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El saqueo continúa: Oxfam revela cómo el neocolonialismo alimenta la desigualdad global

¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.

Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.

Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”

Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.

 Algunos datos clave del informe:
  • En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.

  • Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.

  • Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.

  • El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.

La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.

Conceptos clave del informe

ConceptoExplicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonarioAcumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
ClientelismoEnriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolísticoCapacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economíaTransformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?

Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.

📥 Descargá el informe completo aquí
🔗 Más información en https://www.oxfam.org

Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?

El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?

En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.

¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?

Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.

La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.

Pensar el mundo como bien común

Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.

El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.

Pueden descargar la infografía

PDFImagen

Esta nota forma parte de la sección “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.

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Puerto Viejo: tala en instalaciones del AyA bajo la lupa de defensores ambientales

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental activo en el Caribe Sur, continúa con el seguimiento del caso relacionado con la tala de árboles en las cercanías de la planta de tratamiento de aguas del AyA en Puerto Viejo.

Según el relato de Philippe, el proceso inició cuando una vecina solicitó al Juzgado Agrario permiso para talar dos árboles que presentaban riesgo hacia su vivienda. Sin embargo, la autorización final contempló la tala de ocho árboles, argumentando condiciones similares de peligro.

Durante una reunión pública organizada por el AyA, en la que estuvo presente Philippe, se habló únicamente de una tala ‘preventiva’ por razones de seguridad, tal como consta en los folletos informativos elaborados por la institución. En ningún momento se mencionó que la madera sería retirada o aprovechada, lo que generó preocupación en el seguimiento posterior.

En una visita reciente al sitio (24 de mayo 2025), Philippe observó que varios de los troncos ya no estaban, además de rastros de aserrín, lo cual indicaría procesamiento de madera en el lugar. Esta observación contrasta con lo dicho por el AyA y con lo establecido en la sentencia judicial, que exige coordinación con SINAC para cualquier disposición de la madera.

“No veo en ningún lado de la resolución que diga que se puede cortar el árbol en pedazos, montarlo y sacarlo. Solo habla de la tala por peligro. ¿Por qué se llevaron todo? Es raro. En el bosque, esos árboles caídos tienen su función ecológica”, señaló Philippe tras leer el fallo judicial.

De acuerdo con el análisis legal realizado, la sentencia del expediente 24-000326-0465-AG permite la corta de los árboles señalados, pero bajo estrictas condiciones: sin dañar la vegetación circundante, sin dejar residuos, y con obligación de coordinar con SINAC cualquier disposición de madera.

El retiro de los troncos sin evidencia de dicho trámite podría constituir una posible violación ambiental, lo que refuerza la importancia de este tipo de monitoreo comunitario. Además, es crucial considerar el manejo adecuado de los residuos de tala, como troncos, ramas y pedazos de madera, ya que estos cumplen funciones ecológicas esenciales en los ecosistemas. Por ejemplo, la madera caída sirve como refugio para fauna silvestre, contribuye a la retención de humedad, el reciclaje de nutrientes y el mantenimiento del suelo. En bosques tropicales, estos elementos favorecen la regeneración natural y sostienen cadenas tróficas importantes, por lo que su remoción indiscriminada puede alterar significativamente los equilibrios ecológicos locales.

Philippe indica que la situación ya fue comunicada al Ministerio Público, y se mantienen abiertas las dudas sobre:

  • ¿Quién retiró los troncos?
  • ¿Se tramitó autorización ante SINAC?
  • ¿Qué destino tuvo la madera extraída?

Este caso refuerza la necesidad de transparencia y control ciudadano en los procesos que involucran recursos naturales y posibles impactos ambientales. El seguimiento continúa.

Visita de campo de Philippe: zona de humedal y protección de quebradas

Philippe también advierte que el área intervenida corresponde a un humedal, algo evidente al observar la vegetación característica, como hojas largas que sobresalen de las conocidas plantas como Orejas de Burro, típicas de estos ecosistemas. Además, uno de los árboles talados se encontraba a escasos metros de un arroyo visible en fotos y videos tomados en el lugar.

“Debemos tener claro que los arroyos, quebradas y ríos tienen un margen de 15 metros de protección en el que no se puede tocar absolutamente nada”, subrayó Philippe. Recordó que en una ocasión anterior, al consultar a Marcelo Pacheco —exfuncionario del MINAE— sobre un árbol caído en una quebrada, este le indicó que solo se puede mover para facilitar el flujo de agua, pero nunca retirarlo ni aprovecharlo, ya que está dentro de la zona de protección.

A juicio del defensor, lo ocurrido en este caso parece una estrategia para justificar la tala y posterior aprovechamiento de madera: “Estos son trucos para talar los árboles, los cortan en pedacitos. Por eso dicen que va a tardar tres semanas. Pero talar ocho árboles se hace en dos días si se sigue la normativa”.

Material informativo entregado por el AyA
La función ecológica de los árboles caídos

Aunque a simple vista puedan parecer desechos naturales, los árboles caídos cumplen un papel esencial en los ecosistemas. Al descomponerse, sus troncos y ramas aportan nutrientes al suelo, favoreciendo la fertilidad y el crecimiento de nuevas plantas. Además, funcionan como refugio y fuente de alimento para muchas especies de insectos, hongos, aves, mamíferos y reptiles.

Los árboles caídos también ayudan a retener humedad en el suelo y a reducir la erosión en áreas boscosas. En cuerpos de agua cercanos, los troncos sumergidos proporcionan sombra, oxigenación y hábitat para peces y otros organismos acuáticos. Así, lejos de ser un desperdicio, los árboles caídos son parte vital del ciclo de la vida en los bosques y otros entornos naturales.

¿Cómo debe realizarse legalmente una tala por peligro y el retiro de madera?

En Costa Rica, incluso cuando se autoriza la tala de árboles por peligro, existen normativas ambientales estrictas que regulan el procedimiento y el destino del material extraído. Estos casos se rigen principalmente por la Ley Forestal N° 7575, la Ley de Biodiversidad, y reglamentaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

  1. Autorización judicial o técnica

Cuando se trata de árboles que representan un peligro, como en este caso, el derribo puede ser autorizado por un juez con base en informes técnicos de entidades como el SINAC o el AyA. Sin embargo, esta autorización no implica automáticamente permiso para disponer o retirar la madera.

  1. Permiso de aprovechamiento forestal

Para mover, transportar, almacenar o transformar la madera resultante, se requiere un permiso específico de aprovechamiento forestal, gestionado ante el SINAC. Este permiso detalla:

  • Qué tipo de madera será aprovechada.
  • Volumen estimado.
  • Destino final (uso propio, comercialización, etc.).
  • Medio de transporte y ruta.
  1. Guía de transporte

Además del permiso, el retiro de troncos o madera procesada debe ir acompañado de una guía de transporte forestal, que respalda la legalidad del traslado. Esta guía debe estar físicamente presente durante el transporte y ser entregada a solicitud de las autoridades.

¿Qué pasa si se omite este proceso?

El retiro o uso de madera sin estos permisos constituye una infracción a la Ley Forestal, y puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo:

  • Decomiso del material.
  • Multas.
  • Denuncias ante el Ministerio Público por posible delito ambiental.

