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¿Quién cuida la tierra cuando el Estado no se queda? Rotan los fiscales, resiste la comunidad

mayo 6, 2025

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Una visita que revela lo que aún falta

Continuamos con los recorridos que realiza Philippe, una voz clave en la vigilancia comunitaria del Caribe Sur. En esta ocasión, regresó a la loma donde semanas atrás operaba una draga, removiendo tierra y abriendo zanjos en una zona de gran sensibilidad ecológica. Las imágenes recientes muestran que los zanjos han sido rellenados, como parte de acciones de contención impulsadas por la fiscalía tras las denuncias comunitarias. No obstante, Philippe advierte que aún queda pendiente intervenir el otro lado del terreno: “ya no es una quebrada, es un río; eso lo tienes que tapar también”, señala con preocupación. Esta observación pone de manifiesto cómo las intervenciones ilegales siguen generando transformaciones profundas en el paisaje, alterando el curso natural del agua y afectando el equilibrio ecológico.

La vigilancia comunitaria como barrera contra la impunidad

Estas acciones reflejan intentos importantes, aunque insuficientes, por frenar el avance de actividades que violentan los territorios del Caribe Sur. La respuesta ha sido posible gracias a la organización de comunidades y personas defensoras que, ante la inacción o lentitud de las instituciones, han asumido la labor de documentar, alertar y exigir respuestas. En este contexto, el control y la vigilancia comunitaria no solo son estrategias de resistencia, sino una forma concreta de ejercer derechos y proteger bienes comunes que están siendo erosionados. Sin estas acciones colectivas, muchos de estos daños quedarían invisibilizados y avanzarían con total impunidad.

Alta rotación institucional: una amenaza silenciosa

Una de las principales amenazas para la efectividad de las medidas de protección es la discontinuidad en el accionar institucional. Philippe subraya con preocupación la alta rotación del personal fiscal, especialmente de quienes tienen a cargo casos ambientales. Esta inestabilidad compromete el seguimiento de los procesos y genera vacíos de información: los fiscales recién llegados desconocen el contexto, los actores involucrados y el historial de intervenciones. Como consecuencia, los casos se dilatan, las medidas cautelares se debilitan o incluso se desestiman, lo cual beneficia directamente a quienes buscan explotar el territorio al margen de la ley.

Permanencia y especialización: claves para una justicia ambiental efectiva

La permanencia y especialización del personal judicial es clave para garantizar que las normas ambientales se apliquen de manera oportuna y eficaz. Cuando un fiscal permanece en su puesto, puede construir un conocimiento profundo del territorio, establecer relaciones de confianza con las comunidades y acumular experiencia sobre los patrones de afectación ambiental. Esta continuidad es indispensable para emitir criterios técnicos sólidos, sostener acusaciones ante los tribunales y vigilar el cumplimiento de medidas cautelares. La alta rotación, en cambio, desarticula procesos, debilita la institucionalidad y, en muchos casos, neutraliza los esfuerzos de defensa comunitaria.

Un llamado urgente a fortalecer el rol del Estado

En este escenario, es urgente repensar la gestión institucional en materia ambiental. No basta con tener leyes y fiscalías especializadas si no se garantiza la estabilidad, formación y presencia territorial del personal responsable. La defensa del ambiente no puede depender únicamente de la voluntad y sacrificio de las comunidades; requiere también un Estado coherente, comprometido y con capacidad sostenida para actuar. La experiencia del Caribe Sur deja una lección clara: sin continuidad en la acción judicial, la impunidad se fortalece, y los ecosistemas —ya vulnerables— corren un riesgo aún mayor.

Galería situación actual

Alianzas necesarias: defensores ambientales y fiscalía, una relación clave

La relación entre las comunidades defensoras del ambiente y la fiscalía ambiental no es solo estratégica, sino esencial para una protección efectiva del territorio. Las personas defensoras son quienes habitan, recorren y conocen profundamente los ecosistemas; son las primeras en detectar cambios, denunciar afectaciones y documentar pruebas. Su conocimiento empírico y su compromiso sostenido aportan información valiosa que puede ser utilizada en procesos judiciales, siempre que exista un canal de comunicación abierto, respetuoso y continuo con las autoridades.

Cuando esta relación se fortalece —basada en la confianza, la escucha activa y la corresponsabilidad—, se generan condiciones para que la fiscalía actúe con mayor precisión, rapidez y pertinencia. Sin embargo, la alta rotación del personal fiscal interrumpe estos vínculos, obliga a reiniciar procesos de sensibilización y formación, y debilita la cooperación institucional con los territorios. Esto no solo ralentiza la justicia, sino que puede poner en riesgo a las personas defensoras, al exponerlas nuevamente sin respuesta institucional clara.

Construir y sostener alianzas entre defensoras/es ambientales y fiscalías especializadas es un paso indispensable para enfrentar de manera estructural los delitos ambientales. No se trata solo de intercambiar información, sino de reconocer a las comunidades como actores legítimos en la defensa del bien común y asegurar que las instituciones del Estado actúen en sintonía con esa legitimidad. En territorios amenazados por extractivismos ilegales, esa relación puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.

Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

mayo 5, 2025

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En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

Inseguridad jurídica sobre la tierra:
Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.
Procesos judiciales interminables:
Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.
Presiones y amenazas de desalojo:
Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.
Deterioro de las condiciones de vida:
Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.
Pérdida de salud y calidad de vida:
El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.
Despojo silencioso:
Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.
Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.

¿Ambientalismo oficial sin rumbo? La visión fragmentada del gobierno Chaves en su informe 2024-2025

mayo 4, 2025

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El presidente de la República ha presentado su informe de labores correspondiente al período 2024-2025, mediante el cual expone los avances más significativos que ha considerado para el país. Por esta razón, nos ha interesado analizar el texto para identificar las principales dimensiones ambientales destacadas en su discurso. A partir de este análisis, buscamos responder la pregunta: ¿qué tipo de política ambiental promueve la administración Chaves Robles?

