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Defender la vida en soledad: la historia de Philippe y el precio de cuidar la naturaleza

En un pequeño pueblo costero del Caribe sur, Philippe ha dedicado años de su vida a proteger ríos, humedales y bosques amenazados por la expansión turística y la indiferencia institucional. Lo ha hecho con determinación, sin grandes recursos, enfrentando amenazas y agresiones físicas, viendo cómo la destrucción avanza más rápido que las respuestas de las autoridades.

Su historia es la de muchas personas defensoras ambientales: una lucha solitaria y desgastante, marcada por la precariedad económica, el hostigamiento y la falta de apoyo real. Cada monitoreo ambiental, cada denuncia, cada señal de alerta sobre la destrucción del territorio tiene un costo humano altísimo. Philippe lo ha pagado con su salud, con su sustento económico y con la certeza de que si él no estuviera ahí, nadie más lo haría.

“Estoy mal, pero aún así intento luchar. Si yo muero acá, nadie más va a estar en el campo. A nadie le importa.”

La soledad como marca

Philippe enfrenta su lucha prácticamente solo. La falta de acompañamiento ciudadano e institucional ha hecho que la defensa ambiental en este territorio se sostenga sobre sus propios hombros. Mientras muchos aplauden de lejos los discursos sobre “desarrollo sostenible”, quienes denuncian en el territorio enfrentan el miedo directamente: amenazas, daños materiales, persecución y el peso psicológico de sentirse desprotegidos.

“Aquí todo el mundo tiene miedo. Nadie quiere involucrarse. La soledad también duele.”

El abandono institucional

La historia de Philippe también expone las grietas estructurales del país. Denuncias que no avanzan, permisos que legitiman la destrucción, autoridades ausentes y una institucionalidad que, en lugar de proteger, muchas veces se convierte en parte del problema. Esta desprotección no es solo jurídica: es también simbólica. Es el mensaje de que defender la vida no importa lo suficiente.

“Hablan de proteger la naturaleza, pero cuando se trata de acompañar, de verdad, no hay nadie.”

El desgaste físico y emocional

La defensa ambiental no se libra solo en los tribunales o en las comunidades; también se libra en el cuerpo. Philippe enfrenta problemas de salud que se han agravado por años de trabajo en condiciones duras y sin respaldo. La falta de ingresos, la pérdida de herramientas de monitoreo y la hostilidad de su entorno lo han llevado al límite.
La lucha, que empezó como un compromiso con la naturaleza, hoy se siente también como un peso solitario.

“El ambientalismo cuesta —y cuesta caro—. Cuesta miles de dólares, cuesta clientes, cuesta salud, cuesta vida.”

“El ambientalismo aquí no da para vivir. Al contrario: te va quebrando, poquito a poco.”

Entre el eco mediático y la ausencia local

En momentos puntuales, la lucha de Philippe ha logrado captar atención mediática, pero esa visibilidad no se ha traducido en redes de apoyo sostenidas ni articulación territorial real. Más allá de las denuncias públicas, el acompañamiento local es casi inexistente. No hay estructuras comunitarias sólidas que compartan la carga ni mecanismos para proteger a quienes están en primera línea.
La lucha ambiental no puede depender únicamente de una voz amplificada en redes: necesita tejido social, presencia organizada y compromiso colectivo.

“La gente habla bonito del ambiente, pero defenderlo aquí es otra historia. Te golpean, te siguen, te mandan al hospital. Y el negocio se va al carajo.”

No es un caso aislado

Philippe no es una excepción. Su historia encarna lo que muchas personas defensoras viven en silencio. Cuando la sociedad no protege a quienes protegen, el costo no lo paga solo esa persona: lo pagamos todos y todas, con territorios devastados, ríos contaminados y bienes comunes en riesgo.

“Si después de mí no hay otro que tome este campo, se acabó. Y eso me duele más que cualquier golpe.”

Una defensa que debe ser colectiva

Proteger a las personas defensoras ambientales no es un acto de caridad: es una responsabilidad colectiva. Implica escuchar, acompañar, visibilizar y exigir al Estado garantías reales. Philippe no debería estar solo. Ninguna persona defensora debería estarlo.

La defensa de la vida no puede seguir siendo una carga individual. Porque cuando una voz defensora se apaga, se abre espacio para que el silencio cubra la destrucción.

Desromantizar la defensa de la naturaleza

Desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es urgente desromantizar la defensa de la naturaleza. No es un acto heroico ni una postal de inspiración: es una lucha desigual, atravesada por violencia, hostigamiento, abandono y ninguneo.

En Costa Rica, muchas de estas luchas nacen en los patios traseros, en los ríos que cruzan comunidades, en los humedales que alimentan la vida que nos sostiene. Son personas que defienden desde sus hogares y territorios, sin recursos, sin respaldo institucional y, muchas veces, sin acompañamiento social.

Hablar de esta violencia no divide: visibiliza lo que se ha querido mantener invisible. Reconocer el costo humano de defender la vida es un paso imprescindible para transformar esta realidad y construir redes reales de cuidado, protección y acción colectiva.

La defensa ambiental no puede seguir sostenida sobre cuerpos individuales. Necesita ser una tarea compartida, una responsabilidad común.

Entre el destino y la elección

Hay quienes podrían decir que Philippe eligió este camino. Que podría haber hecho otra cosa, vivir más tranquilo, sin cargar sobre sus hombros la defensa de un territorio que parece no querer ser defendido. Y tal vez sea cierto: nadie lo obligó. Pero también es cierto que algunas decisiones no se toman desde la comodidad, sino desde una conciencia que ya no permite mirar hacia otro lado.

Philippe no siempre fue “el defensor del humedal”. A los 25 años, su vida parecía ir por otro rumbo. Él nos recuerda con una fotografía cuando tenía 25 años «Atrás está mi bar, lugar de encuentro de los pandilleros Rough Speed, del cual era miembro. ¡Dónde está aquella época! La moto es una Norton Comando de 920 cc hard tail, eso significa que no tenía suspensión atrás. Cosa seria, te cuento. Después lo cambié y hice un hardtail chopper.”

Esa imagen del joven motociclista rebelde contrasta con el hombre que hoy recorre a pie los mismos caminos, observando el cauce de los ríos y las huellas del deterioro ambiental. Pero en el fondo, algo permanece: la misma energía que antes lo movía sobre dos ruedas, hoy lo empuja a cuidar la vida que habita estos territorios.

Philippe pudo elegir otros caminos, y quizá todavía podría. Pero eligió este, el más difícil: quedarse, resistir y cuidar. No por romanticismo, sino porque entendió que cuando el bosque desaparece, desaparece también una parte de todos nosotros.

Y aunque su defensa parezca solitaria, su gesto nos interpela a cada uno: ¿qué haríamos nosotros si el lugar que amamos estuviera en peligro?

Porque al final, cuidar la naturaleza no es un acto individual ni un destino inevitable. Es una opción —una que Philippe hizo, y que el Caribe Sur agradece.

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El memorándum del miedo sigue vigente: 18 años después, la política costarricense aún gobierna desde la amenaza

A casi dos décadas del memorándum que diseñó la estrategia del “sí al TLC”, Costa Rica sigue reproduciendo la misma fórmula: controlar el discurso, condicionar apoyos y sembrar miedo. Lo que nació como táctica electoral se convirtió en el modo dominante de hacer política.

Hace 18 años, en plena disputa por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se filtró un documento confidencial que marcaría un antes y un después en la política nacional. El llamado memorándum del miedo —dirigido al entonces presidente y a la cúpula de campaña del “sí”— trazaba una hoja de ruta precisa para asegurar la victoria:

  • Controlar la comunicación pública, saturando los medios con emociones y no con argumentos;
  • Movilizar alcaldes y líderes locales bajo la lógica de la presión (“quien no gana, no recibe recursos”);
  • Construir coaliciones sociales desde arriba, con rostros mediáticos;
  • Y sobre todo, “estimular el miedo” en cuatro dimensiones: pérdida del empleo, colapso institucional, aislamiento internacional y caos político.

El texto, pensado para un referéndum puntual, terminó funcionando como un manual de gobierno. Desde entonces, cada crisis, campaña o disputa pública parece reactivar sus fórmulas: gobernar por miedo, callar al disenso y administrar la incertidumbre como herramienta política.

La continuidad del manual: de alcaldías a alianzas territoriales

Tras las elecciones municipales de 2024, 14 alcaldes cambiaron de partido en el poder local. Varios alcaldes rompieron con sus agrupaciones para alinearse con el Ejecutivo o con proyectos afines al “continuismo”, buscando respaldo político o promesas de recursos.

Esa práctica —condicionar el apoyo local a la cercanía con el gobierno— retoma una de las instrucciones del memorándum original: controlar el territorio y premiar la lealtad.

La política municipal vuelve a convertirse en escenario de disciplinamiento, más que de representación ciudadana.

