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Territorio, dignidad y resistencia: el nuevo ciclo de protesta en Panamá

Desde principios de mayo de 2025, Panamá atraviesa una nueva y significativa ola de movilizaciones sociales protagonizadas por pueblos indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Las protestas, que se han intensificado en todo el país, responden a un creciente malestar ante decisiones gubernamentales que impactan directamente sobre derechos sociales, territoriales y soberanos. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social (CSS)—, el rechazo a la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la oposición a un reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

Estas movilizaciones no son eventos aislados, sino la expresión acumulada de múltiples tensiones sociales, políticas y territoriales que han marcado la historia reciente del país. En el centro del conflicto se encuentran los pueblos indígenas, históricamente excluidos de la toma de decisiones, ahora nuevamente reprimidos por ejercer su derecho a la protesta. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y represión violenta se suman a la ausencia de mecanismos de consulta previa que garanticen su participación real en temas que afectan sus vidas y territorios.

Panamá, a diferencia de varios países vecinos, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que agrava aún más la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta carencia institucional refleja un modelo de desarrollo excluyente, que sigue priorizando intereses corporativos y extractivistas por encima de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.

En este contexto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) han denunciado la represión policial, suspendido toda interlocución con el Ejecutivo y exigido la derogación inmediata de las medidas impuestas sin consulta. Las calles del país se han convertido, una vez más, en espacios de resistencia, pero también de propuesta: un llamado urgente a redefinir las bases de la democracia panameña desde la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

A continuación, se destacan cuatro aspectos clave para comprender el trasfondo y la proyección de las actuales protestas:

  1. Criminalización de la protesta y represión estatal

Las manifestaciones encabezadas por pueblos indígenas en Panamá han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y operativos de contención que han dejado múltiples personas heridas. Esta situación se suma a una larga historia de represión cuando los pueblos indígenas ejercen su derecho a la protesta, especialmente en defensa de sus territorios, derechos colectivos y formas de vida. La actual ola de represión evidencia un patrón de criminalización sistemática de la protesta social indígena, así como una preocupante respuesta autoritaria ante el descontento popular.

  1. Ausencia de mecanismos de consulta vinculantes

Uno de los principales reclamos de las organizaciones indígenas panameñas es la falta de mecanismos legales que garanticen la participación efectiva en decisiones que afectan sus territorios. A diferencia de otros países de la región, Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que debilita aún más los procesos de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la Ley 462, junto con decisiones como la reapertura de la mina en Donoso, han sido impuestas sin diálogo con los pueblos indígenas, perpetuando un modelo centralista que excluye y desoye las voces indígenas en asuntos de interés nacional.

  1. Defensa del territorio frente al avance del extractivismo

Las actuales movilizaciones indígenas no solo rechazan reformas estructurales como la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, sino que también denuncian la continuidad de un modelo extractivista que pone en riesgo los bienes comunes y los derechos territoriales. La reapertura de la mina de cobre en Donoso —tras la anulación del contrato minero en 2023 por inconstitucionalidad— es interpretada como un nuevo intento de imponer proyectos altamente destructivos. Las comunidades indígenas han reiterado su defensa del agua, los bosques y los ecosistemas que sustentan su cultura y su supervivencia.

  1. Convergencia de luchas y defensa de la soberanía

La resistencia indígena se está articulando con amplios sectores sociales, como sindicatos, colectivos juveniles, ecologistas y comunidades urbanas, que también se ven afectados por el rumbo político del país. La firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reactivación de concesiones mineras han encendido las alarmas sobre la pérdida de soberanía nacional. Frente a esto, los pueblos indígenas no solo defienden sus derechos colectivos, sino que se posicionan como actores clave en una lucha más amplia por la justicia social, ambiental y democrática en Panamá.

Desde mayo de 2025, comunidades Emberá se han unido a la ola de movilizaciones sociales que sacude al país, exigiendo el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el fin de la represión estatal.

Bienes comunes bajo amenaza: la respuesta de los pueblos

Las movilizaciones indígenas y sociales en Panamá no solo se enmarcan en un rechazo a políticas específicas o proyectos extractivos, sino que representan una defensa integral de los bienes comunes en sus múltiples dimensiones: naturales, sociales y culturales.

En lo natural, los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Panamá. La amenaza que representan actividades como la minería a gran escala o la explotación hidroeléctrica no solo pone en riesgo los recursos hídricos, los bosques y la fauna, sino que altera profundamente el equilibrio ambiental que sustenta la vida en estos territorios. La defensa del agua y la tierra es, por tanto, una cuestión vital para la supervivencia ecológica y comunitaria.

En lo social, la protesta responde a una larga historia de exclusión y marginación estructural que afecta no solo a las comunidades indígenas, sino también a sectores populares urbanos y rurales. La imposición de reformas como la Ley 462 o las decisiones unilaterales sobre recursos estratégicos generan impactos directos en la seguridad social, el bienestar colectivo y la cohesión social. La articulación de pueblos indígenas con sindicatos, estudiantes y ecologistas refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de construir sistemas sociales más justos, inclusivos y democráticos.