Por eso, aunque la corta haya sido autorizada judicialmente por motivos de seguridad, el manejo posterior de la madera está estrictamente regulado. Cualquier omisión en este proceso levanta señales de alerta sobre una posible irregularidad.

Philippe afirma que se mantendrá vigilante ante cualquier intento de nueva extracción: “Si vuelven a trabajar ahí, voy con las autoridades. No van a sacar más madera. Muchas veces ese material se usa para rellenar otros humedales, y eso no puede ser. Si se tala por peligro, se deja el árbol ahí y se acabó el trabajo”.

Material fotográfico sobre los cambios en la región

Las siguientes imágenes, correspondientes a los años 2004 y 2023, muestran la transformación del paisaje en el área cercana a la planta de tratamiento del AyA. En la imagen de 2004 se observa una cobertura boscosa densa y continua, característica de una zona con baja intervención humana. Sin embargo, al comparar con la imagen de 2023, se evidencia una notable reducción del área boscosa, sustituida progresivamente por infraestructuras y asentamientos urbanos. Este contraste ilustra el avance sostenido del proceso de urbanización y el cambio en el uso del suelo, que ha fragmentado los espacios naturales y modificado significativamente la cobertura vegetal de la zona.

2004

2023

Material audiovisual de la visita de campo del 24 de mayo 2025

Estas imágenes se incorporan con fines estrictamente educativos y de interés público, en el marco de una reflexión crítica sobre el cambio de uso del suelo, la afectación de la cobertura boscosa y los casos de tala en contextos de posible riesgo ambiental y seguridad pública, con el objetivo de comprender cómo se llevan a cabo estas intervenciones y sus implicaciones.

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Río Virilla: Entre la devastación ambiental y la resistencia comunitaria

En el límite cantonal entre Moravia y Santo Domingo —y en la frontera provincial entre San José y Heredia—, el río Virilla ha sido víctima de una serie de intervenciones ilegales y ambientalmente destructivas. Desde 2008, vecinos y organizaciones han denunciado las acciones de la empresa logística, que adquirió un terreno antes utilizado como tajo para la construcción de la ruta 32, bajo la figura de interés nacional.

A partir de esta compra, se inició trabajos sobre el lecho mismo del río: construyó un relleno que redujo el cauce, provocando un “estrangulamiento” de la corriente, alterando su curso natural y afectando los límites territoriales cantonales y provinciales. La zona, de alta importancia ecológica, forma parte de un corredor biológico, es área de recarga acuífera y hábitat de una rica biodiversidad. Las actividades incluyeron corte de árboles, movimientos de tierra, depósitos de toneladas de escombros y contaminación por residuos provenientes del mantenimiento de vehículos pesados y contenedores.

Además de la evidente devastación ambiental, la comunidad ha señalado con firmeza la omisión sistemática de las autoridades municipales, que durante años no actuaron ante las denuncias. Fue gracias a la organización y presión constante de vecinos y colectivos que se logró finalmente una orden de demolición sobre las construcciones ilegales.

Este caso evidencia la urgencia de proteger los bienes demaniales como el río Virilla, no solo por su valor ecológico, sino por su función vital en el ciclo hidrográfico y como fuente de agua para muchas comunidades. También pone en el centro la pregunta sobre el rol del Estado frente a los intereses empresariales, y el poder transformador de la acción comunitaria organizada.

Lucha legal en curso

En 2020, la Sala Constitucional acogió parcialmente un recurso de amparo contra el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y el Ministerio de Salud por su omisión en atender las denuncias sobre los daños al río Virilla. A pesar de las órdenes judiciales para resolver el expediente ambiental y ejecutar acciones concretas —como la clausura del sitio, la remoción de estructuras ilegales y la protección del cauce—, la desobediencia ha sido reiterada.

A inicios de 2024, la Sala volvió a constatar la inejecución de lo ordenado y advirtió que quienes ocupan actualmente los cargos en el Ministerio de Salud y el TAA deben cumplir de inmediato la sentencia, bajo pena de incurrir en delito de desobediencia. La falta de acceso al sitio por parte de las autoridades y la renuncia de juezas del TAA han impedido una resolución efectiva, evidenciando cómo los vacíos institucionales permiten la impunidad ambiental.

Este caso, documentado en el expediente 20-012211-0007-CO, sigue abierto, y su desenlace será clave para sentar precedentes sobre la defensa efectiva de los bienes comunes en Costa Rica.

¿Qué pasa cuando se estrangula un río? Consecuencias ambientales y sociales

El “estrangulamiento” de un río es una forma grave de alteración ambiental que ocurre cuando se reduce artificialmente su cauce natural, por ejemplo, mediante rellenos, construcciones o desvíos. Este tipo de intervención, como ha ocurrido en el caso del río Virilla en Costa Rica, genera una serie de impactos ambientales y sociales que comprometen la salud de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades.

Cuando se reduce el ancho del cauce, se impide el flujo libre del agua, aumentando el riesgo de inundaciones en época de lluvias y acelerando la erosión de las riberas. Esto no solo afecta la estabilidad del terreno, sino que rompe el equilibrio del ciclo hidrológico, impactando la recarga de acuíferos y la regulación natural de caudales.

Además, al eliminar vegetación ribereña y deforestar, se pierde cobertura vegetal esencial para la vida silvestre, lo que genera fragmentación de hábitats, disminución de biodiversidad y degradación de corredores biológicos. El vertido de residuos —como aceites, sólidos o químicos— en zonas de uso industrial cerca del cauce agrava la contaminación y puede afectar la calidad del agua para consumo humano y agrícola.

Desde el punto de vista legal, estas acciones constituyen una violación a los principios de protección del dominio público hídrico establecidos en el Código Civil (art. 261) y en la Ley de Aguas, ya que los ríos son bienes demaniales inalienables, imprescriptibles y no sujetos a apropiación privada.

El estrangulamiento de un río no solo es un atentado ecológico: es también un acto de injusticia ambiental que vulnera derechos colectivos y debilita la resiliencia de los territorios ante el cambio climático.

Contexto ecológico del río Virilla: una cuenca en crisis

El río Virilla, eje hídrico fundamental del Valle Central costarricense, enfrenta una crisis ambiental profunda producto de décadas de contaminación y presión urbanística. A pesar de su papel clave como corredor biológico y su rica biodiversidad en zonas de bosque húmedo premontano, el río ha sido convertido en receptor de aguas residuales, desechos sólidos y descargas industriales no reguladas. Las nacientes en la Cordillera Volcánica Central, que deberían ser áreas de protección prioritaria, también se ven afectadas por el avance urbano y el uso inadecuado del suelo. Esta situación refleja una desatención institucional prolongada, que ha permitido que el desarrollo económico se imponga sobre la salud ecosistémica. Iniciativas como la instalación de bardas recolectoras de plásticos y programas de educación ambiental representan esfuerzos importantes, pero insuficientes si no se acompañan de una fiscalización efectiva, inversión estatal y participación comunitaria vinculante. El caso del río Virilla ilustra con claridad cómo los conflictos ambientales no son solo disputas técnicas, sino escenarios donde se confrontan modelos de desarrollo, derechos territoriales y prioridades políticas.