A continuación, se exponen los principales hallazgos estructurados en siete ejes analíticos, que permiten comprender tanto los énfasis del informe como sus vacíos más relevantes en materia socioambiental. Este ejercicio de análisis crítico no solo pretende aportar a la comprensión académica del discurso oficial, sino también fortalecer el control ciudadano y la rendición de cuentas, al visibilizar las prioridades, omisiones y contradicciones de la política pública ambiental. Revisar y cuestionar las narrativas institucionales es esencial para promover una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en las decisiones que afectan los territorios, los bienes comunes y los derechos socioambientales.

Pueden descargar el informe de labores aquí.

Uno de los hallazgos más reveladores del Informe de Labores 2024–2025 del gobierno es la ausencia de un apartado específico dedicado al ambiente. En un contexto nacional e internacional donde la crisis climática y ecológica exige respuestas claras, esta omisión resulta significativa. No solo limita la posibilidad de evaluar con rigor el cumplimiento de compromisos en materia de sostenibilidad, sino que también refleja una priorización política que deja al ambiente como un tema disperso o subordinado a otros ejes. Esta invisibilidad institucional del tema ambiental contrasta con la imagen que el país ha cultivado históricamente como referente en políticas verdes.

¿Qué implica la ausencia del ambiente en el informe de labores presidencial?
La omisión de una sección específica sobre ambiente en el informe de labores del gobierno refleja una despriorización política del tema en la agenda nacional. En un país que ha construido parte de su identidad internacional sobre la sostenibilidad, la falta de un capítulo ambiental estructurado no solo debilita la rendición de cuentas sobre compromisos climáticos y conservación, sino que también invisibiliza los conflictos socioambientales que afectan a comunidades rurales, indígenas y costeras. Esta ausencia impide una evaluación integral del desempeño gubernamental en torno a la biodiversidad, el uso del territorio, el acceso al agua, la justicia ambiental o el cumplimiento del Plan Nacional de Descarbonización. En términos de gobernanza, también indica una visión fragmentada del desarrollo, donde el ambiente no es visto como eje transversal de las políticas públicas, sino como un componente accesorio subordinado a otras prioridades.

A falta de un eje ambiental explícito, es necesario inferir la política ambiental del gobierno a partir de referencias fragmentadas distribuidas en otros capítulos del informe. Estas menciones permiten identificar ciertas dimensiones clave en la acción pública: la conexión entre ambiente y productividad local, la reestructuración institucional del MINAE, las acciones en zonas rurales e indígenas, y la política energética orientada a inversión y electrificación. A continuación, se examinan estas dimensiones para comprender qué tipo de política ambiental se impulsa en los hechos, pese a su ausencia formal en la estructura del informe.

1. Conservación asociada a productividad

Uno de los elementos más recurrentes en el informe es la vinculación entre conservación ambiental y desarrollo económico local. Bajo esta lógica, se promueve una visión en la que los ecosistemas son valorados principalmente por su capacidad de generar beneficios económicos sostenibles.

Se destacan iniciativas como:

Los Planes Ambientales Forestales Territoriales (PAFT) en territorios indígenas, que se articulan con los Contratos de Reducción de Emisiones Forestales (CREP) y proyectos productivos locales.
El apoyo a las economías azules, que se expresa en la entrega de motores “limpios” y subsidios a pescadores artesanales.

Este enfoque plantea una conservación orientada a resultados económicos, lo cual merece una revisión crítica sobre su impacto real en la autonomía territorial y la sostenibilidad ecológica a largo plazo.

2. Reforma institucional ambiental

El informe también menciona una reestructuración administrativa general del Estado, dentro de la cual el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ocupa un lugar relevante.

En el caso del sector ambiental, esta reforma se orienta a una mayor centralización y coordinación interinstitucional, aunque sin especificar los alcances políticos ni las implicaciones para órganos técnicos clave como el SINAC. Este punto es crucial, pues podría afectar la autonomía técnica y operativa de entidades descentralizadas con competencias ambientales.

3. Alianzas con actores privados y comunitarios

Otro de los pilares del discurso presidencial es la corresponsabilidad en la gestión ambiental, la cual se traduce en diversas formas de articulación con sectores comunitarios y privados.

Aportes señalados:

Contratos con territorios indígenas en el marco del Contrato para la Reducción de Emisiones de Forestales (CREF).
Proyectos socioproductivos impulsados por instituciones como el IMAS.
Promoción de tecnologías de bajo impacto para actividades productivas locales.

Estas alianzas reflejan una estrategia de participación indirecta, que si bien reconoce el papel de actores locales, no siempre garantiza procesos de decisión autónomos ni mecanismos efectivos de consulta.

4. Conservación y gestión ambiental

A lo largo del informe se subrayan múltiples aportes en infraestructura y cobertura institucional. Sin embargo, al examinar estos datos , emergen tensiones entre conservación simbólica y gestión participativa real.

Aportes señalados:

Inversión en infraestructura dentro de áreas protegidas.
Validación de los Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) por 19 territorios indígenas.
Incentivos económicos por contratos de reducción de emisiones.

5. Cambio climático

El tema del cambio climático ocupa un lugar relevante en el informe, aunque con un énfasis en soluciones tecnológicas, centradas en la electrificación, energías limpias y conectividad digital.

Aportes señalados:

Electrificación rural.
Descarbonización.
Impulso a energías renovables y red 5G como motor de innovación.

6. Dimensión socioambiental

En esta sección del informe se hace referencia a proyectos en territorios indígenas y rurales, pero desde un enfoque más asistencialista.

Aportes señalados:

Reconocimiento económico a la conservación indígena.
Proyectos productivos (pesca, turismo, emprendimientos).
Mejora en telecomunicaciones rurales.

7. Gestión pública

El informe menciona esfuerzos de articulación institucional, pero no presenta una visión clara ni mecanismos de control social y evaluación ambiental independiente.

Aportes señalados:

Coordinación entre entidades como IMAS, MICITT, INDER y MINAE.
Inclusión del tema ambiental en algunos proyectos de desarrollo territorial.

