterio.

La comunicación orientada principalmente al ejercicio del poder persigue un objetivo distinto: administrar la percepción pública. Prioriza determinados temas, enfatiza los logros, reduce la visibilidad de los conflictos y procura consolidar un relato favorable para quienes ejercen el gobierno.

La diferencia puede parecer sutil, pero tiene profundas implicaciones democráticas.

Cuando la comunicación pública deja de fortalecer el derecho ciudadano a la información y comienza a privilegiar la gestión de la imagen política, la deliberación democrática se empobrece. La ciudadanía recibe más mensajes, pero no necesariamente dispone de mejores herramientas para comprender la realidad, evaluar las políticas públicas o exigir rendición de cuentas.

El legado de Parmenio

En la apertura de aquella última entrevista, Parmenio advertía que los medios de comunicación tenían la capacidad de influir en la manera en que las personas distinguen entre lo justo y lo injusto, entre la verdad y la mentira. Esa afirmación resulta aún más pertinente en una época donde la comunicación gubernamental se despliega no solo en radio y televisión, sino también en redes sociales, plataformas digitales y estrategias permanentes de producción audiovisual.

Su legado no consiste únicamente en haber denunciado hechos de corrupción o en haber defendido la libertad de prensa. También radica en haber comprendido que la calidad de una democracia depende, en buena medida, de la calidad de la información que reciben sus ciudadanos.

Por eso, cuando un Estado decide fortalecer su aparato de comunicación, la discusión no debería limitarse al monto de los recursos asignados.

Las preguntas verdaderamente relevantes son otras:

  • -¿La inversión fortalecerá el derecho de la ciudadanía a recibir información útil, verificable y oportuna?
  • -¿Contribuirá a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas?
  • -¿Facilitará el acceso a información pública o incrementará la capacidad del gobierno para posicionar su propio relato?
  • -¿Qué mecanismos existen para garantizar que la comunicación financiada con recursos públicos sirva al conjunto de la ciudadanía y no únicamente a quienes ejercen el poder?
Una pregunta para toda democracia

Recordar a Parmenio Medina no significa únicamente mantener viva la memoria de un periodista asesinado por ejercer su oficio. Significa recuperar una pregunta que sigue interpelando a cualquier sociedad democrática.

¿Está la comunicación pública al servicio del interés de la ciudadanía o de la consolidación del poder político?

La respuesta no depende de un gobierno en particular. Depende de la capacidad de las instituciones para garantizar transparencia, de la independencia del periodismo para fiscalizar al poder y del compromiso ciudadano con el derecho a una información plural, crítica y verificable.

Porque una democracia sólida no se construye solamente con elecciones libres. También necesita una comunicación pública que informe antes que persuada, que rinda cuentas antes que promocione y que fortalezca la deliberación democrática antes que la propaganda.

Referencias:

Canal Trece Nuestro Canal – YouTube. (2001). La última entrevista de Parmenio Medina en TV (Canal 13)

CRHoy. (2026). Oficialismo avala aumento de ¢70 millones para prensa de Casa Presidencial.

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El espectáculo del poder: Cuando los gobiernos aprenden de Berlusconi

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¿Quién fue Silvio Berlusconi (1936-2023)? fue un empresario y político italiano que construyó un imperio en los sectores de la televisión privada, la editorial y el fútbol, antes de saltar a la política en 1994 con su partido Forza Italia. Fue primer ministro en tres ocasiones (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011), acumulando nueve años en el cargo, el mandatario más longevo de la Italia de posguerra. Su poder sin precedentes —basado en su fortuna, su control de los medios y su estilo populista y espectacular— lo convirtió en una figura controvertida y en el «padre del populismo moderno». Su legado también estuvo marcado por múltiples procesos judiciales y la acusación de haber usado el poder para proteger sus intereses personales.

¿Por qué un gobierno anuncia el color de los uniformes de los presos como si fuera un logro histórico? La respuesta puede estar en el manual de comunicación de Silvio Berlusconi.

Imaginemos por un momento la escena: un ministro de Justicia, una conferencia de prensa y el anuncio protagónico. Se presenta un uniforme, se detalla su confección a cargo de las propias personas privadas de libertad y se subraya que no tendrá costo para los contribuyentes. La medida, en sí misma, podría ser un protocolo administrativo menor dentro de un sistema penitenciario. Sin embargo, su presentación, su empaque mediático y su timing responden a una lógica que ya hemos visto antes y que hoy se ha convertido en la regla en diversos gobiernos de corte conservador y regresivo.

No se trata de juzgar la medida en sí, sino de analizar su función como acto de comunicación política. Estamos ante lo que los filósofos y analistas llaman «populismo mediático».

El legado de Berlusconi: El gobierno como espectáculo

En el periodo en que Silvio Berlusconi dominó la escena política italiana, el filósofo Umberto Eco, en su libro «A paso de cangrejo», y el politólogo Maurizio Viroli, en «The Liberty of Servants», diseccionaron la forma en que el magnate transformó la política de su país. No se trataba de una dictadura clásica, con censura y tanques en las calles. Era algo más sutil y, por tanto, más peligroso para la democracia.

Eco lo llamó «régimen de populismo mediático». Sus características, que hoy vemos replicadas en distintas latitudes, son:

  1. La política como «efecto bomba»: Se genera una noticia de gran impacto, diseñada para copar titulares y agendas mediáticas. El objetivo no es informar, sino desplazar cualquier otra conversación incómoda o compleja. ¿Hay un escándalo de corrupción? ¿Una crisis económica? Pues se anuncia el diseño de un uniforme para presos y, como explica Eco, la noticia «incómoda» queda relegada a las páginas interiores.
  2. La apelación directa al «pueblo» y el victimismo: El gobernante se presenta como el defensor de los ciudadanos «de a pie» frente a élites corruptas o sistemas ineficientes. Al mismo tiempo, se victimiza. «Me atacan porque estoy cambiando las cosas». Este mecanismo de «lobo y cordero» busca generar cohesión en su electorado.
  3. La carnavalización de la vida pública: La política se convierte en un gran show. La política «espectáculo» reemplaza a la política de «ideas». Lo que importa es la imagen, el gesto, el símbolo simple y fácil de entender, no el debate profundo sobre la reforma de un sistema o la calidad de las instituciones.
  4. La falsa gratuidad y la eficiencia mágica: La promesa de que algo se resuelve de forma rápida, sencilla y sin costo. «Cero costo para los contribuyentes» es una frase mágica. Es el eslogan del vendedor de coches que promete todo y su contrario. Se esconde la complejidad de un problema estructural (el hacinamiento, la reinserción, el gasto de un sistema) detrás de una anécdota de aparente sentido común.
La fábrica de agenda: Cómo el poder estructura la conversación diaria

Lo que el gobierno no está haciendo es simplemente «ocultar un debate». Lo que está haciendo es activar una dinámica mucho más poderosa: la de la conversación diaria dominada y pautada desde el poder. El taller de costura en la cárcel no es un logro; es un «ancla mediática». Es un tema sencillo, visual y con un componente emocional (seguridad, orden, castigo) que está diseñado para generar conversación y, sobre todo, para ocupar espacio en la agenda pública.

La creación del «tema de conversación»

Umberto Eco, en su análisis de Berlusconi, hablaba del «efecto de la técnica del vendedor». El vendedor no se preocupa por la coherencia global de su discurso; se preocupa de que, de entre todas las cosas que dice, una enganche al cliente. El uniforme, el taller de costura y el «ahorro» son ese anzuelo. Son un tema simple, concreto y fácil de entender.

La estructura es:

  • -Simplicidad: El tema se reduce a un eslogan. «Presos harán sus uniformes». Es entendible por cualquiera.

  • -Visualidad: El uniforme se puede mostrar. Es una imagen poderosa. El ejecutivo se asegura de que la imagen sea la protagonista de la noticia.

  • -Carga emocional: Toca fibras sensibles: la seguridad, el orden, el castigo, el «sentido común». Esto garantiza que la gente opine y se involucre emocionalmente, aunque sea sin información de fondo.

  • -El «ahorro»: La frase «sin costo para los contribuyentes» es el anzuelo perfecto. Es una forma de presentar la medida como un «regalo» o una «solución mágica» que no requiere esfuerzo ni dinero público.

La «agenda semántica»: cómo el poder pauta lo que se debate

La estrategia no es solo que la gente hable del uniforme. La estrategia es que solo se hable de lo que el gobierno decide que se hable. Es la lógica del «efecto bomba»: se lanza una noticia provocadora (aunque sea trivial) para que el debate público se centre en ella y no en temas más complejos o incómodos.

¿Qué se logra con esto?

  • -Se vacía de contenido la oposición: La oposición se ve forzada a reaccionar a la agenda del gobierno. Si no lo hace, parece que no tiene opinión. Si lo hace, está legitimando el tema como relevante, y por tanto, está jugando en el terreno del gobierno.

  • -Se establece una relación plebiscitaria directa: El gobernante se presenta como el que «resuelve» los problemas de la gente, mientras que la oposición solo «se queja». Esto refuerza la figura del líder fuerte y paternalista.

  • -Se genera un falso debate: El debate se reduce a «¿está bien o mal que los presos hagan uniformes?» en lugar de «¿Cuál es la política penitenciaria del país?» o «¿Cómo se está financiando realmente el sistema?». El verdadero debate sobre las cárceles, la reinserción y los derechos humanos queda completamente fuera de la ecuación.

La «concesión» y el control de la crítica

Como señala Eco, en un régimen de populismo mediático, no se necesita censurar a la prensa. Se utiliza la técnica retórica de la «concesión»: se permite que la oposición hable, pero siempre después de que el gobierno haya fijado el tema y el marco de la discusión. El mecanismo es:

  1. El gobierno anuncia el tema (el uniforme).
  2. La prensa crítica o la oposición reaccionan.
  3. El gobierno responde a las críticas, pero en sus propios términos, reafirmando el marco de la conversación: «Es una medida de seguridad», «Es un ahorro», «Hay que tener mano dura».
  4. La prensa se ve obligada a cubrir el «debate», pero el debate ya está enmarcado de antemano.