Universidades y protesta: criminalizar la crítica pública

El conflicto entre el gobierno y las universidades públicas durante 2024 y 2025 expuso la misma lógica: quien cuestiona, amenaza.

Las marchas en defensa del financiamiento educativo, respaldadas por múltiples organizaciones sociales, fueron deslegitimadas desde el discurso oficial. En lugar de atender los reclamos, se las presentó como intentos de “desestabilizar” al país.

Así, la protesta se convierte en un objeto de sospecha y la crítica en un peligro, reproduciendo la pedagogía del miedo que el memorándum prescribía hace casi dos décadas.

La “mordaza” y el giro discursivo del miedo

En los últimos meses, el ejecutivo y la bancada oficialista han insistido en denunciar una supuesta “mordaza” impuesta al Gobierno por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de que la institución advirtiera sobre el uso de recursos públicos en la difusión de mensajes oficiales durante el periodo electoral.

Como respuesta, el oficialismo organizó la campaña “Cayó la mordaza”, una manifestación pública concebida como acto de respaldo al Ejecutivo. Bajo la consigna de “defender la libertad de expresión del Gobierno y del pueblo”, la propuesta buscó proyectar la idea de que las limitaciones establecidas por el TSE constituían una forma de censura política.

En ese escenario, el discurso oficialista construyó una narrativa emocional: el Gobierno presentado como víctima de un sistema que pretende “callar sus logros”, mientras los medios de comunicación y los órganos de control aparecen como adversarios del cambio. Entre banderas, consignas y llamados a “no dejarse silenciar”, se consolidó un relato que sustituye la deliberación por la confrontación.

Lo que se presentó como defensa de la comunicación institucional terminó funcionando como un acto de cohesión política: reforzar la identidad del oficialismo, marcar fronteras entre “nosotros” y “ellos”, y movilizar el miedo a ser “silenciados” para fortalecer la lealtad al poder.

En la práctica, “Cayó la mordaza” replicó la lógica central del memorándum del miedo: estimular una amenaza simbólica para consolidar apoyo político. Ya no se trata del temor a perder empleos o estabilidad económica, como en 2007, sino del miedo a perder la voz, la identidad o la representación. Cambia el contenido, pero la fórmula permanece intacta: gobernar a través del miedo y de la sensación de asedio.

Mordaza política y amenazas de “destierro”

A la retórica de la “mordaza” se suman expresiones de intimidación más explícitas. En el propio Congreso, un diputado oficialista declaró que, si el gobierno lograba imponerse en las próximas elecciones, “el pueblo mandaría al destierro a los opositores”.

Esa frase, aparentemente incidental, condensa la lógica del memorándum: transformar la diferencia en enemigo, y el debate en castigo.

No se trata solo de un exceso verbal, sino de un síntoma cultural: la naturalización del miedo como instrumento de cohesión política.

Quien disiente no se discute, se excluye simbólicamente. Es una mordaza política, menos visible que la censura, pero igual de eficaz.

Control de medios 2.0

En 2007, el memorándum del miedo apostaba a controlar la televisión, la prensa escrita y la publicidad oficial. En 2025, el escenario es otro, pero el principio es el mismo: dominar el relato para dominar la percepción.

Hoy, el control ya no pasa solo por los noticieros o comunicados oficiales, sino por la arquitectura digital que define lo que la gente ve, comparte y comenta. Influencers, cuentas automatizadas y redes de troles operan como extensiones del discurso político, moldeando la conversación pública en tiempo real.

Los algoritmos priorizan la indignación sobre la reflexión, y el gobierno —como muchos actores de poder— ha aprendido a usar ese entorno para su beneficio. En lugar de persuadir, se satura; en lugar de informar, se emociona; en lugar de dialogar, se polariza.

El miedo digital no necesita censura explícita: basta con inundar las redes de ruido, burlas y desinformación dirigida contra quienes piensan distinto. Las etiquetas se convierten en armas simbólicas, y los troles, en guardianes del relato oficial.

Esta nueva fase del memorándum combina la vieja pedagogía del miedo con la lógica algorítmica de la distracción. El resultado es un ecosistema comunicativo donde la verdad importa menos que la viralidad, y donde el control ya no se impone desde arriba, sino que se reproduce entre pantallas.

Frente a ello, defender la palabra libre exige más que libertad de expresión: requiere alfabetización mediática, soberanía digital y redes ciudadanas capaces de romper la cadena del miedo en línea.

El miedo como sistema

El país vive un proceso de securitización del espacio público, donde los discursos oficiales ya no apelan tanto al orden como a la supuesta persecución y censura. Se construye una narrativa en la que el poder aparece como víctima de fuerzas que buscan silenciarlo, y donde cualquier crítica se presenta como ataque.

Estos llamados al miedo y a la polarización fabricada terminan generando prejuicios convenientes al gobierno de turno, que instrumentaliza esa tensión para fortalecer su relato y debilitar toda oposición.

En este ambiente, el miedo deja de ser una reacción y se convierte en un método de gobierno: una forma de moldear la opinión pública, cerrar espacios de diálogo y legitimar la concentración del poder.

Lo vimos con el memorándum en 2007, y lo seguimos viendo hoy en la forma en que se comunica, se legisla y se reprime la diferencia.

El legado del memorándum: una pedagogía de control

El memorándum del miedo fue más que una estrategia electoral; fue el inicio de una pedagogía política que aprendió a sustituir el diálogo por la amenaza.

Su influencia perdura porque ofrece resultados rápidos: el miedo paraliza, divide y asegura obediencia.

Lo peligroso es que esa lógica se ha vuelto transversal, compartida por distintos partidos y gobiernos, y asumida como “normalidad política”.

La ciudadanía, por tanto, enfrenta el desafío de recuperar la palabra, reconstruir la confianza y exigir transparencia frente a quienes gobiernan desde la sombra de la intimidación.

Los bienes comunes bajo amenaza: cuando el miedo privatiza lo público

El memorándum del miedo no solo dejó una huella en la cultura política: también redefinió la relación entre el poder y los bienes comunes sociales. Al instalar el miedo como mecanismo de control, se debilita todo aquello que depende de la confianza, la cooperación y el debate colectivo.

El miedo fragmenta y desmoviliza. Hace que la ciudadanía vea a la otra parte —al sindicato, al estudiante, al medio de comunicación, al servidor público— como amenaza, y no como aliado en la defensa de lo común. Así, la política del miedo funciona como una forma de privatización simbólica: despoja de legitimidad a los espacios públicos de decisión, erosiona la solidaridad y convierte el interés colectivo en sospecha.

Cuando el Estado y sus voceros gobiernan desde la intimidación, los bienes comunes —la educación pública, la salud universal, el acceso libre a la información, la participación democrática— se vuelven vulnerables. La ciudadanía se acostumbra a delegar por miedo, en lugar de deliberar por convicción.

Por eso, recordar el memorándum del miedo no es un ejercicio de nostalgia política, sino un llamado a defender los espacios donde aún se construye lo común: las aulas, las plazas, las universidades, los medios independientes, las organizaciones sociales.

Allí donde persiste la palabra libre y colectiva, el miedo pierde poder.

Adivina las diferencias

Antes de cerrar esta nota, te invitamos a un pequeño ejercicio contra el miedo: ¿te animas a descubrir quién es quién en la política del susto?

Observa con atención la siguiente tabla y trata de adivinar las diferencias entre Kevin Casas, Fernando Sánchez Campos, Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros. Piensa en ello como un “juego de memoria política”: mientras te diviertes, entrenas tus sentidos críticos y aprendes a identificar las estrategias de miedo antes de que te atrapen. ¡Ojo! Aquí no hay trampas… solo mucha política y un poco de humor. 

Rasgo / EstrategiaKevin CasasFernando Sánchez CamposRodrigo ChavesPilar Cisneros
Campaña política“Si no apoyas, pierdes recursos”Saturar medios con emociones y dramatismoPresentarse como víctima de conspiraciones institucionalesToda crítica al gobierno pone al país en peligro
Relación con líderes localesAlianzas condicionales: gana el que se alineaMovilización territorial con presiónPremiar lealtad y castigar desviaciónÉnfasis en obediencia ideológica y disciplina interna
Manejo de la protestaDeslegitimar y mostrar como amenazaGenerar miedo al caos institucionalConstruir narrativa de persecución y censuraPresentar toda manifestación crítica como desestabilización social
Cohesión políticaDividir “nosotros vs. ellos”Llamados al miedo para asegurar lealtadUsar victimización para reforzar identidad oficialistaReforzar control mediante normas y sanciones simbólicas
Frase típica“Quien no juega, pierde todo”“El país se cae si gana el ‘no’”“Nos quieren silenciar, pero resistiremos”“Toda crítica al gobierno pone al país en peligro”
Especialidad en miedoRecursos y presión económicaCatástrofe institucional y caosCensura y persecución simbólicaRiesgo social y moral, amenaza colectiva

Pista final: Cada uno aplica la “pedagogía del miedo” a su manera… ¿quién parece más obsesionado con los recursos y la presión, quién con la victimización, y quién con que toda crítica es peligrosa?