El ambiente entre líneas: lo que revelan las leyes mencionadas sobre las prioridades ambientales del gobierno

Identificar los proyectos de ley y leyes mencionadas en el informe de labores presidencial permite entender con mayor claridad qué tipo de política ambiental impulsa realmente el gobierno, más allá de los discursos generales o compromisos internacionales. La selección, el énfasis y el tratamiento que se da a ciertas iniciativas legislativas reflejan prioridades políticas concretas, orientaciones ideológicas y formas de concebir la relación entre ambiente, desarrollo y Estado.

El informe destaca algunas iniciativas vinculadas al ambiente, aunque de forma indirecta y dispersa. Se mencionan proyectos como el contrato de préstamo con el Banco Mundial para descarbonización (Exp. 24.425), un convenio con la Agencia Francesa para agropaisajes sostenibles (Exp. 24.583), y la Ley de Promoción del Seguro Agropecuario, que abordan temas climáticos desde una lógica de productividad y financiamiento. También se alude a la Ley 7200 en el contexto de generación eléctrica privada. Sin embargo, se omiten proyectos clave en los que se ha participado activamente en su discusión y promoción. Esta omisión no solo evidencia la fragmentación de las políticas, sino también la falta de interés por integrar estos temas fundamentales en una estrategia coherente de sostenibilidad. En conjunto, las menciones ambientales adoptan una visión meramente instrumental, en la que el medio ambiente queda subordinado a objetivos económicos, sin ser considerado parte esencial de un enfoque integral de desarrollo.

Política ambiental en pocas palabras

¿Qué no profundiza?

Aunque el informe presidencial de labores expone diversas acciones en materia ambiental, persisten vacíos y omisiones significativos que limitan una comprensión integral de los retos socioambientales del país. La siguiente enumeración identifica los principales aspectos que no son abordados en profundidad o que permanecen ausentes en el documento, destacando dimensiones críticas relacionadas con la participación, la justicia socioecológica, la equidad territorial y la sostenibilidad ecosistémica. Estas omisiones no solo restringen la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también reflejan la necesidad de fortalecer enfoques más inclusivos, integrales y participativos en las políticas públicas ambientales.

Predomina una lógica instrumental que concibe al ambiente principalmente como proveedor de servicios —especialmente de carbono— sin integrar una visión ecosistémica más amplia que considere cuencas, suelos y humedales.
Se evidencia la ausencia de mecanismos efectivos que garanticen la participación ambiental activa e inclusiva de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos naturales y los territorios, lo cual limita las oportunidades de incidencia de actores clave, incluyendo organizaciones ambientales, comunidades locales y pueblos indígenas.
No se emiten alertas ecológicas sobre amenazas críticas como los monocultivos, la expansión urbana acelerada o las crisis hídricas locales.
La respuesta estatal tiende a privilegiar la modernización urbana, sin atender de manera suficiente las desigualdades territoriales ni los impactos diferenciados del cambio climático en zonas rurales e indígenas.
Se omiten sectores clave en las emisiones de carbono, como el agronegocio y las industrias contaminantes, los cuales permanecen sin un abordaje explícito.
No se visibilizan los procesos de consulta libre, previa e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Se invisibilizan los conflictos territoriales relacionados con la criminalización de líderes, el acaparamiento de tierras y la escasez de agua.

9. Carece de una perspectiva intercultural e integral que reconozca los marcos normativos y epistemológicos propios de los pueblos indígenas.

10. Hay una falta de transparencia sobre los impactos, los indicadores utilizados y los mecanismos de auditoría social disponibles.

11. Persiste una fragmentación institucional que limita la posibilidad de una planificación ecológica de carácter nacional y articulado.

12. Falta una estrategia clara de adaptación comunitaria, esencial ante la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos.

13. Se excluye a actores sociales clave de los procesos de toma de decisiones.

14. Se omite por completo la crisis de gestión de residuos sólidos, a pesar de su creciente impacto ambiental y social en comunidades urbanas y rurales. Esta ausencia invisibiliza una problemática estructural que involucra contaminación de suelos y fuentes hídricas, saturación de rellenos sanitarios y falta de infraestructura para el reciclaje, evidenciando la falta de prioridad estatal hacia una transición efectiva hacia modelos de economía circular.

Aspectos a considerar

El informe 2024–2025 plantea una narrativa optimista sobre la política ambiental, centrada en infraestructura, pagos por servicios y avances tecnológicos. Sin embargo, identificamos limitaciones estructurales:

Predomina una visión tecnocrática, que no aborda las raíces del conflicto ambiental.
Se omiten los principales desafíos del modelo extractivista y las voces de comunidades afectadas.
Falta una política ambiental integral, basada en justicia territorial, interculturalidad y participación real.

Lo que no dice el informe: vacíos y desafíos

Para completar el análisis, es necesario destacar aquellos elementos ausentes en el discurso presidencial, pero fundamentales para evaluar la política ambiental costarricense:

Desalineación entre discurso verde y decisiones controversiales (como la reactivación minera).
Retrocesos en participación, transparencia y presupuesto ambiental.
Débil ejecución de políticas claves como el Plan de Descarbonización.
Amenazas crecientes sobre la biodiversidad (monocultivos, tala en el Caribe Sur, expansión urbana desordenada, pesca no sostenible).

La política ambiental del gobierno se revela fragmentada y subordinada a las prioridades del crecimiento económico, lo que limita su capacidad de responder a los desafíos socioecológicos de manera integral. Avanzar hacia una sostenibilidad real exige transformaciones profundas, entre ellas:

Superar la lógica del “capitalismo verde” y transitar hacia un modelo de justicia socioecológica que priorice la equidad y el respeto por los límites ecológicos.
Reconocer y garantizar efectivamente los derechos colectivos de las comunidades, los pueblos indígenas y las personas defensoras ambientales sobre sus territorios y recursos, asegurando también su protección y seguridad frente a las amenazas y criminalización.
Establecer mecanismos robustos de fiscalización, transparencia y gobernanza local que fortalezcan el control social y la rendición de cuentas.