El resultado es que, aunque haya críticas, la opinión pública se acostumbra a la idea del uniforme como un hecho normal, incluso deseable, y la discusión sobre la política penitenciaria en su conjunto se vuelve marginal.

La «carnavalización» de la política: la conversación como espectáculo

Finalmente, esta estructura convierte la política en un gran show. El gobierno es el director de escena, los medios son los altavoces y la ciudadanía es el público que, aunque participe, lo hace en un escenario ya escrito.

La conversación pública ya no es un foro de deliberación; es un circo mediático.

  • -Los temas se eligen por su capacidad de generar «engagement» (me gusta, comentarios, shares) y no por su importancia real.

  • -El lenguaje se simplifica y se llena de frases hechas y eslóganes.

  • -Los ciudadanos se convierten en espectadores o, a lo sumo, en participantes de un reality show político donde el objetivo es la atención, no la solución de problemas.

El uniforme como metáfora de una tendencia global

El anuncio del uniforme en la nueva cárcel de máxima seguridad encaja a la perfección en este molde. No se está presentando un plan integral de política penitenciaria. Se está presentando una imagen, un «traje». El foco está en el qué, no en el por qué. Es un acto de comunicación, no de gobierno.

El uniforme es un poderoso símbolo de orden, disciplina y control. Se vende la imagen de una «solución» contundente y sencilla a la compleja percepción de inseguridad. Mientras los ciudadanos discuten si el uniforme es azul o gris, o si los reos deberían o no coserlos, no se está debatiendo la calidad de la educación, el acceso a la salud, la crisis económica o la verdadera efectividad de un modelo carcelario que, en su mayoría, fracasa en su objetivo de reinserción.

Esta proyección de comunicación no es un fenómeno aislado ni exclusivo de un país. Como señala Viroli, el poder de Berlusconi no se basó en un control violento, sino en la creación de un «sistema de corte» donde todo gira alrededor de una figura central. Hoy, muchos gobiernos de corte conservador o regresivo en el mundo dominan este arte. El espectáculo reemplaza la deliberación. El gesto simbólico y autoritario («mano dura», «orden») se impone sobre la discusión de políticas públicas complejas y costosas.

El problema no es el uniforme. El problema es que se esté anunciando como si fuera una revolución. Esta técnica genera ruido, polariza, pero sobre todo, desvía la atención. Hemos aprendido de Italia que un gobierno puede ser profundamente antiliberal y regresivo sin necesidad de abolir el voto o encarcelar a periodistas. Basta con convertir la política en un espectáculo de símbolos simples y apelaciones emocionales, donde el fin (el show) justifica los medios (el gobierno) y el ruido mediático ahoga el debate racional.

Para trabajar nuestra forma de acercanos al mundo mediático: ¿Cuánto de lo que se presenta hoy como «novedad» o «solución» en la política nacional es en realidad un espejismo mediático? Cuando un gobierno prioriza un anuncio visual y simplista, ¿qué temas estructurales está dejando de lado? ¿Estamos, quizás, viviendo en un régimen de «carnavalización» donde el poder se demuestra con la imagen, y no con la gestión? ¿Cómo podemos, como sociedad, romper esta dinámica y recuperar la capacidad de fijar nuestra propia agenda de temas importantes?

¿Quién decide realmente de qué hablamos?

Detrás de cada anuncio gubernamental hay una estrategia cuidadosamente diseñada para capturar la atención pública y desplazar los temas que realmente importan. Esta infografía desglosa, en cuatro pasos, el mecanismo que utilizan los gobiernos de corte conservador y regresivo para fabricar la agenda mediática diaria: desde la selección del «anzuelo» perfecto hasta el control del debate a través de la técnica de la «concesión». Un análisis imprescindible para entender cómo el espectáculo reemplaza a la política y cómo el poder decide qué conversamos.

Descarga la infografía aquí.

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Referencias:

Agüero Ruiz, Byron (2026, 1 de julio). Fotos: Así serán los nuevos uniformes para el CACCO. Diario Extra.

Eco, Umberto (2007). A paso de cangrejo: Artículos, reflexiones y decepciones, 2000-2006 (M. Pons Irazazábal, Trad.). Debate.

Viroli, Maurizio (2012). The liberty of servants: Berlusconi’s Italy (A. Shugaar, Trad.). Princeton University Press.

Crédito imagenes: Agüero Ruiz, Byron (2026, 1 de julio). Fotos: Así serán los nuevos uniformes para el CACCO. Diario Extra. https://www.diarioextra.com/noticia/fotos-asi-seran-los-nuevos-uniformes-para-el-cacco/

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Gobernar sin transformar: las condiciones de una deriva autoritaria

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La expansión de las extremas derechas constituye uno de los fenómenos políticos más relevantes de nuestro tiempo. Desde América Latina hasta Europa y Estados Unidos, proyectos autoritarios, nacionalistas y excluyentes han logrado ampliar su influencia en contextos marcados por el descontento social, la precarización económica, la crisis de representación política y el debilitamiento de los vínculos colectivos.

Las explicaciones suelen concentrarse en factores coyunturales: el papel de las redes sociales, la difusión de noticias falsas, la crisis económica, el desgaste de los gobiernos progresistas o la capacidad comunicativa de determinados liderazgos. Sin embargo, estas interpretaciones muchas veces dejan sin respuesta una pregunta más profunda: ¿por qué amplios sectores sociales parecen hoy más receptivos a discursos que promueven la exclusión, el autoritarismo y la destrucción de derechos conquistados durante décadas?

Aunque Política y miseria de Raúl Zibechi fue escrito mucho antes del ascenso de figuras como Javier Milei, Donald Trump o Nayib Bukele, su lectura ofrece pistas valiosas para pensar esta cuestión. No porque el autor analice directamente a las nuevas derechas, sino porque ayuda a comprender las transformaciones políticas, culturales y organizativas que han configurado el terreno sobre el cual estos proyectos han logrado crecer.

La pregunta central que atraviesa esta lectura es sencilla pero inquietante: ¿qué elementos del diagnóstico de Zibechi nos ayudan a comprender por qué la extrema derecha encuentra hoy sociedades más vulnerables a sus proyectos?

Cuando la pobreza sustituyó a la desigualdad

Uno de los aportes más sugerentes del libro consiste en mostrar cómo la pobreza se convirtió progresivamente en el principal objeto de intervención política a escala global.

A partir de la década de 1970, organismos internacionales como el Banco Mundial comenzaron a colocar el combate a la pobreza en el centro de las políticas de desarrollo. El giro parecía positivo: por primera vez se reconocía la existencia de enormes sectores sociales excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Sin embargo, Zibechi llama la atención sobre una consecuencia menos evidente de este proceso. Mientras la pobreza adquiría centralidad política y académica, la desigualdad y las relaciones de poder que la producen comenzaron a desaparecer del debate público.

La cuestión no es semántica.

Hablar de desigualdad implica discutir concentración de riqueza, distribución del poder, acceso a la tierra, explotación laboral y conflictos estructurales. Hablar exclusivamente de pobreza permite desplazar la atención hacia las carencias de determinados grupos sociales, sin interrogar necesariamente las dinámicas que producen esas carencias.

Poco a poco, los conflictos sociales dejaron de presentarse como disputas entre proyectos de sociedad y comenzaron a ser abordados como problemas técnicos de gestión. El objetivo dejó de ser transformar relaciones de poder para convertirse en la administración eficiente de las consecuencias más visibles de esas relaciones.

La extrema derecha encuentra hoy un terreno fértil precisamente porque llega a sociedades donde las grandes preguntas sobre la desigualdad han sido desplazadas durante décadas. Cuando las causas estructurales desaparecen del debate, el malestar busca otros lenguajes para expresarse. Allí emergen narrativas que identifican enemigos inmediatos —personas migrantes, feministas, pueblos indígenas, movimientos ambientalistas o trabajadores del sector público— en lugar de cuestionar los procesos que producen concentración de riqueza y exclusión.

La transformación de la política en gestión

Zibechi muestra cómo el combate a la pobreza fue acompañado por la construcción de un nuevo lenguaje político centrado en conceptos como vulnerabilidad, necesidades básicas, focalización, eficiencia, productividad y participación.

No se trató únicamente de nuevas categorías técnicas. También implicó una transformación de la manera en que las sociedades imaginan la acción política.

La política dejó de ser entendida como un espacio de confrontación entre intereses y proyectos colectivos para convertirse cada vez más en una actividad de administración. Los problemas sociales comenzaron a formularse en términos de gestión, indicadores y programas.

Este proceso tuvo efectos profundos sobre la imaginación democrática.

Cuando la política se reduce a administrar problemas, pierde capacidad para construir horizontes compartidos de transformación. Cuando los conflictos se presentan como asuntos técnicos, disminuyen las posibilidades de debatir colectivamente sobre modelos de desarrollo, distribución de riqueza o futuros deseables.

La extrema derecha aprovecha precisamente ese vacío.

Aunque sus respuestas sean profundamente regresivas, logra presentarse como una fuerza capaz de nombrar conflictos que durante años fueron neutralizados por discursos tecnocráticos. Su éxito no proviene únicamente de la capacidad de producir miedo o resentimiento; también se alimenta de una crisis previa de la política entendida como espacio de deliberación y disputa colectiva.

El debilitamiento de los sujetos colectivos

Uno de los temas más relevantes de Política y miseria es la relación entre gobernabilidad y organización social.

