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Universidad para la vida en tiempos de Congreso: leer la realidad, transformar el presente

En el marco del Congreso Universitario que se lleva a cabo en la Universidad de Costa Rica, desde el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra queremos sumar nuestra voz con una convicción firme: la universidad pública no puede seguir alejada de los dolores, desafíos y esperanzas del país real.

Durante los últimos años, desde este Observatorio hemos acompañado procesos de investigación, reflexión y acción pedagógica que interpelan directamente el papel de las universidades públicas. Lo hemos hecho no desde la teoría abstracta, sino desde el territorio, desde las luchas de comunidades por la defensa del agua, la tierra, la educación y la vida.

Inspirados en pensadores y experiencias profundamente comprometidas como las de Ignacio Ellacuría, Carlos Rodrigues Brandão, Miguel Escobar Guerrero y Merary Beatriz Vieyra Carmona, hemos defendido una universidad que no sea neutral ni funcional al poder, sino enraizada en el presente histórico que habitamos, crítica de sus propias estructuras, y capaz de sembrar esperanza en tiempos de incertidumbre.

¿Qué universidad soñamos?
Una universidad que:
  • Lea la realidad con ojos críticos y afectivos, reconociendo las desigualdades, los silencios y las resistencias que atraviesan nuestras aulas y comunidades.

  • Sea conciencia crítica del país, como proponía Ellacuría, poniéndose del lado de quienes enfrentan la injusticia estructural.

  • Forme personas comprometidas con la vida colectiva, y no solo profesionales para el mercado.

  • Valore los saberes populares, comunitarios y territoriales, y los integre en un diálogo horizontal con el conocimiento académico.

  • No tema incomodar al poder, y se atreva a decir la verdad, incluso cuando duela o resulte incómoda para los intereses hegemónicos.

📚 Desde nuestras publicaciones como Universidades públicas: bienes de consumo o bienes para la vida, La universidad como fuerza transformadora” y Leer la realidad en el aula, hemos insistido en que la universidad debe dejar de reproducir privilegios y transformarse en una plataforma para la construcción colectiva de los bienes comunes sociales y culturales: el conocimiento, la justicia, la salud, el agua, la democracia, la educación misma.

Hoy más que nunca, la universidad pública enfrenta un contexto adverso: presiones neoliberales, desfinanciamiento, tecnocratización, y pérdida de sentido institucional. Frente a esto, el Congreso Universitario no puede convertirse en un mero trámite burocrático. Debe ser un momento de revisión ética y política sobre el papel de la UCR en la sociedad costarricense.

Desde el Observatorio de Bienes Comunes decimos con claridad:
Otra universidad es posible. Pero sólo si está dispuesta a escucharse, incomodarse, y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.

En cada aula que se abre al conflicto, en cada docente que transforma su práctica, en cada estudiante que se atreve a preguntar desde la dignidad y el deseo de justicia, allí vive la universidad que defendemos.

Hoy, como ayer, seguimos sembrando universidad desde abajo. Con memoria, con cuerpo, con comunidad.

Descolonizar la universidad: el horizonte de la educación popular

Uno de los desafíos más profundos que enfrenta la universidad pública hoy es el de descolonizar sus estructuras, sus saberes y sus prácticas. Este no es un problema externo, ni únicamente epistemológico: es también político, histórico y ético. En contextos como el costarricense y latinoamericano, la universidad ha sido muchas veces una institución que, sin quererlo o defendiéndolo, reproduce lógicas de exclusión, jerarquías coloniales del saber y formas elitistas de entender el conocimiento.

Frente a esto, la educación popular aparece como una brújula transformadora. Inspirada en experiencias como las de Paulo Freire y reconfigurada por docentes, artistas y educadores/as comunitarios como Miguel Escobar Guerrero o Merary Vieyra, la educación popular rompe con la lógica bancaria, y propone una pedagogía situada, afectiva, colectiva y profundamente democrática.

En nuestras aulas y territorios, apostar por una educación popular en el ámbito universitario implica:

  • Reconocer que no todos los saberes están en los libros, ni todas las voces tienen el mismo acceso al aula.

  • Valorar la palabra que nace del cuerpo, del territorio y de la experiencia vivida.

  • Abandonar la neutralidad como excusa del privilegio, y tomar postura crítica ante las desigualdades estructurales.

  • Convertir el conflicto en materia pedagógica y la digna rabia en impulso transformador.

  • Leer el mundo no para explicarlo desde afuera, sino para transformarlo con quienes lo habitan y resisten.

Descolonizar la universidad también es romper con el mito de la universalidad del saber académico y abrirse a una pluralidad de conocimientos, memorias, lenguas, espiritualidades y formas de construir verdad.

Como plantea el cuaderno Leer la realidad en el aula, educar no es transmitir contenidos, es leer lo que duele, lo que sueña y lo que resiste. Y hacerlo desde una universidad que se atreva a incomodarse, a desaprender, y a construir con otros mundos posibles.

En este Congreso Universitario, urge que la UCR se mire críticamente y se atreva a caminar hacia una universidad verdaderamente popular, anticolonial y comprometida con los bienes comunes. La educación popular no es una metodología más: es una apuesta radical por otra forma de habitar la universidad.

Ignacio Ellacuría: rector comprometido con la verdad, la justicia y el pueblo

Hablar de transformación universitaria en América Latina exige recordar figuras que encarnaron en su práctica lo que hoy muchas universidades han olvidado. Uno de esos referentes es Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, filósofo jesuita, intelectual comprometido y mártir de la verdad. Su vida y muerte siguen siendo una interpelación profunda al sentido mismo de la universidad pública.

Ellacuría no entendía el cargo de rector como una posición de poder administrativo, sino como una responsabilidad ética y política frente al sufrimiento del pueblo. Desde la UCA, impulsó una universidad al servicio de la liberación, que no se limitara a investigar desde la distancia, sino que se involucrara con los conflictos sociales, los sectores excluidos y las luchas por la justicia.

📌 “La universidad debe encarnarse en los problemas del pueblo, ser voz de los sin voz”, decía.
Y no era un lema vacío: su rectoría se caracterizó por una toma de partido clara en defensa de los sectores oprimidos durante la guerra salvadoreña, aun a costa de su propia vida.

El 16 de noviembre de 1989, Ignacio Ellacuría fue asesinado por su compromiso inquebrantable con esa visión. Junto a otros cinco jesuitas y dos colaboradoras, fue ejecutado por el ejército salvadoreño en el campus universitario. Su sangre derramada no es un símbolo de derrota, sino un recordatorio de hasta dónde puede —y debe— llegar una autoridad universitaria cuando asume la verdad como horizonte y la justicia como deber.

Hoy, frente al vaciamiento político y ético de muchas rectorías, la figura de Ellacuría nos recuerda que la autoridad universitaria no se mide por cargos o diplomas, sino por la coherencia entre el pensamiento y la acción, entre el conocimiento y el compromiso.

Su legado es también una advertencia:
Cuando la universidad se desconecta del pueblo, traiciona su misión. Cuando se compromete con él, se vuelve peligrosa para los poderes que dominan.

Por eso, reivindicar a Ignacio Ellacuría no es un gesto de memoria, sino un llamado urgente a repensar qué autoridades necesita la UCR, qué liderazgo queremos construir y qué sentido profundo debe recuperar la universidad pública.

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Sembrar para cuidar el agua: Reforestación para fortalece conciencia ambiental en Grecia

El pasado 20 de junio, comunidades organizadas, personas voluntarias e instituciones públicas se dieron cita en Grecia, Alajuela, para llevar a cabo una jornada de reforestación en las inmediaciones del río Agualote y varias nacientes que abastecen el sistema de agua administrado por la ASADA de San Roque de Grecia. Esta actividad buscó proteger las fuentes de agua que sostienen la vida cotidiana de cientos de personas, en un contexto donde la presión sobre los recursos hídricos crece día a día.

La jornada no fue solo una acción ambiental, sino también una experiencia educativa y comunitaria. Participaron personas de diferentes edades, desde estudiantes hasta personas adultas mayores, quienes sembraron árboles nativos en zonas estratégicas para la recuperación del bosque ribereño y la protección del suelo.

¿Qué está pasando?

Los cuerpos de agua en Costa Rica enfrentan una situación crítica. En zonas densamente pobladas como la Gran Área Metropolitana, la mayoría de los ríos —entre ellos el María Aguilar, el Torres y el Virilla— presentan altos niveles de contaminación por aguas residuales, desechos sólidos, agroquímicos y metales pesados. Se estima que más del 70 % de las aguas residuales del país no reciben tratamiento adecuado, lo que contribuye a la degradación acelerada de los ecosistemas acuáticos y pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

A este escenario se suma una infraestructura sanitaria insuficiente y rezagos históricos en la planificación urbana. Muchas zonas carecen de redes de alcantarillado efectivas, y las plantas de tratamiento existentes no cubren toda la demanda ni operan a plena capacidad. La expansión urbana desordenada, la impermeabilización del suelo y la falta de protección efectiva de las zonas de recarga hídrica agravan la presión sobre los cuerpos de agua, que han sido reducidos, canalizados o convertidos en basureros invisibles.

Sin embargo, también emergen signos de esperanza. Organizaciones comunitarias, colectivos juveniles, instituciones educativas y algunas municipalidades están impulsando iniciativas de recuperación ecológica, educación ambiental y, especialmente, jornadas de reforestación en cuencas urbanas y periurbanas. Estas acciones no solo embellecen los paisajes, sino que cumplen un rol crucial en la protección de nacientes, la mejora de la infiltración del agua y la reducción de la erosión.  Para que estos esfuerzos florezcan y tengan un impacto sostenible, se requiere una acción articulada entre instituciones públicas, sociedad civil y sector privado que reconozca a los ríos y mantos acuíferos no como canales de desecho, sino como parte esencial del tejido ecológico, social y cultural de nuestras comunidades.