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Cuando la paz es colonial: Trump impone su plan para Gaza con el reconocimiento de Costa Rica

Lo que ocurre en Gaza no puede describirse únicamente como un conflicto: múltiples organismos internacionales y voces académicas coinciden en señalar que se trata de un genocidio en curso contra el pueblo palestino, caracterizado por desplazamientos forzados, ataques sistemáticos a la población civil y la negación de sus derechos fundamentales.

El Observatorio de Bienes Comunes desarrolla esta nota como parte de su compromiso por la justicia, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación histórica de los pueblos que han sido sometidos a la violencia colonial y neocolonial. Nuestra labor no es únicamente describir hechos, sino también ofrecer herramientas críticas para comprenderlos en su complejidad y denunciar las narrativas que legitiman la opresión.

Desde una mirada educativa y decolonial, buscamos abrir espacios de reflexión que cuestionen las estructuras de poder global, promuevan la autodeterminación de los pueblos y fortalezcan la solidaridad internacional frente a las injusticias. En este caso, el análisis del plan de Trump para Gaza responde a la necesidad de visibilizar cómo se reproducen lógicas coloniales en el presente y cómo países como Costa Rica se ven implicados en ellas.

Imagen de la nota de prensa El País. (17/11/2025). El ministro israelí de Finanzas asegura que Israel y EE. UU. negocian para dividirse la Franja de Gaza

Una propuesta que promete paz, pero niega justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó recientemente un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de Israel contra Gaza. Aunque fue anunciado como una propuesta de paz, este esquema reproduce lógicas coloniales que niegan la autodeterminación palestina y refuerzan la dominación política, económica y militar sobre la Franja de Gaza.

Desde un enfoque educativo y decolonial, esta nota analiza los principales elementos de la propuesta y problematiza el respaldo de Costa Rica a este plan.

Palestina sin voz: la paz sin los pueblos

El plan se presenta como “bien recibido por todos”, salvo por Hamás. Sin embargo, el pueblo palestino —principal afectado— queda relegado a un papel pasivo. Esta exclusión perpetúa la colonialidad del saber: solo las potencias occidentales y sus aliados definen qué significa “paz” y quién puede participar en ella.

“Zona libre de terrorismo”: el lenguaje de la deshumanización

La propuesta define Gaza como un territorio que debe transformarse en “libre de terrorismo y desradicalizado”. Este discurso reduce a la población palestina a un peligro a ser eliminado y desplaza la responsabilidad del conflicto hacia los oprimidos, no hacia la potencia ocupante. Se trata de un dispositivo clásico de la colonialidad: justificar la violencia en nombre de la “civilización” y la seguridad.

Reconstrucción condicionada: una ayuda con cadenas

El plan promete reconstruir Gaza, pero bajo la tutela de una “junta de paz” presidida por el propio Trump, junto con organismos financieros internacionales y líderes extranjeros. La población palestina no es considerada sujeto político de su propia recuperación, sino objeto de administración externa. Este paternalismo perpetúa la colonialidad del poder y reproduce dependencias económicas.

La negación del Estado palestino: administrar sin reconocer

Trump fue explícito: Netanyahu rechaza un Estado palestino y él lo respalda. Esto demuestra que el plan no busca la paz entre dos naciones soberanas, sino la gestión colonial de un territorio sin derechos plenos. Es la reafirmación de una paz colonial, donde se administra la ocupación sin reconocer la existencia de Palestina como nación legítima.

Jerarquías de la vida y la muerte

La propuesta de intercambio de prisioneros y cuerpos —un israelí por quince palestinos muertos— ilustra la necropolítica colonial: la vida israelí se coloca como valor absoluto, mientras las muertes palestinas se convierten en mercancía de negociación. Esta asimetría revela la profunda deshumanización que sostiene la ocupación.

La ausencia de responsabilidad israelí

Un aspecto central que no puede pasar desapercibido es que el Plan de 20 puntos de Trump omite por completo cualquier mención a la responsabilidad de Israel por los crímenes cometidos en Gaza. Mientras se exige la desmilitarización palestina, la supervisión internacional y la reeducación social, el documento presenta a Israel únicamente como garante de seguridad y estabilidad, exonerándolo de forma implícita de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esta omisión reproduce una narrativa colonial que invierte las cargas de la violencia: responsabiliza exclusivamente al pueblo ocupado mientras legitima al ocupante, invisibilizando la necesidad de justicia y reparación para las víctimas palestinas.

Costa Rica y la paz subordinada

El respaldo de Costa Rica a este plan no es un gesto menor. Como país con una tradición de paz y diplomacia, debería mantener una política exterior coherente con la defensa de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, al alinearse automáticamente con Washington, Costa Rica se convierte en cómplice de una narrativa colonial que legitima la ocupación y el genocidio en Gaza.

Este posicionamiento refleja la dependencia histórica de Costa Rica en materia de política exterior: en lugar de actuar como voz crítica y solidaria con los pueblos del Sur Global —como lo haría desde una perspectiva latinoamericana y decolonial— se subordina a los intereses de las potencias imperiales. Con ello, se erosiona su credibilidad como país defensor del derecho internacional y la paz.

El comunicado de Costa Rica: entre la retórica pacifista y la legitimación colonial

El comunicado oficial del Gobierno de Costa Rica (30 de septiembre de 2025) expresa respaldo al Plan de 20 puntos para Gaza y Medio Oriente impulsado por Donald Trump, presentándolo como un “paso importante hacia la paz”. En el texto se invocan principios como el respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y la convivencia pacífica. Sin embargo, la lectura crítica revela varias tensiones preocupantes.

  • Retórica sin contraste con la realidad: el comunicado repite los argumentos del plan sin señalar las asimetrías de poder ni los efectos de imponer un “gobierno de transición” bajo tutela internacional. Omite la voz del pueblo palestino y sus demandas de autodeterminación, reproduciendo el lenguaje de la paz colonial.

  • Desplazamiento del legado pacifista: Costa Rica, históricamente reconocida por su desarme y por la defensa del derecho internacional, se alinea con una propuesta que ha sido denunciada globalmente por legitimar la ocupación. Este gesto erosiona la credibilidad de su política exterior y la distancia de su tradición humanista.

  • Neutralidad cuestionada: al presentar el plan como un esfuerzo multilateral, el comunicado invisibiliza que se trata de una iniciativa unilateral, diseñada en función de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, no de un consenso internacional. Costa Rica, al respaldarlo, deja de lado su rol de mediador imparcial y se coloca como legitimador de una agenda externa.

  • Efecto pedagógico negativo: en clave educativa, el mensaje oficial transmite que la paz puede imponerse desde arriba, mediante acuerdos diseñados por potencias, y no como resultado de la participación democrática de los pueblos involucrados. Esta narrativa debilita la comprensión de la paz como construcción colectiva, justa y decolonial.

En suma, el comunicado de Costa Rica no es neutro: al legitimar el plan de Trump, se convierte en un instrumento político que reproduce la colonialidad internacional y contradice la tradición pacifista que el país históricamente ha reivindicado.

El valor del enfoque decolonial: mirar más allá de los discursos oficiales

Analizar la propuesta de Trump únicamente desde criterios diplomáticos o de seguridad resulta insuficiente, porque invisibiliza las estructuras históricas de poder que sostienen la ocupación. El enfoque decolonial nos invita a mirar más allá de los discursos oficiales y reconocer cómo la colonialidad —heredera del colonialismo moderno— continúa organizando la política internacional.

Este enfoque ofrece tres claves:

  • Visibilizar las relaciones de poder: muestra cómo las potencias occidentales imponen sus condiciones sobre territorios del sur global, negando la voz de los pueblos colonizados y presentando su dominación como “natural” o “inevitable”.

  • Desenmascarar el lenguaje de la paz colonial: términos como “desradicalización” o “zona libre de terrorismo” no son neutrales. Son herramientas discursivas para justificar la subordinación y el control, presentándolos como procesos civilizatorios.

  • Reivindicar la autodeterminación de los pueblos: la verdadera paz no puede imponerse desde afuera ni administrarse por potencias extranjeras. Solo puede construirse cuando los pueblos tienen la capacidad de decidir su futuro sin tutelas coloniales.

En este sentido, el enfoque decolonial no es un mero marco académico: es una herramienta ética y política para cuestionar la desigualdad global, las jerarquías raciales y las narrativas que legitiman la violencia. Adoptarlo permite comprender que el plan de Trump no es una solución, sino la continuidad de un orden colonial que niega el derecho palestino a existir como nación soberana.

La paz que no es paz

El plan de Trump no abre caminos reales hacia la paz, sino que institucionaliza un modelo colonial de control y administración sobre Gaza. Reconstrucción, seguridad y gobernanza se plantean desde afuera, bajo la lógica de las potencias y sin reconocer la soberanía palestina.

