Compartirmos con Victor Araya para reflexionar sobre ¿Quienes son los exmuelleros y estibadores? ¿Qué pasó con estas personas durante los noventa?, pero también sobre las situaciones que están enfretando en la actualidad ante la violación de sus derechos laborales y también compartimos sobre ¿cuál es su lectura de la situación actual de Limón?
Conversamos con Marcia Bennett trabajadora de DINADECO en Limón y reflexionamos sobre ¿Qué está pasando en Limón en torno a la participación comunal? y ¿qué desafíos tiene de cara a la profundización democrática desde las comunidades?
Aprovechamos este aniversario de las protestas en Costa Rica contra la extracción de bauxita por parte de la Aluminum Company of America (Alcoa) en Peréz Zeledón, dónde el estudiantado tuve un papel protagónico, por esta razón creemos importante reflexionar sobre ¿cómo se encuentra la protesta social despúes de 53 años?
En el 2021 CLADE publicó el informe “Criminalización y violación a los derechos humanos de estudiantes en América Latina y el Caribe. Reflexiones a partir de los casos de estudiantes secundarios y universitarios en Chile, Colombia, Nicaragua y Honduras”, gracias al cual compartirmos algunas de las tendencias regionales que están presentes en América Latina y el Caribe.
Les invitamos a reflexionar sobre ¿Qué papel tiene las manifestaciones de protesta en nuestras sociedades? ¿Qué está pasando con el derecho a la protesta social? ¿Cuales son los riesgos que estamos enfretando?
Les compartirmos esta infografía para provocar la reflexión sobre el contexto que enfrenta la protesta social para nuestros procesos organizativos.
Pueden descargar el informe aquí.
Imagen tomada de: Vida UCR (2023) Alcoa: el despertar de la juventud nacional. Dirección: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/24/alcoa-el-despertar-de-la-juventud-nacional.html
Seguimos conversando sobre la situación que atraviesa el pueblo de las Brisas de Upala ante la intensificación de la actividad piñera en el territorio, ¿qué aportes ha generado? ¿qué afectaciones están viviendo? Conversamos con don Hector Morales sobre esta situación que hoy tienen a un pueblo rodeado y con la posibilidad de desaparecerlo.
Seguimos conversando con la Alianza Campesina del Norte, nos acompaña Jesenia Barraza que nos comenta ¿Cuál es el estado de las negociaciones con el INDER? ¿Sigue habiendo voluntad de diálogo por parte del Gobierno? ¿Qué tipo de diálogo está planteando? ¿Reconoce este diálogo la organización campesina? Es parte de las inquietudes que compartimos con Jesenia, ella nos comparte la lectura y análisis de la Alianza sobre estas negociaciones. Pueden escuchar la entrevista aquí:
Les compartimos también la invitación al Encuentro Campesino que se está realizando el próximo 16 de abril del 2023 en Medio Queso, Los Chiles:
A través de las intervenciones de los funcionarios del gobierno de Costa Rica, se confirma cada vez más la afirmación de comprender la formulación y gestión de la política pública como una función de la administración empresarial, esto conlleva importantes cambios en la concepción de lo público y los alcances o límites de lo privado.
Entre estas dimensiones, encontramos la dimensión educativa, esta se caracteriza como ese proceso de formación que puede promover conocimientos, habilidades y formación ciudadana, pero también, puede posicionarse como un proceso de selección, capacitación y promoción de capacidades-habilidades para un mercado laboral dominado por intereses particulares.
En este punto nos encontramos, el gobierno de Costa Rica, ha posicionado la educación como un proceso de formación de capital humano, que pertenece a un tramo de algo mayor llamado mercado. Por esta razón les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de este enfoque de política pública.
El próximo 31 de enero 2023 se vence el tiempo que tiene el Acuerdo de Escazú para ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Lo cual significa un revés en materia de política ambiental para el país.