Reforestar para garantizar el agua

La reforestación es una de las estrategias más efectivas para la conservación del agua. Los árboles juegan un rol fundamental en la infiltración del agua en el suelo, previenen la erosión, ayudan a mantener la humedad del ecosistema y protegen las nacientes. Además, forman corredores biológicos que favorecen la biodiversidad y fortalecen la resiliencia ante el cambio climático.

En zonas como San Roque de Grecia, donde la gestión del agua recae en organizaciones comunitarias como las ASADAS, cuidar las cuencas hidrográficas es una responsabilidad compartida entre habitantes, instituciones públicas y actores locales. Sin árboles que protejan las nacientes, se pone en riesgo el abastecimiento presente y futuro del recurso más vital: el agua.

Educación ambiental para la acción colectiva

Durante la jornada, se compartieron saberes sobre la importancia ecológica de las zonas de recarga hídrica, los efectos del monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos en la calidad del agua, y la necesidad de recuperar paisajes productivos sostenibles. Así, la reforestación fue también un espacio de formación y encuentro intergeneracional.

Actividades como esta permiten sembrar conciencia, no solo árboles. Forman personas más comprometidas con su entorno, capaces de reconocer los vínculos entre la salud de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades.

Articulación con desafíos

Uno de los aprendizajes de esta jornada es que la protección del agua requiere una articulación más sólida entre actores comunitarios, gobiernos locales, instituciones ambientales y educativas. Aunque existen esfuerzos importantes, aún hay desafíos en la asignación de recursos, la planificación territorial y el acompañamiento técnico.

En un contexto donde el cambio climático y la expansión urbana afectan cada vez más las fuentes de agua, fortalecer las capacidades locales y promover la participación social son pasos indispensables para garantizar el derecho al agua.

Te invitamos a ver este video que resume la jornada, los testimonios de quienes participaron y las reflexiones surgidas sobre el cuidado del agua y del bosque:

El Observatorio de Bienes Comunes participó en esta actividad por invitación del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Agualote, en el marco del proceso de reflexión del Diagnóstico Participativo de los Bienes Comunes de Grecia.

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El mar que avanza: Puerto Viejo pierde su zona pública costera

Durante décadas, los mojones han servido como referencia visual para identificar la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Costa Rica. En Puerto Viejo, Caribe Sur, estos hitos fueron colocados hace más de 40 años con el fin de señalar los límites de la zona pública: los primeros 50 metros desde la línea de pleamar ordinaria, donde está prohibido construir.

Hoy, sin embargo, el mar ha llegado hasta esos mojones. Lo que antes era zona pública —de uso común, libre y no concesionable— ha sido devorado por la marea. El avance del mar ha hecho desaparecer físicamente esa franja de protección costera, y pone en riesgo calles, árboles centenarios, negocios e infraestructuras que antes parecían seguras.

Puerto Viejo: mojones en la orilla, permisos sobre arena

El monitoreo de Philippe Vangoidsenhoven —basado en observación directa, registros fotográficos y diálogo constante con actores locales— permite reconstruir con detalle cómo ha avanzado el mar en sectores clave de Puerto Viejo, y cómo las instituciones siguen actuando como si nada hubiera cambiado.

Uno de los ejemplos más evidentes es el de la zona frente a la discoteca Stanford: “Ahí había 50 metros de zona pública. El mar se los comió por completo”, señala Philippe. Hoy, donde antes había playa, el agua choca directamente contra las construcciones.

En Beach Break, Cocles, la situación es igual de crítica. Un sábado, recuerda Philippe, la marea llegó hasta tocar la carretera. La Municipalidad y JAPDEVA reaccionaron con urgencia para evitar que el mar se llevara la vía pública: “Pusieron rocas de metro y medio de diámetro para detener el avance del mar. Si no lo hacían, esa calle ya no existiría”.

Antes de llegar al centro de Puerto Viejo, se han colocado rocas en los dos puentes nuevos para evitar que el mar erosione sus bases. Justo frente a Salsa Brava, el bar-discoteca ha colocado sacos llenos de arena para intentar frenar el embate del mar, que sigue golpeando la base del edificio, ubicado en plena zona pública. La situación es tan crítica que solo queda esperar a que el mar vuelva a golpear la costa para ver cómo se lleva esos sacos.

El avance del mar también pone en entredicho la legalidad de nuevas construcciones. Philippe ha documentado casos en que se otorgan permisos pegados a los mojones, a pesar de que funcionarios públicos admiten —aunque a regañadientes— que estos hitos no son válidos para medir la zona pública. Sin embargo, se continúan utilizando “porque moverlos implicaría declarar ilegales muchas construcciones ya existentes”. Esta práctica contradice lo establecido por la Ley 6043, que indica que la medición debe hacerse desde la línea de pleamar ordinaria.

Esta omisión deliberada alimenta un ciclo de irregularidades. En palabras de Philippe: “Ya lo tienen planeado todo. Están construyendo pegados al mojón, a pesar que el nivel del mar sube y sube”. Con esto, Philippe no se refiere únicamente a una inundación repentina, sino al constante accionar del oleaje, que golpea con fuerza y va socavando el terreno. Es un proceso continuo en el que el mar sube y baja, pero sus efectos acumulativos debilitan progresivamente la franja costera, haciendo aún más evidente la irresponsabilidad de construir en esa zona.

Philippe ha sido testigo directo de cómo estas decisiones se implementan en la práctica. En una inspección reciente, observó la construcción de un negocio justo frente al mojón, sobre un terreno que está siendo alcanzado por el mar. Esta estructura es fácilmente identificable, pues se ubica detrás de la parada de buses.

En conversación con el encargado, la respuesta fue clara: ‘Los mojones no se van a cambiar’, ya que hacerlo implicaría reconocer la ilegalidad de muchas edificaciones. Aunque admitió que el Estado debería actualizar las mediciones, también reconoció que no lo hará, pues —como reflexiona Philippe— esto implicaría un cambio drástico en la planificación territorial y una escalada de expropiaciones.

Incluso cuando solicitó información al funcionario regional del MINAE sobre la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre, la respuesta se limitó a un resumen de la normativa vigente, sin ningún compromiso de actualización. Por el contrario, el funcionario aseguró que seguiría utilizando los mojones como referencia, aun sabiendo que esto contradice el marco legal.

A partir de sus monitoreos, un funcionario admitió informalmente que los 50 metros deben medirse desde la pleamar ordinaria y no desde los mojones. Sin embargo, esta admisión no ha generado ningún cambio institucional. Aunque en esa franja de 50 metros está prohibido construir, Philippe ha denunciado muchas edificaciones. Por ello, a pesar del evidente avance del mar, los permisos continúan otorgándose como si la línea costera no se hubiera desplazado.

Un ejemplo de esta situación es que muchas edificaciones que hace 30 años estaban fuera de la zona pública, hoy se encuentran dentro de ella debido al avance del mar. En estos casos, no deberían permitirse mejoras ni intervenciones; por el contrario, deben dejarse sin uso hasta que colapsen, para luego ser retiradas y así devolver ese espacio a la zona pública.

Uno de los casos recientes denunciados por Philippe ocurre en la entrada de Puerto Viejo, donde se deforestó, rellenó y construyó parcialmente sobre un posible humedal. Pese a la denuncia formal, las obras continúan, y el mar ya amenaza la estabilidad de la estructura. Para Philippe, ese edificio debería ser demolido.

Ignorar estos cambios y seguir construyendo como si el mar no se moviera es profundizar un modelo insostenible y de alto riesgo tanto para las personas como para la naturaleza.

Cuando los mojones ya no marcan el límite, sino el daño

El monitoreo comunitario muestra que, en muchos sectores, la línea de pleamar actual ha alcanzado o superado los mojones colocados hace décadas. Esto significa que la franja de uso público se ha perdido por completo, y que en algunos tramos las construcciones están hoy donde antes rompían las olas. Esta omisión legal y técnica normaliza la ocupación ilegal de una zona que el mar ha recuperado, dejando a las comunidades sin la protección ambiental y territorial que garantiza la ley.

Proyecto Old Harbour: ¿Parque lineal o infraestructura en zona de riesgo?

Mientras la franja costera retrocede visiblemente en Puerto Viejo, distintos actores institucionales y privados impulsan propuestas para «recuperar» el espacio público. Una de ellas es el Parque Lineal del Arte y la Cultura, que plantea construir una senda peatonal, ciclo vía, zonas adoquinadas, mobiliario urbano, iluminación y espacios para ferias y eventos frente al mar.

Aunque se presenta como una apuesta por la cultura, recreación y seguridad, el proyecto omite una realidad central: buena parte del trazado previsto se encuentra en zonas que el mar ya ha alcanzado o donde la zona pública ha sido invadida por construcciones. Instalar infraestructura permanente en una franja en retroceso ignora el riesgo climático y podría reforzar un modelo de ocupación que acelera la pérdida del espacio común.

Tampoco se menciona la existencia ni los límites legales de la ZMT, ni cómo enfrentar el hecho de que los 50 metros de uso público —inalienables y no concesionables por ley— ya han sido tragados por el mar en varios puntos. El proyecto parece responder más a una lógica de embellecimiento urbano y atracción turística que a una estrategia de adaptación climática o justicia territorial.

Puerto Viejo no necesita más cemento en la playa. Necesita políticas que reconozcan la transformación del territorio, fortalezcan el monitoreo comunitario y protejan el derecho colectivo a habitar la costa sin quedar expuestos ni desplazados por el avance del mar ni por proyectos que lo ignoran.

¿Qué dice la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?