En lo cultural, las movilizaciones encarnan la defensa de identidades, tradiciones y formas de vida ancestrales amenazadas por modelos extractivistas y centralizadores. La tierra y los recursos naturales no son solo bienes materiales para estos pueblos, sino elementos esenciales de su cosmovisión, espiritualidad y memoria colectiva. La criminalización y la represión son también formas de violencia cultural que intentan silenciar estas voces y disolver estos vínculos comunitarios.

En suma, la protesta en Panamá es la expresión de una lucha multidimensional que busca proteger y restaurar los bienes comunes en todas sus dimensiones, entendidos como el fundamento indispensable para la vida digna, la justicia social y la soberanía cultural y ambiental.

Imagen de: France 24. Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero. 
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Mientras la Municipalidad es allanada, la destrucción avanza: crónica de un paraíso en obras

Bienvenidos al Caribe Sur costarricense, donde el verde abunda… hasta que aparece una retroexcavadora. Aquí, en este “paraíso natural”, uno puede toparse con playas vírgenes, árboles centenarios y, si tiene suerte, una buena tala ilegal en pleno desarrollo. El combo completo incluye tierra removida, vagonetas sin placas y permisos “fantasma”. Turismo de naturaleza en versión fast-forward hacia la urbanización.

Lejos de ser hechos aislados, lo que ocurre en esta región es parte de una tendencia acelerada y preocupante: la expansión extractiva e inmobiliaria que se impone sobre los ecosistemas sin respetar normativas, ni detenerse ante denuncias comunitarias. Philippe Vangoidsenhoven, una de las personas que ha asumido la tarea de documentar y denunciar estas prácticas, nos ofrece una crónica casi diaria de lo que sucede: árboles talados sin permisos, rellenos ilegales de humedales, y destrucción que avanza mientras las autoridades parecen ausentes o desbordadas.

Casos como el de Playa Negra, donde árboles protegidos fueron derribados sin posibilidad de justificación técnica, o zonas donde se raspa la tierra una y otra vez pese a órdenes de detención previas, muestran el patrón: se destruye, se paga una multa, se construye. La impunidad es parte del modelo.

La falta de medidas cautelares efectivas permite que estos proyectos sigan su curso sin interrupción real. Las denuncias son recibidas, pero el tiempo entre una acción ilegal y una respuesta institucional es aprovechado al máximo por quienes destruyen. En ese vacío, lo que se pierde es naturaleza viva, biodiversidad, y espacios comunes.

La labor de seguimiento y documentación, como la que realiza Philippe, no solo es valiente, sino esencial. Es gracias a ese esfuerzo constante que estos casos no quedan completamente en la sombra. Pero este trabajo no debería recaer únicamente sobre personas voluntarias; requiere respaldo institucional y voluntad política real.

Mientras tanto, en el “paraíso verde”, la tendencia es clara: más concreto, menos selva. Más negocios, menos vida. Y así, cada día, la naturaleza pierde un poco más, a la vista de todos.

Caso nuevo y seguimientos

Caso 1:Retorno de las máquinas a terreno ya intervenido

En un terreno donde anteriormente se denunció el raspado de una loma y movimientos de tierra realizados sin los permisos correspondientes, las máquinas han regresado. A pesar de que en el pasado se emitieron órdenes de detención de las obras, el proyecto parece haber reactivado sus actividades sin mayores consecuencias. Philippe Vangoidsenhoven constató una nueva remoción significativa de tierra, lo que evidencia una clara intención de construcción.

Según relata, este sitio ha sido intervenido en al menos dos ocasiones previas. En ambas, la policía ambiental retiró una draga que operaba en el mismo lugar donde ahora continúan los trabajos. Fue el fiscal ambiental quien, en su momento, ordenó el retiro de la maquinaria. Sin embargo, Philippe cuestiona la efectividad de estas medidas: “Siempre es lo mismo. Están haciendo algo ilegal, pero en lugar de decomisar la máquina como corresponde, simplemente la sacan del lugar, como si eso resolviera el problema. Así no va a funcionar nunca”.

El seguimiento del caso se ha visto afectado por el constante cambio de fiscales, lo que impide una comprensión integral de los hechos. Esta falta de continuidad institucional contribuye a la impunidad con que se reanudan proyectos que, desde su inicio, violan la normativa ambiental vigente.

Nota anterior «Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la lomaNota anterior»«

Caso 2: Huecos, rellenos y vagonetas sospechosas

En otra zona, donde previamente se había extraído madera, el lugar aparece ahora sin actividad visible, pero con señales de movimiento reciente: huecos excavados, tierra removida y caminos nivelados. Alertó al 911, pero no es la primera vez que este tipo de actividad sucede sin respuesta efectiva. El patrón extractivo continúa, facilitado por la falta de medidas cautelares, lo que deja a los territorios en constante estado de vulnerabilidad.