Costa Rica, al respaldar esta propuesta, se distancia de su propia tradición pacifista y refuerza la colonialidad global. La verdadera paz solo puede construirse desde la justicia, el respeto a la autodeterminación y el reconocimiento pleno de Palestina como nación.

Referencia:

El País. (17/11/2025). El ministro israelí de Finanzas asegura que Israel y EE. UU. negocian para dividirse la Franja de Gaza. El País. https://elpais.com/internacional/2025-09-17/el-ministro-israeli-de-finanzas-asegura-que-israel-y-ee-uu-negocian-para-dividirse-la-franja-de-gaza.html

Locatelli Santos, Juliano. (2022). El pensamiento decolonial como clave epistémica necesaria para la reconstrucción de los derechos humanos en y para Latinoamérica. Opinión Jurídica, 21(44), 394–418. Recuperado de  https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/3532

Swissinfo. (30/11/2025). Los 20 puntos del plan de Trump para la paz en Gaza. https://www.swissinfo.ch/spa/los-20-puntos-del-plan-de-trump-para-la-paz-en-gaza/90091743

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Elecciones 2026: Claves socioambientales para una lectura crítica del momento electoral

Los contenidos que aquí compartimos son el resultado de un proceso colectivo de diálogo, reflexión y construcción vivido en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Cada idea, herramienta y aprendizaje recogido en los boletines Demo-crítica nació de la conversación entre las distintas personas participantes: comunidades, organizaciones, colectivos y personas interesadas en pensar críticamente la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones cerradas, estos aportes son semillas colectivas que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social de cara a las elecciones 2026 y más allá de ellas.

Las elecciones nacionales del 2026 se acercan en un contexto marcado por crecientes conflictos socioambientales, criminalización de la protesta y discursos políticos que, muchas veces, maquillan con etiquetas verdes proyectos de despojo. Desde el Curso-Taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”, diferentes personas y colectivos nos dimos a la tarea de desarmar esas narrativas, reconocer sus trampas y construir herramientas de análisis desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los hallazgos centrales es que la democracia costarricense no se agota en las urnas. Aunque el discurso oficial presenta al país como ejemplo regional, lo cierto es que la captura del poder por élites económicas, la exclusión de voces comunitarias y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática cada vez más evidente. Frente a ello, la democracia debe pensarse y practicarse de manera cotidiana, en la defensa del agua, de los territorios indígenas, de los ríos y bosques, y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

El curso evidenció cómo conceptos como modernización, sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde son usados como ropajes para legitimar proyectos extractivos: monocultivos certificados, megaproyectos turísticos, hidroeléctricas o infraestructura “verde” que profundizan desigualdades. Lo que se presenta como progreso suele significar despojo territorial, privatización de bienes comunes, desplazamientos y gentrificación.

Criminalización de la protesta

La protesta social, reconocida internacionalmente como derecho democrático, hoy se enfrenta a procesos de deslegitimación social, legal y mediática. Desde la Ley Antihuelgas hasta la ausencia de ratificación del Acuerdo de Escazú, el marco institucional ha debilitado la protección de defensoras y defensores ambientales. Además, persisten amenazas y violencias directas, como lo recuerdan los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera. Reconocer que la protesta es motor de democracia, y no amenaza, es una de las claves para el 2026.

Herramientas para el análisis electoral

El taller produjo instrumentos colectivos que pueden orientar la lectura crítica del próximo proceso electoral:

  • Matrices de análisis que permiten detectar trampas discursivas, beneficiarios reales de proyectos y los impactos sobre los territorios.

  • La hoja de ruta de exigencias ambientales 2026, entendida no como una lista de reclamos, sino como un horizonte político de continuidad, organización y vigilancia ciudadana.

  • Estrategias de comunicación diversa, que combinan lo digital, lo comunitario, el humor y el arte, recordándonos que disputar sentidos es parte de la acción política.

Lo que no debe pasar desapercibido

En tiempos de campaña, los silencios estratégicos son tan importantes como las promesas. Callar sobre minería, monocultivos, turismo desbordado, conflictos por el agua o criminalización de defensores es parte de una estrategia política que beneficia al extractivismo. Nombrar esas ausencias es tarea ciudadana.

Más allá de las urnas

El curso cerró con una convicción clara: el poder real no se agota en el voto. La construcción de alternativas socioambientales depende de la organización colectiva, la vigilancia permanente y la capacidad de disputar sentidos frente al marketing político.

Las elecciones 2026 serán un escenario clave, pero no definitivo. Los aprendizajes compartidos nos recuerdan que la democracia y la justicia ambiental se juegan todos los días en los territorios, en la calle, en las comunidades y en la memoria de luchas que nos preceden.

Nuestros aprendizajes

Boletín 1 – Democracia y bienes comunes en disputa (8 de agosto, 2025)

Este primer boletín abre la reflexión sobre cómo la democracia no se limita al voto, sino que se vive cotidianamente en la defensa de bienes comunes como el agua, las semillas y la biodiversidad. Se reconocen los límites del sistema político actual —capturado por élites económicas y atravesado por exclusiones— y se exploran perspectivas alternativas como el ecofeminismo, el anticolonialismo y la participación radical. Además, se presenta la primera matriz de análisis político-socioambiental, una herramienta práctica para leer críticamente los discursos electorales.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 2 – Discursos verdes y desigualdades socioambientales (23 de agosto, 2025)

El segundo boletín desenmascara las narrativas de desarrollo, sostenibilidad y modernización, mostrando que muchas veces se traducen en despojo, gentrificación y privatización de bienes comunes. El análisis colectivo evidenció que conceptos como “crecimiento verde” o “turismo sostenible” esconden desigualdades y violencias en los territorios. Como aporte metodológico, se comparte una matriz de desigualdades socioambientales, útil para identificar beneficiarios reales, impactos territoriales y alternativas invisibilizadas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 3 – Criminalización de la protesta y organización social (29 de agosto, 2025)

Este boletín profundiza en cómo la protesta social, lejos de ser reconocida como derecho democrático, enfrenta un proceso creciente de criminalización y estigmatización. Se analizan las estrategias de silenciamiento —desde leyes restrictivas hasta amenazas informales— y se resalta la dimensión emocional de la lucha, con cargas de rabia, impotencia y desgaste. La experiencia con el Teatro del Oprimido mostró cómo la organización se vivencia en la práctica. Además, se propone una matriz para analizar la criminalización de la protesta, orientada a diseñar respuestas colectivas y fortalecer la legitimidad de las luchas.

Puede descargar el boletín aquí.

Boletín 4 – Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios (5 de septiembre, 2025)

El último boletín recoge los aprendizajes del proceso y plantea la hoja de ruta de exigencias ambientales como un instrumento político vivo: no solo para dialogar con partidos, sino para organizar, exigir y vigilar desde los territorios. Se enfatiza la importancia de reconocer emociones, tensiones internas y el poder de los discursos, al tiempo que se ensayan estrategias de comunicación diversa —del humor al teatro, de los boletines a lo digital—. El cierre del curso dejó un mensaje claro: frente a las elecciones 2026, la creatividad, el cuidado mutuo y la organización comunitaria son claves para sostener la democracia y la justicia socioambiental.

Puede descargar el boletín aquí.

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Entre la elección y la simulación: una invitación a pensar las elecciones 2026 en Costa Rica

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra presenta el Documento de Trabajo N.° 14, Entre la elección y la simulación. Inspirado en la serie El juego del calamar, el texto utiliza la ficción como espejo crítico de la democracia costarricense: aparentes elecciones, estructuras ocultas de poder y una ciudadanía que participa dentro de un tablero diseñado por otros.

¿Por qué hablar de “juego”?

La publicación parte de una idea provocadora: la democracia puede funcionar como un “juego” donde los votantes aceptan reglas ya escritas. Aunque el voto se presenta como un acto libre y decisivo, muchas veces las opciones son limitadas, la información está filtrada y la participación real se reduce a rituales simbólicos.

“Frente a ti, una urna. A tu alrededor, propaganda, encuestas, debates vacíos. Te piden decidir. Pero nadie te dijo quién eligió a los candidatos ni quién financia sus campañas”.

Niveles del juego democrático

El cuaderno recorre varias dimensiones de este proceso electoral:

  • La ilusión de elegir: cuando las alternativas están predefinidas y los programas apenas varían en lo esencial.

  • Opinión bajo vigilancia: el papel de algoritmos, medios y encuestas en moldear lo que pensamos.

  • Participar sin poder: mecanismos de consulta o cabildos sin impacto real en las decisiones.

  • Romper el juego: pensar en nuevas reglas, desde abajo, con organización popular y autogestión.

Una mirada histórica

El documento también recuerda que la democracia costarricense nunca fue inclusiva desde el inicio. El voto pasó de ser un privilegio para hombres con propiedades a un derecho conquistado por mujeres, sectores populares e indígenas.

“Sí, el acceso es universal. Pero el laberinto sigue teniendo trampas invisibles”.

Este recorrido evidencia que cada ampliación democrática fue fruto de luchas sociales, no de concesiones desde arriba.