La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida en la Ley 6043 de 1977 como una franja de 200 metros de ancho a partir de la línea de pleamar ordinaria. Esta franja se divide en dos partes:

  • Zona pública (primeros 50 metros): inalienable, imprescriptible y de uso público. Está prohibido construir o concesionar.

  • Zona restringida (150 metros siguientes): puede ser concesionada bajo regulación municipal.

La ley establece que la medición debe hacerse desde la pleamar ordinaria, no desde mojones antiguos. Si el mar ha avanzado, la zona pública también se ha desplazado con él.

Cambio climático y retroceso costero

El aumento del nivel del mar, provocado por el cambio climático, está alterando drásticamente la línea costera. Este fenómeno responde a múltiples factores interrelacionados: el derretimiento de glaciares y capas de hielo, la expansión térmica de los océanos por el aumento de la temperatura global, y la intensificación de tormentas y marejadas. Además, el cambio en las corrientes oceánicas y en los patrones de viento y precipitación está modificando el comportamiento de las olas y la distribución de sedimentos, lo que acelera aún más la erosión costera. Todo esto impacta directamente en ecosistemas y comunidades que habitan zonas cada vez más vulnerables

Según el IPCC, el nivel medio del mar ha subido 20 cm desde 1900, y podría aumentar entre 0.43 y 0.84 metros para 2100. En el Caribe, estos efectos se agravan por la combinación de mareas, tormentas y degradación de ecosistemas. En Costa Rica, el IMN y el MINAE indican que el nivel del mar en la costa caribeña crece a un ritmo promedio de 2.4 mm por año, afectando infraestructura, ecosistemas y comunidades.

Una discusión urgente: ¿Cómo defender la zona pública cuando el mar no deja huella fija?

Puerto Viejo ilustra una tensión central de este tiempo: la ley garantiza una franja pública costera, pero la realidad climática la está haciendo desaparecer. Persistir en el uso de mojones obsoletos como base para otorgar permisos invisibiliza una transformación territorial profunda.

Es urgente revisar la forma en que se aplica la ley, actualizando las mediciones con base en la pleamar real y reconociendo el desplazamiento del mar. También se requiere acción estatal decidida para proteger las zonas públicas costeras y frenar su ocupación mediante permisos o concesiones irregulares.

Cuando el mar se lleva lo que es de todas y todos

El aumento del nivel del mar no es solo un fenómeno ambiental: es una transformación del territorio que afecta la vida de las comunidades. En Puerto Viejo, donde el acceso libre a la playa es parte de la identidad local y de la economía comunitaria, su desaparición representa una pérdida colectiva.

Aunque pueda parecer insignificante, un aumento del nivel del mar de apenas 1 centímetro puede tener efectos profundos, especialmente en zonas costeras frágiles como el Caribe Sur. No se trata solo del número, sino de lo que implica: al subir el mar, la línea costera se desplaza tierra adentro, lo que puede provocar inundaciones más frecuentes y salinización de fuentes de agua dulce.

Además, ese “pequeño” aumento eleva la base sobre la cual actúan las mareas, las tormentas y las olas, haciendo que los eventos extremos sean más destructivos. El mar también socava la costa desde abajo: arrastra la arena que sostiene las raíces de los árboles y las construcciones, desestabilizándolos. Poco a poco, lo que era tierra firme se convierte en playa y, más tarde, en mar abierto. Así, las construcciones y ecosistemas que antes estaban protegidos quedan expuestos, erosionados o directamente destruidos.

Esta erosión del espacio público ocurre tanto por causas naturales como por decisiones políticas que legalizan lo irregular y colocan intereses privados sobre el bien común. Cuando se otorgan permisos con base en mojones de hace 40 años, se colabora activamente en la privatización de lo público.

El desafío inmediato es adaptarse a un entorno cambiante y vulnerable. A mediano y largo plazo, la lucha será por el derecho a permanecer en el territorio sin ser desplazados bajo la excusa del «riesgo». También se debe exigir al Estado que regule el litoral con base en conocimiento actualizado, monitoreo comunitario y justicia territorial. No se trata solo de mover mojones, sino de reconocer que el mar ya lo hizo.

Puerto Viejo es una advertencia, pero también puede ser el punto de partida para repensar cómo defender lo que es de todas y todos: la playa, el territorio y el derecho a habitar la costa con dignidad.

Esta imagen fue tomada en Playa Negra, llegando al río Hone, donde ya no queda rastro de la tierra oscura: todo es arena ahora. Los árboles que antes crecían allí se han secado por completo. Es un ejemplo claro y doloroso del impacto del avance del mar —cuando el agua salada invade las raíces, la vida desaparece.
Galería de registros sobre la subida del nivel del mar en el Caribe Sur de Costa Rica (2013–2025)

Esta galería reúne una selección de registros fotográficos y audiovisuales realizados por Philippe Vangoidsenhoven, que documentan los impactos visibles del aumento del nivel del mar en la costa del Caribe Sur de Costa Rica, desde la desembocadura del río Hone en Playa Negra hasta el centro de Manzanillo. Entre 2013 y 2025, este monitoreo ha capturado los efectos progresivos de la erosión costera, la pérdida de playas, la caída de árboles, el colapso de infraestructura y otros signos del avance del mar sobre el territorio. Más allá de la evidencia visual, este archivo es testimonio de una realidad vivida por las comunidades costeras, que enfrentan con resiliencia y preocupación los desafíos del cambio climático y la transformación acelerada de su entorno.

Registro fotográfico 2013

Registro fotográfico 2014

Registro fotográfico y audiovisual 2015

Registro fotográfico 2016

Registro fotográfico 2017

Registro fotográfico y audiovisual 2018

Registro fotográfico 2019

Registro fotográfico y audiovisual 2020

Registro fotográfico 2021

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Registro fotográfico y audiovisual 2023

Registro audiovisual

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Playa Pa…..¿Defender el honor o silenciar la crítica?

Playa Pa…

Perdón, no podemos terminar esa palabra. No porque no sepamos cómo se escribe, sino porque ahora mencionar cierto proyecto turístico del norte del país podría implicar una querella por difamación. Así que, para no correr riesgos, mejor nos referiremos a él como Playa Pa…, El Proyecto Innombrable o simplemente Él-que-no-debe-ser-nombrado.

Resulta que ahora opinar, criticar o simplemente preguntar en redes sociales podría salirle caro a quienes no tengan a mano un buen buffet de abogados. Cuatro creadores de contenido lo están aprendiendo por las malas, tras recibir querellas del megaproyecto turístico que, curiosamente, tiene más ganas de limpiar su imagen que las costas que quiere ocupar.

Bienvenidas y bienvenidos a la era de las SLAPP: esas acciones judiciales que no se usan para ganar juicios, sino para ganar silencios. Porque el punto no es demostrar que se tiene la razón, sino que nadie más se atreva a alzar la voz. Y si hay que lanzar unas cuantas demandas ejemplarizantes para lograrlo, pues se hace. Así, mientras las comunidades se preguntan quién defiende sus derechos, otros perfeccionan el arte de defender su «honor corporativo» en tribunales.

Silencio incómodo, ansiedad en redes, y autocensura colectiva: el nuevo paisaje turístico que se extiende más allá de las playas. Playa Pa… perdón, ya no podemos continuar esta oración.

Una mirada a las SLAPP en Costa Rica

En Costa Rica, cada vez con más frecuencia, personas que alzan la voz sobre temas de interés público —como la protección ambiental, el acceso al agua, el uso del territorio o los megaproyectos turísticos— enfrentan acciones judiciales bajo la figura de querellas por difamación o calumnias. Detrás de estos procesos, muchas veces se esconde un patrón más preocupante: el uso del sistema judicial como herramienta para amedrentar y censurar a quienes participan en la vida democrática con espíritu crítico.

Este fenómeno ha sido particularmente notorio en territorios de alta presión inmobiliaria, como las zonas costeras del Pacífico norte, donde comunidades, personas jóvenes y creadoras de contenido han comenzado a denunciar públicamente el avance de proyectos turísticos en territorios sensibles, sin información clara ni participación real. En estos lugares, donde el mar y la montaña todavía son bienes comunes, las alertas ciudadanas no siempre son bien recibidas por quienes tienen intereses comerciales en juego.

A nivel internacional, este fenómeno se conoce como Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, o SLAPP por sus siglas en inglés (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Estas demandas suelen ser interpuestas por actores con poder económico o político contra comunicadores, activistas, académicos, defensoras de derechos humanos o personas que usan redes sociales para hacer preguntas incómodas. El objetivo no es necesariamente ganar en los tribunales, sino desgastar emocional, social y económicamente a quienes cuestionan el poder.

Aunque en Costa Rica todavía no existe una legislación específica que reconozca y frene las SLAPP, los indicios son cada vez más claros: acciones judiciales contra personas que cuestionan concesiones en zonas costeras, denuncian posibles impactos ambientales, o simplemente expresan preocupación por la forma en que se toman decisiones sobre el territorio. En algunos casos, lo que comienza como una pregunta legítima termina convertido en un proceso legal con implicaciones serias.

El riesgo de estas demandas no está solo en su desenlace, sino en su efecto paralizante. Cuando alguien recibe una notificación judicial por opinar sobre temas de interés público, muchas otras personas optan por callar. Es el fenómeno del “enfriamiento del discurso”: se instala el miedo a hablar, a exigir explicaciones, a ejercer el derecho a la crítica. Se pierde el debate público, se empobrece la democracia.

Las SLAPP suelen presentarse como una defensa del “honor” o del “buen nombre”, pero en la práctica limitan el derecho colectivo a cuestionar los proyectos que afectan al país. En lugar de abrir caminos al diálogo o al esclarecimiento de los hechos, buscan imponer el silencio mediante el peso de los tribunales. Especialmente preocupante es cuando se dirigen contra personas sin poder económico ni redes legales, que se expresan desde la comunidad, la experiencia vivida o el compromiso ambiental.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2024) o el Relator Especial de Naciones Unidas (2023) sobre la libertad de expresión ya han advertido sobre los efectos nocivos de estas prácticas. En distintas regiones del mundo —Europa, Estados Unidos, América Latina— se ha empezado a legislar para evitar que se abuse de las figuras de difamación y calumnia como forma de censura legal. Algunas reformas incluso permiten a los jueces desechar de forma anticipada las demandas que claramente buscan silenciar el debate público.