Nota anterior «Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense»

Caso 3: Tala en Playa Negra

En las cercanías de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, se realizó una tala de árboles de gran tamaño y alto valor ecológico. Según Philippe Vangoidsenhoven, es altamente improbable que existiera un permiso para remover dicha vegetación. Él observó vagonetas cargadas con ramas y restos vegetales, que sospecha provienen del sitio intervenido. Aunque en ese momento no había personal trabajando en el lugar, los vestigios de la tala eran claramente visibles.

Este caso parece seguir un patrón ya conocido en la zona: tala, posible multa —cuando la hay— y luego construcción sobre el terreno alterado. La legislación ambiental se aplica con laxitud, lo que permite que estas acciones se consoliden sin una reparación efectiva del daño causado.

Philippe describe una estrategia recurrente: derribar todos los árboles, cortarlos en pedazos y removerlos rápidamente. “Hoy en la mañana lo vi pasar”, señala. Más tarde, al regresar al lugar, notó un claro descenso del terreno, evidenciando la reciente intervención. En el trayecto, observó una vagoneta cargada con ramas de árboles. Aunque no pudo ver el contenido completo del cajón, es muy probable que proviniera del área afectada. “Así es como lo hacen: llenan la vagoneta con los restos y la sacan sin que nadie diga nada. Nadie detiene esas vagonetas, ese es el problema”, concluye.

Al volver Philippe al lugar, había un bajop en el terreno. “Y estaba ahí esperando. Y como yo miré primero, miré la vagoneta pasar con ese material verde, de esas ramas, de todo esto… cuando ya llegué al sitio, ahí en eso yo miro el bajop, y ahí ya me encendió el bombillo. Ya estaban sacando todo esto y seguro que están haciéndolo ahora mismo. No pude volver a ir, entonces no sé si la policía ha ido al sitio y no sé si de verdad habrán hecho su trabajo… eso es otra cosa”.

Según información proporcionada por la policía, el terreno contaba con permisos para la tala, lo que evidencia no solo la laxitud de la legislación ambiental, sino también que el problema no radica únicamente en si la tala es legal o ilegal, sino en la vulnerabilidad del ecosistema afectado.

Allanamiento a la Municipalidad de Talamanca: justicia en acción, mientras la destrucción sigue

Este martes, la Municipalidad de Talamanca fue allanada por segunda vez debido a presuntas irregularidades en la aprobación de permisos de construcción en zonas protegidas, incluyendo áreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La investigación apunta a posibles actos de corrupción que habrían facilitado proyectos turísticos y urbanísticos ilegales.

Para Philippe Vangoidsenhoven, testigo cercano de estos procesos, la situación no es nueva. Recuerda que durante una administración anterior ya se había realizado un allanamiento en el municipio, en el cual se incautaron documentos y se inició una investigación contra el entonces alcalde. Tras ese proceso, se emitió una orden de arresto contra el funcionario, y este intentó darse a la fuga. “Y desmovieron, después de investigar todo, para arrestar al alcalde, y el alcalde se dio la fuga. Lo tuvieron que perseguir con sirenas, cortarle el paso, sacarlo del carro y llevárselo esposado”, relata Philippe. “Imagínese —añade—, el señor que debería dar el ejemplo al cantón huyendo de la policía”.

A pesar de la gravedad del hecho, el funcionario fue liberado poco después, alegando problemas de salud. Finalmente, no se le impuso ninguna sanción significativa. Lo más desconcertante, señala Philippe, es que ese mismo alcalde volvió a ser electo y continúa en funciones. “Sigue haciendo lo mismo que hacía hace tres administraciones. No le importa nada el medio ambiente. Para él, la naturaleza es una molestia”, afirma.

Una de sus declaraciones más polémicas, recuerda Philippe, fue cuando se refirió con desdén a la protección del territorio: “¿Cómo es eso que ahora resulta que es humedal? Antes no era, y ahora sí”. Este tipo de discursos refleja la indiferencia institucional ante el deterioro ambiental.

La paradoja es evidente: mientras la municipalidad está bajo investigación judicial, la destrucción del territorio continúa sin freno. La justicia actúa con lentitud, mientras el ecosistema sigue perdiendo terreno, sin medidas cautelares efectivas que frenen la tala, los rellenos ilegales y la expansión urbanística.

Nota sobre la protección legal de los humedales:

Es importante señalar que, en Costa Rica, un humedal no necesita estar formalmente inscrito o declarado mediante decreto para ser reconocido y protegido como tal. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N.° 7317), así como por la Convención Ramsar sobre los Humedales —ratificada por Costa Rica en 1991—, cualquier ecosistema que cumpla con las características ecológicas de un humedal (como presencia permanente o temporal de agua, vegetación adaptada a suelos saturados, y funciones hidrológicas específicas) debe ser considerado y tratado como tal.

La falta de inscripción no le resta valor ecológico ni lo excluye de protección legal; más bien, es responsabilidad del Estado y de los gobiernos locales aplicar el principio precautorio y velar por su conservación, independientemente de su estatus registral.

