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CODECE y comunidades alzan la voz por la participación en el Plan Regulador de Escazú

agosto 11, 2025

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El próximo martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asocición para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para manifestar su rechazo a un reciente acuerdo que, según denuncian, debilita la participación ciudadana en la definición del Plan Regulador.

El pasado 29 de julio, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador y trasladar la responsabilidad del proceso a una oficina técnica municipal.
La medida genera preocupación porque, a diferencia de la Comisión, integrada por representantes comunitarios electos por distrito, miembros del Concejo y personal técnico municipal, la oficina técnica está conformada únicamente por funcionarios municipales, lo que reduce la representación y la voz de la ciudadanía en el proceso.

Precedentes que alertan

CODECE y otras organizaciones recuerdan que entre 2020 y 2022, bajo un esquema similar, se realizaron decenas de reformas parciales al plan regulador que ampliaron las zonas comerciales del cantón en detrimento de otros usos del suelo, sin un debate comunitario amplio.
En ese momento, denuncian, los planes se elaboraron “entre cuatro paredes” y la única instancia de participación fue una audiencia pública de carácter más informativo que deliberativo, donde las observaciones de la población fueron en su mayoría desestimadas.

Defensa de la incidencia ciudadana

Para las personas y organizaciones convocantes, la Comisión Especial del Plan Regulador es un mecanismo clave que permite conocer, dar seguimiento y aportar directamente a las propuestas desde las primeras etapas del proceso.
Eliminarla, advierten, significa limitar la transparencia y la capacidad de incidencia comunitaria, abriendo la puerta a decisiones que prioricen intereses particulares sobre el bienestar colectivo y el ordenamiento equilibrado del territorio.

La importancia de la participación comunitaria

La participación comunitaria en un Plan Regulador no es un trámite administrativo, sino una garantía democrática para que las decisiones sobre el territorio respondan al interés público y no únicamente a intereses privados o comerciales.

Una Comisión Especial con representación comunitaria ofrece un espacio de seguimiento permanente, donde vecinos y vecinas pueden:

Conocer de primera mano las propuestas y cambios que se plantean.
Aportar desde la experiencia y conocimiento del territorio, que muchas veces complementa la visión técnica.
Fiscalizar que el proceso cumpla con la normativa y con principios de sostenibilidad ambiental y equidad social.

Sin estos espacios, el riesgo es que la planificación territorial se realice a puertas cerradas, reduciendo la transparencia y debilitando el control ciudadano.

Además, para que la participación sea real y no simbólica, es necesario que:

La información se presente en un lenguaje claro, con mapas, datos y explicaciones comprensibles para toda la comunidad.
El proceso sea accesible, con reuniones en horarios y lugares adecuados, y con mecanismos para que las personas puedan opinar aunque no asistan presencialmente.
Los plazos sean razonables, permitiendo que las comunidades analicen las propuestas, discutan internamente y formulen observaciones fundamentadas.

Cuando estos elementos no se cumplen —por ejemplo, si se entregan documentos técnicos poco antes de una audiencia o si las observaciones se reciben pero no se consideran— la participación se convierte en un simple requisito formal, sin capacidad de incidir en las decisiones finales.

Por eso, CODECE y las organizaciones convocantes defienden que la Comisión Especial del Plan Regulador continúe siendo el espacio legítimo donde la ciudadanía pueda incidir de forma directa, informada y efectiva en el futuro del cantón.

¿Qué es un Plan Regulador en Costa Rica?

En el país, el Plan Regulador es el instrumento técnico y legal que ordena el uso del suelo en un cantón. Define qué áreas se destinan a vivienda, comercio, industria, protección ambiental, zonas agrícolas, recreativas, entre otras, así como las regulaciones que determinan la altura de edificaciones, densidad habitacional, retiros, y otros aspectos del desarrollo urbano y rural.

Su aprobación y actualización tienen un impacto directo en la vida cotidiana: desde el acceso a áreas verdes y la preservación de ecosistemas, hasta la movilidad, la infraestructura y las oportunidades económicas. Por eso, su elaboración y reforma son procesos de alto interés público.

Isletas bajo amenaza: el extractivismo arrasa con árboles centenarios en el Río Frío

agosto 7, 2025

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Las comunidades del cantón de Guatuso, al norte de Costa Rica, vuelven a alzar su voz ante una nueva amenaza que se cierne sobre el Río Frío: el inicio de operaciones de una concesión minera en el sector de Maquengal que podría intensificar la destrucción de las isletas vegetadas del cauce. Estas pequeñas islas, lejos de ser simples depósitos de sedimento, son espacios de altísimo valor ecológico que han albergado durante décadas árboles centenarios, nidos de aves, madrigueras de pequeños mamíferos y corredores de paso para la fauna silvestre. Su presencia regula la temperatura del agua, estabiliza las riberas y sostiene la biodiversidad del río.

En muchos casos, estas isletas también han sido parte fundamental de la vida comunitaria: lugares para la pesca, la recreación o la contemplación, donde se cultivaba un vínculo cotidiano con el río. Hoy, ese vínculo se encuentra amenazado por el avance de un modelo extractivo que no respeta los ritmos ni las formas de vida del territorio.

La maquinaria de la nueva concesión —que ya comenzó a remover materiales como arena, grava y piedra— podría intervenir directamente estas islas, como ha ocurrido en otras zonas de la cuenca, sin que existan estudios técnicos claros, sin una fiscalización ambiental visible y sin cumplir con procesos de consulta a las comunidades. Lo que antes eran superficies estables, con raíces profundas y vida abundante, corren el riesgo de convertirse en áreas erosionadas y expuestas al colapso.

La transformación del río no es solo visible en el paisaje: también altera el equilibrio hidrológico, desvía el curso del agua, acelera la erosión y fragmenta ecosistemas vitales. En palabras de una persona vecina de Maquengal: “Ya no se ven los animales que solían estar ahí. Era como un pequeño bosque en medio del agua. Ahora solo quedan huecos y barro.”

