Observatorio Bienes Comunes UCR, autor en Observatorio de Bienes Comunes

Marchamos y rimamos: un collage de bombas y voces del 1° de mayo en Costa Rica

mayo 1, 2025

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Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.

Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.

Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.

La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.

Pueden escuchar el collage aquí

Galería

Alteración de laderas en Bribrí: riesgos ecológicos y sociales de la remoción de tierra

abril 29, 2025

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Seguimiento a actividades de extracción de tierra en Bribrí

Continuamos dando seguimiento al caso relacionado con la empresa quebradora ubicada en Bribrí, donde se ha observado la operación de maquinaria pesada sobre una loma colindante con su predio principal. De acuerdo con testimonios de personas vecinas y registros fotográficos recopilados, dicha maquinaria estaría realizando labores de remoción de tierra, alterando de manera visible la conformación natural del terreno.

Durante las inspecciones realizadas por las autoridades competentes, se habría indicado que el movimiento de tierra observado corresponde a un deslizamiento natural. No obstante, las evidencias gráficas documentadas muestran la presencia activa de maquinaria, lo que ha generado inquietud en la comunidad respecto al verdadero origen y propósito de dichas intervenciones.

Como se detalló en una nota anterior, esta empresa ya había sido objeto de observaciones por parte de las autoridades debido a actividades fuera de las áreas autorizadas en su concesión minera. En aquella ocasión, fue requerida a implementar medidas correctivas específicas, las cuales, según consta en la documentación oficial disponible, fueron acatadas.

Actualmente, según información del Catastro Minero, la empresa mantiene abiertos tres procesos administrativos, todos vinculados a actividades de extracción en Cauce de Dominio Público (principalmente arenas y gravas de ríos y quebradas). Sin embargo, es importante señalar que la remoción de tierra en lomas o montañas constituye una actividad distinta, que debe tramitarse mediante una concesión minera de explotación específica, acompañada de los respectivos estudios y permisos ambientales.

Frente a la situación actual, miembros de la comunidad han presentado consultas formales ante la Municipalidad local, con el objetivo de esclarecer el marco jurídico aplicable a la remoción de tierra en terrenos de ladera, considerando que la legislación vigente establece requisitos estrictos para este tipo de actividades fuera de cauces públicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las personas no han recibido una respuesta oficial que clarifique estos aspectos, más allá de un listado general de requisitos.

Cabe destacar que la remoción de tierra en zonas de ladera, especialmente en ecosistemas tan frágiles como los del Caribe Sur, puede tener consecuencias ambientales graves. Entre ellas se incluyen el aumento de la erosión, la pérdida de cobertura vegetal, la afectación de acuíferos y un incremento en el riesgo de deslizamientos, afectando tanto a la biodiversidad como a la seguridad de las comunidades humanas.

Por estas razones, resulta fundamental que las autoridades correspondientes realicen un abordaje riguroso, transparente y preventivo, garantizando el cumplimiento de la normativa ambiental y minera, en resguardo de los bienes comunes y de la estabilidad ecológica de la región.

Impactos de la extracción de tierra en la flora y fauna de ecosistemas frágiles

La extracción de tierra en lomas y montañas genera una serie de impactos significativos sobre la flora y fauna local, afectando particularmente ecosistemas frágiles como los del Caribe Sur de Costa Rica. La remoción de grandes volúmenes de suelo altera profundamente los procesos ecológicos que sostienen la vida en estos territorios.

Uno de los principales efectos es la destrucción directa de la cobertura vegetal. La remoción de árboles, arbustos y otras plantas elimina especies de importancia ecológica y destruye hábitats esenciales para aves, mamíferos, insectos y reptiles. Esta pérdida de vegetación expone el suelo a la erosión, lo que puede degradar fuentes de agua cercanas y fragmentar corredores biológicos vitales.

Además, el ruido y la vibración ocasionados por maquinaria pesada perturban a la fauna silvestre, alterando sus patrones de comportamiento, desplazando a especies sensibles y afectando sus ciclos de reproducción y alimentación. Muchas especies locales, algunas endémicas o en riesgo de extinción, dependen de condiciones específicas de humedad, temperatura y cobertura, las cuales son alteradas significativamente por la actividad extractiva.

La fragmentación del hábitat representa otro efecto grave. La apertura de caminos y la remoción de tierra intensiva crean barreras físicas que dificultan el desplazamiento de los animales, reducen el acceso a fuentes de alimento y agua, y limitan las posibilidades de intercambio genético entre poblaciones, comprometiendo la biodiversidad a largo plazo.

Finalmente, la alteración de los patrones hidrológicos como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal puede modificar el curso natural de quebradas y nacientes, afectando no solo a las especies acuáticas, sino también a toda la cadena ecológica que depende del acceso a agua limpia y continua.