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¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025

El presidente de la República ha presentado su informe de labores correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual expone los avances más significativos que ha considerado para el país. Por esta razón, nos ha interesado analizar el texto para identificar las principales dimensiones ambientales destacadas en su discurso. A partir de este análisis, buscamos responder la pregunta: ¿qué tipo de política ambiental promueve la administración Chaves Robles?

A continuación, se exponen los principales hallazgos estructurados en siete ejes analíticos, que permiten comprender tanto los énfasis del informe como sus vacíos más relevantes en materia socioambiental. Este ejercicio de análisis crítico no solo pretende aportar a la comprensión académica del discurso oficial, sino también fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, al visibilizar las prioridades, omisiones y contradicciones de la política pública ambiental. Revisar y cuestionar las narrativas institucionales es esencial para promover una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en las decisiones que afectan los territorios, los bienes comunes y los derechos socioambientales.

Pueden descargar el informe de labores aquí.

Uno de los hallazgos más reveladores del Informe de Labores 2024–2025 del gobierno es la ausencia de un apartado específico dedicado al ambiente. En un contexto nacional e internacional donde la crisis climática y ecológica exige respuestas claras, esta omisión resulta significativa. No solo limita la posibilidad de evaluar con rigor el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, sino que también refleja una priorización política que deja al ambiente como un tema disperso o subordinado a otros ejes. Esta invisibilidad institucional del tema ambiental contrasta con la imagen que el país ha cultivado históricamente como referente en políticas verdes.

¿Qué implica la ausencia del ambiente en el informe de labores presidencial?
La omisión de una sección específica sobre ambiente en el informe de labores del gobierno refleja una despriorización política del tema en la agenda nacional. En un país que ha construido parte de su identidad internacional sobre la sostenibilidad, la falta de un capítulo ambiental estructurado no solo debilita la rendición de cuentas sobre compromisos climáticos y conservación, sino que también invisibiliza los conflictos socioambientales que afectan a comunidades rurales, indígenas y costeras. Esta ausencia impide una evaluación integral del desempeño gubernamental en torno a la biodiversidad, el uso del territorio, el acceso al agua, la justicia ambiental o el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización. En términos de gobernanza, también indica una visión fragmentada del desarrollo, donde el ambiente no es visto como eje transversal de las políticas públicas, sino como un componente accesorio subordinado a otras prioridades.

A falta de un eje ambiental explícito, es necesario inferir la política ambiental del gobierno a partir de referencias fragmentadas distribuidas en otros capítulos del informe. Estas menciones permiten identificar ciertas dimensiones clave en la acción pública: la conexión entre ambiente y productividad local, la reestructuración institucional del MINAE, las acciones en zonas rurales e indígenas, y la política energética orientada a inversión y electrificación. A continuación, se examinan estas dimensiones para comprender qué tipo de política ambiental se impulsa en los hechos, pese a su ausencia formal en la estructura del informe.

1. Conservación asociada a productividad

Uno de los elementos más recurrentes en el informe es la vinculación entre conservación ambiental y desarrollo económico local. Bajo esta lógica, se promueve una visión en la que los ecosistemas son valorados principalmente por su capacidad de generar beneficios económicos sostenibles.

Se destacan iniciativas como:

  1. Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) en territorios indígenas, que se articulan con los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREP) y proyectos productivos locales.
  2. El apoyo a las economías azules, que se expresa en la entrega de motores “limpios” y subsidios a pescadores artesanales.

Este enfoque plantea una conservación orientada a resultados económicos, lo cual merece una revisión crítica sobre su impacto real en la autonomía territorial y la sostenibilidad ecológica a largo plazo.

2. Reforma institucional ambiental

El informe también menciona una reestructuración administrativa general del Estado, dentro de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ocupa un lugar relevante.

En el caso del sector ambiental, esta reforma se orienta a una mayor centralización y coordinación interinstitucional, aunque sin especificar los alcances políticos ni las implicaciones para órganos técnicos clave como el SINAC. Este punto es crucial, pues podría afectar la autonomía técnica y operativa de entidades descentralizadas con competencias ambientales.

3. Alianzas con actores privados y comunitarios

Otro de los pilares del discurso presidencial es la corresponsabilidad en la gestión ambiental, la cual se traduce en diversas formas de articulación con sectores comunitarios y privados.

Aportes señalados:

  1. Contratos con territorios indígenas en el marco del Contrato para la Reducción de Emisiones de Forestales (CREF).
  2. Proyectos socioproductivos impulsados por instituciones como el IMAS.
  3. Promoción de tecnologías de bajo impacto para actividades productivas locales.

Estas alianzas reflejan una estrategia de participación indirecta, que si bien reconoce el papel de actores locales, no siempre garantiza procesos de decisión autónomos ni mecanismos efectivos de consulta.

4. Conservación y gestión ambiental

A lo largo del informe se subrayan múltiples aportes en infraestructura y cobertura institucional. Sin embargo, al examinar estos datos , emergen tensiones entre conservación simbólica y gestión participativa real.