La preocupación no es nueva, pero se agudiza con cada permiso que se otorga sin tomar en cuenta a quienes habitan y cuidan el río. Lo que está en juego no es solo un recurso: es la continuidad de un ecosistema completo y la posibilidad de vivir en armonía con él.

¿Cómo puede considerarse aceptable intervenir con maquinaria pesada áreas con árboles centenarios y una biodiversidad única, sin estudios rigurosos, sin fiscalización efectiva y sin consultar a las comunidades directamente afectadas? ¿Qué valor real tiene la legislación ambiental si se permite avanzar sobre territorios vivos como si fueran vacíos? La contradicción entre el discurso ambiental del país y las prácticas extractivas que se permiten en el territorio es cada vez más evidente y alarmante.

La destrucción de las isletas no es un accidente ni una consecuencia inevitable del desarrollo. Es una decisión política, una expresión de prioridades distorsionadas donde el beneficio privado prevalece sobre el bien común. Es momento de exigir responsabilidades, de revisar las prácticas institucionales que normalizan este tipo de daños, y de reafirmar que los ríos —con su biodiversidad, su historia y su belleza— no son canteras ni botines: son territorios vivos que merecen respeto y defensa colectiva.

Las isletas no son escombros: son nodos de vida

Una de las expresiones más graves del pensamiento extractivista es la capacidad de reducir la naturaleza a objetos inertes, despojados de vida y sentido. Así ha ocurrido con las isletas del Río Frío: pequeñas formaciones vegetadas dentro del cauce, vistas desde la lógica de la minería como simples acumulaciones de sedimento útiles para la extracción. Pero lo que para la maquinaria son depósitos de arena y grava, para el ecosistema son nichos de biodiversidad y piezas claves del equilibrio ecológico.

Estas isletas son el hogar de múltiples especies: aves acuáticas que anidan en sus ramas, reptiles que se refugian entre sus raíces, mamíferos pequeños que cruzan el río saltando de una orilla a otra. Son también el soporte de árboles centenarios que, con sus raíces profundas, estabilizan el cauce, evitan la erosión y ayudan a filtrar el agua. La riqueza de vida que encierran no es siempre visible al ojo humano, pero cumple funciones esenciales para la salud del río y la vida que depende de él.

Ignorar este valor ecológico y cultural es un error no solo técnico, sino ético. Las isletas no son pasivas: participan activamente en la regulación del caudal, la captura de sedimentos, la provisión de sombra, y el mantenimiento de temperaturas estables en el agua, lo cual es vital para muchas especies acuáticas. Al ser intervenidas por la maquinaria, estas funciones se ven alteradas o anuladas, afectando en cadena a todo el ecosistema.

Además de su importancia ambiental, las isletas tienen una dimensión simbólica y afectiva para las comunidades ribereñas. Son parte de la memoria local, de las caminatas al río, de los días de pesca y juego, de los relatos compartidos entre generaciones. Verlas desaparecer, arrasadas por la extracción, no es solo una pérdida material: es también un golpe al vínculo que las personas han tejido con su territorio.

Reconocer el valor integral de estas islas implica romper con la mirada utilitaria que solo ve en ellas recursos para ser explotados. Es comprender que el río no está hecho solo de agua y piedras: está hecho de relaciones entre especies, flujos invisibles de vida, y memorias compartidas. Defender las isletas del Río Frío es también defender una forma distinta de habitar el mundo, más cuidadosa, más humilde y más conectada con la vida que nos rodea.

¿Qué ha venido pasando? Erosión, pérdida de biodiversidad y transformación del paisaje

Según denuncias recopiladas por el Observatorio de Bienes Comunes y habitantes de la zona, las afectaciones provocadas por la minería no metálica incluyen:

Reducción del caudal y modificación del curso del río, lo cual cambia el comportamiento natural del agua.
Erosión acelerada de las riberas e islas, lo que arrastra suelo fértil y debilita la estructura del ecosistema.
Sedimentación excesiva, que enturbia el agua y perjudica a peces, anfibios y otras formas de vida acuática.
Pérdida de árboles centenarios, algunos con más de 100 años de existencia, claves para la estabilidad ecológica del río.
Eliminación de sitios recreativos, caminos tradicionales de navegación y espacios de encuentro comunitario.

Proteger las islas es proteger el río

Las isletas del Río Frío no son solo montículos de tierra: son hogar, refugio y fuente de vida. Su destrucción es irreversible y representa un golpe directo a la salud del ecosistema y al derecho de las comunidades a un ambiente sano.

Si no se detiene el avance del extractivismo, lo que hoy es tierra fértil y biodiversa será mañana solo una cicatriz más en un río cada vez más herido.

Tal vez se pregunten ¿Cómo es la isleta?

El precio del silencio: cuando denunciar un daño ambiental pone en riesgo la vida

agosto 7, 2025

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🌫️ Silencio forzado, extractivismo en libertad
La amenaza y el miedo están dejando a la naturaleza sin defensores visibles.

En distintos rincones de Costa Rica, vecinas y vecinos que alzan la voz para defender el agua, los bosques, los humedales o los territorios comunales enfrentan una realidad cada vez más peligrosa. Lo que antes parecía un hecho aislado, una excepción preocupante, se va transformando en una tendencia constante y normalizada: denunciar un daño ambiental puede significar exponerse a represalias que van desde lo legal hasta lo físico y psicológico. La defensa del ambiente se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo.

Desde el trabajo del Observatorio de Bienes Comunes, hemos empezado a detectar con más claridad un patrón que se repite y se intensifica. Semana a semana, documentamos situaciones de daño ambiental —desmontes, rellenos de humedales, contaminación, destrucción de cauces, cercamientos ilegales—, y junto a esos registros emergen otras realidades invisibles: personas que, tras denunciar o intentar denunciar, reciben amenazas directas o indirectas.