En Costa Rica, es momento de abrir esta conversación. ¿Cómo proteger a quienes alzan la voz desde las playas, los ríos, las montañas? ¿Cómo garantizar el derecho a denunciar sin que eso implique una amenaza legal? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a la judicialización de la participación ciudadana?

Defender el derecho a hablar, a preguntar y a exigir explicaciones no debería ser motivo de persecución. Por el contrario, es parte esencial de una sociedad democrática. Reconocer y prevenir las SLAPP no es solo una tarea legal, sino un compromiso ético con la libertad, la transparencia y la defensa de los territorios.

Desigualdad de poder: cuando el capital demanda y las comunidades resisten

Uno de los aspectos más alarmantes de las SLAPP es la enorme desigualdad de poder entre quienes las interponen y quienes las enfrentan. No se trata de simples disputas entre iguales, sino de un desequilibrio estructural en el que consorcios empresariales, grupos económicos o fondos de inversión con acceso privilegiado a abogados, medios y redes de influencia, activan mecanismos legales contra personas individuales, colectivos o comunidades que cuentan con recursos limitados y, en muchos casos, con escasa protección institucional.

Para una empresa transnacional o un fideicomiso inmobiliario, una querella puede ser una estrategia más dentro de su lógica operativa. Para una persona activista, una defensora ambiental o una creadora de contenido, puede significar el colapso emocional, financiero y reputacional. El solo hecho de recibir una demanda implica contratar abogados, asistir a audiencias, pagar costos judiciales, y cargar con la angustia de enfrentar un proceso penal sin las mismas garantías de resguardo que tiene el capital corporativo.

Además, esta desigualdad no es solo económica. Es también informativa y simbólica. Mientras los grandes capitales tienen capacidad para moldear la opinión pública a través de campañas, relaciones públicas o publicidad, las comunidades acceden a plataformas más modestas, como redes sociales, radios locales o intervenciones en espacios públicos. Pero incluso estos canales alternativos de expresión están siendo vigilados y, como vemos, judicializados.

En este contexto, las SLAPP se convierten en una forma de violencia estructural encubierta en procesos legales, donde el poder económico busca disciplinar la disidencia. A menudo, estas acciones van acompañadas de narrativas que acusan a las comunidades de “desinformar”, “atacar la inversión” o “frenar el desarrollo”, cuando en realidad lo que hacen es ejercer un derecho legítimo a cuestionar y a proteger los territorios y los bienes comunes.

La pregunta de fondo es: ¿puede haber verdadera democracia cuando la crítica se penaliza y cuando el acceso a la justicia está condicionado por el poder adquisitivo? Reconocer esta asimetría es clave para construir mecanismos que equilibren la balanza, garanticen el derecho a la participación pública y protejan a quienes defienden los intereses colectivos desde posiciones de vulnerabilidad.

En definitiva, la lucha contra las SLAPP no es solo un asunto jurídico, sino una defensa del derecho a la palabra en contextos de desigualdad. Y, como sociedad, no podemos permitir que el miedo a ser demandadas o demandados se convierta en una barrera para la acción colectiva.

Presiones económicas y políticas detrás de la no ratificación del Acuerdo de Escazú

Justamente en contextos como los denunciados —zonas costeras del Pacífico norte, afectadas por megaproyectos turísticos y presiones inmobiliarias— es donde el Acuerdo de Escazú hubiera significado una herramienta clave para proteger la participación ciudadana y el derecho a la información ambiental.

Sin embargo, sectores económicos y políticos con intereses vinculados a estos desarrollos presionaron para que Costa Rica no ratificara el tratado. La preocupación principal de estos actores radica en que Escazú exige una mayor transparencia, consulta previa y protección a las personas defensoras del ambiente, condiciones que pueden limitar la rapidez o facilidad con la que se ejecutan proyectos con gran impacto territorial.

Esta resistencia refleja un choque entre modelos de desarrollo económico basados en la concentración del poder y la opacidad, y la creciente demanda social por democracia ambiental, justicia y respeto a los derechos humanos.

La falta de ratificación de Escazú no solo es un obstáculo para quienes defienden sus territorios, sino también una señal clara de que el poder económico sigue teniendo una gran influencia en las decisiones políticas que afectan el derecho a la participación y a la protesta.

Es en este contexto donde cobran aún más relevancia las denuncias ciudadanas, y también la necesidad de contar con mecanismos efectivos para evitar que la judicialización —como sucede con las SLAPP— se convierta en una forma más de silenciar la crítica legítima.

El Acuerdo de Escazú y la urgencia de su aprobación en Costa Rica

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional firmado por países de América Latina y el Caribe en 2018, con el objetivo de garantizar derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente y la participación pública. Entre sus principales pilares están:

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El acceso a la información ambiental, para que cualquier persona conozca los proyectos y decisiones que afectan el territorio y el ambiente.

El derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, asegurando procesos transparentes y justos.

La protección efectiva a las personas defensoras del ambiente, evitando agresiones, amenazas o judicializaciones injustas.

Costa Rica fue el país anfitrión donde se firmó el tratado, lo que dio esperanza a muchas comunidades y activistas comprometidos con la defensa de sus territorios. Sin embargo, a pesar de la importancia del Acuerdo, hasta la fecha el país no lo ha ratificado formalmente.

Esta falta de aprobación tiene implicaciones directas y preocupantes en casos como los denunciados en zonas costeras y territorios con conflictos socioambientales. Sin el marco del Acuerdo de Escazú, Costa Rica carece de obligaciones claras y mecanismos robustos para:

  • Prevenir que las SLAPP sean usadas como estrategia para amedrentar y silenciar a quienes denuncian impactos ambientales.
  • Proteger legal y materialmente a las personas defensoras de derechos ambientales, especialmente en contextos donde enfrentan poderosos intereses económicos.
  • Garantizar la transparencia y participación efectiva de la ciudadanía antes, durante y después de la aprobación de proyectos que afectan al medio ambiente.

En definitiva, la no ratificación de Escazú significa que Costa Rica se queda sin una herramienta internacional valiosa para fortalecer la democracia ambiental y proteger a quienes hacen uso legítimo de su derecho a la crítica y denuncia.

La comunidad nacional e internacional ha señalado la urgencia de que Costa Rica apruebe el Acuerdo, para que pueda contar con los estándares y compromisos necesarios que garanticen la seguridad, participación y acceso a la información ambiental para todas las personas.

Ratificar Escazú no es solo un acto formal: es un compromiso con la vida, la justicia ambiental y el derecho a la voz en defensa del territorio. Sin ese compromiso, quienes denuncian quedan más vulnerables ante las amenazas legales y la criminalización de la protesta.

Estándares internacionales y llamados a actuar

Lo que hoy enfrentan defensoras, creadores de contenido y comunidades organizadas en Costa Rica no es un fenómeno aislado ni inédito. En diversos países, la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre el uso creciente de demandas judiciales como herramienta para silenciar la participación pública. Frente a este patrón preocupante, se han comenzado a construir estándares legales y éticos que buscan frenar la judicialización de la crítica legítima.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que las SLAPP constituyen una forma de violencia estructural que amenaza el derecho a la libertad de expresión y a la participación democrática. En una audiencia pública celebrada en julio de 2023, la CIDH escuchó a organizaciones de toda América Latina que denunciaron el uso de querellas penales como forma de intimidación legal. A raíz de ello, se solicitó la elaboración de un informe temático y el desarrollo de estándares regionales contra este tipo de prácticas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto. En el caso Palácio vs. Ecuador (2020), reconoció que el uso reiterado de procesos judiciales contra personas que critican el poder constituye un abuso del sistema legal y una amenaza a la democracia. Esta jurisprudencia resulta especialmente relevante para países como Costa Rica, donde persisten figuras penales como la difamación y la calumnia, a menudo utilizadas en contextos de disputa territorial o ambiental.

A nivel global, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión ha advertido que las SLAPP socavan el debate público, desalientan la vigilancia ciudadana sobre el poder y refuerzan dinámicas de censura disfrazadas de litigio legítimo. En su informe de 2023, llamó a los Estados a adoptar mecanismos para desechar rápidamente este tipo de demandas y garantizar protección a quienes ejercen su derecho a expresarse.

Incluso en el contexto costarricense, casos como el del periodista Mauricio Herrera Ulloa —condenado por difamación y posteriormente absuelto por la Corte IDH— han demostrado que el uso punitivo del derecho penal en materia de expresión no solo es incompatible con los estándares interamericanos, sino que tiene efectos nocivos sobre la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estas referencias, lejos de ser abstractas o lejanas, ofrecen un marco concreto para comprender la gravedad del uso de SLAPP en nuestro país. Nos muestran que la defensa del derecho a la crítica no es un lujo, sino una obligación democrática. Y que frente al desequilibrio de poder entre quienes cuestionan y quienes tienen el poder económico para demandar, corresponde al Estado garantizar reglas claras, procesos justos y espacios seguros para que todas las voces puedan ser escuchadas sin miedo.

Referencias

ARTICLE 19 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Resumen de audiencia pública sobre SLAPP en América Latina (187º período de sesiones, 12 julio 2023). CIDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2004, 2 de julio). Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica: Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (Serie C No. 107). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf

Corte IDH. (2020). Caso Palácio y otros vs. Ecuador: Derechos y garantías de libertad de expresión.