Aportes señalados:

  1. Inversión en infraestructura dentro de áreas protegidas.
  2. Validación de los Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) por 19 territorios indígenas.
  3. Incentivos económicos por contratos de reducción de emisiones.

5. Cambio climático

El tema del cambio climático ocupa un lugar relevante en el informe, aunque con un énfasis en soluciones tecnológicas, centradas en la electrificación, energías limpias y conectividad digital.

Aportes señalados:

  1. Electrificación rural.
  2. Descarbonización.
  3. Impulso a energías renovables y red 5G como motor de innovación.

6. Dimensión socioambiental

En esta sección del informe se hace referencia a proyectos en territorios indígenas y rurales, pero desde un enfoque más asistencialista.

Aportes señalados:

  1. Reconocimiento económico a la conservación indígena.
  2. Proyectos productivos (pesca, turismo, emprendimientos).
  3. Mejora en telecomunicaciones rurales.

7. Gestión pública

El informe menciona esfuerzos de articulación institucional, pero no presenta una visión clara ni mecanismos de control social y evaluación ambiental independiente.

Aportes señalados:

  1. Coordinación entre entidades como IMAS, MICITT, INDER y MINAE.
  2. Inclusión del tema ambiental en algunos proyectos de desarrollo territorial.

El ambiente entre líneas: lo que revelan las leyes mencionadas sobre las prioridades ambientales del gobierno

Identificar los proyectos de ley y leyes mencionadas en el informe de labores presidencial permite entender con mayor claridad qué tipo de política ambiental impulsa realmente el gobierno, más allá de los discursos generales o compromisos internacionales. La selección, el énfasis y el tratamiento que se da a ciertas iniciativas legislativas reflejan prioridades políticas concretas, orientaciones ideológicas y formas de concebir la relación entre ambiente, desarrollo y Estado. 

El informe destaca algunas iniciativas vinculadas al ambiente, aunque de forma indirecta y dispersa. Se mencionan proyectos como el contrato de préstamo con el Banco Mundial para descarbonización (Exp. 24.425), un convenio con la Agencia Francesa para agropaisajes sostenibles (Exp. 24.583), y la Ley de Promoción del Seguro Agropecuario, que abordan temas climáticos desde una lógica de productividad y financiamiento. También se alude a la Ley 7200 en el contexto de generación eléctrica privada. Sin embargo, se omiten proyectos clave en los que se ha participado activamente en su discusión y promoción. Esta omisión no solo evidencia la fragmentación de las políticas, sino también la falta de interés por integrar estos temas fundamentales en una estrategia coherente de sostenibilidad. En conjunto, las menciones ambientales adoptan una visión meramente instrumental, en la que el medio ambiente queda subordinado a objetivos económicos, sin ser considerado parte esencial de un enfoque integral de desarrollo.

Política ambiental en pocas palabras

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¿Qué no profundiza?

Aunque el informe presidencial de labores expone diversas acciones en materia ambiental, persisten vacíos y omisiones significativos que limitan una comprensión integral de los retos socioambientales del país. La siguiente enumeración identifica los principales aspectos que no son abordados en profundidad o que permanecen ausentes en el documento, destacando dimensiones críticas relacionadas con la participación, la justicia socioecológica, la equidad territorial y la sostenibilidad ecosistémica. Estas omisiones no solo restringen la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también reflejan la necesidad de fortalecer enfoques más inclusivos, integrales y participativos en las políticas públicas ambientales.

  1. Predomina una lógica instrumental que concibe al ambiente principalmente como proveedor de servicios —especialmente de carbono— sin integrar una visión ecosistémica más amplia que considere cuencas, suelos y humedales.
  2. Se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la participación ambiental activa e inclusiva de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y los territorios, lo cual limita las oportunidades de incidencia de actores clave, incluyendo organizaciones ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas.
  3. No se emiten alertas ecológicas sobre amenazas críticas como los monocultivos, la expansión urbana acelerada o las crisis hídricas locales.
  4. La respuesta estatal tiende a privilegiar la modernización urbana, sin atender de manera suficiente las desigualdades territoriales ni los impactos diferenciados del cambio climático en zonas rurales e indígenas.
  5. Se omiten sectores clave en las emisiones de carbono, como el agronegocio y las industrias contaminantes, los cuales permanecen sin un abordaje explícito.
  6. No se visibilizan los procesos de consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
  7. Se invisibilizan los conflictos territoriales relacionados con la criminalización de líderes, el acaparamiento de tierras y la escasez de agua.

9. Carece de una perspectiva intercultural e integral que reconozca los marcos normativos y epistemológicos propios de los pueblos indígenas.

10. Hay una falta de transparencia sobre los impactos, los indicadores utilizados y los mecanismos de auditoría social disponibles.

11. Persiste una fragmentación institucional que limita la posibilidad de una planificación ecológica de carácter nacional y articulado.