En suma, la extracción de tierra en zonas de ladera compromete la estabilidad ecológica de los ecosistemas, afectando no solo a la biodiversidad inmediata, sino también a los servicios ambientales esenciales que sustentan la calidad de vida de las comunidades humanas cercanas. Por ello, es fundamental que estas actividades sean sometidas a controles ambientales rigurosos y que se privilegien alternativas que minimicen el daño a los ecosistemas naturales.

Algunas de las especies que habitan esta zona y que han sido captadas por las personas vecinas desde sus patios

Cuadro informativo para diferenciar los tipos de concesión

Aspecto	Extracción en río (OMA – Materiales de arrastre)	Extracción en loma/montaña (tierra sólida)
Tipo de material	Materiales sueltos: arena, grava, piedras de cauces de ríos o quebradas.	Tierra, tosca, arcilla, material de laderas, suelos consolidados.
Permiso	Permiso especial para materiales de arrastre. Se tramita como concesión en cauce público. Requiere derecho de uso municipal.	Concesión minera de explotación (sobre tierra firme). Implica inscripción del área en el Registro Nacional y requiere propiedad o consentimiento del dueño.
Autoridades involucradas	Dirección de Geología y Minas (DGM) + Municipalidad (permiso de uso de cauce).	DGM + Municipalidad (uso de suelo) + SETENA (viabilidad ambiental formal).
Proceso	Más sencillo: solicitud en DGM + aval de Municipalidad + posible evaluación ambiental básica.	Más complejo: solicitud formal de concesión minera, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), certificación de uso de suelo, publicación de edictos, análisis técnico profundo.
Trámite ambiental	En muchos casos basta un formulario D1 ante SETENA.	Normalmente es obligatorio presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo.
Tiempos de tramitación	Puede resolverse en varios meses si toda la documentación está completa.	Puede tardar más de un año debido a estudios, audiencias y trámites ante SETENA.
Restricciones comunes	No extraer cerca de nacientes, quebradas protegidas o zonas vulnerables.	Prohibido en áreas de conservación, zonas de recarga acuífera o terrenos con alta pendiente sin medidas de control de erosión.
Fiscalización	Inspecciones periódicas de DGM y SETENA, pero menos intensas.	Fiscalización constante, reportes periódicos de cumplimiento ambiental y visitas de control.
Reforestación/Restauración	No siempre exigida si es en cauces activos.	Obligatoria: presentar plan de restauración de suelos y reforestación después de la explotación.

¿Por qué importa?

Aunque los casos específicos pueden variar, preocupa que buena parte del material extraído de laderas y montañas en la región esté siendo utilizado para el relleno de humedales en el Caribe Sur. Esta práctica no solo contribuye a la pérdida de ecosistemas vitales, sino que también profundiza los impactos ecológicos derivados de actividades extractivas poco reguladas. En zonas con alta fragilidad ambiental, como esta región, la alteración de terrenos naturales y el uso de suelos removidos para modificar humedales representan una amenaza directa a la biodiversidad, al equilibrio hidrológico y a la seguridad territorial de las comunidades locales.

De ecosistemas vivos a lotes vacíos: la transformación del Caribe Sur

abril 29, 2025

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En el Caribe Sur de Costa Rica, se está gestando un proceso alarmante de transformación territorial que amenaza profundamente los ecosistemas locales y las formas de vida tradicionales. La dinámica que se observa combina la obtención de permisos de uso de suelo de procedencia cuestionable, la extracción intensiva de recursos maderables y la expansión acelerada de proyectos urbanísticos.

El procedimiento suele repetirse: primero se consigue un permiso, muchas veces bajo argumentos débiles o con interpretaciones laxas de la normativa ambiental. A partir de ahí, se talan los árboles más valiosos, se retira toda la madera de interés comercial, y posteriormente se interviene el terreno con maquinaria pesada. Se eliminan los árboles jóvenes, se rellena el área —muchas veces afectando humedales, corredores biológicos y áreas de conservación—, y finalmente el terreno se divide y lotea para la venta inmobiliaria.

Este modelo de ocupación y urbanización no es aislado ni casual. Se reproduce sistemáticamente en distintos puntos del Caribe Sur, desde zonas de alta biodiversidad hasta áreas rurales antes dedicadas a pequeños usos agrícolas. El patrón que se impone responde a una lógica de mercado que prioriza la especulación inmobiliaria y el turismo de lujo sobre cualquier consideración ambiental o social.

Las implicaciones de este proceso son profundas: la pérdida de cobertura forestal, la fragmentación de hábitats, la alteración de los ciclos hidrológicos y la creciente presión sobre las comunidades locales. Además, se consolida un modelo de desarrollo excluyente, que favorece a grandes inversionistas y marginaliza a las poblaciones que tradicionalmente han habitado y protegido estos territorios.