JURIST. (2009). Illegitimate restrictions on freedom of expression in Costa Rica. Recuperado de https://www.jurist.org/commentary/2009/12/costa-rica-illegitimate-restrictions-on/?utm_source=chatgpt.com

Media Defence y ARTICLE 19. (2022). SLAPPs en América Latina: análisis regional.

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. (2021). Declaración conjunta sobre desestimiento sumario de demandas por difamación en asuntos públicos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp globalfreedomofexpression.columbia.edu+6policehumanrightsresources.org+6hchr.org.mx+6oas.org+13oas.org+13oas.org+13

Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. (2023). Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Recuperado de https://www.refworld.org/es/pdfid/5c6b33774.pdf ohchr.org+5refworld.org+5documents.un.org+5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos & Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. (2024). Informe anual sobre la libertad de expresión en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2024/IA2024_spa.pdf

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¿Qué significa organizarse por el derecho a la vivienda en una ciudad marcada por el desalojo y el desplazamiento?

 

En esta entrevista conversamos con integrantes del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, una organización autónoma y popular que lucha por vivienda segura, asequible y digna para todas y todos. Frente a un modelo que expulsa, encarece y despoja, el Sindicato articula a personas inquilinas para hacer frente al acoso de propietarios, resistir desalojos masivos y exigir cambios estructurales, como la revocatoria de leyes que favorecen la especulación.

Reflexionamos sobre los desafíos cotidianos de habitar Los Ángeles, sobre las formas de resistencia que surgen desde abajo y, especialmente, sobre el papel fundamental de la educación popular en la toma de conciencia, la construcción de comunidad y la organización colectiva.

Escuchemos esta experiencia que cruza acción directa, apoyo mutuo y lucha por justicia habitacional.

Si quieren conocer más les compartimos si sitio web: https://latenantsunion.org/es/

Vivienda, educación popular y bienes comunes: una lucha interconectada

La experiencia del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles no solo nos habla de una lucha por techo, sino de una defensa activa de la ciudad como bien común. Cuando el acceso a la vivienda se rige por las lógicas del mercado, el territorio se transforma en objeto de especulación y las personas son desplazadas para dar paso a proyectos de alto valor inmobiliario. Esta forma de extractivismo urbano convierte los barrios en mercancía y profundiza la desigualdad.

En este contexto, la organización inquilina se convierte en una forma de reapropiación del derecho a habitar y decidir sobre el entorno. La educación popular, entendida como práctica colectiva de concientización y construcción de poder, juega un papel clave: fortalece vínculos comunitarios, desenmascara las estructuras de opresión y abre caminos de resistencia.

La vivienda no es solo un bien individual, es parte de un entramado más amplio de bienes comunes urbanos que sostienen la vida: el barrio, el espacio público, el acceso a servicios, las redes de apoyo. Defender el derecho a la vivienda es también defender territorios para la vida, frente a un modelo urbano que expulsa y devasta.

Esta entrevista es testimonio de cómo las luchas por lo común, desde la base y con pedagogía crítica, abren horizontes de justicia y dignidad.

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Puerto Viejo + Limpio: una comunidad que no se rinde frente a la basura

La creciente acumulación de residuos en Puerto Viejo, Caribe Sur de Costa Rica, se ha convertido en un problema urgente de salud pública, deterioro ambiental y amenaza al turismo sostenible. Aunque es reconocido por su biodiversidad y riqueza cultural, el distrito enfrenta serias deficiencias en la gestión de residuos sólidos, especialmente en zonas turísticas, áreas de difícil acceso y espacios públicos sin señalización ni contenedores adecuados. El resultado: un manejo desbordado de la basura.

Restos de construcción abandonados, residuos orgánicos del comercio y el turismo, materiales peligrosos y desechos domésticos forman parte del paisaje cotidiano. Esta situación daña el entorno, pone en riesgo la vida silvestre y compromete la salud de residentes y visitantes. A ello se suma una débil regulación, escasa conciencia ambiental y limitada participación comunitaria en acciones sostenidas.

Puerto Viejo + Limpio: acción local con impacto colectivo

Como respuesta a la crisis de residuos en el Caribe sur, surge Puerto Viejo + Limpio, un proyecto de voluntariado ambiental que promueve la recolección comunitaria de desechos. Cada lunes a las 8 a.m., personas voluntarias recorren unos 3 km recogiendo residuos ordinarios y peligrosos, con materiales facilitados por la organización.

Aunque con recursos limitados —solo dos personas remuneradas y un promedio de cuatro voluntarios por jornada— el proyecto recolecta unas 60 bolsas aproximadamente bolsas de basura por día de actividad. esta constancia ha sido posible gracias al compromiso de ciertas personas de la comunidad y al apoyo económico solidario de actores locales como comercios y algunos particulares.

En mayo pasado, nueve comercios de Puerto Viejo donaron ₡163.000, lo que permitió cubrir una jornada semanal de limpieza de 8 horas, incluyendo remuneración simbólica y alimentación para el personal. Estos establecimientos son: Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s y Escape Caribeño. Este gesto muestra que, con voluntad compartida, es posible sostener iniciativas que cuidan el bien común.

Puerto Viejo + Limpio no solo recoge basura: visibiliza y moviliza a otras entidades e insittuciones a involucrarse en la problemática. promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la necesidad urgente de mejorar la señalización en playas, así como de fomentar prácticas responsables tanto en la comunidad como en el sector turístico.

No obstante, el proyecto opera con costos ajustados al mínimo necesario: se requiere cubrir alrededor de ₡50.500 por jornada, incluyendo salarios simbólicos, almuerzos, snacks, bolsas, guantes y herramientas básicas. Además, necesita materiales como rastrillos, carretillos, guantes reutilizables y señalización, junto con apoyo para impresión de materiales educativos y ciertos recursos para visibilizar la acción.

Para sostener esta labor, se abren canales de donación directa en especie o por medios electrónicos, y se invita a los comercios locales a aportar con limpieza frente a sus negocios, ofrecer vales de descuento para el voluntariado, o contribuir con productos y refrigerios. También es clave la colaboración en la difusión del proyecto, fortaleciendo su alcance y sensibilización tanto a visitantes como residentes.

En un contexto donde la desatención institucional y la presión turística ponen en riesgo la belleza y salud ambiental de Puerto Viejo, Puerto Viejo + Limpio demuestra que la organización comunitaria sí hace la diferencia. Esta iniciativa es una semilla de cambio que necesita del compromiso de más manos, más voces y más voluntades. Cuidar el entorno no es solo una tarea de unos pocos: es una responsabilidad compartida para proteger lo que nos sostiene. La basura no se esconde, se enfrenta; y hacerlo juntos es la única forma de transformar el presente y asegurar un futuro digno para este territorio.

Turismo sin gestión: la contradicción del paraíso contaminado

La imagen de playas vírgenes, selva exuberante y cultura afrocaribeña vibrante contrasta con la realidad de residuos esparcidos en caminos, ríos y playas. Puerto Viejo es uno de los destinos más visitados del Caribe costarricense, pero la infraestructura para tratar los desechos es insuficiente, deteriorada o inexistente.

El crecimiento turístico ha traído consigo más residuos, pero no una gestión paralela de servicios públicos ni regulación ambiental eficaz. Así, muchos espacios naturales terminan convertidos en vertederos informales, afectando la biodiversidad y también la experiencia del visitante.

Esta contradicción revela una paradoja estructural: un territorio que genera riqueza gracias a su entorno natural, pero que carece de mecanismos sólidos para protegerlo. Es necesario repensar el modelo de desarrollo turístico en el Caribe sur, desde una visión ecológica, justa y sostenible.

El impacto silencioso: residuos en playas y ecosistemas costeros

Las playas y zonas costeras son más que postales turísticas: son ecosistemas frágiles con funciones vitales para la biodiversidad. En Puerto Viejo, donde la línea entre naturaleza y actividad humana es especialmente estrecha, la acumulación de basura amenaza directamente a especies que habitan manglares, ríos, arrecifes y bosques.

Plásticos, vidrios, metales y escombros causan lesiones, intoxicaciones, atrapamientos y pérdida de hábitat en aves marinas, peces, monos o perezosos. Además del impacto ecológico, los residuos degradan la calidad del agua, generan vectores sanitarios y afectan la imagen del destino.

En un contexto de alta presión turística, la falta de gestión de residuos alimenta un ciclo de deterioro: más visitantes generan más desechos, pero sin cultura ambiental ni infraestructura, los residuos terminan en el mar, las playas y los senderos.

La limpieza costera no es un asunto estético: es una acción urgente para proteger los bienes comunes, la salud pública y el sustento económico de toda una región.

Puerto Viejo + Limpio en cifras: mayo 2025

Dimensiones

Datos

Periodo reportado

mayo de 2025

Total de bolsas recolectadas

254 bolsas

Días de recolección

Lunes por la mañana (8:00 a.m.)

Duración de la jornada

8 horas

Promedio de voluntarios

4 personas por jornada

Personas remuneradas

2 personas (una jornada semanal)

Zonas de recolección

Playa Negra, Playa de Puerto Viejo, Sendero a Cocles, vía urbana

Total de donaciones (mayo)

₡163.000

Comercios donantes (9)

Como en mi casa, Hotel Guaraná, Bufete León, Grow, Cabinas Los Almendros, Gandoca Tours, Hotel Puerto Viejo, Stashu’s, Escape Caribeño

Apoyo destacado

Como en mi casa costeó semanalmente una jornada de 8 horas

Organización

Grupo Puerto Viejo + Limpio

Contacto: +506 6242 4859

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Cuando el agua deja de ser derecho: regresión ambiental y captura del bien común

En un país que ha construido su identidad ambiental sobre la protección de la naturaleza y el acceso universal a bienes esenciales, el reciente cambio en la normativa sobre plaguicidas en el agua potable marca un giro preocupante. Bajo el pretexto de ajustes técnicos, el gobierno costarricense ha sustituido límites claros por “valores de alerta” («Gobierno amplía límite de plaguicidas en el agua para consumo humano» Delfino CR), lo que en la práctica flexibiliza la respuesta estatal ante la presencia de contaminantes peligrosos en el agua que consumen miles de personas cada día.