A lo largo del libro, Zibechi analiza cómo diversos programas impulsados desde organismos internacionales y gobiernos buscaron incorporar a comunidades, organizaciones sociales y movimientos populares dentro de esquemas de gestión del desarrollo y combate a la pobreza. La participación fue promovida, pero generalmente dentro de marcos previamente definidos. La organización fue estimulada, pero orientada hacia objetivos compatibles con la estabilidad institucional.
El resultado fue ambiguo.

Por un lado, muchas comunidades accedieron a recursos, proyectos e infraestructura necesaria para mejorar sus condiciones de vida. Por otro, numerosos procesos organizativos fueron desplazando sus capacidades de movilización y conflicto hacia funciones de gestión, ejecución y administración.

Lo que se fue debilitando no fue necesariamente la organización, sino cierto tipo de organización política capaz de disputar sentidos, construir autonomía y cuestionar estructuras de poder.

Este aspecto resulta fundamental para comprender el presente.

Las extremas derechas prosperan con mayor facilidad allí donde los sujetos colectivos se encuentran fragmentados. Cuando sindicatos, asociaciones comunitarias, organizaciones territoriales, movimientos estudiantiles o espacios de educación popular pierden capacidad de articulación, los individuos quedan cada vez más expuestos a discursos que transforman frustraciones colectivas en resentimientos individuales.

La expansión de proyectos autoritarios no puede comprenderse únicamente como resultado de campañas mediáticas exitosas. También expresa el debilitamiento progresivo de las formas organizativas que históricamente permitieron convertir el malestar social en acción colectiva.

La paradoja de las ONG y la sociedad civil

Uno de los aspectos más delicados de esta discusión aparece en torno al papel de las organizaciones no gubernamentales. Zibechi desarrolla una crítica hacia ciertos procesos de institucionalización y profesionalización de las ONG, señalando cómo algunas terminaron ocupando espacios que anteriormente pertenecían a movimientos sociales y organizaciones de base.

Sin embargo, resulta importante evitar una lectura simplista de esta crítica. Las nuevas derechas también atacan a las ONG, pero lo hacen desde una lógica completamente distinta.

Mientras cuestiona los riesgos de la dependencia financiera, la burocratización y la pérdida de autonomía política, los proyectos de extrema derecha suelen atacar a estas organizaciones porque representan espacios de articulación social, defensa de derechos y producción de pensamiento crítico.

La diferencia es fundamental. La crítica de Zibechi busca fortalecer la autonomía de los pueblos y los movimientos sociales. La crítica de las extremas derechas busca debilitar cualquier forma de organización colectiva capaz de disputar poder o construir solidaridad.

Confundir ambas posiciones implica perder de vista el núcleo de la discusión.

Gobernabilidad y despolitización

Quizá la principal enseñanza del libro para el momento actual radique en su análisis de la gobernabilidad.

Zibechi muestra cómo gran parte de las políticas sociales impulsadas durante las últimas décadas estuvieron orientadas no solo a reducir carencias materiales, sino también a garantizar estabilidad política y gestionar conflictos potencialmente disruptivos.

La gobernabilidad se convirtió en un objetivo central, pero cuando la estabilidad política se transforma en el horizonte principal de las instituciones, surge una pregunta inevitable: ¿qué sucede con las demandas que cuestionan las bases mismas del orden existente?

Con frecuencia, esas demandas son absorbidas, fragmentadas, neutralizadas o reconducidas hacia espacios donde dejan de representar una amenaza para las estructuras dominantes.

La paradoja es que esta búsqueda permanente de gobernabilidad puede terminar debilitando la legitimidad del sistema político que pretende preservar. Cuando las instituciones son percibidas como incapaces de producir cambios sustantivos, cuando las desigualdades persisten y cuando la participación parece limitada a mecanismos de consulta sin capacidad real de decisión, crece el desencanto democrático.

Ese desencanto constituye uno de los principales combustibles de las extremas derechas contemporáneas.

Recuperar la dimensión colectiva de la política

Leído desde el presente, Política y miseria no ofrece una explicación acabada sobre el ascenso de la extrema derecha. Tampoco pretende hacerlo.

Su aporte es otro. Nos recuerda que la fortaleza de los proyectos democráticos no depende únicamente de la existencia de elecciones, programas sociales o instituciones formales. Depende también de la capacidad de las sociedades para construir sujetos colectivos, sostener espacios de organización autónoma y mantener abiertas las preguntas sobre la distribución del poder, la riqueza y el futuro común.

Las extremas derechas avanzan porque logran capitalizar malestares reales. Pero esos malestares encuentran terreno fértil en sociedades donde la política ha sido progresivamente reducida a gestión, donde los conflictos han sido despolitizados y donde las capacidades organizativas de amplios sectores populares se han erosionado.

En ese sentido, la pregunta que deja abierta Zibechi conserva una enorme vigencia. Frente a la expansión de proyectos autoritarios, el desafío no consiste únicamente en defender instituciones o programas existentes. También exige reconstruir formas de organización capaces de devolver a la política su dimensión colectiva, conflictiva y transformadora.

Porque allí donde desaparecen los sujetos colectivos, donde el malestar deja de convertirse en acción organizada y donde la democracia pierde capacidad para imaginar futuros compartidos, las extremas derechas encuentran las condiciones ideales para presentarse como la única alternativa posible.

Conceptos para pensar el presente: una guía de lectura crítica

Más que ofrecer respuestas definitivas, la reflexión desarrollada a partir de esta lectura busca abrir interrogantes sobre las transformaciones políticas que han marcado las últimas décadas y las condiciones que hoy favorecen el avance de proyectos autoritarios. Los siguientes conceptos permiten sintetizar algunos de los principales ejes del debate y pueden servir como una herramienta para analizar críticamente la relación entre gobernabilidad, políticas sociales, organización colectiva y democracia. Lejos de constituir categorías cerradas, son invitaciones a examinar cómo se configuran las disputas por el poder, la participación y los bienes comunes en el contexto contemporáneo.

Concepto clave¿Cómo aparece en la reflexión?Preguntas para el debate actual
DespolitizaciónLos conflictos sociales dejan de entenderse como disputas por poder, riqueza o territorio y pasan a tratarse como problemas técnicos de gestión.¿Qué conflictos de nuestra sociedad se presentan hoy como asuntos técnicos cuando en realidad son profundamente políticos?
GobernabilidadLa estabilidad institucional se convierte en un objetivo central de las políticas públicas, incluso por encima de las transformaciones estructurales.¿Cuándo la búsqueda de gobernabilidad fortalece la democracia y cuándo limita la capacidad de cambio social?
Combate a la pobrezaLa pobreza se vuelve el principal objeto de intervención pública, desplazando el debate sobre las causas de la desigualdad.¿Estamos discutiendo suficientemente la concentración de riqueza y poder o solo administrando sus consecuencias?
Sujetos colectivosOrganizaciones comunitarias, movimientos sociales, sindicatos y espacios de participación que construyen acción colectiva.¿Qué capacidades organizativas han perdido o ganado los movimientos sociales en las últimas décadas?
Participación socialPuede abrir espacios democráticos, pero también convertirse en un mecanismo de canalización y control de demandas.¿Quién define los límites de la participación y qué temas quedan fuera de discusión?
AutonomíaCapacidad de las comunidades y organizaciones para definir agendas, prioridades y estrategias propias.¿Qué condiciones fortalecen la autonomía y cuáles generan dependencia institucional o financiera?
CooptaciónIncorporación de liderazgos, organizaciones o demandas sociales a estructuras que reducen su potencial transformador.¿Cómo distinguir entre incidencia política legítima y procesos de cooptación?
ONGizaciónSustitución parcial de dinámicas de movilización por dinámicas de gestión de proyectos, financiamiento y profesionalización.¿Cómo fortalecer el trabajo de las organizaciones sin perder capacidad crítica y arraigo territorial?
Gestión del malestarConjunto de políticas destinadas a contener conflictos sin alterar necesariamente las estructuras que los producen.¿Las respuestas institucionales actuales buscan resolver problemas o administrar sus efectos?
DemocraciaMás que procedimientos electorales, implica capacidad de deliberación, organización y disputa sobre el rumbo colectivo.¿Qué elementos fortalecen hoy una democracia sustantiva y cuáles la debilitan?
Extrema derechaCapitaliza frustraciones, inseguridades y desencantos acumulados, ofreciendo respuestas simples a problemas complejos.¿Por qué ciertos discursos autoritarios logran conectar con sectores que antes apoyaban proyectos democráticos o populares?
Bienes comunesEspacios, recursos y relaciones que requieren gestión colectiva y participación social para su defensa.¿Qué relación existe entre el debilitamiento de los sujetos colectivos y las dificultades para defender los bienes comunes?
Imaginación políticaCapacidad de una sociedad para pensar alternativas al orden existente y construir horizontes compartidos.¿Qué futuros estamos siendo capaces de imaginar colectivamente frente a la crisis actual?

Si la extrema derecha avanza sobre sociedades fragmentadas, despolitizadas y con vínculos colectivos debilitados, la defensa de la democracia exige algo más que resistir discursos autoritarios: requiere reconstruir capacidades organizativas, fortalecer sujetos colectivos y recuperar la política como espacio de deliberación sobre el futuro común.

Para profundizar: una invitación a la lectura

Las reflexiones presentadas en esta nota apenas recorren algunas de las preguntas que plantea Política y miseria. El libro desarrolla con mayor profundidad el análisis sobre la evolución de las políticas de combate a la pobreza, el papel de los organismos internacionales, las tensiones entre gobernabilidad y autonomía, así como las complejas relaciones entre movimientos sociales, cooperación internacional y Estado.

Más allá de compartir o no todas sus conclusiones, la obra constituye una provocación intelectual valiosa para quienes buscan comprender las transformaciones de la acción colectiva en América Latina y los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones populares, los movimientos territoriales y las luchas por los bienes comunes.