Hacia otras formas de democracia

La reflexión no se queda en la crítica. El cuaderno plantea rutas para construir un horizonte distinto:

  • Informarse críticamente y no depender solo de medios corporativos.

  • Participar organizadamente en colectivos, asambleas y redes comunitarias.

  • Ejercer el poder desde abajo mediante la autogestión y la deliberación en los territorios.

  • Promover procesos constituyentes que cambien las reglas del juego.

  • Educar políticamente para que el conocimiento sea un bien común.

“La verdadera democracia no se reduce a votar cada cuatro años. Supone construir poder colectivo, desde abajo, con otros”.

Una invitación a cuestionar y actuar

Con las elecciones del 2026 a la vista, este documento busca incomodar más que tranquilizar: abrir preguntas, despertar debates y provocar organización colectiva.

El juego de la democracia está en marcha, pero las reglas pueden cambiar si jugamos distinto.

 

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Democracia en riesgo: cuando la política criminal marca la agenda

En América Latina, la democracia no enfrenta únicamente el desafío de elegir gobiernos legítimos o de garantizar instituciones sólidas. Hoy, una de las amenazas más serias proviene de la expansión de lo que los investigadores Feldmann y Luna llaman política criminal: la intersección entre el crimen organizado, actores políticos y funcionarios estatales que encuentran en las economías ilegales una fuente de poder y recursos.

Esta relación no se limita a escenarios de violencia extrema, como el narcotráfico en México o Colombia. También se manifiesta en países con instituciones más fuertes, como Chile, Uruguay o Paraguay, donde el crimen ha penetrado el financiamiento de campañas, los negocios legales y las dinámicas de poder local. El resultado es un impacto directo en la calidad de la democracia y en las posibilidades de desarrollo económico.

Riesgos para la democracia

La democracia se sostiene sobre reglas claras: competencia justa, instituciones independientes y confianza ciudadana. Cuando el crimen entra en la política, estos pilares se ven gravemente erosionados.

  • Cooptación de instituciones: partidos y candidatos que dependen de financiamiento ilegal quedan atrapados en esa relación. En consecuencia, las decisiones de gobierno, en lugar de priorizar salud, educación o derechos sociales, terminan respondiendo a intereses criminales. Así, el Estado pierde autonomía y se convierte en un vehículo para proteger negocios ilícitos.
  • Erosión de la confianza ciudadana: cuando la población percibe que las autoridades están “vendidas” a redes mafiosas, se debilita la credibilidad en las elecciones, la justicia y los mecanismos de participación. Ese escepticismo suele traducirse en apatía, abstención o incluso en apoyo a salidas autoritarias que prometen “mano dura”.
  • Violencia política: en muchos contextos, los criminales no dudan en intimidar o eliminar a quienes representan una amenaza para sus intereses. Líderes comunitarios, activistas ambientales y hasta candidatos pueden ser asesinados o amenazados, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece el debate democrático.
Impacto en los procesos políticos

La penetración del crimen no solo corroe a la democracia en abstracto, sino que afecta directamente la dinámica cotidiana de la política.

  • Políticas públicas debilitadas: los recursos estatales se desvían para proteger negocios ilícitos o reforzar clientelas políticas. Así, programas esenciales como salud, educación o infraestructura local quedan relegados, mientras que las prioridades del crimen —por ejemplo, flexibilizar controles aduaneros o facilitar el blanqueo de dinero— se imponen en la agenda pública.
  • Normalización de la corrupción: cuando políticos, policías o jueces operan en connivencia con organizaciones criminales, la corrupción deja de ser un escándalo aislado y pasa a ser una práctica rutinaria. Las reglas informales impuestas por el crimen sustituyen gradualmente el Estado de derecho.
  • Captura de la representación política: en este escenario, quienes acceden al poder dependen de pactos con grupos ilegales. Esto limita la capacidad de la ciudadanía para incidir en las decisiones y convierte a las instituciones en rehenes de intereses ocultos.
Impacto en los procesos económicos

Los efectos de la política criminal se extienden también a la economía, aunque muchas veces estos impactos son menos visibles en el debate público.

  • Desigualdad persistente: aunque las economías ilegales generan grandes sumas de dinero, estos recursos no se destinan a mejorar servicios públicos ni a promover oportunidades productivas. Por el contrario, se concentran en redes cerradas y, en ocasiones, se usan para comprar lealtades locales, perpetuando ciclos de dependencia.
  • Frenos al desarrollo: las inversiones legítimas, tanto nacionales como extranjeras, suelen retraerse en contextos marcados por la inseguridad y la debilidad institucional. En lugar de favorecer innovación y diversificación, la economía se estanca y se apoya cada vez más en actividades extractivas y de bajo valor agregado.
  • Dependencia de economías ilegales: en algunas regiones, comunidades enteras sobreviven gracias a los ingresos del narcotráfico o de actividades ilícitas asociadas, como la minería ilegal. Esto genera una “trampa de desarrollo fallido”: el PIB puede crecer, pero lo hace de forma deformada, acompañado de corrupción, violencia y debilitamiento del Estado.
La paradoja de la seguridad: mucha retórica, pocos resultados

En las últimas décadas, varios gobiernos latinoamericanos han colocado la seguridad en el centro de su discurso político. Prometen “recuperar el orden”, aumentar patrullajes o militarizar territorios dominados por mafias. Sin embargo, estas medidas enfrentan tres problemas recurrentes:

  1. Efectos superficiales: las redadas o capturas de alto perfil pueden desarticular temporalmente a un grupo, pero no eliminan las redes políticas y económicas que sostienen la criminalidad. En poco tiempo, otro actor ocupa el espacio dejado.
  2. Reproducción de la violencia: la llamada “guerra contra las drogas” ha demostrado que la represión sin estrategias sociales y económicas produce mayor confrontación. Los carteles se fragmentan, se multiplican las disputas y la violencia se extiende a barrios y comunidades.
  3. Legitimidad en riesgo: cuando la población percibe que los operativos no reducen la inseguridad cotidiana —el asalto en el bus, la extorsión en el barrio, la amenaza al líder comunitario—, crece la desconfianza hacia el Estado. Así, la seguridad se convierte en un eslogan electoral más que en una política efectiva.

En consecuencia, pese al creciente gasto en fuerzas de seguridad, la criminalidad se adapta, encuentra nuevos nichos y refuerza su capacidad de influir tanto en la política como en la economía. Esta supuesta “focalización” deja de lado las causas estructurales: la desigualdad, la corrupción institucional y la falta de alternativas productivas.

Costa Rica rumbo a las elecciones de 2026: una discusión impostergable

Costa Rica vive hoy su peor crisis de seguridad en décadas. El número de homicidios alcanzó cifras históricas: 907 en 2023 y 880 en 2024, con una tasa de alrededor de 16,6 por cada 100 000 habitantes. Se trata de un escenario inédito para un país que durante décadas se presentó como “excepción de paz” en Centroamérica (AP, 2023).

Frente a este panorama, el Gobierno de Rodrigo Chaves ha impulsado medidas inspiradas en la mano dura salvadoreña: construcción de una prisión de máxima seguridad con asesoría de El Salvador, restricciones en visitas carcelarias y limitaciones a envíos familiares, con la intención de controlar al crimen desde el sistema penitenciario (Reuters, 2025).

No obstante, estas políticas han recibido críticas por ser más reactivas que estratégicas:

  • Se han señalado posibles violaciones a derechos humanos, falta de enfoque social y ausencia de soluciones sostenibles (Delfino, 2025).
  • Expertos advierten que la mano dura puede amplificar la violencia, fragmentar redes criminales sin desmantelarlas y desviar recursos de programas sociales esenciales (Semanario Universidad, 2024).

La seguridad, por lo tanto, aparece como el tema más sensible de cara a las elecciones de 2026. Y la ciudadanía es consciente: según encuestas de la UCR, la preocupación por la inseguridad alcanzó un 78 % en 2025, mientras que la valoración positiva del gobierno de Chaves cayó casi 10 puntos en pocos meses (UCR, 2025).

A esto se suma un riesgo adicional: la posible infiltración del crimen organizado en la política. La experiencia regional muestra cómo el narcotráfico puede financiar campañas, presionar a candidatos o intimidar a comunidades, distorsionando la transparencia democrática. En Costa Rica, editoriales de La Nación y análisis de organismos internacionales ya alertan al Tribunal Supremo de Elecciones sobre la urgencia de reforzar los controles al financiamiento electoral (La Nación, 2025).