Y lo que no interesa…

Costa Rica sin Escazú: vulnerabilidad de las personas defensoras y vacíos en participación

Un aspecto notable en la política ambiental reciente es la ausencia de referencias y compromisos explícitos con el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente. Aunque Costa Rica fue uno de los países impulsores de su adopción, su falta de ratificación y su exclusión en las políticas públicas reflejan un retroceso preocupante en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.

La no adhesión al Acuerdo limita la creación de mecanismos vinculantes que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza ambiental inclusiva. Además, debilita la capacidad institucional para proteger a las personas defensoras ambientales frente a las crecientes amenazas, hostigamientos y criminalización que enfrentan, particularmente en contextos de conflictos socioambientales.

En un país históricamente reconocido por su liderazgo ambiental, esta omisión envía señales contradictorias respecto a los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad. La ausencia del Acuerdo de Escazú no solo priva a las comunidades y organizaciones de herramientas legales más robustas, sino que también limita las posibilidades de avanzar hacia una justicia socioambiental integral y participativa.

*La fotografía corresponde a la radiografía de la fractura en el dedo de Philippe Vangoidsenhoven, ocasionada por la agresión de una persona implicada en actos de daño ambiental, ocurrida mientras él realizaba labores de monitoreo.

Para el seguimiento legislativo:

📌 Proyectos de ley ambientales relevantes en la Asamblea Legislativa (2024–2025)

Caudales Ecológicos en Minería (Exp. 24.722): Introduce límites a concesiones mineras y protege caudales ecológicos, con participación comunitaria y controles contra la concentración empresarial.

Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.º 20.212) procura la modernizar la legislación hídrica en Costa Rica, sustituyendo la normativa vigente desde 1942. Diversas voces han señalado preocupaciones respecto a su contenido y posibles implicaciones.

Armonización del Sistema Eléctrico (Exp. 23.414): Propone trasladar la rectoría del sector eléctrico al MINAE y abrir mayor participación privada, generando preocupaciones por tarifas y concentración de poder.

Economía Circular (Exp. 23.847): Busca crear un marco legal para reducir, reutilizar y reciclar materiales, desacoplando crecimiento económico del uso intensivo de recursos.

Ley Marco de Cambio Climático (Exp. 24.588): Establece coordinación interinstitucional y da rango legal a la Dirección de Cambio Climático, fortaleciendo su rol estratégico.

Resiliencia Climática (Exp. 24.300): Formaliza la Dirección de Cambio Climático y asegura su financiamiento, enfocándose en adaptación y fortalecimiento institucional.

Referencias para las citas:

Delfino.cr. (2023, agosto 1). Rodrigo Chaves abierto a valorar la exploración de gas natural en Costa Rica. Recuperado de https://delfino.cr/2023/08/rodrigo-chaves-abierto-a-valorar-la-exploracion-de-gas-natural-en-costa-rica

El País. (2024, mayo 2). Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024. Recuperado de https://www.elpais.cr/2024/05/02/701194/

Semanario Universidad. (2024, julio 22). Chaves comienza su gira por Guanacaste con dardos contra los ecologistas. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/chaves-comienza-su-gira-por-guanacaste-con-dardos-contra-los-ecologistas/

La República. (2024, julio 23). Rodrigo Chaves sobre tala en Gandoca – Manzanillo: “Cortaron 23 árboles”. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/rodrigo-chaves-sobre-tala-en-gandoca-manzanillo-cortaron-23-arboles

Delfino.cr. (2024, julio 8). Rodrigo Chaves sostiene que oro de Crucitas se puede explotar de manera responsable. Recuperado de https://delfino.cr/2024/07/rodrigo-chaves-sostiene-que-oro-de-crucitas-se-puede-explotar-de-manera-responsable

Ojo al Clima. (2022, noviembre 16). Comercio de productos agrícolas “libres de deforestación”: la propuesta tica que busca socios en COP27. Recuperado de https://ojoalclima.com/articles/comercio-de-productos-agricolas-libres-de-deforestacion-la-propuesta-tica-que-busca-socios-en-cop27

Surcos Digital. (2022, abril 26). Los enemigos imaginarios del Ministro Franz Tattenbach. Recuperado de https://surcosdigital.com/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

Tattenbach, F. (2022, octubre 3). Ministro de Ambiente sobre Acuerdo de Escazú: “Podría ser mucho más inconveniente”. El Financiero. Recuperado de https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/ministro-de-ambiente-sobre-acuerdo-de-escazupodria/RVD7G7P3KZGLFJQTU3E3SH2HMI/story/

Trabajar no debe doler: por salud, seguridad y dignidad laboral

mayo 2, 2025

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Nota elaborada por: Andrea Picado Morales

Miles de personas tomaron las calles de la capital para respeto a sus derechos laborales, exigir entornos de trabajos seguros y saludables, y un alto a la precarización laboral

Dentro de la jornada, destacan las consignas en contra de la explotación laboral, el deterioro de la salud física y mental de quienes trabajan, y la falta de acción del institucional ante estas problemáticas. Carteles como “Trabajamos hasta que el cuerpo colapsa” y “¿Cuántas lágrimas caben en un contrato?” resumieron el clamor popular que se hizo sentir en la manifestación. Las personas trabajadoras denunciaron una creciente sobrecarga laboral que, lejos de ser reconocida, es normalizada por empresas que priorizan sus ganancias sobre la dignidad humana.

“Nos exigen como si fuéramos máquinas, y cuando ya no rendimos, nos desechan”, expresaban en su protesta, reflejando la percepción de ser tratados como recursos reemplazables y no como personas con derechos. La crítica se dirigió también a la inacción institucional, porque el papel aguanta lo que le escriban, pero ¿dónde están los mecanismos que deberían protegerles?, cuestionaron quienes participaron en la marcha.

Organizaciones sociales y sindicales coincidieron en la urgencia de garantizar entornos laborales seguros y saludables, donde el ejercicio del trabajo no implique sacrificar la salud ni la vida. Aseguran que la precarización laboral está alcanzando niveles alarmantes y que la indiferencia institucional solo agrava la crisis.