Muchas de estas personas terminan optando por el silencio, no porque falten pruebas, sino porque el miedo supera la capacidad de respuesta institucional. Se viven momentos de crisis emocional, llanto, ansiedad profunda y un sentimiento de estar completamente expuestos. Incluso cuando se cuenta con videos, fotografías y geolocalización precisa, la voz se apaga. El silencio no es elección libre, es mecanismo de supervivencia.

Esto genera un profundo daño no solo en la persona que vive el miedo, sino en el tejido social. La comunidad se repliega, la desconfianza crece y la posibilidad de actuar colectivamente se debilita. El miedo se transforma en norma. Se genera un ciclo perverso donde el silencio del presente alienta la impunidad futura.

En una democracia ambiental sana, cada denuncia debería ser protegida, cada persona que defiende los bienes comunes debería contar con respaldo y resguardo. Pero en la práctica cotidiana de los territorios, la realidad es otra. Defender el ambiente, en muchos casos, es resistir desde la soledad y bajo amenaza. Y eso no puede seguir siendo tolerado.

El silenciamiento como castigo: ¿cómo se disciplina a quien defiende?

El silenciamiento no es accidental: es parte de un sistema. Se disciplina a quien habla, se castiga al que se atreve, se intimida al que denuncia. Y se hace no solo a través de amenazas físicas o legales, sino también mediante mecanismos más sutiles pero igual de efectivos: la sospecha, el aislamiento, el rumor, el descrédito, el desgaste emocional.

Este patrón de disciplinamiento comienza muchas veces con advertencias vagas, comentarios sueltos, miradas en la comunidad. Luego, se intensifica: llamadas anónimas, presencia de personas extrañas cerca de la casa, mensajes en redes sociales, presión en el entorno familiar. En algunos casos, incluso se da la infiltración en espacios organizativos para sembrar confusión o frenar iniciativas de denuncia colectiva.

El mensaje que se transmite es claro: “hablar tiene consecuencias”. Y cuando estas consecuencias no solo son legales, sino que tocan la vida cotidiana, la familia, el empleo o la seguridad física, muchas personas optan por replegarse. El miedo se convierte en estrategia de control, y el silencio en forma de defensa.

Esta forma de disciplinar no es nueva, pero ha cobrado fuerza en contextos donde se entrecruzan intereses económicos, turísticos, inmobiliarios y del crimen organizado. No es lo mismo enfrentarse a un mal vecino que a una estructura económica poderosa o a un grupo con capacidad de ejercer violencia organizada. La impunidad de estos actores refuerza el mensaje: quien habla, pierde.

Frente a este escenario, urge comprender que el silenciamiento es violencia estructural. No se trata solo de “personas con miedo”, sino de una estrategia de poder para desmovilizar la defensa de los bienes comunes. Visibilizar cómo se castiga el habla es el primer paso para recuperar la voz. Cada vez es más común escuchar el comentario: “mejor no comparta el video, porque los de la maquinaria, la tala, la extracción, el negocio… lo vieron grabando, y eso puede traerle problemas”. Esa frase resume el miedo instalado.

¿Qué país estamos construyendo?

La defensa ambiental en Costa Rica se ha convertido en un campo de tensión entre los principios escritos en las leyes y la realidad que se vive en los territorios. Mientras se proclama la sostenibilidad, se silencia a quienes la reclaman. Mientras se celebra la democracia, se castiga a quienes participan activamente en protegerla desde lo común.

El precio del silencio es alto. No solo se pierde una voz, se pierde una oportunidad de frenar el daño. Cada vez que una persona decide no hablar por miedo, un ecosistema queda más vulnerable, una comunidad queda más sola, una forma de vida digna se debilita.

Como sociedad, debemos preguntarnos qué estamos permitiendo cuando el miedo es más fuerte que el derecho. ¿Qué tipo de país queremos ser si quienes defienden la vida tienen que esconderse para no morir? ¿Qué significa la justicia si no hay garantías para hablar?

No basta con indignarse ante la tala o la contaminación. Debemos actuar también ante el silenciamiento. Visibilizar estas realidades es apenas el primer paso. Necesitamos redes de apoyo, respuestas institucionales concretas, articulación territorial y una profunda ética del cuidado mutuo.

Porque no hay democracia sin voces. Y no hay voces si el miedo manda. Defender el ambiente no debe ser un acto de valor individual, sino una responsabilidad compartida. Y eso solo será posible si dejamos de mirar hacia otro lado y comenzamos a proteger, de verdad, a quienes nos cuidan a todas y todos.

Desde el Observatorio: no es solo preocupación, es indignación

Desde el Observatorio de Bienes Comunes, no escribimos estas líneas con distancia académica ni con neutralidad técnica. Las escribimos desde la impotencia de ver, una y otra vez, cómo personas que se acercan con valor a denunciar un daño ambiental terminan silenciadas por el miedo, enfrentando amenazas, presiones y abandono institucional. Las escribimos también desde la indignación de saber que muchas veces tenemos pruebas claras de lo que ocurre, pero no podemos publicarlas para no exponer aún más a quienes las generaron.

Nos duele profundamente tener que archivar denuncias por razones de seguridad, ver a personas quebrarse emocionalmente por querer hacer lo correcto, y saber que detrás de cada caso silenciado hay no solo un bien común en riesgo, sino una vida, una familia, una comunidad golpeada por el miedo. Es inaceptable que en Costa Rica, defender el ambiente signifique poner en peligro la existencia propia.

Pero también reafirmamos que no vamos a callar lo que estamos viendo. Aunque no siempre podamos hacer público cada caso, sí vamos a seguir registrando, acompañando, tejiendo redes de cuidado, documentando los silencios y nombrando lo que muchos quieren ocultar. Porque ese también es un acto de resistencia y de memoria colectiva.

Creemos que la defensa del ambiente no puede recaer solo en personas valientes aisladas. Es responsabilidad del Estado, de las instituciones, de las universidades públicas, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto crear condiciones para que la voz comunitaria no sea un acto heroico, sino un derecho protegido.