Un río herido, un abastecimiento en riesgo

Aunque muchas veces lo pensamos como un problema lejano o ajeno, la crisis ambiental del río Virilla tiene una relación directa con la forma en que accedemos al agua potable, especialmente en cantones como Santo Domingo de Heredia y Moravia. Este río, que serpentea al fondo de los barrancos del Valle Central, recoge las aguas —y las heridas— de una de las zonas más urbanizadas y contaminadas del país. Lo que muchos no ven es que, en esa misma cuenca, existen pozos, nacientes y tomas superficiales que abastecen a comunidades enteras.

En Santo Domingo, por ejemplo, el agua que llega a las casas proviene de nacientes y quebradas que forman parte del entramado hídrico que desemboca en el Virilla. Algunas de estas fuentes están expuestas, sin una protección suficiente frente a la contaminación por aguas negras, residuos sólidos o agroquímicos. En Moravia, el panorama es similar: el crecimiento urbano ha arrinconado zonas de recarga acuífera y ha incrementado el escurrimiento superficial, arrastrando contaminantes hacia ríos y quebradas.

El Virilla, entonces, no solo refleja el abandono ambiental de décadas: también anticipa las crisis futuras si no se protegen las fuentes de agua que aún sobreviven en su cuenca. Cada descarga sin tratar, cada proyecto urbanístico que se impone sobre una naciente, cada quebrada convertida en canal de desechos, debilita la capacidad de las comunidades de acceder a agua limpia y segura.

Este vínculo entre el río y el grifo —entre lo ambiental y lo cotidiano— es el que debemos visibilizar. Porque cuidar el Virilla no es solo un acto simbólico o ecológico: es una necesidad urgente para sostener la vida en nuestras casas, escuelas y barrios.

¿Qué es un bien demanial?

El río Virilla es un bien demanial, es decir, un bien de dominio público del Estado que pertenece a toda la ciudadanía y está destinado al uso común o al servicio público. Según el Artículo 261 del Código Civil de Costa Rica, forman parte del dominio público “los ríos, arroyos y quebradas que corren por cauces naturales y sus riberas hasta donde llegan las más altas crecientes ordinarias”. Estos bienes no pueden ser privatizados ni alterados sin autorización expresa, ya que cumplen funciones ecológicas, sociales y territoriales fundamentales. Modificar el cauce, rellenarlo o construir sobre él constituye una violación al ordenamiento jurídico y a los derechos colectivos.

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Nueva esperanza Mujeres campesinas resisten el despojo: Agroecología y dignidad en el norte de Costa Rica + Documental

En el norte de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, un grupo de mujeres campesinas ha cultivado durante más de dos décadas una finca que transformaron en un espacio de vida, trabajo y organización comunitaria. Bajo la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza, estas mujeres desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica, convirtiendo la finca en “el pulmón de la esperanza”.

Sin embargo, desde febrero de 2022, enfrentan un proceso de despojo progresivo. Personas y familias comenzaron a ingresar al terreno, supuestamente respaldadas por la Asociación de Desarrollo Local. Este conflicto se intensificó debido a la reventa de lotes y al deterioro deliberado de la propiedad colectiva. Las mujeres fueron desalojadas de facto, perdiendo el acceso a sus tierras, construcciones y documentos, además de ser testigos de la destrucción de cercas vivas y estructuras levantadas con años de esfuerzo .

El abandono institucional

A pesar de múltiples gestiones, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) ha mantenido una posición ambigua y pasiva. No ha garantizado ni el desalojo judicialmente aprobado ni ha brindado una ruta clara para la titulación de la tierra. Incluso hay denuncias de reuniones entre funcionarios del INDER y personas ocupantes dentro de la misma finca, sin transparencia ni voluntad de diálogo con las legítimas ocupantes originales .

Agroecología como resistencia

Durante más de 23 años, las mujeres de esta asociación desarrollaron una experiencia ejemplar de agricultura orgánica. Con apoyo de instituciones como la UCR y el PNUD, construyeron infraestructura productiva, capacitaron a jóvenes y sostuvieron la producción con enorme empeño. La finca fue un espacio de trabajo colectivo, formación, alimentación y encuentro .

Una lucha por la vida y el derecho

A pesar de los últimos tres años de usurpación, las mujeres siguen presentes, resistiendo y con la firme convicción de que no se irán hasta lograr lo que es justo. Como expresan: “No se trata solo de una exigencia legal, sino de una lucha por la vida y por un derecho que nos hemos ganado con años de trabajo, cuidado y arraigo” .

La historia de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza es una muestra de cómo el Estado costarricense falla en proteger los derechos colectivos, especialmente cuando quienes los ejercen son mujeres rurales organizadas, empobrecidas y habitando zonas periféricas del país. Es urgente que las autoridades cumplan con su mandato y apoyen a quienes construyen desarrollo y comunidad desde abajo.

🎬 Para que vuelvan las mariposas: ver el pasado para entender el presente

El documental «Para que vuelvan las mariposas» (UNED) narra con sensibilidad y fuerza la historia de transformación liderada por las mujeres campesinas de Nueva Esperanza: cómo, en medio de la devastación ambiental causada por la piña y la ganadería extensiva, levantaron un modelo agroecológico colectivo, restauraron suelos y devolvieron la vida a su territorio. Mariposas, lombrices, agua limpia, alimentos sanos: todo volvió gracias a su trabajo.

Hoy, sin embargo, ese legado está bajo amenaza. La finca donde se desarrolló esta experiencia ha sido ocupada por terceros, con la anuencia silenciosa de instituciones estatales como el INDER. Lo que fue un referente nacional de agroecología y soberanía alimentaria se encuentra en disputa, y las mujeres que lo hicieron posible han sido desplazadas.

Ver este documental no es solo una invitación a conocer una historia de éxito campesino. Es también una forma de comprender lo que está en juego ahora mismo: la lucha por la tierra, por el reconocimiento, y por la justicia que estas mujeres siguen defendiendo con dignidad.

🌱 Porque cuando las mariposas desaparecen, algo más profundo se está perdiendo. Y cuando regresan, nos recuerdan que aún hay esperanza si se cuida la tierra y a quienes la cultivan.

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Silencio ante la infestación: el drama de los monos aulladores del Caribe costarricense

A pesar de que el Caribe de Costa Rica es mundialmente conocido por su biodiversidad y riqueza natural, un drama silencioso se desarrolla en lo alto de sus árboles: los monos aulladores (Alouatta palliata) están siendo severamente infestados por larvas de mosca bot (Cuterebra baeri), un parásito con alta especificidad que amenaza su salud y bienestar. Sin embargo, esta situación crítica ha pasado casi desapercibida.

 

Gracias a las denuncias realizadas por Philippe en una nota anterior sobre los impactos del tendido eléctrico y la presencia de tórsalos en primates, estableció contacto con él la Asociación YISKI, lo que permitió acceder a este estudio conducido por la Asociación Awá Ciencia y Conservación, en coordinación con el SINAC. El informe reveló que todos los monos congo (Alouatta palliata) muestreados presentaban infestaciones severas, con más de seis larvas por individuo, además de cicatrices de infecciones previas. Esta cifra duplica o triplica lo reportado en estudios anteriores.