Esta discusión va mucho más allá de estar “a favor” o “en contra” del turismo. El problema central radica en el impacto profundo que este modelo de urbanización descontrolada tiene sobre las condiciones ecosistémicas de una región que ya de por sí es altamente vulnerable. El Caribe Sur alberga ecosistemas frágiles, donde pequeños cambios en el uso del suelo pueden desencadenar desequilibrios mayores: afectación de humedales, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, alteraciones en los flujos de agua y mayor exposición a eventos extremos como inundaciones. No se trata de oponerse al desarrollo o al turismo per se, sino de evidenciar cómo, bajo una lógica de especulación inmobiliaria y extractivismo encubierto, se está comprometiendo de manera irreversible la integridad ecológica y la resiliencia futura de toda la región.

Reconocer y nombrar este proceso es fundamental. No se trata solo de “nuevos lotes” o “nuevos desarrollos”; es la profundización de un modelo que subordina la vida, la biodiversidad y el tejido comunitario a la lógica del mercado y la ganancia rápida. Urge visibilizar lo que está ocurriendo en el Caribe Sur y abrir espacios de resistencia y reflexión crítica para defender un territorio que aún guarda una inmensa riqueza natural y cultural, pero que hoy está en grave riesgo.

Este artículo se nutre del trabajo incansable y las reflexiones de Philippe Vangoidsenhoven, quien durante más de veinte años ha ejercido una labor constante de vigilancia, documentación y denuncia ambiental en el Caribe Sur. Gracias a su compromiso ético y a su profunda conexión con el territorio, ha sido posible visibilizar procesos de destrucción ecológica que muchas veces permanecen ocultos o minimizados. Su trayectoria es un testimonio de resistencia y de defensa activa de los bienes comunes, en un contexto donde la presión inmobiliaria y la laxitud de las autoridades amenazan con transformar irreversiblemente la riqueza natural y cultural de la región.

El proceso de transformación ambiental para fines inmobiliarios sigue un patrón que, aunque varía en sus detalles, tiende a repetirse en muchas zonas. A continuación, se expone una secuencia generalizada de etapas que caracterizan este tipo de intervención, desde la obtención inicial de permisos hasta la conversión final del territorio en lotes para venta.

Obtención del permiso: Se gestiona un permiso, a menudo con argumentos débiles o interpretaciones flexibles de la normativa ambiental.

Extracción de recursos: Se talan los árboles valiosos y se extrae la madera con interés comercial.

Intervención del terreno: Se utiliza maquinaria pesada para modificar el terreno, eliminando árboles jóvenes y alterando ecosistemas sensibles.

Transformación del uso del suelo: Se rellena el área, incluso en zonas ambientalmente protegidas.

Loteo y venta: El terreno se divide en lotes y se destina a la venta inmobiliaria.

Tácticas comunes de flexibilización de normas ambientales en procesos de urbanización descontrolada

El avance de desarrollos urbanísticos en regiones ecológicamente sensibles, como el Caribe Sur de Costa Rica, suele apoyarse en tácticas sistemáticas de debilitamiento de la normativa ambiental y de los mecanismos de control público. Entre las prácticas más comunes destacan:

Fraccionamiento fraudulento de terrenos: Un gran lote es subdividido en pequeñas parcelas para evitar la aplicación de regulaciones más estrictas que se imponen a proyectos mayores. Al presentar los desarrollos como iniciativas pequeñas e individuales, se diluyen los requisitos de evaluación de impacto ambiental.
Solicitudes de permisos fragmentados: En lugar de presentar el proyecto de urbanización completo, los promotores ingresan múltiples solicitudes menores, a veces en distintos momentos, para sortear umbrales regulatorios que exigen estudios de impacto ambiental o consultas comunitarias.
Recalificación inconsistente del uso del suelo: A través de gestiones poco transparentes ante municipalidades, zonas que estaban destinadas a conservación o uso agrícola son reetiquetadas como áreas urbanizables, sin evaluaciones técnicas adecuadas ni participación ciudadana efectiva.

Permisos de tala bajo excusas agronómicas: Se obtienen permisos para «mejoramiento de cultivos» o «prevención de plagas», que en la práctica permiten talar extensas áreas de bosque secundario o vegetación de protección, abriendo el camino para futuras urbanizaciones.
Omisión o debilitamiento de estudios técnicos: Muchas veces los estudios de impacto ambiental son elaborados de forma superficial, sin trabajo de campo real o minimizando deliberadamente los riesgos ecológicos. Incluso se contratan consultorías que operan en clara connivencia con los desarrolladores.
Uso de «permisos vencidos» o «no actualizados»: Se utilizan autorizaciones antiguas, emitidas bajo condiciones ambientales y normativas diferentes, para legitimar obras nuevas en contextos donde la situación ecológica actual exigiría medidas de protección más estrictas.