Por eso seguiremos insistiendo, aunque duela, aunque se nos cierren puertas, aunque muchas veces tengamos que escribir desde el límite entre la denuncia y el resguardo. Porque creemos profundamente que la vida, la dignidad y los bienes comunes no se defienden con miedo, se defienden con comunidad. Y eso, aún en el silencio, aún en la sombra, sigue siendo posible.

Una nutria, un paredón y una advertencia: la vida silvestre también sufre el extractivismo en Maquengal

agosto 6, 2025

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Un video grabado recientemente por personas vecinas de Maquengal muestra una escena que, aunque breve, es profundamente reveladora: una nutria intenta subir por el paredón que ha dejado la maquinaria de extracción en el cauce del Río Frío. Resbala, insiste, se esfuerza… pero lo que antes era un flujo natural de agua, hoy es una barrera hostil y artificial.

Este fragmento de vida salvaje interrumpida no es una anécdota menor. Es el reflejo de una transformación más amplia, más silenciosa y más dañina de lo que muchos imaginan.

El río transformado: del hábitat al obstáculo

La minería no metálica en cauces de ríos, como la que se ha autorizado recientemente en Maquengal, no solo extrae piedras y arena. También rompe la continuidad ecológica del río, altera su cauce natural, provoca la sedimentación excesiva, modifica los flujos de agua y cambia la estructura de los márgenes. Estas transformaciones afectan directamente a la flora y fauna que depende del río para vivir.

Las nutrias, por ejemplo, necesitan cuerpos de agua limpios, con acceso libre a ambas orillas y abundante alimento. Son especies indicadoras del estado de salud de los ríos. Cuando tienen dificultades para desplazarse o desaparecen, es señal de que algo grave está ocurriendo en el ecosistema.

El extractivismo no distingue entre seres humanos y no humanos

Lo que sucede en Maquengal no es solo un conflicto entre una empresa concesionaria y una comunidad afectada. También es una lucha por la defensa de las múltiples formas de vida que habitan el territorio.

Los paredones y cortes abruptos que deja la maquinaria interrumpen los corredores biológicos, destruyen madrigueras, contaminan el agua con sedimentos y reducen la disponibilidad de alimento. Las aves acuáticas pierden sus zonas de anidación. Los peces enfrentan cambios en la temperatura y el oxígeno del agua. Los anfibios y reptiles ven alteradas sus zonas húmedas.

En otras palabras: el modelo extractivo erosiona los cimientos mismos de la vida.

Ver para no olvidar: el video que lo dice todo

No hay voz en off. No hay grandes discursos. Solo una nutria intentando volver al río.

El trabajo minero comenzó el jueves 31 de julio, y tan solo cuatro días después, se grabó a la nutria tratando de resistir la invasión de su hábitat. La rapidez con que el impacto se hizo visible da cuenta de la gravedad del daño ambiental que provocan estas actividades.

“Están matando el Río Frío” – Testimonio de Carlos Calderón, vecino de Treminio (La Amapola)

En medio del dolor y la indignación, Carlos Calderón comparte su testimonio sobre lo que ha significado para la comunidad la presencia de maquinaria extractiva en el cauce del Río Frío. Su voz recuerda los días en que las nutrias eran parte del paisaje cotidiano, cuando se las veía nadar, cazar y convivir cerca del puente de La Amapola. Hoy, tras el avance de la minería no metálica, esas escenas han desaparecido.

“Les quitaron su hábitat… y su fuente de alimentación”, lamenta.

Su testimonio es más que una denuncia: es un llamado urgente a detener la destrucción de la vida silvestre y a defender el río como bien común. No solo se está perdiendo biodiversidad, también se están arrebatando los vínculos afectivos, culturales y comunitarios que unen a las personas con su entorno natural.

Escuchá el testimonio completo y sumate a la defensa del Río Frío.

Defender el río es defender toda forma de vida

El caso de Maquengal es un llamado urgente a replantear las formas en que se autorizan y ejecutan los proyectos extractivos en los ríos de Costa Rica. No se trata únicamente de derechos humanos, acceso al agua o participación ciudadana. También se trata del derecho de la naturaleza a seguir existiendo.

Cada paredón que levanta la draga es un muro contra la vida.

La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío

agosto 6, 2025

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El pasado 3 de agosto, vecinas y vecinos de diversas comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal para manifestar su profunda preocupación por el avance de nuevas concesiones mineras sobre el cauce del Río Frío. El conversatorio, convocado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, fue un espacio de encuentro y denuncia ante una situación que amenaza de forma directa la vida comunitaria y los ecosistemas locales.

Un río bajo asedio

El encuentro se realizó en un contexto alarmante: recientemente fue otorgada una nueva concesión privada para la extracción de material del cauce, con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30. Esta se suma a más de 17 concesiones —algunas activas y otras caducas— que afectan la cuenca.

El caso más reciente ha generado indignación particular: la apertura de una zona de extracción a escasos 300 metros de la Escuela Palmital, en un camino comunitario que nunca fue atendido por la Municipalidad. Ese camino servía como acceso al río, un espacio que la comunidad utilizaba para recreación, descanso y conexión con la naturaleza. Hoy, ese mismo camino es recorrido por maquinaria pesada que extrae material para beneficio privado, sin que la comunidad reciba ningún aporte a cambio.

Las personas participantes denunciaron que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes, a pesar de que existen normas que garantizan el derecho a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente los territorios. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, lamentó una vecina. El malestar es generalizado: no hubo proceso participativo, no existe control comunitario sobre el uso del río y el pago que realiza la empresa concesionaria al Estado es simbólico frente a los daños ocasionados.

El río no se agota solo: impactos acumulativos y desigualdad

Vecinas y vecinos relataron con preocupación los cambios que han vivido en las últimas décadas: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos como el cacao, modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Para la comunidad, estos efectos están ligados a la combinación de actividad extractiva, deforestación, y un modelo de desarrollo sin planificación territorial.

“Antes nos decían que el agua era inagotable. Hoy sabemos que no es cierto”, comentó un vecino con años de experiencia en gestión de recursos hídricos.

