Conversamos con la Asociación de Desarrollo de Penshurt para conocer de primera mano el contexto que enfrenta este pueblo del Caribe costarricense y reflexionamos sobre la importancia de la participación de las personas para la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Esta actividad se hizo en el marco de nuestro proceso de reflexión junto a la Asociación «Procesos participativos y liderazgos comunales»
Conversamos con Mercedes Castro vecina del Barrio Colonia del Sur y coordinadora del Comité de Bienestar Animal, reflexionamos sobre los desafíos que enfrenta la convivencia en los barrios y la importancia del trabajo colectivo en la protección y disfrute de los espacios públicos como lugares y momentos para la sensibilización de las personas que lo habitan.
Conversamos con Freddy Cooper campesino de la Finca Dos Ríos para conocer más de fondo sobre la situación que están enfrentando ante la incertidumbre que rodea su derecho a la tierra que trabajan, y los desafíos que representa para el campesinado seguir trabajando la tierra en la lucha por unas condiciones dignas.
Aprovechamos las negociaciones del FESS, dónde los ánimos se crispan, para recordarles a las distintas instancias que «disputan» los porcentajes, qué la Universidad debe ser disputada también en las lógicas que la constituyen, por esta razón, con motivo de la publicación del CLACSO del libro titulado «Derecho a la universidad Pospandemia y trabajo docente de Héctor Cancela Bosi, Agustín Cano Menoni y Anabella Lucardi«. Les invitamos a reflexionar sobre el lugar de la universidad en nuestras sociedades, pero también, ¿A quiénes debe responder?
El proyecto EC 518 ha sido testigo de las contradicciones de la Universidad Pública, ha escuchado y vivido los argumentos que buscan justificar los recortes como condiciones necesarias, además, de la supuesta realidad de «reducir», ya que cuestionan la idoneidad presupuestaria de las labores de la Universidad por extender su accionar. Por esta razón, no nos parece muy convincente las aparentes contradicciones, en el fondo, en su práctica cotidiana, estos actores que negocian, tienen concepciones similares en torno a la mercantilización de la universidad.
¿Por qué decimos esto? Simplemente por lo estamos viviendo día a día, la erosión de las condiciones dignas de nuestro trabajo.
¿Qué proponemos? Estas autoridades universitarias y de gobierno deben recordar, que la Universidad Púbica Latinoamericana y Caribeña, tiene sentido en el tanto se reconozca como parte de esas sociedades que son atravesadas por las injusticias sociales y coloquen como principios de su accionar a los sectores populares, en su atención, en la reivindicación de sus derechos y su inclusión en todas las instancias que la conforman.
Por esta razón, hablar de Universidad Pública en nuestros territorios, no es algo accesorio, es un compromiso en la práctica política, ética y pedagógica.
A partir de las desafortunadas declaraciones del presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves al «ningunear» los eventos de tala en Gandoca Manzanillo, en Limón. Aprovechamos para invitar a reflexionar sobre la importancia que tienen los árboles como parte de ese entramado de la vida en los ecosistemas de nuestros territorios.
Contrario al sentido común, estos entramados de la vida, hoy en día, son amenazados al ser forzados por el agotamiento y la contaminación, que imposibilitan sus condiciones de reproducción. Los bosques, son parte de esos entramados que están siendo erosionados.
La situación de agotamiento que atraviesan estos bienes naturales pasa por la expansión de actividades extractivas, una de ellas es precisamente la tala de árboles, que influye en la desconexión de los entramados, estos son los que permiten la interacción de diversas especies y de esta manera, crear las condiciones no sólo para la conservación, sino la potencialidad de la reproducción ampliada de la vida.
Sin embargo, situaciones como la que está ocurriendo en Gandoca, reflejan la intensidad del cercamiento de los bienes naturales que está siendo profundizado en nuestros territorios, y las declaraciones presidenciales, sólo son muestra de una clase política indiferente, que prioriza los negocios por encima de la protección de la vida.
En el marco del cierre del proceso de litigio internacional en el CIADI entre Costa Rica e Infinito Gold por el caso de la explotación minera en Crucitas, se dio la comunicación que la empresa minera y el gobierno de Costa Rica pidieron poner fin al proceso de nulificación del laudo arbitral (ver nota prensa aquí).
Este evento dio espacio para una amplia variedad de intervenciones públicas, las autoridades públicas tales como, gobierno y algunas diputaciones han celebrado la posibilidad que abre este escenario para la explotación minera de la zona:
Gobierno
MINAE 19 de julio 2024: Gobierno no descarta que Infinito Gold participe en Crucitas
Diputaciones
Empresarios-Políticos
Colegio profesional
29 junio 2024 Ahora sí llegó la hora de “comernos la bronca” con Crucitas: Colegio de Geólogos
Se podría continuar la lista de intervenciones, sin embargo, queremos llamar la atención sobre lo que no se menciona, y son las deudas que tiene el país con marco jurídico que evite una situación similar a la que se vivió en torno a este conflicto socioambiental.