 

La investigación, realizada en los parques nacionales Cahuita y Puerto Vargas entre 2019 y 2020, identificó la especie Cuterebra baeri como la responsable. Aunque se conoce desde hace décadas, no existen estrategias concretas de monitoreo ni control sostenido por parte de las autoridades ambientales, a pesar de la posibilidad de que el fenómeno esté en aumento, agravado por el cambio en el uso del suelo y la creciente presión del turismo.

Más preocupante aún es la falta de atención mediática y política hacia esta amenaza, que compromete no solo la salud de una especie clave para los ecosistemas tropicales, sino también la integridad de los hábitats que dependen de estos dispersores de semillas.

La investigación recomienda monitoreos periódicos, estudios sobre los efectos del turismo, y precauciones ante el uso de insecticidas que podrían tener consecuencias ecológicas aún más graves. Sin embargo, hasta ahora, estas recomendaciones no han sido asumidas con la urgencia que la situación amerita.

El silencio institucional y mediático frente a este problema revela una preocupante tendencia: la salud de la fauna silvestre sigue estando relegada a un segundo plano, incluso cuando los datos muestran signos alarmantes.

¿Será necesario esperar a una crisis mayor para actuar?

Pueden descargar el informe aquí “Grado de infestación y variables ambientales favorecederos de la infestación por larvas de la mosca(s) bot en monos aulladores del Caribe de Costa Rica.

Galería

Turismo, insecticidas y su impacto en una crisis poco visible

El estudio no solo alerta sobre la severidad de la infestación por mosca bot en monos aulladores del Caribe costarricense, sino que también llama la atención sobre factores externos que podrían estar intensificando el problema, especialmente el turismo mal manejado y el uso inadecuado de insecticidas.

El turismo como factor de estrés ambiental

La relación entre turismo y salud de la fauna silvestre es compleja. En la Reserva Lamanai en Belice*, investigaciones han vinculado altos niveles de parasitismo con zonas de fuerte actividad turística. ¿Por qué sucede esto?

  • Reducción del dosel forestal en zonas turísticas: más luz solar, mayor temperatura y alteraciones microclimáticas pueden favorecer el desarrollo de la mosca bot.
  • Efectos de borde (zonas donde el bosque se encuentra con áreas abiertas o construidas) que alteran los ecosistemas.
  • Estrés fisiológico en los animales debido a la constante presencia humana y al ruido, lo cual puede debilitar su sistema inmunológico y aumentar su vulnerabilidad a parásitos.

Aunque en Costa Rica esta relación aún no está completamente estudiada, el informe recomienda investigar con urgencia el impacto del turismo sobre los niveles de infestación en primates, especialmente en parques con alta afluencia de visitantes como Cahuita.

¿Insecticidas para controlar la mosca bot?

Si bien podría pensarse que los insecticidas son una solución directa al problema, el informe advierte que su uso indiscriminado puede tener efectos colaterales graves:

  • Riesgos para otras especies: los insecticidas pueden afectar insectos polinizadores, aves y otros animales no objetivo.
  • Contaminación del suelo y cuerpos de agua, alterando la salud de todo el ecosistema.
  • Afectación directa a los monos: algunos compuestos, como los organofosforados, pueden ser más dañinos para el animal que las propias larvas.

En su lugar, se propone un enfoque más integral: monitoreo periódico, control biológico y prevención basada en la comprensión de las variables ambientales que favorecen al parásito.

Urbanización y pérdida de bosque: una amenaza creciente para los primates

En el Caribe sur de Costa Rica, la presión sobre los ecosistemas proviene del crecimiento urbano y turístico. Este cambio en el uso del suelo —que reemplaza bosques por construcciones, caminos y espacios abiertos— podría estar jugando un papel clave en el aumento de las infestaciones por mosca bot en monos aulladores.

¿Cómo afecta la urbanización al parasitismo?

  • Reducción de la cobertura boscosa: El reemplazo de bosque por infraestructura reduce el dosel forestal, lo que altera el microclima y favorece ambientes más secos y cálidos donde la mosca bot puede reproducirse con mayor facilidad.
  • Fragmentación del hábitat: Al dividir el bosque en parches aislados por urbanizaciones, los monos quedan confinados en espacios más pequeños. Esta cercanía constante entre individuos facilita la transmisión de parásitos como las larvas de mosca bot.
  • Mayor presencia humana y estrés en la fauna: La urbanización trae consigo tráfico, ruido, contaminación lumínica y perturbaciones constantes. Estos factores pueden debilitar el sistema inmunológico de los monos, aumentando su vulnerabilidad a infecciones.
  • Suelo expuesto y pérdida de complejidad vegetal: Las larvas de la mosca bot completan parte de su ciclo en el suelo. La sustitución del sotobosque natural por jardines o superficies compactadas puede alterar el ciclo del parásito de formas aún poco estudiadas, pero potencialmente peligrosas.

Conceptos Científicos Relevantes del Estudio sobre Mosca Bot y Monos Aulladores

Concepto

Explicación

Importancia en el estudio

Mosca bot (Cuterebra baeri)

Insecto parásito que deposita sus huevos en el ambiente; sus larvas ingresan al cuerpo del hospedero, donde se desarrollan bajo la piel.

Es la principal especie identificada en la infestación de los monos aulladores del Caribe. Tiene alta especificidad parasitaria con esta especie.

Parasitismo específico

Relación en la que el parásito afecta principalmente a una sola especie hospedera.

Cuterebra baeri parasita casi exclusivamente a los monos aulladores, lo que hace a esta especie particularmente vulnerable.

Ciclo de vida del parásito

Abarca desde la deposición del huevo hasta su madurez: los huevos eclosionan por estímulos como el calor y el CO₂ del animal, y las larvas se desarrollan por etapas en el cuello del mono.

Conocer el ciclo ayuda a planificar momentos críticos para el monitoreo o control de infestaciones.

Grado de infestación

Número de larvas presentes en un solo individuo.

En este estudio se reportaron hasta 6 o más larvas por mono, indicando infestaciones severas.

Vectores oportunistas

Otros organismos (bacterias, hongos o insectos) que aprovechan las heridas abiertas por las larvas para infectar al hospedero.

Las heridas causadas por las larvas pueden facilitar infecciones adicionales, agravando el estado de salud de los monos.

Impacto fisiológico

Efectos en el cuerpo, como pérdida de grasa subcutánea, debilitamiento y estrés.

La infestación reduce las reservas energéticas de los monos, afectando su salud general y su supervivencia.

Variables ambientales (uso del suelo, turismo)

Factores como deforestación, agricultura o alta presencia de turistas que alteran el hábitat natural.

Zonas agrícolas y turísticas parecen favorecer la presencia de moscas bot, por lo que se recomienda investigar su relación con el aumento de infestaciones.

Créditos de la investigación: Esta investigación fue posible por la denuncia y fotografías de Marta Castro, el apoyo de la Asociación YISKI, la labor científica de Andrea Chaves y Ricardo Jiménez (Asociación Awá Ciencia y Conservación), SINAC, así como a CVVS-UNED y la ADI del T.I. Kéköldi.

*Síntesis de los hallazgos

Estos estudios, realizados en la Reserva Arqueológica de Lamanai en Belice, evidencian que:

  • El turismo intensivo se asocia con mayores niveles de parasitismo por mosca bot (Alouattamyia baeri) en monos aulladores negros (Alouatta pigra).