Este cambio no es neutro. Representa una regresión ambiental que debilita el principio de precaución, reduce la exigibilidad de derechos adquiridos y traslada el riesgo de la contaminación desde los responsables hacia las comunidades más expuestas. Más aún, es expresión de un fenómeno cada vez más evidente: la captura institucional de la política ambiental por intereses económicos, particularmente de sectores agroindustriales que históricamente han presionado por regulaciones más laxas en el uso de plaguicidas.

Desde el enfoque de los bienes comunes, este retroceso plantea una pregunta urgente: ¿qué significa que el agua deje de ser garantizada como un derecho y comience a tratarse como una variable negociable? En este análisis exploramos las implicaciones de este cambio normativo, su distancia con los estándares internacionales, los riesgos sociales y ambientales que genera, y por qué su defensa debe volver al centro del debate público.

Estos cambios se hicieron a través del Decreto Ejecutivo N° 38924-S “Reglamento para La Calidad del Agua Potable”.

¿Qué pasó?

El reciente cambio normativo anunciado por el gobierno de Costa Rica —que introduce “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas en el agua potable— plantea serias preguntas sobre el rumbo de la política ambiental y sanitaria del país. Bajo un lenguaje técnico y supuestamente neutral, se encubre una transformación política que afecta profundamente la gestión del agua como bien común, el papel del Estado como garante de derechos, y el delicado equilibrio entre salud pública e intereses económicos.

Este giro normativo no puede leerse como una simple actualización reglamentaria. Es expresión de una lógica de regresión ambiental, en la que se flexibilizan las garantías existentes y se debilitan los marcos de protección que se habían construido en respuesta a luchas sociales y principios internacionales de precaución.

Agua como bien común: lo que se pone en juego

Desde una perspectiva de bienes comunes, el agua no es solo un recurso natural ni un insumo técnico para la gestión estatal. Es un bien vital, esencial e insustituible, que pertenece a todas las personas y cuya gestión exige políticas fundadas en el acceso equitativo, la sostenibilidad ambiental, la corresponsabilidad social y la participación comunitaria real.

Hablar del agua como bien común implica rechazar las lógicas de apropiación, control exclusivo o administración tecnocrática desligada del tejido social. Exige instituciones públicas abiertas a la fiscalización ciudadana y normativas que prioricen el interés colectivo por encima de la rentabilidad o la comodidad operativa.

Desde esta visión, toda decisión que afecte la calidad del agua debe evaluarse no solo desde criterios de viabilidad técnica, sino desde su impacto en la justicia ambiental, los derechos humanos y el respeto a la vida.

¿Qué se está cambiando?

Hasta ahora, la normativa nacional establecía límites claros para la presencia de plaguicidas en agua potable, siguiendo los estándares de la Unión Europea:

  • 0,1 microgramos por litro (µg/L) para cualquier plaguicida individual,

  • 0,5 µg/L como valor máximo combinado para la suma de plaguicidas detectados.

Estos límites no eran caprichosos. Estaban basados en el principio de precaución, ampliamente reconocido en el derecho ambiental internacional, que establece que cuando existen dudas razonables sobre riesgos a la salud o al ambiente, se deben tomar medidas preventivas antes de que el daño sea irreversible.

Con la nueva normativa, se sustituye este marco preventivo por la figura de un “valor de alerta”. En lugar de accionar de forma inmediata ante la detección de plaguicidas por encima del umbral, las autoridades abrirán un proceso técnico adicional para evaluar riesgos y decidir posibles acciones. No hay obligación de informar al público ni de interrumpir el suministro.

Este giro traslada la política sanitaria desde un enfoque de control preventivo a uno de manejo reactivo del riesgo, en el que el cumplimiento depende más de evaluaciones discrecionales que de reglas claras. Aunque se argumenta que esto permitirá una gestión “más técnica”, en la práctica flexibiliza la responsabilidad institucional y debilita las garantías para las personas usuarias, especialmente en comunidades rurales y zonas donde los monocultivos y el uso intensivo de agrotóxicos han sido denunciados por décadas.

¿Retroceso normativo o captura institucional?

Este cambio no debe leerse de forma aislada. Forma parte de un patrón más amplio de desregulación ambiental silenciosa, en el que el aparato institucional se adapta para favorecer la expansión de intereses corporativos, incluso en áreas clave como la salud, el agua o la tierra. En términos conceptuales, estamos ante un caso claro de captura institucional: cuando las decisiones públicas son moldeadas sistemáticamente para servir intereses privados, debilitando el mandato de proteger el bien común.

Las consecuencias de esta captura se traducen en:

  • Debilitamiento de la exigibilidad legal: sin un límite fijo, las comunidades afectadas no tienen un punto de referencia claro para exigir medidas ni protección.

  • Inacción institucional normalizada: los “valores de alerta” permiten posponer decisiones y trasladar la carga de la prueba a procesos técnicos sin plazos ni sanciones.

  • Desresponsabilización del Estado: al desligarse de límites obligatorios, las autoridades pueden justificar la omisión de acciones concretas, incluso ante evidencia de contaminación.

Este modelo de gestión no solo reduce la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también profundiza las desigualdades estructurales: quienes más dependen de fuentes de agua comunitarias, menos capacidad tienen de defenderse.

Lo común se defiende desde abajo

Este escenario debe llevarnos a una reflexión urgente:

  • ¿Quién define hoy qué niveles de contaminación son “aceptables”?

  • ¿Qué tipo de Estado necesitamos para proteger lo común?

  • ¿Qué mecanismos nos quedan como ciudadanía cuando las normas se modifican sin consulta y sin debate público?

Frente a una institucionalidad que reduce su papel garante y actúa como gestor técnico de la incertidumbre, la defensa del agua como bien común debe fortalecerse desde los territorios, desde las comunidades organizadas, los movimientos socioambientales, las redes de vigilancia ciudadana y los espacios educativos.

Defender lo común implica repolitizar la gestión del agua, volver a discutir quién decide, para quién se legisla y a quién se protege.

En defensa del agua, la vida y el bien común

La introducción de los “valores de alerta” en lugar de límites fijos para plaguicidas no es un asunto meramente técnico. Es un cambio de fondo que relaja estándares, normaliza el riesgo y debilita derechos conquistados.

Es también un recordatorio de que las conquistas en salud pública y protección ambiental no son irreversibles: pueden erosionarse silenciosamente si no hay vigilancia social y resistencia organizada.

En tiempos de captura institucional, defender el agua como bien común es también defender la vida, la democracia y la dignidad. Porque el agua no se negocia, no se relativiza, no se privatiza. Se cuida, se lucha y se protege desde abajo.

¿Por qué importan los estándares europeos?

Uno de los elementos más significativos de este cambio normativo es el abandono del modelo europeo de control de plaguicidas en agua potable, considerado internacionalmente como uno de los más protectores para la salud humana. Comprender esta diferencia no es un tecnicismo: es clave para dimensionar los riesgos que se asumen con la nueva normativa.

¿Qué dice la normativa europea?

La Directiva (UE) 2020/2184 sobre agua potable mantiene límites estrictos:

  • 0,1 µg/L para cada plaguicida individual.

  • 0,5 µg/L para la suma total de plaguicidas detectados.

Esta directiva se basa en el principio de que el agua debe estar prácticamente libre de plaguicidas, no porque todos sean igual de tóxicos, sino porque:

  1. Los efectos combinados o sinérgicos entre plaguicidas son difíciles de predecir.
  2. Existen incertidumbres científicas sobre impactos a largo plazo en salud humana.
  3. Hay una responsabilidad pública de garantizar confianza, transparencia y seguridad.

Estos límites funcionan como umbral de acción inmediata, no como sugerencia o margen de interpretación.

¿Qué plantea la nueva normativa costarricense?

Con la introducción del “valor de alerta”:

  • Se deja de aplicar un límite legal uniforme, y se permite que la presencia de plaguicidas active solo un proceso de análisis posterior.

  • No se establece un valor único de referencia, sino que se permite modular la respuesta estatal según evaluaciones caso por caso.

  • Se relaja el principio de acción inmediata ante contaminación, debilitando la trazabilidad de responsabilidades.

Implicaciones y riesgos

1. Menor protección sanitaria: El nuevo esquema puede permitir que personas consumidoras estén expuestas a niveles de plaguicidas que antes eran inaceptables, sin ser informadas o protegidas a tiempo.

2. Mayor margen para la inacción institucional: Al no haber un tope fijo, las autoridades pueden postergar decisiones, a menudo bajo presión de actores agroindustriales o por limitaciones técnicas internas.

3. Vulnerabilidad de las poblaciones rurales: Comunidades que dependen de acueductos comunales o fuentes superficiales —muchas veces cercanas a zonas agrícolas intensivas— serán las más afectadas, sin recursos para monitorear ni reclamar.

4. Debilitamiento del control ciudadano: El abandono de un límite claro dificulta la fiscalización desde las organizaciones comunitarias o ambientales, y resta poder a la ciudadanía en la defensa de sus derechos.

Lo que el nuevo decreto desactiva: del control preventivo a la omisión institucional

Antes de la aprobación del nuevo decreto, el Ministerio de Salud aplicaba una normativa clara y estricta en materia de calidad del agua para consumo humano, alineada con estándares europeos. Esta normativa establecía límites máximos permisibles para residuos de plaguicidas en el agua potable —0,1 µg/L por plaguicida individual y 0,5 µg/L para la suma total— como criterios obligatorios y vinculantes. Es decir, si un análisis revelaba la presencia de plaguicidas por encima de esos niveles, se activaban de inmediato acciones sanitarias obligatorias, tales como:

  • Orden de cierre o suspensión del servicio del acueducto afectado.

