Conozca más sobre el observatorio de bienes comunes del Programa Kioscos Socio-ambientales- CIEP
¿Cuál pandemia? Extractivismos recargados
“Las raciones fueron nuevamente reducidas para economizar petróleo. Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y, en realidad, aumentaban de peso.” George Orwell - Rebelión en la Granja
Por Luis Andrés Sanabria Zaniboni/Observatorio de Bienes Comunes
2 septiembre, 2020
En los últimos meses a raíz de las medidas económicas tomadas y no tomadas por el Gobierno ante la pandemia, hemos visto deterioradas las condiciones socioeconómicas de una gran parte de la población, agudizando las desigualdades de nuestra sociedad; pero como era de esperar algunos sectores no han sido impactados de la misma manera, entre ellos la industria extractiva. Podemos preguntarnos: ¿a qué tipo de cuarentena se han sujetado?
Lo primero que pensamos es: ¿qué son los extractivismos? Estos son parte de un modelo socioeconómico, productivo y político que se basa en la extracción de los bienes naturales (principalmente) con el fin de obtener materias primas con poco valor agregado y procesamiento sensibles a ser vendidas en los mercados. Para ello diversos actores sociales procuran facilitar su operación mediante exoneración fiscal, para optimizar sus ganancias. Entre algunas actividades están las conocidas tradicionalmente como la minería o exploración petrolera, pero en Costa Rica con más intensidad está la agroindustria a través de los monocultivos (piña, azúcar, banano, palma africana) o megaproyectos.
Estas actividades tienen profundas secuelas en nuestro país, su creciente intensidad y extensión ha impactado de forma irreversible en las comunidades y los ecosistemas. El uso indiscriminado de agroquímicos nocivos para la vida humana y el ambiente, así como la necesaria deforestación para su desarrollo son muestras de sus “externalidades en el agotamiento de los bienes naturales”.
Con la llegada del COVID-19 se mostró cómo los sectores extractivistas miraban para otro lado, y las autoridades refrendaron esto. Amparados en la “necesidad” de resguardar la economía, las implicaciones del “martillo y el baile” se diferenciaron entre lo urbano y rural, en uno se corre por cumplir con el cierre, pero en otros continúa el baile de la indiferencia y la explotación.
Si quisiéramos caracterizar las desigualdades presentes en el país, basta con retratar la división del trabajo y su manifestación a través de la clase y el género, cómo se entrelazan para mostrarnos a los perdedores y ganadores, donde el migrante o el pobre viven en carne propia las violencias de una actividad económica que no puede parar. Pero la acumulación de la riqueza sigue estando en manos de esas empresas opacas, casi ausentes hasta para tributar.
Pero su actividad no se mide solamente por su producción, sino también en las capacidades que generan para modificar a su favor las condiciones mediante las que operan. Por ejemplo, desde las cámaras empresariales hemos visto deseos expresos de una desregulación de la legislación ambiental (estudios de impacto ambiental, requisitos y otros) para hacerla más “amigable” con los negocios. Usando la excusa del ingreso en la OCDE se quiere modificar reglamentos para facilitar la introducción de paquetes tecnológicos que sirven de insumos a la producción agroindustrial, pero en definitiva son más agroquímicos, algunos restringidos en muchos países; pero también algunos reglamentos sobre las condiciones laborales de las personas, apostando a una normalización “legal” de la precarización a la que están expuestas.
¿Por qué hablar de esto? Porque les ha ido tan bien que son “punta de lanza” de la reactivación económica, coronados con el discurso presidencial con su apuesta al cultivo del cáñamo (monocultivo), pero también dio espacio para retomar las intenciones de algunos sectores por activar la minería de oro o la exploración petrolera, antes detenidas por decretos y leyes, pero hoy se perfilan como moneda de cambio en la política nacional. Es así como estamos siendo testigos que estos extractivismos sin cuarentena deterioran nuestro ambiente y atizan la desigualdad política y económica en el país.
Imagen carácter ilustrativo toma de Wikipedia
Fuente: Semanario Universidad
Primer boletín del Observatorio de Bienes Comunes
El pasado mes de julio, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe titulado “El Futuro de la Naturaleza y los Negocios”, en este informe se exponen desde su perspectiva algunas de las amenazas que enfrenta el planeta, pero también procura proponer alternativas que permitan minimizar las actuales condiciones de vulnerabilidad que afectan los ecosistemas, además su análisis se enmarca en las graves consecuencias de la Pandemia del COVID19.
¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?
El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes. Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.
Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.
El agua se declaró como derecho humano en la Constitución Política de Costa Rica, pero ¿qué significa eso?
El pasado 9 de marzo de 2020 se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21.382 que planteaba una reforma constitucional en la cual se agrega un párrafo que señala lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Compartimos las siguientes infografías acerca del tema.
Esta información es parte del trabajo del Observatorio de Acciones Colectivas del IIS y el Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales.
Son dos infografías que procuran problematizar los desafíos que significan la declaratoria constitucional del derecho humano al agua desde la práctica de las luchas comunitarias.
Fuente: Surcos Digital
¿Otro observatorio?….¡pero de bienes comunes!
¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?
Sor Juana Inés de la Cruz
Nuestro contexto está siendo remodelado por una de las mayores crisis de las que podamos tener memoria, tanto por sus afectaciones inmediatas, como por las consecuencias que llegará a extender en nuestras formas de relacionarnos. Sin embargo, algo desafía las condiciones actuales, lo común se muestra como un pilar que está defendiendo la vida, por esta razón es importante pensar cómo lo común está presente en nuestras relaciones y espacios.
Podemos empezar visitando nuestras memorias socioecológicas, ahí recordamos escuchar historias sobre los bosques, los ríos, los parques y cómo a partir del vínculo con esos entornos surgieron saberes y prácticas que enriquecieron nuestras experiencias. También en nuestro contexto ante la incertidumbre que nos envuelve o las amenazas que aparecen ante la escasez, lo común se presenta como fundamental para garantizar la vida. Una de sus dimensiones son los bienes comunes, que se evidencian como indispensables para la reproducción de la vida misma.
Los bienes comunes son lugares y relaciones que procuran medios que nos permiten vivir, alimentarnos, comunicarnos, educarnos o transportarnos entre muchas otras cosas, pero es importante tomar en cuenta que no están dados, por lo tanto están en disputa; es decir, están presentes nuestras relaciones sociales.
Esto que planteamos es parte de una discusión mayor que viene trabajando la academia y los movimientos sociales en América Latina y el mundo, la intención de construir una mirada de la naturaleza no como recurso, sino como bienes naturales, para profundizar un paradigma menos utilitario y más integral donde contemple dimensiones ecológicas, culturales y sociales.
Tal vez nos preguntemos dónde podemos encontrarlos. La respuesta es que son todas aquellas relaciones en donde nos vinculamos con la tierra, el agua, los bosques, las playas, el mar o la biodiversidad, que hoy se ven amenazadas ante la voracidad de la mercantilización centrada en su privatización, deterioro y agotamiento.
Esta erosión de los bienes comunes provoca afectaciones directas en la vida, donde sensiblemente se ve trastornado el entorno ecológico, algunos sectores interesados en el lucro tratan de aminorar esto bajos el eufemismo de “externalidades” (ecológicas, sociales y culturales), otros a su conveniencia invisibilizan estas “externalidades”, o en el peor de los casos se unen y se lo atribuyen al cambio climático para escapar de su responsabilidad.
No es menor apuntar lo anterior, es la muestra de formas y modos de despojo que permiten a sectores dominantes garantizar la concentración y reproducción de su riqueza mediante la explotación y la privatización de lo común, ya sea porque se apropian de ello o porque utilizan los espacios comunes para resolver de manera “gratuita” sus externalidades.
Por esta razón el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP nos invitan a conocer y ser parte del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra para problematizar este contexto que nos interpela a todos y todas, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados con el origen, propiedad y gestión de los bienes comunes.
Este proyecto que comienza pretende —a través de monitoreos, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación— generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.
A manera de resumen, los bienes comunes nos plantean desafíos en distintas dimensiones; políticas, sociales, culturales y económicas, por esta razón es necesario cuestionar y replantear nuestros conceptos y prácticas. La universidad nos ofrece una posibilidad de abordarlo desde una ecología de saberes, que involucre la universidad y la sociedad, ante esto queda una cuestión a responder… ¿qué desafíos nos plantean los bienes comunes a nuestros procesos organizativos?
Fuente: Semanario Universidad