Estas tácticas no son casos aislados, sino prácticas que forman parte de un patrón de flexibilización normativa que beneficia a intereses privados a corto plazo, a costa de la destrucción de ecosistemas y del deterioro de los bienes comunes. Su existencia muestra que el problema no solo es la debilidad de las leyes, sino también la falta de voluntad política para hacerlas cumplir y proteger verdaderamente el patrimonio ambiental.

Galería: Tala, urbanización y transformación del paisaje en el Caribe Sur

Esta galería reúne una serie de imágenes tomadas en distintos puntos del Caribe Sur —Cahuita, Hone Creek, Punta Uva y Playa Negra— que ilustran las múltiples formas en que la tala de árboles se articula con procesos de urbanización acelerada. Cada fotografía documenta momentos clave de este fenómeno: desde la extracción de madera y el uso de maquinaria pesada, hasta la fragmentación de terrenos y la apertura de nuevos caminos para futuros desarrollos inmobiliarios.

Las imágenes son resultado del trabajo de documentación de Philippe Vangoidsenhoven, quien por más de dos décadas ha dedicado su esfuerzo a observar, registrar y denunciar las transformaciones ambientales en esta región. A través de su mirada atenta, esta galería permite evidenciar no solo los impactos visibles sobre los ecosistemas locales, sino también la lógica subyacente de un modelo de ocupación territorial que prioriza el beneficio económico inmediato sobre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades.

Cada caso presentado en la galería constituye una pieza más en el rompecabezas de un proceso más amplio de degradación ecológica, que amenaza con cambiar irreversiblemente el carácter del Caribe Sur. Invitamos a recorrer estas imágenes no solo como un registro gráfico, sino como un llamado urgente a la reflexión y a la acción.

Caso en Cahuita

Caso Hone Creek

Caso en Playa Negra

Caso Punta Uva

Caso Puerto Viejo

Retén Tuba Creek

Tránsito de camiones

Nota: Todas las imágenes y videos incluidos en este documento son de carácter ilustrativo. Su propósito es ofrecer una idea general del contexto y de las situaciones que pueden implicar este tipo de actividades extractivas. No representan casos específicos ni deben interpretarse como evidencia directa de hechos concretos.

Voces por el ambiente ¿Qué estamos haciendo?

abril 29, 2025

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Por el agua y la vida | Picnic en el río 2025

En este video compartimos una serie de entrevistas con personas lideresas de distintas organizaciones que nos hablan sobre su trabajo en defensa del territorio, el agua y la vida. A través de sus voces, conocemos los desafíos socioambientales que enfrentan en sus comunidades, así como las estrategias que impulsan desde la organización colectiva.

Estas entrevistas fueron realizadas durante la actividad Picnic en el río, el pasado 12 de abril de 2025, un espacio de encuentro y reflexión organizado por el Observatorio del Agua Quebrada Barreal, el Comité de Ecología Integral de la Parroquia de Moravia y la Municipalidad de Moravia. Se trata de esfuerzos que se desarrollan en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, donde también se levantan luchas en defensa de los bienes comunes y el derecho a un ambiente sano.

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Philippe Vangoidsenhoven: veinte años defendiendo el Caribe costarricense

abril 28, 2025

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El pasado 22 de marzo, en conmemoración del Día de la Tierra, se llevó a cabo el acto de Reconocimiento a Personas Defensoras del Ambiente, actividad organizada conjuntamente por el Programa Kioscos Socioambientales, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la Universidad Bíblica Latinoamericana.
La profundización de los modelos económicos extractivistas y de despojo ha generado graves conflictos socioambientales, al afectar las bases materiales y simbólicas que sostienen la vida en las comunidades. Según el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas), desde 2012 se han documentado más de 3,700 conflictos ambientales en el mundo, una cuarta parte de ellos en América Latina.

Reconocer a quienes defienden el ambiente es un acto urgente y necesario: estas personas protegen ecosistemas y derechos humanos fundamentales, pero enfrentan criminalización, violencia y hasta la muerte por su labor. Global Witness señala que América Latina es la región más peligrosa para los activistas ambientales, con más de 500 asesinatos en la última década. Costa Rica no es la excepción: muchas personas defensoras son víctimas de agresiones físicas, amenazas y daños a su patrimonio por defender bosques, ríos, mares y territorios.

En este contexto, compartimos la voz de Felipe Vangoidsenhoven, reconocido durante esta actividad, quien nos relata desde su experiencia en el Caribe Sur los riesgos, resistencias y la importancia de la defensa de la naturaleza como tarea colectiva e imprescindible.

¿Quién eres, de dónde vienes? ¿Cómo llegaste al Caribe Sur?
Mi nombre es Vangoidsenhoven Philippe, acá me conocen como Felipe. Siempre he sido amante de la Naturaleza, me interesa mucho. Decidí salir de Bélgica para mudarme a un país con Naturaleza tropical y por eso escogí Costa Rica, porque en toda la información que encontraba decía que era un país que protege su Naturaleza y era bastante seguro para vivir. Viví dos años en San José hasta que una noche me robaron mi carro, y eso fue la señal de que tenía que moverme.