Este 1° de mayo se dejó en claro que las demandas no son simples reclamos: son derechos fundamentales que deben ser garantizados. La salud, la seguridad y el respeto en el trabajo no son privilegios, son condiciones básicas que toda persona merece. En un país que se dice democrático, justo y solidario, el trabajo digno no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las personas trabajadoras alzaron la voz para recordarlo: sus derechos no se negocian, se respetan.

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Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

mayo 1, 2025

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Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí

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Alteración de laderas en Bribrí: riesgos ecológicos y sociales de la remoción de tierra

abril 29, 2025

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Seguimiento a actividades de extracción de tierra en Bribrí

Continuamos dando seguimiento al caso relacionado con la empresa quebradora ubicada en Bribrí, donde se ha observado la operación de maquinaria pesada sobre una loma colindante con su predio principal. De acuerdo con testimonios de personas vecinas y registros fotográficos recopilados, dicha maquinaria estaría realizando labores de remoción de tierra, alterando de manera visible la conformación natural del terreno.

Durante las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se habría indicado que el movimiento de tierra observado corresponde a un deslizamiento natural. No obstante, las evidencias gráficas documentadas muestran la presencia activa de maquinaria, lo que ha generado inquietud en la comunidad respecto al verdadero origen y propósito de dichas intervenciones.

Como se detalló en una nota anterior, esta empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de las autoridades debido a actividades fuera de las áreas autorizadas en su concesión minera. En aquella ocasión, fue requerida a implementar medidas correctivas específicas, las cuales, según consta en la documentación oficial disponible, fueron acatadas.

Actualmente, según información del Catastro Minero, la empresa mantiene abiertos tres procesos administrativos, todos vinculados a actividades de extracción en Cauce de Dominio Público (principalmente arenas y gravas de ríos y quebradas). Sin embargo, es importante señalar que la remoción de tierra en lomas o montañas constituye una actividad distinta, que debe tramitarse mediante una concesión minera de explotación específica, acompañada de los respectivos estudios y permisos ambientales.

Frente a la situación actual, miembros de la comunidad han presentado consultas formales ante la Municipalidad local, con el objetivo de esclarecer el marco jurídico aplicable a la remoción de tierra en terrenos de ladera, considerando que la legislación vigente establece requisitos estrictos para este tipo de actividades fuera de cauces públicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las personas no han recibido una respuesta oficial que clarifique estos aspectos, más allá de un listado general de requisitos.

Cabe destacar que la remoción de tierra en zonas de ladera, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los del Caribe Sur, puede tener consecuencias ambientales graves. Entre ellas se incluyen el aumento de la erosión, la pérdida de cobertura vegetal, la afectación de acuíferos y un incremento en el riesgo de deslizamientos, afectando tanto a la biodiversidad como a la seguridad de las comunidades humanas.

Por estas razones, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen un abordaje riguroso, transparente y preventivo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, en resguardo de los bienes comunes y de la estabilidad ecológica de la región.

Impactos de la extracción de tierra en la flora y fauna de ecosistemas frágiles

La extracción de tierra en lomas y montañas genera una serie de impactos significativos sobre la flora y fauna local, afectando particularmente ecosistemas frágiles como los del Caribe Sur de Costa Rica. La remoción de grandes volúmenes de suelo altera profundamente los procesos ecológicos que sostienen la vida en estos territorios.

Uno de los principales efectos es la destrucción directa de la cobertura vegetal. La remoción de árboles, arbustos y otras plantas elimina especies de importancia ecológica y destruye hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y reptiles. Esta pérdida de vegetación expone el suelo a la erosión, lo que puede degradar fuentes de agua cercanas y fragmentar corredores biológicos vitales.

Además, el ruido y la vibración ocasionados por maquinaria pesada perturban a la fauna silvestre, alterando sus patrones de comportamiento, desplazando a especies sensibles y afectando sus ciclos de reproducción y alimentación. Muchas especies locales, algunas endémicas o en riesgo de extinción, dependen de condiciones específicas de humedad, temperatura y cobertura, las cuales son alteradas significativamente por la actividad extractiva.

La fragmentación del hábitat representa otro efecto grave. La apertura de caminos y la remoción de tierra intensiva crean barreras físicas que dificultan el desplazamiento de los animales, reducen el acceso a fuentes de alimento y agua, y limitan las posibilidades de intercambio genético entre poblaciones, comprometiendo la biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, la alteración de los patrones hidrológicos como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal puede modificar el curso natural de quebradas y nacientes, afectando no solo a las especies acuáticas, sino también a toda la cadena ecológica que depende del acceso a agua limpia y continua.

En suma, la extracción de tierra en zonas de ladera compromete la estabilidad ecológica de los ecosistemas, afectando no solo a la biodiversidad inmediata, sino también a los servicios ambientales esenciales que sustentan la calidad de vida de las comunidades humanas cercanas. Por ello, es fundamental que estas actividades sean sometidas a controles ambientales rigurosos y que se privilegien alternativas que minimicen el daño a los ecosistemas naturales.

Algunas de las especies que habitan esta zona y que han sido captadas por las personas vecinas desde sus patios