¿Por qué es urgente retomar el debate en esta etapa electoral?
  • Legitimidad democrática: si la seguridad se aborda únicamente con mano dura, pero sin resultados duraderos, la percepción ciudadana sobre la democracia se debilita. En 2026, esto puede derivar en apoyo a figuras “fuertes” o populistas, así como en mayor abstención o cinismo político.
  • Prevención de la infiltración criminal: la falta de controles sólidos sobre el financiamiento y las candidaturas abre espacios para que actores delictivos interfieran en el proceso electoral.
  • Visión a largo plazo: el crimen organizado no se resuelve con medidas de emergencia; requiere políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales.
  • Ejes de campaña auténticos: abrir discusiones profundas sobre desigualdad, seguridad integral y transparencia permite que la competencia política se base en ideas y propuestas, y no únicamente en el miedo o en la represión reactiva.
Impactos en la naturaleza: la otra cara de la política criminal

El avance del crimen organizado en Costa Rica no se limita a las instituciones o a la economía: también deja una huella preocupante en la naturaleza. La expansión de las economías ilícitas, en alianza con actores políticos o autoridades locales, aprovecha territorios vulnerables para generar ganancias rápidas, sin reparar en los costos ambientales y sociales.

  • Deforestación y pérdida de biodiversidad: aunque Costa Rica se proyecta internacionalmente como un país verde, la presión de actividades ilegales en áreas protegidas es real. El cultivo de marihuana y la expansión de monocultivos vinculados a redes criminales impactan ecosistemas frágiles y amenazan especies endémicas. Comunidades rurales e indígenas han denunciado desplazamientos y amenazas por el control del territorio.

  • Contaminación de suelos y aguas: el narcotráfico y las economías ilícitas utilizan químicos y pesticidas no regulados que terminan en ríos y suelos, afectando fuentes de agua que abastecen poblaciones locales. En regiones costeras y fronterizas, los desechos de estas prácticas impactan directamente la biodiversidad marina y terrestre.

  • Pesca ilegal y contrabando en mares: organizaciones criminales aprovechan las costas —particularmente en el Caribe Sur y el Pacífico— para actividades de contrabando, pesca no regulada y como corredores de tráfico. Esto pone en riesgo especies marinas y debilita los esfuerzos de conservación que han dado prestigio internacional al país.

  • Captura de territorios: el control criminal sobre rutas, puertos y fronteras limita la capacidad del Estado de proteger reservas y parques nacionales. En lugares como la frontera norte o el Caribe, la presencia de redes ilícitas reduce la efectividad de las instituciones encargadas de la vigilancia ambiental y compromete compromisos internacionales de Costa Rica en materia climática.

En este sentido, la política criminal en Costa Rica no solo erosiona la democracia y el desarrollo económico, sino que compromete directamente la seguridad ambiental del país. En un mundo ya presionado por el cambio climático, esta dimensión es especialmente crítica: la llamada “marca verde” costarricense —pilar de su economía y reputación internacional— corre el riesgo de verse debilitada si el crimen organizado continúa ampliando su influencia en los territorios.

Algo más que elecciones

La política criminal no es solo un problema de seguridad ni un asunto reservado para las páginas policiales. Se trata de una amenaza directa a la democracia, un freno al desarrollo económico y un factor de deterioro ambiental.

En Costa Rica, las elecciones de 2026 ofrecen una oportunidad histórica para que la seguridad deje de ser un simple eslogan electoral y se convierta en un debate real sobre cómo construir instituciones sólidas, transparentes y justas.

Enfrentar este desafío exige mucho más que patrullas y cárceles: requiere fortalecer la transparencia, garantizar justicia social y ofrecer alternativas reales a las comunidades frente al poder corruptor del dinero ilícito. Solo así será posible recuperar la credibilidad democrática, proteger la naturaleza y asegurar que la ciudadanía vuelva a confiar en que su voto puede marcar la diferencia.

Referencia:

AP News. (29 diciembre 2023). Costa Rica looks to El Salvador in announcing new prison and tough-on-crime reforms. Associated Press. https://apnews.com/article/bfc7358f15589c45cb5b04ddc1db86ee

Delfino.cr. (12 junio 2025). La urgente construcción de una política criminal integral en Costa Rica. Delfino.cr. https://delfino.cr/2025/06/la-urgente-construccion-de-una-politica-criminal-integral-en-costa-rica

Feldmann, Andreas E., & Luna, Juan Pablo. (2023). Criminal politics and botched development in contemporary Latin America. Cambridge University Press.

La Nación. (20 febrero 2025). Editorial: Elecciones 2026, el alto riesgo de la infiltración del narco. La Nación. https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-elecciones-2026-el-alto-riesgo-de-la/ECXU5WZBJZC7TLRYJFE57LCFGA/story

Reuters. (14 agosto 2025). Costa Rica to start building massive El Salvador-inspired prison. Reuters. https://www.reuters.com/world/americas/costa-rica-start-building-massive-el-salvador-inspired-prison-2025-08-14

Semanario Universidad. (10 mayo 2024). Costa Rica necesita una política pública específica sobre crimen organizado. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-necesita-una-politica-publica-especifica-sobre-crimen-organizado

Universidad de Costa Rica. (3 abril 2025). La valoración del Gobierno del presidente Chaves disminuye mientras que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia reina en Costa Rica.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/4/03/la-valoracion-del-gobierno-del-presidente-chaves-disminuye-mientras-que-la-preocupacion-por-la-inseguridad-y-la-delincuencia-reina-en-costa-rica.html

Esta nota pertenece a la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Educación en Costa Rica: un bien común en riesgo (porque “no me dio la gana publicarla”)

Un derecho en retroceso

El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 (CONARE) alerta sobre una crisis profunda en el sistema educativo nacional. Lo que por décadas se construyó como un bien común social —una educación pública amplia, gratuita y promotora de igualdad— se ve hoy vulnerado por malas decisiones políticas, desfinanciamiento y una conducción errática. El país enfrenta el peor retroceso en inversión educativa de los últimos 40 años, acompañado de rezagos en aprendizajes, inequidades crecientes y debilitamiento institucional.

La política dominante: el ajuste fiscal por encima del derecho

La caracterización que realiza el Informe es clara: la política educativa reciente ha estado subordinada a la lógica del ajuste fiscal. La educación se ha tratado como una variable de recorte, en lugar de un motor estratégico de desarrollo. Esto se expresa en:

  1. Presupuesto del MEP ajustado por debajo de la regla fiscal.
  2. Inversión universitaria por estudiante similar a la de hace dos décadas.
  3. Eliminación de programas de equidad y debilitamiento de apoyos a poblaciones vulnerables.
  4. Reducción en la rectoría técnica e improvisación en políticas educativas.

Este enfoque convierte a la educación en un “gasto” a contener y no en un bien público que sostiene ciudadanía, cohesión social y democracia.

La ironía de la “Ruta de la Educación”: ¿plan o capricho?

Como si la crisis no bastara, Costa Rica vivió en 2025 una escena digna de tragicomedia política. La entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, no solo dejó inconclusa la supuesta “Ruta de la Educación” que el gobierno Chaves anunció con bombos y platillos en 2023: en una plaza pública declaró con aplomo que “no me dio la gana publicarla” para que no se la “despedazaran” los diputados (Chinchilla, 2025).

Con esa frase lapidaria, la educación nacional pasó de ser asunto de políticas públicas a convertirse en expresión de un estado de ánimo ministerial. Lo que en otros países se elabora con indicadores, líneas base, planes de trabajo y participación ciudadana, en Costa Rica terminó reducido a la voluntad —o el desgano— de una funcionaria que prefirió la ovación de plaza antes que la transparencia institucional (Müller, 2025).

La historia posterior no fue menos grotesca: el MEP admitió que el nuevo ministro Leonardo Sánchez, quien además fue viceministro durante la gestación de la supuesta ruta, no recibió ningún documento oficial. Lo que hubo fueron diapositivas sueltas, conferencias de prensa y promesas que nunca se concretaron en una política verificable (Bolaños, 2025). En síntesis: la “Ruta de la Educación” existió en la narrativa, pero no en la realidad.

Este episodio refleja, con tintes satíricos, lo que el Estado de la Educación ya advertía con datos duros: la improvisación en la conducción educativa y la pérdida de la rectoría técnica del MEP. Si el país había carecido de plan ministerial durante tres años, la confesión de la exjerarca terminó de desnudar el problema: Costa Rica atravesó una crisis educativa monumental sin brújula y sin hoja de ruta.

Las declaraciones de la exministra Anna Katharina Müller —al decir que “no me dio la gana publicar” la Ruta de la Educación— no son un gesto aislado, sino reflejo de una crisis estructural. El Décimo Estado de la Educación 2025 confirma que el MEP operó tres años sin plan ministerial, lo que dejó al sistema sin rumbo y profundizó el deterioro institucional.

El informe evidencia la improvisación y el vaciamiento técnico: recortes en programas de equidad, ausencia de evaluaciones y debilitamiento de la rectoría educativa. Todo esto se traduce en rezagos de aprendizajes, brechas crecientes y erosión de la cultura democrática.

Cuando una política nacional depende de un “no me dio la gana”, lo que se revela es un Estado atrapado entre ajuste fiscal e improvisación, donde la educación deja de ser bien común y derecho democrático para convertirse en víctima de los humores del poder.