  • Los monos expuestos a turistas mostraron mayor estrés fisiológico y cambios de comportamiento, como evasión y alteración en el uso del hábitat, lo que puede debilitar su sistema inmune y hacerlos más susceptibles a parásitos.

  • Se enfatiza la necesidad de gestionar cuidadosamente el ecoturismo, ya que incluso visitantes bien intencionados pueden generar impactos negativos si no se controlan los niveles de exposición.

Referencias

  • Treves, A., & Carlson, A. E. (2012). Botfly parasitism and tourism on the endangered black howler monkey of Belize. Journal of Medical Primatology, 41(4), 206–209. https://doi.org/10.1111/jmp.12001

  • Grossberg, R., Treves, A., & Naughton-Treves, L. (2003). The incidental ecotourist: Measuring visitor impacts on endangered howler monkeys at a Belizean archaeological site. Environmental Conservation, 30(1), 40–51. https://doi.org/10.1017/S0376892903000045

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De paraíso natural a botín inmobiliario: crónica de una tala anunciada

Costa Rica ha construido durante décadas una imagen internacional de país verde, defensor de la biodiversidad y ejemplo de sostenibilidad. Se nos reconoce por haber eliminado el ejército para invertir en educación y ambiente, por nuestros parques nacionales y por ser hogar de un 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, este relato se cae a pedazos cuando se confronta con la realidad que se vive en muchas regiones del país, especialmente en la costa Caribe Sur, donde la tala de árboles, la expansión inmobiliaria y la permisividad institucional amenazan con destruir lo que aún queda de bosque.

En esta zona, que forma parte del Corredor Biológico Talamanca-Caribe y que ha sido históricamente un refugio de vida silvestre y cultura viva, los proyectos urbanísticos avanzan a paso firme. La desregulación ambiental no es un accidente, sino una consecuencia directa de decisiones políticas que priorizan el desarrollo turístico e inmobiliario sobre la protección de los ecosistemas. La Ley Forestal y la institucionalidad ambiental están siendo debilitados, reinterpretados o ignorados sistemáticamente, por no decir complíce. Es más fácil conseguir un permiso para talar que para reforestar. Y eso lo saben bien quienes viven día a día la destrucción del territorio.

Philippe Vangoidsenhoven, defensor ambiental en la región, lo vive con rabia e impotencia. Denuncia cómo en las cercanías de Playa Negra se otorgan permisos para talar árboles centenarios, o en Puerto Viejo, bajo pretextos como el «riesgo para la propiedad», sin criterios técnicos sólidos ni procesos transparentes. «Una vecina pidió permiso para talar dos árboles que estaban inclinados hacia su casa —relata—. Acudió a los juzgados, vino alguien a revisar, y con esos datos el juez autorizó la tala. Pero lo que ocurre es que, además de esos dos, el juez aprobó talar seis más, supuestamente también por representar un peligro. En total, ocho árboles. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones así? La señora ahora está avergonzada, porque me llamó inicialmente preocupada, están talando a toda máquina», cuenta, mientras describe cómo ha acudido a la Fiscalía Ambiental, al MINAE, a reuniones comunitarias, y aún así la tala continúa. Las fotos que toma documentan un crimen ambiental que parece no tener culpables. «Yo no soy policía ni fiscal», dice con frustración, mientras constata que la impunidad es parte del sistema.

La normativa ambiental en Costa Rica, hoy está atravesada por vacíos legales, falta de fiscalización y corrupción. Los permisos para construcción en zonas boscosas, cerca de quebradas o en terrenos de alto valor ecológico se otorgan sin estudios técnicos rigurosos, sin consulta comunitaria y sin considerar el impacto acumulativo. Esto se ve agravado por una municipalidad que responde más rápido a los intereses de empresas constructoras que a los llamados de atención de las comunidades.

De bosque a concreto: el costo silencioso del progreso

Las imágenes comparativas de los años 2005 y 2023 muestran una transformación significativa del paisaje, caracterizada por una notable disminución de la cobertura boscosa. En la imagen de 2005 se observa un entorno predominantemente cubierto por vegetación, mientras que en la de 2023 se evidencia una expansión de áreas urbanizadas a expensas del bosque. Esta deforestación tiene implicaciones críticas, tanto ecológicas como sociales: se pierde biodiversidad, se alteran los ciclos hidrológicos y se incrementa la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. Además, el avance urbano sin una planificación sostenible puede afectar negativamente la calidad de vida de las comunidades locales y contribuir al cambio climático. Este tipo de transformación resalta la urgencia de implementar políticas de ordenamiento territorial que prioricen la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Fotos de la tala "legal" señalada en las fotos en 2025
La tala avanza, la vida retrocede

La impunidad se normaliza en discursos oficiales que hablan de «desarrollo sostenible», mientras se permite rellenar humedales, destruir corredores biológicos y talar árboles centenarios para construir hoteles boutique, casas de lujo y piscinas. El modelo de «progreso» que se impulsa desde el gobierno responde a intereses económicos a corto plazo, y deja por fuera los derechos de las personas, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Lo que se pierde con cada árbol no es solo sombra o paisaje: se pierde hábitat, se pierden servicios ecosistémicos, se pierde la posibilidad de un futuro sostenible.

En muchos casos, la tala no ocurre en zonas alejadas o invisibles, sino frente a nuestras narices, a la orilla de las carreteras o en pleno centro de las comunidades. Philippe lo resume con dureza: «Solo vemos lo que se alcanza desde la calle. No queremos imaginar los desastres que ocurren más adentro, donde la propiedad privada impide monitorear lo que pasa en el bosque». Esta destrucción silenciosa es aún más peligrosa, porque pasa sin testigos, sin protesta, sin documentación. La desprotección es generalizada, pero especialmente grave en territorios donde las comunidades han sido históricamente marginadas.

Urge una respuesta política y ciudadana clara. No podemos seguir tolerando que la institucionalidad ambiental esté al servicio del mercado. No podemos permitir que se sigan desmantelando los mecanismos de protección del bosque bajo el pretexto de “progreso”. La biodiversidad que aún tenemos no es un recurso más: es la base de la vida. Y defenderla no es solo un acto ecológico, es un acto ético y político. Cada árbol talado sin justificación es una muestra más de que Costa Rica ha dejado de priorizar la vida.

Es hora de mirar más allá del eslogan. Costa Rica ya no es el ejemplo que fue. Y si no hacemos algo —desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía crítica— pronto solo quedará el recuerdo de un país que alguna vez se creyó verde.

Más allá de la tala legal: lo que está en juego en el Caribe Sur

Reducir la discusión sobre la deforestación al tema de la tala legal o ilegal resulta insuficiente cuando se trata de un territorio tan delicado como el Caribe Sur costarricense. En esta región, caracterizada por su biodiversidad única y su riqueza cultural, cada hectárea de bosque perdido implica mucho más que un cambio de uso de suelo: representa una fractura en los ecosistemas que sostienen la vida.