Cuadro informativo para diferenciar los tipos de concesión

Aspecto	Extracción en río (OMA – Materiales de arrastre)	Extracción en loma/montaña (tierra sólida)
Tipo de material	Materiales sueltos: arena, grava, piedras de cauces de ríos o quebradas.	Tierra, tosca, arcilla, material de laderas, suelos consolidados.
Permiso	Permiso especial para materiales de arrastre. Se tramita como concesión en cauce público. Requiere derecho de uso municipal.	Concesión minera de explotación (sobre tierra firme). Implica inscripción del área en el Registro Nacional y requiere propiedad o consentimiento del dueño.
Autoridades involucradas	Dirección de Geología y Minas (DGM) + Municipalidad (permiso de uso de cauce).	DGM + Municipalidad (uso de suelo) + SETENA (viabilidad ambiental formal).
Proceso	Más sencillo: solicitud en DGM + aval de Municipalidad + posible evaluación ambiental básica.	Más complejo: solicitud formal de concesión minera, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), certificación de uso de suelo, publicación de edictos, análisis técnico profundo.
Trámite ambiental	En muchos casos basta un formulario D1 ante SETENA.	Normalmente es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.
Tiempos de tramitación	Puede resolverse en varios meses si toda la documentación está completa.	Puede tardar más de un año debido a estudios, audiencias y trámites ante SETENA.
Restricciones comunes	No extraer cerca de nacientes, quebradas protegidas o zonas vulnerables.	Prohibido en áreas de conservación, zonas de recarga acuífera o terrenos con alta pendiente sin medidas de control de erosión.
Fiscalización	Inspecciones periódicas de DGM y SETENA, pero menos intensas.	Fiscalización constante, reportes periódicos de cumplimiento ambiental y visitas de control.
Reforestación/Restauración	No siempre exigida si es en cauces activos.	Obligatoria: presentar plan de restauración de suelos y reforestación después de la explotación.

¿Por qué importa?

Aunque los casos específicos pueden variar, preocupa que buena parte del material extraído de laderas y montañas en la región esté siendo utilizado para el relleno de humedales en el Caribe Sur. Esta práctica no solo contribuye a la pérdida de ecosistemas vitales, sino que también profundiza los impactos ecológicos derivados de actividades extractivas poco reguladas. En zonas con alta fragilidad ambiental, como esta región, la alteración de terrenos naturales y el uso de suelos removidos para modificar humedales representan una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio hidrológico y a la seguridad territorial de las comunidades locales.

De ecosistemas vivos a lotes vacíos: la transformación del Caribe Sur

abril 29, 2025

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En el Caribe Sur de Costa Rica, se está gestando un proceso alarmante de transformación territorial que amenaza profundamente los ecosistemas locales y las formas de vida tradicionales. La dinámica que se observa combina la obtención de permisos de uso de suelo de procedencia cuestionable, la extracción intensiva de recursos maderables y la expansión acelerada de proyectos urbanísticos.

El procedimiento suele repetirse: primero se consigue un permiso, muchas veces bajo argumentos débiles o con interpretaciones laxas de la normativa ambiental. A partir de ahí, se talan los árboles más valiosos, se retira toda la madera de interés comercial, y posteriormente se interviene el terreno con maquinaria pesada. Se eliminan los árboles jóvenes, se rellena el área —muchas veces afectando humedales, corredores biológicos y áreas de conservación—, y finalmente el terreno se divide y lotea para la venta inmobiliaria.

Este modelo de ocupación y urbanización no es aislado ni casual. Se reproduce sistemáticamente en distintos puntos del Caribe Sur, desde zonas de alta biodiversidad hasta áreas rurales antes dedicadas a pequeños usos agrícolas. El patrón que se impone responde a una lógica de mercado que prioriza la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo sobre cualquier consideración ambiental o social.

Las implicaciones de este proceso son profundas: la pérdida de cobertura forestal, la fragmentación de hábitats, la alteración de los ciclos hidrológicos y la creciente presión sobre las comunidades locales. Además, se consolida un modelo de desarrollo excluyente, que favorece a grandes inversionistas y marginaliza a las poblaciones que tradicionalmente han habitado y protegido estos territorios.

Esta discusión va mucho más allá de estar “a favor” o “en contra” del turismo. El problema central radica en el impacto profundo que este modelo de urbanización descontrolada tiene sobre las condiciones ecosistémicas de una región que ya de por sí es altamente vulnerable. El Caribe Sur alberga ecosistemas frágiles, donde pequeños cambios en el uso del suelo pueden desencadenar desequilibrios mayores: afectación de humedales, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, alteraciones en los flujos de agua y mayor exposición a eventos extremos como inundaciones. No se trata de oponerse al desarrollo o al turismo per se, sino de evidenciar cómo, bajo una lógica de especulación inmobiliaria y extractivismo encubierto, se está comprometiendo de manera irreversible la integridad ecológica y la resiliencia futura de toda la región.

Reconocer y nombrar este proceso es fundamental. No se trata solo de “nuevos lotes” o “nuevos desarrollos”; es la profundización de un modelo que subordina la vida, la biodiversidad y el tejido comunitario a la lógica del mercado y la ganancia rápida. Urge visibilizar lo que está ocurriendo en el Caribe Sur y abrir espacios de resistencia y reflexión crítica para defender un territorio que aún guarda una inmensa riqueza natural y cultural, pero que hoy está en grave riesgo.

Este artículo se nutre del trabajo incansable y las reflexiones de Philippe Vangoidsenhoven, quien durante más de veinte años ha ejercido una labor constante de vigilancia, documentación y denuncia ambiental en el Caribe Sur. Gracias a su compromiso ético y a su profunda conexión con el territorio, ha sido posible visibilizar procesos de destrucción ecológica que muchas veces permanecen ocultos o minimizados. Su trayectoria es un testimonio de resistencia y de defensa activa de los bienes comunes, en un contexto donde la presión inmobiliaria y la laxitud de las autoridades amenazan con transformar irreversiblemente la riqueza natural y cultural de la región.

El proceso de transformación ambiental para fines inmobiliarios sigue un patrón que, aunque varía en sus detalles, tiende a repetirse en muchas zonas. A continuación, se expone una secuencia generalizada de etapas que caracterizan este tipo de intervención, desde la obtención inicial de permisos hasta la conversión final del territorio en lotes para venta.

Obtención del permiso: Se gestiona un permiso, a menudo con argumentos débiles o interpretaciones flexibles de la normativa ambiental.

Extracción de recursos: Se talan los árboles valiosos y se extrae la madera con interés comercial.

Intervención del terreno: Se utiliza maquinaria pesada para modificar el terreno, eliminando árboles jóvenes y alterando ecosistemas sensibles.

Transformación del uso del suelo: Se rellena el área, incluso en zonas ambientalmente protegidas.