Educación básica: sin rumbo y con rezagos

En la educación preescolar y primaria, el informe subraya la ausencia de un plan ministerial durante tres años, lo que dejó a las aulas sin norte. La pobreza de evaluaciones y la falta de estrategias de nivelación acentuaron el rezago estudiantil. Niñas y niños salen de primaria sin las competencias mínimas de lectura y matemáticas, lo que compromete su trayectoria futura.

Educación secundaria: desigualdades que se profundizan

La secundaria enfrenta los mayores niveles de exclusión y desigualdad. Modalidades rurales, colegios técnicos y comunidades indígenas operan en condiciones adversas que perpetúan brechas históricas. La promoción de estudiantes aumentó, pero sin controles de calidad, lo que genera un “éxito vacío”: más títulos, pero menos aprendizajes. A la par, se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, vulnerando el derecho a una formación integral.

Educación universitaria: conflictos y estancamiento

El nivel universitario tampoco escapa a la crisis. La inversión por estudiante volvió a niveles de hace veinte años y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) crece por debajo de lo necesario. Las universidades públicas enfrentan nuevos conflictos políticos y recortes, mientras las privadas carecen de adecuada fiscalización. A pesar de que las universidades ampliaron la cobertura y aportaron en investigación y acción social, el país no aprovecha plenamente el “bono de secundaria” y pierde la oportunidad de elevar el logro educativo universitario.

Educación para la democracia: más allá de lo instrumental

El Informe advierte que reducir la educación a un enfoque meramente instrumental —centrado en certificaciones, pruebas y “eficiencia” fiscal— significa perder de vista su valor más profundo: formar ciudadanía democrática y garantizar igualdad de condiciones para participar en la vida social.

Una educación democrática no se limita a transmitir contenidos académicos, sino que cultiva pensamiento crítico, respeto a la diversidad, capacidades de diálogo y sentido de pertenencia comunitaria. Programas debilitados o eliminados —como los de equidad, afectividad, sexualidad o inclusión digital— eran parte de este esfuerzo de formación integral. Su ausencia deja un vacío que impacta no solo en los aprendizajes, sino en la posibilidad de que las nuevas generaciones ejerzan plenamente su ciudadanía.

Algunos puntos clave señalados por el Informe:

  • Retroceso en la democratización social: las brechas en acceso, aprendizajes y trayectorias educativas muestran que la educación ya no garantiza igualdad de oportunidades. Los sectores más pobres, las zonas rurales y los pueblos indígenas son los más afectados.

  • Déficit en la democratización cultural y política: la eliminación de programas como el de Afectividad y Sexualidad Integral refleja un retroceso en la posibilidad de garantizar formación en derechos humanos, convivencia y respeto a la diversidad.

  • Universidades y democracia: el informe reconoce a las universidades públicas como espacios de democratización del conocimiento, pero advierte que los recortes presupuestarios y la presión política limitan su capacidad de cumplir ese rol.

  • La educación como soporte democrático: al debilitarse la educación pública, también se erosiona la cohesión social y la participación ciudadana, pues disminuye la posibilidad de formar sujetos críticos y con igualdad de condiciones para incidir en la vida nacional.

Reconstruir el pacto educativo

El informe concluye que es posible salir de esta crisis con una nueva generación de políticas educativas, fundamentadas en evidencia científica y en un acuerdo nacional que devuelva a la educación su carácter de bien común. Entre las propuestas están: regresar al 8% del PIB en inversión, crear un sistema integral de evaluación, fortalecer la formación docente y articular redes locales de apoyo a los centros educativos.

En resumen, la educación costarricense atraviesa una encrucijada: seguir bajo la lógica del ajuste fiscal y la improvisación —donde la “Ruta de la Educación” puede depender de la gana o desgana de un jerarca—, o recuperar su papel como herramienta de equidad, democracia y desarrollo humano.

Referencias

Puede descargar la infografía aquí.

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80 porciento

¿Qué pasaría si denunciar un daño ambiental te llevara a un embargo en Costa Rica? Una historia ficticia para pensar en voz alta

Una nueva señal de alerta se enciende en el ya tenso paisaje de la participación ambiental en Costa Rica. Esta vez, imaginemos que el Innombrable —sí, ese mismo megaproyecto turístico que ocupa varias fincas públicas en cierto lugar cuyo nombre ya no podemos decir— activara los engranajes del poder judicial contra una persona que alzara la voz.

Según versiones compartidas por distintas fuentes, un caso hipotético, identificado como #6548793, ilustraría los riesgos que podrían enfrentar quienes denuncian posibles afectaciones ambientales en zonas de alto valor ecológico. La persona involucrada —una creadora de contenido conocida por  documentar procesos ambientales— publicaría un video donde cuestiona, con argumentos y datos públicos, los impactos que podría generar el proyecto. Su publicación haría referencia a permisos otorgados por instancias estatales en zonas de bosque protegido, parte del Patrimonio Natural del Estado.

La respuesta del Proyecto Innombrable no sería un comunicado ni un espacio de diálogo. Sería una demanda civil. Y, sin juicio en curso ni notificación previa, la persona identificada en el expediente #6548793 podría amanecer con sus cuentas bancarias congeladas y sus recursos embargados. Todo bajo la figura del “embargo preventivo”, como si se tratara de un riesgo penal urgente. Pero lo único urgente aquí, al parecer, sería acallar la crítica.

¿De qué estamos hablando?

 Este tipo de situaciones encajan con lo que a nivel internacional se conoce como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una demanda estratégica para silenciar la participación pública. Su objetivo no es probar la falsedad de lo dicho, sino castigar el hecho de haberlo dicho. Es una forma de censura legalizada, que desgasta emocional, económica y socialmente a quienes defienden lo común.

Lo que se intenta silenciar no es una mentira ni un ataque personal. Es una denuncia legítima sobre el uso del territorio, los bienes públicos y el ambiente. Pero en lugar de responder con argumentos, el Innombrable responde con litigios.

El problema no es solo jurídico: es democrático. Las SLAPP buscan desincentivar la crítica y enfriar el debate público. Quien observa este caso desde fuera podría pensar dos veces antes de expresar su preocupación por el mar, el bosque o la montaña. Así, el silencio se vuelve rentable para quienes manejan muchos ceros, mientras que el derecho a opinar queda en pausa para quienes defienden desde el margen.

En Costa Rica, aún no existe legislación que identifique ni frene estas prácticas. Pero los síntomas están a la vista: demandas contra activistas, comunicadores, personas jóvenes o defensoras ambientales que se atreven a nombrar lo que otros preferirían ocultar.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería llevar al embargo de la vida cotidiana. Y sin importar cuán poderoso sea el que demanda, ninguna empresa debería tener el poder de convertir una crítica pública en una condena económica.

Las voces que alertan, preguntan o denuncian no son el problema. Son parte de la solución.
¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.

¿Qué es un embargo preventivo?

Es una medida cautelar que ordena la inmovilización o retención de bienes del deudor antes de que exista una sentencia definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación o el resultado de un proceso judicial. Es una acción preventiva para evitar que el deudor pueda disponer de sus bienes y así asegurar que haya recursos disponibles para satisfacer una posible deuda o condena.

¿Qué implica un embargo preventivo para una persona defensora ambiental?

Puede implicar varias cosas graves: limita su capacidad de usar o disponer de sus bienes, puede afectar su estabilidad económica y personal, y en muchos casos funciona como una forma de presión o intimidación para obstaculizar su labor de defensa ambiental. En contextos de conflictos socioambientales, este tipo de medidas pueden ser usadas para desincentivar la defensa de derechos y proteger intereses económicos o políticos contrarios a la protección ambiental.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país» Rodrigo Chaves Robles – Presidente de Costa Rica*

¿Por qué el Acuerdo de Escazú tenía preocupados  a ciertos sectores desarrolladores?

El Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante en América Latina y el Caribe, protege especialmente a las personas defensoras ambientales. En su artículo 9, establece que los países deben garantizar condiciones seguras para que puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos, intimidaciones, amenazas o cualquier forma de violencia, incluyendo medidas legales abusivas como embargos o procesos judiciales injustificados. Además, promueve el acceso a la justicia para proteger sus derechos y asegura que cualquier restricción a sus bienes o actividades sea justificada, proporcional y respetuosa de sus derechos humanos.

Esta nota presenta una historia ficticia planteada con fines reflexivos y educativos sobre el uso de mecanismos legales para limitar la participación pública. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia. El contenido busca promover el análisis crítico y la discusión en torno a la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión, sin intención de acusar o difamar a ninguna persona, empresa o institución.

*Pomareda García, Fabiola (2023, 1 de febrero). Costa Rica a punto de enterrar tratado internacional que protegería a quienes defienden el ambiente. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-a-punto-de-enterrar-tratado-internacional-que-protegeria-a-quienes-defienden-el-ambiente/

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Noticias que engañan: cuando la propaganda se disfraza de periodismo

En tiempos de elecciones, no todo lo que brilla informa. El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra lanza el documento de trabajo “Noticias que engañan”, una herramienta urgente y provocadora que busca abrir los ojos de la ciudadanía frente a los múltiples disfraces de la desinformación y el pseudoperiodismo.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, y es una invitación a poner en pausa el scroll, cuestionar lo que consumimos y recuperar el pensamiento crítico como un ejercicio cotidiano de defensa democrática.