El daño no es solo ecológico. También es social, económico y cultural. Las formas tradicionales de vida en torno al río se han visto alteradas, mientras los caminos se deterioran sin recibir mantenimiento, a pesar de que toneladas de material salen del territorio cada año.

Se pierde el río, se cierran oportunidades: afectaciones al uso recreativo y al turismo rural comunitario

El Río Frío no solo es fuente de agua y vida para las comunidades de Guatuso: también ha sido, por generaciones, un espacio de encuentro, recreación y posibilidad. Sus márgenes y aguas tranquilas permitían que familias se bañaran, descansaran bajo la sombra o compartieran en comunidad los fines de semana. “Ahí íbamos a refrescarnos, a pasar un rato bonito. Ahora ya no se puede ni bajar, está tomado por las máquinas”, relató una persona vecina durante el conversatorio.

Uno de los caminos comunitarios que daba acceso al río fue recientemente intervenido por la empresa concesionaria. Lo que antes era una ruta hacia el río hoy es un acceso exclusivo para maquinaria pesada. La presencia constante de camiones y equipo de extracción no solo representa un riesgo para la seguridad, sino que ha generado un ambiente hostil, con ruido, barro y deterioro paisajístico que aleja cualquier posibilidad de uso recreativo.

Este deterioro también impacta directamente los proyectos de turismo rural comunitario, una alternativa económica que varias familias de la zona habían comenzado a desarrollar o tenían en perspectiva. El entorno natural del río —su belleza escénica, la posibilidad de caminar entre senderos, descansar en sus orillas o conocer su biodiversidad— era un atractivo claro para visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, con el avance de la extracción, estas posibilidades se desvanecen.

“¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?”, comentó un vecino.

Lo que se pierde no es solo un paisaje. Se pierden ingresos familiares, empleos potenciales, proyectos de vida y un modelo de desarrollo alternativo que apuesta por la sostenibilidad, el arraigo y el respeto al territorio.

Así, la extracción no solo deja un cauce devastado: también arrasa con los sueños de quienes imaginaban un futuro distinto para su comunidad.

¿Qué daños causa la extracción de materiales al río?

La comunidad identificó una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces:

Alteración del cauce natural: la extracción cambia el curso del río, provocando desbordamientos en zonas no previstas.
Aumento de la erosión: la remoción constante del lecho del río debilita sus márgenes, favoreciendo derrumbes y pérdida de suelo.
Pérdida de biodiversidad: peces, insectos acuáticos y otros organismos ven afectado su hábitat por el aumento del sedimento y el ruido.
Afectación de nacientes y humedales: la sobreexplotación altera el equilibrio hídrico, secando zonas que antes mantenían humedad constante.
Contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca: el uso de maquinaria pesada genera ruidos continuos y en época seca las partículas en el aire que afectan la salud de las personas.
Interrupción de caminos y acceso a fincas: la presencia de tajos y maquinaria ha bloqueado rutas usadas por la comunidad, afectando la producción y la

Además, potencialmente la falta de control y fiscalización permite que las extracciones se realicen sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.

¿Qué hacer ante esta situación?

La comunidad acordó continuar fortaleciendo la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana.

También se planteó la urgencia de abordar problemáticas asociadas, como la deforestación, la expansión desregulada de proyectos privados y la falta de planificación desde los gobiernos locales. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.

“Tenemos que actuar ya. No podemos quedarnos en palabras. El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, concluyó una de las participantes.

Para seguir informados

Las comunidades hacen un llamado urgente a defender el Río Frío como bien común. Se han abierto canales de comunicación, se prepara la documentación legal

necesaria y se construyen alianzas para acciones comunitarias, mediáticas y jurídicas.

El río no se vende. Se defiende.

El puente también sufre: alerta por posibles daños en La Amapola

Durante el conversatorio, las personas vecinas expresaron una creciente preocupación por el deterioro del puente de La Amapola, Terminio (construido en el año 2022, CNE, Municipalidad de Guatuso, con un costo de 388 millones de colones), infraestructura clave para la conectividad de la zona. De acuerdo con los testimonios, recientemente se habrían solicitado permisos para que maquinaria vinculada a las concesiones de minería no metálica transitara por debajo del puente, lo cual ha generado sospechas sobre su estado actual.

Vecinas y vecinos advierten que este tipo de tránsito —pesado, constante y no supervisado adecuadamente— podría haber afectado la base estructural del puente, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de las personas que lo utilizan diariamente. Las condiciones actuales del puente fueron documentadas mediante fotografías compartidas por la comunidad, en las que ya se observan posibles signos de daño.

“Este puente fue clave para que no quedáramos aislados durante las últimas emergencias. No podemos permitir que lo debiliten con maquinaria que ni siquiera está al servicio de la comunidad”, señaló una participante.

Además de la preocupación estructural, se suma la indignación por la forma en que se gestionan estos permisos, en muchos casos sin consulta previa a la comunidad y sin un monitoreo técnico visible por parte de las autoridades competentes. El paso de maquinaria bajo el puente, con fines extractivos, contrasta con la falta de inversión pública para mejorar caminos, accesos y puentes al servicio del pueblo.

El caso del puente de La Amapola se convierte así en otro símbolo del desequilibrio entre las prioridades del modelo extractivo y las necesidades reales de la población local. Lo que debería protegerse como infraestructura comunitaria, termina expuesto al riesgo por decisiones que se toman lejos de la gente.

Loma boscosa devastada en cuestión de horas: vigilancia ciudadana revela cambio abrupto de uso de suelo

agosto 5, 2025

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El 1 de agosto, Philippe Vangoidsenhoven recibió en su negocio la visita de una persona en su automóvil que deseaba alertar sobre un posible daño ambiental en curso en Puerto Viejo. Ante el aviso, Philippe decidió trasladarse al lugar y documentar personalmente lo que describió como un caso alarmante de destrucción ambiental: una loma boscosa fue arrasada por completo en pocas horas.