¿Cómo llegaste a convertirte en defensor ambiental?
Gracias a una amistad conseguí un trabajo en Manzanillo como jefe de mantenimiento y jefe de los guías de canopy. Después de trabajar un año en este hotel, logré alquilar cabinas en el centro de Puerto Viejo por tres años. Fue ahí que varias personas se me acercaron y me introdujeron en la lucha ambiental.

¿Qué tipos de amenazas o riesgos has enfrentado en tu labor?
Hablando de amenazas, la lista es larga. Va desde gritos de “sapo, vuelve a tu país, “carepicha”, etc., hasta agresiones físicas. Mataron a cuatro perros, tiraron piedras hacia mi carro, en dos ocasiones quebraron los parabrisas y dejaron el carro golpeado, además de que me quebraron el hueso del dedo gordo. En dos ocasiones casi lograron matarme. Han llegado a mi finca para amenazarme; un maderero entró varias veces y causó daños. Es bastante peligroso denunciar daños ambientales.

¿Cómo afecta esta situación en lo personal y en lo colectivo a las personas defensoras?
Se genera una gran cantidad de enemigos, lo cual afecta mi negocio. Uno pierde cualquier cantidad de clientes y dinero. Van a hacer lo imposible para hacerte la vida miserable. ¡La muni me declaró persona non grata!

¿Consideras que el Estado costarricense reconoce adecuadamente el papel de las personas defensoras ambientales?
No, el Estado de Costa Rica no reconoce el trabajo que hacemos los defensores de nuestra Madre Naturaleza. Me recuerdo que el expresidente Luis Solís dijo abiertamente que iban a llenar la costa del Caribe Sur con hoteles y casas de lujo. Mira el ejemplo de la finca de Pacheco Dent, con el ministro de MINAE y el mismo presidente defendiendo ese desastre.

¿Qué mecanismos de protección existen? ¿Son suficientes y accesibles?
No existen mecanismos de protección. Si quieres protección, como me lo han ofrecido, te sacan de la zona para esconderte en otro lado de Costa Rica. Lo mejor que puedes hacer es protegerte con arma de fuego, gas pimienta y, sobre todo, tener cámaras por todos lados para tener evidencia en caso de agresión.

¿Qué cambios urgentes crees que deberían impulsarse desde las instituciones públicas?
Primero que todo, necesitamos funcionarios del MINAE que verdaderamente cumplan con sus deberes, por los cuales son pagados. Ahorita no tenemos control ni apoyo por parte del MINAE. Más bien, estos funcionarios corruptos favorecen a los destructores. Y si un funcionario quiere hacer su trabajo… ¡lo envían a otro sitio!

¿Qué significa para vos recibir este reconocimiento a tu trayectoria?
El reconocimiento es, por supuesto, más que bienvenido. En estos 20 años de lucha, he recibido un reconocimiento por parte de Bloque Verde y ahora este. El reconocimiento es como una energía extra, es como recargar las baterías, es una motivación para seguir la lucha.

¿Qué mensaje considerás importante transmitir a las personas a partir de este contexto que nos has dado?
Llamo a más participación ciudadana en la labor de vigilancia del medio ambiente. Que llamen al 911 o a mí directamente. ¡Necesitamos más ojos en la zona! Sin vigilancia, vamos a perder todo.

Si no existieran personas defensoras ambientales como vos, y todo dependiera únicamente de las instituciones de protección ambiental, ¿cómo creés que sería la historia?
Muy sencillo: destruirían toda la zona. Si hoy día cuesta tanto parar un daño ambiental, imagínese si no hay control alguno. Y los funcionarios del MINAE no ayudan, más bien son la causa principal de este problema, junto con la municipalidad.

Nuevo Cuaderno de Estudio: ¿Universidad pública, bien de consumo o bien para la vida?

abril 28, 2025

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En medio de una coyuntura de crisis de sentido en la Universidad de Costa Rica —marcada por la desorientación de sus autoridades y el avance de lógicas de mercado en la educación superior—, surge una pregunta urgente: ¿para qué, para quién y desde dónde construimos la universidad pública?

Inspirado en las ideas de Paulo Freire, educador brasileño que concibió la educación como un acto de libertad y transformación social, y de Carlos Rodrigues Brandão, antropólogo y educador popular comprometido con los procesos de emancipación cultural, el Observatorio de Bienes Comunes presenta el Cuaderno de Estudio 4: ¿Universidad pública: bien de consumo o bien para la vida?