12. Falta una estrategia clara de adaptación comunitaria, esencial ante la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

13. Se excluye a actores sociales clave de los procesos de toma de decisiones.

14. Se omite por completo la crisis de gestión de residuos sólidos, a pesar de su creciente impacto ambiental y social en comunidades urbanas y rurales. Esta ausencia invisibiliza una problemática estructural que involucra contaminación de suelos y fuentes hídricas, saturación de rellenos sanitarios y falta de infraestructura para el reciclaje, evidenciando la falta de prioridad estatal hacia una transición efectiva hacia modelos de economía circular.

Aspectos a considerar

El informe 2024–2025 plantea una narrativa optimista sobre la política ambiental, centrada en infraestructura, pagos por servicios y avances tecnológicos. Sin embargo, identificamos limitaciones estructurales:

  • Predomina una visión tecnocrática, que no aborda las raíces del conflicto ambiental.

  • Se omiten los principales desafíos del modelo extractivista y las voces de comunidades afectadas.

  • Falta una política ambiental integral, basada en justicia territorial, interculturalidad y participación real.

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Lo que no dice el informe: vacíos y desafíos

Para completar el análisis, es necesario destacar aquellos elementos ausentes en el discurso presidencial, pero fundamentales para evaluar la política ambiental costarricense:

  1. Desalineación entre discurso verde y decisiones controversiales (como la reactivación minera).
  2. Retrocesos en participación, transparencia y presupuesto ambiental.
  3. Débil ejecución de políticas claves como el Plan de Descarbonización.
  4. Amenazas crecientes sobre la biodiversidad (monocultivos, tala en el Caribe Sur, expansión urbana desordenada, pesca no sostenible).

La política ambiental del gobierno se revela fragmentada y subordinada a las prioridades del crecimiento económico, lo que limita su capacidad de responder a los desafíos socioecológicos de manera integral. Avanzar hacia una sostenibilidad real exige transformaciones profundas, entre ellas:

  • Superar la lógica del “capitalismo verde” y transitar hacia un modelo de justicia socioecológica que priorice la equidad y el respeto por los límites ecológicos.

  • Reconocer y garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales sobre sus territorios y recursos, asegurando también su protección y seguridad frente a las amenazas y criminalización.

  • Establecer mecanismos robustos de fiscalización, transparencia y gobernanza local que fortalezcan el control social y la rendición de cuentas.

Y lo que no interesa…
Costa Rica sin Escazú: vulnerabilidad de las personas defensoras y vacíos en participación

Un aspecto notable en la política ambiental reciente es la ausencia de referencias y compromisos explícitos con el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Aunque Costa Rica fue uno de los países impulsores de su adopción, su falta de ratificación y su exclusión en las políticas públicas reflejan un retroceso preocupante en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.

La no adhesión al Acuerdo limita la creación de mecanismos vinculantes que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ambiental inclusiva. Además, debilita la capacidad institucional para proteger a las personas defensoras ambientales frente a las crecientes amenazas, hostigamientos y criminalización que enfrentan, particularmente en contextos de conflictos socioambientales.

En un país históricamente reconocido por su liderazgo ambiental, esta omisión envía señales contradictorias respecto a los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad. La ausencia del Acuerdo de Escazú no solo priva a las comunidades y organizaciones de herramientas legales más robustas, sino que también limita las posibilidades de avanzar hacia una justicia socioambiental integral y participativa.

*La fotografía corresponde a la radiografía de la fractura en el dedo de Philippe Vangoidsenhoven, ocasionada por la agresión de una persona implicada en actos de daño ambiental, ocurrida mientras él realizaba labores de monitoreo. 

Para el seguimiento legislativo:

📌 Proyectos de ley ambientales relevantes en la Asamblea Legislativa (2024–2025)

Caudales Ecológicos en Minería (Exp. 24.722): Introduce límites a concesiones mineras y protege caudales ecológicos, con participación comunitaria y controles contra la concentración empresarial.

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.º 20.212) procura la modernizar la legislación hídrica en Costa Rica, sustituyendo la normativa vigente desde 1942. Diversas voces han señalado preocupaciones respecto a su contenido y posibles implicaciones.

Armonización del Sistema Eléctrico (Exp. 23.414): Propone trasladar la rectoría del sector eléctrico al MINAE y abrir mayor participación privada, generando preocupaciones por tarifas y concentración de poder.

Economía Circular (Exp. 23.847): Busca crear un marco legal para reducir, reutilizar y reciclar materiales, desacoplando crecimiento económico del uso intensivo de recursos.

Ley Marco de Cambio Climático (Exp. 24.588): Establece coordinación interinstitucional y da rango legal a la Dirección de Cambio Climático, fortaleciendo su rol estratégico.

Resiliencia Climática (Exp. 24.300): Formaliza la Dirección de Cambio Climático y asegura su financiamiento, enfocándose en adaptación y fortalecimiento institucional.