La escena habla por sí sola. Lo que por años fue parte de una cobertura forestal densa hoy aparece como un terreno pelado, sin árboles, sin sombra y sin vida. La comparación de imágenes satelitales de Google Earth entre 2004 y 2023 permite dimensionar la magnitud de la transformación: una pérdida total de bosque en un área que hasta hace poco mantenía su estructura ecológica.

Estos hechos no son incidentes aislados. Por el contrario, evidencian un patrón más amplio de deforestación encubierta, muchas veces disfrazada de actividad legal o realizada sin ningún tipo de fiscalización efectiva. Las imágenes satelitales reflejan una tendencia clara: la desaparición progresiva de bosque por presión inmobiliaria, ausencia de planificación territorial y desorden urbanístico.

Las lomas boscosas cumplen funciones ecológicas críticas: retienen suelos, regulan escorrentías, filtran agua, amortiguan el impacto de lluvias intensas y sirven de hábitat para una gran variedad de especies. Su destrucción provoca erosión acelerada, fragmentación de hábitats y una mayor vulnerabilidad del territorio ante eventos climáticos extremos. En zonas costeras como esta, el impacto se extiende además a cauces y humedales cercanos.

Imágenes satelitales

2004

2023

Más que un evento puntual

“No es para ganadería, ni para agricultura: esto es para vender o construir”, advierte Philippe. En un contexto donde los permisos ambientales se otorgan sin el debido control y donde las autoridades muchas veces miran hacia otro lado, la vigilancia ciudadana se vuelve fundamental para frenar estas prácticas. Este caso se suma a una creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre territorios ecológicamente sensibles. La legalidad aparente, el silencio institucional y la falta de consecuencias alimentan una espiral de destrucción ambiental que no puede seguir siendo ignorada.

Para comprender cómo se llega a este punto, es necesario observar la forma en que estas operaciones se organizan y ejecutan.

La fórmula del desmonte: cómo se urbaniza un bosque

Según la experiencia de Philippe Vangoidsenhoven, estos procesos de transformación del paisaje no son accidentales ni improvisados: responden a una lógica organizada que avanza por etapas hasta convertir un terreno boscosa en propiedad urbanizable.

Todo inicia con la identificación estratégica del terreno. Se trata, por lo general, de áreas con alto valor inmobiliario: lomas con buena vista, parcelas cercanas a caminos principales o ubicadas en zonas costeras codiciadas. El paso siguiente es la intervención súbita: en cuestión de horas, maquinaria pesada entra, tala, remueve y limpia el terreno. Cuando llega la inspección —si llega—, el daño ya está hecho.

Lo que sigue es el silencio. No hay cultivos, ni animales. No se instala ninguna actividad productiva. El terreno permanece vacío o con un uso aparente mientras se tramitan permisos, se buscan compradores o simplemente se espera que pase la atención pública. De esta forma, el cambio de uso de suelo queda consumado en la práctica, aunque no exista una resolución formal que lo autorice.

Estos desmontes operan bajo una apariencia de legalidad, muchas veces en zonas donde el control institucional es débil, la planificación urbana es inexistente y la fiscalización ambiental llega demasiado tarde. Las afectaciones no se presentan como parte de un megaproyecto, sino como “casos aislados”, cuando en realidad forman parte de una tendencia sistemática que avanza paso a paso, lote por lote.

La ausencia de consecuencias permite que la práctica se repita una y otra vez: se urbaniza sin plan, se construye sin criterio ecológico y se mercantiliza el bosque como si fuera terreno baldío. El resultado es un avance paulatino pero constante de estructuras privadas sobre ecosistemas que deberían estar protegidos.

Un impacto profundo en una región frágil

La pérdida de cobertura boscosa en el Caribe Sur no es un simple cambio en el paisaje: representa una alteración profunda del equilibrio ecológico de una de las regiones más biodiversas y vulnerables del país. Esta zona no solo alberga una rica variedad de flora y fauna, sino que también forma parte de corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica entre áreas protegidas.

En un territorio marcado por la interacción constante entre zonas altas, cauces, humedales y franja costera, cada fragmento de bosque cumple una función estratégica. Su desaparición debilita la capacidad de la región para adaptarse al cambio climático, reducir riesgos por inundaciones y sostener economías locales que dependen de los bienes naturales, como el turismo ecológico, la pesca artesanal o la producción agrícola diversificada.

Además, el avance no regulado de proyectos urbanos o turísticos sobre ecosistemas frágiles como lomas boscosas, manglares o humedales aumenta la presión sobre las comunidades que históricamente han habitado y cuidado estos territorios. La fragmentación del bosque no solo afecta a la biodiversidad, sino que rompe vínculos sociales, culturales y económicos que han sido construidos en armonía con la naturaleza.

Proteger lo que queda no es una opción: es una urgencia.

La sopa no, la esperanza sí: inscribite al curso Educación Popular con Mafalda

agosto 4, 2025

with No Comment Formación

En un mundo donde muchas veces educar se limita a repetir, obedecer y memorizar, recuperar a Mafalda como recurso pedagógico es una apuesta por imaginar, cuestionar y transformar. Desde sus viñetas, esta niña irreverente y lúcida nos recuerda que la ternura también puede ser crítica, y que el humor es una forma poderosa de pensar el mundo.

El curso «Educación Popular con Mafalda» es una invitación a mirar la educación desde el sur, con las gafas de la rebeldía infantil y el pensamiento colectivo. Se desarrollará en cinco sesiones presenciales, todos los miércoles del 11 de setiembre al 9 de octubre de 2025, en la Universidad de Costa Rica.

Tres dimensiones que guían este proceso

🎨 Creatividad crítica
A partir del lenguaje de la historieta y otros lenguajes expresivos, el curso busca estimular la imaginación política y pedagógica, retomando el legado de Mafalda para interpelar nuestras realidades educativas.