A través de cuatro ejes —universidad y cultura, educación como bien común, pedagogía del diálogo y universidad popular—, nos invita a recuperar el sentido colectivo, democrático y emancipador de la universidad pública.

Descargalo aquí y sumate a imaginar y construir, desde abajo, una universidad para la vida.

La tala sin freno amenaza la vida en el Caribe Sur

abril 27, 2025

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Este fin de semana, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven reportó que, en la calle principal camino a Punta Riel, en el Caribe Sur costarricense, se detectó un camión sin placas cargado con tucas de madera. En el material audiovisual disponible, se observa también la draga utilizada para cargar el furgón, así como la presencia de varios vehículos que, según señala Vangoidsenhoven, «podemos presumir que son los encargados de este desastre». El defensor enfatizó: «Es una barbaridad, y ahora está calmado, imagínese. Hay que hacer algo sobre eso».

Este hallazgo evidencia la intensificación de prácticas de tala, tanto bajo permisos cuestionables como de forma completamente ilegal. La situación se da en un contexto preocupante de extracción forestal descontrolada, mientras las instituciones responsables parecen actuar de manera omisa o desbordada ante el volumen de casos.

El uso de vehículos sin placa es una estrategia común entre los grupos dedicados a la tala ilegal: impide rastrear la propiedad del vehículo, complica las investigaciones judiciales y reduce las posibilidades de sanción. Sin embargo, esta no es la única práctica irregular. También se reportan permisos forestales tramitados con información falsa, movilización de madera fuera de los horarios permitidos, tala encubierta bajo proyectos agrícolas o de infraestructura, y el uso de rutas clandestinas para el transporte de madera.

Vangoidsenhoven agregó que anteriormente se habían decomisado 11 furgones de madera en la zona de Tuba Creek, advirtiendo que el patrón de operación continúa: «Ellos tienen que seguir hacia Limón para procesar la madera, deben ir a un lugar específico que tiene permisos y todo eso. Allí tiene que pasar por el control de puesto. Vamos a ver si los van a parar. La policía los tiene que revisar y comunicarse inmediatamente con la Fiscalía ambiental». No obstante, advirtió sobre una grave limitación: «La policía no está entrenada para ese tipo de cosas. Lo que sucede es que les enseñan cualquier papel y vámonos».

La legislación costarricense, a través de la Ley Forestal N° 7575, establece que toda extracción, transporte y comercialización de productos forestales debe contar con permisos debidamente otorgados, y que el transporte debe hacerse en vehículos identificables, con guías de transporte en regla. El uso de camiones sin placas constituye una infracción a la Ley de Tránsito (Ley N° 9078) y una falta grave en materia ambiental, susceptible de sanciones administrativas y penales. Además, el Código Penal castiga los delitos contra los recursos naturales en su artículo 50 y siguientes.

La situación en el Caribe Sur exige acciones urgentes. No sólo está en riesgo el patrimonio natural, sino también los medios de vida locales, la biodiversidad y los esfuerzos de conservación comunitaria. La situación evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ambientales, judiciales y municipales para contener la ilegalidad y proteger los bosques del Caribe Sur.

Esta nota se realizó con el apoyo del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, cuyo compromiso con la protección del Caribe Sur ha sido fundamental para visibilizar estas denuncias.

Aspectos a considerar sobre la tala ilegal

Ley Forestal N° 7575 (art. 38 y 46): Toda tala debe contar con permisos otorgados por el SINAC. El transporte de madera requiere una Guía de Transporte Forestal y vehículos plenamente identificados.
Ley de Tránsito N° 9078 (art. 98): Circular sin placas es una infracción gravísima, sancionada con multa y decomiso del vehículo.
Código Penal (art. 385): La extracción ilegal de productos forestales puede ser castigada con penas de prisión de 1 a 3 años.
Prácticas ilegales frecuentes:
- Uso de camiones sin placa o con placas falsas.
- Tala en propiedades ajenas o territorios indígenas sin autorización.
- Transporte nocturno para evadir controles.
- Alteración de documentos para legalizar madera extraída ilícitamente.
Impacto ambiental:
- Pérdida acelerada de biodiversidad.
- Aumento de la erosión y degradación del suelo.
- Alteración de fuentes de agua y afectación a las comunidades locales.

¿Qué significa resistir en el campo cuando la justicia no llega? Conversamos con Mariano Zúñiga

abril 25, 2025

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En esta nueva entrega del Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP-UCR, visitamos la finca Dos Ríos y conversamos con don Mariano Zúñiga Pérez, presidente de la Asociación de Productores de la finca Dos Ríos El Camaroncito. Su testimonio es una radiografía cruda y honesta de lo que implica habitar y sostener la vida en territorios donde las instituciones fallan, donde el acceso al agua, a caminos dignos y a la seguridad jurídica son una lucha diaria.