El Caribe Sur no es un espacio cualquiera. Sus sistemas naturales —bosques costeros, humedales, cuencas hidrográficas, corredores biológicos— operan en interdependencia con comunidades que por generaciones han vivido en estrecha relación con la tierra. Cuando el bosque desaparece, no solo se pierde hábitat, se debilitan las funciones ecológicas que amortiguan el cambio climático, regulan el agua, y permiten la reproducción de especies vitales para la seguridad alimentaria y cultural de la población local.

Por ello, impulsar actividades extractivas, aunque legales, sin un enfoque ecosistémico y de justicia territorial, equivale a ignorar la fragilidad de un entorno ya presionado por el turismo masivo, el desarrollo inmobiliario y las brechas históricas en la gobernanza ambiental. Proteger el Caribe Sur no es solo conservar árboles; es garantizar la continuidad de un tejido social y ecológico que no admite sustituciones.

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Cuidando nuestros ríos: Limpieza del río Tacares

Este video reúne entrevistas con personas voluntarias y vecinas que comparten sus experiencias en jornadas de limpieza de ríos y actividades de educación socioambiental. A través de sus testimonios, exploramos cómo estas acciones transforman no solo el entorno natural, sino también los vínculos sociales y el sentido de pertenencia.

El río no es solo agua que corre: es historia, memoria colectiva y vida cotidiana. Reconocer su dimensión sociohistórica nos invita a repensar nuestra relación con el territorio y a asumir un compromiso activo con su cuidado. Porque cuidar el río es también cuidarnos entre nosotros.

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Territorio, dignidad y resistencia: el nuevo ciclo de protesta en Panamá

Desde principios de mayo de 2025, Panamá atraviesa una nueva y significativa ola de movilizaciones sociales protagonizadas por pueblos indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Las protestas, que se han intensificado en todo el país, responden a un creciente malestar ante decisiones gubernamentales que impactan directamente sobre derechos sociales, territoriales y soberanos. Entre las principales demandas se encuentran la derogación de la Ley 462 —que reforma la Caja de Seguro Social (CSS)—, el rechazo a la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la oposición a un reciente memorándum de entendimiento firmado con Estados Unidos.

Estas movilizaciones no son eventos aislados, sino la expresión acumulada de múltiples tensiones sociales, políticas y territoriales que han marcado la historia reciente del país. En el centro del conflicto se encuentran los pueblos indígenas, históricamente excluidos de la toma de decisiones, ahora nuevamente reprimidos por ejercer su derecho a la protesta. Las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y represión violenta se suman a la ausencia de mecanismos de consulta previa que garanticen su participación real en temas que afectan sus vidas y territorios.

Panamá, a diferencia de varios países vecinos, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que agrava aún más la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Esta carencia institucional refleja un modelo de desarrollo excluyente, que sigue priorizando intereses corporativos y extractivistas por encima de los derechos humanos, ambientales y comunitarios.

En este contexto, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) han denunciado la represión policial, suspendido toda interlocución con el Ejecutivo y exigido la derogación inmediata de las medidas impuestas sin consulta. Las calles del país se han convertido, una vez más, en espacios de resistencia, pero también de propuesta: un llamado urgente a redefinir las bases de la democracia panameña desde la justicia social, el respeto a la diversidad y la defensa de la soberanía nacional.

A continuación, se destacan cuatro aspectos clave para comprender el trasfondo y la proyección de las actuales protestas:

  1. Criminalización de la protesta y represión estatal

Las manifestaciones encabezadas por pueblos indígenas en Panamá han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mediante el uso de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias y operativos de contención que han dejado múltiples personas heridas. Esta situación se suma a una larga historia de represión cuando los pueblos indígenas ejercen su derecho a la protesta, especialmente en defensa de sus territorios, derechos colectivos y formas de vida. La actual ola de represión evidencia un patrón de criminalización sistemática de la protesta social indígena, así como una preocupante respuesta autoritaria ante el descontento popular.

  1. Ausencia de mecanismos de consulta vinculantes

Uno de los principales reclamos de las organizaciones indígenas panameñas es la falta de mecanismos legales que garanticen la participación efectiva en decisiones que afectan sus territorios. A diferencia de otros países de la región, Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que debilita aún más los procesos de consulta previa, libre e informada. La aprobación de la Ley 462, junto con decisiones como la reapertura de la mina en Donoso, han sido impuestas sin diálogo con los pueblos indígenas, perpetuando un modelo centralista que excluye y desoye las voces indígenas en asuntos de interés nacional.

  1. Defensa del territorio frente al avance del extractivismo

Las actuales movilizaciones indígenas no solo rechazan reformas estructurales como la Ley 462 sobre la Caja de Seguro Social, sino que también denuncian la continuidad de un modelo extractivista que pone en riesgo los bienes comunes y los derechos territoriales. La reapertura de la mina de cobre en Donoso —tras la anulación del contrato minero en 2023 por inconstitucionalidad— es interpretada como un nuevo intento de imponer proyectos altamente destructivos. Las comunidades indígenas han reiterado su defensa del agua, los bosques y los ecosistemas que sustentan su cultura y su supervivencia.

  1. Convergencia de luchas y defensa de la soberanía

La resistencia indígena se está articulando con amplios sectores sociales, como sindicatos, colectivos juveniles, ecologistas y comunidades urbanas, que también se ven afectados por el rumbo político del país. La firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos y la reactivación de concesiones mineras han encendido las alarmas sobre la pérdida de soberanía nacional. Frente a esto, los pueblos indígenas no solo defienden sus derechos colectivos, sino que se posicionan como actores clave en una lucha más amplia por la justicia social, ambiental y democrática en Panamá.

Desde mayo de 2025, comunidades Emberá se han unido a la ola de movilizaciones sociales que sacude al país, exigiendo el respeto a sus derechos, la protección de sus territorios y el fin de la represión estatal.

Bienes comunes bajo amenaza: la respuesta de los pueblos

Las movilizaciones indígenas y sociales en Panamá no solo se enmarcan en un rechazo a políticas específicas o proyectos extractivos, sino que representan una defensa integral de los bienes comunes en sus múltiples dimensiones: naturales, sociales y culturales.

En lo natural, los pueblos indígenas han sido históricamente guardianes de ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio ambiental en Panamá. La amenaza que representan actividades como la minería a gran escala o la explotación hidroeléctrica no solo pone en riesgo los recursos hídricos, los bosques y la fauna, sino que altera profundamente el equilibrio ambiental que sustenta la vida en estos territorios. La defensa del agua y la tierra es, por tanto, una cuestión vital para la supervivencia ecológica y comunitaria.

En lo social, la protesta responde a una larga historia de exclusión y marginación estructural que afecta no solo a las comunidades indígenas, sino también a sectores populares urbanos y rurales. La imposición de reformas como la Ley 462 o las decisiones unilaterales sobre recursos estratégicos generan impactos directos en la seguridad social, el bienestar colectivo y la cohesión social. La articulación de pueblos indígenas con sindicatos, estudiantes y ecologistas refleja una conciencia compartida sobre la necesidad de construir sistemas sociales más justos, inclusivos y democráticos.

En lo cultural, las movilizaciones encarnan la defensa de identidades, tradiciones y formas de vida ancestrales amenazadas por modelos extractivistas y centralizadores. La tierra y los recursos naturales no son solo bienes materiales para estos pueblos, sino elementos esenciales de su cosmovisión, espiritualidad y memoria colectiva. La criminalización y la represión son también formas de violencia cultural que intentan silenciar estas voces y disolver estos vínculos comunitarios.