En un contexto marcado por el avance de proyectos autoritarios, la crisis de representación política y las disputas en torno a la democracia, la lectura de este texto ofrece herramientas para repensar preguntas fundamentales: ¿cómo se construye autonomía colectiva?, ¿qué tipo de organización fortalece la capacidad transformadora de los pueblos?, ¿cómo evitar que la gestión de los problemas sociales sustituya la discusión sobre sus causas estructurales?

Le invitamos a descargar y leer el libro aquí.

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CartmanCast Política Premium: Manual para estudiar el poder sin reconocerlo cuando está en tu oficina

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El 22 de junio de 2026, el sitio web de apoyo a Boaventura de Sousa Santos anunció el cierre definitivo de todos los procedimientos judiciales contra el sociólogo. Según la versión difundida por su defensa, el Ministerio Público portugués archivó las investigaciones por «falta de denuncias formales», y la demanda por difamación interpuesta por el académico quedó sin efecto tras el desistimiento de las denunciantes. El caso se cierra. Los tribunales archivan. Pero nosotros y nosotras, aprovechamos que este tipo de situaciones siguen ocurriendo en tantos lugares para hacer la pregunta que no se archiva con el expediente: ¿cuántas denuncias de abuso en la academia terminan archivadas no porque sean falsas, sino porque el sistema está diseñado para que sostenerlas resulte más costoso que callar?

Y queremos ser claros desde el principio: Sobre el proceso judicial concreto, nuestra reflexión no juzga ese caso en particular, ni sus protagonistas, ni la veracidad de las denuncias. Lo usamos como ventana para mirar un problema que trasciende a cualquier persona: la dificultad estructural que tienen las instituciones de conocimiento para escuchar críticas internas sin activar mecanismos de defensa corporativa. Dicho esto, empecemos…

Bienvenidas y bienvenidos a CartmanCast Política Premium.

Hoy vamos a hablar de un lugar fascinante.

Un lugar donde se estudian las relaciones de poder, pero donde a veces nadie quiere hablar del poder. Un lugar donde se producen investigaciones sobre desigualdad, jerarquías y dominación, pero donde, ocasionalmente, algunas personas reaccionan con profunda incomodidad cuando alguien sugiere que esos mismos fenómenos podrían existir dentro de la propia institución.

Sí. Vamos a hablar de la academia.

Ese ecosistema extraordinario donde una persona puede dedicar veinte años a explicar cómo funcionan las élites, el patriarcado, el colonialismo y las estructuras de dominación global, pero sufrir una crisis existencial si alguien le pregunta quién toma las decisiones dentro de su departamento.

Porque, aparentemente, el poder siempre está en otra parte.

-Está en los gobiernos.

-Está en las corporaciones.

-Está en los organismos internacionales.

-Está en los partidos políticos.

Pero jamás en una oficina universitaria llena de libros, artículos indexados y tazas de café con frases de Paulo Freire.

Y como en este podcast somos profundamente irresponsables con las zonas de confort, hoy vamos a hacer una pregunta que resuena en los pasillos pero rara vez se escucha en los auditorios: ¿Puede una institución dedicada a estudiar las desigualdades terminar reproduciendo algunas de ellas?

Pónganse cómodos. O incómodos. Que para este tema probablemente sea más apropiado.

Para empezar a responder a esa pregunta, debemos recordar las lecciones que la propia academia nos ha enseñado.

Durante décadas, la academia crítica nos enseñó a identificar el poder allí donde parecía invisible. Aprendimos que las relaciones de dominación no dependen únicamente de la fuerza, que el poder puede expresarse a través del prestigio, de las jerarquías, de la capacidad para definir qué conocimientos son legítimos y cuáles no. Aprendimos que las instituciones pueden producir silencios, normalizar desigualdades y proteger privilegios mientras se presentan como espacios comprometidos con la justicia.

Sin embargo, hay una pregunta que las universidades suelen formular con mucha menos frecuencia: ¿qué ocurre cuando esas mismas dinámicas aparecen dentro de la propia academia?

Y esta pregunta no es un ejercicio de teoría abstracta. No es menor. Tampoco es nueva. Cada cierto tiempo emergen testimonios, denuncias y relatos que obligan a mirar detrás de la imagen idealizada de la universidad como refugio del pensamiento crítico. Historias que hablan de abuso de poder, hostigamiento, apropiación del trabajo intelectual, discriminación, acoso o explotación académica. Historias que, independientemente de cómo concluyan los procesos institucionales o judiciales, exponen una realidad difícil de ignorar: las universidades también son espacios atravesados por relaciones de poder. Y quizás ahí reside una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo.

Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La primera razón está en una falsa creencia: la idea de que el prestigio elimina las relaciones de poder.

Existe una tendencia a pensar que las universidades funcionan principalmente a partir de argumentos, ideas y debates racionales. Como si el conocimiento circulara en un espacio neutral donde todas las personas participan en igualdad de condiciones. La realidad, sin embargo, suele ser bastante más compleja.

La vida académica está organizada alrededor de jerarquías. Algunas son formales y visibles. Otras operan de manera más sutil. Hay quienes tienen acceso a recursos, financiamiento, publicaciones, redes internacionales, becas, puestos de investigación y capacidad para abrir o cerrar puertas. Hay quienes poseen reconocimiento acumulado durante décadas. Hay quienes se convierten en referentes de una disciplina o incluso en símbolos de determinadas corrientes de pensamiento.

Nada de esto es necesariamente problemático. El problema aparece cuando el prestigio deja de ser reconocimiento y comienza a funcionar como poder incuestionable. Porque allí donde existen fuertes asimetrías también aparecen riesgos. No es casualidad que muchas de las discusiones contemporáneas sobre violencia en la academia tengan como telón de fondo relaciones profundamente desiguales entre personas que ocupan posiciones distintas dentro de la estructura universitaria.

Quien dirige un proyecto no ocupa el mismo lugar que quien depende de ese proyecto para sostener una beca. Quien decide publicaciones no ocupa el mismo lugar que quien necesita publicar para continuar una carrera académica. Quien controla redes institucionales no ocupa el mismo lugar que quien intenta abrirse espacio en ellas. Ignorar estas diferencias no elimina el problema. Simplemente lo vuelve invisible.

Pero si las jerarquías son el escenario, el silencio es el mecanismo que permite que la obra continúe.

Las universidades suelen reaccionar con incomodidad cuando estas discusiones aparecen. En ocasiones porque existe una preocupación legítima por garantizar procedimientos justos. Pero también porque las denuncias suelen poner en cuestión algo más profundo: la imagen que las instituciones construyen sobre sí mismas.

Es entonces cuando aparece un fenómeno conocido. La conversación deja de centrarse en las experiencias relatadas y pasa a girar alrededor del prestigio de las personas involucradas, la reputación institucional o los posibles daños a la imagen de la organización. La institución comienza a preguntarse cómo protegerse. Mucho menos frecuente es que se pregunte qué condiciones hicieron posible que determinadas experiencias ocurrieran.

Y es que las violencias no son fenómenos aislados.

Rara vez prosperan en el vacío. Necesitan contextos. Necesitan silencios. Necesitan culturas organizativas donde ciertas conductas se normalizan, se minimizan o se justifican porque quien las ejerce es considerado demasiado importante, demasiado influyente o demasiado valioso para ser cuestionado. Por eso el problema nunca es únicamente individual. También es institucional.

Esta dinámica nos lleva a una de las reacciones más perversas del sistema: tratar a las víctimas como una amenaza.

Uno de los aspectos más preocupantes de estos debates es la facilidad con que quienes denuncian terminan siendo presentados como una amenaza. De repente, el foco deja de estar en las relaciones de poder que hicieron posible determinadas experiencias y se desplaza hacia las personas que decidieron hablar. Se cuestionan sus motivaciones. Se examinan sus trayectorias. Se pone bajo sospecha su credibilidad. Se les exige un nivel de perfección moral que rara vez se exige a quienes ocupan posiciones de autoridad.

Mientras tanto, la pregunta central queda suspendida: ¿qué nos están diciendo esos testimonios sobre la forma en que organizamos la producción del conocimiento?

Escuchar a las víctimas no implica renunciar a principios fundamentales como el debido proceso o el derecho a la defensa. Tampoco significa asumir automáticamente la culpabilidad de nadie. Significa reconocer que existe una responsabilidad ética de tomar en serio aquello que se está denunciando y de preguntarse qué aspectos de nuestras instituciones necesitan transformarse. Porque una universidad comprometida con la democracia no debería temerle a la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda.

Y hablando de incomodidad, hay un tema que la academia maneja con particular torpeza: el acoso y abuso sexual.

No se nos olvida. El acoso y el abuso sexual en la academia suele ser uno de esos temas que la institución maneja con una mezcla muy particular de incomodidad selectiva y memoria corta. Se habla de él en los protocolos, en los comunicados, en los talleres obligatorios que nadie quiere dar ni recibir. Pero en la vida cotidiana universitaria, muchas veces opera como ese fenómeno que «todos saben que existe», pero que rara vez se nombra en voz alta si no hay un escándalo demasiado público como para seguir mirando hacia otro lado.

La academia no es solo un espacio de ideas. Es también un espacio de jerarquías bastante concretas. Quien evalúa, dirige, recomienda, financia o publica tiene poder real sobre trayectorias que todavía están en construcción. En ese escenario, el abuso no necesita presentarse como algo explícito o excepcional: puede camuflarse en decisiones académicas, evaluaciones «objetivas», oportunidades que aparecen o desaparecen sin mucha explicación, o silencios que se vuelven costumbre.