🗣️ Diálogo horizontal
Siguiendo el espíritu de la educación popular latinoamericana, este espacio promueve el encuentro entre saberes diversos, reconociendo el valor de la experiencia, la diferencia y la construcción colectiva.

🌱 Acción transformadora
La propuesta no se queda en el análisis: busca sembrar acciones pedagógicas concretas, capaces de articular humor, esperanza y compromiso con la justicia social en los territorios.

¿Quién es Mafalda y por qué formarnos con ella?

Mafalda es una historieta creada por Quino en los años 60, en plena efervescencia política de América Latina. Con una mezcla de ternura e ironía, la niña protagonista cuestiona desde la guerra hasta los roles de género, desde la escuela hasta el consumo. Su actitud crítica encarna uno de los principios más importantes de la educación popular: leer el mundo antes que la palabra.

Formarse con Mafalda no es una nostalgia, es una estrategia pedagógica actual: frente a las violencias estructurales, el vaciamiento educativo y las urgencias del presente, necesitamos herramientas que despierten preguntas, convoquen al pensamiento colectivo y abran caminos de esperanza.

Información general

Lugar: Oficina de Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica
Horario: Lunes de 9 a.m. a 12 m.d. (15/09 al 13/10) Nuevas fechas
Público: Abierto a todas las personas, con énfasis en quienes participan en organizaciones sociales, culturales o comunitarias
Inscripciones: Hasta el 1 de setiembre de 2025
Cupo limitado – se requiere participación en todas las sesiones.

Pueden descargar la convocatoria aquí

¿Qué pasaría si denunciar un daño ambiental te llevara a un embargo en Costa Rica? Una historia ficticia para pensar en voz alta

agosto 1, 2025

with No Comment Reflexión

Una nueva señal de alerta se enciende en el ya tenso paisaje de la participación ambiental en Costa Rica. Esta vez, imaginemos que el Innombrable —sí, ese mismo megaproyecto turístico que ocupa varias fincas públicas en cierto lugar cuyo nombre ya no podemos decir— activara los engranajes del poder judicial contra una persona que alzara la voz.

Según versiones compartidas por distintas fuentes, un caso hipotético, identificado como #6548793, ilustraría los riesgos que podrían enfrentar quienes denuncian posibles afectaciones ambientales en zonas de alto valor ecológico. La persona involucrada —una creadora de contenido conocida por documentar procesos ambientales— publicaría un video donde cuestiona, con argumentos y datos públicos, los impactos que podría generar el proyecto. Su publicación haría referencia a permisos otorgados por instancias estatales en zonas de bosque protegido, parte del Patrimonio Natural del Estado.

La respuesta del Proyecto Innombrable no sería un comunicado ni un espacio de diálogo. Sería una demanda civil. Y, sin juicio en curso ni notificación previa, la persona identificada en el expediente #6548793 podría amanecer con sus cuentas bancarias congeladas y sus recursos embargados. Todo bajo la figura del “embargo preventivo”, como si se tratara de un riesgo penal urgente. Pero lo único urgente aquí, al parecer, sería acallar la crítica.

¿De qué estamos hablando?

Este tipo de situaciones encajan con lo que a nivel internacional se conoce como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), una demanda estratégica para silenciar la participación pública. Su objetivo no es probar la falsedad de lo dicho, sino castigar el hecho de haberlo dicho. Es una forma de censura legalizada, que desgasta emocional, económica y socialmente a quienes defienden lo común.

Lo que se intenta silenciar no es una mentira ni un ataque personal. Es una denuncia legítima sobre el uso del territorio, los bienes públicos y el ambiente. Pero en lugar de responder con argumentos, el Innombrable responde con litigios.

El problema no es solo jurídico: es democrático. Las SLAPP buscan desincentivar la crítica y enfriar el debate público. Quien observa este caso desde fuera podría pensar dos veces antes de expresar su preocupación por el mar, el bosque o la montaña. Así, el silencio se vuelve rentable para quienes manejan muchos ceros, mientras que el derecho a opinar queda en pausa para quienes defienden desde el margen.

En Costa Rica, aún no existe legislación que identifique ni frene estas prácticas. Pero los síntomas están a la vista: demandas contra activistas, comunicadores, personas jóvenes o defensoras ambientales que se atreven a nombrar lo que otros preferirían ocultar.

Defender lo común —aunque sea con palabras— no debería llevar al embargo de la vida cotidiana. Y sin importar cuán poderoso sea el que demanda, ninguna empresa debería tener el poder de convertir una crítica pública en una condena económica.

Las voces que alertan, preguntan o denuncian no son el problema. Son parte de la solución.
¿Te imaginás si esta historia ficticia fuera real?
Nosotrxs sí.

¿Qué es un embargo preventivo?

Es una medida cautelar que ordena la inmovilización o retención de bienes del deudor antes de que exista una sentencia definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación o el resultado de un proceso judicial. Es una acción preventiva para evitar que el deudor pueda disponer de sus bienes y así asegurar que haya recursos disponibles para satisfacer una posible deuda o condena.

¿Qué implica un embargo preventivo para una persona defensora ambiental?

Puede implicar varias cosas graves: limita su capacidad de usar o disponer de sus bienes, puede afectar su estabilidad económica y personal, y en muchos casos funciona como una forma de presión o intimidación para obstaculizar su labor de defensa ambiental. En contextos de conflictos socioambientales, este tipo de medidas pueden ser usadas para desincentivar la defensa de derechos y proteger intereses económicos o políticos contrarios a la protección ambiental.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país» Rodrigo Chaves Robles – Presidente de Costa Rica*

¿Por qué el Acuerdo de Escazú tenía preocupados a ciertos sectores desarrolladores?

El Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental vinculante en América Latina y el Caribe, protege especialmente a las personas defensoras ambientales. En su artículo 9, establece que los países deben garantizar condiciones seguras para que puedan ejercer su labor sin sufrir hostigamientos, intimidaciones, amenazas o cualquier forma de violencia, incluyendo medidas legales abusivas como embargos o procesos judiciales injustificados. Además, promueve el acceso a la justicia para proteger sus derechos y asegura que cualquier restricción a sus bienes o actividades sea justificada, proporcional y respetuosa de sus derechos humanos.