Referencias para las citas:

Delfino.cr. (2023, agosto 1). Rodrigo Chaves abierto a valorar la exploración de gas natural en Costa Rica. Recuperado de https://delfino.cr/2023/08/rodrigo-chaves-abierto-a-valorar-la-exploracion-de-gas-natural-en-costa-rica

El País. (2024, mayo 2). Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024. Recuperado de https://www.elpais.cr/2024/05/02/701194/

Semanario Universidad. (2024, julio 22). Chaves comienza su gira por Guanacaste con dardos contra los ecologistas. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-comienza-su-gira-por-guanacaste-con-dardos-contra-los-ecologistas/

La República. (2024, julio 23). Rodrigo Chaves sobre tala en Gandoca – Manzanillo: “Cortaron 23 árboles”. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-sobre-tala-en-gandoca-manzanillo-cortaron-23-arboles

Delfino.cr. (2024, julio 8). Rodrigo Chaves sostiene que oro de Crucitas se puede explotar de manera responsable. Recuperado de https://delfino.cr/2024/07/rodrigo-chaves-sostiene-que-oro-de-crucitas-se-puede-explotar-de-manera-responsable

Ojo al Clima. (2022, noviembre 16). Comercio de productos agrícolas “libres de deforestación”: la propuesta tica que busca socios en COP27. Recuperado de https://ojoalclima.com/articles/comercio-de-productos-agricolas-libres-de-deforestacion-la-propuesta-tica-que-busca-socios-en-cop27

Surcos Digital. (2022, abril 26). Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach. Recuperado de https://surcosdigital.com/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

Tattenbach, F. (2022, octubre 3). Ministro de Ambiente sobre Acuerdo de Escazú: “Podría ser mucho más inconveniente”. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ministro-de-ambiente-sobre-acuerdo-de-escazupodria/RVD7G7P3KZGLFJQTU3E3SH2HMI/story/

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Bienes Comunes en Corto – Cuando el Pueblo dijo que no: La lucha contra la Petrolera en Costa Rica

Entre 1998 y 2003, Costa Rica enfrentó una de sus luchas ambientales más importantes: la resistencia contra la exploración y explotación petrolera. En este video, Javier Acuña y Juan Luis Castillo, protagonistas de esta historia, reflexionan sobre la importancia de esa lucha, los aprendizajes que dejó y los desafíos que implicó convencer, articular sectores y fortalecer la solidaridad.

Crédito de la imagen tomado del diario La Nación.
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Persiste la violencia: Contexto de las personas defensoras ambientales en 2023

Les invitamos a reflexionar sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras ambientales en todo el mundo, su condición de liderazgo en las denuncias sobre atropellos e irregularidades que afectan los bienes comunes naturales, sigue colocándolos en posiciones de vulnerabilidad.  A partir del informe publicado por Global Witness titulado «Voces Silenciadas» les compartimos algunos de los datos que nos comparten para invitar a reflexionar sobre los desafíos que tenemos como sociedad y a mirar críticamente las tendencias políticas de nuestros países por «ningunear» la labor de estas personas.

El asesinato de las personas es sólo el paso final de toda una espiral de violencia que rodea la vida cotidiana de estas personas, el informe nos recuerda que esta acción viene acompañada de actos previos tales como intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por Gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.

Este informe nos arroja un dato duro 196 casos documentados de personas asesinadas por su labor de defensora ambiental durante 2023, sin embargo, nos alertan de algo, «En muchas ocasiones, contamos con muy poca información sobre cada caso. Muchas personas defensoras nunca serán nombradas. No se agradecerán sus sacrificios. Y la historia de su resistencia jamás será contada», es así que les invitamos a reflexionar sobre ese silencio que sigue permeando e invisibiliza la oleada de violencias que están sufriendo personas y comunidades por la defensa de los bienes comunes.

Esta infografía la realizamos en honor al ecologista hondureño Juan López asesinado en 2024.

 

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¿Qué pasa en el Caribe Sur? Tráfico de tierras

A partir de las múltiples denuncias presentadas por personas vecinas de la zona del Caribe Sur ante la intensificación de la tala ilegal que está cercando los ecosistemas de esta región. Aprovechamos para retomar algunas de las principales preocupaciones que están evidenciandose de esta situación, especialmente la evidente afectación al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Estas actividades ilegales no son nuevas, vienen desarrollandóse desde hace décadas, sin embargo, ante la creciente presión urbanística que está viviendo la región, se ha hecho más evidente el impacto ambiental ante el despojo que están siendo somentidos los húmedales y bosques.

Queremos compartirles esta infografía que pretende dar una caracterización general que nos invite a profundizar sobre las tensiones de cercamiento que están presionando a los bienes naturales en el Caribe Sur.

Para más información pueden consultar:

Chacón, Vinicio (29/5/2024) Organizaciones ambientalistas del Caribe Sur exigen recuperación de Refugio Gandoca-Manzanillo e intervención del Área de Conservación Semanario Unviersidad.

Pomareda, Fabiola (30/5/2024)Fiscal Ambiental afirma tener indicios de que terreno donde se talaron árboles en Manzanillo es bosque. Semanario Universidad. 

Pomareda, Fabiola (3/6/2024)Fiscal Ambiental: Lo que se está dando en el Caribe Sur es un “tráfico de tierras”. Semanario Universidad. 