Loteo y venta: El terreno se divide en lotes y se destina a la venta inmobiliaria.

Tácticas comunes de flexibilización de normas ambientales en procesos de urbanización descontrolada

El avance de desarrollos urbanísticos en regiones ecológicamente sensibles, como el Caribe Sur de Costa Rica, suele apoyarse en tácticas sistemáticas de debilitamiento de la normativa ambiental y de los mecanismos de control público. Entre las prácticas más comunes destacan:

Fraccionamiento fraudulento de terrenos: Un gran lote es subdividido en pequeñas parcelas para evitar la aplicación de regulaciones más estrictas que se imponen a proyectos mayores. Al presentar los desarrollos como iniciativas pequeñas e individuales, se diluyen los requisitos de evaluación de impacto ambiental.
Solicitudes de permisos fragmentados: En lugar de presentar el proyecto de urbanización completo, los promotores ingresan múltiples solicitudes menores, a veces en distintos momentos, para sortear umbrales regulatorios que exigen estudios de impacto ambiental o consultas comunitarias.
Recalificación inconsistente del uso del suelo: A través de gestiones poco transparentes ante municipalidades, zonas que estaban destinadas a conservación o uso agrícola son reetiquetadas como áreas urbanizables, sin evaluaciones técnicas adecuadas ni participación ciudadana efectiva.

Permisos de tala bajo excusas agronómicas: Se obtienen permisos para «mejoramiento de cultivos» o «prevención de plagas», que en la práctica permiten talar extensas áreas de bosque secundario o vegetación de protección, abriendo el camino para futuras urbanizaciones.
Omisión o debilitamiento de estudios técnicos: Muchas veces los estudios de impacto ambiental son elaborados de forma superficial, sin trabajo de campo real o minimizando deliberadamente los riesgos ecológicos. Incluso se contratan consultorías que operan en clara connivencia con los desarrolladores.
Uso de «permisos vencidos» o «no actualizados»: Se utilizan autorizaciones antiguas, emitidas bajo condiciones ambientales y normativas diferentes, para legitimar obras nuevas en contextos donde la situación ecológica actual exigiría medidas de protección más estrictas.

Estas tácticas no son casos aislados, sino prácticas que forman parte de un patrón de flexibilización normativa que beneficia a intereses privados a corto plazo, a costa de la destrucción de ecosistemas y del deterioro de los bienes comunes. Su existencia muestra que el problema no solo es la debilidad de las leyes, sino también la falta de voluntad política para hacerlas cumplir y proteger verdaderamente el patrimonio ambiental.

Galería: Tala, urbanización y transformación del paisaje en el Caribe Sur

Esta galería reúne una serie de imágenes tomadas en distintos puntos del Caribe Sur —Cahuita, Hone Creek, Punta Uva y Playa Negra— que ilustran las múltiples formas en que la tala de árboles se articula con procesos de urbanización acelerada. Cada fotografía documenta momentos clave de este fenómeno: desde la extracción de madera y el uso de maquinaria pesada, hasta la fragmentación de terrenos y la apertura de nuevos caminos para futuros desarrollos inmobiliarios.

Las imágenes son resultado del trabajo de documentación de Philippe Vangoidsenhoven, quien por más de dos décadas ha dedicado su esfuerzo a observar, registrar y denunciar las transformaciones ambientales en esta región. A través de su mirada atenta, esta galería permite evidenciar no solo los impactos visibles sobre los ecosistemas locales, sino también la lógica subyacente de un modelo de ocupación territorial que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades.

Cada caso presentado en la galería constituye una pieza más en el rompecabezas de un proceso más amplio de degradación ecológica, que amenaza con cambiar irreversiblemente el carácter del Caribe Sur. Invitamos a recorrer estas imágenes no solo como un registro gráfico, sino como un llamado urgente a la reflexión y a la acción.

Caso en Cahuita

Caso Hone Creek

Caso en Playa Negra

Caso Punta Uva

Caso Puerto Viejo

Retén Tuba Creek

Tránsito de camiones

Nota: Todas las imágenes y videos incluidos en este documento son de carácter ilustrativo. Su propósito es ofrecer una idea general del contexto y de las situaciones que pueden implicar este tipo de actividades extractivas. No representan casos específicos ni deben interpretarse como evidencia directa de hechos concretos.

Voces por el ambiente ¿Qué estamos haciendo?

abril 29, 2025

with No Comment MOVIMIENTOS

Por el agua y la vida | Picnic en el río 2025

En este video compartimos una serie de entrevistas con personas lideresas de distintas organizaciones que nos hablan sobre su trabajo en defensa del territorio, el agua y la vida. A través de sus voces, conocemos los desafíos socioambientales que enfrentan en sus comunidades, así como las estrategias que impulsan desde la organización colectiva.

Estas entrevistas fueron realizadas durante la actividad Picnic en el río, el pasado 12 de abril de 2025, un espacio de encuentro y reflexión organizado por el Observatorio del Agua Quebrada Barreal, el Comité de Ecología Integral de la Parroquia de Moravia y la Municipalidad de Moravia. Se trata de esfuerzos que se desarrollan en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, donde también se levantan luchas en defensa de los bienes comunes y el derecho a un ambiente sano.

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Philippe Vangoidsenhoven: veinte años defendiendo el Caribe costarricense

abril 28, 2025

with No Comment COMUNIDADES JUSTICIA ECOLÓGICA

El pasado 22 de marzo, en conmemoración del Día de la Tierra, se llevó a cabo el acto de Reconocimiento a Personas Defensoras del Ambiente, actividad organizada conjuntamente por el Programa Kioscos Socioambientales, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la Universidad Bíblica Latinoamericana.
La profundización de los modelos económicos extractivistas y de despojo ha generado graves conflictos socioambientales, al afectar las bases materiales y simbólicas que sostienen la vida en las comunidades. Según el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), desde 2012 se han documentado más de 3,700 conflictos ambientales en el mundo, una cuarta parte de ellos en América Latina.