Con serenidad, pero con firmeza, don Mariano nos habla de años de gestiones sin respuesta, de la paciencia activa de quienes siguen sembrando y cuidando la tierra mientras esperan justicia.

🎧 Escuchá esta conversación y acompañanos a sentir y entender los saberes y resistencias que florecen en medio de la adversidad.

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Tala innecesaria en bosque de Puerto Viejo: una decisión judicial desproporcionada

abril 25, 2025

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Vecinos del centro de Puerto Viejo advierten sobre una preocupante intervención en un pequeño bosque ubicado cerca de la calle del Gueto, dentro de una propiedad vinculada a Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una vecina de la zona, tras sufrir la caída de un árbol sobre su vivienda, presentó una demanda solicitando la tala de dos árboles específicos que representan un peligro evidente. Sin embargo, el caso ha derivado en una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del sistema judicial.

Según indicó un ingeniero del AyA que inspeccionó recientemente el sitio, existe una orden judicial para talar el bosque más allá de los árboles señalados, en lo que parece ser una interpretación errónea o arbitraria de la solicitud original. Esta decisión, tomada sin considerar la particularidad del ecosistema local ni el criterio técnico especializado, representa un grave exceso de atribuciones por parte del juez.

Es preocupante que resoluciones de este tipo se dicten de manera tan generalizada y sin un análisis contextual. El bosque en cuestión, aunque pequeño, forma parte de un corredor ecológico, provee servicios ambientales importantes y es parte del paisaje que la comunidad desea conservar. Resolver a ciegas, sin conocer el territorio ni escuchar adecuadamente a las partes involucradas, refleja una desconexión institucional que puede tener consecuencias irreversibles sobre el entorno natural.

Las personas vecinas de la comunidad hacen un llamado urgente a las autoridades, organizaciones ambientales y a la ciudadanía en general para que ejerzan presión y detengan esta acción innecesaria e inconsulta. La comunidad no ha solicitado la destrucción de un ecosistema, sino la atención a un riesgo puntual con sensatez y responsabilidad.

El defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven realizó una visita al lugar para documentar la situación actual del bosque. A través de una serie de fotografías, se puede observar el estado del ecosistema y la dimensión del impacto.

Después de su visita, nos comparte su apreciación: “Esta mañana fui al lugar e hice una documentación fotográfica del terreno donde están talando los árboles. Aunque dicen que solo están cortando las copas, en realidad están eliminando casi una tercera parte del árbol, y en algunos casos dejan apenas el tronco, lo cual está prohibido. Es importante que se sepa que esta área forma parte del terreno destinado a la planta de tratamiento de aguas negras. Conozco bien ese lugar porque en varias ocasiones he ido a observarlo, ya que tenía entendido que ahí mismo se planeaba construir dicha planta.”

Estos videos forman parte de los registros realizados por Philippe durante su visita al lugar, con el propósito de verificar y documentar los daños ocasionados.

Fotografías

Vicios frecuentes en decisiones judiciales sobre manejo de árboles y ecosistemas

En múltiples territorios del país, las acciones judiciales relacionadas con el derribo de árboles o el manejo de vegetación en zonas habitadas se han caracterizado por una serie de prácticas que resultan altamente problemáticas desde el enfoque ambiental y comunitario.

Uno de los principales vicios es la falta de precisión técnica en las resoluciones: las órdenes de corta suelen basarse en informes verbales o descripciones generales, sin delimitar claramente los árboles que deben ser intervenidos, lo que deja margen para interpretaciones amplias y, en algunos casos, tala excesiva. Esto se agrava cuando las ejecuciones no cuentan con un plan de manejo ambiental ni con supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes.

Otro aspecto crítico es la celeridad con que se autorizan las talas en nombre de la seguridad, mientras que los procesos para proteger ecosistemas, frenar intervenciones ilegales o restaurar áreas degradadas suelen enfrentar lentitud, trabas burocráticas o desinterés institucional. Esta asimetría revela una orientación que prioriza la eliminación de riesgos visibles, pero minimiza o ignora los valores ecológicos y culturales de los territorios.

Además, muchas de estas decisiones se toman sin participación efectiva de las comunidades, y sin considerar los saberes locales ni los contextos socioecológicos. Esto refuerza una lógica tecnocrática y centralista que deslegitima la voz de quienes habitan y defienden los territorios.

En lugar de aplicar soluciones desproporcionadas que pueden provocar más daño que beneficio, es urgente promover mecanismos de evaluación rigurosa, participación comunitaria vinculante y enfoques integrales que conjuguen la seguridad con la conservación ambiental.

La paradoja de la justicia ambiental: rapidez para destruir, lentitud para proteger

Esta situación revela una contradicción cada vez más evidente en la forma en que opera el sistema judicial frente a los temas ambientales. Cuando se trata de autorizar talas, construcciones o acciones que implican la degradación de ecosistemas, las resoluciones parecen fluir con sorprendente agilidad. En este caso, una solicitud puntual para mitigar un riesgo terminó en una orden para arrasar con un bosque entero, sin estudios ambientales, sin participación comunitaria, y con una ejecución inmediata.