El problema se vuelve aún más delicado cuando se cruza con algo que la institución maneja con especial cuidado: su reputación. Porque cuando emergen denuncias, la pregunta rara vez empieza por las condiciones que las hicieron posibles. Más bien aparece el reflejo institucional de control de daños. Se revisa el lenguaje, se ajustan los procedimientos, se pide prudencia, se recuerda el debido proceso. Todo eso es importante, sí. Pero en paralelo suele quedar intacta la pregunta incómoda: qué tipo de estructuras permiten que alguien tenga suficiente poder como para que otras personas teman hablar.

En ese contexto, denunciar no es simplemente relatar un hecho. Es entrar en un terreno donde la desigualdad ya juega antes de que empiece cualquier procedimiento formal. Quien denuncia suele hacerlo desde una posición más frágil, con más que perder y menos margen de maniobra. Y esa asimetría no desaparece porque exista un reglamento; a lo sumo, se administra. Quizás por eso este tema incomoda tanto. No solo por lo que revela sobre conductas individuales, sino porque obliga a mirar algo más estructural: que incluso en los espacios que se dedican a estudiar el poder, el poder sigue operando, a veces con una sofisticación bastante académica.

Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Llegamos al punto central, el que la academia siempre ha exigido a los demás y rara vez se aplica a sí misma: la crítica comienza por casa.

Quizás la mayor lección que deja esta discusión sea una profundamente política.

Durante años, la academia crítica ha señalado las múltiples formas mediante las cuales opera el poder en nuestras sociedades. Ha denunciado el patriarcado, el racismo, el colonialismo y las desigualdades económicas. Ha mostrado cómo las instituciones pueden reproducir relaciones de dominación incluso cuando afirman combatirlas. La pregunta ahora es si está dispuesta a aplicar ese mismo ejercicio sobre sí misma. No para destruir la universidad. No para alimentar campañas de desprestigio. Sino precisamente para fortalecerla.

Porque una institución que no puede escuchar a quienes denuncian abusos termina pareciéndose demasiado a aquellas estructuras de poder que durante décadas dijo combatir. Y porque ninguna producción de conocimiento verdaderamente emancipadora puede construirse sobre el silencio de quienes han sido lastimados. La crítica, después de todo, comienza por casa.

Epílogo Premium para personas fácilmente ofendibles

Si llegaron hasta aquí, probablemente hay dos posibilidades.

La primera es que estén de acuerdo.

La segunda es que ya estén redactando un correo explicando por qué esta reflexión constituye un ataque sistemático contra la universidad, el conocimiento, la civilización occidental y posiblemente la física cuántica.

Pero permítanme ser claro: el punto nunca fue atacar la academia. De hecho, es exactamente al revés. Las universidades son demasiado importantes como para tratarlas como iglesias. Demasiado importantes como para convertirlas en espacios donde ciertas preguntas no pueden formularse. Demasiado importantes como para creer que el prestigio sustituye la rendición de cuentas.

Quienes señalan abusos, silencios o relaciones problemáticas de poder no necesariamente están debilitando la universidad. Muchas veces están intentando salvarla de sí misma. Porque las instituciones no se vuelven más democráticas cuando esconden sus contradicciones. Se vuelven más democráticas cuando son capaces de enfrentarlas.

En conclusión, si la academia quiere seguir enseñándonos cómo funcionan las relaciones de poder, quizás el mejor punto de partida sea aceptar una idea bastante sencilla: las relaciones de poder no desaparecen mágicamente cuando alguien obtiene un doctorado.

Nos escuchamos en la próxima edición de CartmanCast Política Premium. Ese espacio donde hacemos preguntas incómodas para que otras personas tengan reuniones incómodas.

El Libro que la Academia No Quiere que Leas

Ya que hemos pasado el rato señalando las contradicciones de la academia, sería injusto no dejar sobre la mesa el material que hizo posible este episodio.

El libro se titula Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Lo editan Ana Bravo-Moreno y Francisco Javier Ogáyar-Marín. Y es, básicamente, el manual de instrucciones que nadie pidió para entender por qué las universidades son ese lugar tan maravilloso y tan terrible al mismo tiempo.

¿Qué encontrarán dentro?

  1. Testimonios de abuso de poder en universidades de Argentina, España, Estados Unidos, Indonesia, México y Reino Unido.
  2. Personas que han tenido que usar seudónimos para contar su historia porque, incluso hoy, denunciar en la academia sigue siendo más peligroso que callar.
  3. Análisis sobre endogamia, clientelismo, acoso sexual, fabricación de artículos científicos y eso que los editores llaman «violencia sistémica».
Pueden descargar el libro aquí.

 

Pero también, y esto es lo importante, es un libro de resistencia. No se limita a señalar el problema. Ofrece herramientas para pensarlo, para nombrarlo y, quizás, para empezar a transformarlo. Porque si algo hemos aprendido hoy es que la crítica, como decíamos, comienza por casa. Y que callar, cuando se tiene la posibilidad de hablar, también es una decisión política.

¿Es cómodo? No. ¿Es necesario? Absolutamente.

Y está disponible en acceso abierto. Porque el conocimiento crítico, al fin y al cabo, también es un bien común. Y porque la única forma de que las universidades dejen de parecerse a las estructuras de poder que dicen combatir es empezar a mirarlas con ojos críticos.

Así que ya saben: si este episodio les ha generado incomodidad, si han reconocido algo de lo que hemos hablado en sus propias experiencias o en las de sus colegas… quizás sea el momento de dejar de quejarse y empezar a leer.

Nos leemos en la próxima edición. O, mejor dicho, nos leemos en las páginas de este libro.

Referencias:

Apoyo Boaventura (2025). Difamación: toda la verdad documentada. Apoyo Boaventura Sousa. 

Apoyo Boaventura. (2026). Cerrados definitivamente todos los procedimientos contra Boaventura de Sousa Santos. Apoyo Boaventura Sousa.

Bravo-Moreno, Ana, y Ogáyar-Marín, Francisco Javier (Eds.). (2026). Los males de la academia: Abuso de poder, endogamia, acoso, corrupción y otras violencias. Peter Lang.

Camacho Muñoz, Mariana. (2023). Boaventura y la irresponsabilidad en la academia. Dejusticia. 

Manica, Daniela y Gama, Fabiene (2025). Qué No Hacer Si Te Acusan De Acoso: El Caso De Boaventura de Souza Santos. CASTAC Blog.

OpenDemocracy. (2024). Sociólogo Boaventura de Sousa Santos enfrenta nuevas denuncias de acoso. openDemocracy. 

¿Por qué un observatorio de bienes comunes habla de esto?

Porque el conocimiento es un bien común.

Porque las universidades, aunque a veces lo olviden, son espacios de producción de conocimiento que pertenece a la sociedad. No son feudos privados de unos pocos. No son clubes exclusivos donde el prestigio se hereda o se compra con favores. Son instituciones que deberían estar al servicio de la colectividad, no al servicio de sus propias élites.

Y porque los bienes comunes no son solo recursos naturales o infraestructuras digitales. También son las condiciones que hacen posible que el conocimiento circule, que se produzca de manera ética y que esté al alcance de quienes más lo necesitan.

Cuando una universidad permite el abuso de poder, el acoso, la endogamia o la corrupción, no está fallando solo a sus estudiantes o a su personal. Está fallando a la sociedad entera. Está debilitando la confianza en la institución que debería ser la más fiable para generar saber crítico. Está diciendo, en voz baja pero con hechos, que el conocimiento también puede ser un botín.

Por eso desde este observatorio miramos la academia. No para destruirla, sino para recordarle que su compromiso no es con sus propias jerarquías, sino con la verdad y con la justicia. Y porque creemos que señalar las contradicciones de quienes estudian el poder también es una forma de cuidar el bien común.

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«Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema»

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Texto: Andrea Espinoza y Janice Peters

Fotografías: Sofía Padilla

Estudiantes TC-590 Defensa comunitaria de territorios

El Colectivo Antonio Saldaña organizó una reunión el sábado 16 de mayo para conversar sobre distintas problemáticas que vive el territorio bribri de Talamanca. A continuación se comparte un resumen de las intervenciones que realizaron distintas personas integrantes de diversas comunidades del territorio.

Al retomar la historia del pueblo indígena Bribri, nos recordaron que antes de la colonización y el genocidio, la única forma de vida que reinaba era la suya. Dentro del territorio, se respetaba su propia constitución, (una forma sikua de entender este suceso) ahora los problemas son externos. Actualmente, existen conflictos que no se resuelven con los códigos indígenas, porque estos problemas son creados por las personas sikua (persona no indígena). Entonces, las personas indígenas fueron forzadas a este nuevo sistema de leyes que no respeta su identidad ni cultura. 

Justamente, Filidencio Cubillo, recalcó que la identidad de las personas indígenas se ha visto invisibilizada por el sistema occidental y con ello negada por años. Se dice que Costa Rica es un país donde el lema es “sepamos ser libres, no siervos menguados”, pero esto no aplica para las personas indígenas. Donde, su libertad esta mediada por un sistema colonial que les excluye y no les deja disfrutar su vida. Incluso, las repercusiones llegan a afectar a las personas más jóvenes. 

Como el caso de las escuelas, donde las personas estudiantes reciben clases 1 día a la semana de bribri, en comparación con las otras materias. De la mano con la ausencia del idioma, tampoco hay esfuerzos por enseñar la legalidad indígena en los centros educativos. En consecuencia, las infancias están desconectadas de la cultura, y de la lucha contra la estructura. Porque hay un sistema que los y las empuja a salir de su propia cultura e insertarse en las dinámicas occidentales. 

Precisamente, la escuela se guía bajo un sistema que solo reconoce una única forma de existir, y quienes no se ajusten a esa norma se les excluye. A raíz de esa situación, Ornicio Reyes, recalcó que dentro de la educación de este país no aceptan las formas de orden de los pueblos indígenas. Estas formas han funcionado para regular sus propios problemas, pero tristemente, no son respetadas, porque no se ajustan a la lógica neoliberal del país. Lógica en la cual el desarrollo es sinónimo de construir proyectos que atentan contra el medio ambiente y los animales. 