A pesar de que todas las bancadas legislativas señalan que no aporta nada nuevo a la legislación vigente, muestran su desinterés y rechazo, amparados en que retarda una supuesta «reactivación económica» ¿Qué tipo de reactivación económica representa en donde las garantías ambientales la pueden retrasar? ¿Qué tipo de actividades económicas están pensando?
Por esta razón, aprovechamos la oportunidad que brinda el Estudio del IDESPO-UNA titulado «Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica» (pueden descargarlo aquí) para reflexionar sobre ¿Qué incomoda a los sectores opositores al Acuerdo de Escazú?
El Estudio de IDESPO-UNA nos llama la atención sobre el fuerte apoyo que existe por parte de las personas consultadas a los principios que constituyen el Acuerdo de Escazú. Estas dimensiones son parte fundamental de cualquier política ambiental tales como acceso a la información de proyectos, mecanismos inclusivos de participación ambiental, derechos de las personas a un ambiente sano(esto incluye la defensa de la vida de las personas defensoras) o velar porque las actividades económicas-productivas no deterioren el ambiente.
Lo cual nos lleva a preguntarnos tanto los sectores que se oponen y el gobierno actual ¿Qué tipo de política ambiental apoyan?
El Observatorio de Bienes Comunes con el apoyo de la Sede del Caribe de la UCR hemos llevado a cabo tres talleres del diagnóstico participativo (2, 16 y 17 de setiembre), en los cuales han participado diversas persones provenientes de organizaciones e instituciones públicas que llevan a cabo sus actividades y procesos en el Cantón, tales como Acueductos y Alcantarillados, DINADECO, Ministerio de Educación Pública, Universidad de Costa Rica, y de organizaciones hemos tenido la fortuna de contar con la Asociación Limonense de Arte, Raíz y Cultura, el Grupo de Guías y Scouts de Valle de la Estrella, la Junta de Salud del Valle de la Estrella y Limon Grow.
En estos tres talleres hemos abordado algunas de las inquietudes principales con las cuales nos motivaba el desarrollo de este diagnóstico. ¿Qué está pasando con los bienes naturales, sociales y culturales del cantón de Limón? y ¿Qué estamos haciendo ante ese contexto?
También, hemos conversado y problematizado la situación de la participación de las personas en el Cantón, dado que en muchas ocasiones se ha caracterizado por el desinterés o la apatía.
Sin embargo:
– no necesariamente la presencia del bien y el reconocimiento de su importancia es garantía de que se encuentre protegido y acompañado.
– las condiciones y garantías actuales de las instituciones públicas presentes en el cantón, enfrentan procesos de debilitamiento para sus funciones de cuido de los bienes sociales, culturales y naturales, lo cual hace tomar mayor importancia la presencia de los procesos organizativos locales para su defensa.
-Promover procesos de participación que fortalezcan las dimensiones vivenciales de los procesos desde las experiencias de las personas y con una perspectiva de democratización.
-A lo interno de nuestras organizaciones construir procesos de formación que permitan fortalecer el compromiso de las personas participantes y de las comunidades involucradas en nuestras actividades.
-La reivindicación de los espacios lúdicos y festivos como momentos pedagógicos para la participación activa de las personas.
Les queremos compartir los dos primeros boletines, dónde podrán encontrar estas y otras reflexiones que hemos venido desarrollando durante este proceso.
A partir de la análisis publicado por Edgar Gutiérrez, Patricia Madrigal y Paola Vega, hemos aprovechado este insumo para destacar algunas ideas importantes que debemos tener en consideración para el debate público en torno al Expediente 23.213 Ley de fortalecimiento de competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.
La centralización para esta propuesta se presenta como una solución para la buena gestión de la política pública ambiental sin embargo, esta postura carece de una reflexión crítica sobre las implicaciones que tiene la gestión administrativa-política cuando no se cuenta con una planificación, gestión y toma de decisiones que carezca de una participación integral, representativa y vinculante de las personas, sus condiciones y las necesidades locales.
Por esta razón, se hace necesario poner en el centro del debate la participación ambiental, no sólo como requisito, sino como derecho humano que garantiza la defensa de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