Puede descargar la infografía PDF  – Imagen

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Puerto Viejo for Sale – Tendencias extractivas en el paraíso

El pasado 19 de mayo  los proyectos de Observatorio de Bienes Comunes del CIEP  y el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía ambos proyectos del Programa Kioscos socioambientales visitamos la comunidad de Puerto Viejo y recibimos la noticia de que en una parte de Playa Negra se había encontrado un lugar donde presumiblemente están realizando la tala de bosque, con el fin de provocar el cambio de uso de suelo para “agilizar” la urbanización de toda esta zona costera.

Esta alerta que les comentamos la realizó Philippe Vangoidsenhoven un defensor ambiental de muchos años en las tareas de vigilancia y denuncia, que a partir de este trabajo ha colocado más de 200 denuncias ambientales que en la mayoría de los casos no se ha atendido, y que las últimas han tenido una mayor cobertura mediática, por este accionar ha tenido que pagar un precio, dado que su vida ha sido amenazada en varias ocasiones. 

A partir del registro que viene realizando ante el incremento de urbanización que esta atravesando Puerto Viejo, logró localizar un sector dónde presumiblemente están sacando madera, según lo que ha venido señalando, se ha visto al menos salir dos cargas con doble carreta.

Preocupa esta situación, ya que como él señala, es una zona que corresponde a bosque, pero dado el creciente valor de la tierra y promovidas por el polémico “Plan Regulador”, muchas personas y empresas han visto un negocio al forzar el cambio de uso de suelo.

Por esta razón procuran realizar las acciones necesarias para eliminar las áreas boscosas, una de las señales principales que nos comparte Philippe es que cuando inician estas acciones, es común ver los árboles en el suelo, otra vez veces, picados en pedazos para que se descomponga más rápido, e iniciar con el relleno de tierra y colocar el cartel de “For Sale”.

En esta zona de Playa Negra, ya es común ver los claros por todo lado y actividades de relleno de tierra, así como pululan nuevas construcciones en diferentes secciones, lo evidencia el loteo que ya marca futuras construcciones, se pueden ver también construcciones clausuradas, pero presumiblemente como comenta Philippe, no sea por el motivo que creemos, sino por falta de algún documento, pero las autoridades realmente no están monitoreando la reducción constante de la cobertura boscosa que ya está transformando Puerto Viejo de forma irreversible.

Posiblemente estemos asistiendo a uno de las transformaciones del paisaje más importantes de los últimos años, el cambio de la población y negocio local del Caribe Sur está siendo desplazado por tendencias de gentrificación en ciernes ante la imposición de modelos urbanísticos y comerciales dirigidos y pensados por y para estratos altos, es decir, con mayor capacidad de pago.

Hay problemas en el paraíso, y parece que poco importa a las autoridades, todo empieza con la erosión y agotamiento de los bienes naturales, luego vendrá la migración o desaparición de especies ante los cambios de suelo y urbanización, y como suele suceder sólo quedarán los parqueos y centros comerciales para la experiencia de ese turismo estandarizado responsable de la erosión de la naturaleza y a las culturas locales.

Es importante señalar que a la publicación de esta nota el 21 de mayo del 2024, vecinas y vecinos de Puerto Viejo están denunciando que están saliendo camiones con madera. Es decir, sigue el despojo en Playa Negra.

Alerta de Philippe

Galería

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Proceso de reflexión: Estado y crisis socioecológica ¿Estados para el despojo?

Justificación:

A lo largo de los trayectos históricos, los extractivismos han generado diversas narrativas que los acompañan para legitimar sus formas y modos de estructurarse en nuestras sociedades, por ejemplo, se han asociado con la modernización, la inversión extranjera, la promoción de la economía local, y recientemente se han ido construyendo argumentos en torno a sus implicaciones para “combatir” el cambio climático al promover la “carbono neutralidad” o su impacto en la transición energética, ya que muchos de los minerales son extraídos y son críticos para las “nuevas” tecnologías. Sin embargo, lo que esconden estas narrativas y justificaciones, es precisamente el agotamiento de los bienes naturales ante los escenarios de sobreexplotación y contaminación de la tierra, aire y agua.

A través de este proceso pretendemos caracterizar los procesos de des-democratización de la sociedad a partir de la profundización de las relaciones extractivas en torno a nuestros bienes comunes naturales,  sociales y culturales presentes en los territorios que habitamos.

Proponemos reunirnos y reflexionar en los siguientes momentos:

1.¿Para qué hablar de esto? – 8 de mayo
2.¿Qué fue del Estado de Bienestar? – 15 de mayo
3.¿Es tan nuevo el crimen organizado? Crimen organizado, Estado, empresa privada y sociedades – 22 de mayo
4.¿A dónde nos lleva esto? Fenómenos de captura del Estado – 29 de mayo
5. ¿Estados para el despojo? – 5 de junio

Horario: 9:00 a 11:30 am.

Lugar UCR Montes de Oca, aula por confirmar.

Período de preinscripción 20 de marzo al 17 de abril.

Formulario ingrese aquí 

Documento de convocatoria aquí.