Sin embargo, las desigualdades que enfrenta la comunidad Bribri no se limitan solamente a los ámbitos culturales o educativos. Adicionalmente existen otras condiciones materiales que reflejan con más claridad y contundencia el abandono histórico por parte del Estado costarricense. Problemas relacionados con el acceso al agua, la violencia de personas dentro del territorio y la falta de apoyo institucional afectan la vida diaria de muchas familias indígenas, quienes día con día se enfrentan a un sistema legal que no responde ni reconoce sus necesidades y sus formas de organización.

Durante la charla se mencionó que los conflictos relacionados con el acceso al agua fueron llevados hasta la Sala Constitucional, la cual mediante sentencia en firme condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y ordena solucionar las problemáticas existentes. No obstante, a la resolución judicial, estas afectaciones continúan sin resolverse, de esta manera, evidencian que un reconocimiento formal de derecho no necesariamente se traduce a un reconocimiento material de los mismos para las comunidades indígenas.

Asimismo, durante la reunión se mencionó como algunos productos fundamentales para la economía de la comunidad, como lo son el banano y el cacao, son pagados a precios sumamente bajos. Un ejemplo de esto es el precio del kilogramo de cacao, este ronda los trecientos colones, siendo que el esfuerzo y el trabajo indígena continúa siendo subvalorado dentro de un sistema que prioriza y se beneficia de su producción sin garantizar condiciones dignas para las comunidades.  

Ante todo, esto, muchas personas jóvenes encuentran dificultades para poder continuar sus estudios, especialmente cuando las becas se hacen escasas y las ayudas económicas son inexistentes. De alguna manera, es el mismo sistema quien empuja a las personas fuera de territorio, de sus dinámicas culturales para adaptarse a estructuras externas que no les aceptan plenamente y que no reconocen plenamente su identidad, dejándolos en un limbo donde no son lo suficientemente occidentales, pero tampoco son lo suficientemente indígenas.

A pesar de la existencias de discursos institucionales sobre la inclusión y diversidad, muchas comunidades consideran que sus necesidades solo reciben atención dentro de contextos políticos específicos, como las elecciones presidenciales. Fuera de este espacio las demandas relacionadas con territorio, infraestructura y reconocimiento jurídico continúan siendo ignoradas sistemáticamente.

La situación se vuelve más contradictoria analizando la narrativa de la memoria histórica nacional. El 12 de octubre continúa siendo presentado en diversos contextos como un día de celebración, de relación entre culturas, aunque para muchos pueblos indígenas esta fecha representa el inicio de procesos de violencia, despojo y muerte.

La experiencia expuesta demuestra que muchas de las desigualdades que enfrentan los pueblos indígenas siguen siendo normalizadas dentro de la estructura del país y a la visión de miles de personas. La frase «Yo no soy independiente, estoy sujeto al sistema» fue expresada por Ornicio Reyes y resume esa sensación de vivir en un sistema que no fue hecho para los pueblos originarios y que no busca adaptarse o siquiera reconocer su existencia pero que sin embargo constantemente les exige encajar en el mismo. A pesar de todo, las comunidades continúan resistiendo, defendiendo fielmente su territorio, cultura y su forma de vida.

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25/03/2023 - El historiador Carlo Ginzburg, retratado en su casa en Bolonia (Italia) ©Jacobo Medrano ----PIEFOTO----

Carlo Ginzburg y las huellas del poder: pistas para pensar los bienes comunes desde abajo

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La muerte de Carlo Ginzburg (1939-2026) marca la partida de una de las figuras más influyentes de la historiografía contemporánea. Sin embargo, su legado permanece vivo en las preguntas que nos dejó, en las herramientas que desarrolló y en la invitación permanente a observar el mundo desde lugares que suelen permanecer fuera del foco de las grandes explicaciones.

Para quienes trabajamos en torno a los bienes comunes, los conflictos socioambientales, la educación popular y la construcción de alternativas al pensamiento dominante, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo claves fundamentales. No porque hablara directamente sobre privatización del agua, extractivismo o defensa territorial, sino porque nos enseñó a mirar aquello que los relatos oficiales suelen ignorar.

En tiempos donde abundan las interpretaciones construidas desde los grandes centros políticos, económicos y mediáticos, Carlo Ginzburg nos recordó que la comprensión de la realidad también exige escuchar las voces de quienes habitan los márgenes, seguir las huellas aparentemente insignificantes del poder y reconocer que las personas comunes producen conocimientos indispensables para comprender el mundo.

Una historia que desafió a los gigantes

Durante buena parte del siglo XX, la historiografía estuvo dominada por grandes relatos que buscaban explicar procesos de larga duración, estructuras económicas, sistemas políticos y transformaciones sociales a gran escala.

Ginzburg no rechazó la importancia de estas perspectivas, pero decidió formular una pregunta distinta: ¿qué ocurre cuando observamos la historia desde abajo?

Su obra más conocida, El queso y los gusanos, reconstruyó el universo intelectual de Menocchio, un molinero del siglo XVI perseguido por la Inquisición. Lo que para muchos habría sido apenas una nota marginal en un archivo judicial, para Ginzburg se convirtió en una ventana para comprender relaciones complejas entre cultura popular, religión, poder y conocimiento.

La apuesta era profundamente democrática: mostrar que las personas consideradas insignificantes por la historia oficial también piensan, interpretan, crean sentidos y producen explicaciones sobre la realidad.

Esta enseñanza resulta especialmente relevante para quienes hoy defienden los bienes comunes.

Con demasiada frecuencia, los conflictos territoriales son interpretados exclusivamente desde oficinas gubernamentales, consultorías técnicas, organismos internacionales o centros académicos. Sin embargo, las comunidades poseen conocimientos construidos a partir de la experiencia cotidiana de habitar y cuidar los territorios.

La pregunta que Ginzburg nos ayuda a formular sigue siendo incómoda y necesaria: ¿Quién tiene derecho a producir conocimiento sobre la realidad?

Los bienes comunes también producen conocimiento

Uno de los problemas más frecuentes en los conflictos socioambientales es la jerarquización de los saberes.

Se suele presentar el conocimiento técnico como la única forma legítima de interpretar un territorio, mientras que los conocimientos comunitarios son reducidos a opiniones, percepciones o experiencias subjetivas.

La obra de Ginzburg cuestiona esta forma de entender el conocimiento.

Su trabajo mostró que las personas comunes elaboran interpretaciones complejas sobre el mundo y que estos saberes merecen ser tomados en serio.

Para quienes trabajan en la defensa de los bienes comunes, esta reflexión resulta especialmente importante.

Las comunidades conocen los ciclos del agua, las transformaciones de los ecosistemas, las dinámicas de los bosques, los cambios en los suelos o las alteraciones en las pesquerías porque forman parte de su experiencia cotidiana.

Defender los bienes comunes implica también defender la legitimidad de esos conocimientos.

Carlo Ginzburg y la antigeopolítica: cambiar la escala para comprender el poder

Uno de los aportes más sugerentes de Ginzburg consiste en cuestionar la idea de que los grandes procesos históricos solo pueden comprenderse observando a los grandes actores.

Frente a las miradas que privilegian los imperios, los Estados, las corporaciones o los mercados globales, propuso reducir la escala de observación para descubrir elementos que desaparecen en las visiones panorámicas.

Esta perspectiva dialoga profundamente con la antigeopolítica.

Mientras la geopolítica clásica suele preguntarse qué hacen las potencias, los gobiernos o las élites, la antigeopolítica busca comprender cómo las personas y comunidades viven, resisten y reinterpretan las consecuencias de esas decisiones.

No se trata de abandonar las explicaciones globales.

Se trata de reconocer que ninguna visión de conjunto es suficiente por sí sola. Ginzburg recupera una reflexión de Siegfried Kracauer según la cual existe una tensión permanente entre las miradas macro y micro. La observación distante permite reconocer patrones generales; la observación cercana revela aspectos que desaparecen en las explicaciones amplias.

Para quienes estudian bienes comunes, esta enseñanza resulta fundamental. Las dinámicas globales de mercantilización de la naturaleza, financiarización de la vida o expansión extractiva solo pueden comprenderse plenamente cuando se observan sus manifestaciones concretas en una comunidad, una cuenca, un humedal, una playa o un bosque.

Una naciente privatizada, un humedal rellenado o una comunidad desplazada pueden parecer acontecimientos locales. Sin embargo, también son expresiones de procesos globales mucho más amplios.

El paradigma indiciario: aprender a leer las huellas del poder

Entre los aportes más conocidos de Ginzburg se encuentra el llamado paradigma indiciario.

Se trata de una forma de conocimiento basada en la lectura de rastros, señales, huellas y detalles que, a primera vista, pueden parecer insignificantes. Para Ginzburg, aquello que parece pequeño puede revelar estructuras mucho más profundas.

Esta propuesta resulta especialmente valiosa para quienes trabajan en conflictos socioambientales. Muchas veces los procesos de despojo no comienzan con anuncios espectaculares.

Empiezan con señales discretas:

  • -una tala selectiva;
  • -una naciente cercada;
  • -una modificación normativa;
  • -un permiso administrativo aparentemente rutinario;
  • -un cambio menor en un plan regulador;
  • -una concesión otorgada sin mayor debate público.

Quienes defienden los bienes comunes suelen aprender a reconocer estas señales mucho antes de que los impactos se vuelvan visibles para el resto de la sociedad.

Pistas de Carlo Ginzburg para problematizar los bienes comunes

Más que respuestas cerradas, Ginzburg nos dejó herramientas para formular preguntas críticas.

1. Preguntarnos quién produce el conocimiento: Ginzburg cuestionó las perspectivas que reducían a las personas a simples categorías estadísticas o funciones dentro de estructuras abstractas.