Reconocer a quienes defienden el ambiente es un acto urgente y necesario: estas personas protegen ecosistemas y derechos humanos fundamentales, pero enfrentan criminalización, violencia y hasta la muerte por su labor. Global Witness señala que América Latina es la región más peligrosa para los activistas ambientales, con más de 500 asesinatos en la última década. Costa Rica no es la excepción: muchas personas defensoras son víctimas de agresiones físicas, amenazas y daños a su patrimonio por defender bosques, ríos, mares y territorios.

En este contexto, compartimos la voz de Felipe Vangoidsenhoven, reconocido durante esta actividad, quien nos relata desde su experiencia en el Caribe Sur los riesgos, resistencias y la importancia de la defensa de la naturaleza como tarea colectiva e imprescindible.

¿Quién eres, de dónde vienes? ¿Cómo llegaste al Caribe Sur?
Mi nombre es Vangoidsenhoven Philippe, acá me conocen como Felipe. Siempre he sido amante de la Naturaleza, me interesa mucho. Decidí salir de Bélgica para mudarme a un país con Naturaleza tropical y por eso escogí Costa Rica, porque en toda la información que encontraba decía que era un país que protege su Naturaleza y era bastante seguro para vivir. Viví dos años en San José hasta que una noche me robaron mi carro, y eso fue la señal de que tenía que moverme.

¿Cómo llegaste a convertirte en defensor ambiental?
Gracias a una amistad conseguí un trabajo en Manzanillo como jefe de mantenimiento y jefe de los guías de canopy. Después de trabajar un año en este hotel, logré alquilar cabinas en el centro de Puerto Viejo por tres años. Fue ahí que varias personas se me acercaron y me introdujeron en la lucha ambiental.

¿Qué tipos de amenazas o riesgos has enfrentado en tu labor?
Hablando de amenazas, la lista es larga. Va desde gritos de “sapo, vuelve a tu país, “carepicha”, etc., hasta agresiones físicas. Mataron a cuatro perros, tiraron piedras hacia mi carro, en dos ocasiones quebraron los parabrisas y dejaron el carro golpeado, además de que me quebraron el hueso del dedo gordo. En dos ocasiones casi lograron matarme. Han llegado a mi finca para amenazarme; un maderero entró varias veces y causó daños. Es bastante peligroso denunciar daños ambientales.

¿Cómo afecta esta situación en lo personal y en lo colectivo a las personas defensoras?
Se genera una gran cantidad de enemigos, lo cual afecta mi negocio. Uno pierde cualquier cantidad de clientes y dinero. Van a hacer lo imposible para hacerte la vida miserable. ¡La muni me declaró persona non grata!

¿Consideras que el Estado costarricense reconoce adecuadamente el papel de las personas defensoras ambientales?
No, el Estado de Costa Rica no reconoce el trabajo que hacemos los defensores de nuestra Madre Naturaleza. Me recuerdo que el expresidente Luis Solís dijo abiertamente que iban a llenar la costa del Caribe Sur con hoteles y casas de lujo. Mira el ejemplo de la finca de Pacheco Dent, con el ministro de MINAE y el mismo presidente defendiendo ese desastre.

¿Qué mecanismos de protección existen? ¿Son suficientes y accesibles?
No existen mecanismos de protección. Si quieres protección, como me lo han ofrecido, te sacan de la zona para esconderte en otro lado de Costa Rica. Lo mejor que puedes hacer es protegerte con arma de fuego, gas pimienta y, sobre todo, tener cámaras por todos lados para tener evidencia en caso de agresión.

¿Qué cambios urgentes crees que deberían impulsarse desde las instituciones públicas?
Primero que todo, necesitamos funcionarios del MINAE que verdaderamente cumplan con sus deberes, por los cuales son pagados. Ahorita no tenemos control ni apoyo por parte del MINAE. Más bien, estos funcionarios corruptos favorecen a los destructores. Y si un funcionario quiere hacer su trabajo… ¡lo envían a otro sitio!

¿Qué significa para vos recibir este reconocimiento a tu trayectoria?
El reconocimiento es, por supuesto, más que bienvenido. En estos 20 años de lucha, he recibido un reconocimiento por parte de Bloque Verde y ahora este. El reconocimiento es como una energía extra, es como recargar las baterías, es una motivación para seguir la lucha.

¿Qué mensaje considerás importante transmitir a las personas a partir de este contexto que nos has dado?
Llamo a más participación ciudadana en la labor de vigilancia del medio ambiente. Que llamen al 911 o a mí directamente. ¡Necesitamos más ojos en la zona! Sin vigilancia, vamos a perder todo.

Si no existieran personas defensoras ambientales como vos, y todo dependiera únicamente de las instituciones de protección ambiental, ¿cómo creés que sería la historia?
Muy sencillo: destruirían toda la zona. Si hoy día cuesta tanto parar un daño ambiental, imagínese si no hay control alguno. Y los funcionarios del MINAE no ayudan, más bien son la causa principal de este problema, junto con la municipalidad.

Nuevo Cuaderno de Estudio: ¿Universidad pública, bien de consumo o bien para la vida?

abril 28, 2025

with No Comment ACCIÓN SOCIAL

En medio de una coyuntura de crisis de sentido en la Universidad de Costa Rica —marcada por la desorientación de sus autoridades y el avance de lógicas de mercado en la educación superior—, surge una pregunta urgente: ¿para qué, para quién y desde dónde construimos la universidad pública?

Inspirado en las ideas de Paulo Freire, educador brasileño que concibió la educación como un acto de libertad y transformación social, y de Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo y educador popular comprometido con los procesos de emancipación cultural, el Observatorio de Bienes Comunes presenta el Cuaderno de Estudio 4: ¿Universidad pública: bien de consumo o bien para la vida?

A través de cuatro ejes —universidad y cultura, educación como bien común, pedagogía del diálogo y universidad popular—, nos invita a recuperar el sentido colectivo, democrático y emancipador de la universidad pública.

Descargalo aquí y sumate a imaginar y construir, desde abajo, una universidad para la vida.