Es común la noción por parte de estos sectores políticos y empresariales de hablar de un «clima de negocios», es decir, ofrecer las condiciones propicias a las figuras de inversionistas (personas-empresas) para que puedan instalar y realizar sus actividades de la forma más expedita. Esta simplificación de lo que se entiende por «desarrollo económico», constantemente olvida las implicaciones negativas que tienen las actividades en el ambiente, así cómo, las afectaciones en las personas y comunidades que viven cerca de las actividades que promueven estas inversiones.
En muchas ocasiones, estos mismos marcos jurídicos desconocen la figura de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras ambientales, lo cual les vuelve vulnerables ante acciones legales que buscan minimizar y criminalizar sus labores de denuncia. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad son las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves en torno al descarte del Acuerdo de Escazú (instrumento jurídico que reconoce la figura de defensor ambiental) cuando señaló que gracias a esta decisión «El sector privado puede estar tranquilo» (nota de prensa 3 de mayo 2022).
Crucitas fue un claro ejemplo de una promoción de inversiones en dónde la perspectiva de derechos humanos y protección ambiental fue desestimada, marcos regulatorios débiles y una institucionalidad que se colocó como promotora de la actividad económica, «olvidando» su obligación como garante de los derechos humanos y protección ambiental.
Actualmente estamos de nuevo en la misma encrucijada, tenemos una presión de sectores empresariales-políticos por la explotación minera, cómo sucedió hace más de 15 años y que reflejan el poco o nulo interés en las dimensiones ambientales y de derechos humanos. Fue necesario un desgastante proceso judicial por parte de las personas defensoras ambientales, así como juicios de la empresa en su contra, derivando en un largo laudo internacional, que finalizó este 2024.
Ante este desafío, queremos retomar las reflexiones del informe «Inversiones, ESG y Derechos Humanos» elaborado por Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En este documento nos dan elementos para reflexionar sobre las implicaciones que tienen los vacíos que persisten en nuestros marcos jurídicos relacionados a la promoción de actividades económicas y productivas en torno a la garantía de los derechos humanos y la protección ambiental.
Conversamos el pasado 9 de julio del 2024 con compañeros exmuelleros, esposas, viudas e hijas de estas personas trabajadoras para seguir profundizando sobre las implicaciones que ha tenido está lucha para sus vidas y aprovechamos también para reflexionar sobre el contexto que están viviendo en Limón.
Compartimos con el exmuellero Alfonso Sánchez, que nos comparte su historia en los muelles de Limón en 1990, dónde vivió una experiencia que lo llevará hasta Europa. Les invitamos a escuchar su relato que refleja parte de la vida de estas personas que desde sus manos se mueve el comercio de nuestras sociedades.
Visitamos Upala para conocer los primeros pasos en la segunda fase diagnóstica para la formulación del Plan Regulador. Conversamos con autoridades municipales y personas vecinas para conocer sus visiones e implicaciones que tiene este proceso para sus vida en el cantón.
Esperamos este material contribuya a la problematización del proceso de participación que inicia y se reconozcan las diversas dimensiones y preocupaciones que se plantea en el marco de este proceso, para la adecuación necesaria de los espacios y técnicas que impulsa la municipalidad.
Con motivo del informe “Patrones de criminalización de movimientos sociales y defensoras de derechos humanos en América Latina y València” publicado por Entrepueblos queremos invitar a la reflexión sobre la difícil situación que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, en un contexto de vulnerabilidad y marginación. Vulnerabiliza, porque a partir de su trabajo de vigilancia, cuido y denuncia, están expuestos desde el hostigamiento hasta el asesinato.
Pero también, se les margina en la institucionalidad, ya que lejos de contar con medidas de protección y reparación, en la mayoría de los casos, son sumidos a procesos de criminalización por parte de las autoridades, con el fin de silenciar su labor.
Por esta razón, nos parece relevante seguir insistiendo en denunciar esta situación de doble vulnerabilidad, que está llevando al extremo a la salud física, pero también psicológica de estas personas, a procesos de desgaste intensos y de destrucción de sus tejidos comunitarios y familiares.
Esperamos este material, incentive la discusión y el debate en la búsqueda de construcción de medidas, políticas y marcos legales que reconozcan su labor, protejan su integridad y reparan los daños que les ha causado la constante impunidad de la que son víctimas.