Esto nos invita a preguntarnos:

  • ¿Quién define qué es desarrollo?
  • ¿Quién decide qué constituye un daño ambiental?
  • ¿Quién tiene autoridad para interpretar un territorio?
  • ¿Qué conocimientos son considerados legítimos y cuáles son excluidos?

2. Buscar las huellas del poder: El poder rara vez aparece de forma transparente.

Generalmente deja rastros.

Esos rastros pueden encontrarse en expedientes administrativos, permisos, reglamentos, concesiones, estudios técnicos o discursos institucionales.

La pregunta crítica consiste en identificar qué relaciones de poder se esconden detrás de esos documentos aparentemente neutrales.

3. Desconfiar de las explicaciones inevitables: Ginzburg fue crítico de las interpretaciones teleológicas de la historia, aquellas que presentan los acontecimientos como si avanzaran inevitablemente hacia un destino predeterminado.

Esto resulta especialmente útil cuando determinados proyectos se presentan como inevitables en nombre del progreso, la modernización o el crecimiento económico.

Toda propuesta de desarrollo merece ser interrogada.

4. Observar las anomalías: Mientras algunos enfoques descartan los casos excepcionales por considerarlos irrelevantes, Ginzburg defendió la importancia analítica de aquello que rompe la norma.

Las resistencias comunitarias, los conflictos locales o las experiencias aparentemente marginales pueden revelar contradicciones profundas de un modelo de desarrollo.

5. Reconocer que la documentación nunca es neutral: Ginzburg insistió en que toda documentación está atravesada por relaciones de poder y por desigualdades en la capacidad de producir registros históricos.

Por eso, frente a cualquier expediente, estudio o informe, conviene preguntarse:

  • ¿Quién escribió este documento?
  • ¿Quién quedó fuera?
  • ¿Qué voces fueron silenciadas?
  • ¿Qué experiencias no aparecen registradas?

6. Aprender a movernos entre escalas: Quizá una de las enseñanzas más vigentes de Ginzburg sea la necesidad de combinar distintas escalas de análisis.

Necesitamos comprender las dinámicas globales, pero también prestar atención a los detalles.

Necesitamos analizar los mercados internacionales, pero también escuchar las historias de quienes viven en los territorios afectados.

Necesitamos estudiar las estrategias de los Estados, pero también las experiencias cotidianas de las comunidades.

Como señalaba Ginzburg al dialogar con Kracauer, ninguna escala de observación puede reclamar por sí sola una comprensión total de la realidad.

Un legado para quienes defienden lo común

La vigencia de Carlo Ginzburg radica precisamente en su capacidad para enseñarnos a mirar de otra manera.

Su obra nos recuerda que las grandes transformaciones históricas pueden descubrirse en detalles aparentemente insignificantes; que las voces marginadas tienen mucho que enseñarnos; que el conocimiento es siempre un terreno de disputa; y que comprender el poder exige aprender a leer las huellas que deja en la vida cotidiana.

En tiempos marcados por la mercantilización de la naturaleza, la expansión de nuevas formas de despojo y la concentración creciente del poder económico y político, la obra de Ginzburg sigue ofreciendo herramientas para fortalecer una mirada crítica sobre nuestro presente.

Honrar su legado no consiste únicamente en volver a leer sus libros.

Consiste en seguir ejercitando esa mirada atenta, curiosa y rigurosa que él cultivó durante toda su vida: una mirada capaz de encontrar, en los pequeños indicios de los territorios, las claves para comprender las grandes transformaciones de nuestro tiempo y para fortalecer la defensa de los bienes comunes.

Para seguir leyendo: Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella

En este texto, Carlo Ginzburg ofrece una reflexión sobre los orígenes, debates y alcances de la microhistoria, una corriente historiográfica que contribuyó a transformar la manera de comprender el pasado. Más que una defensa metodológica, el ensayo constituye una crítica a las miradas que reducen la realidad a grandes estructuras o explicaciones homogéneas, reivindicando la importancia de las experiencias concretas, los casos singulares y los detalles aparentemente insignificantes.

A lo largo del texto, Ginzburg discute temas que siguen siendo profundamente actuales: la relación entre las miradas macro y micro de la realidad, las limitaciones de las explicaciones centradas exclusivamente en grandes procesos históricos, el valor de los indicios como herramientas de conocimiento y la necesidad de reconocer que toda documentación está atravesada por relaciones de poder.

La lectura permite comprender mejor el origen del llamado paradigma indiciario y ofrece valiosas pistas para quienes buscan analizar críticamente los conflictos sociales, ambientales y territoriales desde perspectivas que recuperan las voces y experiencias de quienes suelen quedar fuera de las narrativas dominantes.

Más allá de la historia, se trata de una invitación a cambiar la escala de observación para descubrir dimensiones de la realidad que frecuentemente pasan desapercibidas.

Le invitamos a descargar y leer este texto para profundizar en una de las contribuciones de Carlo Ginzburg al pensamiento crítico.

Crédito imágenes: Cabecera El País. 

Pieter Brueghel – Los mendigos

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La rentabilidad política de sentirse perseguido: terrorismo de Estado y disputa por el sentido común

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Antes de continuar, quizá corresponda ofrecer una disculpa a las víctimas del terrorismo de Estado en América Latina y el Caribe. A quienes padecieron persecución política, desapariciones forzadas, torturas, exilios y asesinatos cometidos desde estructuras estatales. En Costa Rica, el concepto parece haber iniciado una nueva etapa de flexibilización semántica: ya no necesariamente describe regímenes que sembraron terror para controlar a la población, sino también resoluciones electorales, desacuerdos institucionales y sentencias que pueden ser apeladas ante los tribunales. Las palabras, al parecer, también sufren procesos de inflación.

«Estamos frente al acto más cobarde de terrorismo de Estado».

La afirmación fue realizada por el consejero de la presidencia de la República, el señor Fabian Silva durante una conferencia de prensa convocada para cuestionar una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con el uso de mensajes religiosos en la campaña electoral de 2026. Más allá de la controversia jurídica que rodea el caso, la expresión utilizada merece una reflexión propia. No tanto por lo que dice acerca de la resolución del tribunal, sino por lo que revela acerca de las formas contemporáneas de construir sentido político.

¿Por qué recurrir precisamente al concepto de terrorismo de Estado? ¿Qué efectos produce esa elección lingüística? ¿Qué tipo de realidad se busca construir cuando un conflicto institucional es presentado mediante categorías asociadas históricamente a experiencias de violencia extrema?

Las palabras nunca son simples vehículos para transmitir información. También son herramientas mediante las cuales se organizan percepciones, se producen identidades colectivas y se establecen marcos de interpretación sobre aquello que ocurre en la vida pública. En política, nombrar es una forma de actuar.

El poder de las palabras extraordinarias

No todas las palabras poseen la misma capacidad de movilización. Existen conceptos que arrastran consigo una enorme carga histórica y emocional. Terrorismo es uno de ellos.

La palabra remite inmediatamente a situaciones de miedo, amenaza, violencia y vulneración de derechos. No se trata únicamente de una categoría descriptiva; se trata también de una categoría moral. Cuando algo es nombrado como terrorismo deja de ser percibido como un desacuerdo ordinario y pasa a ser interpretado como una agresión grave que exige una respuesta urgente.

Algo similar ocurre con términos como dictadura, persecución, censura o totalitarismo. Su fuerza política no proviene únicamente de su significado conceptual, sino de las memorias históricas que activan y de las emociones que convocan.

Por esta razón, la elección de estas palabras nunca resulta inocente. Quien logra instalar una determinada denominación no solamente describe un acontecimiento: también orienta la manera en que ese acontecimiento será interpretado socialmente. La disputa política es, en buena medida, una disputa por la capacidad de nombrar la realidad.

De la controversia jurídica a la narrativa de persecución

El conflicto que dio origen a esta discusión gira alrededor de una resolución del TSE sobre propaganda electoral vinculada a motivos religiosos. Sin embargo, al introducir la expresión terrorismo de Estado, la naturaleza del conflicto cambia significativamente.

La atención deja de centrarse en la interpretación de normas constitucionales, en los alcances del artículo 28 o en los límites entre libertad religiosa y regulación electoral. La discusión es desplazada hacia otro terreno: el de la persecución.

-Ya no se habla únicamente de una resolución cuestionable. Se habla de una agresión.

-Ya no se habla únicamente de una institución pública que adopta una decisión. Se habla de un aparato estatal que actúa contra un grupo específico.

-Ya no se habla únicamente de una controversia legal. Se habla de una amenaza existencial contra una comunidad.

Este desplazamiento resulta fundamental porque transforma el marco desde el cual se interpreta el acontecimiento. Lo que antes podía aparecer como una disputa jurídica pasa a ser comprendido como una confrontación entre víctimas y perseguidores.

La política de la victimización

Uno de los fenómenos más visibles en numerosos escenarios políticos contemporáneos consiste en la creciente centralidad de las narrativas de agravio.

Actores con capacidad de influencia institucional, presencia mediática y representación política recurren cada vez más a discursos que los presentan como sectores perseguidos, silenciados o excluidos por élites, instituciones o grupos de poder.

La eficacia de estas narrativas radica en que permiten construir fuertes vínculos de identificación colectiva. Cuando un grupo se percibe a sí mismo como víctima de una agresión externa, las diferencias internas tienden a disminuir y la cohesión política suele fortalecerse.

En este contexto, conceptos como persecución, censura o terrorismo adquieren una función estratégica. No solamente describen una situación; contribuyen a producir una comunidad emocional articulada alrededor de la experiencia compartida del agravio.

La pregunta relevante no es únicamente si existe o no una vulneración de derechos. También es necesario preguntarse cómo se construye discursivamente esa vulneración y qué efectos políticos genera esa construcción.

La apropiación de memorias históricas

La utilización del concepto terrorismo de Estado posee además una dimensión particularmente significativa.