En este escenario, las campañas políticas ya no se libran solamente en plazas públicas o debates televisados: se diseñan para viralizar emociones, moldear percepciones y evitar el cuestionamiento. El auge del pseudoperiodismo convierte la comunicación política en espectáculo, donde lo que importa no es la veracidad del mensaje, sino su capacidad de conectar emocionalmente y consolidar identidades políticas a través de relatos cuidadosamente producidos. Esto reduce el debate electoral a una competencia de imágenes, frases hechas y manipulaciones algorítmicas, en detrimento de las propuestas, los compromisos reales y la rendición de cuentas.

 

Esta tendencia no es solo una estrategia de campaña; es un riesgo profundo para el sistema democrático. Si las candidaturas se consolidan sobre narrativas falsas o cuidadosamente maquilladas, se vacía el sentido de la deliberación pública y se debilita el rol del voto informado. Frente a esto, el documento propone una ciudadanía que no se conforme con consumir mensajes bonitos, sino que exija transparencia, pluralidad y una comunicación política que esté al servicio del bien común, no de los intereses particulares.

📣 ¿Qué propone este documento?

A lo largo de sus páginas, el folleto expone de manera clara y accesible cómo muchas piezas mediáticas —aparentemente periodísticas— en realidad funcionan como publirreportajes políticos disfrazados. A través de ejemplos concretos y herramientas prácticas, se alerta sobre:

  • El uso del pseudoperiodismo como estrategia de propaganda.

  • La manipulación emocional como forma de persuasión política.

  • La falta de voces diversas y la ausencia de datos verificables.

  • Los nuevos riesgos digitales: deepfakes, troles, granjas de contenido y medios sin transparencia.

Además, se explican conceptos clave como sesgo de confirmación, titulares manipuladores o granjas de contenido, e incluye una guía para identificar entrevistas complacientes, titulares engañosos y medios de dudosa ética.

🗳️ Elecciones 2026: entre la desinformación y la decisión

El documento nos advierte con claridad: la campaña del 2026 no se librará solo en urnas, sino en redes, algoritmos y pantallas. En este nuevo campo de batalla digital, el ruido informativo puede silenciar los debates sustantivos y vaciar de sentido nuestras decisiones como electores.

Frente a este panorama, Noticias que engañan no solo denuncia, sino que propone: recuperar la conversación, debatir nuestras diferencias con honestidad, reapropiarnos del diálogo como herramienta política y exigir medios que sirvan al bien común, no al cálculo electoral.

🤔 ¿Por qué importa?

Porque sin información honesta no hay ciudadanía activa, y sin ciudadanía activa no hay democracia real. Este material no busca imponer verdades, sino invitarnos a sospechar con criterio, conversar con respeto y votar con conciencia.

Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Frantz Fanon a 100 años: pensamiento vivo para la liberación

“Cada generación debe, en una relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla.”
— Frantz Fanon

Este 2025 se cumplen 100 años del nacimiento de Frantz Fanon, psiquiatra, escritor y militante anticolonial nacido en Martinica. A un siglo de su llegada al mundo, su pensamiento no solo conserva una vigencia inusitada, sino que continúa siendo un faro para quienes luchan contra las formas contemporáneas del racismo, el colonialismo y la opresión. Su vida encarna una rara coherencia entre pensamiento y acción, entre la teoría y el compromiso político por la liberación de los pueblos.

Un pensador radical del colonialismo y la subjetividad

Frantz Fanon fue uno de los primeros en articular con profundidad cómo el colonialismo no solo domina territorios, sino que penetra en la psique de las personas colonizadas. En “Piel negra, máscaras blancas” (1952), Fanon exploró cómo el racismo produce una alienación estructural en la subjetividad negra, obligando a las personas a usar “máscaras” impuestas por la cultura blanca dominante para poder sobrevivir. Este texto no es solo un análisis psicológico; es una denuncia ética y política de la deshumanización colonial.

Fanon comprendió el racismo como una tecnología de poder: no es solo un “prejuicio” ni un “error” individual, sino una estructura que sostiene el orden colonial y el capitalismo global. En su lectura, la liberación auténtica no puede venir de reformas superficiales, sino de una ruptura con el sistema que produce esas jerarquías.

La violencia como respuesta: una ética desde los condenados de la tierra

Su obra más influyente, “Los condenados de la tierra” (1961), fue escrita mientras trabajaba con el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Argelia, poco antes de su muerte. Este libro marca una ruptura con los discursos liberales y eurocéntricos sobre el desarrollo y la democracia. Fanon no idealiza la violencia, pero la reconoce como un momento inevitable en los procesos de descolonización, porque el colonialismo mismo se funda en la violencia. La violencia liberadora aparece como una reapropiación de la dignidad y una forma de reconstrucción del sujeto oprimido.

A diferencia del humanismo colonial, que oculta la deshumanización bajo discursos de civilización, Fanon apuesta por un nuevo humanismo, nacido de la lucha y del reconocimiento de la humanidad negada. Es un humanismo insurgente, construido por los de abajo, por quienes han sido despojados de su voz y su cuerpo.

Un compromiso encarnado: Fanon militante

Más allá de sus libros, Fanon fue un hombre profundamente comprometido con la praxis revolucionaria. Renunció a su cargo como psiquiatra del hospital de Blida, en Argelia, al no poder ser cómplice del aparato colonial francés. Se unió activamente al movimiento de liberación argelino, asumió misiones diplomáticas y formó parte de una lucha que no era la “de su pueblo natal”, sino la de todos los pueblos colonizados del mundo.

Este gesto de solidaridad radical –arriesgar la vida por una causa que no es “nacional” sino humana– es parte de la coherencia ética que hace de Fanon una figura ejemplar. No pensaba la revolución como una consigna abstracta, sino como un proceso en el que se arriesga el cuerpo, el tiempo y la vida.

Pensar con Fanon hoy: descolonizar es urgente

Hoy, en un mundo atravesado por nuevas formas de colonialismo —económico, cultural, epistémico y ecológico—, las palabras de Fanon resuenan con fuerza. En América Latina, África y Asia, en los territorios indígenas, en los barrios racializados, en las luchas de las juventudes precarizadas, su llamado a descubrir la misión histórica de cada generación sigue siendo una provocación necesaria.

Descolonizar no es solo un acto académico ni un reclamo simbólico: es una práctica que interpela las estructuras de poder y nuestras formas de vida. Leer a Fanon en este centenario no debe ser un homenaje pasivo, sino una invitación activa a renovar el compromiso con los procesos de emancipación, con los pueblos que luchan, con quienes siguen siendo tratados como desechables por un sistema que jerarquiza vidas.

Fanon vive en cada intento por decir la verdad contra la opresión, en cada gesto de solidaridad activa, en cada comunidad que se organiza para recuperar su autonomía. A 100 años de su nacimiento, su pensamiento nos recuerda que no hay transformación sin riesgo, ni liberación sin conflicto.

Descolonizar también es hacer: más allá del discurso

Frantz Fanon nos alerta con claridad: la descolonización no es una metáfora, ni un giro semántico en los debates académicos. Es una reorganización radical del mundo, una ruptura concreta con los modos de vida, de gobernar, de habitar, de sanar y de educar impuestos por el colonialismo. Por eso, descolonizar implica prácticas vividas, no solo interpretaciones.

En muchos espacios, el discurso descolonial ha sido absorbido por instituciones, universidades y ONGs sin que ello signifique un compromiso real con las luchas de los pueblos. Fanon nos previno de ese peligro: cuando la descolonización se vuelve una moda discursiva sin anclaje en el cuerpo, el territorio y la comunidad, deja de ser una amenaza al orden colonial.

Descolonizar exige recuperar saberes, lenguas, espiritualidades, economías y modos de cuidado propios, en diálogo con las urgencias del presente. Significa desafiar la verticalidad del Estado-nación, cuestionar el monocultivo del pensamiento occidental, denunciar las formas de racismo ambiental, reconstruir la salud desde el cuerpo-territorio, y defender la vida más allá del lucro y la acumulación.

En este sentido, Fanon no es solo un pensador, sino un guía ético-político que exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Su legado interpela a quienes luchan por el cambio social: ¿cómo se vive lo que se proclama? ¿Qué prácticas reproducen la colonialidad incluso en espacios que se dicen alternativos? ¿Quiénes deciden y desde dónde?

El pensamiento de Fanon, a 100 años de su nacimiento, nos recuerda que no basta con denunciar el colonialismo: hay que dejar de ser sus funcionarios cotidianos. Descolonizar es también cocinar, sembrar, sanar, enseñar y organizar desde otros lugares, con otros ritmos, con otras palabras.

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