En suma, la protesta en Panamá es la expresión de una lucha multidimensional que busca proteger y restaurar los bienes comunes en todas sus dimensiones, entendidos como el fundamento indispensable para la vida digna, la justicia social y la soberanía cultural y ambiental.

Imagen de: France 24. Panamá: decenas de personas detenidas en protestas contra renovación de un contrato minero. 
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Mientras la Municipalidad es allanada, la destrucción avanza: crónica de un paraíso en obras

Bienvenidos al Caribe Sur costarricense, donde el verde abunda… hasta que aparece una retroexcavadora. Aquí, en este “paraíso natural”, uno puede toparse con playas vírgenes, árboles centenarios y, si tiene suerte, una buena tala ilegal en pleno desarrollo. El combo completo incluye tierra removida, vagonetas sin placas y permisos “fantasma”. Turismo de naturaleza en versión fast-forward hacia la urbanización.

Lejos de ser hechos aislados, lo que ocurre en esta región es parte de una tendencia acelerada y preocupante: la expansión extractiva e inmobiliaria que se impone sobre los ecosistemas sin respetar normativas, ni detenerse ante denuncias comunitarias. Philippe Vangoidsenhoven, una de las personas que ha asumido la tarea de documentar y denunciar estas prácticas, nos ofrece una crónica casi diaria de lo que sucede: árboles talados sin permisos, rellenos ilegales de humedales, y destrucción que avanza mientras las autoridades parecen ausentes o desbordadas.

Casos como el de Playa Negra, donde árboles protegidos fueron derribados sin posibilidad de justificación técnica, o zonas donde se raspa la tierra una y otra vez pese a órdenes de detención previas, muestran el patrón: se destruye, se paga una multa, se construye. La impunidad es parte del modelo.

La falta de medidas cautelares efectivas permite que estos proyectos sigan su curso sin interrupción real. Las denuncias son recibidas, pero el tiempo entre una acción ilegal y una respuesta institucional es aprovechado al máximo por quienes destruyen. En ese vacío, lo que se pierde es naturaleza viva, biodiversidad, y espacios comunes.

La labor de seguimiento y documentación, como la que realiza Philippe, no solo es valiente, sino esencial. Es gracias a ese esfuerzo constante que estos casos no quedan completamente en la sombra. Pero este trabajo no debería recaer únicamente sobre personas voluntarias; requiere respaldo institucional y voluntad política real.

Mientras tanto, en el “paraíso verde”, la tendencia es clara: más concreto, menos selva. Más negocios, menos vida. Y así, cada día, la naturaleza pierde un poco más, a la vista de todos.

Caso nuevo y seguimientos

Caso 1:Retorno de las máquinas a terreno ya intervenido

En un terreno donde anteriormente se denunció el raspado de una loma y movimientos de tierra realizados sin los permisos correspondientes, las máquinas han regresado. A pesar de que en el pasado se emitieron órdenes de detención de las obras, el proyecto parece haber reactivado sus actividades sin mayores consecuencias. Philippe Vangoidsenhoven constató una nueva remoción significativa de tierra, lo que evidencia una clara intención de construcción.

Según relata, este sitio ha sido intervenido en al menos dos ocasiones previas. En ambas, la policía ambiental retiró una draga que operaba en el mismo lugar donde ahora continúan los trabajos. Fue el fiscal ambiental quien, en su momento, ordenó el retiro de la maquinaria. Sin embargo, Philippe cuestiona la efectividad de estas medidas: “Siempre es lo mismo. Están haciendo algo ilegal, pero en lugar de decomisar la máquina como corresponde, simplemente la sacan del lugar, como si eso resolviera el problema. Así no va a funcionar nunca”.

El seguimiento del caso se ha visto afectado por el constante cambio de fiscales, lo que impide una comprensión integral de los hechos. Esta falta de continuidad institucional contribuye a la impunidad con que se reanudan proyectos que, desde su inicio, violan la normativa ambiental vigente.

Nota anterior «Siguiendo la huella: donde pasa la draga, muere la lomaNota anterior»«

Caso 2: Huecos, rellenos y vagonetas sospechosas

En otra zona, donde previamente se había extraído madera, el lugar aparece ahora sin actividad visible, pero con señales de movimiento reciente: huecos excavados, tierra removida y caminos nivelados. Alertó al 911, pero no es la primera vez que este tipo de actividad sucede sin respuesta efectiva. El patrón extractivo continúa, facilitado por la falta de medidas cautelares, lo que deja a los territorios en constante estado de vulnerabilidad.

Nota anterior «Relleno tras relleno: la agonía de los humedales en el Caribe Sur costarricense»

Caso 3: Tala en Playa Negra

En las cercanías de la ferretería San Francisco, en Playa Negra, se realizó una tala de árboles de gran tamaño y alto valor ecológico. Según Philippe Vangoidsenhoven, es altamente improbable que existiera un permiso para remover dicha vegetación. Él observó vagonetas cargadas con ramas y restos vegetales, que sospecha provienen del sitio intervenido. Aunque en ese momento no había personal trabajando en el lugar, los vestigios de la tala eran claramente visibles.

Este caso parece seguir un patrón ya conocido en la zona: tala, posible multa —cuando la hay— y luego construcción sobre el terreno alterado. La legislación ambiental se aplica con laxitud, lo que permite que estas acciones se consoliden sin una reparación efectiva del daño causado.

Philippe describe una estrategia recurrente: derribar todos los árboles, cortarlos en pedazos y removerlos rápidamente. “Hoy en la mañana lo vi pasar”, señala. Más tarde, al regresar al lugar, notó un claro descenso del terreno, evidenciando la reciente intervención. En el trayecto, observó una vagoneta cargada con ramas de árboles. Aunque no pudo ver el contenido completo del cajón, es muy probable que proviniera del área afectada. “Así es como lo hacen: llenan la vagoneta con los restos y la sacan sin que nadie diga nada. Nadie detiene esas vagonetas, ese es el problema”, concluye.

Al volver Philippe al lugar, había un bajop en el terreno. “Y estaba ahí esperando. Y como yo miré primero, miré la vagoneta pasar con ese material verde, de esas ramas, de todo esto… cuando ya llegué al sitio, ahí en eso yo miro el bajop, y ahí ya me encendió el bombillo. Ya estaban sacando todo esto y seguro que están haciéndolo ahora mismo. No pude volver a ir, entonces no sé si la policía ha ido al sitio y no sé si de verdad habrán hecho su trabajo… eso es otra cosa”.

Según información proporcionada por la policía, el terreno contaba con permisos para la tala, lo que evidencia no solo la laxitud de la legislación ambiental, sino también que el problema no radica únicamente en si la tala es legal o ilegal, sino en la vulnerabilidad del ecosistema afectado.

Allanamiento a la Municipalidad de Talamanca: justicia en acción, mientras la destrucción sigue

Este martes, la Municipalidad de Talamanca fue allanada por segunda vez debido a presuntas irregularidades en la aprobación de permisos de construcción en zonas protegidas, incluyendo áreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. La investigación apunta a posibles actos de corrupción que habrían facilitado proyectos turísticos y urbanísticos ilegales.