Históricamente, esta expresión fue empleada para describir formas sistemáticas de violencia ejercidas desde estructuras estatales contra sectores de la población. En América Latina, el término quedó profundamente asociado a experiencias de desaparición forzada, tortura, persecución política, encarcelamiento arbitrario y eliminación física de opositores.

Por esa razón, cuando la expresión reaparece en debates contemporáneos, no lo hace desprovista de historia. Llega acompañada de una memoria colectiva acumulada durante décadas.

Utilizar esa categoría para interpretar conflictos actuales supone trasladar parte de esa carga simbólica hacia nuevos escenarios políticos. La operación no consiste únicamente en describir una situación presente; consiste también en establecer analogías, activar recuerdos y generar asociaciones emocionales capaces de reforzar una determinada lectura de los acontecimientos.

La disputa política contemporánea se libra también en este terreno: el de la apropiación y resignificación de conceptos históricamente cargados de sentido.

¿Quién tiene el poder de definir la realidad?

En el fondo, la controversia no gira solamente alrededor de una resolución electoral. Tampoco se limita a una discusión sobre religión y política.

Lo que aparece en juego es una cuestión más profunda: quién tiene la capacidad de definir el significado de los acontecimientos que atraviesan una sociedad.

-¿Se trata de una medida destinada a proteger la autonomía del sufragio?

-¿Se trata de una limitación indebida a la libertad religiosa?

-¿Se trata de una forma de persecución política?

Las respuestas no dependen exclusivamente de los hechos. También dependen de los marcos interpretativos mediante los cuales esos hechos son comprendidos.

Por eso las disputas políticas contemporáneas se desarrollan simultáneamente en múltiples niveles: en los tribunales, en los parlamentos, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el lenguaje mismo.

La batalla por el sentido de las palabras

La discusión suscitada por las declaraciones contra el TSE ofrece una oportunidad para reflexionar sobre algo que suele pasar desapercibido: las palabras son también un terreno de disputa política.

Nombrar una situación como regulación, censura, persecución o terrorismo no constituye un acto neutral. Cada una de esas denominaciones organiza la realidad de manera distinta, distribuye responsabilidades diferentes y produce efectos políticos específicos.

Por eso vale la pena preguntarse no solamente si una determinada palabra es correcta o incorrecta, sino también qué hace esa palabra en el debate público, qué emociones moviliza, qué actores legitima y qué formas de comprender la realidad contribuye a consolidar.

Al final, las luchas políticas no se desarrollan únicamente alrededor de instituciones, leyes o recursos materiales. También se desarrollan alrededor de algo aparentemente más simple, pero igualmente decisivo: la capacidad de definir qué significan las palabras con las que una sociedad se piensa a sí misma.

Mantener viva la controversia

Quizás el objetivo principal de declaraciones como estas no sea ganar una discusión jurídica. Tampoco necesariamente convencer a quienes piensan distinto. Su eficacia política puede encontrarse en otro lugar.

En numerosos contextos contemporáneos, la comunicación política ha dejado de orientarse principalmente hacia la búsqueda de consensos. En cambio, tiende a privilegiar la producción permanente de controversias, agravios y conflictos capaces de mantener movilizada a una base social específica. La disputa deja de girar alrededor de soluciones concretas y pasa a organizarse alrededor de emociones como la indignación, el miedo, la sensación de amenaza o la percepción de estar siendo injustamente atacados.

En este marco, la victimización cumple una función política central. Un movimiento que logra presentarse como perseguido puede fortalecer la cohesión interna de sus seguidores, justificar nuevas movilizaciones, deslegitimar instituciones que limitan sus acciones y transformar cualquier cuestionamiento en una prueba adicional de la supuesta persecución que denuncia.

La lógica es circular pero eficaz: si una institución sanciona, confirma la narrativa de persecución; si no sanciona, se interpreta como una victoria frente a quienes pretendían silenciar al movimiento. En ambos casos, el conflicto permanece abierto y continúa alimentando la identidad política del grupo.

Por eso, más que analizar únicamente la veracidad de ciertas afirmaciones, resulta importante observar los efectos que producen. ¿Contribuyen a comprender mejor los problemas públicos? ¿Favorecen la deliberación democrática? ¿O desplazan la atención hacia conflictos simbólicos que consumen buena parte de la conversación pública?

La pregunta adquiere especial relevancia en tiempos donde la política parece depender cada vez más de la capacidad para mantener encendida la indignación. Porque cuando el conflicto se convierte en un recurso político permanente, la controversia deja de ser un problema que debe resolverse y pasa a convertirse en un activo que conviene administrar, reproducir y prolongar.

No nos olvidamos: cuando el miedo sí tenía memorando

La discusión actual también invita a mirar hacia atrás.

Costa Rica ya ha vivido momentos en los que amplios sectores de la sociedad cuestionaron el papel de instituciones estatales durante procesos políticos de alta intensidad. Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante la campaña del referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2007.

En aquel contexto salió a la luz pública el denominado «Memorando del Miedo», un documento elaborado por altos funcionarios del gobierno que proponía utilizar el temor como herramienta de comunicación política para influir en la ciudadanía. El texto sugería advertir sobre posibles pérdidas de empleo, afectaciones económicas y consecuencias negativas para el país en caso de que triunfara la opción contraria al tratado.

La filtración generó una fuerte polémica porque revelaba de forma explícita una estrategia orientada a movilizar apoyos mediante la construcción de escenarios de amenaza e incertidumbre.

Durante aquellos meses, diversos movimientos sociales, organizaciones sindicales, sectores estudiantiles y espacios ciudadanos denunciaron además una serie de desequilibrios en la campaña, cuestionando la participación de actores gubernamentales y el tratamiento otorgado por las instituciones electorales a distintas denuncias presentadas durante el proceso.

No se trata de afirmar que ambas coyunturas sean equivalentes. No lo son. Tampoco de establecer una competencia para determinar cuál conflicto fue más grave.

La pregunta es otra.

Resulta llamativo que el concepto de «terrorismo de Estado» aparezca hoy para describir una resolución electoral que puede ser discutida, apelada y cuestionada públicamente, mientras que durante uno de los procesos políticos más polarizados de la historia reciente del país —marcado por denuncias de uso del miedo como herramienta política desde las más altas esferas del poder— esa expresión prácticamente no ocupó un lugar central en el debate público.

La observación no busca resolver la controversia actual. Busca recordar algo más elemental: las palabras tienen historia. Y quizás una de las preguntas más incómodas para cualquier actor político sea por qué determinados conceptos aparecen con fuerza en unas coyunturas y desaparecen en otras. Qué acontecimientos merecen ser nombrados como abusos de poder y cuáles no. Qué memorias se activan y cuáles se silencian.

Porque la disputa por el significado de las palabras también es una disputa por aquello que una sociedad decide recordar.

¿Cómo analizar campañas políticas basadas en la victimización y el conflicto permanente?
Aspecto a observarPreguntas para el análisis críticoSeñales de alerta
Uso del lenguaje¿Qué palabras se utilizan para describir el conflicto? ¿Son proporcionales a los hechos que se denuncian?Uso recurrente de términos extremos como «terrorismo», «dictadura», «persecución», «censura», «enemigos del pueblo» o «ataque a la libertad».
Construcción de víctimas¿Quién aparece como víctima en el relato? ¿Qué poder político, económico o mediático posee realmente ese actor?Actores con amplios recursos y capacidad de influencia se presentan exclusivamente como sectores indefensos o perseguidos.
Construcción de enemigos¿Quién es señalado como responsable de los problemas? ¿Se trata de personas concretas o de categorías amplias y difusas?Aparición de enemigos abstractos como «los progres», «las élites», «los globalistas», «los comunistas», «los ateos», «la prensa» o «el sistema».
Relación con los hechos¿Las afirmaciones se apoyan en evidencia verificable o principalmente en interpretaciones emocionales?Predominio de sentimientos, sospechas o percepciones sobre datos verificables.
Escala del conflicto¿El conflicto descrito corresponde a la magnitud de los hechos?Un desacuerdo institucional es presentado como una amenaza existencial para la democracia, la religión, la familia o la nación.
Uso del miedo¿Qué temores se activan? ¿Qué escenarios negativos se presentan?Predicciones catastróficas, amenazas inminentes o escenarios extremos sin evidencia suficiente.
Papel de las instituciones¿Las instituciones son criticadas por decisiones concretas o se cuestiona su legitimidad misma?Descalificación generalizada de tribunales, universidades, medios de comunicación o autoridades electorales.
Posibilidad de diálogo¿Se reconoce la legitimidad de quienes piensan distinto?Los adversarios son retratados como enemigos morales, traidores o amenazas para la sociedad.
Beneficios políticos¿Quién gana políticamente si el conflicto se mantiene abierto?La controversia fortalece la cohesión interna de una base política o religiosa.
Memoria histórica¿Se utilizan conceptos con una fuerte carga histórica? ¿Cómo se comparan con los hechos actuales?Uso de categorías asociadas a guerras, dictaduras, genocidios o terrorismo para describir situaciones muy distintas.
Resultado esperado¿La campaña busca resolver un problema o mantener viva la indignación?El conflicto parece más importante que las posibles soluciones.
Efectos democráticos¿La comunicación amplía el debate público o reduce la complejidad de los problemas?Polarización creciente, simplificación extrema y debilitamiento de la deliberación pública.

Cuando una campaña política insiste constantemente en que existe una persecución, una conspiración o una amenaza permanente, vale la pena preguntarse:

¿Estamos frente a un problema que necesita ser resuelto o frente a un conflicto que resulta útil mantener vivo?

Referencias

Corral Corral, María de Jesús. (2008). Poder mediático y comunicación dialógica, simétrica y libre en América Latina. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (47), 117–136. https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2008.47.57401

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