  • Notificación pública a la comunidad sobre la contaminación detectada.

  • Intervención técnica para identificar la fuente del contaminante y establecer medidas correctivas.

Estas acciones respondían directamente al principio de precaución: cuando existía evidencia de una amenaza potencial —aunque no hubiera certeza absoluta sobre sus efectos— el Ministerio tenía el deber de actuar preventivamente para proteger la salud de la población.

 

Este modelo otorgaba a la ciudadanía y a las comunidades rurales una herramienta de exigibilidad clara. Un laboratorio acreditado podía hacer un análisis independiente, y si se superaban los umbrales, el Ministerio de Salud estaba legalmente obligado a intervenir, sin necesidad de un juicio técnico posterior. El límite era el disparador de la acción, no un punto de discusión.

Además, esta normativa permitía a las comunidades organizadas y defensoras ambientales ejercer vigilancia ciudadana, interponer denuncias e incluso presionar por medidas cautelares o judiciales en caso de inacción institucional.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Con la introducción de los “valores de alerta”, el límite deja de ser una orden de acción inmediata y se convierte en un umbral de observación, sujeto a interpretación técnica. Esto significa que el Ministerio de Salud ya no está obligado automáticamente a emitir una orden sanitaria, sino que puede optar por esperar estudios adicionales, evaluar el contexto y eventualmente actuar, sin que haya plazos claros ni consecuencias legales por no intervenir.

Este cambio desvanece el vínculo entre evidencia y acción, y debilita el marco de corresponsabilidad institucional que protegía a las poblaciones más vulnerables.

Hoy más que nunca, urge fortalecer la vigilancia ciudadana y exigir transparencia en las decisiones que afectan la vida. El agua es un bien común y no puede quedar a merced de intereses económicos ni de tecnocracias opacas.

Crédito de imágenes Semanario Universidad

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Situación Actual del Plan Regulador Costero de Talamanca: Análisis y Perspectivas según Marco Levy Virgo

En los últimos meses, mucho se ha hablado sobre el Plan Regulador Costero (PRC) del cantón de Talamanca. Este instrumento busca ordenar el uso del territorio en la franja costera: definir dónde se puede construir, qué áreas deben protegerse, y cómo garantizar un desarrollo que respete a las comunidades y al ambiente.

Sin embargo, este proceso está temporalmente detenido. ¿Por qué? En esta nota te explicamos el contexto, los actores involucrados y por qué esto es importante para la población costera y para quienes defienden los bienes comunes.

¿Qué es un Plan Regulador Costero?

Un Plan Regulador Costero es una herramienta de planificación territorial. Permite organizar de manera ordenada las actividades humanas en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es decir, en los primeros 200 metros a partir de la línea de pleamar (la parte más alta que alcanza el mar).

En el caso de Talamanca, este plan fue aprobado oficialmente en octubre de 2023. Su objetivo es lograr un equilibrio entre la conservación ambiental, el respeto a los derechos colectivos y el desarrollo local.

¿Qué ordenó la Sala Constitucional? Un recordatorio de mandatos y derechos

La Sala Constitucional (Sala IV) ha emitido varias resoluciones en torno al Plan Regulador Costero (PRC) del cantón de Talamanca, ordenando a las instituciones responsables corregir fallas que vulneran derechos fundamentales de las comunidades y el ambiente.

1. Incumplimiento del derecho a la consulta previa

En diciembre de 2023, la Sala anuló dos audiencias públicas por violar el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo indígena Bribri de Kéköldi, en aplicación del Convenio 169 de la OIT. Estas consultas se habían realizado sin participación efectiva de la Asociación de Desarrollo de Keköldi, lo que constituye una falta grave. La Sala advirtió a la Municipalidad de Talamanca y al INVU que, de no corregir esta situación, se exponen a responsabilidades penales y administrativas.

2. Obligatoriedad de actualizar la información ambiental

En febrero de 2024, tras una nueva acción de inconstitucionalidad, la Sala ordenó al SINAC completar la certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE), incluyendo la caracterización de humedales en la Zona Marítimo Terrestre de Talamanca. Esta información es fundamental para asegurar que el PRC no legalice actividades que puedan afectar ecosistemas frágiles.

La sentencia también obliga al INVU y a la Municipalidad a incorporar estos datos en la cartografía del PRC antes de continuar su implementación.

3. Aportes desde la vigilancia comunitaria: Marco Levy Virgo

En su comunicado del 20 de junio de 2025, el activista y líder comunitario Marco Levy Virgo respalda y amplía las alertas de la Sala IV. Desde su seguimiento constante al proceso, Levy subraya que:

  • La actualización del PNE aún está incompleta, pues SINAC no ha entregado los catastros ni los datos detallados de las áreas modificadas.

  • Varias zonas que antes estaban registradas como bosques bajo PNE han desaparecido en la nueva cartografía sin explicación técnica clara.

  • La falta de esta información impide que se realicen los ajustes necesarios al plan, lo que deja al PRC en un limbo legal y técnico.

  • Advierte que esta situación representa no solo un riesgo ambiental, sino también una amenaza para el derecho a la tierra, a la vivienda y al desarrollo digno de las comunidades costeras.

Levy recalca que cumplir las órdenes de la Sala no es solo un requisito legal, sino una obligación ética y política: “la planificación del territorio debe ser transparente, participativa y respetuosa del entorno natural y cultural del Caribe Sur”.

Contexto del proceso “irregular”: allanamientos y denuncias ciudadanas

El PRC fue objeto de fuertes cuestionamientos, no solo jurídicos, sino por supuestas irregularidades graves:

  1. En agosto de 2024, el OIJ realizó allanamientos en diversas instituciones (Municipalidad, SINAC, SETENA, INVU, ICT) por indicios de prevaricato, eliminación ilícita de humedales, tala no autorizada y posible cambio irregular de uso de suelo a favor de intereses privados.
  2. Desde 2023 diversas organizaciones locales (Bloque Verde, ADITIK, Covirenas) han denunciado que el PRC pretende desregulación turística a gran escala, ignorando estudios técnicos y promoviendo estacionamientos o desarrollos en zonas húmedas protegidas.
  3. Comunidad y colectivos han señalado la falta de participación real, carencia de evidencia técnica rigurosa, y posibles beneficios para grupos empresariales vinculados con la administración local.

¿Qué está pasando ahora?

Aunque el SINAC ya envió algunos documentos técnicos, el INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo) señala que la información está incompleta. Algunas de las observaciones más importantes son:

  • Áreas que antes estaban clasificadas como bosques en el PNE ahora ya no aparecen como tales.

  • No se entregaron los catastros actualizados ni los cuadros en Excel con los cambios realizados.

  • Faltan criterios técnicos claros que expliquen por qué se hicieron ciertos cambios.

Debido a esto, el PRC no puede avanzar. Las instituciones no tienen información suficiente para hacer los ajustes requeridos, y por tanto, el proceso está detenido.

¿Por qué esto importa?

La actualización del PNE no es un trámite menor. Afecta directamente:

  • A las comunidades locales, que necesitan claridad sobre lo que pueden o no pueden hacer en sus territorios.

  • A la protección ambiental, ya que muchos ecosistemas como humedales o bosques costeros dependen de esta certificación para garantizar su conservación.

  • Al derecho al territorio de pueblos afrodescendientes y comunidades rurales que históricamente han habitado estas zonas y que ahora enfrentan incertidumbre legal.

Un plan regulador sin datos confiables puede dejar desprotegidas áreas clave, o por el contrario, puede abrir espacio a presiones urbanísticas que afectan a la naturaleza y a las personas.

¿Qué se está haciendo?

El INVU ya envió una solicitud formal a SINAC pidiendo las aclaraciones necesarias. A su vez, desde la Municipalidad de Talamanca se ha hecho un llamado a la comunidad para mantenerse informada y participar activamente en este proceso.

¿Dónde puedo saber más?

Si querés profundizar en este tema, te invitamos a leer los documentos oficiales que dan origen a esta discusión:

Oficio DU-299-09-2024 del INVU al SINAC (septiembre 2024): plantea dudas técnicas sobre los cambios en la certificación del PNE y solicita información faltante.

Comunicado de prensa firmado por Marco Levy Virgo (junio 2025): informa a la población sobre la situación actual y explica los efectos que esto tiene sobre el desarrollo local.

Estos documentos permiten entender con más detalle el alcance del conflicto y la necesidad de transparencia y participación.

El papel de la vigilancia ciudadana.

En este proceso, es fundamental reconocer el trabajo de personas y organizaciones que, desde el territorio, han hecho seguimiento activo y crítico al desarrollo del Plan Regulador Costero y a la defensa del bien común.

Referentes como la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, y en particular Marco Levy Virgo, han sostenido un trabajo de monitoreo, comunicación pública y denuncia oportuna sobre las implicaciones que este tipo de planes tienen para las comunidades locales.

Desde su rol como activista comunitario, Levy ha informado de forma clara sobre las debilidades institucionales, ha visibilizado la falta de transparencia en algunas etapas del proceso, y ha insistido en que la participación activa de las comunidades debe ser central en cualquier decisión sobre el territorio.

Su comunicado de prensa del 20 de junio de 2025 no solo resume con precisión el estado actual del Plan Regulador, sino que también traduce un proceso técnico y legal a un lenguaje accesible, fortaleciendo así la educación ciudadana y la vigilancia democrática.

Gracias a voces como la suya, hoy contamos con más herramientas para exigir que las decisiones territoriales se tomen con justicia ambiental, respeto a la diversidad cultural y garantía de derechos colectivos.