Para Philippe Vangoidsenhoven, testigo cercano de estos procesos, la situación no es nueva. Recuerda que durante una administración anterior ya se había realizado un allanamiento en el municipio, en el cual se incautaron documentos y se inició una investigación contra el entonces alcalde. Tras ese proceso, se emitió una orden de arresto contra el funcionario, y este intentó darse a la fuga. “Y desmovieron, después de investigar todo, para arrestar al alcalde, y el alcalde se dio la fuga. Lo tuvieron que perseguir con sirenas, cortarle el paso, sacarlo del carro y llevárselo esposado”, relata Philippe. “Imagínese —añade—, el señor que debería dar el ejemplo al cantón huyendo de la policía”.

A pesar de la gravedad del hecho, el funcionario fue liberado poco después, alegando problemas de salud. Finalmente, no se le impuso ninguna sanción significativa. Lo más desconcertante, señala Philippe, es que ese mismo alcalde volvió a ser electo y continúa en funciones. “Sigue haciendo lo mismo que hacía hace tres administraciones. No le importa nada el medio ambiente. Para él, la naturaleza es una molestia”, afirma.

Una de sus declaraciones más polémicas, recuerda Philippe, fue cuando se refirió con desdén a la protección del territorio: “¿Cómo es eso que ahora resulta que es humedal? Antes no era, y ahora sí”. Este tipo de discursos refleja la indiferencia institucional ante el deterioro ambiental.

La paradoja es evidente: mientras la municipalidad está bajo investigación judicial, la destrucción del territorio continúa sin freno. La justicia actúa con lentitud, mientras el ecosistema sigue perdiendo terreno, sin medidas cautelares efectivas que frenen la tala, los rellenos ilegales y la expansión urbanística.

Nota sobre la protección legal de los humedales:

Es importante señalar que, en Costa Rica, un humedal no necesita estar formalmente inscrito o declarado mediante decreto para ser reconocido y protegido como tal. Según lo establecido por la Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.° 7554) y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley N.° 7317), así como por la Convención Ramsar sobre los Humedales —ratificada por Costa Rica en 1991—, cualquier ecosistema que cumpla con las características ecológicas de un humedal (como presencia permanente o temporal de agua, vegetación adaptada a suelos saturados, y funciones hidrológicas específicas) debe ser considerado y tratado como tal.

La falta de inscripción no le resta valor ecológico ni lo excluye de protección legal; más bien, es responsabilidad del Estado y de los gobiernos locales aplicar el principio precautorio y velar por su conservación, independientemente de su estatus registral.

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Malcolm X: pensar la libertad desde el antirracismo y lo común

Cada 19 de mayo, al conmemorar el natalicio de Malcolm X, no solo recordamos a un líder afroamericano, sino a un pensador radical que entendió que la lucha contra el racismo en Estados Unidos estaba íntimamente conectada con los procesos globales de descolonización. Malcolm X amplió el horizonte del movimiento por los derechos civiles al vincularlo con las luchas de liberación en África, Asia y América Latina, mostrando que el racismo estructural es parte de un sistema colonial aún vigente, sostenido por el capitalismo, el imperialismo y el despojo.

Malcolm X denunció que el colonialismo no solo operaba en territorios formalmente ocupados, sino también en las estructuras sociales, económicas y culturales que perpetúan la subordinación de los pueblos racializados. Su mirada descolonial desnudó cómo las leyes, los medios y el aparato económico servían para mantener la desigualdad, legitimando el saqueo de recursos, el silenciamiento de las voces subalternas y la negación de derechos básicos.

En esta clave, la descolonización no era para él solo un proceso político, sino una transformación profunda de la conciencia, de las relaciones de poder y de los modos de organización social. Esta visión resuena hoy en las luchas por los bienes comunes, entendidos como aquello que pertenece a todos y todas por derecho colectivo: la tierra, el agua, el conocimiento, la salud, la educación, la memoria, el territorio y la vida misma.

Releer a Malcolm X desde América Latina nos interpela a cuestionar las formas coloniales que aún estructuran nuestras sociedades: el racismo ambiental, el extractivismo, la militarización de territorios indígenas y afrodescendientes, o la mercantilización de derechos. Defender los bienes comunes hoy es continuar el legado de Malcolm X: resistir al poder que divide, explota y jerarquiza, y afirmar en cambio la dignidad, la comunidad y la autodeterminación de los pueblos.

Más allá del prejuicio: el racismo como sistema de poder

El racismo estructural no se limita a actitudes individuales de prejuicio o discriminación; es un entramado de relaciones de poder que se ha naturalizado en las instituciones y que reproduce la desigualdad de forma sistemática. A través de leyes que criminalizan a las personas racializadas, medios que refuerzan estereotipos de inferioridad y un aparato económico que concentra riqueza mediante el despojo y la explotación, se perpetúa un orden social jerárquico heredado del colonialismo. Este sistema no solo margina a ciertos cuerpos y culturas, sino que también legitima el saqueo de territorios, el desmantelamiento de derechos colectivos y la invisibilización de las voces que resisten. Malcolm X denunció esta arquitectura de la opresión, revelando que no basta con modificar normas superficiales: es necesario desmantelar las bases estructurales del racismo para construir una sociedad verdaderamente justa.

Conceptos claves en su pensamiento y práctica

1. Racismo estructural:
Para Malcolm X, el racismo no era una cuestión de actitudes personales, sino un sistema organizado de poder que opera a través de las instituciones —leyes, educación, medios, economía— y que perpetúa la desigualdad racial de forma sistemática.

2. Descolonización:
Más allá de la independencia formal de los países, Malcolm X entendía la descolonización como un proceso integral de liberación política, económica y cultural frente al dominio imperialista y racista, tanto en el Sur global como dentro de Estados Unidos.

3. Autodeterminación:
Reivindicó el derecho de los pueblos —incluidos los afroamericanos— a definir su propio destino, organizarse políticamente y rechazar la imposición de modelos ajenos, como vía para reconstruir dignidad y soberanía colectiva.

 

4. Conciencia racial:
Malcolm X promovió una conciencia crítica sobre la historia y la identidad afrodescendiente, como herramienta de emancipación frente a la alienación y el racismo internalizado impuestos por el colonialismo y la cultura dominante.

5. Internacionalismo negro:
Su visión conectó las luchas locales de los afroamericanos con los procesos de liberación en África, Asia y América Latina, planteando una solidaridad anticolonialista y antirracista de alcance global.

6. Crítica al capitalismo:
Malcolm X señaló que el capitalismo se beneficia de la explotación racial y que la justicia racial solo es posible si se confrontan las estructuras económicas que sostienen la desigualdad.

Te invitamos a explorar la infografía adjunta, donde sintetizamos algunas de las ideas centrales del pensamiento de Malcolm X sobre el racismo estructural, el colonialismo y la necesidad de una transformación profunda de las sociedades. A través de sus palabras y su legado, buscamos abrir reflexiones sobre cómo estas luchas siguen vivas hoy en la defensa de los bienes comunes y en la resistencia de los pueblos frente a las múltiples formas de opresión.

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