En contraste, cuando las comunidades exigen medidas para proteger territorios, frenar actividades ilegales o garantizar el resguardo de bienes naturales comunes, los procesos suelen dilatarse, se exigen pruebas técnicas complejas, y rara vez se dictan medidas cautelares con la misma urgencia. Esta disparidad refleja una preocupante orientación institucional que favorece la intervención y la desprotección por encima de la precaución y la conservación.

Si la justicia actúa con tanto ímpetu para destruir, debería al menos mostrar el mismo compromiso para proteger. La comunidad de Puerto Viejo no puede aceptar que decisiones tan serias y con impactos irreversibles se tomen sin diálogo, sin comprensión del territorio, y sin respeto por el entorno natural que nos sostiene.

La importancia de la conservación del bosque y la diferencia entre la tala selectiva y la tala total

Los bosques urbanos y periurbanos cumplen una función ecológica esencial, no solo como espacios de recreación para las comunidades, sino como reguladores del clima, del ciclo del agua y hábitats para diversas especies. Sin embargo, cuando se presentan riesgos relacionados con árboles deteriorados o peligrosos, se deben tomar decisiones de manejo que garanticen la seguridad sin comprometer el ecosistema.

La tala selectiva o controlada es una intervención puntual y cuidadosamente planificada, que se realiza con el objetivo de eliminar árboles que están deteriorados o que representan un peligro inmediato para la seguridad de las personas o propiedades. Este tipo de intervención, cuando se realiza correctamente, minimiza el impacto ambiental, preservando la biodiversidad y las funciones ecológicas del bosque, como la regulación de la temperatura, la humedad, y la protección del suelo y los cuerpos de agua.

Por otro lado, la tala total o poda masiva de un bosque es una intervención destructiva que elimina grandes áreas de vegetación sin tener en cuenta las particularidades del ecosistema. Este tipo de acción no solo destruye el hábitat de muchas especies, sino que altera el equilibrio ecológico, afectando los corredores biológicos y la capacidad del bosque para regular el clima y el ciclo del agua. Además, una tala masiva pone en riesgo la biodiversidad local y puede tener efectos irreversibles en el ecosistema a corto y largo plazo.

Por tanto, es fundamental que las decisiones relacionadas con el manejo de los bosques y los árboles sean tomadas con conocimiento del territorio y en diálogo con las comunidades. No es lo mismo cortar un árbol deteriorado por razones de seguridad, que talar un bosque entero sin justificación ni necesidad, lo cual puede tener consecuencias graves y duraderas para el ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Donde nadie una historia de indignación Conversamos con Carlos Villalobos

abril 25, 2025

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En este episodio de Sentires y Saberes conversamos con Carlos Villalobos, autor de la novela Donde nadie, una obra que da voz a las víctimas del nemagón, el agroquímico que marcó trágicamente la vida de muchas personas trabajadoras bananeras y sus familias. Hablamos sobre la injusticia social detrás de esta historia silenciada, la fragmentación de la memoria colectiva y el poder de la literatura para rescatar estos relatos del olvido y ponerlos en el centro del debate nacional.

El nemagón, cuyo nombre químico es dibromocloropropano (DBCP), fue utilizado ampliamente entre las décadas de 1960 y 1980 en plantaciones bananeras de América Latina, incluido Costa Rica. Aunque su uso fue prohibido en Estados Unidos en 1979 por los graves efectos en la salud de las personas trabajadoras agrícolas, continuó siendo aplicado en el sur global, afectando a miles de personas en Nicaragua, Honduras, Filipinas y también en las regiones bananeras costarricenses. En Costa Rica, se ha documentado que el nemagón causó infertilidad, cáncer, enfermedades dermatológicas y daños neurológicos, generando una tragedia sanitaria y ambiental de largo plazo.

A pesar de las múltiples denuncias y luchas judiciales, las víctimas del nemagón en Costa Rica enfrentaron un prolongado proceso de invisibilización y desamparo institucional. Muchas de ellas han muerto sin obtener justicia ni reparación, mientras sus historias apenas han sido reconocidas en los relatos oficiales. En ese contexto, la novela de Villalobos adquiere una profunda relevancia ética y política: no solo narra lo ocurrido desde las voces de quienes sufrieron directamente, sino que interpela a una sociedad que ha preferido olvidar.

Este episodio es una invitación a conocer una parte dolorosa de nuestra historia reciente, a escuchar lo que por mucho tiempo se ha callado y a reflexionar sobre las responsabilidades que persisten tanto en el presente como en el futuro. La literatura, en este caso, se convierte en un acto de memoria y resistencia.