Referencias

CRHoy. (2024, agosto). Alcalde de Talamanca cuestiona allanamientos de Fiscalía y OIJ por caso de plan regulador. CRHoy.
https://www.crhoy.com/nacionales/alcalde-de-talamanca-cuestiona-allanamientos-de-fiscalia-y-oij-por-caso-de-plan-regulador/

CRHoy. (2024, agosto). Fiscalía investiga a 19 personas por presuntas anomalías en plan regulador de Talamanca. CRHoy.
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-investiga-a-19-personas-por-presuntas-anomalias-en-plan-regulador-de-talamanca/

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). (2024, 23 de septiembre). Oficio DU-299-09-2024: Consulta sobre actualización de certificación del PNE y ajustes al plan regulador costero del cantón de Talamanca.

Levy Virgo, M. (2025, 20 de junio). Situación actual del Plan Regulador Costero del Cantón de Talamanca [Comunicado de prensa].

Madrigal, L. M. (2024, 10 de octubre). Defensoría de los Habitantes señala tres incumplimientos en trámite del Plan Regulador Costero del Caribe Sur. Delfino.cr.
https://delfino.cr/2024/10/defensoria-de-los-habitantes-senala-tres-incumplimientos-en-tramite-del-plan-regulador-costero-del-caribe-sur

Martínez, A. (2023, 8 de diciembre). Sala IV anula audiencia pública de cuestionado plan regulador de Talamanca. Delfino.cr.
https://delfino.cr/2023/12/sala-iv-anula-audiencia-publica-de-cuestionado-plan-regulador-de-talamanca

Martínez, A. (2024, 10 de mayo). Por un desarrollo inteligente del Caribe Sur. Delfino.cr.
https://delfino.cr/2024/05/por-un-desarrollo-inteligente-del-caribe-sur

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La vida campesina aún importa: estudiantes visitan Finca Dos Ríos en Guácimo

Ni la lluvia intensa de esa mañana pudo detener la visita de la clase de Economía Política Global y Desarrollo de la Escuela de Ciencias Políticas a la Finca Dos Ríos en el cantón de Guácimo. En medio de caminos complicados y realidades invisibilizadas, el grupo de estudiantes universitarios compartió con familias campesinas que, desde hace más de dos décadas, resisten en condiciones de abandono institucional y violencia estructural.

La Finca Dos Ríos es un ejemplo palpable de cómo la injusticia no se vive en abstracto, sino en cada cultivo sin certeza de cosecha, en cada vivienda improvisada por miedo al desalojo, en cada año que pasa sin que el Estado brinde respuestas efectivas. Desde que una empresa bananera abandonó la finca, trabajadores y trabajadoras quedaron a su suerte, sin derechos reconocidos y en medio de procesos judiciales interminables. Hoy, muchas de esas personas siguen luchando por el derecho a existir en el territorio que han cultivado durante décadas.

Durante la visita, los estudiantes conocieron a líderes campesinos que vienen defendiendo sus derechos, quienes compartieron el largo trayecto de resistencia colectiva: desde la ocupación legítima de tierras abandonadas, hasta la construcción de caminos con sus propias manos. Este intercambio evidenció la fragilidad jurídica en la que viven estas familias, pero también su fuerza organizativa y su defensa del territorio como un bien común.

La responsabilidad de una universidad pública no se agota en el aula: se extiende hacia el compromiso con las voces campesinas, que no solo denuncian injusticias, sino que construyen conocimientos, propuestas y formas de vida sostenibles. Frente a un modelo que tiende a privatizar y mercantilizar la tierra, las comunidades de Finca Dos Ríos nos recuerdan que ésta no es solo un recurso, sino la base de la dignidad, la soberanía alimentaria y la justicia social.

La pregunta que queda flotando tras la visita no es solo por el futuro de estas familias, sino también por el futuro de una universidad que se desentienda de estos territorios: ¿puede una institución pública considerarse comprometida si ignora a quienes sostienen con su esfuerzo los alimentos que consumimos día a día?

Más allá del aprendizaje académico, la experiencia representó un ejercicio concreto de diálogo entre universidad pública y sectores históricamente marginados. En palabras de varios estudiantes, la visita permitió cuestionar el papel de la universidad en una sociedad profundamente desigual. ¿Es posible una educación crítica si se desconoce el sufrimiento cotidiano de quienes enfrentan la exclusión desde sus parcelas?

Cuerpos marcados por el abandono: una reflexión desde la piel de la ruralidad

En los rostros cansados, las manos curtidas y las enfermedades no tratadas, se manifiesta de forma cruda cómo el proyecto económico dominante y las decisiones de política pública han marcado los cuerpos campesinos. No es solo la tierra la que sufre el abandono, es también el cuerpo humano el que carga las huellas de décadas de políticas que han priorizado la concentración de la riqueza, la exportación agroindustrial y la urbanización, mientras despojan al campo de inversión, acceso a salud, agua o caminos transitables. Las enfermedades respiratorias por la humedad de casas inadecuadas, los dolores crónicos sin atención médica, el desgaste físico de quienes siembran sin maquinaria ni garantías legales, todo habla de un modelo que ve a la ruralidad como un excedente, como un paisaje que se explota o se ignora. En Finca Dos Ríos, el cuerpo campesino no es solo un testimonio vivo de trabajo, sino también un archivo de la exclusión y una trinchera de resistencia cotidiana frente a un Estado que no llega, y un mercado que sólo aparece para desalojar.

Contra la economía del despojo: por una economía centrada en la vida

La realidad de Finca Dos Ríos es el reverso silenciado del relato de éxito de la economía global dominante. Mientras el discurso oficial celebra el crecimiento, la inversión extranjera y las cadenas globales de valor, en los márgenes rurales se acumulan las consecuencias: abandono estatal, precariedad persistente y una vida campesina criminalizada o invisibilizada. Esta economía —basada en la lógica del extractivismo, la privatización y la mercantilización de la tierra y la vida— no reconoce el valor de las personas fuera de su productividad monetizable, ni el valor de la naturaleza más allá de su rentabilidad.

En este marco, la tierra deja de ser espacio de vida para convertirse en activo de especulación. La comunidad es reemplazada por el individuo competitivo. La producción campesina se ve desplazada por monocultivos exportables. La economía se vuelve un fin en sí mismo, sin arraigo, sin ética, sin mundo común.

Frente a esto, la experiencia de lucha en Finca Dos Ríos es también una propuesta. Es un recordatorio de que otra economía es posible: una que no se mida solo en índices financieros, sino en bienestar colectivo, cuidado del territorio, y vínculos que sostienen la vida. Una economía que reconozca a la tierra como un bien común, y a la persona humana como sujeto de derechos y no solo como fuerza de trabajo o consumidor.

Esta visión exige descentrar al mercado como principio organizador de la vida. No para reemplazarlo por una estatalidad omnipresente, sino para abrir paso a otras formas de organización social y económica, donde las decisiones se tomen desde abajo, desde las comunidades que habitan y cuidan los territorios. Donde el valor no se mida solo en dinero, sino en dignidad, autonomía, reciprocidad y sostenibilidad.

Derecho a la tierra, luchas campesinas y descolonización de la universidad

El derecho a la tierra no es solo una demanda legal; es una afirmación de vida digna, autonomía y justicia histórica. En territorios como Finca Dos Ríos, la tierra es más que un recurso económico: es sustento, identidad, espacio de memoria y proyección de futuro. Las luchas campesinas por la permanencia en sus parcelas, por el reconocimiento de su trabajo y su vínculo con el territorio, nos interpelan como sociedad y, especialmente, como universidad pública.

En cada paso por los caminos de tierra abiertos por la comunidad, en cada palabra dicha bajo la lluvia por quienes siguen cultivando pese al despojo, se revela una verdad incómoda: la universidad, muchas veces, ha estado más cerca del archivo y de la técnica, que de las comunidades que sostienen la soberanía alimentaria del país. Pero encuentros como el vivido en Guácimo muestran que otra universidad es posible: una que se descentra, que descoloniza sus métodos y saberes, que escucha y se deja transformar.

Acompañar estas luchas no significa resolver de inmediato sus conflictos, pero sí implica asumir un compromiso activo por visibilizarlas, por generar conocimiento desde el diálogo y por reconocer que la palabra campesina también es lugar de saber. En tiempos donde la universidad corre el riesgo de volverse una burbuja técnica, indiferente a las desigualdades estructurales, el intercambio con las comunidades rurales representa una oportunidad para repensar su función social, su raíz pública y su capacidad de contribuir a la transformación de un país más justo y plural.

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Resistencias desde el Caribe: una conversación con Aquelarre Bonao

En esta entrevista conversamos con Esther y Faby de Aquelarre Bonao, colectivo feminista y antirracista que nace en República Dominicana como espacio de encuentro, denuncia y sanación frente a las múltiples violencias que atraviesan los cuerpos y territorios negros y racializados. Desde una mirada crítica del sistema colonial y capitalista, el Aquelarre articula luchas por la justicia social, la autonomía de las comunidades y la recuperación de memorias borradas por el poder.

En este diálogo reflexionamos sobre las huellas del colonialismo, el entrelazamiento entre racismo y capitalismo, y el valor político de la memoria colectiva. A partir de sus experiencias organizativas, Esther y Faby comparten claves para construir resistencias situadas y estrategias desde los propios movimientos sociales y socioambientales.

Te invitamos a ver el video completo a continuación y a seguir profundizando con los enlaces disponibles.

Artículos de Esther Giron: República Dominicana: Las madres negras importan: https://rebelion.org/republica-dominicana-las-madres-negras-importan/ República Dominicana y el racismo como política de Estado: https://rebelion.org/republica-dominicana-y-el-racismo-como-politica-de-estado/

Crédito de imagen de cabecera El Páis.