Esta nota presenta una historia ficticia planteada con fines reflexivos y educativos sobre el uso de mecanismos legales para limitar la participación pública. Cualquier parecido con hechos o personas reales es pura coincidencia. El contenido busca promover el análisis crítico y la discusión en torno a la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión, sin intención de acusar o difamar a ninguna persona, empresa o institución.

*Pomareda García, Fabiola (2023, 1 de febrero). Costa Rica a punto de enterrar tratado internacional que protegería a quienes defienden el ambiente. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-a-punto-de-enterrar-tratado-internacional-que-protegeria-a-quienes-defienden-el-ambiente/

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Nueva intervención en el río preocupa a Maquengal: ¿Se construye un nuevo plantel en el cauce del Río Frío?

julio 31, 2025

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Una nueva intervención con maquinaria pesada en el cauce del Río Frío, en el sector conocido como el Paso, ha encendido nuevamente las alarmas en la comunidad de Maquengal. Vecinas y vecinos denuncian que, a simple vista y con lógica evidente, lo que se estaría habilitando es un plantel de carga para el material que pretenden extraer en los alrededores de la vega del río.

En un video grabado el pasado 31 de julio, se documenta cómo una sola retroexcavadora removió una gran cantidad de material en apenas siete horas. La magnitud de la intervención y su velocidad preocupan, sobre todo por la ausencia de información clara.

La comunidad ha compartido también una fotografía comparativa del mismo sector tomada en abril de este año, en la que se aprecia un nivel de agua más extendido hacia la orilla, lo cual evidencia un impacto directo en el cauce: cambio en la geomorfología del río, aumento de factores erosivos para las márgenes del río y alteración del flujo natural del río. A esto se suma que, al aumentar la destrucción causada por la retroexcavadora, es más propenso que se venga la tierra falseada en las partes de la montaña, lo cual tendrá un impacto para las zonas bajas de Guatuso.

Estas acciones se suman a una larga lista de denuncias realizadas desde 2022 por el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío, que ha insistido en la necesidad de suspender nuevas concesiones, realizar un diagnóstico ecológico participativo y frenar el avance del extractivismo desregulado que amenaza el equilibrio ambiental del cantón.

La pregunta vuelve a surgir con fuerza: ¿qué desarrollo estamos priorizando si el precio es la pérdida de nuestro principal afluente y la creciente vulnerabilidad de nuestras comunidades?

El Comité reitera su llamado a las autoridades locales y nacionales: escuchar a la comunidad, fiscalizar las intervenciones en tiempo real y detener los abusos antes de que desaparezca hasta la última piedra del río.

Abril 2025

31 Julio 2025

Galería multimedia

¿Por qué leer a Fanon hoy? Un documento para educar, incomodar y transformar

julio 31, 2025

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¿Por qué volver a Fanon hoy?
En un mundo atravesado por el resurgimiento del autoritarismo, la violencia estructural y el despojo territorial, el pensamiento de Frantz Fanon reaparece con una fuerza ineludible. A cien años de su nacimiento, el Observatorio de Bienes Comunes comparte un nuevo documento de trabajo que invita a leer, pensar y actuar desde la experiencia de lxs condenadxs de la tierra.

Este material no solo presenta una lectura accesible y comprometida de la obra de Fanon, sino que propone claves para entender el racismo estructural, la alienación colonial, la solidaridad internacionalista y la potencia transformadora de las luchas que nacen desde abajo. El texto nos recuerda que descolonizar no es solo un asunto del pasado: es un desafío urgente para el presente, que atraviesa nuestras formas de conocer, organizarnos, sanar, enseñar y habitar.

Además, el pensamiento fanoniano ofrece herramientas fundamentales para repensar el papel de la universidad pública. En tiempos en que muchas instituciones se ven atrapadas entre la lógica del mercado y el conservadurismo académico, Fanon interpela con fuerza: ¿puede la universidad ser un espacio de liberación y no de reproducción de jerarquías coloniales? Este cuaderno plantea preguntas necesarias para imaginar una educación crítica, comprometida con los territorios, abierta al diálogo con los saberes populares y orientada a la transformación social.

Aportes principales del documento

🔸 Lectura contextual de Fanon: Desde su biografía militante hasta sus aportes en psiquiatría, el documento traza un recorrido por la vida y obra de Fanon, destacando su coherencia ética entre pensamiento y acción.

🔸 Claves conceptuales: Racismo estructural, alienación, máscaras blancas, violencia liberadora, descolonización radical. Un glosario acompaña al texto para facilitar la apropiación crítica de sus categorías.

🔸 Vigencia de su pensamiento: Fanon es leído a la luz de las luchas actuales: pueblos indígenas, juventudes racializadas, mujeres organizadas, migrantes criminalizados. Su palabra resuena allí donde la dignidad es negada.

🔸 Desafíos para la universidad pública: ¿Puede la academia dejar de reproducir el pensamiento colonial y transformarse en un espacio de liberación? El texto abre preguntas incómodas pero necesarias.

Fanon hoy: una incomodidad necesaria

Frantz Fanon no fue un autor de diagnósticos neutros ni de soluciones cómodas. Su escritura, como su vida, es un llamado al compromiso con los pueblos que luchan. Su pensamiento nos ayuda a entender que el colonialismo no ha desaparecido: ha mutado. Está en la exclusión, en el despojo, en la violencia simbólica, en las estructuras educativas, económicas y sanitarias. Leerlo hoy es un acto de resistencia y lucidez.

📥 Descarga el documento completo acá.

📢 Leé, compartí, discutí.
Este material fue pensado para alimentar círculos de lectura, procesos de formación política, espacios comunitarios, aulas críticas y territorios en lucha. Que las palabras de Fanon no se queden en los márgenes: que sirvan para organizar esperanza.